CASACIÓN Nº 31484-2022 LIMA
Lima, siete de noviembre de dos mil veintidós  VISTO El Expediente Judicial Electrónico (EJE) y el recurso  de casación formulado por la empresa demandante  Telefónica del Perú S.A.A., mediante escrito del doce de  agosto de dos mil veintidós (fojas tres mil ciento sesenta y  cinco a tres mil doscientos treinta y cuatro del Expediente  Judicial Electrónico – EJE), contra la sentencia de vista  contenida en la resolución número veintidós, del veintiséis de  julio de dos mil veintidós (fojas tres mil ciento cuarenta y tres  a tres mil ciento cincuenta y seis del EJE) que confirmó la  sentencia de primera instancia, en el extremo que declaró  infundada la demanda presentada por la mencionada  empresa. CONSIDERANDO Requisitos de admisibilidad del  recurso de casación y resoluciones contra las que procede 1.  La Ley Nº 27584 – Ley que Regula el Proceso Contencioso  Administrativo, del seis de diciembre del año dos mil uno, y  sus modificatorias, establece que procede el recurso de  casación contra las sentencias expedidas en revisión por las  Cortes Superiores y los autos expedidos por las Cortes  Superiores, que ponen fin al proceso1. 2. La precitada ley  especial no prescribe los requisitos de admisibilidad y  procedencia del recurso de casación, y se remite a los  requisitos regulados en el Código Procesal Civil2. En ese  sentido, de manera supletoria, el artículo 387 del mencionado  código indica que este recurso debe presentarse: 1. Contra  las sentencias y autos expedidos por las salas superiores  que, como órganos de segundo grado, ponen fin al proceso;  2. ante el órgano jurisdiccional que emitió la resolución  impugnada o ante la Corte Suprema […]; 3. dentro del plazo  de diez días hábiles, contado desde el día siguiente de  notificada la resolución que se impugna, más el término de la  distancia que corresponda; 4. adjuntado el recibo de la tasa  respectiva. […] Los requisitos de procedencia 3. En esta  misma perspectiva, el artículo 388 del Código Procesal Civil3,aplicable supletoriamente, ha previsto los siguientes requisitos  de procedencia: 1. Que el recurrente no hubiera consentido  previamente la resolución adversa de primera instancia,  cuando esta fuere confirmada por la resolución objeto del  recurso; 2. describir con claridad y precisión la infracción  normativa o el apartamiento del precedente judicial; 3.  demostrar la incidencia directa de la infracción sobre la  decisión impugnada; 4. indicar si el pedido casatorio es  anulatorio o revocatorio4. 4. El incumplimiento de cualquiera  de estos requisitos da lugar a la improcedencia del recurso,  según el artículo 392 del Código Procesal Civil. Examen de  admisibilidad 5. Se pasa a evaluar la admisibilidad del recurso  de casación. a) Impugna la sentencia de vista emitida por la  Sexta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo  con Subespecialidad Tributaria y Aduanera de Lima, la misma  que pone fin al proceso. b) Ha sido presentado ante la propia  Sala Superior que emitió la resolución impugnada. c) El  recurso ha sido presentado el doce de agosto de dos mil  veintidós, es decir, dentro del plazo de diez días contados  desde el tres de agosto de dos mil veintidós5 (día siguiente de  notificada físicamente la resolución que se impugna)6. d) La  recurrente ha cumplido con adjuntar el recibo de la tasa  judicial respectiva, que al ser observado fue reintegrado (fojas  tres mil doscientos treinta y cinco del EJE y trescientos  sesenta del cuaderno de casación, respectivamente). 6. En el  caso, este colegiado supremo señala su conformidad con el  cumplimiento de los requisitos de admisibilidad previstos en la  ley procesal. Por tanto, está habilitado para efectuar el  examen de procedencia. Examen de procedencia 7. Antes de  ingresar en el examen de procedencia del recurso de  casación, esta Sala Suprema debe establecer que la finalidad  de este recurso extraordinario es la adecuada aplicación del  derecho objetivo al caso concreto y la uniformidad de la  jurisprudencia nacional por la Corte Suprema de Justicia, tal  como lo prescribe el artículo 384 del Código Procesal Civil7.  En este sentido, los requisitos del recurso deben ser  interpretados en el contexto de esta finalidad. El no  consentimiento de la resolución adversa 8. La primera  cuestión que debe examinar esta Sala Suprema es que la  recurrente no haya consentido previamente la resolución  adversa de primera instancia, cuando esta fuere confirmada  por la resolución objeto del recurso. 9. En el caso, se tiene  que el Décimo Noveno Juzgado Especializado en lo  Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas  Tributarios y Aduaneros de Lima, emitió la sentencia contenida  en la resolución número quince, que declaró infundada la  demanda en todos sus extremos. Dicha resolución fue  apelada únicamente por la empresa demandante Telefónica  del Perú S.A.A., puesto que, la decisión era contraria a sus  intereses. Por tanto, se cumple con el requisito exigido en la  norma procesal. Indicación clara del pedido casatorio 10. En  lo que se refiere a los alcances del pedido casatorio, se  desprende que el recurso tiene propósito principal anulatorio  y propósito subordinado revocatorio, conforme a lo previsto  en el numeral 4 del artículo 388 del Código Procesal Civil. De  esta forma, se cumple con el acotado requisito. Cuestión sub  litis 11. La administración tributaria inició a la empresa  Telefónica del Perú S.A.A. una fiscalización por Impuesto  General a las Ventas (IGV) del periodo enero a diciembre del  ejercicio dos mil nueve. Producto de ello, se emitieron las  Resoluciones de Determinación Nº 120030068172 a Nº  120030068183, correspondientes el mencionado tributo y  periodo; asimismo, se emitieron las Resoluciones de Multa Nº  120020027600 a Nº 120020027609, referidas al mencionado  tributario y los periodos de marzo a diciembre del dos mil  nueve, a tenor de la infracción tipificada en el numeral 1 del  artículo 178 del Texto Único Ordenado del Código Tributario.  12. Los acotados valores fueron objeto de recurso de  reclamación, el cual fue declarado infundado mediante la  Resolución de Intendencia Nº 0150140012822. Esta  decisión fue apelada por la empresa, sin embargo, presentó  un escrito ampliatorio de dicho recurso, en el que indicó que  la acción de la SUNAT para exigir el pago de las deudas  tributarias contenidas en los valores reclamados se  encontraba prescrita. Ello dio lugar a la Resolución del  Tribunal Fiscal Nº 07453-4-2019, que resolvió declarar nulos  el Resultado del Requerimiento Nº 01221500003357, las  Resoluciones de Determinación Nº 012-003-0068174, Nº  012-003-0068178, Nº 012-003-0068179 y Nº 012-003- 0068181 a Nº 012-003-0068183, las Resoluciones de Multa  Nº 012-002-0027600, Nº 012-002-0027604 a Nº 012-002- 0027606, Nº 012-002-0027608 y Nº 012-002-0027609 y la  Resolución de Intendencia Nº 0150140012822, en el extremo  impugnado referido al reparo del crédito fiscal del IGV de  marzo, julio a septiembre, noviembre y diciembre de dos mil  nueve, por importaciones de paraísos fiscales, debiendo la  administración proceder de acuerdo con lo expuesto por la  mencionada resolución; y la confirmó en lo demás que éstacontenía. 13. De ahí que, la controversia analizada por las  instancias de mérito se ha circunscrito a determinar si los  actos administrativos impugnados contravinieron los artículos  43, 44 y 45 del Texto Único Ordenado del Código Tributario y  se sustentaron en una interpretación extensiva del artículo 18  del Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto General a  las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo (en adelante,  Ley del Impuesto General a las Ventas) y, por ende, vulneraron  el principio de legalidad. Así como también, determinar si  dichos actos vulneraron los principios de constitucionalidad,  irretroactividad, seguridad jurídica, predictibilidad y confianza  legítima; y, contravinieron lo establecido en el artículo III del  título preliminar del Código Tributario y el artículo V del título  preliminar de la Ley Nº 27444 – Ley del Procedimiento  Administrativo  General,  al  vulnerar  lo  dispuesto  en  precedentes del Tribunal Constitucional, ser incongruentes y  contener motivación defectuosa. Por tanto, determinar si  corresponde declarar la nulidad de las resoluciones  administrativas en el extremo referido al reparo al crédito  fiscal por gastos recreativos. Por último, determinar si se  configuró la prescripción de la facultad de la administración  tributaria para exigir el cobro de obligaciones tributarias; y, si  corresponde ordenar la nulidad del procedimiento de  ejecución coactiva y la devolución de los importes pagados.  14. Además de ello, se ha discutido si la facultad de cobro de  las obligaciones tributarias correspondientes al IGV se  encuentra prescrita, y si los gastos recreativos incurridos por  la empresa demandante otorgan derecho a deducir crédito  fiscal, pese a que exceden el límite previsto en el inciso ll) del  artículo 37 de la Ley del Impuesto a la Renta. Infracciones  normativas denunciadas por la empresa demandante  Telefónica del Perú S.A.A. relacionadas a la prescripción de la  acción de cobro de la administración tributaria Causales  casatorias vinculadas a la nulidad de la sentencia Primera  infracción normativa denunciada 15. La empresa recurrente  señala: “Infracción normativa de los incisos 3 y 5 del  artículo 139 de la Constitución Política del Perú8, por  vulneración a los derechos al debido proceso, a la debida  motivación y al principio de prohibición de la arbitrariedad,  por los vicios de motivación de la sentencia de primera  instancia no evaluados por la Sala Superior”. Los  argumentos son los siguientes: a) La sentencia de primera  instancia incurrió en diversos vicios de motivación que  infringieron los derechos al debido proceso, a la debida  motivación y al principio de prohibición de la arbitrariedad. Sin  embargo, la Sala Superior analizó dichos aspectos de forma  equivocada, pues afirmó de manera general y abstracta ─sin  exponer fundamentos o premisa que justifique─ que en la  decisión del Juzgado no se apreciaba ningún vicio por defecto  en la motivación. b) El hecho que el Colegiado Superior se  haya pronunciado sobre el fondo de la controversia, pone en  evidencia que la sentencia de primera instancia no se  encontraba debidamente motivada, porque no realizó ningún  análisis sobre la verdadera controversia de fondo, esto es, la  vulneración  del  principio  de  irretroactividad  como  consecuencia de aplicar el Decreto Legislativo Nº 1113 al  caso concreto. Así las cosas, la sentencia de vista debió  resolver anular la sentencia emitida por el Juzgado. Segunda  infracción normativa denunciada 16. La empresa recurrente  señala: “Infracción normativa de los incisos 3 y 5 del  artículo 139 de la Constitución Política del Perú, por  vulneración a los derechos al debido proceso, a la debida  motivación y al principio de prohibición de la arbitrariedad,  por los vicios de motivación de la sentencia de segunda  instancia que vulneran el principio de congruencia”. Los  argumentos son los siguientes: a) La Sala Superior no se ha  pronunciado sobre la materia controvertida, sino sobre otra  distinta. En el considerando tercero de la sentencia de vista se  establece como materia controvertida a resolver: “[…]  determinar si la Resolución del Tribunal Fiscal Nº 07453-4- 2019 ha incurrido en alguna causal que amerite declarar su  nulidad […]”; empero, con ello se desconoce que la materia a  resolver consiste en un recurso impugnatorio (apelación) y no  en una demanda. b) El Colegiado Superior debió analizar  cada uno de los vicios y agravios denunciados en el recurso  de apelación, máxime si estos se trataban de vicios de forma  que generarían la nulidad de la sentencia de primera instancia,  por motivación aparente, motivación inexistente y afectación  al principio de congruencia. Tercera infracción normativa  denunciada 17. La empresa recurrente señala: “Infracción  normativa de los incisos 3 y 5 del artículo 139 de la  Constitución Política del Perú, por vulneración a los  derechos al debido proceso, a la debida motivación y al  principio de prohibición de la arbitrariedad, por los vicios  de motivación de la sentencia de segunda instancia  (ausencia de justificación externa e interna)”. Los  argumentos son los siguientes: a) En la sentencia de vista se  asumió que la controversia de fondo se centraba endeterminar: “[…] desde cuando la SUNAT se encontraba  expedita para exigir el pago”. Sin embargo, la verdadera  controversia de fondo era: “que establece el ordenamiento  jurídico tributario sobre el inicio y transcurso del plazo de  prescripción de la acción de cobro”. De ahí que, la Sala  Superior adelantó su conclusión sin antes justificarla. b) No  solo se incurrió en vicio de motivación por ausencia de  justificación externa, por falta de justificación de las razones  jurídicas que darían soporte a la premisa que la Sala Superior  pretendía incluir desde su razonamiento, sino también en  vicio de motivación por ausencia de justificación interna.  Causales casatorias vinculadas a la revocación de la  sentencia Cuarta infracción normativa denunciada 18. La  empresa recurrente señala: “Infracción normativa por  vulneración al principio de irretroactividad, regulado por  el artículo 103 de la Constitución Política del Perú9”. Los  argumentos son los siguientes: a) En la sentencia de segunda  instancia se concluye que no se vulneró el principio de  irretroactividad normativa al aplicar el Decreto Legislativo Nº  1113. Sin embargo, no se considera que, cuando en el  numeral 7 del artículo 44 del mencionado decreto se indica el  término “inicio” no debería entenderse como “reinicio”, porque  ello resulta inconstitucional, al eliminar consecuencias  jurídicas válidamente producidas. b) No se cuestiona la  validez del Decreto Legislativo Nº 1421, confirmada por el  Tribunal Constitucional con la sentencia recaída en el  Expediente Nº 00004-2019-PI. Sin embargo, debe tenerse  presente que en tal pronunciamiento el referido tribunal no  analizó la constitucionalidad del Decreto Legislativo Nº 1113;  es decir, ello es una cuestión aún pendiente por resolver y que  tendrá que ser evaluada por la judicatura: si el Decreto  Legislativo Nº 1113 tiene o no efecto retroactivo. c) La  aplicación del artículo 44 modificado por el Decreto Legislativo  Nº 1113, interpretado conforme al Decreto Legislativo Nº  1421, elimina los efectos ya consumados hasta septiembre de  dos mil doce: el inicio del plazo de prescripción y el transcurso  del mismo por más de dos o tres años, lo cual supone la  configuración de efectos evidentemente retroactivos. Quinta  infracción normativa denunciada 19. La empresa recurrente  señala: “Infracción normativa de los artículos 4410 y 4511  (antes de su modificación) y de los artículos 5912, 6013,  6114, 11515 y 11616 del Código Tributario”. Los argumentos  son los siguientes: a) La Sala Superior invoca los artículos 59,  60, 61, 115 y 116 del Código Tributario y, a partir de una  supuesta interpretación sistemática, concluye que desde  siempre se encontraba regulado que el plazo de prescripción  de la acción de cobro inicia luego de culminada la acción de  determinación, incluso antes de que los artículos 44 y 45 del  citado código fueran modificados por el Decreto Legislativo Nº  1113. No obstante, dicha conclusión es errónea porque  proviene de una interpretación indebida de las normas  invocadas. b) Si bien, en el artículo 44 del Código Tributario,  vigente hasta el veintisiete de septiembre de dos mil doce, se  regulaba el inicio de los términos prescriptorios sin diferenciar  entre las acciones de determinación y de cobro, en el artículo  45 del citado código, al regularse la interrupción del plazo de  prescripción, se diferenciaba entre la acción de determinación  y la acción de cobro. Esto implica que ambos plazos de  prescripción (de la acción de determinación y de cobro)  iniciaban a la vez y, por eso, la prescripción de la acción de  cobro ya iniciada, se interrumpía con la notificación de las  resoluciones de determinación o multa. c) Otra evidencia  legislativa de la tesis de defensa, es la regulación del  vencimiento y cómputo de intereses moratorios; puesto que,  según el artículo 33 del Código Tributario, los intereses  moratorios se computan desde la fecha siguiente al  vencimiento de la obligación tributaria, lo que ocurre en un  único momento, sin importar si fue determinada mediante  Declaración Jurada por el contribuyente o mediante  Resolución de Determinación por la administración tributaria.  d) Por último, según la exposición de motivos del Decreto  Legislativo Nº 1113, antes de la modificación del código  tributario, se asume que las acciones de determinación y  cobro iniciaban su plazo de prescripción en la misma  oportunidad; precisamente por ello es que se emite el citado  decreto (norma innovativa), para la modificación del inicio del  cómputo de plazo simultáneo. Sexta infracción normativa  denunciada 20. La empresa recurrente señala: “Infracción  normativa de los artículos 217 y 318 del Código Tributario”.  Los argumentos son los siguientes: a) De acuerdo al artículo  2 del Código Tributario, la obligación tributaria existe desde el  acaecimiento del hecho generador, que realiza la hipótesis de  incidencia tributaria. A su vez, el artículo 3 del código acotado  precisa que tal obligación es exigible: “desde el día siguiente  al vencimiento del plazo fijado por la Ley o reglamento”; es  decir, desde el vencimiento, la SUNAT tiene una única deuda  exigible sobre la cual está plenamente habilitada a perseguirla.  b) En la sentencia de vista se afirmó que antes de ladeterminación no existe deuda ni es exigible y que, por tanto,  no puede iniciarse el plazo de prescripción; empero, ello  infringe  las  normas  denunciadas.  Séptima  infracción  normativa denunciada 21. La empresa recurrente señala:  “Infracción normativa por vulneración a la Segunda  Disposición Complementaria del Código Procesal Civil19”.  De forma sustancial sostiene que la Sala Superior pretende  aplicar al caso concreto, las reglas de inicio de prescripción de  la facultad de cobro introducidas por el Decreto Legislativo Nº  1113; a pesar que estas no estaban vigentes cuando  ocurriendo los hechos. Añade que, ello supone la vulneración  de la norma denunciada, ya que la aplicación retroactiva de  dicho decreto no solo vulnera el artículo 103 de la Constitución  Política del Perú, sino el Bloque de Constitucionalidad,  regulada en la Segunda Disposición Complementaria del  Código  Procesal  Civil.  Octava  infracción  normativa  denunciada 22. La empresa recurrente señala: “Infracción  normativa por vulneración al principio de seguridad  jurídica y al principio de predictibilidad o de confianza  legítima, regulados en el literal a) del inciso 24 del artículo  2 de la Constitución Política del Perú20 y el numeral 1.15  del artículo IV del título preliminar del Texto Único  Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo  General – Ley Nº 2744421”. Dicha parte procesal indica,  principalmente, que la sentencia de vista aplica el numeral 7  del artículo 44 del Código Tributario, modificado por el Decreto  Legislativo Nº 1113, con lo cual ─aunque no se reconozca─  se producen efectos retroactivos porque se eliminan los  efectos jurídicos producidos bajo la vigencia del Decreto  Legislativo Nº 981; y, por tanto, ello significa la vulneración de  la seguridad jurídica, que vincula a todas las autoridades que  ejercen  el  poder  público.  Infracciones  normativas  denunciadas por la empresa demandante Telefónica del  Perú S.A.A. relacionadas al reparo al crédito fiscal por  gastos recreativos Causales casatorias vinculadas a la  nulidad de la sentencia Novena infracción normativa  denunciada 23. La empresa recurrente señala: “Infracción  normativa de los incisos 3 y 5 del artículo 139 de la  Constitución Política del Perú, por vulneración a los  derechos al debido proceso, a la debida motivación y al  principio de prohibición de la arbitrariedad, por los vicios  de motivación de la sentencia de primera instancia no  evaluados por la Sala Superior”. Los argumentos son los  siguientes: a) Sobre este extremo también se esgrimieron  distintos agravios en el recurso de apelación que no fueron  considerados por el Colegiado Superior al momento de emitir  su pronunciamiento; a pesar de su transcendencia, al tratarse  de cuestiones referidas a la vulneración de los derechos al  debido proceso, a la debida motivación y al principio de  prohibición de la arbitrariedad. b) El hecho de que la sentencia  de vista contenga análisis sobre el fondo de la controversia,  pone en evidencia que la sentencia de primera instancia no se  encontraba debidamente motivada, en tanto, no analizó la  controversia de fondo relacionada a la remisión que realiza el  artículo 18 de la Ley del Impuesto General a las Ventas hacia  la legislación del impuesto a la renta. En consecuencia, la  Sala Superior debió anular la decisión del Juzgado. Décima  infracción normativa denunciada 24. La empresa recurrente  señala: “Infracción normativa de los incisos 3 y 5 del  artículo 139 de la Constitución Política del Perú, por  vulneración a los derechos al debido proceso, a la debida  motivación y al principio de prohibición de la arbitrariedad,  por los vicios de motivación de la sentencia de segunda  instancia que vulneran el principio de congruencia”. Los  argumentos son los siguientes: a) La sentencia de vista  incurrió en motivación incongruente porque no contiene  pronunciamiento sobre la materia controvertida en la etapa  impugnatoria, sino sobre otra distinta. Esto es, la apelación se  analizó como si se tratara de una demanda, porque según la  delimitación de la controversia correspondía determinar si la  Resolución del Tribunal Fiscal Nº 07453-4-2019 adolece de  nulidad. b) La Sala Superior debía analizar cada uno de los  vicios y agravios propuestos, relacionados a la existencia de  vicios de forma (motivación aparente, motivación inexistente,  afectación al principio de congruencia, afectación al debido  proceso, al no pronunciarse sobre argumento de la empresa)  que generarían la nulidad de la sentencia de primera instancia.  Décimo primera infracción normativa denunciada 25. La  empresa recurrente señala: “Infracción normativa de los  incisos 3 y 5 del artículo 139 de la Constitución Política  del Perú, por vulneración a los derechos al debido  proceso, a la debida motivación y al principio de  prohibición de la arbitrariedad, por los vicios de  motivación de la sentencia de segunda instancia  (ausencia de justificación externa e interna)”. Los  argumentos son los siguientes: a) La controversia consiste en  determinar si la remisión que hace el artículo 18 de la Ley del  Impuesto General a las Ventas a la Ley del Impuesto a laRenta es conceptual o total. Sin embargo, la Sala Superior,  indicó como argumento inicial y principal que: “[…] la remisión  normativa incorporada en el inciso a) del artículo 18° de la Ley  del Impuesto a la Renta, no se limita exclusivamente a citar el  primer párrafo del artículo 37° de la Ley del Impuesto a la  Renta […]”, en tanto, su aplicación se extiende a todos los  requisitos previstos en la normativa del impuesto a la renta  que coadyuven a determinar si la deducción de un costo o  gasto no se encuentra permitida. b) Si bien, en la sentencia  recurrida se concluye que la remisión no es meramente  conceptual, sino total; dicha conclusión no está sustentada  con argumento alguno. Por tanto, se ha incurrido en la  infracción normativa denunciada. c) Por último, correspondía  que la Sala Superior analice los criterios para distinguir bajo  qué supuestos corresponde una remisión conceptual o una  remisión total entre normas jurídicas; así como, verificar cuál  fue la voluntad del legislador. Causales casatorias  vinculadas a la revocación de la sentencia Décimo  segunda infracción normativa denunciada 26. La empresa  recurrente señala: “Infracción normativa del artículo 18 de  la Ley del Impuesto General a las Ventas22”. Los argumentos  son los siguientes: a) La sentencia de segunda instancia  interpreta de forma errónea y extensiva la norma denunciada.  Específicamente el texto siguiente: “que sean permitidos  como gasto o costo de la empresa, de acuerdo a la legislación  del impuesto a la renta”, puesto que, ello implicaría que la  remisión a la Ley del Impuesto a la Renta no es meramente  conceptual sino a toda su regulación. De ahí que, se ha  soslayado que la interpretación extensiva está proscrita en el  ámbito tributario, conforme a lo establecido el precedente  vinculante contenido en la Casación Nº 4392-2013 Lima. b)  La interpretación realizada por la Sala Superior es incorrecta  y no se desprende del propio texto de la Ley del Impuesto  General a las Ventas, máxime si lo que se debía analizar es el  carácter de la remisión normativa, vale decir, si es conceptual  o total (incluido los límites cuantitativos que establece la Ley  del Impuesto a la Renta para los costos y gastos deducibles).  c) Por último, el hecho que un gasto recreativo no sea  deducible por incumplir un requisito formal como lo es exceder  el límite cuantitativo, no quiere decir que ese gasto no resulte  necesario para la actividad empresarial, ni que el consumidor  no actúe en calidad de empresario; es decir, ello no cambia la  naturaleza del gasto. Décimo tercera infracción normativa  denunciada 27. La empresa recurrente señala: “Infracción  normativa de la norma VIII del título preliminar del Código  Tributario23”. Sostiene principalmente que la interpretación  extensiva realizada por la Sala Superior, respecto al artículo  18 de la Ley del Impuesto General a las Ventas, se orienta a  restringir el ejercicio del crédito fiscal y establecer requisitos  adicionales para acceder a este; por tanto, se ha contravenido  la norma denunciada, mediante la cual se prohíben  interpretaciones extensivas en el ámbito tributario. Décimo  cuarta infracción normativa denunciada por la empresa 28. La  empresa recurrente señala: “Infracción normativa por  vulneración al principio de legalidad – reserva de ley,  previsto en el artículo 74 de la Constitución Política del  Perú24 y la norma IV del título preliminar del Código  Tributario25”. Los argumentos son los siguientes: a) Al  haberse realizado una indebida interpretación extensiva del  artículo 18 de la Ley del Impuesto General a las Ventas, la  sentencia de vista ha vulnerado el principio de legalidad –  reserva de ley, según el cual, la modificación de los tributos  solo puede ocurrir por norma de rango legal y no por  interpretación extensiva, como ha ocurrido en este caso. b) El  precitado artículo 18 contiene una norma que restringe  derechos, en tanto, regula el requisito que debe cumplir una  determinada operación para que sea admitida como costo o  gasto para efectos del impuesto a la renta. Dicho artículo  debe aplicarse de forma restrictiva y ser interpretada para  favorecer el crédito fiscal. Pronunciamiento del colegiado 29.  Respecto a la primera, segunda y tercera infracciones  normativas, relacionadas a la nulidad de la sentencia de  vista, en el extremo referido a la prescripción de la acción de  cobro de la administración tributaria: Los argumentos  sustanciales de la recurrente para sustentar que la sentencia  de vista incurrió en indebida motivación, motivación  incongruente y falta de justificación externa e interna, se  centran en que la Sala Superior no habría analizado los  agravios de nulidad formulados en el recurso de apelación de  sentencia sino que, por el contrario, soslayando ello emitió  pronunciamiento de fondo e incluso desvió la materia  controvertida  porque  consideró  que  le  correspondía  determinar si la Resolución del Tribunal Fiscal Nº 07453-4- 2019 incurrió en causal que provoque su nulidad. Asimismo,  la casacionista indicó que el Colegiado Superior no justificó  las razones por las cuales asumió que la controversia era  determinar desde cuando la SUNAT se encontraba expedita  para exigir el pago. Al respecto, es pertinente precisar que lacuestión litigiosa fue delimitada en el considerando tercero de  la sentencia recurrida; si bien, se señaló que: “[…] la materia  controvertida radica en determinar si la Resolución del  Tribunal Fiscal Nº 07453-4-2019 ha incurrido en alguna causal  que amerite declara su nulidad”, seguidamente se precisó que  para tal fin era necesario evaluar si se configuró la prescripción  de la facultad de la SUNAT para exigir el cobro de las  obligaciones tributarias, correspondientes al IGV del ejercicio  dos mil nueve. Por tanto, no se aprecia la desviación de la  materia controvertida, máxime si, luego de dicha delimitación,  la Sala Superior procedió a analizar el caso concreto, en  consideración a los agravios invocados, las normas  pertinentes y la base fáctica actuada en instancia  administrativa. De otro lado, cabe precisar que, contrariamente  a lo alegado por la casacionista, en la resolución recurrida no  solo se analizó desde cuando la SUNAT se encontraba  expedita para exigir el pago de la obligación tributaria, sino  que en los considerandos quinto, sexto y séptimo se  desarrollaron los alcances previstos en el ordenamiento  jurídico respecto a este tema, concluyéndose que: CUARTO.  - DE LA PRESCRIPCIÓN EN MATERIA TRIBUTARIA […] En  dicho contexto, el numeral 7 del artículo 44 del citado  cuerpo normativo, incorporado por el artículo 4 del  Decreto Legislativo Nº 1113, vigente desde el 28 de  setiembre de 2012, precisa que el plazo de prescripción de  la acción para exigir el pago de las deudas tributarias se  computa desde el día siguiente de realizada la notificación  de las Resoluciones de Determinación o de Multa. […]  [Énfasis nuestro] Dicha afirmación se justificó indicándose  que el Decreto Legislativo Nº 1113 no creó ni modificó norma  alguna, sino que se limitó a sintetizar y resumir lo que ya  estaba regulado de forma expresa en los artículos 59, 60, 61,  115, 116 y 117 del Texto Único Ordenado del Código Tributario.  De ahí que, el Colegiado Superior justificó las razones por las  cuales, a partir de los alcances normativos, optó por centrarse  en verificar el momento desde que la administración tributaria  podía exigir el pago. Por último, se aprecia que, en el  considerando décimo quinto de la sentencia de vista, se  analizó ─aunque sucintamente─ si la sentencia de primera  instancia contenía algún defecto de motivación que vicie su  contenido con nulidad; por lo cual, no se omitió emitir  pronunciamiento respecto de los agravios de nulidad  invocados en la apelación de sentencia. Así las cosas, es  pertinente anotar que, conforme al criterio de este despacho,  la idea de motivación no alude a una justificación profusa,  abundante o retórica, sino a la exigencia de un mínimo de  motivación congruente en cuya ratio decidenci pueda  observarse las razones por las que la Sala Superior llegó a la  decisión correspondiente. Ello precisamente ha sucedido en  el caso concreto, puesto que la decisión judicial emitida en  segunda instancia se centra en dilucidar la materia  controvertida resultante del contradictorio que deviene del  procedimiento administrativo y del trámite de todo el proceso  judicial26; aunado a ello, no se aprecia que esta adolezca de  vicio transcendental que provoque su nulidad. En suma, este  Supremo Tribunal concluye que la línea argumental de la  recurrente es inexacta e imprecisa, lo cual no permite advertir  que las infracciones normativas denunciadas tendrían  incidencia en la resolución recurrida. En consecuencia, al no  cumplirse las exigencias previstas en los incisos 2 y 3 del  modificado artículo 388 del Código Procesal Civil, corresponde  declarar improcedentes las causales casatorias analizadas.  30. Con relación a la cuarta, quinta, sexta, séptima y octava  infracciones normativas, relacionadas a la revocación de la  sentencia de vista, en el extremo referido a la prescripción de  la acción de cobro de la administración tributaria: De la  integridad de los argumentos expuestos por la casacionista,  se desprende que alega que la aplicación del numeral 7 del  artículo 44 del Texto Único Ordenado del Código Tributario  (con la modificación del Decreto Legislativo Nº 1113) vulneró  el principio de irretroactividad ─previsto en el artículo 103 de  la Constitución Política del Perú─, los artículos 2, 3, 44, 45,  59, 60, 61, 115 y 116 del Texto Único Ordenado del Código  Tributario, y la Segunda Disposición Complementaria del  Código Procesal Civil, lo que conllevó la vulneración de los  principios de seguridad jurídica y de predictibilidad o de  confianza legítima, regulados en la norma constitucional y la  Ley Nº 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General.  Al respecto, se advierte que las causales casatorias  denunciadas por la empresa recurrente están dirigidas a la  realización de un nuevo análisis de la base fáctica que ha sido  objeto de pronunciamiento por las instancias de mérito. De  modo que, este extremo del recurso de casación ha sido  planteado como si se tratara de un recurso de apelación, pues  en realidad se expresa la discrepancia con los criterios  desplegados por las instancias de mérito, a fin de que se  asuma por válida su postura. No obstante, no le corresponde  a esta Sala Suprema actuar como una tercera instanciajudicial; en primer lugar, porque los aspectos fácticos ya han  sido analizados en su oportunidad y, en segundo lugar, porque  emitir pronunciamiento sobre ello implicaría contradecir la  naturaleza del recurso de casación, toda vez que, como está  establecido en jurisprudencia uniforme: Este Supremo  Tribunal no está facultado a debatir aspectos de hechos pues  lo contrario significaría revisar la situación fáctica establecida  por las instancias de mérito lo cual implica la revaloración de  las pruebas resultando dicha actividad ajena la finalidad  prevista por el artículo 384 del Código Procesal Civil esto es  la adecuada aplicación del derecho objetivo al caso concreto,  así como la uniformidad de la jurisprudencia nacional por la  Corte Suprema de Justicia.27 Sin perjuicio de lo expuesto, es  pertinente anotar que el Decreto Legislativo Nº 1113, publicado  el cinco de julio de dos mil doce, modificó el artículo 44 del  Código Tributario y señaló que el plazo para exigir el pago de  la obligación tributaria se iniciaba luego de emitida la  Resolución de Determinación o de Multa. Posteriormente,  mediante la Primera Disposición Complementaria Transitoria  del Decreto Legislativo Nº 1421, publicado el trece de  septiembre dos mil dieciocho, se dispuso que la modificación  introducida por el Decreto Legislativo Nº 1113 era aplicable a  las deudas notificadas al veintiocho de septiembre de dos mil  veinte, a pesar de que provengan de fiscalizaciones iniciadas  antes del dos mil doce y que se encontraran litigadas o en  trámite. Si bien, a través de un proceso de inconstitucionalidad  Expediente Nº 00004-2019-PI/TC (citado por la empresa al  momento de plantear su casación) se cuestionó la citada  disposición del Decreto Legislativo Nº 1421, el Tribunal  Constitucional resolvió desestimar la demanda y declarar la  constitucionalidad de dicho dispositivo normativo.28 En  síntesis, la argumentación expuesta por la casacionista no  permite advertir la incidencia y pertinencia que tendrían las  acotadas infracciones normativas en la sentencia de vista, de  tal manera que se concluya que el análisis de fondo de esta  implicaría una modificación en el fallo. En consecuencia, al no  haberse cumplido las exigencias previstas en los incisos 2 y 3  del modificado artículo 388 del Código Procesal Civil,  corresponde  declarar  improcedentes  las  causales  analizadas. 31. Respecto a la novena, décimo y décimo  primera infracciones normativas, relacionadas a la nulidad  de la sentencia de vista, en el extremo referido al reparo al  crédito fiscal por gastos recreativos: Los argumentos  sustanciales de la recurrente para fundamentar que la  sentencia de vista incurrió en indebida motivación, motivación  incongruente y falta de justificación externa e interna, se  centran en que la Sala Superior no habría analizado los  agravios de nulidad formulados en el recurso de apelación de  sentencia, sino que emitió pronunciamiento de fondo; no  obstante, este no resolvería la materia controvertida de la  etapa impugnatoria ─que implica el análisis de los vicios y  agravios propuestos─, sino otra distinta, propia de una  demanda. Asimismo, la casacionista indicó que el Colegiado  Superior no justificó las razones por las cuales concluyó que  la remisión que hace el artículo 18 de la Ley del Impuesto  General a las Ventas a la Ley del Impuesto a la Renta es total  y no conceptual. Al respecto, es pertinente precisar que la  cuestión litigiosa fue delimitada en el considerando tercero de  la sentencia recurrida; si bien, se señaló que: “[…] la materia  controvertida radica en determinar si la Resolución del  Tribunal Fiscal Nº 07453-4-2019 ha incurrido en alguna causal  que amerite declara su nulidad”, seguidamente se precisó que  para tal fin era necesario evaluar: “[…] si los gastos recreativos  incurridos por la empresa otorgan derecho a deducir crédito  fiscal, pese a que exceden el límite previsto en el inciso ll) del  artículo 37° de la Ley del Impuesto a la Renta”; por tanto, no  se aprecia que la materia controvertida circunscrita se  contraponga a lo que correspondía analizarse en segunda  instancia judicial, máxime si se tiene en cuenta que la decisión  de la Sala Superior no debía limitarse únicamente a analizar  los agravios de nulidad de la ahora recurrente, sino a emitir  pronunciamiento de fondo sobre todos los aspectos relevantes  del tema discutido. Es por ello que, luego de dicha delimitación,  se procedió a analizar el caso concreto, en consideración a  los agravios invocados, las normas pertinentes y la base  fáctica actuada en instancia administrativa. Por otro lado,  cabe precisar que contrariamente a lo alegado por la  casacionista, en la resolución recurrida el Colegiado Superior  no omitió justificar las razones por las consideró que la  remisión contenida en la Ley del Impuesto General a las  Ventas, cuando se refiere a la Ley del Impuesto a la Renta, es  total. Ello se extrae de los considerandos décimo, décimo  primero, décimo segundo, décimo tercero y décimo cuarto de  dicha decisión judicial: DÉCIMO.- […] cuando el citado inciso  a) del artículo 18 de la Ley del Impuesto General a las Ventas  hace referencia a “costos y gastos permitidos” ello no debe  ser entendido como una referencia de carácter meramente  conceptual, sino como un mandato expreso que exigeque aquellos costos o gastos que no cumplen con los  requisitos expresamente previstos en la Ley del Impuesto  a la Renta, tampoco otorgan derecho a deducir crédito fiscal  para propósito del IGV. […] la remisión normativa incorporada  […] no se limita exclusivamente a citar el primer párrafo del  artículo 37 de la Ley del Impuesto a la Renta […], sino que  extiende su aplicación a todos los requisitos previstos en  la normativa del Impuesto a la Renta […]. DÉCIMO  CUARTO.- […] en tanto la interpretación formulada, desarrolla  de forma cabal el contenido del principio de neutralidad que  cohesiona la aplicación del IGV, siendo preciso acotar que  de acuerdo al criterio expuesto por la sentencia de casación  4392-2013, el método de interpretación que se escoja debe  ser el más adecuado al tipo de disposición tributaria,  atendiendo a su mejor interpretación y sentido normativo.  [Énfasis nuestro] Por último, como se ha indicado  precedentemente, la sentencia de vista (considerando décimo  quinto) contiene pronunciamiento sobre los agravios de  nulidad invocados en el recurso de apelación, referidos a los  defectos en la motivación de la sentencia de primera instancia.  Si bien, dicho pronunciamiento fue breve y conciso, debe  quedar claro que la nulidad de una decisión judicial se declara  únicamente cuando el vicio es transcendental e insubsanable,  lo que no ha ocurrido en el caso concreto; tanto más si, se ha  analizado la materia controvertida que proviene desde  instancia administrativa y se ha mantenido en el contradictorio  del proceso judicial. Así las cosas, se concluye que la  resolución recurrida cumple la garantía mínima de la debida  motivación y ha sido emitida en respeto del principio de  congruencia procesal. Por las razones expuestas, se colige  que los argumentos esbozados por la recurrente son  inexactos e imprecisos; a ello se añade que, no se ha  demostrado la incidencia y pertinencia de las infracciones  normativas denunciadas en la sentencia de vista. En  consecuencia, al no cumplirse las exigencias previstas en los  incisos 2 y 3 del modificado artículo 388 del Código Procesal  Civil, corresponde declarar improcedentes las referidas  causales casatorias. 32. Con relación a la décimo segunda,  décimo tercera y décimo cuarta, relacionadas a la  revocación de la sentencia de vista, en el extremo referido al  reparo al crédito fiscal por gastos recreativos: De la integridad  de los argumentos expuestos por la empresa recurrente, se  desprende que alega la interpretación errónea, incorrecta y  extensiva del artículo 18 de la Ley del Impuesto General a las  Ventas y, por ende, la transgresión de la norma VIII del título  preliminar del Código Tributario, vulneración del principio de  legalidad – reserva de ley, previsto en el artículo 74 de la  Constitución Política del Perú y la norma IV del título preliminar  del citado código, y la contravención del precedente vinculante  contenido en la Sentencia de Casación Nº 4392-2013 Lima.  Sobre el particular, se debe tener en cuenta que la tipología  de la referida infracción normativa procede cuando el órgano  jurisdiccional le da a la norma un sentido que no corresponde  a su genuino espíritu, esto es, aplica la norma pertinente al  caso, pero le otorga un sentido diferente; sin embargo, es  requisito de esta casual, que la norma cuya interpretación  equivocada se alega, haya sido utilizada por la resolución  recurrida, así como también que la denunciante describa con  claridad la interpretación efectuada por el órgano jurisdiccional  que considera errónea, y además, efectúe una propuesta  interpretativa de la norma, a ser validada o rechazada por  este Supremo Tribunal. En el caso concreto, la Sala Superior  citó y analizó el artículo 18 de la Ley del Impuesto General a  las Ventas, sin embargo, ello no es suficiente para determinar  la procedencia de las infracciones normativas denunciadas  por la casacionista. De la línea argumental expuesta en el  recurso de casación, no se advierte la explicación clara y  precisa de las razones por las cuales se considera que la  aludida norma material no fue interpretada de forma correcta.  Asimismo, la recurrente ha omitido formular una propuesta  interpretativa del precitado artículo 18. En tal sentido, la  deficiencia de la tesis de defensa de dicha parte procesal, no  puede ser subsanada ni interpretada por este Supremo  Tribunal, conforme a lo establecido en la jurisprudencia  uniforme:  El  recurso  extraordinario  de  casación  es  eminentemente formal y excepcional por cuanto se estructura  con precisa y estricta sujeción a los requisitos que exige  la norma procesal civil constituyendo responsabilidad de los  justiciables −recurrentes− saber adecuar los agravios que  invocan a las causales que para dicha finalidad se encuentran  taxativamente determinadas en la norma procesal toda vez  que el Tribunal de Casación no está facultado para  interpretar el recurso ni integrar o remediar las carencias  del mismo o dar por supuesta y explícita la falta de causal  no pudiendo subsanarse de oficio los defectos incurridos  por los recurrentes en la formulación del recurso29.  [Énfasis nuestro]. Por tanto, se colige que no se ha demostrado  la incidencia de las causales denunciadas en la sentencia devista. En consecuencia, al no cumplirse las exigencias  previstas en los incisos 2 y 3 del modificado artículo 388 del  Código Procesal Civil, dichos extremos del recurso de  casación devienen en improcedentes. DECISIÓN Por estas  consideraciones y de conformidad con el modificado artículo  392  del  Código  Procesal  Civil,  DECLARARON  IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto por la  empresa demandante Telefónica del Perú S.A.A., mediante  escrito del doce de agosto de dos mil veintidós (fojas tres mil  ciento sesenta y cinco a tres mil doscientos treinta y cuatro del  Expediente Judicial Electrónico – EJE), contra la sentencia de  vista contenida en la resolución número veintidós, del  veintiséis de julio de dos mil veintidós (fojas tres mil ciento  cuarenta y tres a tres mil ciento cincuenta y seis del EJE), y  ORDENARON la publicación de la presente resolución en el  diario oficial El Peruano conforme a ley, en los seguidos por  Telefónica del Perú S.A.A. contra el Tribunal Fiscal y la  Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración  Tributaria, sobre nulidad de resolución administrativa.  Notifíquese por Secretaría y devuélvanse los actuados.  Interviene como ponente el señor Juez Supremo (P) Wilbert  González Aguilar. SS. YAYA ZUMAETA, GONZÁLEZ  AGUILAR, RUEDA FERNÁNDEZ, BUSTAMANTE DEL  CASTILLO, DÁVILA BRONCANO. 1  Esto se encuentra previsto en el artículo 35 del Texto Único Ordenado de la Ley  Nº 27584, aprobado por Decreto Supremo Nº 013-2008-JUS, y se mantiene en el  artículo 34 del Texto Único Ordenado vigente, aprobado por Decreto Supremo Nº  011-2019-JUS. 2  Se precisa que mediante Ley Nº 31591, publicada en el diario oficial El Peruano  el veintiséis de octubre de dos mil veintidós, se modificaron diversos artículos  del Código Procesal Civil que regulan aspectos sobre el recurso de casación;  sin embargo, tales modificaciones no son aplicables al caso concreto, en  consideración a lo dispuesto en la Segunda Disposición Complementaria del citado  código, que a la letra dice:   SEGUNDA.- Las normas procesales son de aplicación inmediata, incluso al  proceso en trámite. Sin embargo, continuarán rigiéndose por la norma anterior:  las reglas de competencia, los medios impugnatorios interpuestos, los actos  procesales con principio de ejecución y los plazos que hubieran empezado. 3  Conforme modificación hecha por el artículo 1 de la Ley Nº 29364, publicada el  veintiocho de mayo del dos mil nueve. 4  Este artículo precisa, además, lo siguiente:  Si fuere anulatorio, se precisará si es total o parcial, y si este último, se indicara  hasta donde debe alcanzar la nulidad. Si fuera revocatorio, se precisará en que  debe consistir la actuación de la Sala. Si el recurso contuviera ambos pedidos,  deberá entenderse el anulatorio como principal y el revocatorio como subordinado. 5  Véase el cargo de notificación de la SUNAT (foja tres mil ciento sesenta y uno del  Expediente Judicial Electrónico – EJE). 6  El Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial indica:   “Artículo 155-E. Notificaciones por cédula.  Sin perjuicio de la notificación electrónica, las siguientes resoluciones judiciales  deben ser notificadas solo mediante cédula: La que contenga el emplazamiento  de la demanda, la declaración de rebeldía y la medida cautelar. La sentencia o  auto que pone fin al proceso en cualquier instancia. La resolución notificada  por cédula surte efecto desde el día siguiente de notificada.” (el énfasis es  nuestro). 7  Artículo modificado por el artículo 1 de la Ley Nº 29364, publicada el veintiocho de  mayo dos mil nueve. 8  Artículo 139.- Son principios y derechos de la función jurisdiccional:  […]  3. La observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional. Ninguna persona  puede ser desviada de la jurisdicción predeterminada por la ley, ni sometida a  procedimiento distinto de los previamente establecidos, ni juzgada por órganos  jurisdiccionales de excepción ni por comisiones especiales creadas al efecto,  cualquiera sea su denominación.  […]  5. La motivación escrita de las resoluciones judiciales en todas las instancias,  excepto los decretos de mero trámite, con mención expresa de la ley aplicable y de  los fundamentos de hecho en que se sustentan. 9  Artículo 103.- Pueden expedirse leyes especiales porque así lo exige la naturaleza  de las cosas, pero no por razón de las diferencias de las personas. La ley, desde su  entrada en vigencia, se aplica a las consecuencias de las relaciones y situaciones  jurídicas existentes y no tiene fuerza ni efectos retroactivos; salvo, en ambos  supuestos, en materia penal cuando favorece al reo. La ley se deroga sólo por otra  ley. También queda sin efecto por sentencia que declara su inconstitucionalidad.  […] 10  Artículo 44.- COMPUTO DE LOS PLAZOS DE PRESCRIPCION  El término prescriptorio se computará:  1. Desde el uno (1) de enero del año siguiente a la fecha en que vence el plazo  para la presentación de la declaración anual respectiva.  2. Desde el uno (1) de enero siguiente a la fecha en que la obligación sea exigible,  respecto de tributos que deban ser determinados por el deudor tributario no  comprendidos en el inciso anterior.  3. Desde el uno (1) de enero siguiente a la fecha de nacimiento de la obligación  tributaria, en los casos de tributos no comprendidos en los incisos anteriores.  4. Desde el uno (1) de enero siguiente a la fecha en que se cometió la infracción o,  cuando no sea posible establecerla, a la fecha en que la Administración Tributaria  detectó la infracción.5. Desde el uno (1) de enero siguiente a la fecha en que se efectuó el pago  indebido o en exceso o en que devino en tal, tratándose de la acción a que se  refiere el último párrafo del artículo anterior.  6. Desde el uno (1) de enero siguiente a la fecha en que nace el crédito por tributos  cuya devolución se tiene derecho a solicitar, tratándose de las originadas por  conceptos distintos a los pagos en exceso o indebidos. 11  Artículo 45.- INTERRUPCIÓN DE LA PRESCRIPCIÓN  1. El plazo de prescripción de la facultad de la Administración Tributaria para  determinar la obligación tributaria se interrumpe: […]  2. El plazo de prescripción de la acción para exigir el pago de la obligación  tributaria se interrumpe: […] 12  Artículo 59.- DETERMINACIÓN DE LA OBLIGACIÓN TRIBUTARIA  Por el acto de la determinación de la obligación tributaria:  a) El deudor tributario verifica la realización del hecho generador de la obligación  tributaria, señala la base imponible y la cuantía del tributo.   b) La Administración Tributaria verifica la realización del hecho generador de la  obligación tributaria, identifica al deudor tributario, señala la base imponible y la  cuantía del tributo. 13  Artículo 60.- INICIO DE LA DETERMINACIÓN DE LA OBLIGACIÓN TRIBUTARIA  La determinación de la obligación tributaria se inicia:  1. Por acto o declaración del deudor tributario.  2. Por la Administración Tributaria; por propia iniciativa o denuncia de terceros.  […] 14  Artículo 61.- FISCALIZACIÓN O VERIFICACIÓN DE LA OBLIGACIÓN  TRIBUTARIA EFECTUADA POR EL DEUDOR TRIBUTARIO  La determinación de la obligación tributaria efectuada por el deudor tributario  está sujeta a fiscalización o verificación por la Administración Tributaria, la que  podrá modificarla cuando constate la omisión o inexactitud en la información  proporcionada, emitiendo la Resolución de Determinación, Orden de Pago o  Resolución de Multa.  […] 15  Artículo 115.- DEUDA EXIGIBLE EN COBRANZA COACTIVA  La deuda exigible dará lugar a las acciones de coerción para su cobranza. A este  fin se considera deuda exigible:  a) La establecida mediante Resolución de Determinación o de Multa o la contenida  en la Resolución de pérdida del fraccionamiento notificadas por la Administración  y no reclamadas en el plazo de ley. En el supuesto de la resolución de pérdida  de fraccionamiento se mantendrá la condición de deuda exigible si efectuándose  la reclamación dentro del plazo, no se continúa con el pago de las cuotas de  fraccionamiento. 16  Artículo 116.- FACULTADES DEL EJECUTOR COACTIVO  La Administración Tributaria, a través del Ejecutor Coactivo, ejerce las acciones de  coerción para el cobro de las deudas exigibles a que se refiere el artículo anterior.  Para ello, el Ejecutor Coactivo tendrá, entre otras, las siguientes facultades:  1. Verificar la exigibilidad de la deuda tributaria a fin de iniciar el Procedimiento de  Cobranza Coactiva.   […] 17  Artículo 2.- NACIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN TRIBUTARIA  La obligación tributaria nace cuando se realiza el hecho previsto en la ley, como  generador de dicha obligación. 18  Artículo 3.- EXIGIBILIDAD DE LA OBLIGACIÓN TRIBUTARIA  La obligación tributaria es exigible:  1. Cuando deba ser determinada por el deudor tributario, desde el día siguiente al  vencimiento del plazo fijado por Ley o reglamento y, a falta de este plazo, a partir  del décimo sexto día del mes siguiente al nacimiento de la obligación.  Tratándose de tributos administrados por la SUNAT, desde el día siguiente al  vencimiento del plazo fijado en el Artículo 29 de este Código o en la oportunidad  prevista en las normas especiales en el supuesto contemplado en el inciso e) de  dicho artículo.  2. Cuando deba ser determinada por la Administración Tributaria, desde el día  siguiente al vencimiento del plazo para el pago que figure en la resolución que  contenga la determinación de la deuda tributaria. A falta de este plazo, a partir del  décimo sexto día siguiente al de su notificación. 19  Segunda Disposición Complementaria del Código Procesal Civil  Las normas procesales son de aplicación inmediata, incluso al proceso en  trámite. Sin embargo, continuarán rigiéndose por la norma anterior: las reglas de  competencia, los medios impugnatorios interpuestos, los actos procesales con  principio de ejecución y los plazos que hubieran empezado. 20  Artículo 2.- Toda persona tiene derecho:  […]  24. A la libertad y a la seguridad personales. En consecuencia:   a. Nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni impedido de hacer lo que  ella no prohíbe.  […] 21  Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo  1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes  principios, sin perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho  Administrativo:  […]  1.15. Principio de predictibilidad o de confianza legítima.-   La autoridad administrativa brinda a los administrados o sus representantes  información veraz, completa y confiable sobre cada procedimiento a su cargo, de  modo tal que, en todo momento, el administrado pueda tener una comprensión  cierta sobre los requisitos, trámites, duración estimada y resultados posibles que  se podrían obtener. 22  Artículo 18.- REQUISITOS SUSTANCIALES   El crédito fiscal está constituido por el Impuesto General a las Ventas consignado  separadamente en el comprobante de pago, que respalde la adquisición de bienes,servicios y contratos de construcción, o el pagado en la importación del bien o con  motivo de la utilización en el país de servicios prestados por no domiciliados.  Sólo otorgan derecho a crédito fiscal las adquisiciones de bienes, las prestaciones  o utilizaciones de servicios, contratos de construcción o importaciones que  reúnan los requisitos siguientes: a) Que sean permitidos como gasto o costo de  la empresa, de acuerdo a la legislación del Impuesto a la Renta, aún cuando el  contribuyente no esté afecto a este último impuesto.  […] 23  NORMA VIII: INTERPRETACIÓN DE NORMAS TRIBUTARIAS  Al aplicar las normas tributarias podrá usarse todos los métodos de interpretación  admitidos por el Derecho.  En vía de interpretación no podrá crearse tributos, establecerse sanciones,  concederse exoneraciones, ni extenderse las disposiciones tributarias a personas  o supuestos distintos de los señalados en la ley. Lo dispuesto en la Norma XVI no  afecta lo señalado en el presente párrafo. 24  Artículo 74.- Los tributos se crean, modifican o derogan, o se establece una  exoneración, exclusivamente por ley o decreto legislativo en caso de delegación  de facultades, salvo los aranceles y tasas, los cuales se regulan mediante decreto  supremo.  […] 25  NORMA IV: PRINCIPIO DE LEGALIDAD - RESERVA DE LA LEY  Sólo por Ley o por Decreto Legislativo, en caso de delegación, se puede:  a) Crear, modificar y suprimir tributos; señalar el hecho generador de la obligación  tributaria, la base para su cálculo y la alícuota; el acreedor tributario; el deudor  tributario y el agente de retención o percepción, sin perjuicio de lo establecido en  el Artículo 10; […] 26  En el fundamento jurídico 1 de la Sentencia del Tribunal Constitucional N.º  04228-2005-HC/TC (Caso La Torre Adolfo), ha señalado lo siguiente:  El derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales se respeta siempre  que exista fundamentación jurídica, congruencia entre lo pedido y lo resuelto y, por  sí mismo exprese una suficiente justificación de la decisión adoptada, aún si esta  es breve o concisa, o se presenta un supuesto de motivación por remisión. 27  Casación Nº 2059-2012 La Libertad, publicada en el diario oficial El Peruano el dos  de febrero de dos mil trece. 28  Se precisa que en dicha sentencia el Tribunal Constitucional trata ampliamente el  tema referido a la aplicación constitucional del Decreto Legislativo Nº 1421, que  está ligado al tema de prescripción de la acción de cobro de la SUNAT, a la que se  refiere el Decreto Legislativo Nº 1113. 29  Casación Nº 3842-2014 Lima, publicada en El Peruano el uno de agosto de dos mil  dieciséis. C-2136204-45