Pleno. Sentencia 323/2022
EXP. N.° 00843-2021-PHC/TC
SULLANA
FELIBERTO ÁVILA GUERRERO,
representado por JORGE LUIS
SAAVEDRA MOROCHO - ABOGADO
SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
En Lima, a los 11 días del mes de octubre de 2022, el Pleno del
Tribunal Constitucional, integrado por los magistrados Morales Saravia,
Pacheco Zerga, Ferrero Costa, Gutiérrez Ticse, Domínguez Haro,
Monteagudo Valdez y Ochoa Cardich, pronuncia la siguiente sentencia.
ASUNTO
Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Jorge Luis
Saavedra Morocho, abogado de don Feliberto Ávila Guerrero, contra la
resolución de fojas 278, de fecha 26 de enero de 2021, expedida por la
Sala Penal de Apelaciones con Funciones de Liquidadora de la Corte
Superior de Justicia de Sullana, que declaró infundada la demanda de
habeas corpus de autos.
ANTECEDENTES
Con fecha 15 de junio de 2020, don Jorge Luis Saavedra Morocho,
abogado de don Feliberto Ávila Guerrero, interpone demanda de habeas
corpus (f. 1) contra los jueces integrantes de la Segunda Sala Penal de la
Corte Superior de Justicia de Piura, señores Santa María Morrillo,
Guerrero Castillo y Lau Arizola; y contra la Primera Sala Penal
Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República, integrada
por los jueces señores Gonzales Campos, Vega Vega, Molina Ordoñez,
Peirano Sánchez y Vinatea Merino. Denuncia la vulneración de los
derechos al debido proceso, a la tutela jurisdiccional efectiva, de
defensa, a la debida motivación de las resoluciones judiciales, a la
libertad personal, a la igualdad ante la ley, a ser juzgado dentro de un
plazo razonable y de los principios non reformatio in peius y presunción
de inocencia.
Don Jorge Luis Saavedra Morocho solicita que se declare la nulidad
de todo actuado en el proceso penal en el que don Feliberto Ávila
Guerrero fue condenado por el delito de violación sexual de menor de
edad a veinticinco años de pena privativa de la libertad (Expediente
3871-2001); y que, en consecuencia, se disponga la inmediata libertad
del favorecido por exceso de plazo de detención, se realice un nuevo
proceso conforme al proceso común en aplicación de la Ley 27569 y se
emita nueva sentencia.
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El recurrente refiere que don Feliberto Ávila Guerrero fue procesado
por el delito previsto en el artículo 173 del Código Penal, modificado
por el Decreto Legislativo 896, proceso penal que se realizó conforme al
procedimiento especial establecido en el Decreto Legislativo 897; y que
el Tribunal Constitucional mediante, sentencia recaída en el Expediente
00005-2001-AI/TC, de fecha 15 de noviembre de 2001, declaró la
inconstitucionalidad del Decreto Legislativo 897. Por ello, solicita que
se declare la nulidad de: (i) el auto de apertura de instrucción de fecha 28
de marzo de 2000 (f. 104); (ii) la sentencia de fecha 24 de agosto de
2000 (f. 120), que condenó al favorecido a veinticinco años de pena
privativa de la libertad por el delito de violación sexual de menor de
edad; y (iii) la sentencia de fecha 5 de diciembre de 2006 (f. 133), que
declaró no haber nulidad en la citada condena (Expediente 3871-2001 /
RN 1927-2006).
El recurrente afirma que don Feliberto Ávila Guerrero presentó una
anterior demanda de habeas corpus por vulneración del principio de non
reformatio in peius, demanda en la que solicitó la nulidad de la sentencia
de fecha 7 de noviembre de 2000 (f. 135), emitida por la Segunda Sala
Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República (RN
3522-2000), pues al pronunciarse sobre el recurso de nulidad presentado
contra de la sentencia de fecha 24 de agosto de 2000, le incrementó a
treinta años la pena privativa de la libertad.
Al respecto, refiere que el Tribunal Constitucional mediante sentencia
de fecha 20 de diciembre de 2005 (Expediente 00453-2004-HC/TC),
declaró fundada la demanda de habeas corpus y ordenó que se expida
nueva resolución; y que, pese a que el proceso penal que se le siguió se
tramitó conforme al Decreto Legislativo 897, el Tribunal no se
pronunció respecto a que se realice un nuevo juicio conforme a lo
dispuesto en la Ley 27569, que establece una nueva instrucción y
juzgamiento para quienes fueron procesados y sentenciados conforme a
los decretos legislativos 895 y 897.
Asevera que la Sala suprema demandada, en cumplimiento de la
sentencia emitida por el Tribunal Constitucional, expidió la sentencia de
fecha 5 de diciembre de 2006, cuando lo que correspondía es que se
declare nula la sentencia de fecha 24 de agosto de 2000, nulo el juicio
oral y que se ordene a la Segunda Sala Penal de la Corte Superior de
Justicia de Piura que realice un nuevo juicio, toda vez que el proceso
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penal contra el favorecido se tramitó conforme al Decreto Legislativo
897. Acota que la Sala suprema demandada debió considerar aplicar al
favorecido la Ley 27472, que derogó los decretos legislativos 896 y 897,
y establece una pena más benigna. Sostiene que el favorecido fue
privado de su libertad el 3 de marzo del año 2000, cuando ya se
encontraba en vigencia la Ley 27472 (publicada 5 de junio de 2001), que
en su artículo 1 establece para el tipo penal de violación sexual de menor
de catorce años (artículo 173 del Código Penal) una pena privativa de la
libertad no menor de diez ni mayor de quince años.
De otro lado, el recurrente también solicita que se disponga la
inmediata libertad del favorecido, puesto que a la fecha ha cumplido más
de veinte años de los veinticinco años de pena privativa a la libertad que
le fue impuesta en el cuestionado proceso, pena que ha sido cumplida
por redención por el trabajo y la educación.
Finalmente, aduce que el favorecido es una persona vulnerable ante el
riesgo de contagio de la Covid-19, porque tiene hipertensión arterial y
una enfermedad cardiovascular. Por ello, manifiesta que se debe
garantizar su derecho a la salud y a la vida, para lo cual debe disponerse
su inmediata excarcelación.
El Cuarto Juzgado Unipersonal de Sullana mediante Resolución 1, de
fecha 15 de junio de 2020, declaró improcedente in limine la demanda (f.
32). La Sala Penal de Apelaciones con Funciones de Liquidadora de la
Corte Superior de Justicia de Sullana declaró nula la citada resolución y
dispuso nuevo análisis de la demanda (f. 57). El Cuarto Juzgado
Unipersonal de Sullana por Resolución 5, de fecha 21 de agosto de 2020,
admitió a trámite la demanda (f. 67).
El procurador público de los asuntos judiciales del Poder Judicial al
contestar la demanda expresa que esta debe ser declarada improcedente,
toda vez que el favorecido se encuentra recluido en un establecimiento
penitenciario por la comisión de un delito grave y le fue impuesta una
pena emanada de un proceso tramitado con regularidad y en aplicación
de la norma pertinente. Además, anota que el favorecido contó y cuenta
con asesoría de un abogado en todas las instancias correspondientes, e
interpuso todos los mecanismos que la ley franquea (f. 71)
El Cuarto Juzgado Unipersonal de Sullana mediante sentencia de
fecha 28 de diciembre de 2020 (f. 232), declaró infundada la demanda,
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por considerar que, si bien en algunos actuados del proceso penal
seguido al favorecido se hace alusión al Decreto Legislativo 897, sin
embargo, no se verifica que, efectivamente, se haya aplicado el
procedimiento establecido en dicha norma, procedimiento diferente al
procedimiento ordinario establecido en el Código de Procedimientos
Penales. Por ello, no se puede concluir que el favorecido deba ser
sometido a un nuevo juicio conforme a lo establecido en el artículo 1 de
la Ley 27569.
Además, arguye que el Tribunal Constitucional en la sentencia
recaída en el Expediente 00453-2004-HC/TC, solo declaró nula la
sentencia de fecha 7 de noviembre de 2000 expedida por la Sala Penal
Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República, lo que fue
cumplido por la Primera Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de
Justicia de la República, al expedir la resolución de fecha 5 de diciembre
del 2006. Respecto al pedido de inmediata excarcelación por
cumplimiento de la condena por redención de la pena por trabajo y
educación, estima que la pena impuesta vence el 27 de marzo del año
2025, y que la concesión de la libertad por cumplimiento de la pena por
redención corresponde ser resuelta por el juez ordinario, además de que
no se ha acreditado en autos que se haya redimido la pena impuesta por
trabajo y/o educación en una cantidad tal que, sumada a la pena
cumplida, alcance la totalidad de la pena impuesta.
De otro lado, el Cuarto Juzgado Unipersonal de Sullana, en cuanto al
alegato de que el favorecido es una persona vulnerable y existe la
amenaza de contagio de Covid-19 por lo que debe ser excarcelado,
expone que del Informe Médico de fecha 19 de noviembre de 2020, se
acredita que al favorecido se le ha brindado la atención médica que
requiere. Finalmente, sobre la aplicación de la Ley 27472, por ser más
favorable en cuanto establecía pena privativa de la libertad no menor de
diez ni mayor de quince años para el delito previsto en el artículo 173,
inciso 3 del Código Penal, por el que el favorecido fue condenado,
considera que la calificación jurídica de un hecho, la norma penal
aplicable al caso, la imposición de la pena y demás incidencias
relacionadas con ella, son cuestiones que corresponde ser resueltas por el
juez ordinario.
La Sala Penal de Apelaciones con Funciones de Liquidadora de la
Corte Superior de Justicia de Sullana confirmó la apelada, por estimar
que de las copias del proceso penal Expediente 3871-2000, sí se puede
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apreciar que el favorecido fue juzgado bajo las reglas del denominado
proceso ordinario especial regulado por el derogado Decreto Legislativo
897. Empero, si bien en el Expediente 00453-2004-HC/TC, el
favorecido en su demanda también solicitó un nuevo juzgamiento, por
cuanto fue procesado conforme a las normas del citado decreto
legislativo, el Tribunal Constitucional no dispuso el nuevo juzgamiento,
solo declaró nula la ejecutoria suprema de fecha 7 de noviembre de
2000; por lo tanto, la petición planteada nuevamente bajo los mismos
términos deviene infundada, al haber sido materia de pronunciamiento
por el máximo intérprete de la Constitución.
La Sala revisora, en cuanto al pedido de excarcelación del favorecido
por cuanto habría cumplido su condena por redención de la pena por el
trabajo y la educación, argumenta que el habeas corpus no es la vía para
determinar el cumplimiento de una condena, en tanto que la redención
de la pena por el trabajo y la educación constituyen beneficios
penitenciarios cuya concesión es competencia de la justicia ordinaria. De
otro lado, acota que al favorecido no le corresponde la aplicación
retroactiva de la Ley 27472, ni una pena no menor de diez ni mayor de
quince años, toda vez que su conducta está tipificada en el último
párrafo del artículo 173 del Código Penal, modificado por el Decreto
Legislativo 896 (vínculo familiar con la víctima, hija); sin embargo, la
modificatoria introducida por la Ley 27472 para dicho supuesto
estableció una pena no menor de veinticinco años, que es la pena que se
le impuso. Finalmente, aduce que el riesgo de contagio de Covid-19 no
es razón válida para ordenar la excarcelación del favorecido; y que del
informe médico de autos se aprecia que se le brinda atención médica.
FUNDAMENTOS
Delimitación del petitorio
1. El objeto de la demanda es que se declare la nulidad de todo actuado
en el proceso penal en el que don Feliberto Ávila Guerrero fue
condenado por el delito de violación sexual de menor de edad; y que,
en consecuencia, se disponga su inmediata libertad por exceso de
plazo de detención, se realice un nuevo proceso conforme al proceso
común en aplicación de la Ley 27569 y se emita nueva sentencia.
Por ello, se solicita que se declare la nulidad de: (i) el auto de
apertura de instrucción de fecha 28 de marzo de 2000; (ii) la
sentencia de fecha 24 de agosto de 2000, que condenó al favorecido
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a veinticinco años de pena privativa de la libertad por el delito de
violación sexual de menor de edad; y, (iii) la sentencia de fecha 5 de
diciembre de 2006, que declaró no haber nulidad en la citada
condena (Expediente 3871-2001 / RN 1927-2006).
2. Se denuncia la vulneración de los derechos al debido proceso, a la
tutela jurisdiccional efectiva, de defensa, a la debida motivación de
las resoluciones judiciales, a la libertad personal, a la igualdad ante
la ley, a ser juzgado dentro de un plazo razonable y de los principios
non reformatio in peius y presunción de inocencia.
Análisis del caso
3. El recurrente solicita la excarcelación de don Feliberto Ávila
Guerrero, aduciendo que la pena de veinticinco años de pena
privativa de la libertad ya ha sido cumplida, puesto que se encuentra
recluido en el Establecimiento Penitenciario de Piura (Río Seco) más
de veinte años, más el tiempo redimido por trabajo y educación.
4. Al respecto, el pedido de excarcelación por cumplimiento de
condena por redención por estudio y trabajo es un asunto que
corresponde ser valorado y resuelto por el Consejo Técnico
Penitenciario del referido establecimiento penitenciario, puesto que
se debe determinar el tiempo efectivamente acumulado; labor que no
corresponde a la judicatura ordinaria.
5. También se solicita la excarcelación don Feliberto Ávila Guerrero,
bajo el alegato de que por las enfermedades que presenta, es una
persona vulnerable frente al riesgo de contraer Covid-19.
6. Respecto a que la salud de don Feliberto Ávila Guerrero se encuentra
en riesgo por la epidemia del Covid-19, este Tribunal aprecia del
Informe Médico de Salud Actual Nº 012, de fecha 19 de noviembre
de 2020 (f. 275), que, en cuanto al diagnóstico del favorecido, se
indica: secuelas post infección por Covid-19; asma bronquial; y
lumbociática. Por ello, se le determina medicación, se sugiere
evaluación de control por el servicio de neumología del Hospital
Santa Rosa y reevaluación en quince días; sin que en el caso de autos
se haya presentado algún documento que acredite que el estado de
salud del favorecido haya variado.
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7. Por consiguiente, dado que la reclamación del recurrente, respecto de
lo expuesto en los fundamentos 3 al 6, supra, no está referida al
contenido constitucionalmente protegido del derecho tutelado por el
habeas corpus, resulta de aplicación el artículo 7, inciso 1), del
nuevo Código Procesal Constitucional.
8. El Tribunal Constitucional mediante Sentencia 00005-2001-AI/TC,
declaró la inconstitucionalidad de los decretos legislativos 895 y 897,
por lo que con fecha 2 de diciembre de 2001 se promulgó la Ley
27569, que declaró la nulidad de los procesos que se siguieron
conforme a las disposiciones de los referidos decretos y dispuso el
inicio de nuevos juicios en el fuero común del Poder Judicial.
9. Este Tribunal en reiterada jurisprudencia, en aplicación de la Ley
27569, ha declarado la nulidad de procesos penales seguidos por los
delitos agravados previstos en el Decreto Legislativo 896, siempre y
cuando se hayan tramitado con el procedimiento especial establecido
en el Decreto Legislativo 897; y ha ordenado un nueva instrucción y
juzgamiento (Sentencias 02456-2002-HC/TC; 00965-2004-HC/TC).
10. En el presente caso, este Tribunal, de acuerdo con los documentos
que obran en autos, no aprecia que el proceso penal contra el
favorecido haya sido tramitado con el procedimiento especial
establecido en el Decreto Legislativo 897, sobre la base de las
siguientes consideraciones:
a) Mediante Denuncia 52 (f. 102) se formaliza denuncia contra don
Feliberto Ávila Guerrero por el delito de violación sexual de
menor de edad de doce años, y se hace mención a los decretos
legislativos 896 y 897.
b) Sin embargo, en el auto de apertura de instrucción de fecha 28 de
marzo de 2000 (f. 104), se indica que el proceso penal contra el
favorecido sería seguido en la vía ordinaria especial, sin referirse
al Decreto Legislativo 897, y solo se citan artículos pertinentes
del Código de Procedimientos Penales. Además, para dictar
mandato de detención contra el favorecido, se aplicó el artículo
135 del Código de Procesal Penal. De acuerdo con el artículo 2,
literal a) del Decreto Legislativo 897, durante la instrucción no se
podía conceder la libertad, a menos de que fuera la incondicional.
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c) Si bien en el Dictamen 13-2000, de fecha 30 de mayo de 2000 (f.
105), el fiscal provincial solicitó la ampliación de la
investigación por el plazo de diez días para que se realicen
algunas diligencias conforme al Decreto Legislativo 897, plazo
ampliatorio que fue concedido mediante Resolución de fecha 11
de mayo de 2000 (f. 106); sin embargo, en el Dictamen 22 (f.
107) se hace referencia al artículo 198 del Código de
Procedimientos Penales.
d) En la sentencia de fecha 24 de agosto de 2000, se hace mención a
algunos artículos del Código de Procedimientos Penales, sin
realizar referencia alguna al Decreto Legislativo 897. Además, en
el artículo 7 del Decreto Legislativo 897 se establecía que en la
sentencia se dispondrá que la pena privativa de libertad impuesta
se cumpla en un establecimiento de máxima seguridad, lo que no
se aprecia en la citada sentencia de vista, en la que se indica que
el Instituto Nacional Penitenciario asignará el establecimiento
penitenciario en que el favorecido cumplirá la condena (f. 124).
e) De igual manera, en la sentencia de fecha 5 de diciembre de
2006, no se hace mención a que el proceso penal contra el
favorecido se haya realizado en la vía especial conforme al
Decreto Legislativo 897.
11. El principio de retroactividad benigna propugna la aplicación de una
norma jurídica penal posterior a la comisión del hecho delictivo con
la condición de que dicha norma contenga disposiciones más
favorables al reo. Ello sin duda constituye una excepción al principio
de irretroactividad de la aplicación de la ley y se sustenta en razones
político-criminales, en la medida en que el Estado no tiene interés (o
no en la misma intensidad) en sancionar un comportamiento que ya
no constituye delito (o cuya pena ha sido disminuida) y,
primordialmente, en virtud del principio de humanidad de las penas,
el mismo que se fundamenta en la dignidad de la persona humana
(Sentencia 09810-2006-PHC/TC).
12. Este Tribunal ha precisado que, en principio, es de aplicación la
norma vigente al momento de la comisión de la infracción penal
(principio de legalidad), y que aquellas normas que entraron en
vigencia con posterioridad a la comisión de la infracción serán
aplicables -mediante aplicación retroactiva- solo si resultan más
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favorables para el procesado que las vigentes al momento de la
comisión de la infracción (retroactividad benigna). Como
consecuencia de ello, ante una sucesión de normas en el tiempo, será
de aplicación la más favorable al procesado, lo que ha sido
reconocido en el artículo 139, inciso 11 de la Constitución
(Sentencia 01955-2008-PHC/TC).
13. El recurrente aduce que al favorecido debió aplicársele la Ley 27472,
toda vez que establece una pena más benigna respecto al inciso 3, del
artículo 173 del Código Penal; esto es, una pena no menor de diez ni
mayor de quince años.
14. El artículo 173, inciso 3 del Código Penal, modificado por el artículo
1 del Decreto Legislativo 896, establecía que:
3.- Si la víctima tiene de diez años a menos de catorce, la pena
será menor de veinte ni mayor de veinticinco años.
Si el agente tuviere cualquier posición, cargo o vincular
familiar que le dé particular autoridad sobre la víctima o le
impulse a depositar en él su confianza, la pena será no menor
de treinta años para los supuestos previstos en los incisos 2 y
3.
15. El artículo 173, inciso 3 del Código Penal, modificado por el artículo
1 de la Ley 27472, establecía que:
3.- Si la víctima tiene de diez años a menos de catorce, la pena
será menor de diez ni mayor de quince años.
Si el agente tuviere cualquier posición, cargo o vincular
familiar que le dé particular autoridad sobre la víctima o le
impulse a depositar en él su confianza, la pena será no menor
de veinticinco años para los supuestos previstos en los incisos
2 y 3.
16. De lo glosado en los fundamentos 13 y 14, supra, se aprecia que la
Ley 27472 estableció que la pena sería no menor de diez ni mayor de
quince años respecto al inciso 3, del artículo 173 del Código Penal;
penas inferiores a las establecidas en el Decreto Legislativo 896 (no
menor de veinte ni mayor de veinticinco años).
17. Sin embargo, don Feliberto Ávila Guerrero fue condenado por el
delito de violación sexual de menor de edad de doce años, y en el auto
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de apertura de instrucción (f. 104) se expone que la conducta del
favorecido se adecua al último párrafo del artículo 173, inciso 3 del
Código Penal, por cuanto la menor agraviada es su hija. En efecto, en
la denuncia fiscal y en la sentencia condenatoria y confirmatoria se
consigna que la menor agraviada es su hija.
18. Al respecto, según se aprecia de la sentencia de fecha 5 de diciembre
de 2006, la Sala Suprema demandada declaró no haber nulidad en la
sentencia de vista en atención al último párrafo del artículo 173,
modificado por la Ley 27472, y mantuvo la pena privativa de la
libertad de veinticinco años.
Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que
le confiere la Constitución Política del Perú,
HA RESUELTO
1. Declarar IMPROCEDENTE la demanda respecto de lo expuesto en
los fundamentos 3 al 7, supra.
2. Declarar INFUNDADA la demanda respecto a la alegada afectación
de los derechos al debido proceso, a la tutela jurisdiccional efectiva,
a la libertad personal y del principio de retroactividad benigna.
Publíquese y notifíquese.
SS.
MORALES SARAVIA
PACHECO ZERGA
FERRERO COSTA
GUTIÉRREZ TICSE
DOMÍNGUEZ HARO
MONTEAGUDO VALDEZ
OCHOA CARDICH
PONENTE FERRERO COSTA