CASACIÓN Nº 34302-2019 LIMA
Sumilla: No compete a los tribunales de casación efectuar  valoración de hechos o medios probatorios, pues ellos han  sido objeto de pronunciamiento por parte de las instancias de  mérito. Lima, quince de septiembre de dos mil veintidós LA QUINTA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y  SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE  JUSTICIA DE LA REPÚBLICAVISTALa causa número treinta  y cuatro mil trescientos dos – dos mil diecinueve, Lima, con los  acompañados respectivos, en audiencia pública llevada a cabo  en la fecha, la Sala Suprema integrada por los señores Jueces  Supremos González Aguilar (presidente), Rueda Fernández,  Bustamante del Castillo, Barra Pineda y Dávila Broncano,  luego de producida la votación con arreglo a ley, emite la  siguiente sentencia:I. Materia del recurso:Se trata del recurso  de casación interpuesto por la empresa demandante All In  World Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada1,mediante escrito del veintinueve de noviembre de dos mil  diecinueve (fojas cuatrocientos noventa y seis a quinientos  dieciocho del expediente judicial electrónico - EJE), contra la  sentencia de vista contenida en la resolución número diecisiete,  del veintinueve de octubre de dos mil diecinueve (fojas  cuatrocientos cincuenta y tres a cuatrocientos ochenta del  EJE), que confirmó la sentencia de primera instancia,  contenida en la resolución número diez, del trece de agosto de  dos mil diecinueve (fojas trescientos uno a trescientos treinta y  ocho del EJE), que declaró infundada la demanda interpuesta  por  la  mencionada  empresa.II.  CONSIDERANDOe.1.Antecedentes  administrativose.1.1.  La Fiscalía Provincial Especializada en Delitos Aduaneros y  contra la Propiedad Intelectual del Callao comunicó a la  Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración  Tributaria (SUNAT) sobre la investigación seguida contra el  gerente general de la empresa Bonanza Grass Art S.A.C. por la  importación de grass sintético (fojas trescientos cuarenta y tres  a trescientos cuarenta y cinco del tomo 1 del expediente  administrativo). Asimismo, en dicha comunicación se adjuntó  una relación de empresas que habían importado la referida  mercancía, declarándola en la subpartida nacional (SPN)  3918.90.10.00 con cero por ciento (0%) de derechos ad  valorem, cuando correspondía que se declaren en la subpartida  nacional 5703.30.00.00, que tiene un nueve por ciento (9%) de  derechos ad valorem (vigente desde el catorce de octubre de  dos mil siete al treinta y uno de diciembre de dos mil diez) —y  seis por ciento (6%) de derechos ad valorem (vigente desde el  uno de enero de dos mil once)—.e.1.2. Ante ello, mediante  Notificación Nº 44-2011-SUNAT/3B1200, del treinta y uno de  enero de dos mil once (fojas doscientos setenta y siete del  tomo 2 del expediente administrativo), la SUNAT le requirió a la  empresa la remisión de una muestra de la mercancía  despachada en la Declaración Aduanera de Mercancías (DAM)  Nº 118-2009-10-244170, la cual debía tener 60 centímetros de  longitud  como  mínimo;  también  se  le  requirió  otra  documentación técnica que permita verificar la composición,  uso, presentación y fin de la mercancía. Sin embargo, el ocho  de febrero de dos mil once, la empresa remitió muestra de la  serie 2 de la Declaración Aduanera de Mercancías Nº 118- 2009-10-244170, que corresponde al mismo producto pero en  diferente medida, informando a la administración aduanera que  el producto de la serie 1 fue comercializado en su momento  (fojas trescientos veintisiete a trescientos cuarenta del tomo 1  del expediente administrativo).e.1.3. Aduanas solicitó el  análisis de dicha muestra al jefe de división del Laboratorio  Central y a la Gerencia de Procedimiento, Nomenclatura y  Operadores. En razón de ello, se emitieron los Informes Nº  0585-2011-SUNAT-3D0500 y Nº 628-2011-SUNAT/3A1500  (fojas trescientos veinticuatro, y trescientos diecinueve a  trescientos veintiuno del tomo 1 del expediente administrativo,  respectivamente), en los cuales se clasificó a la mercancía  importada en la subpartida nacional 5703.30.00.00.e.1.4.  Seguidamente, la SUNAT inició procedimiento de fiscalización  al régimen de importación definitiva, respecto a las  Declaraciones Aduaneras de Mercancías de números 118- 2009-10-244170, 118-2009-10-244562, 118-2009-10-273473,  118-2010-10-032633,  118-2010-10-067444,  118-2011-10- 001681 y 118-2011-10-014340, lo cual fue comunicado a la  ahora demandante y a su agente de aduanas, Far Aduanas  S.A.C. (fojas doscientos sesenta y siete, y doscientos ochenta  y nueve del tomo 1 del expediente administrativo).e.1.5. Se  hicieron diversas diligencias, obteniéndose: i) Informe Nº  1436-2011-SUNAT/3A1500, emitido por la División de Gestión  de Arancel Integrado, en el cual se determinó que el grass  artificial modelo BTF-DN-60D se clasifica en la subpartida  nacional 5703.30.00.00. (fojas ciento setenta y dos a ciento  setenta y cinco del tomo 1 del expediente administrativo); ii)  Informe Nº 996-2012-SUNAT-3D0500, en el cual —luego del  análisis cualitativo de las fibras— se determinó la medida de la  mayor sección transversal ovalada: 0.94867 mm, y la medida  de la mayor sección transversal rectangular: 0.61419 mm (fojas  doscientos setenta y uno a doscientos setenta y cuatro del  tomo 2 del expediente administrativo).e.1.6. Así, en mérito al  Resultado de Requerimiento Nº 1882-2011-SUNAT/3B2200,  Aduanas determinó que la mercancía importada debía  clasificarse en la subpartida nacional 5703.30.00.00., por lo  que emitió la Resolución de Intendencia Nº 0003B2000/2012- 000073, del nueve de febrero de dos mil doce (fojas ciento  doce a ciento trece, y ciento veinticinco a ciento treinta y dos del  tomo 1 del expediente administrativo), mediante la cual se  dispuso la cobranza de US$ 52,657.00 (cincuenta y dos mil  seiscientos cincuenta y siete dólares americanos con cero  centavos), por concepto de tributos dejados de pagar en las  Declaraciones Aduaneras de Mercancías de números 118- 2009-10-244170 (series 1 al 5), 118-2009-10-244562 (series 1  al 4), 118-2011-10-001681 (series 1 y 2) y 118-2011-10-014340  (series 1 y 2). Por tanto, se emitieron las Liquidaciones deCobranza de números 2012-003635, 2012-003637, 2012- 003638 y 2012-003639. Por otro lado, también se emitió la  Resolución de Gerencia Nº 000 3B2000/2012-000032, del  nueve de febrero de dos mil doce (fojas ciento ocho a ciento  nueve y ciento catorce a ciento veinticuatro del tomo 1 del  expediente administrativo), en la que se dispuso sancionar a la  agencia de aduanas Far Aduanas S.A.C. con una multa  ascendente a US$ 105,314.00 (ciento cinco mil trescientos  catorce dólares con cero centavos).e.1.7. El treinta de marzo  de dos mil doce, la empresa ahora demandante interpuso  recurso de reclamación contra la Resolución de Intendencia Nº  0003B2000/2012-000073 (fojas veintiséis a veintisiete del tomo  1 del expediente administrativo). Dicho recurso fue acumulado  con el recurso de reclamación interpuesto por la agencia de  aduanas Far Aduanas S.A.C. contra la Resolución de Gerencia  Nº 0003B2000/2012-000032. De esta forma, ambos recursos  fueron resueltos por la Resolución de Intendencia Nº  0003B0000/2012-000580, del veintiocho de noviembre de dos  mil doce, que los declaró infundados (fojas doscientos cuarenta  y seis a doscientos cincuenta y siete del tomo 2 del expediente  administrativo).e.1.8. Ante ello, la empresa ahora demandante  formuló recurso de apelación el tres de enero de dos mil trece  (fojas ciento diecinueve a ciento treinta del tomo 2 del  expediente administrativo); lo mismo hizo la agencia de  aduanas Far Aduanas S.A.C. Ello dio lugar a la Resolución del  Tribunal Fiscal Nº 02213-A-2018, del diecinueve de marzo de  dos mil dieciocho, que resolvió i) en su artículo primero:  confirmar la Resolución de Intendencia Nº 0003B0000/2012- 000580, en los extremos que se refieren al cobro de tributos  dejados de pagar determinados mediante la Resolución de  Intendencia Nº 0003B2000/2012-000073, en la parte que  corresponde a las Declaraciones Aduaneras de Mercancías de  números 118-2009-10-244170, 118-2009-10-244562, 118- 2011-10-001681 y 118-2011-10-014340; ii) en su artículo  segundo: confirmar la Resolución de Intendencia Nº  0003B0000/2012-000580, en los extremos que se refieren a la  aplicación de la sanción de multas e intereses, determinados  mediante la Resolución de Gerencia Nº 0003B2000/2012- 000032, en la parte que corresponde a las Declaraciones  Aduaneras de Mercancías de números 118-2009-10-244170,  118-2009-10-244562 y 118-2011-10-001681; iii) en su artículo  tercero:  revocar  la  Resolución  de  Intendencia  Nº  0003B0000/2012-000580, en los extremos que se refieren a  los intereses por el cobro de tributos dejados de pagar y la  aplicación de sanción de multa e intereses, en la parte que  corresponde a la Declaración Aduanera de Mercancías Nº 118- 2011-10-014340 (fojas setenta y seis a ochenta y cuatro del  tomo 2 del expediente administrativo). De este modo, se agotó  la vía previa de forma regular.e.2. Antecedentes del  procesoe.2.1. DemandaEl proceso contencioso administrativo  inició con la interposición de la demanda por parte de la  empresa  All  In  World  Sociedad  Comercial  de  Responsabilidad Limitada (fojas ciento cuarenta y seis a  ciento ochenta y cinco del EJE), en la cual postuló las siguientes  pretensiones2:a) Primera pretensión principal: Se declare la  nulidad parcial de la Resolución del Tribunal Fiscal Nº 02213-A- 2018 y se dejen sin efecto los puntos uno y dos de su parte  resolutiva, mediante los cuales confirma los extremos de la  Resolución de Intendencia Nº 0003B0000/2012-000073 y la  aplicación de multas e intereses determinados en la Resolución  de Gerencia Nº 0003B2000/2012-000032.b) Pretensión  accesoria a la primera pretensión principal: Se declare la  nulidad  total  de  la  Resolución  de  Intendencia  Nº  0003B0000/2012-000580 y de la Resolución de Gerencia Nº  0003B2000/2012-000032.c) Segunda pretensión principal:  Se aplique el principio de plena jurisdicción reconocido en el  inciso 2 del artículo 5 del Texto Único Ordenado de la Ley que  Regula  el  Procedimiento  Contencioso  Administrativo,  solicitando al Juzgado revocar las resoluciones impugnadas;  en consecuencia, declarar que la empresa demandante no  cometió la infracción prevista en el numeral 5 del inciso b) del  artículo 192 de la Ley General de Aduanas, aprobada por  Decreto Legislativo Nº 1053.d) Pretensión subordinada a las  pretensiones principales: En el supuesto de que se confirme  la validez de las resoluciones impugnadas, en ejercicio de la  plena jurisdicción, se solicita la disminución de la multa por US$  52,657.00 (cincuenta y dos mil seiscientos cincuenta y siete  dólares americanos con cero centavos), impuesta por Aduanas  mediante Resolución de Intendencia Nº 0003B0000/2012- 000073, al ser desproporcional y carente de sustento  razonable.e.2.2. Los argumentos principales que sustentan la  demanda son los siguientes:a) La empresa tiene como finalidad  importar grass sintético, por lo que, realizó una operación  comercial con una empresa china, con quien se realizaron  proformas, notas de pedido y facturas —en las que se aprecia  el código del grass artificial— y las transferencias bancarias a  nombre de las empresas que fabricaron y proveyeron el  producto. Con base en ello, la agencia de aduanas Far AduanasS.A.C. clasificó el producto en el capítulo 39, partida 39.18 y  subpartida 39.18 [fracción arancelaria 39.18.90.10.00], por ser  una excepción al capítulo 57 (textiles), que admite el ancho del  monofilamento de poliuretano mayor a 1 mm; precisamente, se  clasificó en el capítulo 39 (revestimientos para suelo) porque,  según su especificación técnica, el ancho del monofilamento  de poliuretano es de 1.03, esto es, mayor a 1 mm.b) La referida  agencia de aduanas realizó cuatro importaciones de grass  artificial BTF-DN-60D y canceló todos los tributos de  importación. Las Declaraciones Aduaneras de Mercancías Nº  118-2009-10-244170  y  Nº  118-2009-10-244562  fueron  numeradas el catorce y quince de octubre de dos mil nueve,  respectivamente; pasaron por canal verde, por lo que  ingresaron al país y se nacionalizaron sin problema alguno. Las  Declaraciones Aduaneras de Mercancías Nº 118-2011-10- 001681 y Nº 118-2011-10-014340 fueron numeradas el cuatro  y doce de enero de dos mil once, respectivamente; pasaron por  canal rojo, por lo que se revisó su documentación y, luego de  realizarse el reconocimiento físico de la mercancía, Aduanas  dio el visto bueno para su nacionalización. Por tanto, con base  en el principio de buena fe en los negocios, no está bajo el  control de la empresa demandante que el producto enviado por  la empresa china no sea el contratado.c) En agosto de dos mil  once, siete meses después de la última importación, la  autoridad aduanera realizó una auditoria y notificó a la empresa  demandante la solicitud de una muestra de la mercancía;  notificación que jamás le llegó a la agencia de aduanas Far  Aduanas S.A.C., pues incluso en el expediente no obra  documento que haga constar su participación en el  procedimiento de toma de muestra e informe técnico. Además,  cuando la notificación llegó, la mercancía ya había sido  comercializada; por ello, para colaborar con la fiscalización y  como acto de buena fe, se presentó una muestra que no  pertenecía a las declaraciones aduaneras de mercancías  importadas en el dos mil nueve. Ante ello, Aduanas realizó  diversos informes técnicos en los que se concluyó que, según  la muestra, el grass sintético tenía un ancho (del monofilamento  de poliuretano) de 0.9 mm y, por ende, debió ser clasificado en  el capítulo 57.d) El Tribunal Fiscal consideró que, al momento  de la importación de la mercancía, estaba vigente el criterio de  clasificación arancelaria expresado en las Resoluciones de  Intendencia  de  números  0003A000/2005-001732,  0003A000/2009-000001 y 000 3A000/2009-000508, publicadas  en los años dos mil cinco y dos mil nueve, en las que se  estableció que el grass artificial con monofilamentos de  grosor mayor a 1 mm debían clasificarse en el capítulo 39  (subpartida nacional arancelaria 3918.90.10.00). Dicho  criterio se mantuvo vigente hasta la emisión de la Resolución  de Intendencia Nacional Nº 0003A000/2011-0000422, del  veintinueve de marzo de dos mil once, en la que se clasifica al  grass sintético de 1 mm en la subpartida nacional arancelaria  5703.30.00.00 (vigente entre el ocho de enero de dos mil cinco  y el veintinueve de marzo de dos mil once).e) Según el artículo  149 de la Ley General de Aduanas: “Las modificaciones en las  clasificaciones arancelarias de las mercaderías que cuenten  con una resolución de clasificación efectuada por la  administración aduanera, no afectaran a los despachos  efectuados con anterioridad a su publicación, por lo cual dichas  modificaciones no surtirán efecto para determinar infracciones  aduaneras o tributos diferenciales […]”; y, de acuerdo al criterio  fijado en las Resoluciones de Clasificación Arancelaria de  números 0003A000/2005-001732, 0003A000/2009-000001 y  0003A000/2009-000508, se clasificó a la mercancía en la  subpartida nacional arancelaria 3918.90.10.00. Ello demuestra  que se cumplió con tales criterios vinculantes a nivel nacional;  por lo cual su modificación no debería acarrear la determinación  de tributos, multas e intereses.f) En los informes técnicos de las  declaraciones aduaneras de mercancías de los años dos mil  nueve y dos mil once, se indica que el producto de nombre  comercial grass artificial BTF-DN-60D tiene un grosor superior  a 1 mm en promedio y que para su clasificación se debe tener  en cuenta las reglas primera y sexta de las Reglas Generales  para la Interpretación de la Nomenclatura del Arancel de  Aduanas.g) La administración aduanera ha emitido los  Informes  de  números  0585-2011-SUNAT-3D0500,  628-2011-SUNAT/3A1500 y 1436-2011-SUNAT/3A1500. En  estos, se señala que los monofilamentos de sección transversal  ovalada del producto BTF-DN-60D tienen una dimensión de  0.9 mm, por lo cual —con base en la Nota Legal 1g) de la  Sección XI—, le correspondería la subpartida nacional  arancelaria 57.03.30.00.00.h) En el expediente administrativo,  obra un informe técnico de parte emitido por la Facultad de  Ciencias de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), en el  cual se señala que el producto tiene, en promedio, un ancho  superior a 1 mm; es decir, contradice el informe de Aduanas.  Sin embargo, para ratificar este informe, se realizó un segundo  análisis (Informe Técnico Nº 1328-18-LABICER), en el que se  concluyó que los monofilamentos de la muestra del grassartificial BTF-DN-60D tienen, en promedio, un ancho superior a  1 mm (esto es, 1,007 mm). Además, Aduanas utilizó la Norma  AATCC 20-2007 —que es para la identificación de fibras  textiles utilizadas comercialmente en los Estados Unidos—,  que no es recomendada internacionalmente ni en Perú;  mientras que, en el laboratorio de la Universidad Nacional de  Ingeniería se utilizó la Norma ASTM F1551-03 “Métodos de  Prueba Estándar para caracterización integral de césped  sintético - Reproducción de superficies y materiales”, que es la  correcta, conforme a la Resolución de Superintendencia  Nacional Adjunta de Aduanas Nº 061-2010/SUNAT/A. Por  tanto, se debe valorar el citado Informe Técnico Nº  1328-18-LABICER y declarar nula la clasificación arancelaria  efectuada por Aduanas. Por otro lado, la administración  aduanera debió extraer una muestra de mínimo 4 metros, pero  no lo hizo; por el contrario, le bastó una muestra de 60  centímetros. Utilizó una metodología incorrecta y, por ello, su  informe técnico y la clasificación arancelaria que realizó la  condujeron a errores que afectaron el debido procedimiento  regular. De ahí que se vulneró el numeral 5 del artículo 3 de la  Ley Nº 27444.i) Por último, no corresponde el cobro de la  deuda por multa contenida en las Liquidaciones de Cobranza  de números 000-2012-003640, 000-2012-003645, 000-2012- 003647, 000-2012-003649, dado que, conforme al artículo 155  de la Ley General de Aduanas, la acción de la SUNAT para  aplicar sanciones y cobrar multas prescribe a los 4 años  contados a partir del uno de enero del año siguiente a la fecha  en que se cometió la infracción. En este caso, la infracción se  cometió al numerarse las Declaraciones Aduaneras de  Mercancías de números 118-2009-10-244170, 118-2009-10- 244562 y 118- 2011- 10-001681, esto es, el catorce de octubre  de dos mil nueve, el quince de octubre de dicho año y el cuatro  de enero de dos mil once, respectivamente. Por tanto, al no  haber  operado  interrupción  ni  suspensión  del  plazo  prescriptorio, las deudas de las referidas liquidaciones de  cobranza devienen inexigibles.j) Sobre la pretensión de plena  jurisdicción: La agencia de aduanas Far Aduanas S.A.C. fue la  que realizó las declaraciones aduaneras. Además, luego de  dicha clasificación, realizó cuatro importaciones del grass  artificial BTF-DN-60D (años dos mil nueve y dos mil once), que  pasaron por revisión de la autoridad aduanera, quien ratificó la  clasificación efectuada con la intervención física del  reconocimiento de las mercancías. Pese a ello, le transfiere  responsabilidad a la empresa demandante al aplicarle una  sanción siete meses después de realizar las operaciones.  Existen múltiples elementos que determinan que no hubo ni  dolo ni culpa, ya que, en su momento, Aduanas hubiera  informado ello y hubiera devuelto la mercadería. Por tanto, es  desproporcional que la empresa demandante asuma el pago  de la multa, que incluye intereses por el tiempo transcurrido.e.2.3.  La demanda es admitida a trámite mediante resolución número  uno, del veintitrés de agosto de dos mil dieciocho (fojas ciento  ochenta y seis a ciento ochenta y ocho del EJE). Es contestada  por ambos codemandados, Tribunal Fiscal y SUNAT (fojas  doscientos diez a doscientos treinta, y doscientos cuarenta y  uno a doscientos cincuenta y cinco del EJE, respectivamente).  Luego, se emite el auto de saneamiento procesal y probatorio  (fojas doscientos sesenta a doscientos sesenta y uno del  EJE).e.2.4. Sentencia de primera instanciaEl Vigésimo  Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo  con Subespecialidad Tributaria y Aduanera de la Corte  Superior de Justicia de Lima, emitió la sentencia contenida en  la resolución número diez, del trece de agosto de dos mil  diecinueve, que declaró infundada la demanda en todos sus  extremos. Los principales fundamentos para arribar a tal  conclusión fueron los siguientes:a) La empresa demandante  gestionó, entre los años dos mil nueve y dos mil once, la  importación de la mercancía denominada “grass artificial  modelo BTF-DN-60D” y la clasificó en la subpartida nacional Nº  3918.90.10.00, porque consideró que se trataba de una  mercancía con las características merceológicas analizadas en  las Resoluciones de Intendencia de números 000 3A000/2005- 001732, 000 3A000/2009-000001 y 000 3A000/2009-000508,  publicadas los años dos mil cinco y dos mil nueve, en las cuales  se fijó un criterio de clasificación arancelaria.b) A partir de los  Informes  de  números  0585-2011-SUNAT/3D0500,  628-2011-SUNAT/3A1500 y 1436-2011-SUNAT/3A1500, la  administración aduanera determinó que la mercancía  importada consiste en un revestimiento para pisos de  mechones insertados de monofilamentos sintéticos de color  verde sección transversal ovalada, cuya mayor dimensión es  de 0.9 mm y monofilamentos sintéticos de color verde de  sección transversal rectangular, cuya mayor dimensión es de  0.6 mm; con un soporte de tejido de tiras sintéticas de color  negro, recubierto por el reverso con capa de látex, con un  gramaje de 2735.6gr/m2; y, de acuerdo a su composición  química, se compone por cien por ciento (100%) de polietileno  (monofilamento de la sección transversal ovalada), por cien porciento (100%) de polipropileno (monofilamento de la sección  transversal rectangular), y por cien por ciento (100%) de  polipropileno (tejido). Por tanto, se concluyó que el producto  debía clasificarse en la partida 57.03 y le correspondía la  subpartida nacional 5703.30.00.00 del Arancel de Aduanas,  en aplicación de la primera y la sexta Reglas Generales para la  Interpretación de la Nomenclatura del Arancel de Aduanas,  aprobadas por Decreto Supremo Nº 017-2007-EF. De este  modo, se aprecia que la clasificación realizada por la  administración aduanera se basó en consideraciones técnicas  y normativas aplicables, por lo cual cumplió con el principio de  legalidad.c) En el caso concreto, es aplicable el Arancel de  Aduanas dos mil siete, aprobado por Decreto Supremo Nº 017- 2007-EF, que prevé las reglas generales para la interpretación  de la nomenclatura, debiéndose tener presente la nota legal 1  del capítulo 57, la nota legal 1 (literal g) de la sección XI, y la  partida 57.03. De ahí que la clasificación está legalmente  determinada por los textos de las partidas y de las notas de  sección o de capítulo.d)Las mercancías a las que se refieren  las Resoluciones de Clasificación Arancelaria de números 000  3A0000/2005-001732, 000 3A0000/2009-000508 y 000  3A0000/2009-000001 no son idénticas a las mercancías objeto  de controversia, toda vez que, con el Informe Nº  0585-2011-SUNAT/3D0500, quedó claro que, en este caso, las  mercancías tienen una dimensión máxima de 0.9 mm de  ancho, y las acotadas resoluciones se refieren a mercancías  con un ancho aparentemente superior a 5 mm. Por tanto, la  alegación sobre la dualidad de criterios es errada, máxime si el  Informe Técnico Nº 1218-11-LAB.12 de la Universidad Nacional  de Ingeniería (de parte) no consignó el modelo de la mercancía  analizada —no probándose la fehaciencia de que el análisis  fue sobre la mercancía materia de fiscalización— y fue  presentado de forma extemporánea (artículo 125 del Texto  Único Ordenado del Código Tributario) y, por ende, no se le dio  ningún valor probatorio.e) De acuerdo con las características  del estudio merceológico de las muestras del producto  contenido en el Informe Nº 0585-2011-SLINAT-3D0500 y  considerando que el texto de la partida 57.03 comprende las  alfombras y demás revestimientos para el suelo, de materia  textil,  con  mechón  insertado,  incluso  confeccionados:  “5703.30.00.00 De las demás materias textiles sintéticas o de  materia textil artificial”; se determina que la mercancía sub  litis  debe  clasificarse  en  la  subpartida  nacional  5703.30.00.00, en aplicación de la primera y sexta Reglas  Generales para la Interpretación de la Nomenclatura del  Arancel de Aduanas, aprobadas por Decreto Supremo Nº 017- 2007-EF, y no en la subpartida nacional arancelaria  3918.90.10.00, por ser un producto totalmente distinto a  los que fueron analizados en las Resoluciones de  Clasificación Arancelaria de números 000 3A0000/2005- 001732, 000 3A0000/2009-000508 y 000 3A0000/2009- 000001. Si bien, la empresa demandante cuestiona el acotado  informe, no considera que fue ratificado con el Informe Nº  0996-2012-SUNAT-3D0500 —emitido a solicitud de Aduanas,  conforme al artículo 127 del Texto Único Ordenado del Código  Tributario—.f) La empresa demandante sostuvo que no tenía  muestras porque vendió la totalidad de su mercancía; sin  embargo, tal argumento fue rebatido por la administración  aduanera, quien demostró que la empresa importadora se  quedó con un saldo de dicha mercancía, equivalente a 10,237  metros cuadrados. Ello, porque la suma de las cantidades  consignadas en las Facturas de números 001-17031, 001-17  032, 001-017069, 001-17070 y 001-17072 difieren del  equivalente total de las mercancías amparadas en las  Declaraciones Aduaneras de Mercancías Nº 118-2009-10- 244170 y Nº 118-2009-10-244562. Por otro lado, respecto a las  normas utilizadas para la emisión de los informes de la  Aduanas, se precisa que la Norma AATCC 20-2007 mantiene  su vigencia; por tanto, la aplicación de dicha norma y del  Método de la Lámina Metálica para Secciones Transversales  del libro, se encuentra arreglada a ley.g) Con relación al  cómputo del plazo de prescripción de las Liquidaciones de  Cobranza de números 000-2012-003640, 000- 2012-003645 y  000-2012-003647, se advierte que se produjeron causales de  interrupción, conforme a los artículos 45 y 46 del Texto Único  Ordenado del Código Tributario, por i) la Notificación Nº  44-2011-SUNAT/3B1200, ii) la interposición del recurso de  reclamación (treinta de marzo de dos mil doce) y la resolución  de este (doce de diciembre de dos mil doce), iii) la interposición  del recurso de apelación (treinta y de enero de dos mil trece) y  la resolución de este (veintiuno de mayo de dos mil dieciocho).  De ahí que, considerando las fechas en que fueron  numeradas las Declaraciones Aduaneras de Mercancías  de números 118-2009-10-244170, 118-2009-10-244562, 118- 2011-10-001681, y la suspensión del plazo prescriptorio  por las interrupciones mencionadas, se concluye que no  se configuró la prescripción.h) Por último, la segunda  pretensión principal de plena jurisdicción es una repetición dela primera pretensión —que deviene infundada—, por lo que,  corresponde  desestimarla.  Asimismo,  la  pretensión  subordinada a las principales (disminución de la multa), no  tiene asidero, en tanto, se ha determinado que la empresa  importadora realizó una clasificación incorrecta y que,  objetivamente, existían tributos diferenciales dejados de pagar;  por ende, fue debidamente sancionada.e.2.5. Sentencia de  segunda instanciaAnte la apelación interpuesta por la  empresa demandante All in World Sociedad Comercial de  Responsabilidad Limitada contra la acotada sentencia (fojas  trescientos cuarenta y seis a trescientos setenta y tres del  EJE), la Séptima Sala Especializada en lo Contencioso  Administrativo con Subespecialidad Tributaria y Aduanera  de la Corte Superior de Justicia de Lima emitió la sentencia de  vista contenida en la resolución número diecisiete, del  veintinueve de octubre de dos mil diecinueve, que confirmó la  sentencia de primera instancia, que declaró infundada la  demanda. Los principales argumentos que sustentaron su  decisión son los siguientes:a) La empresa demandante  únicamente ofreció la ficha técnica emitida por la empresa  Gauzhou Batsman Chemical Industry Co. Ltd; sin embargo, en  la Declaración Aduanera de Mercancías Nº 118-2009-10- 244170 figura como proveedora la empresa East Grace  Corporation, es decir, una empresa distinta. Además,  considerando que las Resoluciones de Intendencia de Nº  0003A000/2005-001732, Nº 0003A000/2009-000001 y Nº  0003A000/2009-000508, examinan productos con medidas  distintas a las de los productos que son materia de análisis, se  determina que la documentación en la cual se sustentó la  clasificación arancelaria de la mercancía sub litis no fue la  pertinente, lo cual demuestra que tanto la empresa importadora  como su agente de aduanas no han cumplido con su deber de  diligencia. De otro lado, la falta de intencionalidad de consignar  los derechos ad valorem y la falta de obtención de algún  provecho económico, no constituyen eximentes y/o atenuantes  de responsabilidad alguna porque en materia aduanera prima  la responsabilidad objetiva de acuerdo al artículo 189 de la Ley  General de Aduanas, aprobada por Decreto Legislativo Nº  1053.b) Los Informes de números 017-2014-SUNAT/4B4000,  128-2014-  SUNAT/5B1000  y  068-2014-SUNAT/5B1000,  citados por la demandante, en los que se exime de sanción al  despachador de aduanas, no son aplicables al caso porque  versan sobre hechos distintos. Además, en el Informe Nº  068-2014-SUNAT/5B1000 se analiza la procedencia de la  aplicación de la sanción de multa establecida en el numeral 9  del inciso b) del artículo 192 de la Ley General de Aduanas; en  el Informe Nº 017-2014-SUNAT/4B4000, se analiza la  aplicación de la sanción multa por comisión de la infracción  prevista en el numeral 10 del inciso b) del artículo 192 de la Ley  General de Aduanas; y el Informe Nº 128-2014-SUNAT/5B1000  no se ubica en la “Consulta de Informes de Aduanas” ni en la  “Consulta de Informes de Tributario”.c) Mediante Notificación  Nº 44-2011-SUNAT/3B1200, Aduanas le solicitó a la empresa  demandante la remisión de una muestra de la mercancía  importada de 60 centímetros como mínimo, así como que  presente información como catálogos u otro documento técnico  que permita verificar la composición, uso, presentación y fin de  la mercancía. Ante lo cual, la empresa remitió la muestra de la  mercancía de la serie 2 de la Declaración Aduanera de  Mercancías Nº 118-2009-10-244170, que sirvió de sustento  para que Aduanas emitiera sus Informes de números  585-2011-SUNAT-3D0500,  628-2011-SUNAT/3A1500  y  996-2012-SUNAT-3D0500. De ahí que no se vulneró el  principio de procedimiento regular, porque no se trataba de un  procedimiento de reconocimiento físico propiamente dicho. Por  la misma razón, se desvirtúa que la presencia física del  despachador aduanero sea obligatoria, además que la  demandante se encontraba en la libertad de mandar el tamaño  de muestra que considerara pertinente.d) Ahora bien, se alega  la indefensión y vulneración del proceso porque supuestamente  el Juez no se pronunció sobre el Informe Técnico Nº  1328-18-LABICER. Sin embargo, se debe considerar que este  versa sobre un producto distinto al de la controversia y que  dicho documento recién fue presentado en sede judicial.e) En  la apelación se alegó la preferencia de una norma general  sobre una norma específica, al utilizarse la Norma  AATCC20-2007 (usada para la identificación de fibras textiles  utilizadas comercialmente en los Estados Unidos). No obstante,  el numeral 17 del acápite VI de las Normas Generales del  Procedimiento Específico de Reconocimiento Físico -  Extracción y Análisis de Muestras INTA-PE.00.03 (versión 3),  establece que la literatura técnica de los productos debe  expresarse en denominaciones, normas y nomenclaturas,  como: Arancel: secciones X, XI, XIV y XV; Mercancía: maderas,  papeles, cartones, materiales textiles, metales preciosos,  metales comunes; Normas: ISO, ASTM, NTP, u otra admitida  internacionalmente. Por tanto, se desestima que al utilizarse la  norma admitida internacionalmente AATCC20-2007 se hayapreferido una norma general sobre una especial.f) Las  mercancías examinadas que dieron lugar a las Resoluciones  de Intendencia Nº 0003A000/2005-001732, Nº 0003A000/2009- 000001 y Nº 0003A0000/2009-000508, contienen una anchura  aparente mayor a 5 mm y se encuentran dentro de la excepción  prevista en la nota Legal 1 (literal g) de la sección XI: materias  textiles y sus manufacturas (capítulos 50 a 63) del Arancel de  Aduanas aprobado por Decreto Supremo Nº 017-2007-EF. Sin  embargo, en los tres Informes de la SUNAT se indicó que la  mercancía importada no debe ser clasificada en dicha  excepción, sino que le correspondía la clasificación  arancelaria 57.03.30.00.00. De ahí que no existían dos  interpretaciones  contradictorias  sobre  la  clasificación  arancelaria de la mercancía sub litis ni había un primer criterio  de clasificación arancelaria establecido con anterioridad a las  Declaraciones Aduaneras de Mercancías de números 118- 2009-10-244170,  118-2009-10-244562  y  118-2011-  10- 001681.g) Por último, sobre la falta de valoración del Informe  Técnico Nº 1218-11-LAB.12 de la Universidad Nacional de  Ingeniería (de parte) por el Juzgado, se debe considerar que el  Tribunal Fiscal sí se pronunció sobre este porque en la  reclamación la empresa se reservó su derecho probatorio en  virtud del artículo 125 del Texto Único Ordenado del Código  Tributario. No obstante, el contenido del referido informe no  refutó lo expresado en los informes de la SUNAT.e.3. Causales  del recurso de casaciónMediante auto calificatorio del cuatro  de mayo de dos mil veintidós (fojas doscientos setenta y dos a  doscientos ochenta y uno del cuaderno de casación), se  declaró procedente el recurso de casación interpuesto por la  empresa demandante All In World Sociedad Comercial de  Responsabilidad Limitada, por las causales que se detallan a  continuación:a) Inaplicación del artículo 1361 del Código Civil,  del artículo 62 de la Constitución Política del Perú y del numeral  1.11 del artículo IV del título preliminar de la Ley Nº 27444 – Ley  del Procedimiento Administrativo General.b) Inaplicación del  numeral 2 del artículo 2 de la Ley Nº 27584 – Ley que Regula  el Proceso Contencioso Administrativo.c) Interpretación  errónea de la Resolución de la Superintendencia Nacional  Adjunta de Aduanas Nº 061-2010/SUNAT/A – Procedimiento  INTA  PE  00.03  .e.4.  Delimitación  de  la  materia  controvertidaPor lo expuesto, es materia de grado analizar la  fundabilidad del recurso de casación presentado por la  empresa demandante All In World Sociedad Comercial de  Responsabilidad Limitada, respecto de las infracciones  normativas declaradas procedentes mediante auto calificatorio  Nº 34302-2019 Lima, del cuatro de mayo de dos mil veintidós.  Para ello, se tendrá en cuenta que la cuestión controvertida  analizada por las instancias de mérito se centró en determinar  si la clasificación arancelaria de la mercancía “grass artificial  modelo BTF-DN-60D” es la subpartida nacional 3918.90.10.00  o la subpartida nacional 5703.30.00.00.En esa misma línea,  partiendo de las facultades de esta Sala Suprema, debe quedar  claro que, al analizarse las causales denunciadas por la  empresa recurrente, corresponde absolverlas sobre la base de  la cuestión controvertida referida y sin realizar labor valorativa  de las pruebas actuadas y los aspectos fácticos acontecidos.III.  FUNDAMENTOS DE ESTA SALA SUPREMAPrimero:  Objeto del recurso de casaciónSegún lo establecido en el  artículo 384 del Código Procesal Civil, modificado por el artículo  1 de la Ley Nº 29364, el recurso de casación tiene por fines  esenciales la adecuada aplicación del derecho objetivo al caso  concreto y la uniformidad de la jurisprudencia nacional por la  Corte Suprema de Justicia (finalidad nomofiláctica y  uniformizadora, respectivamente), aspecto precisado por las  Casaciones Nº 4197- 2007/La Libertad y Nº 615-2008/ Arequipa3. Por tanto, esta Sala Suprema, sin constituirse en  una tercera instancia procesal, debe cumplir su deber de  pronunciarse acerca de los fundamentos del recurso por las  causales declaradas procedentes.Asimismo, considerando  que en el recurso de casación objeto de análisis se ha  formulado una infracción normativa contra una norma de  carácter procesal (error in procedendo) y dos infracciones  normativas contra normas de carácter material (error in  iudicando), corresponde, en primer término, que esta Sala  Suprema emita pronunciamiento respecto a la denuncia de  carácter procesal. Solo en caso se desestime esta, se  analizarán las infracciones normativas dirigidas a cuestionar  normas de carácter material.Segundo: Análisis del casoDe lo  actuado en vía administrativa se tiene que la empresa ahora  recurrente, representada por su agencia de aduanas, importó  la mercancía denominada comercialmente “grass artificial  modelo BTF-DN-60D”, que fue clasificada en la subpartida  nacional 3918.90.10.00. Sin embargo, producto de una  investigación fiscal, se realizó una lista con todas las empresas  que importaron la referida mercancía (o producto) con tal  clasificación que adjudica un cero por ciento (0%) de derechos  ad valorem. Por esa razón, la administración tributaria inició  un procedimiento de fiscalización definitivo, en el cual —luegoevaluación de la muestra solicitada y otorgada por la empresa—  concluyó que el producto importado debía clasificarse en  la subpartida nacional 5703.30.00.00, que adjudica un nueve  por ciento (9%) de derechos ad valorem (vigente desde el  catorce de octubre de dos mil siete al treinta y uno de diciembre  de dos mil diez) y seis por ciento (6%) de derechos ad valorem  (vigente desde el uno de enero de dos mil once); por ende,  determinó la existencia de tributos dejados de pagar,  emitió diversas liquidaciones de cobranza y sancionó a la  agencia de aduanas con multa. La decisión de la SUNAT fue  apelada ante el Tribunal Fiscal, que la confirmó parcialmente,  argumentando respecto a la procedencia de la determinación  de tributos, principalmente que:[…] el producto […] es un  revestimiento para el suelo de mechones insertados de materia  plástica de polietileno, monofilamentos y tejidos de polipropileno  teniendo como mayor dimensión los monofilamentos  sintéticos de color verde de sección transversal de 0.9 mm  y monofilamentos sintéticos de color verde de sección  transversal rectangular cuya mayor dimensión es 0.6 mm;  por lo que en aplicación a la Nota Legal g) de la Sección XI no  se encuentran comprendidos en la exclusión, pues los  monofilamentos tienen una anchura inferior a 1 mm, por lo  que tiene la connotación de materia textil y corresponde  clasificarse en la Sección XI.[…] tomando en cuenta la partida  57.03, el producto denominado comercialmente “GRASS  ARTIFICAL,  modelo  BTF-DN-60D”,  corresponde  ser  clasificado en la Subpartida nacional 5703.30.00.00, en  aplicación de la Primera y Sexta Regla General para la  Interpretación de la Nomenclatura del Arancel de Aduanas,  aprobado por Decreto Supremo Nº 017-2007-EF.[…] es claro  que en las declaraciones aduaneras materia de controversia  (numeradas durante los años 2009 y 2011) se dejaron de  pagar tributos aduaneros, conforme a lo señalado por la  Administración, razón por la cual corresponde confirmar la  resolución apelada en este extremo.[…]. [Énfasis nuestro] Por otro lado, respecto a la procedencia de la multa impuesta a  la agencia de aduanas, mencionó sustancialmente que:[…] la  agencia de aduana recurrente al asignar la Subpartida  Nacional 3918.90.10.00 a las mercancías declaradas en las  referidas Declaraciones Aduaneras de Mercancías cometió la  infracción establecida en el numeral 5 del inciso b) del  artículo 192 de la Ley General de Aduanas, aprobada por  Decreto Legislativo Nº 1053 […]. [Énfasis nuestro].Sin  embargo, se precisa que este argumento se cita a modo  ilustrativo, en tanto, dicho extremo no ha sido cuestionado en  vía administrativa ni judicial por la empresa demandante.En  suma, el colegiado administrativo advirtió que la mercancía sub  litis numerada en la Declaración Aduanera de Mercancías Nº  118-2011-10-014340 se declaró en la subpartida nacional  3918.90.10.00, porque se siguió el criterio de clasificación  arancelaria establecido por la SUNAT en la diligencia de  reconocimiento físico de la Declaración Aduanera de  Mercancías Nº 118-2011-10-001681, la misma que al ser  sometida a reconocimiento físico y declararse en la mencionada  subpartida nacional no fue observada por el especialista de  aduana encargado; por tanto, concluyó que la administración  aduanera indujo a error a la agencia de aduanas y, por ende, no  corresponde la cobranza de intereses por los tributos dejados  de pagar ni la sanción de multa e intereses relacionados con la  Declaración Aduanera de Mercancías Nº 118-2011-10-014340.  Mientras que, respecto a las Declaraciones Aduaneras de  Mercancías de números 118-2009-10-244170, 118-2009-10- 244562 y 118-2011-10-001681, el Tribunal Fiscal advirtió que  no se configuró la duplicidad de criterio y, por ende, correspondía  confirmar la decisión de la SUNAT en dichos extremos: i) cobro  por sanción de multa e intereses dirigido a la agencia de  aduanas, y ii) cobro de tributos dejados de pagar por las  Declaraciones Aduaneras de Mercancías de números 118- 2009-10-244170, 118-2009-10-244562, 118-2011-10-001681,  118-2011-10-014340, dirigido a la empresa demandante,  porque: “En cuanto a la aplicación del supuesto de duplicidad  de criterio, se debe precisar que éste sólo aplica para el caso  de los intereses y sanciones de multa, no resultando aplicable  para el cobro de tributos dejados de pagar […]”.En vía judicial,  se argumenta básicamente que la mercancía importada, según  sus especificaciones técnicas, tenía un ancho del monofilamento  de poliuretano de 1.03, es decir, superior (o mayor) a 1 mm y,  por ende, fue correcto que la agencia de aduanas la clasifique  en la subpartida nacional 3918.90.10.00, ya que, incluso, dicha  clasificación fue así determinada en las Resoluciones de  Intendencia  de  números  0003A000/2005-001732,  0003A000/2009-000001 y 0003A000/2009-000508 (criterios  vinculantes a nivel nacional). Aunado a ello, la empresa  demandante cuestiona el valor probatorio de los diversos  informes emitidos por la SUNAT —en los que se evaluó el  producto importado y se determinó que este debía clasificarse  en la subpartida nacional 5703.30.00.00—, oponiendo su  Informe Técnico Nº 1218-11-LAB.12 de la Universidad Nacionalde Ingeniería, y la prescripción de la acción para la aplicación y  el cobro de las deudas contenidas en las liquidaciones de  cobranza  emitidas.Ambas  entidades  administrativas,  al  contestar la demanda, refieren que la mercancía sub litis tiene  mechones de monofilamento de material plástico de polietileno  y polipropileno, y además tiene como mayor dimensión los  monofilamentos sintéticos de color verde de sección transversal  de 0.9 mm y como mayor dimensión los monofilamentos  sintéticos de color verde de sección transversal rectangular de  0.6 mm, por lo que, en aplicación de la primera y sexta Reglas  Generales para la Interpretación de la Nomenclatura del  Arancel de Aduanas, aprobadas por Decreto Supremo Nº 017- 2007-EF, corresponde que se clasifique en la subpartida  nacional 5703.30.00.00. Añaden que las Resoluciones de  Clasificación Arancelaria de números 0003A0000/2005- 001732, 0003A0000/2009-000001 y 0003A0000/2009-000508,  contienen una clasificación arancelaria no aplicable al presente  caso porque las mercancías analizadas en ellas tienen  características merceológicas distintas a la mercancía que es  materia de fiscalización. Respecto al Informe Técnico Nº 1218- 11-LAB.12 de la Universidad Nacional de Ingeniería, presentado  por la empresa en instancia administrativa, el Tribunal Fiscal ha  alegado que, si bien fue presentando en la ampliación de la  reclamación, no puede admitirse su contenido porque no se  menciona el modelo del producto; por su parte, la SUNAT ha  argumentado que dicha prueba fue presentada de forma  extemporánea y, al no consignar el modelo de la mercancía  analizada, no se puede determinar fehacientemente que se  trata de la misma mercancía importada por la demandante. Por  último, sobre el argumento de la prescripción de la  administración tributaria para el cobro de la deuda tributaria, se  alega que existieron interrupciones: con la Notificación Nº  44-2011-SUNAT/3B1200 y la Notificación del Requerimiento Nº  1197-2011-SUNAT-3B220.El Juzgado compartió la postura de  las entidades codemandadas, ahondando en la obtención de la  muestra de la mercancía que fue analizada para determinar  sus características merceológicas, puesto que la demandante  alegaba que no pudo remitir la totalidad de la muestra solicitada  por la SUNAT (en la fiscalización) porque vendió la totalidad del  producto; sin embargo, ello fue rebatido por la administración  porque demostró que la empresa quedó con un saldo  equivalente a 10,237 metros cuadrados. Además, según el  Juez las normas que sustentaron los informes de la SUNAT  mantienen su vigencia y, en cualquier caso, estos no fueron  rebatidos por el Informe de parte (presentado por la empresa).  Por último, respecto a la prescripción de la administración  tributaria para el cobro de la deuda tributaria, concluyó que  existieron interrupciones que la suspendieron y, por ende,  dicha prescripción no se configuró.La Sala Superior siguió el  mismo razonamiento del Juzgado; empero, respecto al agravio  formulado en la apelación de sentencia referido a la vulneración  de los principios de causalidad, culpabilidad y razonabilidad,  indicó que tanto la empresa como la agencia de aduanas no  fueron diligentes al sustentar documentalmente la Declaración  Aduanera de Mercancías Nº 118-2009-10-244170, porque se  adjuntó una ficha técnica emitida por la empresa Gauzhou  Batsman Chemical Industry, Ltda., pero en la declaración se  consignó como proveedor a la empresa East Grace Corporation.  Además, enfatizó que en materia aduanera prima la  responsabilidad objetiva y, por ende, en este caso no existen  eximentes y/o atenuantes de responsabilidad. Asimismo, sobre  el agravio referido a la vulneración del procedimiento regular,  argumentó que la presencia del despachador no era necesaria  en el muestreo, puesto que no se realizó un procedimiento de  reconocimiento físico propiamente dicho. Por último, se hace la  salvedad de que en segunda instancia ya no se discutió el  extremo de la prescripción de la acción de la SUNAT para el  cobro de la deuda tributaria.Bajo el contexto narrado, se  analizarán las causales casatorias declaradas procedentes,  sobre la base de los argumentos que las sustentan y de  acuerdo con la tipología de la infracción normativa, conforme a  los alcances del Código Procesal Civil.Tercero: Análisis de la  infracción normativa de carácter procesala.1. Inaplicación  del numeral 2 del artículo 2 de la Ley Nº 27584 - Ley que  Regula el Proceso Contencioso Administrativoa.1.1. Para  sustentar esta causal, la empresa recurrente señala los  siguientes argumentos:a) La Sala Superior ha desestimado  informes emitidos por la SUNAT, adjuntados en el recurso de  apelación, en los cuales consta que la sanción se desestima  cuando se produce a raíz de información proporcionada por el  proveedor. Por tanto, ha actuado de forma parcializada, porque  para desestimar tales informes solo se centró en los aspectos  de forma de dichos documentos (hechos distintos, infracción  distinta), omitiendo pronunciarse sobre los hechos de fondo,  máxime si dichos informes se basan en la imposibilidad de la  empresa de conocer más allá de la información proporcionada  por el proveedor.b) En la sentencia de vista se interpretó de  forma errónea el principio de igualdad procesal regulado en elnumeral 2 del artículo 2 de la Ley Nº 27584.a.1.2. Se precisa  que la causal casatoria mencionada se declaró procedente por  la tipología de “inaplicación normativa”; sin embargo, conforme  al detalle que precede, se tiene que la recurrente en realidad  cuestiona la “interpretación errónea” del numeral 2 del  artículo 2 de la Ley Nº 27584, que regula el principio de igualdad  procesal. Por tal motivo, dicha infracción normativa se analizará  en tal contexto.a.1.3. En primer término, se cita la norma  denunciada:Artículo 2.- PrincipiosEl proceso contencioso  administrativo se rige por los principios que se enumeran a  continuación y por los del derecho procesal, sin perjuicio de la  aplicación supletoria de los principios del derecho procesal civil  en los casos en que sea compatible:[…]2. Principio de igualdad  procesal.- Las partes en el proceso contencioso administrativo  deberán ser tratadas con igualdad, independientemente de su  condición de entidad pública o administrado.[…]Al respecto, es  pertinente  anotar  que  la  infracción  normativa  por  interpretación errónea de la norma procede cuando el  órgano jurisdiccional da a la norma un sentido que no  corresponde a su genuino espíritu; esto es, aplica la norma  pertinente al caso, pero le otorga un sentido diferente. Es decir,  es requisito de esta casual que la norma cuya interpretación  equivocada se alega, haya sido utilizada por la resolución  recurrida. Asimismo, resulta necesario que la parte denunciante  describa con claridad la interpretación efectuada por el órgano  jurisdiccional que considera errónea y, además, efectúe una  propuesta interpretativa de la norma a ser validada o rechazada  por este Supremo Tribunal.En primer término, se precisa que la  sentencia de vista no contiene pronunciamiento ni análisis  respecto del principio de igualdad procesal, regulado en la Ley  Nº 27584. Es por ello que la empresa recurrente no ha  explicado la interpretación errónea en la que habría incurrido la  Sala Superior, simplemente se ha limitado a sostener tal  premisa sin sustento alguno.Aunado a ello, la casacionista  tampoco ha propuesto una forma válida de interpretación del  principio de igualdad procesal antes aludido, con relación al  caso sub litis. Por tal motivo, no se puede configurar la  infracción normativa denunciada.a.1.4. Ahora bien, en el caso  de que la empresa considere que efectivamente formuló causal  casatoria por inaplicación normativa, pese a la incongruencia  de sus argumentos con la formulación de la tipología de esta,  debe considerarse que:[…]La inaplicación de una norma  jurídica supone constatar que el hecho probado se subsume en  una norma que lo regula; el soslayar tal constatación constituye  un supuesto de inaplicación de esta, de modo que para fundar  esta causal la argumentación del recurso debe estar  orientada a destacar la desidia, desconocimiento o dolo  del juzgador respecto a la aplicación de la norma invocada  y que, a juicio de la impugnante de un caso concreto analizado,  debió ser aplicada; exigiéndose, además, a la recurrente que  demuestre que el supuesto hipotético de la citada norma  es aplicable a una cuestión fáctica establecido en autos y  cómo su aplicación modificatoria el resultado del juzgamiento.4  [Énfasis nuestro]El análisis de esta infracción normativa,  considerándola como una de “inaplicación normativa”, implica  que la recurrente haya invocado el principio de igualdad  procesal, previsto en el numeral 2 del artículo 2 de la Ley Nº  27584, como parte de la argumentación de sus agravios en su  recurso de apelación. Empero, esto no ha ocurrido en el caso  de autos, por lo que, considerando que: “[…] las cuestiones no  apeladas no pueden ser materia de casación; es decir, no se  puede plantear como agravio (en casación) aquello que no se  reclamó en apelación […]”5, se colige que este extremo no tiene  asidero alguno.A ello se añade que la tesis de defensa expuesta  por la casacionista no desarrolla la pertinencia de la aplicación  del numeral 2 del artículo 2 de la Ley Nº 27584 al caso concreto  y la incidencia que tendría en la decisión judicial cuestionada;  tampoco se ha demostrado la intención del colegiado superior  para desconocer la aplicación del acotado principio. Sin  embargo, ello se explica por la omisión por parte de dicha parte  procesal, de incluir el cuestionamiento al principio de igualdad  procesal en su recurso de apelación.a.1.5. Por su parte, no  escapa del análisis de este Supremo Tribunal que la recurrente  cuestiona la valoración probatoria realizada por la Sala Superior  respecto a los distintos informes emitidos por la SUNAT, que  citó en su recurso de apelación de sentencia. Esto es,  indirectamente pretende la revaloración probatoria que ya ha  sido objeto de pronunciamiento por las instancias de mérito,  pero ello se contrapone a la naturaleza y fines del recurso de  casación.Sin perjuicio de ello, se precisa que la Corte Suprema  no hace labor probatoria y en reiterada jurisprudencia ha  establecido que no compete a los tribunales de casación  efectuar valoración de hechos o medios probatorios:Casación  Nº 137-2000 Lima, publicada en el diario El Peruano el  veintitrés de marzo del año dos milAtribuir un sentido  determinado a un hecho conforme al mérito probatorio que se  extraiga de una determinada prueba constituye una facultad  del juzgador prevista en la ley procesal, por lo que la conclusiónfáctica a que arriba el juzgador sobre los hechos no pueda ser  reexaminada en sede casatoria por no ser actividad constitutiva  del recurso de casación.Casación Nº 2059-2012 La Libertad,  publicada en el diario oficial El Peruano el dos de febrero  de dos mil treceEste Supremo tribunal no está facultado a  debatir aspecto de hechos pues lo contrario significaría revisar  la situación fáctica establecida por las instancias de mérito lo  cual implica la revaloración de las pruebas resultando dicha  actividad ajena la finalidad prevista por el artículo 384 del  Código Procesal Civil esto es la adecuada aplicación del  derecho objetivo al caso concreto así como la uniformidad de la  jurisprudencia nacional por la Corte Suprema de Justicia. Casación Nº 1892-077 Lambayeque, publicada en el diario  oficial El Peruano el treinta de junio de dos mil ocho[…]  resulta contrario a la naturaleza y fines del recurso extraordinario  de casación cuestionar los hechos que fueron establecidos en  las instancias de mérito, pues el recurso de casación no  constituye una tercera instancia en la que se deba efectuar una  nueva revisión de lo establecido en las instancias de origen  […].a.1.6. De otro lado, si la empresa recurrente consideraba  que la sentencia de vista contenía una inadecuada valoración  probatoria, tenía la posibilidad de formular otro tipo de causal  casatoria —relacionada a posible vulneración a los derechos  de defensa y al debido proceso—, de acuerdo a los alcances  del Código Procesal Civil; empero, esta Sala Suprema no  puede suplir la deficiencia argumentativa del recurso de  casación, puesto que:El recurso extraordinario de casación es  eminentemente formal y excepcional por cuanto se estructura  con precisa y estricta sujeción a los requisitos que exige la  norma procesal civil constituyendo responsabilidad de los  justiciables —recurrentes— saber adecuar los agravios que  invocan a las causales que para dicha finalidad se encuentran  taxativamente determinadas en la norma procesal toda vez que  el Tribunal de Casación no está facultado para interpretar  el recurso ni integrar o remediar las carencias del mismo o  dar por supuesta y explícita la falta de causal no pudiendo  subsanarse de oficio los defectos incurridos por los  recurrentes en la formulación del recurso.6 [Énfasis nuestro] a.1.7. En consecuencia, a tenor de las consideraciones  esbozadas, corresponde desestimar la infracción normativa  de carácter procesal, por lo que se pasará a analizar las  infracciones de carácter material.Cuarto: Análisis de las  infracciones normativas de carácter materialc.1.Inaplicación  del artículo 1361 del Código Civil, del artículo 62 de la  Constitución Política del Perú y del numeral 1.11 del  artículo IV del título preliminar de la Ley Nº 27444 - Ley del  Procedimiento Administrativo Generalc.1.1. Para sustentar  esta causal, la empresa recurrente señala los siguientes  argumentos:d) La Sala Superior desconoce la información  brindada por la empresa (especificación técnica respecto al  ancho del filamento del grass), en tanto considera que la ficha  técnica pertenece a la empresa Gauzzhou, que es distinta a la  empresa proveedora East Grace. Sin embargo, ha ignorado el  contrato celebrado entre ambas empresas para la transacción  del grass sintético: Gauzzhou como fabricante y East Grace  como comercializador. Por tanto, no se ha considerado que la  empresa fabricante fue quien emitió la especificación técnica,  en donde se señala que el filamento es de 1.03 mm.e) En la  sentencia de vista se señaló de forma arbitraria que la  especificación técnica no tendría vinculación con la mercancía  porque fue emitida por otra empresa, lo cual es falso, tanto más  si con el referido contrato se acredita claramente la vinculación  entre ambas empresas. Por ello, la Sala Superior inaplicó las  normas denunciadas, vinculadas con la libertad contractual y el  principio de verdad material.c.1.2. Si bien la formulación de  esta infracción normativa contiene tres normas distintas, su  análisis se realizará a partir de los alcances antes mencionados  sobre la tipología de “inaplicación normativa”. En primer  término, es pertinente citar las normas denunciadas a fin de  determinar  el  común  denominador  de  estas:Código  CivilArtículo 1361.- Los contratos son obligatorios en cuanto se  haya expresado en ellos.Se presume que la declaración  expresada en el contrato responde a la voluntad común de las  partes y quien niegue esa coincidencia debe probarla. Constitución Política del PerúArtículo 62.- La libertad de  contratar garantiza que las partes pueden pactar válidamente  según las normas vigentes al tiempo del contrato. Los términos  contractuales no pueden ser modificados por leyes u otras  disposiciones de cualquier clase. Los conflictos derivados de la  relación contractual sólo se solucionan en la vía arbitral o en la  judicial, según los mecanismos de protección previstos en el  contrato o contemplados en la ley.Mediante contratos-ley, el  Estado puede establecer garantías y otorgar seguridades. No  pueden ser modificados legislativamente, sin perjuicio de la  protección a que se refiere el párrafo precedente.Ley Nº  27444Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo1.  El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente  en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de otrosprincipios generales del Derecho Administrativo:[…]1.11.  Principio de verdad material.- En el procedimiento, la autoridad  administrativa competente deberá verificar plenamente los  hechos que sirven de motivo a sus decisiones, para lo cual  deberá adoptar todas las medidas probatorias necesarias  autorizadas por la ley, aun cuando no hayan sido propuestas  por los administrados o hayan acordado eximirse de ellas.En el  caso de procedimientos trilaterales la autoridad administrativa  estará facultada a verificar por todos los medios disponibles la  verdad de los hechos que le son propuestos por las partes, sin  que ello signifique una sustitución del deber probatorio que  corresponde a estas. Sin embargo, la autoridad administrativa  estará obligada a ejercer dicha facultad cuando su  pronunciamiento pudiera involucrar también al interés público.  […].De la cita textual que precede, se desprende que la norma  constitucional se relaciona con la norma regulada en el Código  Civil, puesto que ambas regulan los efectos jurídicos de los  contratos. Sin embargo, la relación existente en estas normas  con aquella prevista en el Texto Único Ordenado de la Ley Nº  27444 no es clara, en tanto esta última regula uno de los  principios que dirige la actuación de toda autoridad  administrativa en un procedimiento.c.1.3. Según el sustento de  la recurrente, la Sala Superior no habría considerado el contrato  celebrado entre la empresa Gauzzhou (como fabricante) y la  empresa East Grace (como comercializador), porque ello la  llevó a concluir que una de las cuatro declaraciones aduaneras  no tendría un adecuado sustento técnico. Sin embargo, no  desarrolla de forma clara y explícita argumentos que sustenten  de forma individualizada la infracción por inaplicación de cada  norma denunciada. Esto es, la casacionista omite fundamentar  por qué razones se debía aplicar el artículo 1361 del Código  Civil, el artículo 62 de la Constitución Política del Perú y el  principio de verdad material, previsto en el numeral 1.11 del  artículo IV del título preliminar de la Ley Nº 27444 - Ley del  Procedimiento Administrativo General; así como la pertinencia  de estas normas respecto a la resolución de la materia  controvertida, que no se circunscribe a dilucidar la existencia y  alcances (o efectos jurídicos) del contrato presuntamente  celebrado entre las empresas East Grace y Gauzzhou.c.1.4.  En el presente caso, la aplicación del artículo 1361 del Código  Civil no habría generado efectos jurídicos distintos. Cabe  precisar que dicha norma regula la obligatoriedad de los  contratos y la presunción de que su contenido responde a la  voluntad de las partes, pero en el caso concreto no se ha  vulnerado tal derecho ni se ha discutido como parte de la  cuestión litigiosa que se configuró en la instancia administrativa  —referida a la clasificación arancelaria de la mercancía  denominada “grass artificial modelo BTF-DN-60D” y el  muestreo para su estudio merceológico—. Lo mismo sucede  con la alegada aplicación del artículo 62 de la Constitución  Política del Perú exigida por la recurrente —norma que regula  el derecho a la libertad contractual—, en tanto para la resolución  del presente caso no se ha limitado el ejercicio de tal derecho.  Por el contrario, los efectos jurídicos de la sentencia de vista  corresponden a la incorrecta clasificación arancelaria del  producto importado que, conforme a las pruebas valoradas,  generó la omisión de pago de tributos aduaneros —que  precisamente motivó la emisión de las Liquidaciones de  Cobranza de números 2012-003635, 2012-003637, 2012- 003638 y 2012-003639—.c.1.5. Por su parte, la aplicación del  principio de verdad material es un cuestionamiento dirigido a  las actuaciones acontecidas en sede administrativa, por lo que,  invocarlo no es pertinente en esta instancia; máxime si, con la  argumentación imprecisa que sustenta dicho extremo, la  empresa recurrente pretende indirectamente que este Supremo  Tribunal realice un análisis de los aspectos fácticos que ya han  sido objeto de pronunciamiento por parte de los órganos  jurisdiccionales competentes para tal fin. Así las cosas, debe  recalcarse que ello no se condice con la naturaleza del recurso  de casación, puesto que su revisión no significa acceder a una  tercera instancia judicial, conforme se establece en la  jurisprudencia:Este Supremo Tribunal no está facultado a  debatir aspectos de hechos pues lo contrario significaría revisar  la situación fáctica establecida por las instancias de mérito lo  cual implica la revaloración de las pruebas resultando dicha  actividad ajena la finalidad prevista por el artículo 384 del  Código Procesal Civil esto es la adecuada aplicación del  derecho objetivo al caso concreto así como la uniformidad de la  jurisprudencia nacional por la Corte Suprema de Justicia.7c.1.6.  Además, cuando menciona que, según la “especificación  técnica” contenida en el aludido informe técnico, el filamento de  la mercancía importada sería de 1.03 mm, se advierte que  indirectamente pretende la emisión de un juicio de valor  respecto a dicho informe, pese a que ello está proscrito en  instancia de casación y que la Sala Superior ya se pronunció al  respecto en el considerando octavo de su decisión:OCTAVO:  En relación a los agravios contenidos en los literales a) al c) del  tercer considerando, donde se señala en resumen que se hanvulnerado los principios de causalidad, culpabilidad y  razonabilidad, debido a que tanto la empresa demandante  como su agente de aduanas no tenían la intención de  incurrir en ninguna infracción siendo que han cumplido con  sus obligaciones, pues han seguido los pasos para la  clasificación arancelaria del grass sintético, esto es, utilizar la  especificación técnica de la mercancía BTD-DN-60D y las  Resoluciones de Intendencia que establecían criterios al  respecto, siendo que no tenían forma de cuestionar y/o  comprobar la especificación técnica enviada por la  proveedora que señalaba que la medida del ancho del  filamento era de 1.03 mm por lo que lo clasificaron en el  capítulo 39 […]Al respecto, […] es menester precisar que la  única ficha técnica ofrecida por la acota que obra en los  actuados administrativos es la emitida por la empresa Gauzhou  Batsman Chemical Industry Co. Ltd (fojas 16 a 17 EA-T1), sin  embargo, de la DAM Nº 118-2009-10-244170 (B) de fecha  catorce de octubre de dos mil nueve (fojas 309 a 310 EA-T2),  se advierte que el proveedor de la empresa demandante fue  East Grace Corporation, esto es, una empresa distinta […]  por esa razón, se determina que la documentación en la cual  se sustentó la clasificación arancelaria […] no fue la  pertinente, lo cual demuestra que tanto la empresa importadora  como su agente de aduanas no han cumplido con su deber de  diligencia. […] [Énfasis nuestro]Por tanto, independientemente  de que la parte recurrente esté de acuerdo o no con la  valoración probatoria que el colegiado superior otorgó a la  referida ficha técnica, lo cierto es que formó parte de su  razonamiento jurídico. Además, la referencia en la sentencia  recurrida a la ficha técnica emitida por la empresa Gauzhou  Batsman Chemical Industry Co. Ltd. tuvo como fin desarrollar la  absolución del agravio de la demandante dirigido a cuestionar  la vulneración del principio de culpabilidad8 —con el cual  pretendía sustentar la responsabilidad administrativa subjetiva  de su accionar—, pues precisamente con base en tal ficha  técnica concluyó el colegiado superior que la Declaración  Aduanera de Mercancías Nº 118-2009-10-244170 no estuvo  sustentada con documentación pertinente y que, por ello, la  empresa demandante y su agencia de aduanas no fueron  diligentes.Independientemente que la ficha técnica aludida  haya sido emitida por la empresa Gauzhou Batsman Chemical  Industry Co. Ltd (fabricante) y que la empresa proveedora de la  demandante sea East Grace Corporation, lo cierto es que — según se ha indicado en la apelación de sentencia—, en dicho  documento técnico se señalaba que la medida del ancho del  filamento de la mercancía importada era de 1.03 mm, lo que  conllevó que su clasificación se realice en el capítulo 39. Sin  embargo, es pertinente mencionar que los actos administrativos  impugnados en vía judicial, fueron emitidos por el cobro de  tributos dejados de pagar —generados por la incorrecta  clasificación arancelaria de la mercancía denominada grass  sintético artificial (modelo BTF-DN-60D)—, lo cual no se  sustentó en la pertinencia o no de la documentación adjuntada  en la Declaración Aduanera de Mercancías Nº 118-2009-10- 244170, sino en el análisis realizado a la muestra de la  mercancía sub litis otorgada por la empresa demandante.Así  las cosas, la especificación técnica en la cual se indicó que la  medida del ancho del filamento de la mercancía importada era  de 1.03 mm, no se contrapone a la conclusión a que arribó el  órgano jurisdiccional luego de la valoración conjunta de los  distintos informes elaborados por la SUNAT y del informe  de parte presentado por la demandante, que se refieren  específicamente a los resultados del análisis de laboratorio de  la muestra de la mercancía. Sobre el particular, conviene citar  el considerando décimo cuarto de la sentencia de vista, que a  la letra dice:DÉCIMO CUARTO:[…]En ese orden de ideas,  cabe resaltar que la Administración Aduanera a través de la  División de Laboratorio Central y la División de Gestión de  Arancel Integrado emitió los Informes Nº 585-2011-SUNAT- 3D0500 de fecha dos de junio del dos mil once, Nº  628-2011-SUNAT/3A1500 de fecha once de julio del dos mil  once y Nº 996-2012-SUNAT-3D0500 de fecha veintidós de  agosto del dos mil doce, que analizaron la muestra de grass  sintético del modelo BTF-DN-60D correspondiente a la serie  2 de la DUA Nº 118-2009-244170 de fecha catorce de octubre  del dos mil nueve, proporcionada por la propia empresa  demandante a través del escrito de fecha ocho de febrero del  dos mil once, concluyendo que se trata de un revestimiento  para pisos de mechones insertados de monofilamentos  sintéticos de color verde con una medida de la mayor sección  transversal ovalada igual a 0.9 mm y una medida de la  mayor sección transversal rectangular igual 0.6 mm, es  decir, inferior a 1 mm, siendo su composición química de  polietileno 100% y polipropileno 100% y su uso de césped  artificial, por lo que no se encontraría en la excepción prevista  en la Nota Legal 1 literal g) de la Sección XI Materias Textiles y  sus Manufacturas (Capítulo 50 a 63) del Arancel de Aduanas  aprobado  por  Decreto  Supremo  Nº  017-2007-EF,correspondiéndole  la  clasificación  arancelaria  5703.30.00.00, cuyo valor probatorio se presume por haber  sido emitido por funcionarios especializados en la materia,  más aún cuando la empresa demandante no ha probado lo  contrario;  […].  [Énfasis  nuestro]En  consecuencia,  el  pronunciamiento de la Sala Superior respecto de la ficha  técnica emitida por la empresa Gauzhou Batsman Chemical  Industry Co. Ltd. no resulta transcendental en la resolución del  caso concreto. Este aspecto no fue determinante en su  decisión.c.1.7. De ahí que, tal como ha sido planteada la causal  casatoria analizada, no se advierte que la inclusión del artículo  1361 del Código Civil, el artículo 62 de la Constitución Política  del Perú y el principio de verdad material, regulado en la Ley Nº  27444, coadyuve a la resolución del caso concreto; por el  contrario, desviaría la materia controvertida delimitada por las  instancias de mérito. Esto se refuerza con el detalle expresado  en el fundamento segundo de la presente Ejecutoria Suprema,  respecto a los aspectos discutidos en instancia administrativa y  judicial.Con base en lo expuesto, este Supremo Tribunal colige  que la infracción normativa analizada no ha sido debidamente  sustentada, al no explicarse los efectos que acarrearía su  estimación. Por tanto, se ratifica que aquella no tiene asidero  alguno, correspondiendo desestimar este extremo del  recurso de casación.c.2. Interpretación errónea de la  Resolución de la Superintendencia Nacional Adjunta de  Aduanas Nº 061-2010/SUNAT/A - Procedimiento INTA PE  00.03.c.2.1. Para sustentar esta causal, la empresa recurrente  señala los siguientes argumentos:a) Respecto a la vulneración  del Procedimiento INTA-PE.00.03, por no notificar al  despachador y no haberse solicitado una muestra de cuatro (4)  metros en el procedimiento seguido ante la SUNAT, la Sala  Superior señaló que la presencia del despachador no era  obligatoria porque no se trataba de un procedimiento de  reconocimiento físico propiamente dicho y que, por otro lado, la  empresa demandante era libre de mandar el tamaño de  muestra que considerase pertinente, pero no lo hizo, sino que  se ciñó a lo solicitado por la SUNAT.b) También, señala que el  colegiado superior actuó de forma parcializada justificando la  actuación de la SUNAT y expresando una posición arbitraria en  contra de la empresa, dado que aplicó indebidamente el  Procedimiento INTA-PE.00.03: i) el numeral 4 del acápite VI,  que establece que el reconocimiento físico de la mercancía es  efectuado por el funcionario aduanero en presencia del  despachador de aduana, del dueño o consignatario o su  representante; y ii) el numeral 14 del literal e) del acápite VII,  que regula los alcances respecto a las muestras a extraer.c) El  Procedimiento INTA-PE.00.03, aprobado por la SUNAT, es de  obligatorio cumplimiento; por tal motivo, el funcionario público  debe adecuar el proceso y su conducta al procedimiento  regular, máxime si no se informó que ese procedimiento es el  que se aplica para la fiscalización.c.2.2. Para el análisis de esta  infracción normativa, se considerarán los alcances vertidos  sobre la tipología de “interpretación errónea”. Así, de la  fundamentación expuesta por la recurrente, se advierte que no  explica las razones por las cuales considera que la Sala  Superior habría interpretado de forma errónea el Procedimiento  INTA-PE.00.03, puesto que únicamente sustenta su alegación  en la supuesta parcialidad y, por ende, arbitrariedad, del órgano  jurisdiccional.De este modo, no solo se colige la expresión de  una tesis argumentativa inconsistente, sino la inadecuada  formulación de la causal casatoria, en tanto se denuncia la  infracción de un dispositivo normativo completo (Resolución de  la Superintendencia Nacional Adjunta de Aduanas Nº 061- 2010/SUNAT/A – Procedimiento INTA PE 00.03.). Si bien, entre  sus argumentos, la casacionista hace referencia al numeral 4  del acápite VI y el numeral 14 del literal e) del acápite VII del  mencionado dispositivo, mas debe resaltarse que dicha alusión  es meramente enunciativa, es decir, carente de argumentos  claros, precisos y pertinentes —vale decir, expuestos de forma  individualizada respecto a cada extremo—, de modo que se  pueda comprender inequívocamente los motivos sustentatorios  de la alegada interpretación errónea. Por tanto, la infracción  normativa analizada no merece ser estimada.c.2.3. Sin  perjuicio de ello, es pertinente referirnos al numeral 4 del  acápite VI y el numeral 14 del literal e) del acápite VII de la  Resolución de la Superintendencia Nacional Adjunta de  Aduanas  Nº  061-2010/SUNAT/A9,  que  aprueba  el  Procedimiento Específico de “Reconocimiento Físico –  Extracción y Análisis de Muestras” INTA PE 00.03 (versión  3):Numeral 4 del acápite VIVI. NORMAS GENERALES[…]4.  El reconocimiento físico es efectuado por el funcionario  aduanero en presencia del despachador de aduana, del dueño,  consignatario o su representante cuando corresponda y el  reconocimiento físico de oficio, en presencia del representante  del almacén aduanero.Numeral 14 del literal e) del acápite  VIIVII. DESCRIPCIÓN[…]E. EXTRACCIÓN, ANÁLISIS Y  EVALUACIÓN  DE  MUESTRAS  DE  MERCANCÍAS[…] Cantidad de muestra a extraer[…]14. Las muestras de losproductos que a continuación se detallan deben extraerse en  las siguientes cantidades: Capítulo 39 - Polímeros y resinas en formas primarias: 150 g - Láminas y bandas: superficie mínima de 20 x 20 cm - Cintas ad- hesivas De tamaño pequeño: 01 rollo. Los demás casos: mínimo 4 m, despreciándose los tres primeros  metros. - Desperdicios: deben ser los representativos del total. […]c.2.4. A efectos de no redundar en el tema, nos remitimos  al desarrollo del fundamento segundo de la presente  ejecutoria suprema, en el cual perfectamente se puede  comprender la cuestión litigiosa que se sigue desde instancia  administrativa hasta el proceso judicial. Ello es importante,  a fin de comprender la pertinencia de los dispositivos  precitados.El numeral 4 del acápite VI de la Resolución  de la Superintendencia Nacional Adjunta de Aduanas  Nº 061-2010/SUNAT/A - Procedimiento INTA PE 00.03  regula la presencia del despachador de aduanas, dueño,  consignatario o su representante, en el reconocimiento físico  de la mercancía; sin embargo, conforme al numeral 1 del  mencionado acápite, el referido reconocimiento físico es  un procedimiento aplicable a los regímenes aduaneros  que regulan el ingreso de mercancías al país y, en cuanto  sea aplicable, a los regímenes que regulan la salida de las  mercancías del país. En esa misma línea, en el numeral  3 del acápite VI del precitado dispositivo, refiriéndose al  reconocimiento físico, se indica que:[…] es la operación que  consiste en verificar lo declarado, mediante una o varias  de las siguientes actuaciones: reconocer las mercancías,  verificar su naturaleza, origen, estado, cantidad, calidad,  valor, peso, medida o clasificación arancelaria.Por tanto, de  la interpretación conjunta de los acotados numerales 1 y 3,  se tiene que el procedimiento de reconocimiento físico  no es aplicado propiamente en un procedimiento de  fiscalización; por el contrario, se aplica únicamente para  los regímenes aduaneros de ingreso y salida de mercancías  del país.Así las cosas, queda claro que la muestra solicitada  por la administración aduanera en el procedimiento de  fiscalización definitiva iniciado contra la empresa demandante  se sustentó en el ejercicio de sus derechos y deberes,  que emanan de su potestad fiscalizadora10; esto es, el  muestreo no se realizó en el marco de un procedimiento  especial de reconocimiento físico, como erróneamente  considera la empresa recurrente. Ello se corrobora incluso  con los argumentos de la demanda, en los que la empresa  demandante admite que la agencia de aduanas realizó cuatro  importaciones de grass artificial BTF-DN-60D, cancelando  todos los tributos de importación (Declaraciones Aduaneras de  Mercancías de números 118-2009-10-244170, 118-2009-10- 244562, 118-2011-10-001681 y 118-2011-10-014340), y que  dicha mercancía pasó por la revisión de su documentación  sustentatoria y el correspondiente reconocimiento físico,  para obtener su nacionalización, de modo que, después  de transcurridos siete meses desde la última importación,  la SUNAT realizó una auditoria e inició el procedimiento de  fiscalización correspondiente. Es decir, la demandante — en su escrito postulatorio— reconoció que el procedimiento  de reconocimiento físico se habría realizado antes del  procedimiento de fiscalización iniciado por la administración  aduanera y no después o durante este. Por tanto, se ratifica  que los argumentos que sustentan esta causal no tienen  asidero alguno.c.2.5. El extremo relacionado a la cantidad de  la muestra a extraer, regulado en el numeral 14 del literal e)  del acápite VII de la Resolución de la Superintendencia  Nacional Adjunta de Aduanas Nº 061-2010/SUNAT/A  – Procedimiento INTA PE 00.03, es un aspecto que ha  merecido pronunciamiento por las instancias de mérito y  que, además, de analizarse implicaría la revaloración de la  base fáctica y la emisión de juicio valorativo sobre el acervo  probatorio obrante en el expediente principal y administrativos;  por lo que es pertinente recalcar que la Sala Suprema  resuelve sin constituirse en tercera instancia y, por tal motivo,  está proscrito el ejercicio de la labor valorativa.c.2.6. Debe  quedar claro que es necesario que la infracción normativa por  interpretación errónea se encuentre debidamente explicada  y sustentada, para advertir la pertinencia que tendría en la  resolución del caso; sin embargo, ello no ha sucedido con la  casacionista.En consideración a los argumentos expuestos,  se concluye que corresponde desestimar la infracción  normativa denunciada por la empresa recurrente All In  World Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada  y, por ende, declarar infundado su recurso de casación. IV. DECISIÓNPor tales consideraciones y de conformidad  con lo dispuesto en el artículo 397 del Código Procesal  Civil, DECLARARON INFUNDADO el recurso de casación  interpuesto por la empresa demandante All In World Sociedad  Comercial de Responsabilidad Limitada, mediante escritodel veintinueve de noviembre de dos mil diecinueve (fojas  cuatrocientos noventa y seis a quinientos dieciocho del  Expediente Judicial Electrónico – EJE). En consecuencia,  NO CASARON la sentencia de vista contenida en la  resolución número diecisiete, del veintinueve de octubre de  dos mil diecinueve (fojas cuatrocientos cincuenta y tres a  cuatrocientos ochenta del EJE), que confirmó la sentencia de  primera instancia, contenida en la resolución número diez, del  trece de agosto de dos mil diecinueve (fojas trescientos uno  a trescientos treinta y ocho del EJE), que declaró infundada  la demanda. Por último, DISPUSIERON la publicación de la  presente resolución en el diario oficial El Peruano conforme  a ley, en los seguidos por All In World Sociedad Comercial  de Responsabilidad Limitada contra el Tribunal Fiscal y la  Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración  Tributaria, sobre impugnación de resolución administrativa.  Notifíquese por Secretaría y devuélvanse los actuados. Interviene como ponente el señor Juez Supremo (P) Wilbert  González  Aguilar.SS.GONZÁLEZ  AGUILAR,  RUEDA  FERNÁNDEZ, BUSTAMANTE DEL CASTILLO, BARRA  PINEDA, DÁVILA BRONCANO. 1  Anteriormente: All in World S.A.C. 2  Se precisa que las pretensiones postuladas en la demanda coinciden con las  consignadas en las sentencias de primera y segunda instancia. 3  Ambas fueron publicadas en el diario oficial El Peruano el treinta y uno de marzo  de dos mil ocho. 4  Casación Nº 287-2003 Huánuco, publicada en el diario oficial El Peruano el treinta  de diciembre de dos mil tres 5  Casación Nº 4994-2007 Lima, publicada en el diario oficial El Peruano el uno de  diciembre de dos mil ocho 6  Casación Nº 3842-2014 Lima, publicada en El Peruano el uno de agosto de dos mil  dieciséis. 7  Casación Nº 2059-2012 La Libertad, publicada en el diario oficial El Peruano el dos  de febrero de dos mil trece 8  Véase la página 5 del recurso de apelación (foja trescientos cincuenta del EJE) 9  No se consideran las modificaciones posteriores por no ser pertinentes. 10  Artículo 62.- FACULTAD DE FISCALIZACIÓN  La facultad de fiscalización de la Administración Tributaria se ejerce en forma  discrecional, de acuerdo a lo establecido en el último párrafo de la Norma IV del  Título Preliminar.  El ejercicio de la función fiscalizadora incluye la inspección, investigación y el  control del cumplimiento de obligaciones tributarias, incluso de aquellos sujetos  que gocen de inafectación, exoneración o beneficios tributarios. Para tal efecto,  dispone de las siguientes facultades discrecionales: […] [Énfasis nuestro]  Incluye la modificación dispuesta por el artículo 27 del Decreto Legislativo Nº 953,  publicado el cinco de febrero de dos mil cuatro. C-2136204-50