Pleno. Sentencia 73/2023
EXP. N.° 00136-2022-PHC/TC
LIMA
NÉSTOR AGUSTÍN
CASTRO RÍOS
SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
En Lima, a los días 23 del mes de febrero de 2023, el Pleno del
Tribunal Constitucional, integrado por los magistrados Morales Saravia,
Pacheco Zerga, Domínguez Haro, Monteagudo Valdez y Ochoa Cardich,
pronuncia la siguiente sentencia, con el abocamiento del magistrado
Gutiérrez Ticse, conforme al artículo 30-A del Reglamento Normativo del
Tribunal Constitucional.
ASUNTO
Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Néstor Agustín
Castro Ríos contra la resolución de fojas 1321, de 17 de noviembre de 2021,
expedida por la Segunda Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia
de Lima, que declaró infundada la demanda de habeas corpus de autos.
ANTECEDENTES
Con fecha 13 de octubre de 2020, don Néstor Agustín Castro Ríos
interpone demanda de habeas corpus (f. 1) y la dirige contra los jueces
supremos integrantes de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de
Justicia de la República y contra los jueces superiores integrantes de la
Primera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de La
Libertad. Denuncia la vulneración de los derechos a la libertad personal, a la
pluralidad de instancias, a la tutela jurisdiccional efectiva, al juez natural, de
defensa, a la debida motivación de resoluciones judiciales y a la
imposibilidad de revivir procesos fenecidos, así como de los principios de
legalidad penal e in dubio pro reo.
Solicita que se declare nulas: (i) la sentencia de vista, Resolución 262,
de 16 de setiembre del 2019 (f. 520), en el extremo que revocó la sentencia de
20 de octubre de 2016, que lo había absuelto por los delitos de secuestro
agravado y homicidio calificado; y, reformándola, le impuso treinta años de
pena privativa de la libertad por los delitos de secuestro agravado y homicidio
calificado; y, (ii) la sentencia de casación de 25 de agosto de 2021 (f. 1105),
en el extremo que declaró infundado el recurso de casación interpuesto contra
la citada sentencia de vista respecto del delito de homicidio calificado; y, en
consecuencia, no casó la sentencia de vista (Expediente 00295-2008-81-1601-
JR-PE-01/RECURSO CASACIÓN 1897-2019/LA LIBERTAD).
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Sostiene que mediante la sentencia, Resolución 13, de fecha 27 de
septiembre de 2011, fue absuelto por los delitos de secuestro agravado,
homicidio calificado y abuso de autoridad; sin embargo, mediante Resolución
27, de 20 de abril de 2012, se anuló la citada sentencia absolutoria y se
ordenó que se remita el proceso a otro colegiado para que realice un nuevo
juzgamiento y se emita sentencia. Refiere que por sentencia, Resolución 74,
de 23 de julio de 2013, fue absuelto nuevamente por los citados delitos, pero
por sentencia, Resolución 112, de 23 de enero de 2014, se anuló la segunda
sentencia absolutoria y se ordenó que se remita el proceso a otro colegiado
para que realice un nuevo juzgamiento y se emita sentencia; y que por
sentencia absolutoria, Resolución 213, de 20 de octubre de 2016, fue absuelto
nuevamente por los delitos de secuestro agravado y asesinato por alevosía,
pero por sentencia de vista, Resolución 227, de 28 de agosto de 2017, se
anuló la sentencia absolutoria y se ordenó que se remita el proceso a otro
colegiado para que realice un nuevo juzgamiento y se emita sentencia. Añade
que la Sala superior penal que había anulado la última sentencia, consideró
que no podía condenarlo porque lo había absuelto.
Afirma que, contra la sentencia de vista, Resolución 227, se interpuso
recurso de casación, que fue declarado fundado mediante la sentencia de
casación de 19 de marzo de 2019 (Casación 648-2018, LA LIBERTAD), que
declaró la nulidad de la sentencia de vista, Resolución 227, de 28 de agosto
de 2017, y ordenó que otro colegiado realice una nueva audiencia de
apelación. Precisa que luego se emitió la sentencia de vista, Resolución 261,
de 16 de setiembre del 2019, que revocó la sentencia absolutoria, Resolución
213, de 20 de octubre de 2016 y, reformándola, lo condenó a treinta años de
pena privativa de la libertad por los delitos imputados; sentencia contra la que
interpuso recurso de casación que fue declarado infundado en el extremo del
delito de homicidio calificado mediante la sentencia de casación de 25 de
agosto de 2021.
Asevera que el Dictamen pericial de patología forense 2008004006195
y el Dictamen pericial de antropología forense 000648-2008 no tuvieron
cadena de custodia, por lo que su valor probatorio debió ser inferior a la
prueba constituida con las exigencias de la ley; que las citadas pruebas
demostraban su inocencia y otras pruebas (sin cadena de custodia) probaban
su responsabilidad, por lo que la Sala demandada debió dictar sentencia
absolutoria; y que el Ministerio Público cuando interpuso recurso de
apelación contra la sentencia absolutoria no ofreció medios probatorios.
Aduce que la Sala no cuestionó el valor probatorio de las pruebas; que
resolvió sobre la base de pruebas no invocadas por las partes, subrogándose
en la labor del Ministerio Público; que dichas pruebas no tuvieron cadena de
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custodia, lo cual no fue advertido por la Sala penal suprema demandada; que
los Informes 03-08-III DITERPOL-OFICRI-ABF., 04-08-III DITERPOL-
OFICRI-ABF. y 05-08-III DITERPOL-OFICRI-ABF dieron cuenta de la
imposibilidad de realizar las pericias de homologación o cotejo balístico; y
que se alteró el contenido de las pericias de inspección técnico-criminalística.
El procurador público adjunto a cargo de los asuntos judiciales del
Poder Judicial, a fojas 1247 se apersona al proceso, y señala domicilio
procesal y casilla electrónica.
El Segundo Juzgado Constitucional de Lima, el 28 de octubre de 2021
(f. 1265), declaró improcedente la demanda, por considerar que el actor
pretende que la judicatura constitucional realice un reexamen de la valoración
de las pruebas contenidas en las resoluciones cuestionadas, con el alegato de
que dichas pruebas serían insuficientes para determinar la responsabilidad
penal, pero este cuestionamiento fue resuelto la vía ordinaria a través del
recurso de casación ante la Corte Suprema de Justicia de la República, por lo
que la judicatura constitucional no constituye una suprainstancia para que se
revise nuevamente lo resuelto en las instancias respectivas.
La Segunda Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de
Lima confirmó la apelada por similares consideraciones, y por estimar que la
sentencia de casación de 25 de agosto de 2021 se encuentra debidamente
motivada, porque fue emitida de acuerdo con el material probatorio
incorporado al debate y con las circunstancias legales de la materia, explica la
conducta desplegada por el actor y expone las razones por las que se concluye
su responsabilidad penal respecto al ilícito determinado en la ley penal.
FUNDAMENTOS
Petitorio
1. El objeto de la demanda es que se declare nulas: (i) la sentencia de
vista, Resolución 261, de 16 de setiembre del 2019 (f. 520), en el
extremo que revocó la sentencia de del 20 de octubre de 2016, que
había absuelto a don Néstor Agustín Castro Ríos por los delitos de
secuestro agravado y homicidio calificado; y, reformándola, le impuso
treinta años de pena privativa de la libertad por los delitos de secuestro
agravado y homicidio calificado; y, (ii) la sentencia de casación de 25
de agosto de 2021 (f. 1105), en el extremo que declaró infundado el
recurso interpuesto contra la citada sentencia de vista respecto del delito
de homicidio calificado y, en consecuencia, no casó la sentencia de
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vista (Expediente 00295-2008-81-1601-JR-PE-01/RECURSO
CASACIÓN 1897-2019/LA LIBERTAD).
2. Se denuncia la vulneración de los derechos a la libertad personal, a la
pluralidad de instancias, a la tutela jurisdiccional efectiva, al juez
natural, de defensa, a la debida motivación de resoluciones judiciales y
a la imposibilidad de revivir procesos fenecidos, así como de los
principios de legalidad penal e in dubio pro reo.
Consideraciones previas
3. Se advierte de la sentencia de casación de 25 de agosto de 2021 (f.
1105), que esta declaró fundada de forma parcial la casación interpuesta
por el actor contra la sentencia de vista, Resolución 227, de 28 de
agosto de 2017, y la casó respecto al delito de secuestro con agravantes
con resultado muerte; pero declaró infundado el recurso de casación
interpuesto contra la citada sentencia de vista respecto al delito de
homicidio calificado, y no casó la sentencia de vista en el referido
extremo. De ello se concluye que la restricción de la libertad personal
del recurrente dimana de la sentencia de vista y de la sentencia de
casación, que lo condenaron por el delito de homicidio calificado. En
ese sentido, el examen de fondo de la controversia se realizará sobre el
extremo que declaró infundado el recurso de casación respecto al delito
de homicidio calificado.
Análisis del caso concreto
Análisis
4. En un extremo de la demanda se alega que el Dictamen pericial de
patología forense 2008004006195 y el Dictamen pericial de
antropología forense 000648-2008 no tuvieron cadena de custodia, por
lo que su valor probatorio debió ser inferior a la prueba constituida con
las exigencias de la ley; que las citadas pruebas demostraban la
inocencia del recurrente y otras pruebas (sin cadena de custodia)
probaban su responsabilidad; que la Sala no cuestionó el valor
probatorio de las pruebas; que dichas pruebas no tuvieron cadena de
custodia, lo cual no fue advertido por la Sala penal suprema
demandada; y que los Informes 03-08-III DITERPOL-OFICRI-ABF.,
04- 08-III DITERPOL-OFICRI-ABF. y 05-08-III DITERPOL-OFICRI-
ABF dieron cuenta de la imposibilidad de realizar las pericias de
homologación o cotejo balístico.
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5. Al respecto, este Tribunal Constitucional aprecia que estos hechos
pueden ser evaluados a través del recurso correspondiente, como se
detallará infra, por lo que este tipo de cuestionamiento resulta, en el
presente caso, prematuro. Por consiguiente, resulta de aplicación el
artículo 7, inciso 1 del nuevo Código Procesal Constitucional.
6. El derecho a la pluralidad de instancias forma parte del debido proceso
judicial. El artículo 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos establece:
Toda persona declarada culpable de un delito tendrá derecho a que
el fallo condenatorio y la pena que se le haya impuesto sean
sometidos a un tribunal superior, conforme a lo prescrito por la ley.
7. Este Tribunal, con relación al contenido del derecho a la pluralidad de
instancia, tiene dicho que se trata de un derecho fundamental que “tiene
por objeto garantizar que las personas, naturales o jurídicas, que
participen en un proceso judicial tengan la oportunidad de que lo
resuelto por un órgano jurisdiccional sea revisado por un órgano
superior de la misma naturaleza, siempre que se haya hecho uso de los
medios impugnatorios pertinentes, formulados dentro del plazo legal”
(Cfr. Sentencias 03261-2005-PA/TC, 05108-2008-PA/TC, 05415-
2008-PA/TC, 00607- 2009-PA/TC). En esa medida, el derecho a la
pluralidad de la instancia guarda también conexión estrecha con el
derecho fundamental de defensa, reconocido en el artículo 139, inciso
14, de la Constitución.
8. El Tribunal Constitucional ha expuesto, en uniforme y reiterada
jurisprudencia, que el derecho de acceso a los recursos o a recurrir las
resoluciones judiciales es una manifestación implícita del derecho
fundamental a la pluralidad de la instancia, reconocido en el artículo
139, inciso 6, de la Constitución, el cual, a su vez, forma parte del
derecho fundamental al debido proceso, reconocido en el artículo 139,
inciso 3, de la Constitución (Cfr. Sentencias 01243-2008-PHC/TC,
05019-2009- PHC/TC y 02596-2010-PA/TC).
9. El Tribunal Constitucional en las Sentencias 00861-2013-PHC/TC,
04374-2015- PHC/TC y 01075-2018-PHC/TC, ha considerado que el
que se permita condenar a la persona absuelta, conforme a lo dispuesto
en el artículo 425, inciso 3, literal “b”, del nuevo Código Procesal
Penal, vulnera el derecho a la pluralidad de instancia, en tanto no se
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permite que la sentencia condenatoria pueda ser objeto de revisión por
una segunda instancia en la que se analicen los hechos, las pruebas u
otras cuestiones jurídicas.
10. En la Sentencia 04374-2015-PHC/TC también determinó que nuestro
marco legal contempla el derecho del favorecido a interponer el recurso
excepcional de casación, conforme con lo dispuesto en el artículo 429,
incisos 1 y 2 del nuevo Código Procesal Penal, por inobservancia de las
garantías constitucionales de carácter procesal o material o por una
indebida o errónea aplicación de dichas garantías y por inobservancia
de normas de carácter procesal sancionadas con nulidad; o por la causal
excepcional establecida en el artículo 427, inciso 4, del precitado
código. Sin embargo, este Tribunal precisó que el recurso de casación
es uno de carácter extraordinario, que no permite que la Corte Suprema
de Justicia de la República actúe como órgano superior con la facultad
de realizar una revisión integral de la primera sentencia condenatoria,
en los mismos términos en que actuó la Sala penal emplazada, al
conocer de la apelación contra la sentencia absolutoria.
11. En la misma sentencia se estableció que en el caso de que se considere
que la sentencia absolutoria carece de fundamentos que sustenten una
decisión en ese sentido, se deberá declarar la nulidad de esta última, a
fin de que se realice un nuevo juicio en el que se debata nuevamente la
responsabilidad penal del procesado, para que, en el supuesto de que se
le encuentre responsable de los cargos que se le atribuyen, este tenga el
derecho de impugnar dicho fallo condenatorio.
12. Corresponde, entonces, realizar un análisis de los actuados, con la
finalidad de verificar si, efectivamente, en el proceso penal subyacente
se ha condenado a una persona que había sido absuelta, con la finalidad
de determinar la afectación a los derechos a la pluralidad de instancia y
acceso a los recursos.
13. Es así que de autos se advierte que:
a) A fojas 105 de autos obra la sentencia, Resolución 13, de 27 de
setiembre de 2011, emitida por el Juzgado Penal Colegiado de
Trujillo en el proceso penal seguido contra el recurrente,
mediante la cual se le absolvió de los delitos de secuestro
agravado, homicidio calificado y abuso de autoridad.
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b) A fojas 177 de autos obra la sentencia, Resolución 27, de 20 de
abril de 2012, emitida por la Primera Sala Penal de Apelaciones
de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, que anuló la
citada sentencia absolutoria y ordenó la remisión a un nuevo
colegiado para que realice un nuevo juzgamiento.
c) A fojas 215 de autos obra la sentencia contenida en la Resolución
74, de 23 de julio de 2013, emitida por el Juzgado Penal
Colegiado de Trujillo, mediante la que se procede a absolver al
actor por los delitos de secuestro agravado, homicidio calificado
y abuso de autoridad.
d) A fojas 283 de autos obra la sentencia, Resolución 112, de 23 de
enero de 2014, emitida por la Primera Sala Penal de Apelaciones
de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, que anuló la
citada sentencia absolutoria y ordenó la remisión a un nuevo
colegiado para que proceda a realizar un nuevo juzgamiento.
e) A fojas 323 de autos obra la sentencia absolutoria, Resolución
213, de 20 de octubre de 2016, emitida por el Primer Juzgado
Colegiado Penal Supranacional de Trujillo, por la cual se
absolvió al recurrente por los delitos de secuestro agravado,
homicidio calificado y abuso de autoridad.
f) A fojas 413 de autos obra la sentencia de vista, Resolución 227,
de 28 de agosto de 2017, emitida por la Primera Sala Penal de
Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, que
declaró nula la Resolución 213 y nulo el juzgamiento, y que se
remitan los autos a un juzgado penal colegiado distinto a fin de
que realice un nuevo juicio.
g) A fojas 477 de autos obra la sentencia de casación de 19 de
marzo de 2019 (Casación 648-2018), emitida por la Sala Penal
Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República,
mediante la que se declara fundado el recurso de casación y se
ordenó que un nuevo colegiado superior realice una nueva
audiencia de apelación y cumpla cabalmente lo dispuesto en esta
sentencia.
h) A fojas 520 de autos, obra la sentencia de vista, Resolución 261,
de 16 de setiembre de 2019, emitida por la Primera Sala Penal de
Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de La Libertad,
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mediante la cual se revocó la sentencia que absolvió al actor y,
reformándola, dictó sentencia condenatoria en su contra, y le
impuso treinta años de pena privativa de libertad por los delitos
de secuestro agravado y homicidio calificado.
i) A fojas 903 de autos obra el recurso de casación interpuesto por
el actor contra la Resolución 261, del 16 de setiembre de 2019.
j) A fojas 1105 de autos obra la sentencia de casación, de 25 de
agosto de 2021 (Recurso de Casación 1897-2019/La Libertad), en
el extremo que declaró fundada parcialmente la casación
interpuesta por el actor contra la sentencia de vista, Resolución
227, de 28 de agosto de 2017, y la casó respecto al delito de
secuestro con agravantes con resultado muerte; pero declaró
infundado el recurso de casación interpuesto contra la citada
sentencia de vista respecto al delito de homicidio calificado; y, en
consecuencia, no casó la sentencia de vista en el referido
extremo.
k) Conforme al iter procesal detallado, se advierte que la Primera
Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de La
Libertad revocó la sentencia que absolvió al recurrente; y,
reformándola, emitió sentencia condenatoria en su contra y le
impuso treinta años de pena privativa de libertad, por los delitos
de secuestro agravado y homicidio calificado.
14. En tal sentido, si bien se interpuso recurso de casación contra dicha
decisión, esta no tiene la calidad de recurso ordinario establecido por
ley, por lo que se advierte que dicha sentencia vulnera el derecho
fundamental alegado, dada la falta de previsión del legislador ordinario
respecto de un recurso que contemple dicho supuesto, a fin de no
impedir la revisión de la sentencia que condena al recurrente en primera
instancia, lo que vulnera el derecho fundamental a la pluralidad de
instancias de aquel.
15. Corresponde, entonces, declarar fundada la demanda, por la
vulneración del derecho fundamental a la pluralidad de instancia, al
haber sido condenado el recurrente en segunda instancia, revocándose
la sentencia absolutoria, e impidiendo que este pueda cuestionar ante
una instancia superior la condena impuesta.
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Efectos de la sentencia
16. Al haberse acreditado la vulneración del derecho a la pluralidad de
instancia, la demanda debe ser estimada en este extremo.
17. Ahora bien, este Tribunal advierte que, con posterioridad a la
interposición de la demanda, el Congreso de la República aprobó la
Ley 31592, la cual modifica el Código Procesal Penal en lo relacionado
con la condena del absuelto, a fin de garantizar el derecho a la
pluralidad de instancia del condenado. En virtud de esta modificación
legislativa, el artículo 419 del Código Procesal Penal dispone que “[e]l
examen de la Sala Penal Superior tiene como propósito que la
resolución impugnada sea anulada o revocada, total o parcialmente. En
este último caso, tratándose de sentencias absolutorias podrá dictar
sentencia condenatoria, fallo que podrá ser revisado en apelación por la
Sala Penal de la Corte Suprema”.
18. De este modo, la actual normatividad ya establece un conducto
mediante el cual se deben tramitar los casos en los que se hubiera
expedido un fallo condenatorio en segunda instancia y absolutorio en la
primera, y este deberá garantizarse en la presente controversia.
19. Ahora bien, el recurso de apelación está sujeto a plazos y al momento
de emitirse la resolución de segunda instancia (que revocaba la
absolución) no estaba vigente la Ley 31592, que permite la apelación
de este tipo de sentencias ante la Corte Suprema; y a la fecha han
transcurrido más de dos años desde la emisión de la referida resolución.
Es por ello que se hace indispensable habilitar el plazo para la
presentación del respectivo recurso de apelación, el mismo que se
contabilizará desde la notificación de la presente sentencia
constitucional.
20. En consecuencia, la Sala Penal competente de la Corte Suprema de
Justicia de la República examinará, en calidad de instancia, la situación
jurídica del recurrente. Ahora bien, es importante precisar que, en este
nuevo pronunciamiento, se deberá considerar que la Corte Suprema, en
sentencia de casación de fecha 25 de agosto de 2021, casó la decisión
de vista respecto del delito de secuestro con agravantes con resultado
muerte, por lo que el nuevo pronunciamiento que se emita por la Sala
Penal competente de la Corte Suprema deberá considerar únicamente el
extremo de la condena por homicidio calificado al momento de resolver
la situación jurídica del recurrente.
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Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que
le confiere la Constitución Política del Perú,
HA RESUELTO
1. Declarar IMPROCEDENTE la demanda respecto a lo expuesto en los
fundamentos 4 y 5, supra.
2. Declarar FUNDADA en parte la demanda, por haberse acreditado la
vulneración del derecho a la pluralidad de instancia.
3. ORDENAR que, conforme a lo dispuesto en los fundamentos 16, 17,
18, 19 y 20 de esta sentencia, se garantice que la Sala penal competente
de la Corte Suprema de Justicia de la República decida, en calidad de
instancia, la situación jurídica del recurrente. Para tal efecto, se
habilitará el plazo para la interposición del recurso de apelación desde
la notificación de la presente sentencia constitucional.
SS.
MORALES SARAVIA
PACHECO ZERGA
GUTIÉRREZ TICSE
DOMÍNGUEZ HARO
MONTEAGUDO VALDEZ
OCHOA CARDICH
PONENTE GUTIÉRREZ TICSE