Pleno. Sentencia 342/2022
EXP. N.° 03298-2021-PA/TC
LAMBAYEQUE
LUIS ALBERTO SANZ BELLODAS
RAZÓN DE RELATORÍA
En la sesión del Pleno del Tribunal Constitucional, de fecha 18 de agosto
de 2022, los magistrados Ferrero Costa, Gutiérrez Ticse, Monteagudo
Valdez y Ochoa Cardich han emitido la sentencia que resuelve:
Declarar INFUNDADA la demanda de amparo.
Asimismo, el magistrado Domínguez Haro, en fecha posterior, comunicó
que su voto era a favor de la sentencia.
Por su parte, los magistrados Morales Saravia y Pacheco Zerga emitieron
unos votos singulares que declaran fundada la demanda de amparo.
La Secretaría del Pleno deja constancia de que la presente razón encabeza
la sentencia y los votos antes referidos, y que los magistrados
intervinientes en el Pleno firman digitalmente al pie de esta razón en
señal de conformidad.
Flavio Reátegui Apaza
Secretario Relator
SS.
FERRERO COSTA
MORALES SARAVIA
GUTIÉRREZ TICSE
DOMÍNGUEZ HARO
PACHECO ZERGA
MONTEAGUDO VALDEZ
OCHOA CARDICH
EXP. N.° 03298-2021-PA/TC
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LUIS ALBERTO SANZ BELLODAS
SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
En Lima, a los 18 días del mes de agosto de 2022, el Pleno del Tribunal
Constitucional, integrado por los magistrados Ferrero Costa, Morales Saravia, Gutiérrez
Ticse, Domínguez Haro, Pacheco Zerga, Monteagudo Valdez y Ochoa Cardich,
pronuncia la siguiente sentencia, con los votos singulares de los magistrados Morales
Saravia y Pacheco Zerga, que se agregan.
ASUNTO
Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Luis Alberto Sanz Bellodas
contra la resolución de fojas 378, de fecha 2 de agosto de 2021, expedida por la Sala
Descentralizada Mixta y de Apelaciones de Jaén de la Corte Superior de Justicia de
Lambayeque, que declaró infundada la demanda de autos.
ANTECEDENTES
Mediante escrito de fecha 25 de setiembre de 2017 (f. 188), el recurrente
interpone demanda de amparo contra el juez del Segundo Juzgado Especializado en lo
Civil de Jaén y contra los integrantes de la Sala Descentralizada Mixta y de Apelaciones
de Jaén, ambos de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque. Solicita que se declare
nulas la Resolución 39 (f. 96), de fecha 16 de enero de 2017, que declara improcedente
la solicitud de ejecución de sentencia que formuló, por existir resolución ejecutoriada
sobre la misma pretensión; y la Resolución 2 (f. 110), de fecha 20 de marzo de 2017,
que confirmó la Resolución 39, en el marco del proceso de amparo en el que solicitaba
que se le reponga en su puesto de trabajo (Expediente 00088-2001-76-1703-JR-CI-02).
Sostiene que las resoluciones judiciales cuestionadas vulneran sus derechos a la
cosa juzgada, a la tutela jurisdiccional efectiva y al debido proceso, y a la motivación de
las resoluciones judiciales. Alega, básicamente, que las resoluciones cuestionadas
desestimaron indebidamente su pedido de que se ejecute la sentencia contenida en la
Resolución 5 (f. 14), fecha 6 de agosto de 2001, emitida por el Segundo Juzgado Civil
de Jaén, que fue confirmada por la sentencia de vista de fecha 15 de octubre de 2001,
emitida por la Sala Descentralizada Mixta de Jaén; según indica, estas resoluciones
cuentan con calidad de cosa juzgada. Aduce que las resoluciones que aquí cuestiona
(ambas del año 2017) vulneran sus derechos al desestimar su pedido, pues han avalado
que no haya sido repuesto en su cargo, tal como lo que ordenaban las sentencias con
autoridad con cosa juzgada del año 2001. Según explica el amparista, el año 2001 fue
repuesto por la Dirección Sub Regional de Educación - Jaén en su cargo, pero a través
de un nombramiento solo temporal (del 2 de octubre al 31 de diciembre de 2001), y
luego, entre los años 2002 al 2005, desempeñó labores como locador, y finalmente el
año 2006 fue nombrado en el cargo de Trabajador de Servicio III de la I.E.I. Proyecto
de Jardín a través de los medios de comunicación, todo lo cual, según recalca,
acreditaría que las sentencias del año 2001 no fueron cumplidas en sus propios términos
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y, por ende, considera que las resoluciones que aquí cuestiona sí debieron cumplir con
ordenar que se le nombre en el cargo que desempeñó inicialmente; es decir, el de
Oficinista III (hoy convertido en Técnico Administrativo I), sin que se convalide el
hecho irregular de que haya sido contratado bajo otras modalidades.
Mediante Resolución 7, de fecha 21 de agosto de 2019 (f. 275), el Primer Juzgado
Civil de Jaén de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque declaró infundada la
demanda. Argumenta que el recurrente, en el proceso de amparo original (Expediente
00088-2001-0-1703-JR-CI-02) y varios años después de contar con una sentencia
ejecutoriada (el año 2005), recién cuestionó sus contratos de locación de servicios,
pedido que, con arreglo a ley, fue declarado improcedente a través de la Resolución 14,
de fecha 3 de mayo de 2005, emitida por el Segundo Juzgado Civil de Jaén; decisión
que fue confirmada por resolución de vista, de fecha 24 de junio de 2005, emitida por la
Sala descentralizada y Mixta y de Apelaciones de Jaén. Luego de eso, el recurrente
intentó nuevamente pedir su nombramiento, lo que fue desestimado por las resoluciones
del año 2017 aquí cuestionadas, que establecen que el recurrente está pretendiendo que
se ejecute una sentencia que fue emitida cuando tenía la condición de contratado,
mientras que ya tiene la condición de nombrado. Adicionalmente, precisa que fue el
propio accionante quien pidió su nombramiento en el cargo de Trabajador de Servicios
III, de la Institución Educativa Inicial "Proyecto de Jardín a través de los Medios de
Comunicación de Jaén", con base en el artículo 1 de la Ley 28676, que autorizó el
nombramiento de los trabajadores administrativos del Sector Educación. Finalmente, y
a mayor abundamiento, precisa que el recurrente también buscó que se ordene su
nombramiento en la plaza de Oficinista III del Área de Gestión Administrativa, hoy
Técnico Administrativo 1, en el marco de un proceso contencioso-administrativo en fase
de ejecución (Expediente 00244-2012-0-1703-JR-CI-02), pedido que fue desestimado
en segundo grado y que llegó incluso a sede de casación, donde fue declarado
improcedente; todo lo cual demuestra que el amparista también utilizó otra vía judicial
previamente para intentar obtener el mismo nombramiento que aquí solicita, sin éxito.
A su turno, mediante Resolución 16, de fecha 2 de agosto de 2021 (f. 378),
la Sala Descentralizada Mixta y de Apelaciones de Jaén de la Corte Superior de Justicia
de Lambayeque confirmó la apelada por similares fundamentos. Adicionalmente,
considera que aceptar la posición del demandante, respecto a que la sentencia recaída en
el proceso de amparo inicial (Expediente 00088-2001) supuestamente no se ejecutó en
sus propios términos, significaría desconocer las decisiones firmes recaídas en dicho
proceso de amparo, los contratos que el propio actor suscribió con posterioridad con la
demandada, la resolución administrativa que lo nombró en un cargo distinto del que
ostentaba en la condición de contratado, el hecho de que dicha decisión no fue
cuestionada oportunamente, y lo decidido con posterioridad en el proceso contencioso-
administrativo que cuenta con sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la
República, que declaró improcedente su recurso de casación.
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FUNDAMENTOS
Petitorio y determinación del asunto controvertido
1. El objeto del presente proceso es que se declare la nulidad de la Resolución 39, de
fecha 16 de enero de 2017, emitida por el Segundo Juzgado Especializado en lo
Civil de Jaén, que declaró improcedente su solicitud de ejecución de sentencia, y
de la Resolución 2, de fecha 20 de marzo de 2017, emitida por la Sala
Descentralizada Mixta y de Apelaciones de Jaén, que confirmó la Resolución 39,
emitidas en el proceso de amparo que el recurrente inició para que se lo reponga
en su puesto de trabajo (Expediente 00088-2001-76-1703-JR-CI-02). Alega el
demandante, en lo esencial, que las mencionadas resoluciones trasgredieron sus
derechos a la cosa juzgada y a la motivación de las resoluciones judiciales, pues
resolvieron sin hacer valer lo dispuesto por la Resolución 5, de fecha 6 de agosto
de 2001, y la sentencia de vista, de fecha 15 de octubre de 2001, que habían
ordenado su reposición en el cargo de Oficinista III (hoy convertido en Técnico
Administrativo I), puesto que actualmente no tiene.
Sobre la procedencia del amparo contra amparo
2. El amparo contra amparo, qué duda cabe, es una modalidad de amparo contra
resoluciones judiciales. En este sentido, resulta de aplicación las consideraciones
que este Tribunal ha establecido, de manera general, en relación con el amparo
contra decisiones y actuaciones judiciales y, de manera particular, las previsiones
que ha precisado, de manera específica, en relación con la procedencia del amparo
contra amparo.
3. Respecto de esto último, el Tribunal Constitucional ha indicado en reiteradas
decisiones (por todas: Sentencia 01278-2018-PA/TC, fundamento 5), línea
jurisprudencial que es compatible con el articulado del Nuevo Código Procesal
Constitucional, que:
[E]l proceso de amparo contra amparo, así como sus demás variantes (amparo contra
habeas data, amparo contra cumplimiento, etc.) es un régimen procesal de naturaleza
atípica o excepcional cuya procedencia se encuentra sujeta a determinados supuestos o
criterios. De acuerdo con estos últimos: a) solo procede cuando la vulneración
constitucional resulte evidente o manifiesta; b) su habilitación solo opera por una sola y
única oportunidad, siempre que las partes procesales del primer y segundo amparo sean
las mismas; c) resulta pertinente tanto contra resoluciones judiciales desestimatorias
como contra las estimatorias, sin perjuicio del recurso de agravio especial habilitado
específicamente contra sentencias estimatorias recaídas en procesos constitucionales
relacionados con el delito de tráfico ilícito de drogas o lavado de activos, en los que se
haya producido vulneración del orden constitucional y en particular del artículo 8 de la
Constitución (cfr. sentencias emitidas en los Expedientes 02663-2009-PHC/TC,
fundamento 9, y 02748-2010-PHC/TC, fundamento 15); d) su habilitación se
condiciona a la vulneración de uno o más derechos constitucionales,
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independientemente de la naturaleza de estos; e) procede en defensa de la doctrina
jurisprudencial establecida por el Tribunal Constitucional; f) se habilita en defensa de
los terceros que no han participado en el proceso constitucional cuestionado y cuyos
derechos han sido vulnerados, así como respecto del recurrente que por razones
extraordinarias, debidamente acreditadas, no pudo acceder al agravio constitucional; g)
resulta pertinente como mecanismo de defensa de los precedentes vinculantes
establecidos por el Tribunal Constitucional (cfr. sentencia recaída en el Expediente
03908-2007-PA/TC, fundamento 8); h) no procede en contra de las decisiones
emanadas del Tribunal Constitucional; e i) procede incluso cuando el proceso se torna
inconstitucional en cualquiera de sus otras fases o etapas, como la postulatoria (cfr.
resoluciones expedidas en los Expedientes 05059-2009-PA/TC, fundamento 4; 03477-
2010-PA/TC, fundamento 4; entre otros); la de impugnación de sentencia (cfr.
resoluciones expedidas en los Expedientes 02205-2010-PA/TC, fundamento 6; 04531-
2009-PA/TC, fundamento 4; entre otros); o la de ejecución de sentencia (cfr. sentencias
recaídas en los Expedientes 04063-2007-PA/TC, fundamento 3, y 01797-2010-PA/TC,
fundamento 3; resoluciones emitidas en los Expedientes 03122-2010-PA/TC
fundamento 4; 02668-2010-PA/TC, fundamento 4; entre otros).
4. En segundo lugar, en relación con la procedencia del amparo contra decisiones y
actuaciones judiciales, si bien la Constitución prescribe preliminarmente que el
amparo “[n]o procede contra (…) resoluciones judiciales emanadas de
procedimiento regular” (artículo 200, inciso 2), se ha entendido tempranamente
que, a contrario sensu, sí cabe el amparo contra resoluciones judiciales cuando
provengan de “procesos irregulares”.
5. El artículo 9 del Nuevo Código Procesal Constitucional indica, de manera más
específica, que el amparo contra resoluciones judiciales firmes procede cuando
hayan sido dictadas con “manifiesto agravio a la tutela procesal efectiva”. De
manera complementaria, este Tribunal ha indicado que a través de los procesos de
amparo contra resoluciones judiciales pueden cuestionarse decisiones judiciales
que vulneren, no únicamente los derechos procesales constitucionales
mencionados en el artículo 9 del Nuevo Código Procesal Constitucional, sino
cualquier derecho fundamental. De este modo, la “irregularidad” de una
resolución judicial, o el “manifiesto agravio a la tutela procesal efectiva” que
habilita a presentar una demanda de amparo contra resolución o proceso judicial
conforme a la Constitución, se produciría “cada vez que ésta se expida con
violación de cualquier derecho fundamental y no sólo en relación con los
supuestos contemplados en el artículo 4 del CP Const.” (cfr. Resolución 03179-
2004-AA/TC, fundamento 14).
6. Como resulta evidente, eventuales irregularidades en el ámbito de un proceso
judicial pueden presentarse no solo con ocasión de que se emita una resolución
judicial. En este sentido, el derecho a la tutela procesal efectiva es una garantía
que opera durante todo el proceso y no solo frente a decisiones jurisdiccionales
contenidas en resoluciones. Así considerado, cabe el amparo contra actuaciones
judiciales no contenidas en resoluciones (y que, para simplificar, podemos
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calificar estipulativamente como amparos contra actuaciones judiciales). Dentro
de este conjunto de actuaciones podemos contar, de modo no exhaustivo, por
ejemplo, a los (1) supuestos de vulneración de los derechos que conforman la
tutela procesal efectiva, distintos al derecho a la justificación de las resoluciones
judiciales (por ejemplo, derechos tales como al plazo razonable, a la pluralidad de
instancia, de defensa, al juez legal predeterminado, a la ejecución de resoluciones,
etc.); a las (2) “vías de hecho judicial”, esto es, a las actuaciones materiales (u
omisiones) que provienen del sistema de justicia que trasgreden derechos
fundamentales procesales o sustantivos de los sujetos procesales (por ejemplo, si
se impide ejercer la defensa o acceder a los ambientes judiciales debido a
determinado tipo de vestimenta que, por razones subjetivas, desaprueba la
autoridad; si no se prevé la presencia de traductores para personas que se
comunican en otro idioma, si en mesa de partes no se quiere recibir un
determinado escrito de manera arbitraria, etc.); así como (3) a los defectos de
trámite cuando tengan relevancia iusfundamental, es decir, siempre que dichas
deficiencias no tengan incidencia directa, negativa, concreta y sin justificación
razonable en los derechos que forman parte del debido proceso e incluso,
conexamente, en otros derechos fundamentales (por ejemplo, si existen problemas
de notificación o de contabilización de plazos, que incidan en el derecho de
defensa o frente al incumplimiento de requisitos formales para que exista una
sentencia válida, etc.).
7. Como puede apreciarse, los anteriores son supuestos en los que la vulneración se
habría producido con ocasión de una acción o una omisión proveniente de un
órgano jurisdiccional, que no se encuentra contenida en una resolución judicial.
Precisamente, con base en la anterior precisión, es necesario esclarecer que en los
casos de amparo contra actuación judicial no se requiere verificar algunos
presupuestos procesales que sí se requieren para la procedencia del amparo contra
resoluciones judiciales.
8. Más precisamente, no resulta de aplicación el denominado principio de
definitividad, en la medida en que, al no tratarse de vulneraciones contenidas en
resoluciones judiciales, no es exigible el agotamiento de los medios
impugnatorios que pueden interponerse contra ellas. Asimismo, en lo que
concierne al plazo para demandar, a los supuestos de amparos contra actuaciones
judiciales les corresponde la aplicación el plazo general de 60 días hábiles
previsto en el primer párrafo del artículo 45 del Nuevo Código Procesal
Constitucional para el caso de las agresiones iusfundamentales, desde luego, con
las precisiones contenidas en los incisos 3, para el caso de actuaciones
continuadas y 5, para el caso de omisiones.
9. Por otra parte, ahora en relación con el derecho a la motivación, la jurisprudencia
del Tribunal Constitucional ha precisado diversos supuestos que constituyen casos
de “manifiesto agravio a la tutela procesal efectiva”, tal como lo exige el Código
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Procesal Constitucional, y que justifican la procedencia de una demanda de
amparo contra resoluciones judiciales. De manera no exhaustiva, en reiterada
jurisprudencia del Tribunal se ha reconocido la existencia de:
(1) Vicios de motivación interna, cuando la solución del caso no se deduce de las
premisas normativas o fácticas contenidas en la resolución, o cuando la resolución
analizada carece de alguna de estas premisas necesarias para resolver; y vicios de
motivación externa, cuando se han utilizado indebida o injustificadamente premisas
normativas (por ejemplo, si se aplican disposiciones que ya no se encuentran vigentes o
que nunca formaron parte del ordenamiento jurídico) o premisas fácticas (por ejemplo,
la resolución se sustenta en hechos no probados o en pruebas prohibidas) (Sentencia
00728-2008-HC/TC, fundamento 7, b y c; Sentencia 03213-2015-PA/TC, fundamento
4.1, entre otras; Sentencia 00445-2018-PHC/TC, fundamento 3 y siguientes).
(2) Supuestos de motivación inexistente, aparente, insuficiente o incongruente, que
pueden referirse, por ejemplo, a supuestos en los que las resoluciones analizadas
carezcan de una fundamentación mínima y solo se pretende cumplir formalmente con el
deber de motivar; cuando se presente una justificación que tiene apariencia de correcta o
suficiente, pero que incurre en vicios de razonamiento; cuando esta carece de una
argumentación suficiente para justificar lo que resuelve (que incluye aquellos casos en
los que se necesita de una motivación cualificada y esta no existe en la resolución);
cuando lo resuelto no tiene relación alguna con lo contenido en el expediente o lo
señalado por las partes; o cuando incurre en graves defectos o irregularidades contrarios
al Derecho, entre otros supuestos (cfr. Sentencia 00728-2008-PHC/TC, fundamento 7,
a, d, e y f; Sentencia 08506-2013-PA/TC, fundamento 20, entre otras), y
(3) Supuestos en los que se aleguen (a) errores de exclusión de un derecho fundamental,
en caso no se haya considerado la aplicación de un derecho fundamental al resolver una
cuestión regulada por el derecho ordinario; (b) errores en la delimitación del derecho
fundamental, cuando se haya comprendido indebidamente, o se haya dejado de
comprender, posiciones iusfundamentales que forman parte del contenido
constitucionalmente protegido de un derecho fundamental), o (c) errores en la
aplicación del principio de proporcionalidad (cfr. Resolución 00649-2013-AA/TC,
Autos 02784-2013-PA/TC y 02126-2013-AA/TC, entre algunas). Ciertamente,
supuestos análogos a los aquí mencionados son los casos en los que existan déficits o
errores respecto de otros bienes constitucionales, como pueden ser los principios o las
garantías institucionales, o respecto del ejercicio del control difuso (cfr. Sentencias
00966-2014-AA/TC, 00932-2019-PA/TC y 01217-2019-AA/TC).
10. Asimismo, conforme a la legislación vigente y a la consolidada jurisprudencia del
Tribunal Constitucional, desde una perspectiva procesal, se requiere de la
concurrencia conjunta de los siguientes presupuestos:
i. Que la violación del derecho fundamental haya sido alegada
oportunamente al interior del proceso subyacente, cuando hubiera sido
posible;
ii. Que la resolución judicial violatoria del derecho fundamental cumpla con
el principio de definitividad, es decir, que el demandante, parte del
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proceso, haya agotado todos los mecanismos previstos en la ley para
cuestionarla al interior del proceso subyacente; y,
iii. Que lo pretendido por la parte demandante no implique invadir las
competencias de la judicatura ordinaria, para que la judicatura
constitucional opere como una especie de “cuarto grado o instancia”; en
tal sentido, de ser el caso, le corresponde a la judicatura constitucional
delimitar el objeto de la discusión a la violación de algún derecho
fundamental o bien constitucionalmente protegido (v. gr. principios,
valores e institutos, etc.), conforme a los criterios contenidos expresados
supra.
11. Como ya fue indicado antes, el recurrente interpuso demanda de amparo contra
una resolución judicial emitida en otro proceso de amparo en etapa de ejecución, y
que desestima su pedido, por lo cual considera que se vulneraron sus derechos a la
cosa juzgada y a la debida motivación. Al respecto, a la luz de los criterios de
procedencia del amparo contra amparo, se advierte que cumple con (o satisface)
los criterios b), c), d), h) e i) mencionados en el fundamento 3, pertinentes a estos
efectos. En lo que corresponde al criterio a) sobre el amparo contra amparo y, de
manera más general, acerca de si existe un agravio manifiesto de los derechos
invocados –pauta relacionada con la procedencia del amparo contra resoluciones
judiciales– de conformidad con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional
glosada supra, el recurrente claramente está aludiendo a un supuesto de déficit de
exclusión de derecho fundamental, pues alega que las resoluciones del año 2017,
que cuestiona en este proceso, no tomaron en cuenta su derecho a la cosa juzgada,
y por ende están mal motivadas, porque desconocerían lo dispuesto por las
sentencias del año 2001 que adquirieron el carácter de cosa juzgada.
12. Siendo este el caso, se concluye que prima facie la parte recurrente sí hace
referencia a los contenidos iusfundamentales que pueden ser discutidos en esta
vía, por lo que corresponde emitir un pronunciamiento de fondo.
Derecho fundamental a la cosa juzgada
13. Como fue indicado, en lo esencial, el recurrente sostiene que las resoluciones
objeto de la presente demanda de amparo habrían vulnerado su derecho a la cosa
juzgada y, en consecuencia, su derecho a la debida motivación de las resoluciones
judiciales.
14. El derecho a la cosa juzgada se encuentra contenido en el artículo 139, inciso 2 de
la Constitución, que establece lo siguiente:
Son principios y derechos de la función jurisdiccional: [...]
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2. La independencia en el ejercicio de la función jurisdiccional.
Ninguna autoridad puede avocarse a causas pendientes ante el órgano jurisdiccional ni
interferir en el ejercicio de sus funciones. Tampoco puede dejar sin efecto resoluciones
que han pasado en autoridad de cosa juzgada, ni cortar procedimientos en trámite, ni
modificar sentencias ni retardar su ejecución. Estas disposiciones no afectan el derecho
de gracia ni la facultad de investigación del Congreso, cuyo ejercicio no debe, sin
embargo, interferir en el procedimiento jurisdiccional ni surte efecto jurisdiccional
alguno [resaltado nuestro].
Si bien la mencionada disposición constitucional (como lo hace también el
artículo 139, inciso 13 de la Constitución, que establece la prohibición “de revivir
procesos fenecidos con resolución ejecutoriada. La amnistía, el indulto, el
sobreseimiento definitivo y la prescripción producen los efectos de cosa juzgada”)
hace referencia a la “cosa juzgada”, no realiza mayor precisión sobre su contenido
y alcances.
15. No obstante ello, en consolidada jurisprudencia del Tribunal Constitucional sí se
ha precisado que el contenido constitucionalmente protegido del mencionado
derecho fundamental garantiza, cuando menos: (1) que las resoluciones que hayan
puesto fin al proceso judicial no puedan ser recurridas mediante nuevos medios
impugnatorios, ya sea porque estos han sido agotados o porque ha transcurrido el
plazo para impugnarlas; y (2) que el contenido de las resoluciones que hayan
adquirido tal cualidad no pueda ser dejado sin efecto ni modificado, sea por actos
de otros poderes públicos, de terceros o, incluso, de los mismos órganos
jurisdiccionales que resolvieron el caso en el que se dictó (cfr. sentencia emitida
en el Expediente 04587-2004-PA/TC, fundamento 38). De manera sintética, este
Tribunal ha establecido que el principio de cosa juzgada “le otorga al fallo judicial
la calidad de indiscutible –ya que constituye decisión final–, a la par que garantiza
al justiciable la certeza de que su contenido permanecerá inalterable,
independientemente de si el pronunciamiento expedido haya sido favorable o
desfavorable para quien promovió la acción”. (Sentencia emitida en el Expediente
00574-2011-PA/TC, fundamento 5).
16. De manera complementaria, la jurisprudencia de este Colegiado ha hecho
referencia a los aspectos formal y material de la cosa juzgada en relación con la
mencionada dimensión formal, se trata, en buena cuenta, de un mandato de
irrevisabilidad de la sentencia. Esta garantía opera luego de cumplirse con
algunos presupuestos que generan efectos procesales, tales como el agotamiento
de las instancias o grados, el paso del tiempo o la aceptación de la resolución
judicial, tras lo cual la decisión judicial se torna irrevisable. En este sentido, se
proscribe la posibilidad de reabrir la discusión, en el marco del mismo proceso, en
torno al contenido de resoluciones judiciales firmes.
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17. Esta manifestación del derecho a la cosa juzgada, desde luego, está estrechamente
vinculada con el principio de seguridad jurídica. En efecto, se fundamenta en la
necesidad de preservar la certeza del fallo judicial y sus consecuencias derivadas,
garantizando que el contenido de una decisión judicial definitiva permanecerá
inalterable y será respetado. En otros términos, a través de este derecho, se busca
que los fallos judiciales tengan plena vigencia y certeza, de modo que la
ciudadanía y el Estado puedan orientar su comportamiento según estos (cfr.
sentencia emitida en el Expediente 003525-2017-PA/TC, fundamento 5).
18. Por otra parte, se ha hecho referencia también a la dimensión material de la cosa
juzgada, conforme a la cual se coloca en énfasis en la protección del contenido de
una decisión judicial. De este modo, la “calidad” o “autoridad” de cosa juzgada
implica que ella no pueda ser modificada ni vaciada de contenido; se trata, pues,
de un mandato de inmodificabilidad de las sentencias que ha adquirido la
condición de cosa juzgada. Así considerado, las decisiones judiciales con esta
calidad deben ser respetadas (inalterabilidad) y ejecutadas (efectividad), sin
padecer variación o desnaturalización alguna.
19. A mayor abundamiento, tal como ha sido fijado por este Tribunal Constitucional,
la mencionada dimensión material del derecho a la cosa juzgada “garantiza que lo
decidido por el juez se cumpla, evitando así que los pronunciamientos de las
autoridades jurisdiccionales se conviertan en simples declaraciones de intención,
lo que pondría en cuestión la vigencia del ordenamiento jurídico, y que se cumpla
en sus propios términos, esto es, que la forma de su cumplimiento se desprenda de
lo expresamente mandado y no de una interpretación coyuntural del juez de
ejecución” (cfr. sentencias emitidas en los Expedientes 00766-2020-PA/TC,
fundamento 6; 00846-2020-PA/TC, fundamento 16).
20. Esta dimensión material de la cosa juzgada, ciertamente, se encuentra relacionada
con el derecho a la efectividad de las resoluciones judiciales. Este contenido
iusfundamental, si bien prima facie forma parte del derecho constitucional a la
tutela judicial efectiva, aparece, a la vez, como una de las garantías relacionadas
con el derecho a la cosa juzgada. Conforme a este derecho, tal como prescribe la
Constitución, ninguna autoridad puede dejar sin efecto resoluciones que han
pasado en autoridad de cosa juzgada, ni retardar su ejecución (de manera más
reciente, el Tribunal Constitucional ha reiterado el contenido y los alcances del
derecho a la efectividad de las resoluciones judiciales en la Sentencia emitida en
el Expediente 00743-2019-PA/TC, fundamentos 11 y 12).
21. Adicionalmente, se tiene que otro de los efectos que una resolución judicial haya
alcanzado la autoridad de cosa juzgada es la prohibición de que por los mismos
fundamentos se pueda volver a juzgar a la misma persona, lo que ha sido
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denominado en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional como el derecho a
no ser juzgado dos veces por el mismo fundamento (ne bis in idem).
22. En relación con este ámbito iusfundamental, en efecto, este Colegiado tiene
precisado en su jurisprudencia que si bien el derecho al ne bis in idem no se
encuentra expresamente reconocido en la Constitución como derecho
constitucional, sin embargo, se trata de un contenido iusfundamental que se
desprende “del derecho reconocido en el inciso 2) del artículo 139 de la
Constitución (cosa juzgada)” y, por ende, “se trata de un derecho implícito que
forma parte de un derecho expreso” (Sentencia 04587-2004-AA/TC, fundamento
46). También sobre este derecho al ne bis in idem, el Tribunal Constitucional ha
señalado que su contenido constitucionalmente protegido tiene dos dimensiones:
en su vertiente sustantiva o material, el ne bis in idem garantiza el derecho a no
ser sancionado dos o más veces por la infracción de un mismo bien jurídico,
mientras que en su dimensión procesal o formal, garantiza que una persona no sea
sometida a juzgamiento dos o más veces por un mismo hecho (cfr. sentencia
recaída en el Expediente 02050-2002-AA/TC, fundamento 19).
23. Si bien con base en todo lo anterior es más claro qué contiene el derecho a la cosa
juzgada, es cierto que aún no ha sido esclarecido en qué casos opera esta garantía
de inmodificabilidad, de tal modo que, en tales casos un nuevo órgano judicial
tenga proscrito resolver dejando sin efectos, vaciando de contenido o volviendo a
juzgar lo contenido en una sentencia previa que adquirió la referida autoridad de
cosa juzgada. A este respecto, este Tribunal Constitucional ha declarado que “para
que opere la cosa juzgada deben concurrir tres elementos en el proceso fenecido,
cuya tramitación se pretende nuevamente: i) los sujetos (eadem personae); ii) el
objeto (eadem res); y iii) la causa (eadem causa petendi). Una segunda
consideración es que la sentencia del proceso fenecido haya resuelto la pretensión
(objeto) que se plantea en proceso posterior” (sentencia emitida en el Expediente
08376-2006-PA/TC, fundamento 3).
24. Además de todo lo anotado, vale la pena precisar que si bien el Tribunal ha
anotado que las garantías relacionadas con la cosa juzgada impiden “que lo
resuelto pueda desconocerse por medio de una resolución posterior, aunque
quienes lo hubieran dictado entendieran que la decisión inicial no se ajustaba a la
legalidad aplicable, sino tampoco por cualquier otra autoridad judicial, aunque
ésta fuera de un grado o instancia superior, precisamente, porque habiendo
adquirido el carácter de firme, cualquier clase de alteración importaría una
vulneración del contenido constitucionalmente protegido del derecho” (Sentencia
00818-2000-AA/TC, fundamento 4; Sentencia 00190-2021-PA/TC, fundamento
6), a la vez ha sido enfático en subrayar que, tal como ocurre con la regularidad de
los derechos constitucionales:
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[E]ste derecho no es absoluto y, por tanto, es pasible de limitaciones o afectaciones
razonables que no incidan negativamente en su contenido constitucionalmente
protegido. Así, el derecho a la cosa juzgada no consagra la mera petrificación de las
resoluciones judiciales, toda vez que existen supuestos en los que estas no solo se
pueden, sino se deben dejar sin efecto, como cuando se han vulnerado derechos
constitucionales o se ha emitido fraudulentamente el fallo judicial.
En tal sentido, nuestro ordenamiento ha previsto mecanismos institucionales a través de
los cuales resulta posible dejar sin efecto una resolución judicial con la calidad de cosa
juzgada, tales como el proceso de nulidad de cosa juzgada fraudulenta y el proceso de
amparo. No obstante, tales controles posteriores no suponen una revisión de la
controversia resuelta por el fallo, sino la inspección del proceso en sí a fin de verificar
su compatibilidad con el ordenamiento constitucional (Sentencia 03525-2017-PA/TC,
fundamentos 6 y 7).
25. Incluso más, como se recordará, este Tribunal tiene reiterada jurisprudencia en la
que explica que las decisiones dictadas irregularmente o de manera abiertamente
incompatible con el ordenamiento constitucional, no adquieren el carácter de cosa
juzgada constitucional.
26. Esto ha ocurrido así al problematizar los efectos de las amnistías que inicialmente,
conforme a la Constitución, se benefician de la garantía de la cosa juzgada. Al
respecto, ha indicado el Tribunal Constitucional que únicamente “la amnistía
decretada de conformidad con los diversos límites a los que se encuentra sujeta,
otorga la calidad de cosa juzgada constitucional a las resoluciones judiciales que
se hubieran dictado en aplicación de ella, y confiere a sus beneficiarios la
titularidad del derecho fundamental reconocido en el inciso 13) del artículo 139 de
la misma Constitución” (sentencia emitida en el Expediente 00679-2005-PA/TC,
fundamento 34). A contrario sensu, y tal como ocurrió en el caso que analizaba,
cuando dichas leyes de amnistía no cumplían con los estándares que obligan al
Estado peruano en materia de persecución, investigación y sanción de graves
violaciones de derechos humanos, no se genera cosa juzgada constitucional:
“careciendo de efectos jurídicos las leyes de amnistía señaladas, el Tribunal juzga
que las resoluciones jurisdiccionales dictadas a su amparo no adquieren la calidad
de cosa juzgada constitucional” (sentencia recaída en el Expediente 00679-2005-
PA/TC, fundamento 50). En análogo sentido, la Corte Interamericana de Derechos
Humanos en su momento hizo referencia a la cosa juzgada aparente: “la Corte
considera que se presenta el fenómeno de cosa juzgada “aparente” cuando del
análisis fáctico es evidente que la investigación, el procedimiento y las decisiones
judiciales no pretendían realmente esclarecer los hechos sino obtener la
absolución de los imputados y también que los funcionarios judiciales carecían de
los requisitos de independencia e imparcialidad” (Caso Nadege Dorzema y otros
vs. República Dominicana, Sentencia de fecha 24 de octubre de 2012, Fondo,
Reparaciones y Costas, párr. 196).
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27. Inclusive, en contextos muy diferentes al antes indicado el Tribunal
Constitucional también hizo referencia a la figura de la cosa juzgada
inconstitucional, siempre haciendo referencia a la conformidad de una decisión
judicial con el ordenamiento constitucional. Por ejemplo, sostuvo que:
“[U]na sentencia (…) aun cuando se pronuncie sobre el fondo, pero desconociendo la
interpretación del Tribunal Constitucional o sus precedentes vinculantes, no puede
generar, constitucionalmente, cosa juzgada (…) [L]a Constitución garantiza (…) la cosa
juzgada constitucional, la que se configura con aquella sentencia que se pronuncia sobre
el fondo de la controversia jurídica, de conformidad con el orden objetivo de valores,
con los principios constitucionales y con los derechos fundamentales, y de acuerdo con
la interpretación que haya realizado el Tribunal Constitucional de las leyes, o de toda
norma con rango de ley, o de los reglamentos y de sus precedentes vinculantes”
(Sentencia 00006-2006-CC/TC, fundamentos 69 y 70).
En el caso mencionado, terminó concluyendo el Tribunal Constitucional que,
“[b]ajo estas consideraciones, es evidente que en el presente caso las resoluciones
judiciales que se dictaron contraviniendo la interpretación jurídica de este
Colegiado y los efectos normativos de la sentencia 009-2001-AI/TC y del
precedente sentado a través de la sentencia 4227-2005-AA/TC, nunca adquirieron
la calidad de cosa juzgada constitucional y, por ende, no puede afirmarse que su
nulidad constituya una vulneración de la garantía de la cosa juzgada y del derecho
fundamental al debido proceso, ambos principios reconocidos en el artículo 138,
incisos 2 y 3 de la Constitución, respectivamente” (sentencia emitida en el
Expediente 00006-2006-CC/TC, fundamento 71; cfr., asimismo, la sentencia
emitida en el Expediente 00054-2004-AI/TC)
28. Como fue expuesto, en el presente caso, de manera conjunta al derecho a la cosa
juzgada, se ha alegado la trasgresión del derecho a la motivación de las
resoluciones judiciales. Al respecto, es pertinente precisar que el Tribunal
Constitucional tiene indicado que “la violación del derecho fundamental a la
tutela judicial efectiva –en su manifestación del derecho a la inmutabilidad de la
cosa juzgada–, conlleva, necesariamente, la conculcación concurrente del derecho
fundamental al debido proceso –en su manifestación del derecho a la motivación
de las resoluciones judiciales–”. (Sentencia recaída en el Expediente 04902-2017-
PA/TC, fundamento 6). En efecto, ocurre que una decisión judicial que resuelve
desconociendo sentencias que tienen la calidad de cosa juzgada incurre en un
vicio de motivación (error de exclusión de un derecho fundamental, en este caso,
el derecho a la cosa juzgada).
29. Dicho todo esto, este Tribunal está ya en condiciones de evaluar sí, como afirma
el recurrente, las resoluciones cuestionadas han vulnerado sus derechos a la cosa
juzgada y, en consecuencia, a la motivación de las decisiones judiciales, por
contravenir decisiones judiciales previas con autoridad de cosa juzgada, por ende,
firmes e inamovibles.
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Análisis del caso concreto
30. El recurrente alega que, en el proceso de amparo subyacente (Expediente 00088-
2001-76-1703-JR-CI-02), Resolución 39, de fecha 16 de enero de 2017, y su
confirmatoria, la Resolución 2, de fecha 20 de marzo de 2017, vulneran los
derechos a la cosa juzgada y a la adecuada motivación de las resoluciones
judiciales, debido a que lo allí resuelto estaría contraviniendo lo resuelto mediante
las sentencias contenidas en la Resolución 5, de fecha 6 de agosto de 2001, y la
sentencia de vista, de fecha 15 de octubre de 2001, por lo que se vulnera la cosa
juzgada. El amparista considera que las resoluciones que cuestiona debieron
ordenar su reposición el cargo de Oficinista III (hoy convertido en Técnico
Administrativo I), tal como lo disponían las mencionadas resoluciones de fondo
del año 2001.
31. Así entonces, debido a que la parte recurrente alega que en el marco del mismo
proceso de amparo se habrían emitido resoluciones que contravienen lo resuelto
en las sentencias de fondo que adquirieron formalmente la autoridad de cosa
juzgada, corresponde evaluar si se vulneró la dimensión de este derecho, referida
a su irrevisabilidad.
32. De la revisión de los actuados, queda claro que las referidas resoluciones del año
2001 sí adquirieron la condición de firmes e irrevisables y, por ende, a
continuación, será necesario verificar si dichas decisiones fueron desnaturalizadas
o si en los hechos habrían sido modificadas o dejadas sin efectos por las
resoluciones cuestionadas.
33. Al respecto, mediante resolución de la Dirección Sub Regional número 02886-
2001/ED-JAEN, la entidad demandada dispuso reponer al amparista en
cumplimiento del mandato judicial de las sentencias del año 2001. Asimismo, en
relación con esta resolución administrativa, en autos aparece la Resolución 17 (f.
42), de fecha 24 de junio de 2005, que hace referencia a lo siguiente:
[C]onforme al considerando sexto de la Sentencia de Vista de folios doscientos noventa
y seis a doscientos noventa y siete se tiene que la reincorporación contenida en el
documento de folios doscientos noventa y cuatro mediante Resolución de la Dirección
Sub Regional número 02886-2001/ED-JAEN de fecha cinco de octubre del año dos mil
uno ha sido convalidada como ejecución de la Sentencia de folios doscientos setenta y
tres a doscientos setenta y seis, hecho que fue puesto en conocimiento del Órgano
Jurisdiccional con escrito de folios doscientos noventa y cinco y que no corre y[sic]
haber sido cuestionado por el ahora apelante.
34. Asimismo, se encuentra que, en el año 2005, varios años después de la emisión de
la Resolución de la Dirección Sub Regional número 02886-2001/ED-JAEN, con
la cual se dio por ejecutada las sentencias de 2001, el demandante requirió
nuevamente que estas decisiones sean ejecutadas, pese a no haber cuestionado
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antes las decisiones que convalidaron lo dispuesto por la Resolución de la
Dirección Sub Regional número 02886-2001/ED-JAEN. Las resoluciones
judiciales del año 2005 (Resolución 14, de fecha 3 de mayo de 2005, emitida por
el Segundo Juzgado Civil de Jaén, y la resolución de vista, de fecha 24 de junio de
2005, emitida por la Sala descentralizada y Mixta y de Apelaciones de Jaén) que
desestimaron su pedido, también han adquirido la calidad de cosa juzgada, y no
fueron oportunamente cuestionadas a través de una vía como la presente, es decir,
sin que se haya presentado una demanda de amparo contra amparo.
35. Por otra parte, se aprecia que el recurrente acudió también a la vía del proceso
contencioso-administrativo (Expediente 00244-2012-0-1703-JR-CI-02),
nuevamente para buscar que se ordene su nombramiento en la plaza de Oficinista
III del Área de Gestión Administrativa, hoy Técnico Administrativo 1, pedido
realizado en fase de ejecución, el cual fue desestimado en segundo grado y la
casación interpuesta fue declarada improcedente. Estas decisiones judiciales,
desde luego, también se benefician con la calidad de cosa juzgada.
36. En este orden de ideas, se verifica que las sentencias del año 2001 fueron
ejecutadas en el marco del propio proceso de amparo (Expediente 00088-2001-76-
1703-JR-CI-02), sin que ello haya sido cuestionado oportunamente por el
recurrente. Luego de ello, a la luz de nuevas relaciones laborales acordadas entre
el recurrente y la administración pública, este articuló otros pedidos estrechamente
relacionados con la pretensión que se trae a esta sede –es decir, que se le reponga
en el puesto de Oficinista III del Área de Gestión Administrativa, hoy Técnico
Administrativo 1, conforme lo prescriben las sentencias de 2001– los cuales
fueron desestimados, tanto en el marco del propio proceso de amparo (Expediente
00088-2001-76-1703-JR-CI-02), como en un proceso distinto (Expediente 00244-
2012-0-1703-JR-CI-02); resoluciones judiciales que también detentan la calidad
de cosa juzgada.
37. Siendo este el caso, se verifica que las alegaciones en torno a las decisiones del
año 2017, que han sido cuestionadas en este sede, no trasgreden realmente el
derecho a la cosa juzgada, sino que tienen como propósito que se reabra el debate
en torno a la ejecución de las sentencias que fueron emitidas el año 2001, lo que
ya fue planteado y dilucidado en otras ocasiones, y que fueron objeto de
decisiones jurisdiccionales que no fueron oportunamente cuestionadas a través de
la vía que hoy se articula, por lo que mantienen su carácter irrevisable, propio del
principio de la cosa juzgada.
38. Con base en lo desarrollado hasta aquí, debe declararse infundada la demanda de
amparo contra amparo, en la medida en que en autos no se ha constatado la
vulneración de los derechos alegados a la cosa juzgada ni a la motivación de las
resoluciones judiciales.
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Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le
confiere la Constitución Política del Perú,
HA RESUELTO
Declarar INFUNDADA la demanda de amparo.
Publíquese y notifíquese.
SS.
FERRERO COSTA
GUTIÉRREZ TICSE
DOMÍNGUEZ HARO
MONTEAGUDO VALDEZ
OCHOA CARDICH
PONENTE GUTIÉRREZ TICSE
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VOTO SINGULAR DEL MAGISTRADO MORALES SARAVIA
Discrepo, respetuosamente, de la decisión de mayoría que ha decidido declarar
INFUNDADA la demanda, por cuanto considero que esta debe ser declarada
FUNDADA por haberse vulnerado los derechos a la cosa juzgada y a la ejecución de las
resoluciones judiciales en sus propios términos. Mi posición se sustenta en las
siguientes razones:
1. El objeto de la demanda es que se declare la nulidad de: i) La Resolución 39 (f. 96),
de fecha 16 de enero de 2017 (f. 96), emitida por el Segundo Juzgado Especializado
en lo Civil de Jaén, que declara improcedente la solicitud de ejecución de la
sentencia de vista de fecha 15 de octubre de 2001 (f. 18); y, ii) La Resolución 2, de
fecha 20 de marzo de 2017 (f. 110), expedida por la Sala Descentralizada Mixta y
de Apelaciones de Jaén, que confirma la Resolución 39. Señala el demandante que
las resoluciones judiciales cuestionadas se emitieron en etapa de ejecución de
sentencia del proceso de amparo iniciado en el año 2001, en el que solicitó su
reincorporación como Oficinista III de la Dirección de Gestión Administrativa de la
sede de la Dirección Subregional de Educación de Jaén (Expediente 00088-2001-
76-1703-JR-CI-02).Sostiene que las citadas resoluciones judiciales vulneran los
derechos a la tutela judicial efectiva, a la cosa juzgada, ya la motivación de las
resoluciones judiciales.
Refiere el demandante que las resoluciones cuestionadas desestimaron
indebidamente su pedido de ejecución de la sentencia de vista contenida en la
Resolución de fecha 15 de octubre de 2001 (f. 18), emitida por la Sala Mixta
Descentralizada de Jaén, que confirmó la Resolución 5, de fecha 6 de agosto de
2001 (f. 14), emitida por el Segundo Juzgado Civil, Laboral y de Familia de Jaén de
fecha 15 de octubre de 2001, que declaró fundada la demanda de amparo
primigenia interpuesta por don Luis Alberto Sanz Bellodas y ordenó su reposición
como Oficinista III en calidad de servidor público contratado; las mismas que
habrían adquirido la calidad de cosa juzgada, pero que pese al excesivo tiempo
transcurrido no han sido debidamente ejecutadas.
2. Así tenemos que, en sentencia de primera instancia, Resolución 5 de fecha 6 de
agosto de 2001, que obra a fojas 14 (Expediente 00088-2001-76-1703-JR-CI-02),
se establece:
CUARTO: Que, de las pruebas aportadas se ha acreditado que mediante
Resolución d Dirección Sub Regional Sectorial Nro. Cero cero doscientos
noventicinco – dos mil/ED-JAEN […], su fecha doce de Febrero del presente año;
y teniendo en cuenta que la plaza d Oficinista III de la Dirección de Gestión
Administrativa de la sede de la Dirección Sub Regional de Educación – Jaén, se
encuentra vacante y debidamente presupuestada, en concordancia con el Decreto
Legislativo número doscientos setentiseis y su Reglamento, aprobado por Decreto
Supremo Nro. 005-90-PCM, se dispuso contratar a partir del dos de enero al
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treintiuno de Diciembre del presente año a don Luis Alberto Sanz Bellodas en la
plaza antes referida, consecuentemente, dicho ciudadano, a mérito de la citada
resolución tiene la condición de servidor público contratado.
QUINTO: […]el artículo ciento setenticinco del precitado reglamento, ha
establecido que están comprendidos al proceso administrativo disciplinario los
funcionarios y servidores públicos contratados, en lo que les sea aplicable.
SEXTO: [….] por !o que si el ente administrativo ha considerado que ha cometido
falta de carácter disciplinario, debió, previa calificación de su gravedad por la
Comisión Permanente de Procesos Administrativos y Disciplinarios, someterlo a
proceso administrativo disciplinario y no dar por concluido sus servicios, que en
buena cuenta conlleva a la resolución unilateral del contrato, procedimiento que en
todo caso corresponde a los contratos privados de naturaleza civil y no al
procedimiento que debe observarse en la Administración Pública.
[…]
FALLO: Declarando FUNDADA la demanda de Acción de Amparo interpuesta
por don Luis Alberto Sanz Bellodas contra la Administración y Dirección Sub
Regional de Educación- Jaén; en consecuencia ORDERNO la inaplicación de la
carta notarial de fecha diez de mayo de! dos mil uno que ordena la conclusión de
sus servicios como servidor público contratado, debiéndosele en el día reponer en
el cargo de Oficinista III de la sede de Dirección de Gestión Administrativa de la
Sub Dirección Regional de Educación – Jaén. […].
Por su parte, en la sentencia de vista de fojas 18, se señala:
Primero.- Que, con las instrumentales […], queda fehacientemente acreditado que,
el demandante Luis Alberto Sanz Bellodas, venía laborando al servicio de la
Dirección Sub Regional de Educación – Jaén, en su calidad de Servidor Público
contratado, desde el año de mil novecientos noventicinco, al diez de mayo de dos
mil uno, mediante contratos de trabajo a plazo fijo, para obra determinada,
produciéndose así la continuidad de su puesto de trabajo.
[….]
Cuarto.- Que, en el caso de autos, el contrato laboral queda sin efecto, por la sola
decisión de la entidad contratante, impidiendo que el trabajador continúe laborando
por todo el periodo para el cual había sido contratado
CONFIRMARON la sentencia [….], que resuelve declarando FUNDADA la
demanda de Acción de Amparo
3. El Poder Judicial, a través de sus diversos órganos jurisdiccionales, tiene la función
de administrar justicia por mandato expreso del artículo 138 de la Constitución
Política; y sus decisiones deben cumplirse estrictamente en sus propios términos.
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4. Asimismo, el Tribunal Constitucional en la sentencia emitida en el Expediente
00818-2000-PA/TC, ha establecido que el respeto de la cosa juzgada impide que lo
resuelto pueda desconocerse por medio de una resolución posterior, o por cualquier
otra autoridad judicial, aunque esta fuera una instancia superior, precisamente
porque, habiendo adquirido el carácter de firme, cualquier clase de alteración
importaría una afectación del núcleo esencial del derecho. Así, cuando se señala
que un pronunciamiento adquiere la calidad de cosa juzgada, ello quiere decir que
este debe ser ejecutado en sus propios términos, y que no puede ser dejado sin
efecto, ni ser objeto de alteraciones o modificaciones posteriores por parte de
particulares, funcionarios públicos e incluso jueces encargados de su ejecución. El
Tribunal Constitucional ha precisado, además, que la cosa juzgada proscribe que las
autoridades distorsionen el contenido o realicen una interpretación parcializada de
las resoluciones judiciales que hayan adquirido tal cualidad. Igualmente, de
conformidad con el artículo 139, inciso 2, de la Constitución, toda persona
sometida a un proceso judicial tiene derecho a que no se deje sin efecto aquellas
resoluciones que han adquirido la autoridad de cosa juzgada, ni modificar su
contenido, ni retardar su ejecución.
5. Al respecto, se advierte a fojas 20 de autos que la parte emplazada en el proceso de
amparo primigenio, emitió la Resolución de Dirección Sub Regional Sectorial
0286-2001/ED-JAEN de fecha 5 de octubre de 2001, que en su artículo 1 dispone
reponer al recurrente como “contratado por funcionamiento”, en el cargo de
Oficinista III por el periodo comprendido del 2 de octubre al 31 de diciembre de
2001, esto es, solo por tres meses, desconociéndose así lo ordenado en la sentencia
de vista, que confirmó la Resolución 5, puesto que en ellas no se ordenó la
reposición temporal por un lapso de solo tres meses como se consigna en la referida
resolución administrativa, sino que en las sentencias con calidad de cosa juzgada se
reconoció que el actor tenía la calidad de servidor público contratado. Y siendo así,
en mérito a las sentencias emitidas en dicho proceso de amparo, el actor gozaba de
estabilidad laboral toda vez que los trabajadores que se encuentran en la condición
de servidor público contratado no pueden ser cesados ni destituidos sino por las
causales previstas en el Decreto Legislativo 276 y su reglamento, y previo
procedimiento administrativo regulado en dichas normas.
6. Lo antes señalado, es decir, la no ejecución de la sentencia en sus propios términos
como comportamiento reiterativo por parte de la Dirección Sub Regional de
Educación de Jaén, se corrobora además con los contratos de locación de servicios
que hizo suscribir al demandante desde enero de 2002 hasta diciembre de 2004 (ff.
21 a 32), pese a que, como ya se ha expresado, existía una sentencia con calidad de
cosa juzgada que ordenaba la reposición como servidor público contratado en el
puesto de Oficinista III. Asimismo, cabe resaltar que de fojas 33 a 36 obran las
resoluciones administrativas emitidas por la Dirección Sub Regional de Educación
de Jaén en los años 2002, 2003, 2004 y 2005, en las que se dispuso contratar de
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enero de 2002 a diciembre de 2005, a don Héctor Delgado Aguilar en el cargo de
Oficinista III por la renuncia del señor Savino Sánchez Becerra en dicho cargo; con
lo cual nuevamente se acredita que la Dirección Sub Regional de Educación de
Jaén, lejos de cumplir con lo ordenando en la sentencia que adquirió la calidad de
cosa juzgada, mostró más bien una actitud de desacato al mandato judicial, pues, no
obstante existir la plaza vacante y presupuestada para el cargo de Oficinista III,
optó por contratar en el mismo a un tercero (Héctor Delgado Aguilar), y no al
demandante, y más bien éste último fue considerado como un locador de servicios.
7. Así también, se aprecia a fojas 37 de autos, que mediante Resolución Directoral
00774-2006-GR-CAJ-UGEL/J, de fecha 4 de agosto de 2006, de manera unilateral
la emplazada procedió a nombrar al recurrente en el cargo de Trabajador de
Servicios III, -es decir-, en un cargo distinto al que se dispuso en la citada sentencia
de vista que confirmó la Resolución 5 de fecha 6 de agosto de 2001 (f. 14 a 18). Y
que, además, según sostiene el actor, -y que no ha sido desvirtuado o negado por la
emplazada-, corresponde a un cargo de nivel remunerativo y jerárquico menor al
de Oficinista III, que actualmente sería equivalente al de Técnico Administrativo I.
8. Es importante precisar que, se observa de autos que desde el año 2005, inclusive, el
demandante estuvo exigiendo que se cumpla la sentencia emitida en el proceso de
amparo iniciado en el año 2001, que expresamente ordena su reincorporación como
servidor público contratado en el cargo de Oficinista III (f. 63), pedido que ha sido
reiterado en el año 2007 (f. 60) y en el 2016 (f. 82), habiendo sido declarado
improcedente en el Poder Judicial (f. 38, 42, 63, 68, 96 y 110), puesto que, -según
se señala en las resoluciones judiciales respectivas-, el demandante no cuestionó en
su momento los contratos de locación de servicios que suscribió y por ende
manifestó la aceptación de estos, existiendo hechos consumados y consentidos
respecto de la situación contractual del actor.
Asimismo, se advierte que en las Resoluciones 39 y 2 (ff. 96 y 110,
respectivamente), -materia de recurso de agravio constitucional en el presente
proceso de amparo-,se señala que la Resolución Directoral 00774-2006-GR-CAJ-
UGEL/J, de fecha 4 de agosto de 2006, que dispuso el nombramiento del
demandante en el cargo de Trabajador de Servicios tiene la calidad de firme y, por
tanto, no puede ser dejada sin efecto, debiendo entenderse que con ella se dio
cumplimiento a la sentencia con calidad de cosa juzgada emitida en el Expediente
00088-2001-76-1703-JR-CI-02, pese a que como se señala en las propias
Resolución 39 y 2 , en estas se había ordenado la reposición en el cargo de
Oficinista III.
9. Así las cosas, soy de la opinión que las resoluciones judiciales que se cuestionan
mediante RAC, producen un menoscabo de los derechos fundamentales a la cosa
juzgada y a la ejecución de las sentencias en sus propios términos, toda vez que está
plenamente acreditado en autos que pese haber transcurrido más de 10 años desde
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la emisión de la sentencia en el proceso de amparo primigenio (ff. 14 y 18), la
Dirección Sub Regional de Educación de Jaén se ha negado a dar cumplimiento a
dicha sentencia, conforme se ha expresado ampliamente en los considerados 4 a 6
supra, lo cual no ha sido debidamente merituado por las instancias judiciales
previas en el presente proceso de amparo al exponer que el demandante dejó
consentir las resoluciones administrativas o contratos de locación de servicios que
dispusieron su contrato temporal, su vinculo civil o su nombramiento en el año
2006, en otro puesto de trabajo, y que, por tanto, no puede alegar el incumplimiento
de la sentencia en sus propios términos o la vulneración del derecho a la cosa
juzgada. Por ello, corresponde disponer la nulidad de las resoluciones cuestionadas
(Resoluciones 39 y 2), a fin de restablecer correctamente la vigencia efectiva de los
derechos vulnerados, debiendo ordenarse que el juez de ejecución del proceso de
amparo primigenio, en cumplimiento de lo resuelto en la sentencia de vista que
confirmó la Resolución 5 de fecha 6 de agosto de 2001, emita nueva resolución
disponiendo que la Dirección Sub Regional de Educación de Jaén cumpla con
proceder a la reposición del actor en el cargo de Oficinistas III o al que en la
actualidad resulte equivalente en jerarquía y nivel remunerativo.
Sentido de mi voto
Por todo lo expuesto, mi voto es porque se declare FUNDADA la demanda; y, en
consecuencia, NULAS la Resolución 39 de fecha 16 de enero de 2017, expedida
por el Segundo Juzgado Civil de Jaén (f. 96) y, la Resolución 2 del 29 de marzo de
2016, emitida por la Sala Descentralizada Mixta y de Apelaciones de Jaén (f. 110);
retrotrayendo las cosas al estado anterior a la violación de los derechos a la cosa
juzgada y a la ejecución de las sentencias en sus propios términos, corresponde
ordenar al juez de primera instancia del proceso de amparo signado con el
Expediente 00088-2001-76-1703-JR-CI-02, emitir nueva resolución conforme a lo
señalado supra.
S.
MORALES SARAVIA
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VOTO SINGULAR DE LA MAGISTRADA PACHECO ZERGA
Con el debido respeto por la opinión de mis colegas magistrados, emito el presente voto
adhiriéndome al voto singular del magistrado Morales Saravia por las razones que allí
se indican. En tal sentido, mi voto es por:
1. Declarar FUNDADA la demanda; y, en consecuencia, NULAS la Resolución 39 de
fecha 16 de enero de 2017, expedida por el Segundo Juzgado Civil de Jaén (f. 96), y
la Resolución 2 del 29 de marzo de 2016, emitida por la Sala Descentralizada Mixta
y de Apelaciones de Jaén (f. 110).
2. Retrotrayendo las cosas al estado anterior a la violación de los derechos a la cosa
juzgada y a la ejecución de las sentencias en sus propios términos, corresponde
ordenar al juez de primera instancia del proceso de amparo signado con el
Expediente 00088-2001-76-1703-JR-CI-02, emitir nueva resolución conforme a lo
señalado en el voto singular al cual nos adherimos.
S.
PACHECO ZERGA