CASACIÓN Nº 33369-2019 LIMA
Sumilla: De acuerdo al principio de favorecimiento del  proceso, ante la duda razonable sobre la procedencia o no  de la demanda, el órgano jurisdiccional de primer grado debe  continuar con el trámite de la misma, lo cual concuerda con el  artículo III del título preliminar del Código Procesal Civil. Lima, ocho de septiembre de dos mil veintidós LA QUINTA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y  SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE  JUSTICIA DE LA REPÚBLICA VISTA La causa número  treinta y tres mil trescientos sesenta y nueve guion dos mil  diecinueve, Lima, con los acompañados respectivos, en  audiencia pública llevada a cabo en la fecha, la Sala Supremaintegrada por los señores Jueces Supremos González Aguilar  (presidente), Rueda Fernández, Bustamante del Castillo,  Barra Pineda y Dávila Broncano, luego de producida la  votación con arreglo a ley, emite la siguiente sentencia: I.  Materia de recurso Se trata del recurso de casación  interpuesto por la demandante Compañía Minera Condestable  S.A., mediante escrito del diecinueve de noviembre de dos mil  diecinueve (fojas ochocientos noventa y ocho a novecientos  catorce del expediente judicial electrónico - EJE), contra el  auto de vista contenido en la resolución número diecisiete, del  veintiocho de octubre de dos mil diecinueve (fojas ochocientos  ochenta y cinco a ochocientos noventa del EJE), que confirmó  la resolución número ocho, del dos de julio de dos mil  diecinueve (fojas setecientos ochenta y cuatro a ochocientos  del EJE), que declaró nulo todo lo actuado hasta la resolución  número uno y, retrotrayendo el proceso hasta la etapa de  calificación,  declaró  improcedente  la  demanda.  II.  CONSIDERANDO  d.1. Antecedentes  administrativos  d.1.1. La administración tributaria inició un procedimiento de  fiscalización a la Compañía Minera Condestable S.A.  correspondiente al impuesto a la renta de tercera categoría  del periodo enero a diciembre de dos mil nueve. A raíz de ello,  se emitieron: i) las Resoluciones de Determinación Nº 012- 003-0048590 a Nº 012-003-0048601, por omisión a los pagos  a cuenta del referido impuesto y periodo, y ii) la Resolución de  Multa Nº 012-002-0024232, por la comisión de la infracción  tipificada en el numeral 1 del artículo 178 del Texto Único  Ordenado del Código Tributario. d.1.2. Dichos valores se  formularon sobre la base de la modificación del coeficiente  aplicable al ejercicio dos mil nueve, en tanto, a consideración  de la SUNAT, el contribuyente debió calcular dicho coeficiente  sobre la base del “impuesto calculado” establecido en la  Resolución de Determinación Nº 012-003-0026383 (emitida  por el impuesto a la renta del ejercicio dos mil ocho) y  excluyendo del “impuesto calculado” la ganancia por  diferencia de cambio. d.1.3. El cuatro de agosto de dos mil  catorce, la empresa interpuso recurso de reclamación contra  los valores acotados (foja setenta y cinco del EJE). Ante ello,  la SUNAT emitió la Resolución de Intendencia Nº  0150140011638, del veintiocho de noviembre de dos mil  catorce —sustentada en el Informe Nº 001-2014-SUNAT- 6D4100/JRS—, mediante la cual declaró fundado en parte el  mencionado recurso, y en consecuencia i) dejó sin efecto las  Resoluciones de Determinación Nº 012-003-0048590 a Nº  012-003-0048600, y ii) confirmó y ordenó proseguir con la  cobranza actualizada de la Resolución de Determinación Nº  012-003-0048601 y de la Resolución de Multa Nº 012-002- 0024232 (fojas treinta y dos a cincuenta y cinco del EJE).  d.1.4. Cabe precisar que la Resolución de Intendencia Nº  0150140011638 se sustentó en la prescripción de la acción de  la SUNAT para determinar la obligación tributaria de las  Resoluciones de Determinación Nº 012-003-0048590 a Nº  012-003-0048600 (vinculadas a los periodos enero a  noviembre de dos mil nueve). Asimismo, el extremo que  quedó subsistente se sustentó principalmente en los  siguientes argumentos: i) las ganancias por diferencias de  cambio no son ingresos; por ende, no deben considerarse en  la determinación del coeficiente aplicable para el cálculo de  los pagos a cuenta del impuesto a la renta; y ii) en la  Resolución de Determinación Nº 012-003-00263831 se  determinó un mayor impuesto a la renta del ejercicio dos mil  ocho respecto de lo declarado por el contribuyente; por tanto,  al surtir todos sus efectos y no suspenderse su ejecución,  correspondía que el área acotadora modificara el coeficiente  aplicable a los pagos a cuenta del impuesto a la renta del  periodo de diciembre de dos mil nueve. d.1.5. Por último, el  veinticuatro de diciembre de dos mil catorce, la empresa  interpuso recurso de apelación contra la citada resolución de  Intendencia (foja ciento dos del EJE), ante lo cual el Tribunal  Fiscal emitió la Resolución Nº 06274-3-2018, del veintiuno  de agosto de dos mil dieciocho, mediante la que resolvió  revocar la apelada y ordenar a la SUNAT que emita un nuevo  pronunciamiento teniendo en cuenta lo resuelto en el  Expediente Nº 7533-2012, en el que se tramita la apelación  interpuesta contra la Resolución de Intendencia Nº 015-014- 0010198, que declaró infundada la reclamación interpuesta  contra la Determinación Nº 012-003-0026383 (fojas veintiséis  a treinta del EJE), vinculada al impuesto a la renta de tercera  categoría del ejercicio dos mil ocho. d.2. Antecedentes del  proceso d.2.1. Demanda Mediante escrito del diecinueve de  diciembre de dos mil dieciocho, la empresa Compañía Minera  Condestable  S.A.  interpone  demanda  contencioso  administrativa, en la que postuló las siguientes pretensiones:  a) Pretensión principal: Se declare la nulidad parcial de la  Resolución del Tribunal Fiscal Nº 06274-3-2018, del veintiuno  de agosto de dos mil dieciocho, en el extremo que revoca la  Resolución de Intendencia Nº 0150140011638 y determina  que corresponde a la administración tributaria emitir nuevopronunciamiento, considerando el resultado del procedimiento  contencioso administrativo relacionado a los reparos al  impuesto a la renta del ejercicio dos mil ocho. b) Primera  pretensión accesoria: Se declare la nulidad total de la  Resolución de Intendencia Nº 0150140011638, de la  Resolución de Determinación Nº 012-003-0048601 y de la  Resolución de Multa Nº 012-002-0024232. c) Segunda  pretensión accesoria: Se ordene a la SUNAT que cumpla  con devolver a la demandante todos los montos que esta le  hubiere abonado para el pago de la deuda tributaria  relacionada a la Resolución de Determinación Nº 012-003- 0048601 y la Resolución de Multa Nº 012-002-0024232, más  los intereses de ley, calculados hasta la fecha efectiva de  devolución por parte de SUNAT. d.2.2. Los argumentos  principales que sustentan la demanda son los siguientes: a)  En la Resolución del Tribunal Fiscal Nº 06274-3-2018  únicamente se indicó que la administración debía emitir una  nueva resolución a partir de lo que se disponga en la decisión  que este mismo emitiría en el procedimiento seguido contra la  Resolución de Determinación Nº 012-003-0026383 (emitida  con base en los reparos al impuesto a la renta del ejercicio  dos mil ocho). No obstante, dicho Tribunal desconoció e  inaplicó injustificadamente el precedente vinculante contenido  en la Casación Nº 4392-2013-Lima, omitiendo declarar la  invalidez del cobro de intereses y sanciones relacionado al  ejercicio dos mil nueve. b) De acuerdo al artículo 85 del Texto  Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta, el cálculo  para determinar el monto del pago a cuenta se hace  considerando lo declarado en el ejercicio anterior o precedente  al anterior, dependiendo de si se aplica el sistema de  coeficiente o el de porcentajes. Asimismo, para el cálculo de  dicho coeficiente se utiliza la definición y cuantía de dos  elementos: el impuesto calculado y los ingresos netos del  ejercicio anterior o del precedente al anterior. Sin embargo, la  SUNAT no ha considerado que la información que se toma  como referencia es aquella que posee el contribuyente al  momento de determinar el anticipo o pago cuenta —que  consta en la declaración jurada anual y surte sus efectos  jurídicos de forma válida y eficaz—. Por tanto, al aplicar de  forma extensiva e irrazonable la norma citada y el artículo 34  del Texto Único Ordenado del Código Tributario, se ha  vulnerado el principio de legalidad. c) El artículo 34 del Texto  Único Ordenado del Código Tributario hace referencia al  devengo de intereses moratorios por no pagar de forma  oportuna los “pagos a cuenta”. Dicha norma no admite ni  prevé el cobro de intereses en caso la “omisión” al pago a  cuenta se origine en la modificación ulterior o posterior de los  factores que resultaban válidos a la fecha de vencimiento del  anticipo. d) El alcance o finalidad de la regla jurídica de  observancia obligatoria contenida en la Casación Nº 4392- 2013-Lima consistente en establecer la prevalencia de una  interpretación literal del artículo 34 del Texto Único Ordenado  del Código Tributario y del inciso a) del artículo 85 del Texto  Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta. Por tal  motivo, no cabe el cobro de intereses moratorios por ningún  concepto que no esté literalmente establecido en las normas.  Además, este precedente ha sido aplicado en distintas  oportunidades por el Poder Judicial, por lo que es plenamente  aplicable al caso concreto. e) Si bien en la citada jurisprudencia  se resuelve un caso en el que se presentó una declaración  jurada rectificatoria del impuesto a la renta, claramente no  existe en el presente caso un elemento diferenciador. Por el  contrario, con mayor razón resultaría aplicable, ya que la  modificación de la determinación anual del tributo se originó  por un acto de la propia administración tributaria. De esto  modo, la inaplicación de la acotada sentencia casatoria  supone la vulneración del principio de igualdad y el derecho a  no ser discriminado en su vertiente de “igualdad en la  aplicación de la ley”. f) Por último, el Tribunal Fiscal se  encontraba obligado a cumplir el precedente vinculante  contenido en la Casación Nº 4392-2013-Lima a fin de  preservar el derecho y garantía a la seguridad jurídica; sin  embargo, al no hacerlo, no solo vulneró la seguridad jurídica,  sino que desestabilizó notoriamente el ordenamiento en  materia tributaria y contravino el artículo 4 de la Ley Orgánica  del Poder Judicial, que establece que: “Toda persona y  autoridad está obligada a acatar y dar cumplimiento a las  decisiones judiciales […], emanadas de autoridad judicial  competente”. d.2.3. La demanda es admitida a trámite  mediante resolución número tres (fojas seiscientos treinta y  dos a seiscientos treinta y cinco del EJE). Es contestada por  los codemandados SUNAT y Tribunal Fiscal (fojas seiscientos  cuarenta y seis a seiscientos setenta y ocho, y setecientos  tres a setecientos veinticuatro del EJE, respectivamente).  d.2.4. Auto de saneamiento procesal que declara la  improcedencia de la demanda El Vigésimo Primer  Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo  con Subespecialidad Tributaria y Aduanera de la CorteSuperior de Justicia de Lima emitió la resolución número  ocho, del dos de julio de dos mil diecinueve (fojas setecientos  ochenta y cuatro a ochocientos del EJE), mediante la cual  declaró nulo todo lo actuado hasta la resolución número uno  y, retrotrayendo el proceso hasta la etapa de calificación,  declaró  improcedente  la  demanda.  Los  argumentos  principales que sustentaron la decisión del Juzgado son los  siguientes: a) Conforme al artículo 148 de la Constitución  Política del Perú, si se pretende impugnar en vía judicial un  acto administrativo, este debe haber agotado la vía  administrativa y debe haber causado estado. Estas son dos  figuras del derecho administrativo que, aunque relacionadas  una a la otra, son distintas. b) El agotamiento de la vía  administrativa es una facultad que corresponde solo al  administrado, quien la ejerce mediante la interposición de los  recursos administrativos previstos en la Ley Nº 27444.  Asimismo, ello se configura cuando el recurso está dirigido a  la última instancia administrativa y siempre que se interponga  dentro del plazo de ley. c) El causar estado significa que el  acto administrativo pone fin al procedimiento administrativo,  porque i) contra dicha actuación ya no proceden más recursos  administrativos, y ii) con la firmeza del acto ya está expedita  para su ejecución en la vía administrativa y/o su archivamiento  definitivo, por lo que ya no proceden más recursos  administrativos. d) Un acto administrativo no pone fin al  procedimiento (es decir, no causa estado), cuando i) el  administrado tiene aún expedito el derecho de recurrir vía la  interposición de recursos administrativo que la ley le franquea,  y ii) pese a haber agotado la vía administrativa, lo resuelto por  el órgano administrativo de última instancia administrativa  ordene rehacer o subsanar un vicio cometido por el inferior  jerárquico. e) Según el numeral 206.2 del artículo 206 de la  Ley Nº 27444, son impugnables en vía administrativa i) los  actos definitivos que ponen fin a la instancia, y ii) los actos de  trámite siempre y cuando determinen la imposibilidad de  continuar el procedimiento o produzcan indefensión. No se  contemplan otros actos de trámite no previstos en el primer  párrafo de dicha norma. f) En vía judicial, se exige que la  demanda sea interpuesta contra un acto administrativo  definitivo. Sin embargo, como consecuencia de lo resuelto por  el Tribunal Fiscal en su Resolución Nº 06274-3-2018, la  resolución de Intendencia ya no existe y queda pendiente que  el recurso de reclamación interpuesto sea resuelto. Por tanto,  aún no existe resolución administrativa que cause estado o  cierre de manera definitiva el procedimiento contencioso  tributario que se inició en mérito a los reparos al impuesto a la  renta del ejercicio dos mil nueve. g) El recurso administrativo  de apelación que dio lugar a la Resolución del Tribunal Fiscal  Nº 06274-3-2018 podrá ser considerado como uno que agotó  la vía administrativa; sin embargo, el pronunciamiento  administrativo que se emitió en virtud de tal recurso no causa  estado; por el contrario, genera implícitamente que se  retrotraigan las cosas al estado anterior en que se cometió el  vicio. h) Por último, la Resolución del Tribunal Fiscal Nº  06274-3-2018 no puede considerarse un acto de trámite  regulado en el primer párrafo del numeral 206.2 del artículo  206 de la Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo  General, en tanto no determina la imposibilidad de continuar  el procedimiento. Tampoco produce indefensión, ya que la  empresa contribuyente podrá hacer efectivo su derecho de  defensa cuando se resuelva de manera definitiva por parte de  la administración tributaria el recurso de reclamación  interpuesto contra los valores girados por el impuesto a la  renta del ejercicio dos mil nueve. Así, hasta que no se emita  pronunciamiento definitivo sobre la reclamación interpuesta  contra la Resolución de Determinación Nº 012-003-0048601 y  la Resolución de Multa Nº 012-002-0024232, no ha de existir  interés para obrar. i) Lo analizado es causal de improcedencia  de la demanda previsto en el inciso 7 del artículo 22 del Texto  Único Ordenado de la Ley Nº 27584 – Ley que Regula el  Proceso Contencioso Administrativo, concordante con el  inciso 2 del artículo 427 del Código Procesal Civil. d.2.5. Auto  de vista Luego de la apelación interpuesta por la demandante  contra la acotada resolución (fojas ochocientos dos a  ochocientos once del EJE), la Sexta Sala Especializada en  lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad  Tributaria y Aduanera de la Corte Superior de Justicia de  Lima emitió la resolución número diecisiete, del veintiocho de  octubre de dos mil diecinueve (fojas ochocientos ochenta y  cinco a ochocientos noventa del EJE), mediante la cual  confirmó la resolución número ocho. Los principales  argumentos del colegiado superior fueron los siguientes: a) El  artículo 148 de la Constitución Política del Perú tiene por  finalidad el control jurídico por el Poder Judicial de las  actuaciones de la administración pública sujetas al derecho  administrativo y la efectiva tutela de los derechos e intereses  de los administrados. Esta última se ejercita mediante  demanda que debe reunir los requisitos generales previstosen los artículos 424 y 425 del Código Procesal Civil, y no  incurrir en las causales de improcedencia previstas en el  artículo 427 del citado cuerpo normativo, concordante con el  artículo 23 del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584 - Ley  que Regula el Proceso Contencioso Administrativo. b) Según  las normas acotadas y los artículos 218 (numeral 218.1) y 186  (numeral 186.1) de la Ley Nº 27444, para acceder al proceso  contencioso administrativo se requiere que previamente se  haya agotado la vía administrativa, esto es, que dentro del  propio procedimiento administrativo el administrado no solo  haya agotado el recurso que la ley le franquea para conseguir  pronunciamiento de las instancias administrativas, sino que la  resolución que impugna constituya un pronunciamiento  definitivo por parte de la administración sobre el fondo de lo  que se contienda, siendo imposible de recurrir mediante algún  recurso impugnatorio administrativo. c) La Resolución del  Tribunal Fiscal Nº 06274-3-2018 no resolvió el fondo de la  controversia, debido a que estaba pendiente que se resuelva  el trámite referido a la Resolución de Determinación Nº 012- 003-0026383, emitida por el impuesto a la renta del ejercicio  dos mil ocho; dado que el pronunciamiento a expedir iba a  incidir en la determinación del coeficiente del pago a cuenta  del impuesto a la renta del ejercicio dos mil nueve. Así las  cosas, al no existir un pronunciamiento sobre el fondo de la  controversia, el acto administrativo impugnado no causa  estado y, por ende, no perjudica a la demandante. d) La  pretensión de la demanda no cumple con el requisito  establecido en el artículo 20 del Texto Único Ordenado de la  Ley Nº 27584 - Ley que Regula el Proceso Contencioso  Administrativo.  Por  tal  motivo,  corresponde  declarar  improcedente la demanda, a tenor de lo dispuesto en el  numeral 3 del artículo 23 de la citada ley, por la causal de falta  de agotamiento de la vía administrativa que, en los términos  del inciso 2 del artículo 427 del Código Procesal Civil —de  aplicación supletoria—, configura la causal de falta de interés  para obrar. e) Por último, en el expediente administrativo obra  la Resolución de Intendencia Nº 0150150001776, del cinco de  noviembre de dos mil dieciocho, emitida en cumplimiento del  mandato de la Resolución del Tribunal Fiscal Nº 06274-3- 2018. En dicha resolución, se realizó la reliquidación de la  deuda tributaria contenida en la Resolución de Determinación  Nº 012-003-0048601 y en la Resolución de Multa Nº 012-002- 0024232, teniendo como referencia la Resolución Nº 05426- 9-2018, en la que se resolvió lo correspondiente al impuesto a  la renta del ejercicio dos mil ocho. Por tanto, ello confirma que  la Resolución del Tribunal Fiscal Nº 06274-3-2018 no agotó la  vía administrativa. d.3. Causales del recurso de casación  Mediante auto calificatorio del tres de agosto de dos mil veinte  (fojas ciento sesenta y ocho a ciento setenta y uno del  cuaderno de casación), se declaró procedente el recurso de  casación interpuesto por la demandante Compañía Minera  Condestable S.A., conforme al siguiente detalle: a) Infracción  normativa del inciso 3 del artículo 139 (referido al derecho  fundamental de tutela jurisdiccional efectiva), y del artículo  148 de la Constitución Política del Perú (referido a las  resoluciones que causan estado) b) Infracción normativa por  inaplicación del inciso 3 del artículo 2 del Texto Único  Ordenado de la Ley que Regula el Procedimiento Contencioso  Administrativo, referido al principio de favorecimiento del  proceso que rige el proceso contencioso administrativo d.4.  Delimitación de la materia controvertida Por lo expuesto,  es materia de grado analizar la fundabilidad del recurso de  casación, presentado por la demandante Compañía Minera  Condestable S.A., respecto de las infracciones normativas  declaradas procedentes. Para ello, se tendrá en cuenta que la  cuestión controvertida analizada por las instancias de mérito  se ha circunscrito a determinar si la Resolución del Tribunal  Fiscal Nº 06274-3-2018 cumple el requisito de causar estado.  En esa misma línea, partiendo de las facultades de esta Sala  Suprema, debe quedar claro que, al analizarse las causales  denunciadas por la empresa recurrente, corresponde  absolverlas en función de la cuestión controvertida referida y  sin realizar labor valorativa de las pruebas actuadas y los  aspectos fácticos acontecidos. III. FUNDAMENTOS DE ESTA  SALA SUPREMA Primero: Normas jurídicas aplicables2  1.1. Constitución Política del Perú de mil novecientos  noventa  y  tres:  Artículo  148.-  Acción  contencioso- administrativa Las resoluciones administrativas que causan  estado son susceptibles de impugnación mediante la acción  contencioso administrativa. 1.2. Texto Único Ordenado de la  Ley Nº 27584 - Ley que Regula el Proceso Contencioso  Administrativo, aprobado por Decreto Supremo Nº 013- 2008-JUS, publicado el veintinueve de agosto de dos mil  ocho:  Artículo  1.-  Finalidad  La  acción  contencioso  administrativa prevista en el Artículo 148 de la Constitución  Política tiene por finalidad el control jurídico por el Poder  Judicial de las actuaciones de la administración pública  sujetas al derecho administrativo y la efectiva tutela de losderechos e intereses de los administrados. Para los efectos  de esta Ley, la acción contencioso administrativa se  denominará proceso contencioso administrativo. Artículo 2.-  Principios El proceso contencioso administrativo se rige por  los principios que se enumeran a continuación y por los del  derecho procesal, sin perjuicio de la aplicación supletoria de  los principios del derecho procesal civil en los casos en que  sea compatible: […] 2. Principio de igualdad procesal.- Las  partes en el proceso contencioso administrativo deberán ser  tratadas con igualdad, independientemente de su condición  de entidad pública o administrado. 3. Principio de  favorecimiento del proceso.- El Juez no podrá rechazar  liminarmente la demanda en aquellos casos en los que por  falta de precisión del marco legal exista incertidumbre  respecto del agotamiento de la vía previa. Asimismo, en caso  de que el Juez tenga cualquier otra duda razonable sobre la  procedencia o no de la demanda, deberá preferir darle trámite  a la misma. […] Artículo 20.- Agotamiento de la vía  administrativa Es requisito para la procedencia de la demanda  el agotamiento de la vía administrativa conforme a las reglas  establecidas en la Ley de Procedimiento Administrativo  General o por normas especiales. 1.3. Texto Único Ordenado  de la Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo  General, aprobado por Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS,  publicado el veinticinco de enero de dos mil diecinueve:  Artículo 222.- Acto firme3 Una vez vencidos los plazos para  interponer los recursos administrativos se perderá el derecho  a articularlos quedando firme el acto. Artículo 228.-  Agotamiento de la vía administrativa4 228.1 Los actos  administrativos que agotan la vía administrativa podrán ser  impugnados ante el Poder Judicial mediante el proceso  contencioso administrativo a que se refiere el artículo 148 de  la Constitución Política del Estado. 228.2 Son actos que  agotan la vía administrativa: a) El acto respecto del cual no  proceda legalmente impugnación ante una autoridad u órgano  jerárquicamente superior en la vía administrativa o cuando se  produzca silencio administrativo negativo, salvo que el  interesado opte por interponer recurso de reconsideración, en  cuyo caso la resolución que se expida o el silencio  administrativo producido con motivo de dicho recurso  impugnativo agota la vía administrativa; o b) El acto expedido  o el silencio administrativo producido con motivo de la  interposición de un recurso de apelación en aquellos casos en  que se impugne el acto de una autoridad u órgano sometido a  subordinación jerárquica; o c) El acto expedido o el silencio  administrativo producido con motivo de la interposición de un  recurso de revisión, únicamente en los casos a que se refiere  el artículo 218; o d) El acto que declara de oficio la nulidad o  revoca otros actos administrativos en los casos a que se  refieren los artículos 213 y 214; o e) Los actos administrativos  de los Tribunales o Consejos Administrativos regidos por  leyes  especiales.  Segundo:  Recurso  de  casación  interpuesto por la empresa demandante Compañía Minera  Condestable S.A. Según lo establecido en el artículo 384 del  Código Procesal Civil, modificado por el artículo 1 de la Ley Nº  29364, el recurso de casación tiene por fines esenciales la  adecuada aplicación del derecho objetivo al caso concreto y  la uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte  Suprema de Justicia (finalidad nomofiláctica y uniformizadora,  respectivamente), aspecto precisado por las Casaciones Nº  4197- 2007/La Libertad y Nº 615-2008/Arequipa5. Por tanto,  esta Sala Suprema, sin constituirse en una tercera instancia  procesal, debe cumplir su deber de pronunciarse acerca de  los fundamentos de los recursos por las causales declaradas  procedentes. Asimismo, considerando que en el recurso de  casación objeto de análisis se formularon dos infracciones  normativas contra normas de carácter procesal (error in  procedendo),  que  han  sido  declaradas  procedentes,  corresponde analizarlas en el orden en que fueron propuestas,  modificando ligeramente su redacción —para un mejor  entendimiento—, pero atendiendo la integridad de los  fundamentos que las sustentan. Tercero: Análisis de la  infracción normativa de carácter procesal de los artículos  139 (numeral 3) y 148 de la Constitución Política del Perú.  d.1. Los argumentos esbozados por la empresa recurrente  para sustentar la acotada causal son los siguientes: a) La  Sala Superior realizó un análisis absolutamente errado y  superficial de la controversia, al confirmar la improcedencia  de la demanda por concluir que la resolución del Tribunal  Fiscal no resolvió el fondo de la controversia —al estar  pendiente la conclusión del procedimiento administrado  referido al cálculo del impuesto a la renta del ejercicio dos mil  ocho—. Por tanto, se determinó que no se cumplió con el  requisito de causar estado y que, por ende, la demandante  carecía de interés para obrar. Ello significa la transgresión de  las siguientes normas: i) el inciso 3 del artículo 139 y el  artículo 148 de la Constitución Política del Perú, ii) el artículo  I del título preliminar del Código Procesal Civil, y iii) el numeral2 del artículo 218 de la Ley Nº 27444. b) No se ha considerado  que el Tribunal Fiscal decidió que sí correspondía el cobro de  los intereses moratorios por el pago a cuenta del mes de  diciembre del impuesto a la renta del ejercicio dos mil nueve,  a pesar de la existencia del precedente vinculante contenido  en la Casación Nº 4392-2013-Lima. De modo que, si el  Tribunal hubiera aplicado tal jurisprudencia, no habría  ordenado a la SUNAT sujetarse a lo resuelto en el  procedimiento referido al impuesto a la renta del ejercicio dos  mil ocho; por el contrario, habría determinado la invalidez del  cobro de intereses y sanciones imputados a través de la  Resolución de Determinación Nº 012-003-0048601 y de la  Resolución de Multa Nº 012-002-0024232. c) La resolución  impugnada sí causó estado al decidir en última instancia  administrativa la procedencia del cobro de intereses  moratorios del pago a cuenta del mes de diciembre del  ejercicio dos mil nueve, en virtud del recálculo del impuesto a  la renta del ejercicio dos mil ocho. Por tanto, es evidente que  la demandante tenía interés para obrar al momento de  interponer la demanda contencioso administrativa. d) La  apelación en etapa de cumplimiento se circunscribió al cálculo  de los intereses; no obstante, en dicho momento ya no estaba  en discusión la procedencia del cobro de tales intereses  moratorios. En la Resolución del Tribunal Fiscal Nº 01397-3- 2019 se indicó que: “en etapa de cumplimiento, la facultad  para re-liquidar la deuda tributaria está limitada a los  parámetros establecidos por este colegiado debiendo la  Administración limitarse a dar cumplimiento a lo resuelto por  éste”. Incluso en dicha resolución se reconoció la existencia  del presente proceso judicial y que la Resolución del Tribunal  Fiscal Nº 06274-3-2018 agotó la vía administrativa (al  confirmar la validez del reparo hecho por la SUNAT). d.2. Al  respecto, es pertinente precisar que los argumentos  expuestos en los literales b) y d) de este apartado no se  condicen con la tesis de defensa que la recurrente sostiene,  dirigida a denunciar la infracción de los artículos 139 (numeral  3) y 148 de la Constitución Política del Perú. Por el contrario,  de los argumentos contenidos en los acotados literales, se  advierte que la casacionista cuestiona la resolución del fondo  de la controversia en vía administrativa. No obstante, este  Tribunal Supremo no puede pronunciarse sobre dicho  extremo porque las instancias de mérito no han analizado el  fondo de la cuestión litigiosa. En ese sentido, carece de objeto  ahondar en el análisis de tales argumentos. d.3. La causal  denunciada está referida propiamente a los derechos al  debido proceso y a la tutela jurisdiccional efectiva, por lo que  es pertinente recurrir a la regulación expresa del numeral 3  del artículo 139 de la Carta Magna, que a la letra dice:  Ninguna persona puede ser desviada de la jurisdicción  predeterminada por la ley, ni sometida a procedimiento  distinto de los previamente establecidos, ni juzgada por  órganos jurisdiccionales de excepción ni por comisiones  especiales creadas al efecto, cualquiera sea su denominación.  En el desarrollo doctrinal del derecho al debido proceso se  concibe una subdivisión y diferenciación entre el “debido  proceso sustancial” y el “debido proceso procesal”. El primero  exige que todos los actos de poder, como normas jurídicas,  actos administrativos o resoluciones judiciales inclusive, sean  justos, es decir, razonables y respetuosos de los valores  superiores, de los derechos fundamentales y de los demás  bienes jurídicos constitucionalmente protegidos. Por su parte,  el debido proceso procesal está conformado por el conjunto  de derechos esenciales que impiden que la libertad y los  derechos de los individuos sucumban ante la ausencia o  insuficiencia de un proceso o procedimiento, o se vean  afectados por cualquier sujeto de derecho, incluido el Estado6.  El Tribunal Constitucional se ha pronunciado sobre este  derecho en distintas oportunidades. Citemos, por ejemplo, la  sentencia recaída en el Expediente Nº 2521-2005-PHC/TC,  del veinticuatro de octubre de dos mil cinco: […] 5. En lo que  respecta al derecho al debido proceso, reconocido en el inciso  3) del artículo 139 de la Constitución, cabe señalar que dicho  atributo fundamental forma parte del “modelo constitucional  del proceso”, cuyas garantías mínimas deben ser respetadas  para que el proceso pueda considerarse debido. En ese  sentido, la exigencia de su efectivo respeto no solo tiene  que ver con la necesidad de garantizar a todo justiciable  determinadas garantías mínimas cuando este participa  en un proceso judicial sino también con la propia validez de  la configuración del proceso, cualquiera que sea la materia  que en su seno se pueda dirimir […] [Énfasis nuestro] De la  regulación contenida en el numeral 3 del artículo 139 de la  Constitución y de la interpretación del Tribunal Constitucional,  se desprende que la norma constitucional estaría referida solo  al debido proceso procesal. En la sentencia recaída en el  Expediente Nº 2940-2002-HC/TC, el máximo intérprete de la  Constitución, señaló: […] 2. […] El debido proceso, reconocido  en el artículo 139, inciso 3), de la Constitución vigente, es unagarantía procesal compuesta de un conjunto de principios  y presupuestos procesales mínimos que debe reunir todo  proceso para asegurar al justiciable la certeza, justicia y  legitimidad de su resultado. 3. El derecho al debido proceso  dota, a quien es parte del mismo, de una serie de garantías  esenciales durante su inicio, tramitación y conclusión.  Estos derechos esenciales, sin ser taxativos, son los siguiente:  de defensa, publicidad del proceso, a ser asistido y  defendido por abogado, derecho a impugnar, derecho a la  prueba, derecho a una justicia sin dilaciones indebidas y  derecho a un juez imparcial. [Énfasis nuestro] El derecho al  debido proceso en otro ámbito distinto al judicial abarca el  principio del debido procedimiento administrativo, regulado  expresamente en la Ley Nº 27444, por el cual se les concede  a los administrados derechos y garantías implícitos a un  procedimiento regular y justo. En palabras de Morón Urbina7:  “El principio del debido procedimiento constituye una garantía  general de los ciudadanos que ha sido introducida al  Derecho administrativo primero por la jurisprudencia,  derivándola del derecho natural y de los tratados  internacionales de derechos humanos” (énfasis nuestro). De  ahí que el debido procedimiento se asemeje al debido  proceso, porque comprende al conjunto de garantías que se  ofrecen al administrado frente a la administración pública,  dentro de un procedimiento administrativo. Estas garantías  han sido estudiadas por el jurista Brewer-Carías8, quien,  luego de un análisis comparativo de diversas legislaciones  latinoamericanas, enumera como las principales garantías del  debido procedimiento: i) el principio del contradictorio; ii) el  derecho a la defensa; iii) el principio de la gratuidad; iv) el  principio de la motivación de los actos administrativos; v) el  principio de la confianza legítima; y vi) el tema de la garantía  de la tutela judicial efectiva y su relación con el principio del  agotamiento de la vía administrativa. En suma, se colige que  el debido proceso implica el respeto, dentro de todo proceso  judicial, de los derechos y garantías mínimas con que debe  contar todo justiciable, para que una causa pueda tramitarse  y resolverse en justicia. d.4. De la lectura integral de los  demás argumentos que sustentan la causal casatoria  denunciada (literales a y c), se desprende que la recurrente  alega la vulneración de sus derechos al debido proceso y a la  tutela jurisdiccional por la interpretación errónea y superficial  del artículo 148 de la Constitución Política del Perú que realizó  la Sala Superior para concluir que la Resolución del Tribunal  Fiscal Nº 06274-3-2018 no cumple con el requisito de causar  estado y, por ende, la empresa demandante carece de interés  para obrar. En ese sentido, pese a que el numeral 3 del  artículo 139 de la norma constitucional —al regular la  observancia de los derechos al debido proceso y tutela  jurisdiccional— se relaciona con el derecho a la motivación de  las resoluciones judiciales, este extremo del recurso de  casación se analizará a partir de los argumentos expuestos  por la empresa recurrente, por lo cual se debe establecer si el  requisito de “causar estado” previsto en el artículo 148 de la  Carta Magna fue debidamente interpretado por la Sala  Superior. d.5. Sobre las resoluciones administrativas que  causan estado El artículo 148 de la Constitución Política del  Perú regula los primeros alcances del proceso contencioso  administrativo y establece de forma expresa que el acceso a  dicho proceso judicial se sujeta a la condición o cumplimiento  de  un  requisito  de  las  resoluciones  administrativas  impugnadas: causar estado. En el artículo 1 del Texto Único  Ordenado de la Ley Nº 27584 - Ley que Regula el Proceso  Contencioso Administrativo, aprobado por Decreto Supremo  Nº 013-2008-JUS, también se hace alusión a dicha condición  o requisito. En él se establece que la finalidad del proceso  contencioso administrativo es: “[…] el control jurídico por el  Poder Judicial de las actuaciones de la administración pública  sujetas al derecho administrativo y la efectiva tutela de los  derechos e intereses de los administrados. […]”. Además,  según se ha explicado en la Sentencia de Casación Nº 13935- 2013 Callao9: […] el sistema de control jurídico que representa  el proceso contencioso administrativo tiene […] dentro de  nuestro marco normativo, una vocación de marcada  exclusividad, en la medida que la fiscalización a las  actuaciones de la Administración deberá ser ejercida por  el  Poder  Judicial  dentro  del  proceso  contencioso  administrativo, en atención al artículo 3 de la Ley Nº 27584,  salvo los casos en los que se encuentre reconocida para el  interesado la posibilidad de recurrir a los procesos  constitucionales […]. [Énfasis nuestro] Así las cosas, el  acceso al sistema de control jurisdiccional de las resoluciones  administrativas, consagrado en nuestra Carta Magna, se  encuentra constitucionalmente garantizado en todos los  casos en los que se produzcan actos administrativos que  causan estado. Según Aníbal Quiroga León10 la naturaleza  jurídica de la acción contencioso administrativa se centra en  el concepto de “causar estado”: “[…] en tanto define a losactos y hechos de la administración de efecto y carácter  subjetivo y particular sobre los administrados (le causan  status jurídico en su esfera de intereses, le afectan el status  jurídico de sus derechos subjetivos) […]”. d.6. Existen  diversos pronunciamientos de la Corte Suprema respecto a  los alcances del concepto “causar estado”. Se puede  mencionar, por ejemplo, la Sentencia de Casación Nº 336- 2016, emitida por la Tercera Sala de Derecho Constitucional y  Social Transitoria, en la cual se indicó que: […] el término  “causar estado”, no solo implica el agotamiento de la vía  administrativa, sino también la decisión definitiva de la  Administración,  por  ello  para  que  una  resolución  administrativa cause estado se requiere que esta emita un  pronunciamiento de fondo, agote la vía administrativa y no  sea pasible de impugnación en su jurisdicción. [Énfasis  nuestro] En dicho pronunciamiento, también se hizo referencia  a la Sentencia de Casación Nº 6733-2013 Lima (fundamento  décimo), en el que se expresó el siguiente razonamiento: […]  el solo hecho de haberse agotado la posibilidad de ejercer  recursos administrativos contra un acto de Administración […]  no lo convierte per se en uno susceptible de impugnación a  través  del  proceso  contencioso  administrativo,  independientemente del contenido mismo […] si la actuación  administrativa es únicamente interina o incidental dentro de  un procedimiento administrativo, deberá mantenerse todavía  vigente la potestad de la Administración Pública para decidir  respecto a ella hasta que su decisión adquiera carácter  decisivo, en tanto -claro está- que no existan circunstancias  que ameriten dejar de lado esta regla”; en consecuencia, se  advierte que el término “causar estado”, no solo implica el  agotamiento de la vía administrativa, sino también la decisión  definitiva de la Administración, por ello para que una resolución  administrativa cause estado se requiere que esta emita un  pronunciamiento de fondo, agote la vía administrativa y no  sea pasible de impugnación en su jurisdicción. d.7. El profesor  Ramón Huapaya Tapia11, al citar al jurista Danós Ordoñez,  señala respecto del acto administrativo que causa estado, lo  siguiente: […] acto administrativo que ‘cause estado’ es aquél  que agota o pone fin a la vía administrativa porque fija de  manera definitiva la voluntad de la administración,  constituye la manifestación final de la acción administrativa,  debiendo entenderse que ello ocurre cuando se ha llegado al  funcionario superior con competencia para decidir en definitiva  sobre el acto impugnado, por lo que únicamente podría ser  objeto de cuestionamiento ante el Poder Judicial. [Énfasis  nuestro] Sin embargo, hacer referencia al concepto “causar  estado” no solo implica una condición procedimental que  impida el cuestionamiento de los actos administrativos  emitidos por la administración pública, sino —en un sentido  más amplio—, supone la necesidad de que dicho acto  administrativo haya sido causante de una modificación en la  esfera jurídica del administrado. Así lo considera también  Quiroga León12, quien refiere que la afectación de los  derechos subjetivos o particulares de los administrados (o  ciudadanos) les otorga legitimidad activa para recurrir al  Poder Judicial. d.8. De ahí que, el concepto “causar estado”  debe ser entendido como la condición que adquieren las  resoluciones administrativas cuando ya no es posible ejercer  contra ellas ninguno de los recursos administrativos previstos  en la ley para obtener su modificación o anulación. En estos  casos, al producirse el agotamiento de la vía administrativa, lo  decidido por la administración ya no podrá ser objeto de  impugnación ante sus propios órganos. Precisamente el  artículo 22813 del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444 -  Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado  por Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS, parte de tal premisa,  al establecer en su numeral 228.1 que los actos administrativos  que agotan la vía administrativa podrán ser impugnados ante  el Poder Judicial mediante proceso contencioso administrativo.  d.9. En ese orden de ideas, se advierte que en la Resolución  del Tribunal Fiscal Nº 06274-3-2018 se resolvió revocar la  Resolución de Intendencia Nº 0150140011638 y ordenar a  la SUNAT que emita un nuevo pronunciamiento teniendo  en cuenta lo resuelto en el Expediente Nº 7533-2012, en el  que se tramitó la apelación interpuesta contra la Resolución  de Intendencia Nº 015-014-0010198, que declaró infundada  la reclamación interpuesta contra la Determinación Nº 012- 003-0026383, vinculada al impuesto a la renta de tercera  categoría del ejercicio dos mil ocho. Sin embargo, el mandato  ordenado por el Tribunal Fiscal no significó que el  procedimiento administrativo haya regresado a la etapa de  reclamación y que, por ende, la administración tributaria se  encontrase obligada a analizar nuevamente el recurso de  reclamación interpuesto por la empresa demandante en su  oportunidad contra las Resoluciones de Determinación Nº  012-003-0048590 a Nº 012-003-0048601, y la Resolución de  Multa Nº 012-002-0024232. d.10. Por el contrario, al emitir el  acto administrativo (impugnado en el presente proceso) elTribunal Fiscal decidió de forma definitiva y concluyente que,  en el caso concreto, correspondía que el procedimiento  contencioso administrativo tributario —por impuesto a la renta  del ejercicio dos mil nueve— se sujete a lo que se resolviese  en el procedimiento contencioso administrativo tributario — por impuesto a la renta del ejercicio dos mil ocho—. Por tanto,  en virtud a lo dispuesto en el artículo 15614 del Texto Único  Ordenado del Código Tributario, la SUNAT estaba obligada a  cumplir con lo dispuesto a la Resolución del Tribunal Fiscal Nº  06274-3-2018,  lo  cual  no  significa  que  el  nuevo  pronunciamiento de la administración pública eventualmente  se modifique, porque la decisión respecto a la resolución de la  cuestión litigiosa ya había sido determinada por el Tribunal  Fiscal. d.11. De esta forma, tanto el Juzgado como la Sala  Superior  no  han  considerado  que  las  resoluciones  administrativas impugnadas por la empresa Compañía Minera  Condestable S.A. no son recurribles en la vía previa (mediante  la interposición de recursos administrativos) y que la decisión  que estas contienen afecta los intereses jurídicos y derechos  de dicha empresa. Además, las instancias de mérito no han  tenido en cuenta que en la Resolución de Intendencia Nº  0150140011638 se ordenó: i) dejar sin efecto las Resoluciones  de Determinación Nº 012-003-0048590 a Nº 012-003- 0048600, y ii) confirmar y proseguir con la cobranza  actualizada de la Resolución de Determinación Nº 012-003- 0048601, así como de la Resolución de Multa Nº 012-002- 0024232; y, precisamente, las resoluciones administrativas  que proseguirían su cobranza han sido impugnadas en la  demanda incoada por la empresa accionante. Por lo que, es  evidente la configuración del interés para obrar al momento  de interponer la demanda contencioso administrativa. d.12.  En los términos desarrollados precedentemente, se colige  que la Resolución del Tribunal Fiscal Nº 06274-3-2018  contiene un pronunciamiento de fondo que afecta la esfera  jurídica de la empresa demandante, por lo que, en sede  administrativa, sí ha causado estado conforme a lo establecido  en el artículo 148 de la Constitución Política del Perú,  concordado con lo dispuesto en el artículo 1 del Texto Único  Ordenado de la Ley Nº 27584 - Ley que Regula el Proceso  Contencioso Administrativo. En suma, la actora tenía  habilitada la vía judicial para cuestionar lo decidido en  instancia administrativa. d.13. En la Sentencia de Casación  Nº 2585-2017, emitida por la Sala de Derecho Constitucional  y Social Permanente de la Corte Suprema, se resolvió un  caso similar. Resalta el fundamento que se cita a continuación:  […] 3.6. Considerando lo invocado, estamos frente a una  resolución (RTF Nº 18739 4-2013) que en esa misma sede  administrativa ha causado estado, no teniendo ante tal  circunstancia la casante otra vía que la de impugnación  judicial para que se determine la pertinencia o no de la  legalidad del cobro que reclama. En ese sentido, al haberse  establecido en la Resolución del Tribunal Fiscal que se  pronuncia revocando la Resolución de Intendencia Nº  0150140006705, a efecto de que proceda conforme a lo  anotado en el párrafo precedente, esto es, deberá recalcular  el Impuesto a la Renta del ejercicio dos mil uno, por lo que,  se determina que esta resolución ha causado estado  conforme a lo establecido en el artículo 148 de la  Constitución Política del Estado, concordado con el  artículo 1 de la Ley Nº 27584; toda vez que dicha decisión  no puede ser cuestionada en sede administrativa; en  consecuencia la parte recurrente sí cuenta con interés para  promover una demanda contencioso administrativa. [Énfasis  nuestro] d.14. No es necesario citar otros pronunciamientos  de la Corte Suprema, en tanto son de público conocimiento y  de fácil acceso para cualquier persona interesada. Por lo  demás, nos remitimos a los argumentos esbozados con  anterioridad, en los cuales se ha dejado clara la posición  asumida por este Supremo Tribunal. d.15. Por último, se debe  tener en cuenta que la interpretación del requisito de “causar  estado” del acto administrado que se impugne en un proceso  contencioso administrativo, incide en la eventual vulneración  de los derechos al debido proceso y a la tutela jurisdiccional.  Por tal motivo, al estar implicados derechos fundamentales  —de acuerdo a la cuarta disposición final y transitoria de la  Constitución Política del Perú— estos deben interpretarse de  conformidad con la Declaración Universal de Derechos  Humanos y con los tratados y acuerdos internacionales  ratificados por el Perú, lo cual es concordante con el artículo  VIII del título preliminar de la Ley Nº 31307 - Nuevo Código  Procesal  Constitucional,  que  establece: Artículo  VIII.  Interpretación de los derechos humanos y tratados  internacionales El contenido y alcances de los derechos  constitucionales protegidos por los procesos regulados en el  presente código deben interpretarse de conformidad con la  Declaración Universal de Derechos Humanos, los tratados  sobre derechos humanos, así como con las decisiones  adoptadas por los tribunales internacionales sobre derechoshumanos constituidos según tratados de los que el Perú es  parte. En caso de incompatibilidad entre una norma  convencional y una constitucional, los jueces preferirán la  norma que más favorezca a la persona y sus derechos  humanos. d.16. Incluso, sobre el particular, la Corte  Interamericana de Derechos Humanos, en interpretación  vinculante, tiene señalado que la garantía vinculada con la  correcta administración de justicia (que, por cierto, encauza la  función constitucional del Poder Judicial), protege el derecho  de los ciudadanos a ser juzgados por las razones que el  derecho suministra15. d.17. Por las consideraciones expuestas,  se determina que el requisito de “causar estado”, regulado en  el artículo 148 de la Constitución Política del Perú, debe ser  interpretado de la forma aquí señalada; por tal motivo, al  advertirse que la decisión de la Sala Superior se sustenta en  argumentos que discrepan de la posición asumida en este  pronunciamiento, se colige la vulneración de los derechos al  debido proceso y a la tutela jurisdiccional de la empresa  recurrente y, por ende, la estimación de la infracción  normativa denunciada. En suma, corresponde declarar  fundado este extremo del recurso de casación. Cuarto:  Análisis de la infracción normativa de carácter procesal por  inaplicación del inciso 3 del artículo 2 del Texto Único  Ordenado de la Ley Nº 27584 - Ley que Regula el Proceso  Contencioso Administrativo b.1. Los argumentos esbozados  por la empresa recurrente para sustentar la acotada causal  son los siguientes: d) La resolución recurrida vulnera el  principio de favorecimiento del proceso establecido en el  inciso 3 del artículo 2 del Texto Único Ordenado de la Ley Nº  27584, toda vez que, aun en el negado caso de que existiesen  dudas sobre la procedencia de la demanda contra la  resolución del Tribunal Fiscal impugnada, y ante la existencia  de argumentos razonables que demuestran la procedencia de  la demanda, correspondía preferir la continuación del proceso.  e) Se debe dar la oportunidad de que el órgano jurisdiccional  se pronuncie respecto a la validez del cobro de intereses  moratorios del pago a cuenta del mes de diciembre del  ejercicio dos mil nueve, más aún cuando lo que se denuncia  es el desacato de la administración tributaria de aplicar un  precedente vinculante emitido por la Corte Suprema, que es  de obligatorio cumplimiento. f) Si bien el principio de  favorecimiento del proceso fue invocado en la apelación  interpuesta contra la resolución número ocho, la Sala Superior  lo inaplicó y se limitó a confirmar la decisión del Juzgado. b.2.  Al respecto, de la lectura integral de los argumentos que  sustentan la infracción normativa denunciada, se desprende  que la casacionista alega la vulneración del principio de  favorecimiento del proceso regulado por la Ley Nº 27584 - Ley  que Regula el Proceso Contencioso Administrativo, por su  inaplicación al caso concreto. Según la tipología de esta  causal: […] La inaplicación de una norma jurídica supone  constatar que el hecho probado se subsume en una norma  que lo regula; el soslayar tal constatación constituye un  supuesto de inaplicación de esta, de modo que para fundar  esta causal la argumentación del recurso debe estar  orientada a destacar la desidia, desconocimiento o dolo  del juzgador respecto a la aplicación de la norma invocada  y que, a juicio de la impugnante de un caso concreto  analizado, debió ser aplicada; exigiéndose, además, a la  recurrente que demuestre que el supuesto hipotético de la  citada norma es aplicable a una cuestión fáctica  establecido en autos y cómo su aplicación modificatoria el  resultado del juzgamiento.16 [Énfasis nuestro] De la revisión  del auto de vista recurrido, se advierte que, efectivamente, no  se hizo referencia alguna al principio antes mencionado. b.3.  En esa línea, en el artículo 2 del Texto Único Ordenado de la  precitada Ley Nº 27584, aprobado por Decreto Supremo Nº  013-2008-JUS (aplicable por temporalidad)17, se regulan los  principios aplicables al proceso contencioso administrativo,  que a su vez sirven como guía de la labor jurisdiccional.  Asimismo, en tal artículo se hace la precisión de que en el  mencionado proceso se aplican también los demás principios  generales del derecho procesal y aquellos previstos en el  Código Procesal Civil. Expresamente, en el inciso 3 del  mencionado artículo, se indica lo siguiente: Artículo 2.-  Principios El proceso contencioso administrativo se rige por  los principios que se enumeran a continuación y por los del  derecho procesal, sin perjuicio de la aplicación supletoria de  los principios del derecho procesal civil en los casos en que  sea compatible: […] 3. Principio de favorecimiento del  proceso. - El Juez no podrá rechazar liminarmente la  demanda en aquellos casos en los que por falta de precisión  del marco legal exista incertidumbre respecto del  agotamiento de la vía previa. Asimismo, en caso de que el  Juez tenga cualquier otra duda razonable sobre la  procedencia o no de la demanda, deberá preferir darle  trámite a la misma. […] [Énfasis nuestro] b.4. De acuerdo al  primer párrafo del numeral 3 del precitado artículo 2 de la LeyNº 27584, el principio de favorecimiento del proceso regula un  supuesto de hecho aplicable ante la eventualidad del rechazo  liminar de la demanda (o de su improcedencia), en caso de  que —por falta de previsión del marco legal— exista  incertidumbre jurídica sobre el cumplimiento del requisito de  agotamiento de la vía administrativa. Asimismo, en el segundo  párrafo del precitado artículo, se hace la salvedad de que el  Juez debe preferir la admisión a trámite de la demanda,  siempre que exista “cualquier otra duda” sobre la “procedencia  o no” de esta. Por tanto, debe quedar claro que el acotado  principio está referido a la procedibilidad de la demanda  contencioso administrativa, que en algunos casos puede  evaluarse ante el incumplimiento del requisito de agotamiento  de la vía administrativa y en otros casos puede analizarse en  razón de otra duda que tenga el Juzgador, pero en ambos  casos se circunscribe al favorecimiento que se brinda al  administrado respecto a la procedencia de la materialización  de su derecho de acción. b.5. En el caso concreto, el Juzgado  declaró la improcedencia de la demanda y ello fue confirmado  por la Sala Superior. Sin embargo, tal como se ha determinado  en los párrafos precedentes, las instancias de mérito no  analizaron debidamente el cumplimiento del requisito de  “causar estado” y, por ello, no advirtieron que la Resolución  del Tribunal Fiscal Nº 06274-3-2018 constituye un acto  administrativo susceptible de ser revisado en vía judicial. Así  las cosas, en aplicación del principio de favorecimiento del  proceso regulado por el Texto Único Ordenado de la Ley Nº  27584, ante la duda razonable sobre la procedencia o no de  la demanda, el órgano jurisdiccional de primer grado debió  continuar con el trámite de la misma, máxime si ello se  condice con el artículo III del título preliminar del Código  Procesal Civil18, que establece como finalidad concreta de  todo proceso judicial la resolución de un conflicto de intereses  con relevancia jurídica, en la que se hagan efectivos los  derechos sustanciales de las partes procesales; y, como  finalidad abstracta, el logro de la paz social en justicia. b.6.  Por último, queda claro que la declaración de improcedencia  de la demanda ha afectado el derecho a la tutela jurisdiccional  efectiva o del debido proceso de la casacionista. Ello tiene  como consecuencia jurídica la anulación de todo lo actuado  hasta el acto procesal en el que se vulneraron los derechos  de la empresa demandante y se provocó el vicio procesal, de  acuerdo a lo previsto en el numeral 3 del artículo 396 del  Código Procesal Civil, modificado por el artículo 1 de la Ley Nº  29364. Por tanto, corresponde la anulación del auto de vista  contenido en la resolución número diecisiete, del veintiocho  de octubre de dos mil diecinueve, emitido por el colegiado  superior, y del auto de saneamiento procesal —con  declaración de improcedencia de demanda—, contenido en la  resolución número ocho, del dos de julio de dos mil diecinueve,  emitido por el Juzgado. Asimismo, actuando en sede de  instancia, corresponde ordenar que el órgano jurisdiccional de  primer grado emita un nuevo pronunciamiento en el que,  renovando el vicio en que incurrió, declare la admisión de la  demanda y continúe con su tramitación. b.7. Se recalca que el  pronunciamiento emitido por este Supremo Tribunal tiene  fuerza vinculante respecto al órgano jurisdiccional respectivo,  conforme a lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 396 del  Código Procesal Civil que, a su vez, es concordante con el  artículo 4 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del  Poder Judicial, que establece la obligación que tiene toda  persona y autoridad de acatar y cumplir las decisiones  judiciales, emanadas de la autoridad judicial competente, sin  calificar su contenido o sus fundamentos, restringir sus  efectos o interpretar sus alcances, bajo responsabilidad. b.8.  Con base en las consideraciones expuestas, se colige la  vulneración del principio de favorecimiento del proceso por su  inaplicación al caso concreto; por tanto, corresponde estimar  la infracción normativa analizada y declarar fundado el  recurso de casación. IV. DECISIÓN Por tales consideraciones  y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 396 del  Código Procesal Civil, modificado por el artículo 1 de la Ley Nº  29364, DECLARARON FUNDADO el recurso de casación  interpuesto por la empresa demandante Compañía Minera  Condestable S.A., mediante escrito del diecinueve de  noviembre de dos mil diecinueve (fojas ochocientos noventa y  ocho a novecientos catorce del EJE). En consecuencia,  DECLARARON NULO el auto de vista contenido en la  resolución número diecisiete, del veintiocho de octubre de dos  mil diecinueve (fojas ochocientos ochenta y cinco a  ochocientos noventa del EJE), e INSUBSISTENTE el auto  contenido en la resolución número ocho, del dos de julio de  dos mil diecinueve (fojas setecientos ochenta y cuatro a  ochocientos del EJE), que declaró nulo todo lo actuado hasta  la resolución número uno y, retrotrayendo el proceso hasta la  etapa de calificación, declaró improcedente la demanda. Por  tanto, ORDENARON la emisión de un nuevo pronunciamiento  por parte del Juez de primera instancia, teniendo en cuenta loresuelto en la presente Ejecutoria Suprema. Por último,  DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el  diario oficial El Peruano conforme a ley, en los seguidos por la  Compañía Minera Condestable S.A. contra el Tribunal Fiscal  y  la  Superintendencia  Nacional  de Aduanas  y  de  Administración Tributaria. Notifíquese por Secretaría y  devuélvanse los actuados. Interviene como ponente el señor  Juez Supremo (P) Wilbert González Aguilar. SS. GONZÁLEZ  AGUILAR, RUEDA FERNÁNDEZ, BUSTAMANTE DEL  CASTILLO, BARRA PINEDA, DÁVILA BRONCANO. 1  Dicha resolución fue objeto del recurso de reclamación del dos de diciembre de  dos mil once, el cual fue declarado infundado mediante Resolución de Intendencia  Nº 015-014-0010198, del treinta de marzo de dos mil doce. Posteriormente, el  catorce de mayo de dos mil doce, tal decisión fue apelada (siendo tramitada en el  Expediente Nº 7533-2-2012), y en ese marco se emitió la Resolución del Tribunal  Fiscal Nº 05426-9-2018. 2  El detalle de las normas responde a su aplicación por temporalidad, en  consideración a los hechos objeto de debate. 3  Texto según el artículo 212 de la Ley Nº 27444 4  Texto según el artículo 218 de la Ley Nº 27444, modificado según el artículo 2  Decreto Legislativo Nº 1272 5  Ambas fueron publicadas en el diario oficial El Peruano el treinta y uno de marzo  de dos mil ocho. 6  BUSTAMANTE ALARCÓN, Reynaldo (2001). Derechos fundamentales y proceso  justo. Lima, ARA Editores; p. 205 7  MORÓN URBINA, Juan. Comentarios a la Nueva Ley del Procedimiento  Administrativo General. Lima, Gaceta Jurídica; p. 29 8  BREWER-CARÍAS, Allan R. (2003). Principios del procedimiento administrativo en  América latina. Bogotá, Legis; p. 262 9  Casación Nº 13935-2013 Callao, del treinta de octubre de dos mil catorce 10  QUIROGA LEÓN, Aníbal. “La acción contenciosa y el concepto de causar estado”.   En Revista Ius Et Veritas, Nº 19; p. 24. 11  HUAPAYA TAPIA, Ramón. (2006). Tratado del Proceso Contencioso Administrativo.  Primera Edición. Lima, Perú. Jurista Editores; p. 447 12  QUIROGA LEÓN, op. cit., p. 24 13  Texto según el artículo 218 de la Ley Nº 27444, modificado según el artículo 2  Decreto Legislativo Nº 1272 14  Artículo 156.- RESOLUCIONES DE CUMPLIMIENTO   Las resoluciones del Tribunal Fiscal son cumplidas por los funcionarios de la  Administración Tributaria, bajo responsabilidad.   […] 15  CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. “Caso Tristán Donoso  vs. Panamá. Excepción Preliminar, Fondo de Reparaciones y Costas”. Sentencia  del veintisiete de enero de dos mil nueve; párrafo 153 16  Casación Nº 287-2003 Huánuco, publicada en el diario oficial El Peruano el treinta  de diciembre de dos mil tres 17  El actual Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584 fue aprobado por Decreto  Supremo Nº 011-2019-JUS. 18  Artículo III.- El Juez deberá atender a que la finalidad concreta del proceso es  resolver un conflicto de intereses o eliminar una incertidumbre, ambas con  relevancia jurídica, haciendo efectivos los derechos sustanciales, y que su  finalidad abstracta es lograr la paz social en justicia.   En caso de vacío o defecto en las disposiciones de este Código, se deberá recurrir  a los principios generales del derecho procesal y a la doctrina y jurisprudencia  correspondientes, en atención a las circunstancias del caso. C-2136203-42