CASACIÓN Nº 31335-2022 LIMA
Lima, veinticuatro de octubre de dos mil veintidós.- VISTOS; el Expediente Judicial Electrónico (en adelante EJE)  y el cuaderno de casación formado en esta Sala Suprema; y,  CONSIDERANDO: PRIMERO.- Viene a conocimiento de esta  Sala Suprema el recurso de casación interpuesto por la  empresa demandante, Tecpetrol del Perú Sociedad  Anónima Cerrada, fechado el ocho de agosto de dos mil  veintidós, obrante de fojas dos mil cuatrocientos setenta y  ocho a dos mil cuatrocientos noventa del EJE, contra la  sentencia de vista contenida en la resolución número catorce  del veintiséis de julio de dos mil veintidós, corriente de fojas  dos mil cuatrocientos sesenta y cuatro a dos mil cuatrocientos  setenta del EJE, emitida por la Sexta Sala Especializada en lo  Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas  Tributarios de la Corte Superior de Justicia de Lima, que  confirmó la sentencia apelada de primera instancia dictada  mediante resolución número nueve del trece de abril de dos  mil veintidós, obrante de fojas dos mil cuatrocientos uno a dos  mil cuatrocientos dieciséis del EJE, que declaró infundada la  demanda sobre Nulidad de Resolución Administrativa;  correspondiendo se proceda a verificar si dicho recurso  cumple o no con lo dispuesto en los artículos 34° (inciso 3) y  35° del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584, Ley que  Regula el Proceso Contencioso Administrativo, aprobado por  Decreto Supremo Nº 011-2019-JUS, en concordancia con lo  previsto en los artículos 387° y 388° del Código Procesal Civil,  modificados por el artículo 1° de la Ley Nº 29364, de aplicación  supletoria.  Sobre  los  requisitos  de  admisibilidad  SEGUNDO.- En ese propósito, verificando el cumplimiento de  los requisitos de admisibilidad previstos en el modificado  artículo 387° del Código Procesal Civil, se tiene que el referido  recurso extraordinario cumple con ellos, toda vez que: i) ha  sido interpuesto contra una sentencia expedida por la Sala  Superior que, como órgano de segundo grado, pone fin al  proceso; ii) se ha interpuesto ante la Sexta Sala Especializada  en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en  Temas Tributarios y Aduaneros de la Corte Superior de  Justicia de Lima, que emitió la sentencia impugnada; iii) hasido interpuesto dentro del plazo de diez días contados desde  el día siguiente de notificada la resolución recurrida; y, iv) se  ha cumplido con presentar la tasa judicial por interposición del  recurso, obrante en copia a folios dos mil cuatrocientos  noventa y uno del EJE, reintegrado con la constancia de pago  de tasas corriente a fojas ciento treinta y siete del presente  cuaderno de casación, en cumplimiento del mandato de esta  Sala Suprema contenido en la resolución del veintiuno de  septiembre de dos mil veintidós, obrante de fojas ciento  treinta y dos a ciento treinta y cuatro del mismo cuaderno de  casación. Formalidad del Recurso de Casación TERCERO.-  Como anotación previa al análisis de los requisitos de  procedencia, deviene necesario precisar que el recurso de  casación es un medio impugnatorio extraordinario de carácter  formal, que solo puede fundarse en cuestiones eminentemente  jurídicas y no en cuestiones fácticas o de revaloración  probatoria. Es por esa razón que el legislador nacional ha  establecido, a través de lo regulado en el artículo 384° del  Código Procesal Civil, modificado por la Ley N° 29364, que  sus fines se encuentran limitados a: i) la adecuada aplicación  del derecho objetivo al caso concreto; y, ii) la uniformidad de  la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema de Justicia de  la República. CUARTO.- En esa misma línea de pensamiento,  por medio de la modificación efectuada al artículo 386° del  Código Procesal Civil, por el artículo 1° de la Ley Nº 29364,  publicada el veintiocho de mayo de dos mil nueve, se ha  regulado como únicas causales del recurso de casación: la  infracción normativa o el apartamiento inmotivado del  precedente judicial, que tengan incidencia directa sobre el  sentido de la decisión contenida en la resolución impugnada.  En consecuencia, su fundamentación por parte del recurrente  debe ser clara, precisa y concreta, indicando ordenadamente  cuáles son las denuncias que configuran la infracción  normativa, que incida directamente sobre la decisión  contenida en la resolución cuestionada, o las precisiones  respecto al apartamiento inmotivado del precedente judicial.  Sobre los requisitos de procedibilidad QUINTO.- El  modificado artículo 388° del Código Procesal Civil establece  como requisitos de procedencia del recurso de casación los  siguientes: 1) Que el recurrente no hubiera consentido  previamente la resolución adversa de primera instancia,  cuando ésta fuere confirmada por la resolución objeto del  recurso; 2) Describir con claridad y precisión la infracción  normativa o el apartamiento del precedente judicial; 3)  Demostrar la incidencia directa de la infracción sobre la  decisión impugnada; y, 4) Indicar si el pedido casatorio es  anulatorio o revocatorio. SEXTO.- En cuanto a la exigencia de  fondo prevista en el inciso 1 del modificado artículo 388° del  Código Procesal Civil, se tiene que la empresa recurrente ha  impugnado la sentencia de primera instancia que fue adversa  a sus intereses, al declarar infundada la demanda interpuesta  por su parte, conforme al recurso inserto de fojas dos mil  cuatrocientos veintiuno a dos mil cuatrocientos treinta y tres  del EJE; y, respecto al cumplimiento del requisito previsto en  el inciso 4 del mismo artículo y código, en el recurso se indica  que el pedido casatorio es anulatorio. Establecido ello,  corresponde seguidamente verificar el cumplimiento de los  requisitos establecidos en los incisos 2 y 3 del dispositivo  legal acotado. SÉPTIMO.- En el presente caso, del recurso de  casación interpuesto por la empresa pretensora Tecpetrol del  Perú Sociedad Anónima Cerrada, se extrae el planteamiento  de la siguiente causal: Infracción de los numerales 3 y 5 del  artículo 139° de la Constitución Política del Perú; artículo  12° del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del  Poder Judicial; primer párrafo del artículo 9.2 del Texto  Único Ordenado de la Ley Nº 27584, aprobado por Decreto  Supremo Nº 011-2019-JUS y numeral 6 del artículo 50° del  Código Procesal Civil. Refiere que en su recurso de  apelación denunció que existe una directa y clara vulneración  a su derecho a la debida motivación, habiendo sustentado  que el Juzgado convalidó el pronunciamiento del Tribunal  Fiscal que no motivó la Resolución del Tribunal Fiscal Nº  5877-2020; sin embargo, la Sala Superior ha centrado  principalmente su análisis en la Resolución de Intendencia Nº  0150150002425. Así, en el tercer considerando de la  sentencia de vista se señala que la controversia se  circunscribe a determinar si la Administración Tributaria, en la  Resolución de Intendencia aludida, emitida en virtud de lo  dispuesto por el Tribunal Fiscal en la Resolución Nº 05550-1- 2019, ha sido o no motivada debidamente y, a partir de ello,  en los siguientes fundamentos cita las consideraciones dadas  por el Juzgado en la sentencia de primera instancia, por las  cuales declaró infundada la demanda, luego de lo cual  concluye que la sentencia no ha incurrido en indebida  motivación. Asimismo, agrega que la Sala Suprema debe  considerar que la motivación real implica dar y exponer  respuestas a los cuestionamientos que sustentan el recurso  de apelación y no se circunscribe a replicar o remitirse a lasconsideraciones expuestas por el juez de primera instancia.  Análisis de la causal casatoria propuesta OCTAVO.-  Debemos iniciar el presente control objetivo de legalidad  señalando que la causal casatoria resumida en el  considerando inmediato anterior, alude a la infracción  coetánea  de  cinco  disposiciones,  dos  de  carácter  constitucional y tres de índole legal, sin que se describa de  manera clara y precisa e individualizada cómo se materializa  la vulneración de los textos normativos constitucionales y  legales invocados, por lo que en ese escenario se incumple  con la claridad y precisión que como requisito formal del  recurso de casación aparece recogido en el numeral 2 del  artículo 388° del Código Procesal Civil, cuya inobservancia  afecta la extraordinariedad y formalidad que debe revestir el  recurso bajo calificación, como lo ha precisado el Tribunal  Constitucional cuando indica que: “[…] la casación aun  cuando se utilice comúnmente en casi todos los procesos  judiciales ordinarios, no ha dejado de ser un recurso  extraordinario. Y es extraordinario porque […] en su  formulación deben satisfacerse los requisitos de forma que,  en contraste con los recursos ordinarios, resultan ser  altamente especializados, de modo tal que impone carga  procesal a la parte recurrente, entiéndase a su defensa  técnica, mayor diligencia y pericia para la interposición de  este recurso”1. 8.1. Por ello y bajo la presentación textual que  revela el recurso, no se procura la viabilidad de la labor  casatoria de calificación de esta Sala Suprema, por estricta  responsabilidad de la empresa casante, no obstante lo cual,  al amparo de los derechos al debido proceso y tutela  jurisdiccional efectiva, ambos recogidos en la Constitución  Política del Estado, esta Sala de Casación examinará para  fines de la calificación que corresponde, y a pesar de la  insuficiencia anotada, lo alegado en el Recurso de Casación.  8.2. En primer término, cabe señalar que las disposiciones  constitucionales y legales cuyas infracciones se denuncian,  se encuentran en común referidas a una de las garantías de  la función jurisdiccional, como lo es la motivación de las  resoluciones judiciales, que se constituye en uno de los  principales componentes del derecho al debido proceso, por  la cual se garantiza a las partes involucradas en una  controversia judicial el acceder a una respuesta del juzgador,  que se encuentre adecuadamente sustentada en argumentos  que la justifiquen lógica y razonablemente, sobre la base de  los hechos acreditados en el proceso y el derecho aplicable al  caso y que, además, resulten congruentes con las  pretensiones y alegaciones esgrimidas por aquéllos dentro  del proceso. 8.3. En ese panorama, de la lectura analítica de  la sentencia de vista recurrida en casación, se desprende que  se explican y justifican las premisas factuales y jurídicas  elegidas por el Colegiado de alzada, las mismas que le han  servido para confirmar el fallo apelado y desestimar la  pretensión del petitorio2 de la demanda de autos, expresando  los fundamentos por los cuales consideró que la Resolución  del Tribunal Fiscal Nº 05877-1-2020 del dieciséis de octubre  de dos mil veinte, que confirmó la Resolución de Intendencia  Nº  0150150002425,  que  puso  fin  al  procedimiento  administrativo, no adolecía de nulidad. 8.4. En efecto, en  torno a lo que ha sido objeto de debate y dilucidación en sede  de instancia, la Sala Superior de origen no solo ha delimitado  lo que es materia de su revisión, acorde con lo previsto por el  artículo 370° del Código Procesal Civil, de aplicación  supletoria, señalando que la controversia a resolverse en  instancia superior es determinar si la Administración Tributaria  en la Resolución de Intendencia Nº 0150150002425, emitida  en virtud de lo dispuesto por el Tribunal Fiscal en la Resolución  Nº 05550-1-2019, ha motivado debidamente o no su decisión,  sino que también ha glosado las razones por las que confirmó  la sentencia apelada, argumentado sobre esto último que:  “4.3. De la revisión de la sentencia se aprecia que la A quo se  ha ceñido a determinar si la Administración en la Resolución  de Intendencia N° 0150150002425 ha dado cabal  cumplimiento a lo ordenado por el Tribunal Fiscal en la  resolución N° 05550-1-2019, esto es, ha verificado la  reliquidación de los reparos vinculados a las Resoluciones de  Determinación Nos. 012-003-0035480 a 012-003-0035491,  considerando que se revocó algunos y se confirmó otros,  tomando en cuenta la reliquidación de los pagos a cuenta de  enero a diciembre 2007, remitiéndose para tal efecto, al  ‘Cuadro N° 1 - Pronunciamiento del Tribunal Fiscal en la  resolución N° 05550-1-2019’ y al ‘Cuadro N° 2- Alcances del  pronunciamiento del Tribunal Fiscal en la resolución N°  05550-1-2019’ contenidos en la Resolución de Intendencia N°  0150150002425, así como consideró los intereses y la  actualización de la deuda conforme a los cuadros 5, 6, 7, 8 y  9 de la mencionada Resolución de Intendencia, para llegar a  la conclusión de que la decisión de la Administración,  confirmada por el Tribunal Fiscal, no incurre en vicio de  motivación, pues del contenido de dicha resolución, la juezaprecia la indicación clara y concreta de las operaciones  realizadas por la Administración al momento de la  reliquidación. 4.4 Como es de verse, la A quo se pronunció  sobre el cuestionamiento principal de la demanda, referido a  que la Administración no ha motivado debidamente la  Resolución de Intendencia N° 0150150002425, considerando  después del análisis de dicha resolución de intendencia que  la Administración ha reliquidado la deuda, indicando de  manera clara el detalle de todas las operaciones que ha  efectuado la Administración. En ese sentido, la A quo ha  sustentado su decisión de desestimar la demanda fáctica y  jurídicamente, sobre lo que es materia de controversia,  basándose en la revisión del cuadros anexos (sic) donde se  advierte la liquidación de los montos, por lo que no se advierte  que la sentencia apelada ha incurrido en indebida motivación,  razón por la cual se debe desestimar dicho agravio”. 8.5. Así  las cosas, tenemos que con revisión de lo actuado en el  proceso, lo expuesto por la empresa recurrente/demandante  en el recurso extraordinario de su propósito (en síntesis  denuncia que no se habrían analizado los agravios de su  recurso de apelación, por los que denunciaba que el Juzgado  había convalidado la Resolución del Tribunal Fiscal Nº 5877- 1-2020 cuestionada, la misma que no habría estado motivada;  y que, no obstante ello, la Sala Superior circunscribió su  análisis en la Resolución de Intendencia Nº 0150150002425),  trasluce una disconformidad con el criterio asumido por el  órgano judicial revisor en relación a los hechos involucrados  en la causa, que han determinado la infundabilidad de la  demanda, y para cuyo efecto, como se ha precisado, la Sala  de Apelación ha glosado en la sentencia de vista las razones  fácticas y jurídicas que la han convencido para adoptar el  sentido de su decisión, estableciendo que en el caso  particular, la Resolución del Tribunal Fiscal aludida sí se  encontraba fundamentada, debido a que: “6.4 […] En dicha  resolución, se aprecia que el Tribunal Fiscal al determinar si la  Administración ha dado o no cumplimiento a lo ordenado en la  resolución N° 05550-1-2019, se ha remitido a los Cuadros  Nos. 1 al 6, 9 y 10 de la Resolución de Intendencia N°  0150150002425, verificando que la Administración en dicha  reliquidación ha excluido los reparos por actos de liberalidad,  atribución del costo de producción de existencias al 31 de  diciembre de 2007, deducción por atribución del costo de  producción al saldo de existencias 2006, amortización fiscal  indebida de cargos diferidos - Lote 88 respecto a los reparos  calificados como diferencia permanente en los ejercicios 2002  y 2003, y los pagos a cuenta de enero a diciembre de 2007.  Asimismo, se aprecia que se calculó los intereses de los  citados valores, siendo que se ha detallado la forma de  cálculo y su actualización del monto total. De igual forma, el  Tribunal Fiscal se ha remitido a los cuadros 7 y 8 de la  Resolución de Intendencia N° 0150150002425, en las cuales  se aprecian el detalle del cálculo del monto por las multas  impuestas por la comisión de la infracción, la fecha de la  infracción así como el cálculo de los respectivos intereses y la  actualización de dicha deuda, corroborando el Tribunal Fiscal  que la actuación de la Administración Tributaria en la  reliquidación de la deuda tributaria se encuentra conforme a  derecho”. 8.6. Si bien la Sala Superior ha revisado también la  Resolución de Intendencia Nº 0150150002425, lo ha realizado  para los efectos de corroborar lo que el Tribunal Fiscal ha  determinado respecto de ella, al confirmarla bajo el supuesto  que  se  encontraba  debidamente  motivada,  dando  cumplimiento al mandato del Tribunal contenido en la  Resolución del mismo Tribunal Administrativo Nº 05550-1- 2019, que disponía la reliquidación de las deudas contenidas  en los valores girados, por lo que, en tal escenario, no  devienen en claros ni precisos los fundamentos que respaldan  la causal casatoria de naturaleza procesal bajo revisión, como  inicialmente ya se precisó. En ese contexto, lo argumentado  en el recurso de casación pone de manifiesto que lo pretendido  por la recurrente es, en puridad, que se evalúen de manera  determinada los hechos producidos en sede administrativa, lo  que no se condice con la dirección que debe asumir la  impugnación, necesariamente dirigida al contenido y alcances  de la decisión jurisdiccional cuestionada. 8.7. Adicionalmente,  este Supremo Tribunal no se encuentra facultado a evaluar  aspectos de hecho, desde que ello importa revisar la situación  fáctica fijada por las instancias de mérito y la revaloración de  las pruebas, lo que es una actividad generalmente ajena a las  finalidades previstas en el artículo 384° del Código Procesal  Civil, esto es, la adecuada aplicación del derecho objetivo al  caso concreto y la uniformidad de la jurisprudencia nacional  por esta Corte Suprema de Justicia; en ese sentido, la  actuación  del  Colegiado  Superior  no  evidencia  las  circunstancias que respaldan el juicio de la empresa casante  ni, sobre todo, otorgan claridad y precisión al texto del recurso.  8.8. Refuerza la falta de claridad y precisión en la explicación  de la infracción normativa propuesta en el recurso, que lodenunciado ante este Tribunal Supremo ha formado parte de  la pretensión impugnatoria del recurso vertical obrante de  fojas dos mil cuatrocientos veintiuno a dos mil cuatrocientos  treinta y tres del EJE, como se desprende de su lectura, lo que  ha sido absuelto por el Tribunal de Apelación; por ello, se  hace posible afirmar que lo denunciado ahora, vía casación,  ya fue objeto de revisión por el órgano superior de origen y,  por consiguiente, su introducción a esta sede para que se  revise el criterio asumido por la Sala de Revisión significa  insistir en la pretendida revisión de hechos y de medios  probatorios, como se ha señalado, procurando que el juicio de  la recurrente prevalezca sobre el de la Sala Superior, sin  atender que en casación se juzga la sentencia de vista y no el  proceso. 8.9. En consecuencia, lo reclamado está vinculado  con lo analizado y dilucidado por las instancias de mérito y,  por consiguiente, no se aprecia que la empresa impugnante  exprese claramente de qué manera se ha vulnerado la  motivación de las resoluciones judiciales, tanto más cuando  su defensa desde sede administrativa la ha orientado a  cuestionar la alegada falta de motivación, porque a su juicio la  reliquidación realizada por la Administración Tributaria, a  través de los cuadros de cálculo, no responderían a los  valores correspondientes, habiendo sobre el particular  precisado los órganos de mérito que en dichos cuadros sí se  informa de los datos necesarios y de las operaciones  realizadas, por lo que siendo así, no cabe confundir la  discrepancia con lo resuelto con la fundamentación realizada.  NOVENO.- De otro lado, el recurso no identifica un sub título  sobre la incidencia directa que tendría la infracción normativa  denunciada sobre la decisión adoptada por la Sala Superior, y  menos aún un desarrollo sobre el particular, por lo que no es  posible entender por satisfecho el requisito contemplado en el  numeral 3 del artículo 388° del acotado Código Procesal Civil.  Sobre este requisito es importante resaltar lo sostenido por el  Tribunal Constitucional en cuanto señala que: “22. […] resulta  tan importante la verificación de este requisito para el diseño  del sistema casatorio, que de ausentarse -sea porque no  existe tal incidencia o sea por negligencia del recurrente-, el  recurso resulta inviable, conforme a lo establecido en la  propia ley”3; en tal virtud, no habiéndose satisfecho los dos  requisitos de procedibilidad del recurso de casación  examinados, por falta de claridad y precisión de los  argumentos del recurso y no demostración de la incidencia  directa de la infracción planteada (incisos 2 y 3 del mencionado  artículo 388° del acotado código), el mismo deviene  improcedente. DECISIÓN: Por las razones expuestas y de  conformidad con lo regulado además por el artículo 392° del  Código Procesal Civil, modificado por el artículo 1° de la Ley  Nº 29364, DECLARARON IMPROCEDENTE el recurso de  casación interpuesto por la demandante, Tecpetrol del Perú  Sociedad Anónima Cerrada, fechado el ocho de agosto de  dos mil veintidós, obrante de fojas dos mil cuatrocientos  setenta y ocho a dos mil cuatrocientos noventa del EJE,  contra la sentencia de vista contenida en la resolución número  catorce del veintiséis de julio de dos mil veintidós, corriente de  fojas dos mil cuatrocientos sesenta y cuatro a dos mil  cuatrocientos setenta del EJE, emitida por la Sexta Sala  Especializada  en  lo  Contencioso  Administrativo  con  Subespecialidad en Temas Tributarios y Aduaneros de la  Corte Superior de Justicia de Lima; y ORDENARON la  publicación de la presente resolución en el diario oficial El  Peruano, conforme a ley, en los seguidos por la demandante/ recurrente, Tecpetrol del Perú Sociedad Anónima Cerrada,  con los demandados, Tribunal Fiscal, representado por el  Ministerio de Economía y Finanzas, y la Superintendencia  Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria-SUNAT,  sobre Nulidad de Resolución Administrativa. Notifíquese por  Secretaría y devuélvanse los actuados. Interviene como  ponente el señor Juez Supremo Yaya Zumaeta. S.S. YAYA  ZUMAETA, GONZÁLEZ AGUILAR, RUEDA FERNÁNDEZ,  BUSTAMANTE DEL CASTILLO, DÁVILA BRONCANO. 1  Fundamento 19 de la sentencia del Pleno del Tribunal Constitucional Nº 1140/2020,  emitida el diecisiete de diciembre de dos mil veinte en el expediente Nº 00802- 2020-PA/TC. 2  El petitorio de la demanda ha comprendido la pretensión de nulidad de la RTF  Nº 05877-1-2020 que confirma la Resolución de Intendencia Nº 0150150002425,  que confirmó las Resoluciones de Determinación Nº 012-003-0035480, 012-003- 0035481 y 012-003-0035492, emitidas por pagos a cuenta del impuesto a la renta  de enero y febrero de 2007 e impuesto a la renta del ejercicio 2007, y rectificó y  prosiguió la cobranza de las Resoluciones de Determinación Nº 012-003-0035482  a Nº 012-003-0035491 emitidas por pagos a cuenta del impuesto a la renta de  marzo a diciembre de 2007 y las Resoluciones de Multa Nº 012-002-0021385 a Nº  012-002-0021394, emitidas por la infracción tipificada en el numeral 1 del artículo  178° del Código Tributario.  3  Fundamento 22 de la sentencia del Tribunal Constitucional Nº 00802-2020-PA/TC,  del diecisiete de diciembre de dos mil veinte. C-2136203-36