Sala Segunda. Sentencia 485/2022
EXP. N.° 02021-2020-PHC/TC
CUSCO
VICTORIA ISABEL ARIAS
MARTÍNEZ, representada por
HENRY VENERO LATORRE,
ABOGADO
SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
En Lima, a los 19 días del mes de diciembre de 2022, la Sala
Segunda del Tribunal Constitucional, integrada por los magistrados
Gutiérrez Ticse, Morales Saravia y Domínguez Haro, pronuncian la
siguiente sentencia
ASUNTO
Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Henry Venero
Latorre, abogado de doña Victoria Isabel Arias Martínez, contra la
resolución de fojas 686 (cuaderno de subsanación), de fecha 16 de octubre
de 2020, expedida por la Segunda Sala Penal de Apelaciones de Emergencia
de la Corte Superior de Justicia de Cusco, que declaró infundada la demanda
de habeas corpus.
ANTECEDENTES
Con fecha 12 de abril de 2020, don Henry Venero Latorre, abogado
de doña Victoria Isabel Arias Martínez, interpone demanda de habeas
corpus en contra de don Asunción Canchari Quispe, juez del Primer
Juzgado de Investigación Preparatoria de Huamanga; y en contra de los
magistrados integrantes de la Primera Sala Penal de Apelaciones de
Huamanga de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho, señores Donaires
Cuba, Ortiz Arévalo y Olarte Arteaga (f. 85, tomo 1). Alega la vulneración
de los derechos al debido proceso, a la tutela procesal efectiva, a la debida
motivación de las resoluciones judiciales, a la libertad personal y del
principio de presunción de inocencia.
El recurrente solicita que se declare nula (i) la Resolución 2, de fecha
2 de setiembre de 2019 (f. 276, tomo 2), mediante la cual se declaró fundado
el requerimiento de prisión preventiva por el plazo de dieciocho meses
formulado en contra de doña Victoria Isabel Arias Martínez en el proceso
que se le sigue por el delito de tráfico ilícito de drogas, en la modalidad de
promoción y favorecimiento al consumo ilegal de drogas tóxicas, mediante
actos de tráfico agravado; y nulo (ii) el Auto de vista, Resolución 11, de
fecha 27 de setiembre de 2019 (f. 239, tomo II), que confirmó la Resolución
2 (Expediente 02424-2018-88-0501-JR-PE-01); y que, en virtud de ello, se
EXP. N.° 02021-2020-PHC/TC
CUSCO
VICTORIA ISABEL ARIAS
MARTÍNEZ, representada por
HENRY VENERO LATORRE,
ABOGADO
ordene la inmediata libertad de la favorecida y se libre mandato de
comparecencia.
El recurrente alega que la emergencia sanitaria nacional declarada
por causa de la COVID-19 ha eliminado el peligro de fuga porque se han
cerrado las fronteras mundialmente; que en la resolución que dictó prisión
preventiva en contra de la favorecida no existe motivación sobre los
argumentos que fueron expuestos en audiencia en relación con sus salidas
del país, la transferencia a bancos mediante la cual depositó la suma de
cinco mil dólares a una cuenta de Hong Kong y su contacto con personas de
su misma nacionalidad colombiana por ser parientes y amigos; que la
imputación en contra de la favorecida se sustentó en su derecho a guardar
silencio y en una sindicación en su contra que no ha sido corroborada con
prueba alguna; y que la Sala superior demandada no realizó un análisis de
los elementos de convicción en que supuestamente se sustenta la prisión
preventiva, por lo que su resolución tampoco se encuentra motivada.
El Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Cusco, con fecha
20 de abril de 2020, declaró infundada la demanda (f. 124, tomo I). La Sala
Penal de Apelaciones de Emergencia de la Corte Superior de Justicia de
Cusco mediante resolución de fecha 5 de mayo de 2020 declaró nula la
resolución de primera instancia y ordenó la admisión a trámite de la
demanda (f. 166, tomo I). El Sétimo Juzgado de Investigación Preparatoria
de Cusco mediante resolución de fecha 26 de mayo de 2020 admitió a
trámite la demanda (f. 176, tomo I).
El Sétimo Juzgado de Investigación Preparatoria de Cusco mediante
sentencia de fecha 25 de setiembre de 2020 (f. 455, tomo III) declaró
infundada la demanda, por considerar que no se configura amenaza
inminente ante la COVID-19, toda vez que el Poder Ejecutivo ha destinado
un presupuesto especial y extraordinario para mejorar las condiciones
sanitarias al interior de los establecimientos penitenciarios del país y el
riesgo que genera la reclusión de los internos en un estado de hacinamiento.
Hace notar que se han emitido diversas normas para disminuir la población
carcelaria en el país; y que las resoluciones cuestionadas han sido expedidas
dentro de un proceso judicial regular, luego de debates en primera y segunda
instancia, donde se han realizado las audiencias con la presencia y
participación de las partes, incluida la favorecida y su abogado defensor,
mediando contradicción, inmediación y publicidad, por lo que se han
EXP. N.° 02021-2020-PHC/TC
CUSCO
VICTORIA ISABEL ARIAS
MARTÍNEZ, representada por
HENRY VENERO LATORRE,
ABOGADO
respetado las normas que regulan el debido proceso.
La Segunda Sala Penal de Apelaciones de Emergencia de la Corte
Superior de Justicia de Cusco (cuaderno de subsanación f. 686) confirmó la
apelada, por estimar que alegar el estado de hacinamiento del
establecimiento penitenciario donde se encuentra recluida la favorecida no
es suficiente para determinar que el riesgo es cierto e inminente ante un
posible contagio por COVID-19 y ordenar su excarcelación. También
consideró que los cuestionamientos a la resolución que le impuso prisión
preventiva a la favorecida y a su confirmatoria están referidos a una errónea
valoración de los elementos de convicción.
Cabe precisar que este Tribunal mediante auto de fecha 30 de marzo
de 2021 (f. 12, cuaderno del Tribunal Constitucional) declaró nula la
Resolución 12, de fecha 2 de noviembre de 2020 (f. 586, tomo III),
concesorio del recurso de agravio constitucional, toda vez que la sentencia
de vista de fecha 16 de octubre de 2020 (f. 499, tomo III) solo se encontraba
suscrita por el secretario de la Sala Penal de Apelaciones de Emergencia de
la Corte Superior de Justicia de Cusco y, en consecuencia, dispuso reponer
la causa al estado respectivo, a efectos de que dicha Sala superior resolviera
conforme a derecho.
La Sala Penal de Apelaciones de Emergencia de la Corte Superior de
Justicia de Cusco mediante Resolución 14, de fecha 2 de noviembre de 2021
(f. 692, cuaderno subsanación), dispuso que, en vía de subsanación, se
agregue al expediente de habeas corpus la sentencia de vista que contiene la
firma física de los magistrados que conforman dicha Sala, calificó
nuevamente el recurso de agravio presentado, lo concedió y ordenó que se
eleven los autos a este Tribunal.
FUNDAMENTOS
Delimitación del petitorio
1. El objeto de la demanda es que se declare nula (i) la Resolución 2, de
fecha 2 de setiembre de 2019, mediante la cual se declaró fundado el
requerimiento de prisión preventiva por el plazo de dieciocho meses
formulado en contra de doña Victoria Isabel Arias Martínez en el
EXP. N.° 02021-2020-PHC/TC
CUSCO
VICTORIA ISABEL ARIAS
MARTÍNEZ, representada por
HENRY VENERO LATORRE,
ABOGADO
proceso que se le sigue por la comisión del delito de tráfico ilícito de
drogas, en la modalidad de promoción y favorecimiento al consumo
ilegal de drogas tóxicas, mediante actos de tráfico agravado; y nulo (ii)
el Auto de vista, Resolución 11, de fecha 27 de setiembre de 2019, que
confirmó la Resolución 2 (Expediente 02424-2018-88-0501-JR-PE-01);
y que, como consecuencia de ello, se ordene la inmediata libertad de la
favorecida y se le imponga mandato de comparecencia.
2. Se alega la vulneración de los derechos al debido proceso, a la tutela
procesal efectiva, a la debida motivación de las resoluciones judiciales, a
la libertad personal y al principio de presunción de inocencia.
Análisis del caso concreto
3. En el caso de autos, en un extremo de la demanda se alega que la
emergencia sanitaria nacional decretada por causa de la COVID-19 y el
hacinamiento que existe en el Establecimiento Penitenciario Yanamilla,
donde cumple reclusión la favorecida doña Victoria Isabel Arias
Martínez, incrementan el riesgo de vulnerabilidad de la interna. Al
respecto, este Tribunal en reiterada jurisprudencia ha puesto de relieve
que a la judicatura ordinaria le corresponde determinar la variación o el
cese de la prisión preventiva, por lo que es de aplicación el artículo 7,
inciso 1), del Nuevo Código Procesal Constitucional.
4. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 1 del Nuevo Código Procesal
Constitucional, tanto el proceso de habeas corpus como el resto de
procesos de tutela de derechos constitucionales tienen por finalidad
restablecer el ejercicio de un derecho constitucional o finiquitar una
amenaza de violación a un derecho constitucional. En otras palabras,
tienen una finalidad eminentemente restitutoria, por lo que si, luego de
presentada la demanda, cesa la agresión o amenaza de violación del
derecho invocado, no existe la necesidad de emitir pronunciamiento de
fondo al haberse producido la sustracción de la materia.
5. El Tribunal Constitucional aprecia que el punto 4 de la parte resolutiva
de la Resolución 2 (f. 83, tomo I) dice que el plazo de dieciocho meses
de prisión preventiva impuesta en contra de doña Victoria Isabel Arias
Martínez se computará a partir del 18 de agosto de 2019 hasta el 17 de
EXP. N.° 02021-2020-PHC/TC
CUSCO
VICTORIA ISABEL ARIAS
MARTÍNEZ, representada por
HENRY VENERO LATORRE,
ABOGADO
febrero de 2021, lo que ha sido confirmado mediante la Resolución 11;
por lo que, a la fecha, esta habría cesado.
6. Sin embargo, se advirtió, de la Ubicación de Internos N.° 404900, que la
favorecida del presente habeas corpus se encuentra recluida en el
Establecimiento Penitenciario de Ayacucho, por lo que, mediante
Decreto del Tribunal Constitucional, de fecha 10 de octubre de 2022, se
requirió al Instituto Nacional Penitenciario (INPE) con remitir un
informe documentado indicando el real estado procesal y penitenciario
de doña Victoria Isabel Arias Martínez.
7. Es así que, mediante Oficio N.° D000190-2022-INPE-DRPM, el
Instituto Nacional Penitenciario (INPE) indicó que la actual privación de
libertad de la favorecida se debe por mérito de la Resolución N.°31, de
fecha 1 de marzo de 2022, mediante la cual se condenó a doña Victoria
Isabel Arias Martínez como coautora del delito de tráfico ilícito de
drogas, en su modalidad de favorecimiento en su forma agravada,
imponiendo 15 años de pena privativa de libertad efectiva; cuya pena se
computará desde su intervención acaecida el 18 de agosto de 2019 y
vencerá el 17 de agosto de 2034.
8. En tal sentido siendo que, actualmente, la privación de la libertad de la
favorecida deriva de la sentencia penal condenatoria emitida por el
Juzgado Penal Colegiado de Huamanga de la Corte Superior de Justicia
de Ayacucho (que no ha sido materia de cuestionamiento) y no de las
resoluciones cuestionadas en el fundamento 5 supra; se advierte que
estas ya no surten efectos ni inciden sobre su derecho fundamental a la
libertad personal.
9. Siendo ello así, no existe necesidad de emitir un pronunciamiento de
fondo, al haberse producido la sustracción de la materia por haber
cesado los hechos que en su momento sustentaron la interposición de la
demanda (12 de abril de 2020), conforme a la aplicación a contrario
sensu del artículo 1 del Nuevo Código Procesal Constitucional.
Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le
confiere la Constitución Política del Perú,
EXP. N.° 02021-2020-PHC/TC
CUSCO
VICTORIA ISABEL ARIAS
MARTÍNEZ, representada por
HENRY VENERO LATORRE,
ABOGADO
HA RESUELTO
Declarar IMPROCEDENTE la demanda.
Publíquese y notifíquese.
SS.
GUTIÉRREZ TICSE
MORALES SARAVIA
DOMÍNGUEZ HARO
PONENTE MORALES SARAVIA