CASACIÓN Nº 34368-2022 LIMA
Lima, nueve de noviembre de dos mil veintidós.- VISTOS; el Expediente Judicial Electrónico (en adelante EJE)  y el cuaderno de casación formando en esta Sala Suprema; y,  CONSIDERANDO:PRIMERO.- Viene a conocimiento de esta  Sala Suprema el recurso de casación interpuesto virtualmente  por la entidad demandante, Superintendencia Nacional de  Aduanas y de Administración Tributaria-SUNAT, con fecha  veintiuno de junio de dos mil veintidós, obrante de fojas cuatro  mil novecientos setenta y seis a cinco mil del EJE, contra la  sentencia de vista contenida en la resolución número veinticinco  del cinco de mayo de dos mil veintidós, corriente de fojas cuatro  mil novecientos cincuenta a cuatro mil novecientos sesenta y  cinco del EJE, emitida por la Séptima Sala Especializada en lo  Contencioso Administrativo con Subespecialidad Tributaria y  Aduanera de la Corte Superior de Justicia de Lima, que revocó  la sentencia apelada de primera instancia dictada mediante  resolución número veinte del veintiséis de noviembre de dos  mil veintiuno, obrante de fojas cuatro mil ochocientos cuarenta  a cuatro mil ochocientos cincuenta y tres del EJE, que declaró  fundada la demanda sobre nulidad de Resolución Administrativa  y otro y, reformándola la declaró infundada en todos sus  extremos; correspondiendo se proceda a verificar si dicho  recurso cumple o no con lo dispuesto en los artículos 34°  (inciso 3) y 35° del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584,  Ley que Regula el Proceso Contencioso Administrativo,  aprobado por Decreto Supremo Nº 011-2019-JUS, en  concordancia con lo previsto en los artículos 387° y 388° del  Código Procesal Civil, modificados por el artículo 1° de la Ley  Nº 29364, de aplicación supletoria, en sus textos aplicables por  razón  de  temporalidad.Sobre  los  requisitos  de  admisibilidadSEGUNDO.- En ese propósito, verificando el  cumplimiento de los requisitos de admisibilidad previstos en el  modificado artículo 387° del Código Procesal Civil, en su texto  aplicable, se tiene que el referido recurso extraordinario cumple  con ellos, toda vez que: i) ha sido interpuesto contra una  sentencia expedida por una Sala Superior que, como órganode segundo grado, pone fin al proceso; ii) se ha interpuesto  ante la Séptima Sala Especializada en lo Contencioso  Administrativo con Subespecialidad Tributaria y Aduanera de la  Corte Superior de Justicia de Lima, que emitió la sentencia  impugnada; iii) ha sido interpuesto dentro del plazo de diez  días contados desde el día siguiente de notificada la resolución  recurrida; y, iv) en lo que se refiere a la presentación de la tasa  judicial por interposición del recurso, no le es exigible al  organismo público especializado recurrente, al amparo de lo  previsto en el artículo 47° de la Constitución Política del Perú,  en concordancia con el inciso g del artículo 24° del Texto Único  Ordenado del Poder Judicial; en ese contexto, y como se ha  adelantado, el Recurso ha superado el examen de admisibilidad,  debiéndose continuar con la verificación del cumplimiento de  los requisitos de fondo.Formalidad del Recurso de  CasaciónTERCERO.- Como anotación previa al análisis de los  requisitos de procedencia, deviene necesario precisar que el  recurso de casación es un medio impugnatorio extraordinario  de carácter formal, que solo puede fundarse en cuestiones  eminentemente jurídicas y no en cuestiones fácticas o de  revaloración probatoria. Es por esa razón que el legislador  nacional ha establecido, a través de lo regulado en el artículo  384° del Código Procesal Civil, modificado por la Ley Nº 29364,  en su texto aplicable, que sus fines se encuentran limitados a:  i) la adecuada aplicación del derecho objetivo al caso concreto;  y, ii) la uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte  Suprema de Justicia de la República.CUARTO.- En esa misma  línea de pensamiento, por medio de la modificación efectuada  al artículo 386° del Código Procesal Civil, por el artículo 1° de  la Ley Nº 29364, publicada el veintiocho de mayo de dos mil  nueve, en su texto aplicable al caso, se ha regulado como  únicas causales del recurso de casación: la infracción normativa  o el apartamiento inmotivado del precedente judicial, que  tengan incidencia directa sobre el sentido de la decisión  contenida en la resolución impugnada. En consecuencia, su  fundamentación por parte del recurrente debe ser clara, precisa  y concreta, indicando ordenadamente cuáles son las denuncias  que configuran la infracción normativa, que incida directamente  sobre la decisión contenida en la resolución cuestionada, o las  precisiones respecto al apartamiento inmotivado del precedente  judicial.Sobre los requisitos de procedibilidadQUINTO.- El  modificado artículo 388° del Código Procesal Civil, en su texto  aplicable al caso, establece como requisitos de procedencia del  recurso de casación los siguientes: 1) Que el recurrente no  hubiera consentido previamente la resolución adversa de  primera instancia, cuando esta fuere confirmada por la  resolución objeto del recurso; 2) Describir con claridad y  precisión la infracción normativa o el apartamiento del  precedente judicial; 3) Demostrar la incidencia directa de la  infracción sobre la decisión impugnada; y, 4) Indicar si el pedido  casatorio es anulatorio o revocatorio.SEXTO.- En cuanto al  requisito de fondo previsto en el inciso 1 del modificado artículo  388° del Código Procesal Civil, se tiene que no es exigible a la  entidad recurrente haber impugnado la sentencia de primera  instancia, debido a que no fue adversa a sus intereses, al  declarar fundada la demanda interpuesta por su parte; y,  respecto al cumplimiento del requisito previsto en el inciso 4 del  mismo artículo y Código, en el recurso se indica que el pedido  casatorio es anulatorio y subordinadamente revocatorio.  Establecido ello, corresponde seguidamente verificar el  cumplimiento de los requisitos establecidos en los incisos 2 y 3  del dispositivo legal acotado.SÉPTIMO.- En el presente caso,  del recurso de casación interpuesto por la entidad pretensora,  Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración  Tributaria-Sunat, se extrae el planteamiento de las siguientes  causales:a) Infracción normativa por vulneración de los  numerales 3 y 5 del artículo 139° de la Constitución Política  del Estado; artículos VII del Título Preliminar y 50°, numeral  6, del Código Procesal Civil, y artículo 12° del Texto Único  Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial; porque se  incurre en motivación sustancialmente incongruente  (incongruencia activa) y en motivación incongruente  (incongruencia omisiva). Refiere que se incurre en  incongruencia activa, además de precisar que la Sala ha  desviado el debate procesal al resolver la controversia sobre un  aspecto que no formó parte del debate, pues lo sustentado en  la demanda consistió en la invocación del principio de actio  nata, previsto en el artículo 1993° del Código Civil, y en la  interpretación sistemática de los artículos 59°, 60°, 61°, 115°,  116° y 117° del Código Tributario, así como en diversas  sentencias del Poder Judicial, para afirmar que el inicio de la  prescripción de la acción para aplicar sanciones y la acción  para exigir el pago de la obligación tributaria no es simultánea,  sino que son sucesivas, dado que primero debe existir una  determinación (aplicación) de la sanción, y ésta debe ser  puesta en conocimiento del deudor, para que recién se inicie el  cómputo de la prescripción de la acción de cobro, resaltando  que ello era incluso así antes de la vigencia del DecretoLegislativo Nº 1113. Agrega que en esa línea de controversia el  juzgado se pronunció, siendo que ni en la demanda ni en la  sentencia de primera instancia se alegó que para resolver la  controversia se debe aplicar el numeral 7 del artículo 44° del  Código Tributario, introducido por el Decreto Legislativo Nº  1113, menos tener en cuenta el Decreto Legislativo Nº 1421,  sino que surgió a raíz del recurso de apelación de la  contribuyente. Indica también que conforme a lo descrito en el  fundamento sexto la Sala cambia el sustento principal de la  demanda sin analizarla, y concluye que ha operado la  prescripción de la acción de la Administración para exigir el  pago de las multas impuestas porque no resulta aplicable el  numeral 7 del artículo 44° del Código Tributario, desviando así  el debate e incurriendo en motivación sustancialmente  incongruente (incongruencia activa). También señala que las  Salas Superiores no solo deben resolver la controversia en  función a los argumentos de la apelación, sino que está en la  obligación de emitir su fallo en el marco del debate,  considerando la demanda y la contestación de la demanda, a  efectos de salvaguardar el derecho de defensa del demandante,  quien por haber ganado en primera instancia no interpuso  recurso de apelación. Refiere también que la incongruencia  omisiva se presenta al no existir pronunciamiento sobre el  argumento principal de la demanda, ni tampoco analizó ni  nombró las normas que fueron invocadas en ella, que eran  indispensables para determinar la naturaleza de la prescripción  y su regulación antes del Decreto Legislativo Nº 1113.b)  Infracción normativa por inaplicación del artículo 1993° del  Código Civil, Norma IX del Título Preliminar y artículos 59°,  60°, 61°, 115°, 116° y 117° del Código Tributario, así como  de diversas sentencias que establecen que el cómputo de  la prescripción de la acción para determinar y la acción  para exigir el pago de la obligación tributaria son sucesivas,  esto es, primero debe existir una deuda determinada para  que pueda computarse la prescripción de la acción de  cobro. Argumenta que de la invocación de las disposiciones  citadas se informa la imposibilidad que el inicio de la prescripción  de la acción para la aplicación de una sanción de multa se  compute de forma conjunta o simultánea con la prescripción de  la acción para exigir el pago de esa misma sanción,  demostrando dichas disposiciones que la prescripción de  ambas acciones son sucesivas, esto es, primero debe  imponerse la sanción de multa para que recién se compute la  prescripción de la acción para exigir su pago, como así se ha  establecido en las casaciones que se citan, en las que se  clarifica que existen dos momentos diferentes que implica la  etapa de fiscalización y la culminación de la labor de  fiscalización, la cual se da a través de la emisión de valores  tributarios que deben ser cancelados, por lo que la facultad de  la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración  Tributaria para exigir el cobro de los tributos, recién puede ser  ejercida desde la notificación de la obligación tributaria, la  misma que ha sido determinada mediante la fiscalización  tributaria. Agrega que desde antes del Decreto Legislativo N°  1113, ya existía norma que permitía hacer la distinción entre el  plazo de prescripción para aplicar sanciones y la prescripción  de la acción para exigir su pago.Análisis de las causales  casatorias propuestasOCTAVO.- En lo concerniente a la  infracción normativa descrita en el acápite a) del considerando  inmediato anterior, referida a la vulneración de los numerales 3  y 5 del artículo 139° de la Constitución Política del Estado;  artículos VII del Título Preliminar y numeral 6 del artículo 50°  del Código Procesal Civil; y, artículo 12° del Texto Único  Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se aprecia  que alude a la infracción coetánea de cinco disposiciones, dos  de carácter constitucional y tres de índole legal, sin que se  describa de manera clara, precisa e individualizada cómo se  materializa  la  vulneración  de  los  textos  normativos  constitucionales y legales invocados, por lo que en ese  escenario se incumple objetivamente con la claridad y precisión  que como requisito formal del recurso de casación aparece  recogido en el numeral 2 del artículo 388° del Código Procesal  Civil, en su texto aplicable al caso, cuya inobservancia afecta la  extraordinariedad y formalidad que debe revestir el recurso  bajo calificación, como lo ha precisado el Tribunal Constitucional  cuando indica que: “[…] la casación aun cuando se utilice  comúnmente en casi todos los procesos judiciales ordinarios,  no ha dejado de ser un recurso extraordinario. Y es  extraordinario porque […] en su formulación deben satisfacerse  los requisitos de forma que, en contraste con los recursos  ordinarios, resultan ser altamente especializados, de modo tal  que impone carga procesal a la parte recurrente, entiéndase a  su defensa técnica, mayor diligencia y pericia para la  interposición de este recurso”1.8.1. Por ello y bajo la  presentación textual que revela el recurso, no se procura la  viabilidad de la labor casatoria de calificación de esta Sala  Suprema, por estricta responsabilidad de la entidad casante,  no obstante lo cual, al amparo de los derechos al debidoproceso y tutela jurisdiccional efectiva, ambos recogidos en la  Constitución Política del Estado, esta Sala de Casación  examinará para fines de la calificación que corresponde, y a  pesar de la insuficiencia anotada, lo alegado en el Recurso de  Casación.8.2. En primer término, cabe señalar que las  disposiciones constitucionales y legales cuyas infracciones se  denuncian, se encuentran en común referidas a una de las  garantías de la función jurisdiccional, como lo es la motivación  de las resoluciones judiciales, que se constituye en uno de los  principales componentes del derecho al debido proceso, por el  cual se garantiza a las partes involucradas en una controversia  judicial el acceder a una respuesta del juzgador, que se  encuentre adecuadamente sustentada en argumentos que la  justifiquen lógica y razonablemente, sobre la base de los  hechos acreditados en el proceso y el derecho aplicable al caso  y que, además, resulten congruentes con las pretensiones y  alegaciones esgrimidas por aquéllos dentro del proceso.8.3.  En ese panorama, de la lectura analítica de la sentencia de  vista recurrida en casación, se desprende que se explican y  justifican las premisas factuales y jurídicas elegidas por el  Colegiado de alzada, las mismas que le han servido para  revocar el fallo apelado y desestimar la pretensión del petitorio2  de la demanda de autos, expresando los fundamentos por los  cuales consideró que la Resolución del Tribunal Fiscal Nº  11694-3-2019 del trece de diciembre de dos mil diecinueve,  que declara fundada la apelación respecto del extremo referido  a la prescripción de la acción para exigir el cobro de la deuda  tributaria contenida en las Resoluciones de Multas Nº 012-002- 0018080 y Nº 012-002-0018081, vinculadas con el impuesto  general a las ventas de noviembre de dos mil seis, no adolecía  de nulidad.8.4. En efecto, en torno a lo que ha sido objeto de  debate y dilucidación en sede de instancia, la Sala Superior de  origen no solo ha delimitado lo que es materia de su revisión,  acorde con lo previsto por el artículo 370° del Código Procesal  Civil, de aplicación supletoria, señalando en el tercer  considerando que la controversia a resolverse en instancia  superior supone verificar si operó la prescripción de la acción  de la administración para exigir el cobro de las deudas  contenidas en las Resoluciones de Multas Nº 012-002-0018080  y Nº 012-002-0018081 y, en virtud de ello, determinar si la  Resolución de Tribunal Fiscal Nº 11694-3-2019, en el extremo  impugnado, incurre en nulidad parcial, y si procede ordenar que  se emita nueva resolución confirmando la Resolución de  Intendencia Nº 015015001635/SUNAT, sino que también ha  glosado las razones por las que revocó la sentencia apelada,  argumentado sobre esto último que:DÉCIMO TERCERO: […]  la recurrente en la etapa de apelación del procedimiento  contencioso tributario, invocó la prescripción de la acción para  exigir el pago de la deuda tributaria contenida en las  resoluciones de multas correspondientes a los periodos de  octubre y noviembre de 2006 y dado que la normativa vigente  era la dispuesta a tal fecha, eran los artículos 43º y numeral 4  del artículo 44º del Código Tributario, el inicio y cómputo de la  prescripción era la siguiente: […] Por tanto, de acuerdo, al  detalle del cuadro y los artículos 43º y 44º mencionados, el 1  día hábil de 2011 había prescrito la acción de la Administración  de exigir el cobro de las multas, toda vez que la normatividad  vigente al momento de inicio del cómputo de la prescripción  estaba configurada de ese modo, es decir, no existía, a esa  fecha, la posibilidad de añadir otro tipo de prescripción al no  estar regulado. Sin embargo; antes de que se cumpliera el  plazo de 4 años para que se agoten las acciones de la  Administración para determinar, sancionar y exigir el pago  (contexto normativo vigente a esa fecha), la empresa  codemandada, efectuó el 19 de enero de 2007, el pago parcial  de las multas mediante Boletas de Pago Nº 1662, dicho plazo  se interrumpió. En tal sentido, se reinició uno nuevo plazo el 20  de enero de 2007 y finalizó el 20 de enero de 2011, ya que no  ocurrieron otros actos interruptorios y/o causales de  suspensión, de acuerdo con el artículo 45º de dicho código.  Posteriormente, se notificaron las citadas resoluciones de  multas; no obstante, ya había operado la aludida prescripción  (20 de enero de 2011) y a su vez no se encontraba vigente el  numeral 7 del artículo 44 del Código Tributario, de acuerdo al  siguiente detalle: […]. De acuerdo al cuadro detallado, se  aprecia que la vigencia del referido numeral 7 del artículo 44º  dentro de los periodos de octubre y noviembre de 2007, no  resultaba aplicable, pues a su vigencia, ya había prescrito la  acción de cobro de la Administración tributaria.8.5. Así las  cosas, tenemos que con revisión de lo actuado en el proceso,  lo expuesto por la entidad recurrente/demandante en el recurso  extraordinario de su propósito (en síntesis denuncia que se  habría incurrido en vicio de motivación en su expresión de  incongruencia procesal, al considerar que la Sala Superior se  apartó de lo que ha sido objeto de debate referido a la aplicación  del principio que subyace del artículo 1993° del Código Civil y  la interpretación sistemática de los artículos 50°, 60°, 61°, 115°,  116° y 117° del Código Tributario, que determinarían que elplazo prescriptorio debió realizarse conforme al numeral 4 del  artículo 44° del Código Tributario, esto es, a partir del día  siguiente de la notificación de las Resoluciones de Multas, que  ocurrió el dos de febrero de dos mil once), trasluce una  disconformidad con el criterio asumido por el órgano judicial  revisor en relación a los hechos involucrados en la causa, que  han determinado la infundabilidad de la demanda, y para cuyo  efecto, como se ha precisado, la Sala de Apelación ha glosado  en la sentencia de vista las razones fácticas y jurídicas que la  han convencido para adoptar el sentido de su decisión, sin  desviarse, insistimos, de lo que fue materia de debate.8.6.  Ahora bien, es preciso anotar que si bien la Sala Superior al  efectuar su desarrollo argumentativo ha analizado lo  concerniente a la aplicación o no del numeral 7 del artículo 44°  del Código Tributario, introducido por el Decreto Legislativo Nº  1113, y además ha comprendido el Decreto Legislativo Nº  1421, ello se justifica en el hecho que formaron parte de los  agravios de los recursos verticales interpuestos por la parte  demandada, que debían ser absueltos en aplicación de la  competencia funcional que subyace en el artículo 370° del  Código Procesal Civil, por lo que en ese contexto lo que se  denuncia como infracción a las normas que regulan la  motivación de las resoluciones judiciales y el principio de  congruencia procesal, en puridad, implica la pretensión de la  entidad recurrente para que no se evalúen en vía recursiva las  argumentaciones que se plantearon como agravios por la parte  vencida en primera instancia, lo que es técnicamente  insostenible, en interpretación sistemática de los artículos 366°  y 370° (ya mencionado) del acotado Código.8.7. Además, la  lectura de la demanda de autos pone de manifiesto que el  desarrollo que ésta contiene también comprendió la cita del  Decreto Legislativo Nº 1113, para los efectos de sustentar la  tesis de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de  Administración Tributaria, que postula una interpretación  particular del numeral 4 del artículo 44° del Código Tributario,  conforme se desprende del fundamento 7.16 y siguientes; por  lo tanto, y en ese escenario, fundar la causal en la circunstancia  que el Tribunal Superior habría resuelto en base a hechos que  no formaron parte del asunto controvertido, no otorga claridad  y precisión a la infracción que se plantea, desde que el análisis  que ha efectuado la Sala Superior lo ha sido en virtud de las  pretensiones impugnatorias planteadas, que se han sujetado a  los hechos que han servido de fundamentos a la demanda y del  contradictorio, en vinculación con la determinación de si en el  caso concreto se produjo o no la prescripción para que la  Administración Tributaria exija el pago de los valores sujetos a  cobranza (Resoluciones de Multa).8.8. Adicionalmente, este  Supremo Tribunal no se encuentra facultado a evaluar aspectos  de hecho como pretende la parte recurrente, al afirmar que la  Sala Superior no solo debe resolver la controversia en función  a la apelación, sino que está obligada a emitir su fallo en el  marco de lo alegado en la demanda y en la contestación (se  entiende no solo de los aspectos jurídicos, sino también de los  fácticos), desde que ello importa revisar los hechos examinados  y determinados por las instancias de mérito y la revaloración de  las pruebas, lo que es una actividad generalmente ajena a las  finalidades previstas en el artículo 384° del Código Procesal  Civil, en el texto que corresponde al caso, esto es, la adecuada  aplicación del derecho objetivo al asunto concreto y la  uniformidad de la jurisprudencia nacional por esta Corte  Suprema de Justicia; en ese sentido, la actuación del Colegiado  Superior no evidencia las circunstancias que respaldan el juicio  de la entidad casante, ni sobre todo, otorgan claridad y precisión  al texto del recurso, en el extremo examinado, a la luz de los  propios argumentos que soportan a la sentencia de mérito.8.9.  En consecuencia, lo reclamado está vinculado con lo analizado  y dilucidado en sede de instancia, e incluso, la defensa desde  sede administrativa se ha orientado a cuestionar la alegada  falta de motivación bajo similares argumentos, como se  desprende de la lectura de la Resolución del Tribunal Fiscal  cuestionada, en la sección que analiza lo referente a las  Resoluciones de Multas Nº 012-002-0018080 y Nº 012-002- 0018081 (página 11), circunstancia que corrobora que el  recurso extraordinario no está dirigido al cumplimiento de las  finalidades que la ley procesal le confiere, sino a cuestionar el  criterio interpretativo asumido por el Colegiado Superior en  relación al marco jurídico aplicable al caso concreto, vinculado  con la prescripción de la acción para la exigencia del pago de  la deuda tributaria contenida en los valores aludidos, por lo que  siendo así no cabe confundir la discrepancia con lo resuelto  con la fundamentación realizada; en tal virtud la causal procesal  bajo examen no satisface las exigencias previstas en los  numerales 2 y 3 del artículo 388° del Código Procesal Civil, por  lo que deviene improcedente.NOVENO.- Respecto a la causal  casatoria resumida en el acápite b) del séptimo considerando  de la presente resolución, referida a la denunciada inaplicación  de los artículos 1993° del Código Civil y Norma IX del Título  Preliminar, y artículos 59°, 60°, 61°, 115°, 116° y 117° delCódigo Tributario, debemos partir señalando que la inaplicación  normativa se plantea cuando el Juez ha ignorado, desconocido  o soslayado la norma pertinente al caso concreto,  correspondiendo en ese escenario al recurrente demostrar la  pertinencia de la norma a la relación fáctica establecida en las  sentencias de las instancias de mérito y cómo es que ello  incidió de modo directo en el resultado del juzgamiento.9.1. La  lectura del recurso de casación en el extremo analizado permite  apreciar que, en efecto, las disposiciones jurídicas precitadas  no han sido aplicadas por la Sala Superior; sin embargo, tal  hecho no importa la incursión en la infracción invocada, desde  que aseverar que la dilucidación de lo que ha sido materia de  controversia exigía la aplicación de las normas cuyas  infracciones se reprochan, no se constituye en sustento  suficiente para la procedencia del motivo casatorio propuesto,  pues ello no explica con claridad por qué debieron ser  aplicadas; por el contrario, lo que se desprende de este extremo  del recurso es la pretensión de que el criterio que asume la  Sunat prevalezca sobre el adoptado por el Tribunal de  Apelación, al considerar aquella que desde antes del Decreto  Legislativo Nº 1113 ya existía norma que permitía hacer una  distinción entre el plazo prescriptorio para aplicar sanciones y  el plazo prescriptorio para exigir su pago, que importa que el  plazo se inicia al día siguiente de la notificación de las  Resoluciones de Multa del proceso, que se produjo el dos de  febrero de dos mil once, postura que difiere de la asumida por  el Tribunal Fiscal y la empresa administrada, y que ha sido la  adoptada por la judicatura de primera instancia que declaró  fundada la demanda.9.2. Asimismo, la aseveración de que la  interpretación sistemática de los artículos cuyas infracciones se  denuncian, informan sobre la imposibilidad de que el inicio de  la prescripción de la acción para la aplicación de una sanción  de multa se compute de forma conjunta o simultánea con la  prescripción de la acción para exigir el pago de esa misma  sanción, cuando lo que se evidencia de dichas normas es que  la prescripción de ambas acciones son sucesivas y no  simultaneas, no se constituye en una explicación clara y precisa  de la infracción reprochada, por inaplicación normativa, sino  que se dirige a que se determine como válida la interpretación  que confiere la entidad recurrente a las normas citadas, frente  al marco jurídico que ha considerado la Sala Superior aplicable  para la solución del caso concreto; por lo mismo, este extremo  del recurso extraordinario, por la forma analizada, también  deviene improcedente.DÉCIMO.- De otro lado, si bien el  recurso identifica para cada una de las infracciones normativas  denunciadas, un sub título sobre la incidencia directa que  tendrían las denuncias que se efectúan sobre la decisión  adoptada por la Sala Superior, no se aprecia que lo  escuetamente referido satisfaga el requisito contemplado en el  numeral 3 del artículo 388° del acotado Código Procesal Civil,  en su texto aplicable, ya que no contiene demostración alguna  sobre la incidencia que tendría lo argumentado sobre la  decisión judicial adoptada, de tal manera que haga posible  decidir por un sentido contrario, apreciándose que en esta  sección la entidad recurrente vuelve a reiterar de manera muy  sucinta su tesis de que el cómputo de la prescripción de la  acción para aplicar sanciones y la acción para exigir su pago no  es simultánea sino sucesiva. Sobre este requisito es importante  resaltar lo sostenido por el Tribunal Constitucional en cuanto  señala que: “22. […] resulta tan importante la verificación de  este requisito para el diseño del sistema casatorio, que de  ausentarse -sea porque no existe tal incidencia o sea por  negligencia del recurrente-, el recurso resulta inviable,  conforme a lo establecido en la propia ley”3; en tal virtud, no  habiéndose satisfecho los dos requisitos de procedibilidad del  recurso de casación examinados, por falta de claridad y  precisión de los argumentos del recurso y no demostración de  la incidencia directa de la infracción planteada (incisos 2 y 3 del  mencionado artículo 388° del acotado Código), el mismo  deviene improcedente.DECISIÓN:Por las razones expuestas  y de conformidad con lo regulado además por el artículo 392°  del Código Procesal Civil, modificado por el artículo 1° de la Ley  Nº 29364, declararon IMPROCEDENTE el recurso de casación  interpuesto  virtualmente  por  la  entidad  demandante,  Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración  Tributaria, el veintiuno de junio de dos mil veintidós, obrante de  fojas cuatro mil novecientos setenta y seis a cinco mil del EJE,  contra la sentencia de vista contenida en la resolución número  veinticinco del cinco de mayo de dos mil veintidós, corriente de  fojas cuatro mil novecientos cincuenta a cuatro mil novecientos  sesenta y cinco del EJE, emitida por la Séptima Sala  Especializada  en  lo  Contencioso  Administrativo  con  Subespecialidad Tributaria y Aduanera de la Corte Superior de  Justicia de Lima; y ORDENARON la publicación de la presente  resolución en el diario oficial El Peruano, conforme a ley en los  seguidos por la demandante/recurrente, Superintendencia  Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria, con los  demandados, Tribunal Fiscal, representado por el Ministerio deEconomía y Finanzas, y Maderera Bozovich Sociedad Anónima  Cerrada, sobre Nulidad de Resolución Administrativa.  Notifíquese por Secretaría y devuélvanse los actuados.  Interviene como ponente el señor Juez Supremo Yaya  Zumaeta.SS.YAYA ZUMAETA, GONZÁLEZ AGUILAR, RUEDA  FERNÁNDEZ, BUSTAMANTE DEL CASTILLO, DÁVILA  BRONCANO. 1  Fundamento 19 de la Sentencia del Pleno del Tribunal Constitucional Nº  1140/2020, emitida el diecisiete de diciembre de dos mil veinte en el Expediente Nº  00802-2020-PA/TC. 2  El petitorio de la demanda ha comprendido:  pretensión principal: la nulidad parcial de la RTF Nº 11694-3-2019 de fecha  trece de diciembre de dos mil diecinueve, en el extremo que declara fundada la  apelación en el extremo referido a la prescripción de la acción para exigir el pago  de la deuda contenida en las Resoluciones de Multa Nº 012-002-0018080 y 012- 002-0018081.  Pretensión accesoria: se ordene al Tribunal Fiscal que emita nueva resolución  confirmando la Resolución de Intendencia Nº 0150150001635/SUNAT, en el  extremo referido a la prescripción de la acción de la Administración para exigir el  pago de las deudas contenidas en las Resoluciones de Multa Nº 012-002-0018080  y Nº 012-002-0018081. 3  Fundamento 22 de la sentencia del Tribunal Constitucional Nº 00802-2020-PA/TC,  del diecisiete de diciembre de dos mil veinte. C-2136204-51