CASACIÓN Nº 33003-2019 LAMBAYEQUE
MATERIA: Pago de beneficios sociales Sumilla. Corresponde el pago de beneficios sociales  contenidos en el régimen laboral de la actividad privada al  docente contratado, conforme lo regulado en la parte in fine  del artículo 54 de la Ley Nº 23733. Lima, siete de setiembre de dos mil veintidós VISTA; la causa número treinta y tres mil tres, guion dos mil  diecinueve, guion LAMBAYEQUE; en audiencia pública de la  fecha, interviniendo como ponente la señora juez suprema  Pinares Silva De Torre, y producida la votación con arreglo a  ley; se emite la siguiente sentencia: MATERIA DEL  RECURSO: Se trata del recurso de casación interpuesto por  la parte demandada, Universidad Particular de Chiclayo,  mediante escrito presentado el doce de setiembre de dos mil  diecinueve, de fojas ciento noventa y tres a doscientos cinco,  contra la sentencia de vista de veintisiete de agosto de dos  mil diecinueve, de fojas ciento ochenta y seis a ciento noventa  y uno, que confirma la sentencia de primera instancia de  veintitrés de abril de dos mil diecinueve, de fojas noventa y  nueve a ciento ocho, que declara fundada en parte la  demanda; en el proceso seguido por la parte demandante,  César Alberto Guzmán Vigo, sobre pago de beneficios  sociales. CAUSALES DEL RECURSO: : Mediante resolución  de treinta de junio de dos mil veintidós, de fojas ochenta y  ocho a noventa y uno del cuaderno de casación, esta sala  suprema declaró procedente el recurso interpuesto por las  siguientes causales: i) Infracción normativa de los artículos  44, 46, 47 y 54 de la Ley Universitaria, Ley Nº 23733. ii)  Infracción normativa de los artículos 80, 83, 84 y 122 de la Ley  Universitaria, Ley Nº30220. Correspondiendo a este colegiado  supremo emitir pronunciamiento de fondo sobre dichas  causales CONSIDERANDO: Antecedentes del caso Primero.  a) Demanda. Mediante escrito de demanda de diecinueve de  abril de dos mil dieciocho, de fojas cincuenta y ocho a setenta  y nueve, el demandante insta como pretensión el pago de  beneficios en la suma de ciento ochenta y cuatro mil  novecientos cincuenta y siete con 00/100 soles (S/ 184,957.00)  por compensación por tiempo de servicios, vacaciones no  gozadas y truncas, gratificaciones, utilidades y otros, desde el  uno de setiembre de mil novecientos noventa y uno al siete de  julio de dos mil diecisiete, más la entrega de certificado de  trabajo, con intereses legales, costos y costas. Sostiene que  al haber ingresado a laborar para la demandada ha  desempeñado labores como docente a tiempo parcial de  diversos cursos, abonándose su remuneración con recibos  internos de tesorería y posteriormente, por recibos por  honorarios de servicios; sin embargo, durante todo el periodo  laborado considera ha existido una relación laboral bajo el  régimen del Decreto Legislativo Nº 728. b) Sentencia de  primera instancia. El Tercer Juzgado de Trabajo Transitoriode la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, declara  fundada en parte la demanda; en consecuencia, ordena que  la demandada pague al demandante la suma de ciento  setenta mil setecientos sesenta y cinco con 20/100 soles (S/  170, 765.20) por el concepto de pago por compensación por  tiempo de servicios, vacaciones no gozadas y gratificaciones,  además, fija los honorarios profesionales en la suma de mil  quinientos con 00/100 soles (S/ 1,500.00) más el cinco por  ciento para el Colegio de Abogados Lambayeque, con  intereses legales y costas. c) Sentencia de segunda  instancia. La Segunda Sala Laboral de la citada Corte  Superior de Justicia, mediante sentencia de vista confirma la  sentencia apelada. Infracción de orden sustantivo Segundo.  La causal denunciada está referida a la infracción normativa  por aplicación indebida de los artículos 44, 46, 47 y 54 de  la Ley Nº 23733, que establecen: “Artículo 44.- Los  profesores universitarios son: Ordinarios, Extraordinarios y  Contratados. Los Profesores Ordinarios son de las categorías  siguientes: Principales, Asociados y Auxiliares. (…) Los  Profesores Contratados son los que prestan servicios a plazo  determinado y en las condiciones que fija el respectivo  contrato. (…)” “Artículo 46.- La admisión a la carrera docente,  en condición de profesor ordinario, se hace por concurso  público de méritos y prueba de capacidad docente o por  oposición, y de acuerdo a las pautas que establezca al  respecto el Estatuto de cada Universidad (…)”. “Artículo 47.-  Los Profesores Principales son nombrados por un periodo de  siete años, los Asociados y Auxiliares por cinco y tres años,  respectivamente (…). Los Profesores Contratados lo son por  el plazo máximo de tres años. Al término de este plazo tienen  derecho de concursar, para los efectos de su admisión a la  carrera docente, en condición de Profesores Ordinarios, de  acuerdo al procedimiento establecido en el artículo anterior.  En caso de no efectuarse dicho concurso, el contrato puede  ser renovado por una sola vez y por el mismo plazo máximo,  previa evaluación del profesor. Artículo 54.- Los profesores  de las Universidades privadas se rigen por las disposiciones  del Estatuto de la respectiva Universidad, el que establece las  normas para su ingreso a la docencia, su evaluación y su  promoción. Les son aplicables, además las normas del  presente Capítulo con excepción del Artículo 52 incisos “e” y  “g” y 53. La legislación laboral de la actividad privada  determina los derechos y beneficios de dichos profesores”.  Este colegiado supremo considera analizar en conjunto la  infracción normativa de los artículos 80, 83, 84 y 122 de la  Ley Universitaria, Ley Nº 30220 por estar estrechamente  vinculada con lo regulado en la Ley Nº 23733. “Artículo 80.-  Docentes Los docentes son: 80.1 Ordinarios: principales,  asociados y auxiliares. 80.2 Extraordinarios: eméritos,  honorarios y similares dignidades que señale cada  universidad, que no podrán superar el 10% del número total  de docentes que dictan en el respectivo semestre. 80.3  Contratados: que prestan servicios a plazo determinado en  los niveles y condiciones que fija el respectivo contrato.  Artículo 83.- Admisión y promoción en la carrera docente  La admisión a la carrera docente se hace por concurso  público de méritos. Tiene como base fundamental la calidad  intelectual y académica del concursante conforme a lo  establecido en el Estatuto de cada universidad. La promoción  de la carrera docente es la siguiente: 83.1 Para ser profesor  principal se requiere título profesional, grado de Doctor el  mismo que debe haber sido obtenido con estudios  presenciales, y haber sido nombrado antes como profesor  asociado. Por excepción, podrán concursar sin haber sido  docente asociado a esta categoría, profesionales con  reconocida labor de investigación científica y trayectoria  académica, con más de quince (15) años de ejercicio  profesional. 83.2 Para ser profesor asociado se requiere título  profesional, grado de maestro, y haber sido nombrado  previamente como profesor auxiliar. Por excepción podrán  concursar sin haber sido docente auxiliar a esta categoría,  profesionales con reconocida labor de investigación científica  y trayectoria académica, con más de diez (10) años de  ejercicio profesional. 83.3 Para ser profesor auxiliar se  requiere título profesional, grado de Maestro, y tener como  mínimo cinco (5) años en el ejercicio profesional. Los  requisitos exigidos para la promoción pueden haber sido  adquiridos en una universidad distinta a la que el docente  postula. En toda institución universitaria, sin importar su  condición de privada o pública, por lo menos el 25 % de sus  docentes deben ser a tiempo completo. Artículo 84.- Período  de evaluación para el nombramiento y cese de los profesores  ordinarios El periodo de nombramiento de los profesores  ordinarios es de tres (3) años para los profesores auxiliares,  cinco (5) para los asociados y siete (7) para los principales. Al  vencimiento de dicho periodo, los profesores son ratificados,  promovidos o separados de la docencia a través de un  proceso de evaluación en función de los méritos académicosque incluye la producción científica, lectiva y de investigación.  El nombramiento, la ratificación, la promoción y la separación  son decididos por el Consejo Universitario, a propuesta de las  correspondientes facultades. Toda promoción de una  categoría a otra está sujeta a la existencia de plaza vacante y  se ejecuta en el ejercicio presupuestal siguiente. La edad  máxima para el ejercicio de la docencia en la universidad  pública es setenta años. Pasada esta edad solo podrán  ejercer la docencia bajo la condición de docentes  extraordinarios y no podrán ocupar cargo administrativo. (*)  (*) Cuarto párrafo modificado por el Artículo Único de la Ley  Nº 30697, publicada el 16 diciembre 2017, cuyo texto es el  siguiente: " La edad máxima para el ejercicio de la docencia  en la universidad pública es setenta y cinco años, siendo esta  la edad límite para el ejercicio de cualquier cargo administrativo  y/o de gobierno de la universidad. Pasada esta edad sólo  podrán ejercer la docencia bajo la condición de docentes  extraordinarios." (*) (*Cuarto párrafo modificado por el Artículo  2 de la Ley Nº 31542, publicada el 04 agosto 2022, cuyo texto  es el siguiente: "No hay límite de edad para el ingreso ni cese  en el ejercicio de la docencia universitaria." La universidad  está facultada a contratar docentes. El docente que fue  contratado puede concursar a cualquiera de las categorías  docentes, cumpliendo los requisitos establecidos en la  presente Ley. (*) Artículo 122.- Régimen de gobierno y de  docentes en las universidades privadas Las instancias de  gobierno de las universidades privadas asociativas o  societarias se sujetan a lo dispuesto por su Estatuto. El  Estatuto de cada universidad define la modalidad de elección  o designación de las autoridades, de conformidad con su  naturaleza jurídica. Las autoridades que conforman los  órganos de gobierno o las que hagan sus veces, reúnen los  requisitos que exige la presente Ley. El Estatuto regula el  derecho de participación de los profesores, estudiantes y  graduados en los órganos de gobierno con respeto a los  derechos de los promotores de promover, conducir y gestionar  la universidad que fundaron. El Estatuto de cada universidad  privada define el proceso de selección, contratación,  permanencia y promoción de sus docentes, con sujeción a lo  dispuesto en los artículos 80 y 82 de la presente Ley”.  Tercero. La Ley Nº 23733, Ley Universitaria, es un cuerpo  normativo que regula el régimen especial de los docentes  universitarios, concebido sustancialmente distinto al régimen  laboral general de los trabajadores quienes se sujetan al  régimen laboral de la actividad privada regulado por el Decreto  Legislativo Nº 728, Ley de Productividad y Competitividad  Laboral, cuyo Texto Único Ordenado está aprobado por el  Decreto Supremo Nº 003- 97-TR; no obstante, el artículo  54°de la citada Ley universitaria establece que en los casos  de los profesores de universidades particulares la legislación  laboral de la actividad privada determinará sus derechos y  obligaciones. Cuarto. El artículo 44 de la Ley Nº 23733, y el  artículo 8 0 de la Ley Nº 30220, clasifica a los profesores  universitarios en ordinarios, extraordinarios y contratados, y  establece categorías para cada uno ellos, siendo los  profesores ordinarios a quienes se les permite hacer carrera  docente. En ese sentido, señala que los profesores ordinarios  son: principales, asociados y auxiliares. Los profesores  extraordinarios son: eméritos, honorarios, investigadores y  visitantes. Define a los profesores contratados como  aquellos que prestan servicios a plazo determinado y en  las condiciones que fija el respectivo contrato. También  precisa que los jefes de práctica, ayudantes de cátedra o de  laboratorio y demás formas análogas de colaboración a la  labor de profesor realizan una actividad preliminar a la carrera  docente. Quinto. En cuanto a la forma de acceso a la carrera  docente, este Tribunal Supremo considera que la nota  distintiva entre un profesor contratado y uno que ha accedido  en calidad de nombrado para convertirse en profesor  ordinario, es exclusivamente por concurso público de méritos  y prueba de capacidad docente o por oposición, y de acuerdo  a las pautas que establezca al respecto el Estatuto de cada  Universidad, además de someterse a un proceso de  ratificación periódico para los efectos de su permanencia en la  carrera universitaria. Sexto. El artículo 47 de la Ley Nº 23733,  establece expl ícitamente que los profesores contratados lo  son por el plazo máximo de tres años, vencido el cual adquiere  el derecho de concursar para su admisión a la carrera docente  en condición de profesor ordinario. La norma referida concluye  que en el caso de no haberse efectuado el concurso, el  contrato puede ser renovado por una sola vez y por el mismo  plazo máximo, previa evaluación del profesor. Sétimo. Así,  resulta claro que la relación laboral de un profesor universitario  bajo contrato de trabajo a plazo determinado, vencidos los  plazos y su renovación, de conformidad con el artículo 47 de  la Ley Nº 23733, no conlleva la desnaturalización del contrato,  en razón a que no existe norma que así lo disponga, no  gestándose por tanto un derecho a la permanencia delprofesor contratado; en ese sentido, lo que adquiere el  profesor contratado es el derecho a concursar para su  eventual ingreso como profesor ordinario, Octavo. Sobre el  tema en comentario, el Tribunal Constitucional en la sentencia  recaída en el expediente Nº 02750-2016-P A/TC, precisa lo  siguiente: “29. En tal sentido, ha quedado establecido por  este Tribunal el criterio de que la desnaturalización de la  relación laboral no es aplicable para los profesores  contratados sujetos al régimen de la Ley 23733, ley  universitaria derogada, ya que el artículo 46 de dicha norma  establece expresamente que para acceder a otras categorías  docentes de plazo indefinido es indispensable que se  adquiera dicha condición mediante concurso público de  méritos. 30. Por tanto, al constatar que la interpretación  aplicada por la judicatura ordinaria de que es posible la  desnaturalización de la relación laboral de un docente  contratado es manifiestamente contraria a lo que dispone la  norma aplicable, se verifica que las premisas normativas de  las cuales parte la resolución cuestionada carecen de validez  jurídica. (…)”. Solución al caso concreto Noveno. En el  presente caso, se tiene determinado que la pretensión  demandada versa sobre el reconocimiento del pago de  beneficios sociales y no sobre el reconocimiento como  docente ordinario, asimismo no es un hecho controvertido que  entre las partes ha existido una relación laboral por la que el  demandante se ha desempeñado como docente contratado  a plazo determinado desde el uno de setiembre de mil  novecientos noventa y uno al siete de julio de dos mil diecisiete  de manera ininterrumpida. Décimo. Así de la revisión de  autos, se observa que la universidad demandada tiene la  condición de rebelde, conforme consta en el acta de registro  de audiencia de conciliación, por ende, no obra el estatuto de  la universidad demandada; sin embargo, de la búsqueda web  del contenido del estatuto de la universidad demandada1, se  advierte que este no contiene norma expresa respecto del  régimen de los docentes contratados, únicamente se  pronuncia sobre el régimen del personal administrativo y de  servicios, de modo que, ante la falta de regulación expresa y  en concordancia con lo regulado en la ley especial (artículo 54  de la Ley Nº 23733) considerando que el demandante es un  profesor contratado de una universidad particular le son  aplicables los derechos y beneficios contenidos en la  legislación laboral de la actividad privada. Undécimo. Sobre  ello, la parte demandante, a quien le corresponde la carga de  la prueba de la prestación de servicios conforme al numeral  23.1 del artículo 23 de la Ley Nº 29497 para efectos del re  conocimiento de los derechos reclamados ha cumplido con  acreditar la prestación de servicios brindados a la demandada.  Por consiguiente, y conforme a lo alegado por la demandada  bajo los términos expresados e infracciones que se denuncian  [los cuales están dirigidos a cuestionar el acceso y  reconocimiento del trabajador como docente ordinario,  cuando esta no es la pretensión que se demanda] este  tribunal supremo no puede realizar un análisis respecto de los  beneficios sociales reconocidos por las instancias de mérito.  Por tales motivos, y con las precisiones realizadas, las  causales  examinadas  son  infundadas.  Por  estas  consideraciones, la Segunda Sala de Derecho Constitucional  y Social Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la  República: HA RESUELTO: 1. Declarar INFUNDADO el  recurso de casación interpuesto por la parte demandada,  Universidad Particular de Chiclayo, mediante escrito  presentado el doce de septiembre de dos mil diecinueve, de  fojas ciento noventa y tres a doscientos cinco. 2. NO CASAR  la sentencia de vista de veintisiete de agosto de dos mil  diecinueve, de fojas ciento ochenta y seis a ciento noventa y  uno. 3. DISPONER la publicación del texto de la presente  resolución en el Diario Oficial El Peruano conforme a lo  dispuesto en el artículo 41 de la Ley Nº 29497, Nueva Ley  Procesal del Trabajo. 4. NOTIFICAR la presente sentencia a  las partes procesales pertinentes del proceso ordinario laboral  sobre pago de beneficios sociales. S.S. ARÉVALO VELA,  TORRES GAMARRA, PINARES SILVA DE TORRE, ATO  ALVARADO, CARLOS CASAS 1  Estatuto de Universidad Particular de Chiclayo, acorde a la Ley Universitaria Nº  30220 – Res. Nº 41 5-2017-CU-UDCH, [ubicado el 07 de setiembre de 2022]  obtenido en http://docplayer.es/113420384-Universidad- particular-de-chiclayo- estatuto-acorde-a-la-ley-universitaria-n-ultima-revision-por-la-comision-ad-hoc- res-n-cu- udch.html C-2136194-440