Sala Segunda. Sentencia 547/2023
EXP. N.º 03001-2022-PHD/TC
SAN MARTÍN
ARMANDO BOCANEGRA MENDOZA
SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
En Lima, a los 7 días del mes de julio de 2023, la Sala Segunda del
Tribunal Constitucional, integrada por los magistrados Gutiérrez Ticse,
Morales Saravia y Domínguez Haro, pronuncia la siguiente sentencia.
ASUNTO
Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Armando
Bocanegra Mendoza en contra de la resolución de fojas 190, de fecha 15 de
abril de 2022, expedida por la Sala Civil Permanente de Moyobamba de la
Corte Superior de Justicia de San Martín, que declaró improcedente la
demanda de autos.
ANTECEDENTES
Con fecha 1 de julio 2021, el recurrente interpuso demanda de habeas
data contra la Oficina Desconcentrada de la Derrama Magisterial
Moyobamba (f. 2). Solicitó, además de los costos procesales, lo siguiente:
i) Copia de la declaración de asociado y la autorización del
descuento firmado por el accionante.
ii) Copia de la notificación y la convocatoria realizada al accionante
para la convocatoria de la elección de los miembros del directorio
periodo 2018-2021 y copia del reporte general de los aportes
mensuales descontados al accionante por todo el periodo
descontado.
iii) Copia de la relación de hoteles de la Derrama Magisterial en los
departamentos de Arequipa, Ayacucho, Cusco, Ica, Moquegua,
Nazca, Tacna, Tarapoto y copia de sus respectivos reportes de
ingreso mensual y gastos por cada hotel de cada región desde el 1
de marzo de 2015 hasta el 31 de diciembre de 2020.
iv) Copia de la relación de trabajadores de cada hotel de la Derrama
Magisterial en los departamentos de Arequipa, Ayacucho, Cusco,
Ica, Moquegua, Nazca, Tacna, Tarapoto y copia de la planilla de
pagos de cada hotel en cada región desde el 1 de marzo de 2015
hasta el 31 de diciembre de 2020.
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v) Copia de la relación de trabajadores de las tiendas retail de la
Derrama Magisterial de Jesús María, ubicadas frente a la oficina
de la Derrama Magisterial y otro del centro comercial Minka
donde venden electrodomésticos. Asimismo, copia de la planilla
de pagos de los trabajadores desde el 1 de marzo de 2015 hasta el
31 de diciembre de 2020.
vi) Copia de la relación de las viviendas de la Derrama Magisterial
ubicados en los departamentos de Lima, Chiclayo, Trujillo, Ica,
Piura y Chachapoyas.
vii) Copia de la planilla de pagos desde el 1 de marzo de 2015 hasta el
31 de diciembre de 2020 del directorio de la Derrama Magisterial,
sea de la nacional, y de la región San Martín, así como la relación
de trabajadores de la Derrama Magisterial de la mencionada
región.
En resumen, adujo que, en su calidad de asociado, tiene el derecho de
,
conocer la gestión de la entidad demandada, para lo cual es necesario acceder
a la información solicitada.
Mediante Resoluciones 2, de fecha 2 de agosto de 2021 (f. 23), y 3, de
fecha 24 de agosto de 2021 (f. 27), el Juzgado Civil Sede Moyobamba admitió
a trámite la demanda.
La Oficina Desconcentrada de la Derrama Magisterial, con fecha 26 de
agosto de 2021 [cfr. fojas 49] formuló la excepción de falta de legitimidad
para obrar pasiva. Alegó que las oficinas desconcentradas únicamente
cumplen la función de recibir documentos facilitando el trámite documentario
y que por ello carecen de personería jurídica propia, por lo que la demanda
debió dirigirse a la Derrama Magisterial y no a la Oficina Desconcentrada.
Contestó la demanda solicitando que sea declarada infundada, porque la
Derrama Magisterial es una institución privada que no brinda servicios
públicos y no está obligada a entregar información sensible de índole
financiera, toda vez que se encuentra protegida por las excepciones reguladas
por el artículo 2, inciso 5, de la Constitución.
Mediante escrito de fecha 30 de setiembre de 2021 (f. 81), el recurrente
absolvió la excepción propuesta y presentó denuncia civil contra la Derrama
Magisterial, a fin de que comparezca al proceso.
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El a quo, a través de la Resolución 7, de fecha 12 de octubre de 2021
(f. 86), incorporó al proceso a la Derrama Magisterial en calidad de
litisconsorte necesario pasivo y dispuso que se le notifique la demanda, sus
anexos, la resolución que admite la demanda y el escrito del que se dio cuenta.
La Derrama Magisterial, con fecha 12 de noviembre de 2021 (f. 118)
dedujo la excepción de falta de legitimidad pasiva y contestó la demanda
solicitando que sea declarada infundada. Alegó que la Derrama Magisterial
es una persona jurídica de derecho privado con autonomía administrativa y
económica; que su objetivo es atender la seguridad y bienestar social de sus
asociados; que la calidad de asociado se adquiere cuando la persona es
nombrada docente dentro del servicio fiscalizado del país; que, por tanto, el
ingreso de asociados se hace en virtud del marco normativo aprobado
mediante Decreto Supremo 021-88-ED, mas no por autonomía privada del
propio asociado.
Refirió que la Derrama Magisterial no es un sujeto obligado a
proporcionar información sensible de índole financiero-privada, porque se
encuentra protegida por las excepciones reguladas por el artículo 2, inciso 5,
de la Constitución Política.
El Juzgado Civil Subsede Moyobamba mediante Resolución 9, de fecha
7 de diciembre de 2021 (f. 144), declaró infundada la excepción planteada y
saneado el proceso.
Mediante Resolución 11, de fecha 16 de diciembre de 2021 (f. 164), el
a quo declaró infundada la demanda, tras considerar que la Derrama
Magisterial es una persona jurídica de derecho privado que no presta servicios
públicos, de modo que toda la información requerida por el accionante no
constituye información pública. Además de ello hizo notar que el demandante
podría conseguir la información solicitada mediante otras entidades como la
Sunarp, Sunat o el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo.
La Sala Civil competente mediante Resolución 14, de fecha 15 de abril
de 2022 (f. 190), confirmó la Resolución 9, de fecha 7 de diciembre de 2021,
que declaró infundada la excepción deducida, y revocó la Resolución 11, que
declaró infundada la demanda, y la declaró improcedente, al advertir que la
información solicitada por el demandante no está dentro de los alcances de la
protección de un proceso constitucional pues existen otras vías igual de
idóneas para acceder a tal información, por lo que la demanda debe rechazarse
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en los términos del artículo 7, incisos 1 y 2, del Nuevo Código Procesal
Constitucional.
FUNDAMENTOS
Delimitación del petitorio
1. Solicita, además de los costos procesales, lo siguiente:
i) Copia de la declaración de asociado y la autorización del descuento
firmado por el accionante.
ii) Copia de la notificación y la convocatoria realizada al accionante
para la convocatoria de la elección de los miembros del directorio
periodo 2018-2021 y copia del reporte general de los aportes
mensuales descontados al accionante por todo el periodo
descontado.
iii) Copia de la relación de hoteles de la Derrama Magisterial en los
departamentos de Arequipa, Ayacucho, Cusco, Ica, Moquegua,
Nazca, Tacna, Tarapoto y copia de sus respectivos reportes de
ingreso mensual y gastos por cada hotel de cada región desde el 1
de marzo de 2015 hasta el 31 de diciembre de 2020.
iv) Copia de la relación de trabajadores de cada hotel de la Derrama
Magisterial en los departamentos de Arequipa, Ayacucho, Cusco,
Ica, Moquegua, Nazca, Tacna, Tarapoto y copia de la planilla de
pagos de cada hotel en cada región desde el 1 de marzo de 2015
hasta el 31 de diciembre de 2020.
v) Copia de la relación de trabajadores de las tiendas retail de la
Derrama Magisterial de Jesús María, ubicadas frente a la oficina de
la Derrama Magisterial y otro del centro comercial Minka donde
venden electrodomésticos. Asimismo, copia de la planilla de pagos
de los trabajadores desde el 1 de marzo de 2015 hasta el 31 de
diciembre de 2020.
vi) Copia de la relación de las viviendas de la Derrama Magisterial
ubicados en los departamentos de Lima, Chiclayo, Trujillo, Ica,
Piura y Chachapoyas.
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vii) Copia de la planilla de pagos desde el 1 de marzo de 2015 hasta el
31 de diciembre de 2020 del directorio de la Derrama Magisterial,
sea de la nacional y de la región San Martín, así como la relación
de trabajadores de la Derrama Magisterial de la mencionada
región.
2. Del documento de fecha cierta de fojas 11 y del petitorio de la demanda,
se aprecia que la pretensión vii, referida a la región San Martín, no fue
requerida previamente en la medida en que el requerimiento previo fue
respecto de la región Apurímac. En ese sentido, no se ha cumplido el
requisito establecido por el artículo 60 del Nuevo Código Procesal
Constitucional, anteriormente regulado por el artículo 62 del Código
Procesal Constitucional derogado, por lo que corresponde desestimar tal
extremo.
3. Con relación a los demás extremos, se aprecia que el recurrente sí
cumplió con requerirlos mediante el documento de fecha cierta de fojas
11. En consecuencia, este Tribunal emitirá pronunciamiento al respecto.
Análisis de la controversia
4. El habeas data es un proceso constitucional que tiene por objeto la
protección de los derechos reconocidos en los incisos 5 y 6 del artículo 2
de la Constitución, los cuales establecen lo siguiente:
Toda persona tiene derecho:
[…]
5. A solicitar sin expresión de causa la información que requiera y a recibirla
de cualquier entidad pública, en el plazo legal, con el costo que suponga el
pedido. Se exceptúan las informaciones que afectan la intimidad personal y las
que expresamente se excluyan por ley o por razones de seguridad nacional.
[…]
6. A que los servicios informáticos, computarizados o no, públicos o privados,
no suministren informaciones que afecten la intimidad personal y familiar.
5. El Decreto Supremo 021-88-ED regula el Estatuto de la Derrama
Magisterial. En su artículo 2 se señala expresamente que es una persona
jurídica de derecho privado con autonomía administrativa económico-
financiera. Entre sus objetivos se encuentra atender la seguridad y
bienestar social de sus asociados, así como otorgar servicios de previsión
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social, crédito social, cultura social, inversión social y vivienda social,
conforme al artículo 3 del mismo documento normativo. En
consecuencia, no brinda servicios que pueden calificarse de públicos.
6. Asimismo, el artículo 6 del mencionado decreto, vigente al momento de
interposición de la demanda, señalaba lo siguiente: “El nombramiento
como docente en las dependencias a que se contrae el Art. 5 determina el
ingreso automático a la Derrama Magisterial”. Dicho artículo 5 incluye
a todos los docentes nombrados.
7. De la normativa citada se entiende que el nombramiento como docente
también implica la incorporación como asociado a la Derrama
Magisterial. Sin embargo, en el presente caso, conforme se aprecia a
fojas 134 de autos, la Derrama Magisterial señala que “[…] en el año
2007, el demandante suscribió una autorización de descuento, a propósito
de la regularización que, por mandato normativo, se exigió a la Derrama
Magisterial, información que adjuntamos al presente escrito”. Tal
afirmación se confirma con el documento de fojas 117, que demuestra
que el documento requerido sí existe en custodia de la emplazada y que
su negativa de entrega oportuna lesionó el derecho a la
autodeterminación informativa del recurrente, por lo que este extremo
debe ser estimado.
8. En relación con la primera parte de la pretensión (ii), el artículo 7 del
Decreto Supremo 021-88-ED, vigente al momento de la presentación del
requerimiento previo y de la demanda, señalaba que los asociados tienen
el derecho a “elegir y ser elegido a los Órganos de Gobierno de la
Derrama Magisterial a través del Sindicato Unitario de los
Trabajadores en la Educación del Perú (SUTEP) y del Sindicato de
Docentes de Educación Superior del Perú (SIDESP)”. Se aprecia de
autos que la notificación y convocatoria para la elección del directorio
2018-2021 se efectuó por medio de los sindicatos señalados, por lo que
la información solicitada no existe. Por ello, esta pretensión debe
desestimarse.
9. En torno a la segunda parte de la pretensión (ii), referida a la entrega de
los aportes mensuales descontados al recurrente, se advierte que es
información personal laboral que le concierne, pues según refiere en su
demanda ingresó en el magisterio el 3 de mayo de 1984 como docente de
la Institución Educativa 00508 Rogelia Izquierdo Olortegui, del distrito
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de Moyobamba (f. 3). En tal sentido, la entrega de dicha información
constituye parte del ámbito constitucionalmente protegido del derecho
fundamental a la autodeterminación informativa en los términos del
artículo 2, inciso 6, de la Constitución. Asimismo, del estado de cuenta
individual de aportes al 31 de abril de 2021 (ff. 111 a 116) se aprecia que
la emplazada sí contaba con dicha información. Consecuentemente, su
negativa de entrega, manifestada por la emplazada mediante la carta de
fecha 31 de marzo de 2021, lesionó el mencionado derecho, por lo que
corresponde estimar la demanda en este extremo. Asimismo, es menester
precisar que la entrega de dicha información debe efectuarse desde la
fecha de su ingreso, que indicaría la fecha del inicio del pago de sus
aportaciones a la Derrama.
10. Sobre las pretensiones restantes, este Tribunal advierte que su
dilucidación no forma parte de la tutela jurisdiccional que brinda el
contenido constitucional de los derechos tutelados por el proceso
constitucional de habeas data, particularmente porque la demandada no
es una entidad pública y la información requerida no se encuentra
vinculada a la información personal del recurrente. Siendo ello así, tales
pretensiones deben solicitarse en la vía procesal correspondiente, en
aplicación del artículo 7, inciso 2, del Nuevo Código Procesal
Constitucional, más aún si el artículo 7 del Decreto Supremo 021-88-ED,
modificado por el Decreto Supremo 009-2022-MINEDU, establece que
uno de los derechos estatutarios de los asociados es el conocer y expresar
su opinión sobre la gestión institucional de la Derrama Magisterial.
11. Conforme hemos indicado en los párrafos precedentes, al haberse
vulnerado el derecho a la autodeterminación informativa, corresponde la
entrega de la información requerida en el punto (i) y en la segunda parte
del punto (ii) del petitorio, en los términos requeridos previo pago del
costo de reproducción que ello suponga.
12. En relación con los costos procesales, dado que la emplazada es una
persona jurídica de derecho privado y que se ha determinado que se ha
lesionado el derecho a la autodeterminación informativa, corresponde
disponer el pago de costos de conformidad con lo dispuesto por el
artículo 28 del Nuevo Código Procesal Constitucional.
Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le
confiere la Constitución Política del Perú,
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HA RESUELTO
1. Declarar FUNDADA la demanda por haberse vulnerado el derecho a la
autodeterminación informativa.
2. ORDENAR a la Derrama Magisterial que entregue copia de la
declaración de asociado y la autorización del descuento firmado por el
accionante y la copia de los aportes mensuales descontados por todo el
periodo que ha aportado, conforme a lo señalado en los fundamentos 7,
9 y 11, previo pago del costo de reproducción.
3. CONDENAR a la emplazada al pago de costos.
4. Declarar INFUNDADA la demanda respecto a la primera parte de la
pretensión (ii).
5. Declarar IMPROCEDENTE la demanda en lo demás que contiene.
Publíquese y notifíquese.
SS.
GUTIÉRREZ TICSE
MORALES SARAVIA
DOMÍNGUEZ HARO
PONENTE GUTIÉRREZ TICSE