Sala Segunda. Sentencia 1117/2023
EXP. N.° 02991-2023-PA/TC
CUSCO
DANNER HUAMANÍ CÁCERES
SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
En Lima, a los 16 días del mes de noviembre de 2023, la Sala Segunda
del Tribunal Constitucional, integrada por los magistrados Gutiérrez Ticse,
Morales Saravia y Domínguez Haro, ha emitido la presente sentencia. Los
magistrados intervinientes firman digitalmente en señal de conformidad con
lo votado.
ASUNTO
Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Danner
Huamaní Cáceres contra la resolución que obra a folios 187, de fecha 19 de
mayo de 2023, expedida por la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de
Cusco, que declaró fundada la excepción de incompetencia por razón de la
materia y concluido el proceso.
ANTECEDENTES
La parte demandante, con fecha 21 de diciembre de 2022 y escrito
subsanatorio del 3 de enero de 2023, interpuso demanda de amparo contra la
Municipalidad distrital de San Sebastián, con el objeto de que se deje sin
efecto la amenaza cierta e inminente a su derecho al trabajo, que se
produciría el 31 de diciembre de 2022. Refiere que labora bajo el régimen
del contrato administrativo de servicios (CAS) y que por aplicación de la
Ley 31131, vigente desde el 10 de marzo de 2021, su CAS es a plazo
indeterminado; por lo que solicita que se ordene a la demandada abstenerse
de incoar o continuar procedimientos administrativos u otras acciones que
lleven a concluir su CAS el 31 de diciembre de 2022. Accesoriamente pide
que se declare que su vínculo laboral, que se inició el 4 de marzo de 2020
(cargo de subgerente de Fiscalización Ambiental), es a plazo indeterminado
o que, subordinadamente, se ordene a demandada suscribir una adenda o
emitir una resolución que reconozca que su vínculo es a plazo
indeterminado1.
El Sexto Juzgado Civil del Cusco, con fecha 13 de enero de 2023,
admitió a trámite la demanda de amparo2.
El 31 de enero de 2023, la parte demandante amplió la demanda
1 FF. 69 y 96
2 F. 104
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DANNER HUAMANÍ CÁCERES
alegando que la municipalidad demandada lo había despedido a partir del “3
(primer día laborable) de enero de 2023” sin causa alguna, por lo que debe
hacerse efectiva la naturaleza restitutoria del proceso de amparo3.
El Sexto Juzgado Civil del Cusco, con fecha 22 de febrero de 2023,
amplió la demanda de amparo4.
El procurador público de la municipalidad demandada propone las
excepciones de incompetencia por razón de la materia y de obscuridad o
ambigüedad en el modo de proponer la demanda y contesta la demanda
alegando que no hay vulneración de derecho alguno, pues el actor tenía
contratos a plazo fijo (CAS) que fueron suscritos dentro del debido
procedimiento de contratación, razón por la cual no se puede obligar a la
municipalidad a contratar más allá de 2022. Además, el actor fue designado
gerente y subgerente, por lo que tampoco le alcanza la Ley 24041, ya que
estaba en cargos de confianza5.
El Sexto Juzgado Civil del Cusco, con fecha 17 de marzo de 2023,
declaró infundadas las excepciones propuestas6 y con fecha 13 de abril de
2023 dispuso devolver el cuaderno de apelación a la Sala Civil de Cusco,
precisando que el concesorio fue consecuencia del recurso de apelación
presentado por el procurador de la demandada contra la resolución que
declaró infundadas las excepciones propuestas7.
La Sala superior revisora revocó la resolución apelada y declaró
fundada la excepción de incompetencia por razón de la materia, por
considerar que para resolver la controversia debe recurrirse al proceso
contencioso-administrativo8.
La parte demandante interpuso recurso de agravio constitucional
alegando que para la denuncia de amenaza de violación del derecho al
trabajo no existe otra vía procesal y que su CAS no tiene causa objetiva que
determine su contratación temporal, pues en la realidad es un trabajador a
plazo indeterminado9.
3 F. 124
4 F. 130
5 F. 136
6 F. 152
7 F. 170
8 F. 187
9 F. 200
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FUNDAMENTOS
Delimitación del petitorio
1. Si bien inicialmente se denuncia la existencia de una amenaza cierta e
inminente de violación del derecho al trabajo del recurrente, la parte
demandante amplió la demanda alegando que esta amenaza se había
materializado a partir del 3 de enero de 2023, pues habría sido objeto de
un despido arbitrario; por lo que este hecho sería el que habría generado
la violación de su derecho al trabajo. Siendo ello así pide que se deje sin
efecto este acto arbitrario y se disponga su reposición en su centro de
trabajo.
Análisis de la controversia
2. En el presente caso debe evaluarse si lo pretendido en la demanda será
dilucidado en una vía diferente de la constitucional, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 7.2 del Nuevo Código Procesal Constitucional.
3. En la sentencia emitida en el Expediente 02383-2013-PA/TC, publicada
en el diario oficial El Peruano el 22 de julio de 2015, este Tribunal
estableció en el fundamento 15, con carácter de precedente, que la vía
ordinaria será “igualmente satisfactoria” como la vía del proceso
constitucional de amparo si en un caso concreto se demuestra, de
manera copulativa, el cumplimiento de los siguientes elementos: i) que
la estructura del proceso es idónea para la tutela del derecho; ii) que la
resolución que se fuera a emitir pueda brindar tutela adecuada; iii) que
no existe riesgo de que se produzca irreparabilidad; y iv) que no existe
necesidad de una tutela urgente derivada de la relevancia del derecho o
de la gravedad de las consecuencias.
4. En el caso de autos, la parte demandante, trabajador que laboraba bajo
el régimen CAS, solicita que se deje sin efecto el despido arbitrario del
que fue víctima y se disponga su reposición en el cargo de subgerente
de Fiscalización Ambiental. En ese sentido, desde una perspectiva
objetiva, el proceso contencioso-administrativo cuenta con una
estructura idónea para acoger la pretensión de la parte demandante y
darle tutela adecuada. En otras palabras, el proceso contencioso-
administrativo se constituye en una vía célere y eficaz respecto del
amparo, donde puede resolverse el caso de derecho fundamental
propuesto, de conformidad con el precedente establecido en la sentencia
emitida en el Expediente 02383-2013-PA/TC.
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5. Por otro lado, atendiendo a una perspectiva subjetiva, en el caso de
autos no se ha acreditado un riesgo de irreparabilidad del derecho en
caso de que se transite por la vía del proceso contencioso-
administrativo. De igual manera, tampoco se verifica que en autos se
haya acreditado de manera fehaciente la necesidad de tutela urgente
derivada de la relevancia del derecho en cuestión o de la gravedad del
daño que podría ocurrir.
6. Por lo expuesto, en el caso concreto existe una vía igualmente
satisfactoria, que es el proceso contencioso-administrativo, por lo que
corresponde declarar la improcedencia de la demanda.
7. De otro lado, si bien la sentencia emitida en el Expediente 02383-2013-
PA/TC establece reglas procesales en sus fundamentos 18 a 20, es
necesario precisar que dichas reglas son aplicables solo a los casos que
se encontraban en trámite cuando la precitada sentencia fue publicada
en el diario oficial El Peruano (22 de julio de 2015). En el caso de
autos no se presenta dicho supuesto, dado que la demanda se interpuso
el 21 de diciembre de 2022 (ampliada el 31 de enero de 2023).
8. Finalmente, debe recordarse que el proceso de amparo es restitutorio,
por lo que carece de sentido pretender que mediante este proceso se
declare u ordene la constitución de diferentes o nuevas relaciones
jurídicas. Por esta razón, estas pretensiones deben resolverse en los
procesos ordinarios.
Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le
confiere la Constitución Política del Perú,
HA RESUELTO
Declarar FUNDADA la excepción de incompetencia por razón de la materia
e IMPROCEDENTE la demanda.
Publíquese y notifíquese.
SS.
GUTIÉRREZ TICSE
MORALES SARAVIA
DOMÍNGUEZ HARO
PONENTE DOMÍNGUEZ HARO