CASACIÓN Nº 31161-2022 LIMA
Lima, diecinueve de octubre de dos mil veintidós  VISTO El Expediente Judicial Electrónico (EJE) y el recurso  de casación formulado por la empresa demandante Cia.  Minera Agregados Calcáreos S.A., mediante escrito del  dieciocho de mayo de dos mil veintidós (fojas doscientos  cuarenta a doscientos cuarenta y ocho del Expediente  Judicial Electrónico – EJE), contra la sentencia de vista  contenida en la resolución número quince, del cinco de abril  de dos mil veintidós (fojas doscientos diecisiete a doscientos  veintisiete del EJE) que confirmó la sentencia de primera  instancia, que declaró infundada la demanda presentada por  la mencionada empresa. CONSIDERANDO Requisitos de  admisibilidad del recurso de casación y resoluciones contra  las que procede 1. La Ley Nº 27584 – Ley que Regula el  Proceso Contencioso Administrativo, del seis de diciembre  del año dos mil uno, y sus modificatorias, establece que  procede el recurso de casación contra las sentencias  expedidas en revisión por las Cortes Superiores y los autos  expedidos por las Cortes Superiores, que ponen fin al  proceso1. 2. La precitada ley especial no prescribe los  requisitos de admisibilidad y procedencia del recurso de  casación, y se remite a los requisitos regulados en el Código  Procesal Civil. En ese sentido, de manera supletoria, el  artículo 387 del mencionado código indica que este recurso  debe presentarse: 1. Contra las sentencias y autos  expedidos por las salas superiores que, como órganos de  segundo grado, ponen fin al proceso; 2. ante el órgano  jurisdiccional que emitió la resolución impugnada o ante la  Corte Suprema […]; 3. dentro del plazo de diez días hábiles,  contado desde el día siguiente de notificada la resolución  que se impugna, más el término de la distancia que  corresponda; 4. adjuntado el recibo de la tasa respectiva.  […] Los requisitos de procedencia 3. En esta misma  perspectiva, el artículo 388 del Código Procesal Civil2,  aplicable supletoriamente, ha previsto los siguientes  requisitos de procedencia: 1. Que el recurrente no hubiera  consentido previamente la resolución adversa de primera  instancia, cuando esta fuere confirmada por la resolución  objeto del recurso; 2. describir con claridad y precisión la  infracción normativa o el apartamiento del precedente  judicial; 3. demostrar la incidencia directa de la infracción  sobre la decisión impugnada; 4. indicar si el pedido casatorio  es anulatorio o revocatorio3. 4. El incumplimiento de  cualquiera de estos requisitos da lugar a la improcedencia  del recurso, según el artículo 392 del Código Procesal Civil.  Examen de admisibilidad 5. Se pasa a evaluar la admisibilidaddel recurso de casación. a) Impugna la sentencia de vista  emitida por la Séptima Sala Especializada en lo Contencioso  Administrativo con Subespecialidad Tributaria y Aduanera  de Lima, la misma que pone fin al proceso. b) Ha sido  presentado ante la propia Sala Superior que emitió la  resolución impugnada. c) El recurso ha sido presentado el  dieciocho de mayo de dos mil veintidós, es decir, dentro del  plazo de diez días contados desde el seis de mayo de dos  mil veintidós (segundo día de notificada electrónicamente la  resolución que se impugna)4. d) La empresa recurrente ha  cumplido con adjuntar el recibo de la tasa judicial respectiva  (foja doscientos noventa del EJE). 6. En el caso, este  colegiado  supremo  señala  su  conformidad  con  el  cumplimiento de los requisitos de admisibilidad previstos en  la ley procesal. Por tanto, está habilitado para efectuar el  examen de procedencia. Examen de procedencia 7. Antes  de ingresar en el examen de procedencia del recurso de  casación, esta Sala Suprema debe establecer que la  finalidad de este recurso extraordinario es la adecuada  aplicación del derecho objetivo al caso concreto y la  uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte  Suprema de Justicia, tal como lo prescribe el artículo 384 del  Código Procesal Civil5. En este sentido, los requisitos del  recurso deben ser interpretados en el contexto de esta  finalidad. El no consentimiento de la resolución adversa 8.  La primera cuestión que debe examinar esta Sala Suprema  es que la empresa recurrente no haya consentido  previamente la resolución adversa de primera instancia,  cuando esta fuere confirmada por la resolución objeto del  recurso. 9. En el caso, se tiene que el Décimo Octavo  Juzgado Contencioso Administrativo con Subespecialidad  en Temas Tributarios y Aduaneros de Lima, emitió la  sentencia contenida en la resolución número diez, que  declaró infundada la demanda en todos sus extremos. Dicha  resolución fue apelada únicamente por la empresa  demandante Cia. Minera Agregados Calcáreos S.A., en  tanto la decisión era contraria a sus intereses. Indicación  clara del pedido casatorio 10. En lo que se refiere a los  alcances del pedido casatorio, se desprende que el recurso  tiene únicamente propósito revocatorio, conforme a lo  previsto en el numeral 4 del artículo 388 del Código Procesal  Civil. De esta forma, se cumple con el acotado requisito.  Cuestión sub litis 11. La Superintendencia Nacional de  Aduanas y Administración Tributaria (SUNAT) inició un  procedimiento de fiscalización parcial a la empresa Cia.  Minera Agregados Calcáreos S.A., por el Impuesto General  a las Ventas (IGV) correspondiente al periodo dos mil quince.  Producto de ello se emitieron las Resoluciones de  Determinación Nº 012-003-0082718 a Nº 012-003-0082729,  que contenían reparos al crédito fiscal de dicho tributo y  ejercicio gravable, por el exceso de gastos incurridos en  vehículos automotores asignados a actividades de  dirección, representación y administración (peaje,  combustible, mantenimiento y seguro). Asimismo, se  emitieron las Resoluciones de Multa Nº 012-002-0029748 a  Nº 012-002-0029757 por la infracción tipificada en el numeral  1 del artículo 178 del Texto Único Ordenado del Código  Tributario, vinculada al IGV de marzo a diciembre de dos mil  quince. La decisión de la SUNAT se centró principalmente  en que dichos gastos no serían deducibles para efectos del  Impuesto a la Renta y, por ende, no podría utilizarse el  crédito fiscal respecto a estos, puesto que se incumpliría con  el requisito previsto en el inciso a) del artículo 18 de la  Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto  Selectivo al Consumo (Ley del Impuesto General a las  Ventas). La empresa presentó recurso de reclamación  contra los acotados valores, el cual fue declarado infundado  mediante Resolución de Intendencia Nº 0150140013669.  Dicha decisión fue objeto de recurso de apelación, que dio  lugar a la Resolución del Tribunal Fiscal Nº 05810-9-2019,  que resolvió confirmar la resolución apelada. 12. La decisión  del colegiado administrativo fue impugnada en vía judicial. A  fin de analizar la correcta utilización del crédito fiscal por la  adquisición de bienes o prestación de servicios, el Juzgado  interpretó  de  forma  sistemática  los  siguientes  dispositivos normativos: i) el literal a) del artículo 18 del  Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto General a las  Ventas, ii) el inciso w) del artículo 37 del Texto Único  Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta, y iii) el inciso r)  del artículo 21 del Reglamento de la Ley del Impuesto a la  Renta. A partir de ello, concluyó que el derecho al crédito  fiscal se otorga cuando el gasto incurrido por la empresa se  encuentre permitido de acuerdo a la Ley del Impuesto a  la Renta, lo cual incluye considerar los límites que esta  prevé para la deducibilidad de los gastos; de modo que, si se  incurre en un gasto que excede los límites establecidos en  dicha ley, se estaría frente a un gasto no permitido, que no  podría deducirse del crédito fiscal respectivo. De ahí que, aconsideración del Juzgador, no correspondía que la empresa  tomara el íntegro del crédito fiscal del IGV que gravaron  las adquisiciones destinadas a los vehículos automotores  asignados a actividades de dirección, representación y  administración, sino sólo el crédito fiscal relacionado a  tales adquisiciones que no excedieron el límite  establecido por la Ley del Impuesto a la Renta y su  reglamento. 13. En primera instancia se resolvió declarar  infundada la demanda; decisión que fue ratificada en todos  sus extremos por la Sala Superior, quien compartió el  razonamiento del Juzgado. 14. Bajo el contexto narrado, se  tiene que la materia controversia analizada por las instancias  de mérito se circunscribió a determinar la legalidad del  reparo al crédito fiscal del IGV por los gastos incurridos en  vehículos automotores asignados a actividades de dirección,  representación y administración. Infracciones normativas  denunciadas por la empresa demandante Cia. Minera  Agregados Calcáreos S.A. Primera infracción normativa 15.  La empresa recurrente señala: “Vulneración de los  principios de legalidad, de confiscatoriedad y de  seguridad jurídica, contenidos en los artículos 36 y 747  de la Constitución Política del Perú, por la interpretación  literal del inciso a) del artículo 18 del Texto Único  Ordenado de la Ley del Impuesto General a las Ventas e  Impuesto Selectivo al Consumo8”. Los argumentos son  los siguientes: a) La sentencia de vista afecta el derecho de  la empresa como contribuyente de obtener una decisión  judicial que garantice el respeto al principio de legalidad  tributaria ─entendido como reserva de legalidad─; así como  el principio de confiscatoriedad, ambos reconocidos en el  artículo 74 de la Constitución Política del Perú. A su vez, la  decisión judicial afecta el principio de seguridad jurídica,  también implícito en la norma constitucional. b) Si bien, el  literal a) del artículo 18 del Texto Único Ordenado de la Ley  del Impuesto General a las Ventas, señala que solo otorgan  derecho al crédito fiscal las adquisiciones de bienes, las  prestaciones o utilizaciones de servicios, contratos de  construcción o importaciones que sean permitidos como  gasto o costo de la empresa, de acuerdo a la legislación del  impuesto a la renta, aun cuando el contribuyente no esté  afecto a este último impuesto; ello, no quiere decir que la  aplicación de la norma quede estancada en ello, sino que  obliga a verificar si la determinación del quantum a pagar del  IGV mensual respeta o no el principio de legalidad en su  aspecto de reserva de ley. En este caso, la Sala Superior  realizó una interpretación literal de la mencionada disposición  normativa, omitiendo considerar que para la determinación  del elemento esencial de un tributo se requiere que se  respete el principio de legalidad tributaria ─en su vertiente  de reserva de ley─. c) El colegiado superior debía revisar la  Ley del Impuesto a la Renta para determinar cuándo un  gasto o costo otorga el derecho al crédito fiscal. El literal a)  del artículo 18 del Texto Único Ordenado de la Ley del  Impuesto General a las Ventas hace referencia al cálculo del  exceso por gastos de vehículos asignados a la representación  de una empresa, pero no regula expresamente la forma en  que debe realizarse dicho cálculo; es decir, existe un vacío  norma en este aspecto. d) El Poder Legislativo debe  establecer si corresponde o no realizar ese ajuste al crédito  fiscal, por el cálculo del exceso por gastos de vehículos  asignados a la representación de una empresa, cada mes;  es decir, si se trata de una obligación mensual. Segunda  infracción normativa 16. La empresa recurrente señala:  “Apartamiento inmotivado del precedente vinculante  contenido en la Casación Nº 4392-2013 Lima”. Sostiene  que la Sala Superior vulneró los principios de legalidad  (reserva de ley), seguridad jurídica y de confiscatoriedad; y,  por tal motivo, se apartó de forma inmotivada del precedente  vinculante contenido en la Casación Nº 4392-2013 Lima.  Pronunciamiento del colegiado 17. Respecto a la primera  infracción denunciada, se advierte que la empresa  recurrente cuestiona que la Sala Superior se haya limitado a  interpretar la Ley del Impuesto General a las Ventas y la Ley  del Impuesto a la Renta, dado que ─a su consideración─  correspondía verificar el quantum del IGV a pagar y si este  se encuentra acorde al principio de reserva de ley. No  obstante,  la  misma  parte  se  contradice  cuando,  posteriormente, reconoce que la Ley del Impuesto General a  las Ventas no regula dicho aspecto y que, por ende, habría  un vacío de la norma. Sobre el particular, es pertinente  resaltar que tanto en instancia administrativa como en el  devenir del proceso judicial no se discutió el quantum del  IGV a pagar ni la forma de su cálculo, sino la interpretación  y alcances del literal a) del artículo 18 del Texto Único  Ordenado de la Ley del Impuesto General a las Ventas para  la aplicación del crédito fiscal en gastos de vehículos  asignados a actividades de dirección, representación y  administración. Por tanto, se colige que la tesis argumentativade la casacionista ha sido planteada como si se tratara de un  recurso de apelación, pues en realidad expresa la  discrepancia con los criterios desplegados por las instancias  de mérito, a fin de que se asuma por válida su postura. No  obstante, no le corresponde a esta Sala Suprema actuar  como una tercera instancia judicial; en primer lugar, porque  los aspectos fácticos ya han sido analizados en su  oportunidad  y,  en  segundo  lugar,  porque  emitir  pronunciamiento sobre ello implicaría contradecir la  naturaleza del recurso de casación, toda vez que, conforme  a jurisprudencia uniforme: Este Supremo Tribunal no está  facultado a debatir aspectos de hechos pues lo contrario  significaría revisar la situación fáctica establecida por las  instancias de mérito lo cual implica la revaloración de las  pruebas resultando dicha actividad ajena la finalidad prevista  por el artículo 384 del Código Procesal Civil esto es la  adecuada aplicación del derecho objetivo al caso concreto  así como la uniformidad de la jurisprudencia nacional por la  Corte Suprema de Justicia.9 Por último, no escapa del  análisis de esta Sala Suprema que la casacionista no ha  expuesto de forma clara y precisa las razones por las cuales  se  habrían  vulnerado  los  principios  de  legalidad,  confiscatoriedad y seguridad jurídica, por la interpretación  del inciso a) del artículo 18 del Texto Único Ordenado de la  Ley del Impuesto General a las Ventas. Del mismo modo, no  se ha demostrado la incidencia y pertinencia que tendría la  acotada causal en la sentencia de vista, de tal manera que  se concluya que el análisis de fondo de esta implicaría una  modificación en el fallo. En ese sentido, al incumplirse las  exigencias previstas en los incisos 2 y 3 del modificado  artículo 388 del Código Procesal Civil, la referida causal  casatoria deviene en improcedente. 18. Con relación a la  segunda infracción denunciada, vinculada a la Sentencia  de Casación Nº 4392-2013 Lima, se advierte que la empresa  recurrente únicamente ha enunciado dicha causal, pero no  la ha sustentado con argumentos propios. Aparentemente  se realiza una remisión a la primera causal, en tanto, la  casacionista ha señalado que, por la vulneración de los  principios  de  legalidad,  seguridad  jurídica  y  de  confiscatoriedad, se ha configurado el apartamiento  inmotivado del aludido precedente vinculante; empero, tal  remisión o mención es insuficiente para determinar la  pertinencia de la infracción normativa para la resolución del  caso concreto y la incidencia que tendría en la decisión  judicial cuestionada. Así las cosas, la formulación y sustento  argumental de dicha causal carece de claridad y precisión,  por lo cual se debe precisar que este Supremo Tribunal no  puede interpretar ni subsanar las omisiones en que incurra  una parte procesal, puesto que: El recurso extraordinario de  casación es eminentemente formal y excepcional por cuanto  se estructura con precisa y estricta sujeción a los  requisitos que exige la norma procesal civil constituyendo  responsabilidad de los justiciables −recurrentes− saber  adecuar los agravios que invocan a las causales que para  dicha finalidad se encuentran taxativamente determinadas en  la norma procesal toda vez que el Tribunal de Casación no  está facultado para interpretar el recurso ni integrar o  remediar las carencias del mismo o dar por supuesta y  explícita la falta de causal no pudiendo subsanarse de  oficio los defectos incurridos por los recurrentes en la  formulación del recurso10. [Énfasis nuestro]. En consecuencia,  al no cumplirse las exigencias previstas en los incisos 2 y 3 del  modificado artículo 388 del Código Procesal Civil, este extremo  del recurso de casación resulta improcedente. DECISIÓN Por  estas consideraciones y de conformidad con el modificado  artículo 392 del Código Procesal Civil, DECLARARON  IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto por la  empresa demandante Cia. Minera Agregados Calcáreos S.A.,  mediante escrito del dieciocho de mayo de dos mil veintidós  (fojas doscientos cuarenta a doscientos cuarenta y ocho del  Expediente Judicial Electrónico – EJE), contra la sentencia de  vista contenida en la resolución número quince, del cinco de  abril de dos mil veintidós (fojas doscientos diecisiete a  doscientos veintisiete del EJE); y ORDENARON la publicación  de la presente resolución en el diario oficial El Peruano  conforme a Ley, en los seguidos por Cia. Minera Agregados  Calcáreos S.A. contra el Tribunal Fiscal y la Superintendencia  Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria, sobre  nulidad de resolución administrativa. Notifíquese por Secretaría  y devuélvanse los actuados. Interviene como ponente el señor  Juez Supremo (P) Wilbert González Aguilar. SS. YAYA  ZUMAETA, GONZÁLEZ AGUILAR, RUEDA FERNÁNDEZ,  BUSTAMANTE DEL CASTILLO, DÁVILA BRONCANO. 1  Esto se encuentra previsto en el artículo 35 del Texto Único Ordenado de la Ley  Nº 27584, aprobado por Decreto Supremo Nº 013-2008-JUS, y se mantiene en el  artículo 34 del Texto Único Ordenado vigente, aprobado por Decreto Supremo Nº  011-2019-JUS.2  Conforme modificación hecha por el artículo 1 de la Ley Nº 29364, publicada el  veintiocho de mayo del dos mil nueve. 3  Este artículo precisa, además, lo siguiente:  Si fuere anulatorio, se precisará si es total o parcial, y si este último, se indicara  hasta donde debe alcanzar la nulidad. Si fuera revocatorio, se precisará en que  debe consistir la actuación de la Sala. Si el recurso contuviera ambos pedidos,  deberá entenderse el anulatorio como principal y el revocatorio como subordinado. 4  El Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial indica:   Artículo 155-C. Efectos. La resolución judicial surte efectos desde el segundo día  siguiente en que se ingresa su notificación a la casilla electrónica, con excepción  de las que son expedidas y notificadas en audiencia y diligencias especiales y a  las referidas en los artículos 155-E y 155-G. 5  Artículo modificado por el artículo 1 de la Ley Nº 29364, publicada el veintiocho de  mayo dos mil nueve. 6  Artículo 3.- La enumeración de los derechos establecidos en este capítulo no  excluye los demás que la Constitución garantiza, ni otros de naturaleza análoga  o que se fundan en la dignidad del hombre, o en los principios de soberanía del  pueblo, del Estado democrático de derecho y de la forma republicana de gobierno. 7  Artículo 74.- Los tributos se crean, modifican o derogan, o se establece una  exoneración, exclusivamente por ley o decreto legislativo en caso de delegación  de facultades, salvo los aranceles y tasas, los cuales se regulan mediante decreto  supremo.   […]  El Estado, al ejercer la potestad tributaria, debe respetar los principios de reserva  de la ley, y los de igualdad y respeto de los derechos fundamentales de la persona.  Ningún tributo puede tener carácter confiscatorio.  […] 8  Artículo 18.- Requisitos Sustanciales   El crédito fiscal está constituido por el Impuesto General a las Ventas consignado  separadamente en el comprobante de pago, que respalde la adquisición de bienes,  servicios y contratos de construcción, o el pagado en la importación del bien o con  motivo de la Utilización en el país de servicios prestados por no domiciliados.   Sólo otorgan derecho a crédito fiscal las adquisiciones de bienes, las prestaciones  o utilizaciones de servicios, contratos de construcción o importaciones que reúnan  los requisitos siguientes:  a) Que sean permitidos como gasto o costo de la empresa, de acuerdo a la  legislación del Impuesto a la Renta, aun cuando el contribuyente no esté afecto a  este último impuesto.   Tratándose de gastos de representación, el crédito fiscal mensual se calculará de  acuerdo al procedimiento que para tal efecto establezca el Reglamento.  […] 9  Casación Nº 2059-2012 La Libertad, publicada en el diario oficial El Peruano el dos  de febrero de dos mil trece. 10  Casación Nº 3842-2014 Lima, publicada en El Peruano el uno de agosto de dos mil  dieciséis. C-2136203-35