Pleno. Sentencia 340/2022
EXP. N.° 03850-2021-PHC/TC
ÁNCASH
JOSÉ FAUSTINO CHAUPIS
COLCAS, representado por
ELENA HUERTA AMADO-
CONVIVIENTE
SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
En Lima, a los 4 días del mes de octubre de 2022, el Pleno del
Tribunal Constitucional, integrado por los magistrados Morales Saravia,
Pacheco Zerga, Ferrero Costa, Gutiérrez Ticse, Domínguez Haro,
Monteagudo Valdez y Ochoa Cardich, pronuncia la siguiente sentencia.
ASUNTO
Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Mario
Amoretti Pachas, abogado de don José Faustino Chaupis Colcas, contra
la resolución de fojas 220, de fecha 3 de noviembre de 2021, expedida
por la Primera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de
Justicia de Áncash, que declaró improcedente la demanda de habeas
corpus de autos.
ANTECEDENTES
Con fecha 2 de agosto de 2021, doña Elena Huerta Amado
interpone demanda de habeas corpus a favor de don José Faustino
Chaupis Colcas (f. 1), y la dirige contra los señores Marcial Quinto
Gomero, Rodil Melitón Errivares Laureano y Rosana Violeta Luna
León, jueces integrantes de la Sala Mixta de Emergencia de la Corte
Superior de Justicia de Áncash; y contra doña Hilda Celestino Narciso,
jueza a cargo del Juzgado Penal Unipersonal de la provincia de
Bolognesi. Denuncia la vulneración de los derechos a la libertad
personal, a la debida motivación de resoluciones judiciales, a la prueba,
de defensa y del principio de presunción de inocencia.
Solicita que se declare nulas: (i) la sentencia penal, Resolución
19, de fecha 16 de octubre de 2019 (f. 74), que condenó a don José
Faustino Chaupis Colcas a nueve años de pena privativa de la libertad
efectiva por los delitos de actos contra el pudor en menor de edad y
proposiciones sexuales a niños, niñas y adolescentes; y, (ii) la sentencia
de vista, Resolución 34, de fecha 10 de agosto de 2020 (f. 99), que
confirmó la precitada sentencia; y que, en consecuencia, se realice un
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nuevo juicio oral, se ordene que se actúe las pruebas que no fueron
aceptadas en el acto de juzgamiento y las que se consideren pertinentes
para el esclarecimiento de los hechos, y para desvirtuar las pruebas con
las cuales se pretende desbaratar su inocencia (Expediente 0066-2017-
JPUB/ 00015-2020-0-0201-SP-PE-01).
Sostiene que la sentencia de vista no fundamenta ni se pronuncia
respecto al cuestionamiento a la sentencia condenatoria, ya que no
resulta suficiente condenar al favorecido sin haberse dado respuesta a los
cuestionamientos planteados en el recurso de apelación contra la
sentencia condenatoria respecto a su responsabilidad penal, porque las
versiones de la madre y de la menor agraviada (proceso penal) no fueron
coherentes ni uniformes respecto a la imputación, puesto que al
momento de interponer la denuncia y al prestar su declaración no hizo
referencia respecto a los tocamientos que habría efectuado a la menor; y
que esta, ante las preguntas sugeridas por la psicóloga durante la pericia
psicológica que se le practicó el 7 de julio de 2016, refirió que sufrió los
tocamientos.
Asevera que los fundamentos que esgrime la sentencia de
segunda instancia son de carácter subjetivo y no fundamentan la condena
impuesta; que resulta imposible que el favorecido haya realizado los
citados tocamientos, porque la menor se encontraba sentada en el asiento
posterior del vehículo que conducía y él estaba sentado en el asiento
delantero; que se advierte de las sentencias condenatorias que se han
limitado a verificar un relato de las pruebas actuadas en el proceso, pero
sin haber aplicado las normas procesales, porque no se exponen
argumentos para sostener por qué el favorecido es responsable, pues no
se ha dado una explicación lógica sobre los tocamientos a la menor al
haber la madre de la menor variado su versión, ya que esta sostuvo ante
la Policía que no hubo los tocamientos, pero luego de manera
contradictoria afirmó que sí los hubo.
Puntualiza que se consideró que al no contarse con prueba directa
y ante la negativa del favorecido de haber cometido los delitos (versión
que no fue considerada), el Ministerio Público ofreció como prueba la
declaración (contradictoria) de la menor prestada en Cámara Gesell, la
cual debió ser analizada según el Acuerdo Plenario 02- 2005/CJ-116 y la
Casación 482-2016-Cusco; que en el juicio oral se probó la afectación
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emocional de la menor compatible al evento traumático de tipo sexual
con el examen pericial en relación con el protocolo de pericia
psicológica; que en la sentencia se reconoce que no hubo uniformidad en
cuanto a la incriminación y coherencia con lo expuesto por su madre; sin
embargo, el órgano jurisdiccional no hizo referencia a la incoherencia
entre lo que al principio relató la madre y la menor con sus amigas, una
de las cuales refirió que solo la conoce de vista y que no le contó sobre
los hechos, con lo cual la desmintió; y que se consideró que las pruebas
periféricas (testimoniales) corroboraron lo sostenido por la menor
agraviada.
Añade que se debió citar al joven crespo que mencionó la menor,
a la hermana de la menor y a la directora del colegio donde esta estudió;
y que se debieron considerar las casaciones 458- 2015, 864- 2816 y 288-
2016.
El procurador público adjunto a cargo de los asuntos judiciales
del Poder Judicial, a fojas 123 de autos, solicita que la demanda sea
declarada improcedente, para lo cual alega que en la demanda no se
expresa una vulneración y/o afectación negativa, directa y concreta en la
libertad personal del favorecido; que se pretende la judicatura
constitucional se convierta en una instancia revisora de los fallos
judiciales emitidos por la judicatura penal; que en relación con la
alegación referida a que no se valoró de forma correcta la prueba actuada
en juicio oral o que se otorgó más valor a la declaración de la menor y de
la madre de la menor, constituyen argumentos de fondo del proceso
penal ordinario y no revelan la vulneración de un derecho
constitucionalmente protegido; que las sentencias condenatorias se
encuentran debidamente motivadas, porque expresan el análisis
realizado por los jueces demandados al momento de evaluarse los
medios probatorios ofrecidos, admitidos y actuados en el proceso penal;
y que no se agotaron los recursos ante la Corte Suprema de Justicia de la
República.
Del Acta de audiencia virtual de toma de dicho (f. 133 a la 136),
se aprecian las declaraciones de los jueces demandados, señores Marcial
Quinto Gomero e Hilda Celestino Narciso. El primero solicita que la
demanda sea declarada infundada, manifestando que la Sala penal
demandada conoció en grado de apelación la sentencia condenatoria y
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emitió la sentencia de vista que absolvió cada uno de los puntos de la
materia de apelación, para lo cual justificó debidamente la confirmación
de la condena y consideró que el favorecido reconoció haber cometido
los delitos imputados. Agrega que el proceso penal se encuentra en la
Corte Suprema de Justicia de la República, porque se recurrió la
sentencia de vista mediante el recurso en vía de casación. La jueza
demandada (f. 135) refiere que suscribió la sentencia condenatoria luego
de haberse tramitado todas las etapas del juicio oral y una vez culminada
la etapa de actuación probatoria con la participación o derecho de
defensa de cada una de las partes; que el favorecido tuvo la oportunidad
de ofrecer pruebas que fueron admitidas; y que no corresponde que se
declare nulas las sentencias condenatorias porque se interpuso recurso de
casación contra la sentencia de vista, el que se encuentra pendiente de
ser resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la República.
El Primer Juzgado Penal de Investigación Preparatoria de
Huaraz, con fecha 6 de setiembre de 2021 (f. 180), declaró improcedente
la demanda, por considerar que, pese a que no se adjuntó el recurso de
apelación contra la sentencia condenatoria, de la sentencia de vista se
aprecia que se dio respuesta a los cuestionamientos contenidos en el
recurso de apelación respecto a la valoración de las pruebas; y con
relación a la alegación referida a que se debieron citar testigos, aduce
que dichas pruebas no fueron ofrecidas para su actuación en juicio oral;
y, además, se actuaron en juicio oral otras pruebas que fueron admitidas
en la etapa intermedia al momento dictarse el auto de enjuiciamiento.
Concluye que mediante auto de calificación de fecha 30 de abril de 2021
se declaró nulo el concesorio e inadmisible el recurso de casación
interpuesto contra la sentencia de vista.
La Primera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de
Justicia de Áncash confirmó la apelada por similares consideraciones y
porque las sentencias condenatorias se encuentran debidamente
motivadas, puesto que existe congruencia en la argumentación, adecuada
valoración de medios probatorios. Además, arguye que la judicatura
constitucional no es una instancia revisora de resoluciones emitidas en el
fuero y bajo tenor ordinario, puesto que, como se puede apreciar, todos
estos cuestionamientos versan sobre connotación penal tales como la
valoración de pruebas y su suficiencia, así como la responsabilidad penal
del favorecido. Finalmente, considera que el favorecido contó con
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abogado de elección y tuvo expedito su derecho para ofrecer pruebas; y
ante la falta de identificación y citación de testigos que respalden su
teoría del caso, pudo colaborar con su debido emplazamiento para que
de este modo desvirtúe los cargos formulados por el Ministerio Público,
situación que finalmente no ocurrió, omisión que no es atribuible al
órgano jurisdiccional.
FUNDAMENTOS
Delimitación del petitorio
1. El objeto de la demanda es que se declaren nulas: (i) la sentencia
penal, Resolución 19, de fecha 16 de octubre de 2019, que condenó a
don José Faustino Chaupis Colcas a nueve años de pena privativa de
la libertad efectiva por los delitos de actos contra el pudor en menor
de edad y proposiciones sexuales a niños, niñas y adolescentes; y,
(ii) la sentencia de vista, Resolución 34, de fecha 10 de agosto de
2020, que confirmó la citada sentencia; y que, en consecuencia, se
realice un nuevo juicio oral, y se ordene que se actúen las pruebas
que no fueron aceptadas en el acto de juzgamiento y las que se
consideren pertinentes para el esclarecimiento de los hechos y para
desvirtuar las pruebas con las cuales se pretende desbaratar la
inocencia del favorecido (Expediente 0066-2017-JPUB/ 00015-
2020-0-0201--SP-PE-01).
2. Se denuncia la vulneración de los derechos a la libertad personal, a la
debida motivación de resoluciones judiciales, a la prueba, de defensa
y del principio de presunción de inocencia.
Análisis de la controversia
3. En un extremo de la demanda se alega que las versiones de la madre
y de la menor agraviada no fueron coherentes ni uniformes; que la
menor refirió que sufrió los tocamientos; que resulta imposible que el
favorecido haya realizado dichos tocamientos, porque ella se
encontraba sentada en el asiento posterior del vehículo que conducía
y él estaba sentado en el asiento delantero; que las sentencias
contienen un relato de las pruebas actuadas sin haberse aplicado las
normas procesales; que la madre varió su versión; que al no contarse
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con prueba directa y ante la negativa del favorecido de haber
cometido los delitos, el Ministerio Público ofreció como prueba la
declaración (contradictoria) de la menor prestada en Cámara Gesell,
la cual debió ser analizado según el Acuerdo Plenario 02- 2005/CJ-
116 y la Casación 482-2016-Cusco; que se probó su afectación
emocional compatible al evento traumático de tipo sexual con el
examen pericial; que no hizo referencia a la incoherencia entre lo
que al principio relató la madre y la menor con sus amigas, una de
las cuales refirió que solo la conoce de vista y que no le contó sobre
los hechos; que se consideró que las pruebas testimoniales
corroboraron lo sostenido por la menor agraviada; que se debió citar
al joven crespo que mencionó la menor, a la hermana de la menor y a
la directora del colegio donde estudió la menor; y que se debieron
considerar las casaciones 458- 2015, 864- 2816 y 288-2016.
4. Al respecto, este Tribunal aprecia que se cuestionan asuntos que no
corresponde resolver en la vía constitucional, tales como la alegación
de inocencia, la revaloración de pruebas y su suficiencia, que son
temas de mera legalidad, y la aplicación de un acuerdo plenario y
casaciones al caso concreto, los cuales constituyen competencia de la
judicatura ordinaria y no de la judicatura constitucional. Por
consiguiente, en este extremo resulta de aplicación el artículo 7,
inciso 1, del Nuevo Código Procesal Constitucional.
5. El Tribunal Constitucional, sobre el derecho a la prueba, ha
precisado que este apareja la posibilidad de postular, dentro de los
límites y alcances que la ley reconoce, los medios probatorios
necesarios para justificar los argumentos que el justiciable esgrime a
su favor. En efecto, el derecho a probar es uno de los componentes
elementales del derecho a la tutela procesal efectiva (cfr. sentencia
emitida en el Expediente 00010- 2002-AI/TC).
6. El contenido de tal derecho está compuesto por:
[...] el derecho a ofrecer medios probatorios que se consideren
necesarios, a que estos sean admitidos, adecuadamente actuados,
que se asegure la producción o conservación de la prueba a partir de
la actuación anticipada de los medios probatorios y que estos sean
valorados de manera adecuada y con la motivación debida, con el
fin de darle el mérito probatorio que tenga en la sentencia. La
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valoración de la prueba debe estar debidamente motivada por
escrito, con la finalidad de que el justiciable pueda comprobar si
dicho mérito ha sido efectiva y adecuadamente realizado (sentencia
emitida en el Expediente 06712-2005- PHC/TC).
7. Asimismo, este Tribunal ha considerado que se vulnera el derecho a
probar cuando, habiéndose dispuesto en el propio proceso la
actuación o incorporación de determinado medio probatorio, ello no
es llevado a cabo (cfr. sentencias emitidas en los Expedientes
06075-2005- PHC/TC y 00862-2008-PHC/TC).
8. La recurrente denuncia la vulneración del derecho a la prueba, por
cuanto no se citó a Narciso Acuña, a la hermana de la menor
agraviada, al profesor Ávila Canares, ni se identificó ni citó a la
directora del colegio de la menor. Al respecto, de los documentos que
obran en autos no se advierte que dichas pruebas hayan sido
oportunamente ofrecidas y admitidas en el proceso penal en cuestión.
Y en la parte expositiva de la sentencia penal, Resolución 19, de
fecha 16 de octubre de 2019, “Cuarto Medios Probatorios Actuados
y/o Incorporados en Juicio Oral”, numeral 4.2 “De La Defensa del
Acusado José Faustino Chaupis Colcas, Medios de prueba
prescindidos y/o desistidos” (f. 77), solo se indica que por Resolución
12, de fecha 16 de mayo de 2019, se prescindió el examen testimonial
de M.E.M.A.; y mediante Resolución 15, de fecha 19 de junio de
2019, se desistió el examen de la asistenta social Yuli Soto Flores y
de la perito Otilia Soso Chiroque.
9. El Tribunal Constitucional ha manifestado que la exigencia de que las
decisiones judiciales sean motivadas, conforme al artículo 139, inciso
5, de la Constitución Política del Perú, garantiza que los jueces,
cualquiera que sea la instancia a la que pertenezcan, expresen el
proceso mental que los ha llevado a decidir una controversia,
asegurando que el ejercicio de la potestad de impartir justicia se
realice con sujeción a la Constitución y a la ley. En la sentencia
emitida en el Expediente 01230-2002-HC/TC, se señaló que:
La Constitución no garantiza una determinada extensión de la
motivación, por lo que su contenido esencial se respeta siempre que
exista fundamentación jurídica, congruencia entre lo pedido y lo
resuelto y, por sí misma, exprese una suficiente justificación de la
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decisión adoptada, aun si esta es breve o concisa (…) Tampoco
garantiza que, de manera pormenorizada, todas las alegaciones que
las partes puedan formular dentro del proceso sean objeto de un
pronunciamiento expreso y detallado. En materia penal, el derecho
en referencia garantiza que la decisión expresada en el fallo sea
consecuencia de una deducción razonable de los hechos del caso,
las pruebas aportadas y la valoración jurídica de ellas en la
resolución de la controversia. En suma, garantiza que el
razonamiento empleado guarde relación y sea proporcionado y
congruente con el problema que al juez penal corresponde resolver.
10. En consecuencia, el derecho a la motivación de las resoluciones
judiciales implica la exigencia de que el órgano jurisdiccional
sustente de manera lógica y adecuada los fallos que emita en el
marco de un proceso. Ello no supone en absoluto una determinada
extensión de la motivación, sino fundamentalmente que exista: a)
fundamentación jurídica, lo que supone que se exprese no solo la
norma aplicable al caso, sino que también se explique y justifique
por qué el hecho investigado se encuentra enmarcado en los
supuestos que la norma prevé; b) congruencia entre lo pedido y lo
resuelto; y, c) que por sí misma exprese una suficiente justificación
de la decisión adoptada, aun cuando esta sea sucinta o se establezca
el supuesto de motivación por remisión [cfr. sentencia emitida en el
Expediente 04348-2005-PA/TC].
11. En el presente caso, este Tribunal aprecia de los subnumerales 4.7,
4.8, 4.9, 4.10, 4.11, 4.12, 4.13, 4.14 y 4.15 del punto denominado del
considerando “CUARTO: ANÁLISIS PROBATORIO EN TORNO
A DETERMINAR LA EXISTENCIA DEL DELITO Y LA
RESPONSABILIDAD PENAL DEL ACUSADO JOSE FAUSTINO
CHAUPIS COLCAS: VALORACIÓN CONJUNTA DE LA
PRUEBA ACTUADA EN JUICIO ORAL” de la sentencia penal,
Resolución 19, de fecha 16 de octubre de 2019, que se consideró
que:
4.7 Analizando en forma conjunta los medios probatorios actuados
en juicio oral, se tiene como eventos inamovibles probados, no
cuestionados, lo siguiente:
 Ha quedado plenamente probado en juicio oral que la menor
agraviada de iniciales E.G.C., al momento de acontecido los
hechos, contaba con doce años, seis meses y ochos días de
edad, probado con la copia del Documento Nacional de
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Identidad respectivo de la menor, con el Protocolo de Pericia
Psicológica N° 005540-2016-PSC, y Acta de entrevista
única de cámara Gesell, de fecha 01 de julio de 2016,
circunstancia que no ha sido cuestionada ni negada por
ninguna de las partes en el plenario…
 A la fecha en que ocurrieron los hechos, lo menor agraviado
de iniciales E.G.C. cursaba estudios en la I.E. José Carlos
Mariátegui de la ciudad de Huallanca. Hecho probado, con el
Acto de entrevista única de cámara Gesell, de fecha 01 de
julio de 2016, declaración testimonial de Victoria Cruz
Marcos, y la declaración del acusado José Faustino Chaupis
Colcas…
 En relación al lugar y sobre los hechos, ha quedado
plenamente probado en autos que, las propensiones de
carácter sexual a cambio de una suma dineraria y los
tocamientos en el ceno de la menor agraviada le del acusado,
acontecieron en el interior del vehículo-camioneta de
propiedad del acusado José Faustino Chaupis Colcas, en la»
ciudad de Huallanca; hecho probado, con la declaración de'
la menor agraviada de iniciales E.G.C…
4.8 (…) al no contar con prueba directa y ante la negativa rotunda
del acusado José Faustino Chaupis Colcas de haber cometido el
hecho ilícito, el Ministerio Público para acreditar su imputación y
sobre todo la vinculación del acusado con el hecho, ha ofrecido
como prueba privilegiada la declaración testimonial de la menor
agraviada de iniciales E.G.C, prestada en Cámara Gessell. En tal
sentido, atendiendo o que es la única testigo presencial de los
hechos, su relato incriminador, así como, la sindicación directa
hacia el citado acusado, a quién lo sindica como el autor de los
hechos, debe ser analizado desde los parámetros previstos en el
Acuerdo Plenario N° 02-2005/CJ-116 y la Casación N° 482-2016-
Cusco…
4.9 En cuanto al primer elemento, la ausencia de incredibilidad
subjetiva, es de evidenciarse que lo incriminación que realiza la
menor agraviada de iniciales E.G.C. en contra del acusado José
Faustino Chaupis Colcas, se encuentra exenta de cualquier tipo de
subjetividad, por cuanto no se ha actuado en juicio oral prueba o
indicio que acredite que entre el acusado y la agraviada o lo familia
de estos, hayan existido razones de odio, rencor, ánimo de venganza
o cualquier otro motivo fundado que los pudiera conllevar a realizar
gratuitamente una imputación.
4.10 En lo que a la verosimilitud se refiere, en relación a la
coherencia y solidez, es de verse que la menor agraviada ha
brindado varios relatos. De dichos relatos, si bien no se advierten
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detalles pormenorizados sobre la fecha y las horas exactas en que
ocurrieron los hechos; no obstante, debe tenerse presente que, el
relato incriminador en líneas generales en lo sustancial (lugar, modo
y circunstancias del hecho) guarda coherencia y uniformidad,
incluso, tiene relación con lo manifestado por la testigo Victoria
Cruz Marcos (madre de la menor E.G.C.), tanto a nivel policial y al
interponer denuncia verbal, ambos de fecha 22 de junio de 2016, así
como, con lo manifestado por la testigo Ruth Esmeralda Ávila
Lucas, quienes brindan ciertos datos periféricos determinantes,
circunstancias en que la menor agraviada salió de su vivienda con
dirección a su centro educativo, el encuentro, los actos de
proposición de tipo sexual y los actos líbicos cometidos por el
acusado en el interior de su vehículo, y los circunstancias en que la
menor agraviada ingreso a su centro educativo; siendo que estas
testimoniales, si bien constituyen fuente subjetiva de información
empero resultan aporte a la coherencia y solidez de la declaración
de la menor.
4.11 (…) conviene ahora verificar si el relato incriminador se
encuentra confirmada por corroboraciones periféricas de carácter
objetivo. Así, la menor agraviada de iniciales E.G.C. ha señalado
como hecho sustancial que, ''cuando estirpe en su carro...llegamos
al grifo, echo 50 soles de petróleo...empezó a decirme si tengo
enamorado, yo le dije no. luego me dijo has tenido relaciones yo. le
dije no. si no tengo enamorado, después me dijo tu virginidad
cuesta, yo te voy a pagar 100 soles te voy a comprar tu zapato,
chompa y todo y nadie que se entere que vamos a salir...se cuadro y
me empezó agarrar mis senos e hizo así su cara, no había nada de
gente...yo quise abrir y sonó el carro y no pude...yo me baje
corriendo...". En tal sentido, dado lo particularidad del caso en
concreto, es evidente que, el medio idóneo poro corroborar dicha
información es el peritaje psicológico, ello siguiendo las pautas
sobre la apreciación de la prueba en los delitos contra la libertad
sexual, establecidas en el Acuerdo Plenario N° 01-201 1/CJ-l 16.
4.12 Así, en el presente juicio oral se ha probado la afectación
emocional de la menor agraviada de iniciales E.G.C. compatible a
evento traumático de tipo sexual, con el examen pericial de Rosa
Moría Nolasco Evaristo, respecto del Protocolo de Pericia
Psicológica N° 005540-2016-PSC, practicado o la menor de
iniciales E.G.C. quien al ser examinado en juicio oral de fecha 28
de enero de 2019, se ratifica en el contenido y firma de su peritaje,
y concluye que: "después de evaluar a G.C.E. somos de la opinión
que presenta: - reacción ansiosa situacional asociado a motivo de
denuncia... asimismo, Con el examen pericial de Lizeth Eliana
Terry Torres, respecto del Informe Multidisciplinario N° 190-2016-
UDAVIT-ANCASH, de fecha 04 de julio de 2016, al ser
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examinado en juicio oral de fecha 28 de enero de 2019, previo o
ratificarse sobre el contenido de su peritaje, concluye que: "los
hechos suscitados materia de la denuncia han afectado el estado
emocional de la asistida, se evidencia cierto temor, miedo de volver
a encontrarse con el agresor... y además con el examen del Perito
Montes Paredes Gissel Yasmin, respecto del Informe Social N° 44-
2016-MIM/PNCVFSCEM-Bolognesi-TS-YSF, al ser examinado en
juicio oral de fecha 11 de julio de 2019, se ratifica en el contenido y
firma de su peritaje, y ' sostuvo: "...del análisis realizado a la niña
se ha observado resultados de ansiedad por los hechos
ocurridos,..” evidenciándose de lo antes precisado, que la agresión
sexual (tocamientos indebidos), así como sus efectos o
consecuencias (afectación emocional], se encuentran corroboradas
objetivamente, por lo que resulta reprochable penalmente. Con los
que evidentemente quedan desvirtuados el análisis e interpretación
legal sobre credibilidad testimonial texto íntegro del Acta de
Entrevista Única de Cámara Gesell y Protocolo N° 005540-2016-
PSC de fecha 01 de julio 2016, efectuado por el Psicólogo Manuel
Darío Manrique Mejía.
4.13 En el caso de autos, existen elementos probatorios que
aparejan las reglas de certeza establecidos en el Acuerdo Plenario
N° 02-2005, puesto que la declaración de la menor está libre de
algún elemento de incredibilidad subjetiva y resultan siendo
coherentes sólidas, persistentes y han sido objeto de corroboración
periférica con elementos de carácter objetivo, que le dotan entidad
suficiente para ser considerada pruebo válido de cargo y por ende,
virtualidad procesal poro enervar lo presunción de inocencia del
imputado; los que permiten o lo suscrita dar por acreditado, no sólo
los ilícitos penales objeto de juzgamiento, sino también la
vinculación del acusado con el mismo.
4.14 Los cuestionamientos de la defensa no son aceptados por este
órgano jurisdiccional, toda vez que, la menor agraviada ha narrado
los hechos de manera coherente y sólida, contextualizando los
mismos en espacio y tiempo, no requiriéndose mayor exigencia
dado su edad (doce años) y la forma en cómo ocurrieron los hechos;
en todo caso, debe tomarse en consideración lo señalado por la
jurisprudencia al respecto, pues según lo indicado en el Recurso de
Nulidad N° 624-2014-Ayacucho.
4.15 (…) llegamos a la conclusión de que existen elementos de
prueba suficientes que permiten desvirtuar el Principio de
Presunción de Inocencia del acusado, más allá de toda dudo
razonable, al haberse verificado la concurrencia de todos los
elementos objetivos del tipo penal de Actos Contra el Pudor en
Menor de Edad y Proposiciones Sexuales a Niños, Niñas y
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Adolescentes, surgiendo así su responsabilidad penal por no
concurrir ninguna causa de justificación ni de inculpabilidad (…).
12. De otro lado, respecto al principio de congruencia recursal, este
Tribunal ha dejado sentado que dicho principio procesal forma parte
del contenido constitucionalmente protegido del derecho a la
motivación de las decisiones judiciales (cfr. sentencia emitida en el
Expediente 08327-2005-AA/TC, fundamento 5), y que garantiza que
el juzgador resuelva cada caso concreto sin omitir, alterar o exceder
las pretensiones formuladas por las partes.
13. En el presente caso, este Tribunal aprecia que en la sentencia de
vista, Resolución 34, de fecha 10 de agosto de 2020, numeral 2.3, en
la parte denominada “Argumentos del Impugnante en su Escrito de
Apelación” (f. 101), se exponen los cuestionamientos del escrito de
fundamentación de la apelación de la sentencia condenatoria; y, en el
numeral 2.4. “Argumentos del Impugnante en la Audiencia de
Apelación”, se consignan los alegatos del abogado defensor al
fundamentar oralmente su apelación. En el considerando V,
“ANÁLISIS DE LA IMPUGNACIÓN” subnumerales 5.3, 5.4, 5.5,
5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 5.13, 5.14, 5.15, 5.16, 5.17 y 5.18,
de la sentencia de vista, se emitió pronunciamiento respecto de los
agravios contenidos en el recurso de apelación contra la sentencia, en
los siguientes términos:
(…) 5.3.- la configuración típica del delito de actos contra el
pudor, requiere de la exteriorización de "un acto contra el pudor
de un menor de doce años excluyendo la realización del acceso
carnal sexual, que se presentara desde un punto de vista objetivo
en la realización de un acto impúdico expresado en un contacto
corporal con el cuerpo físico de la víctima con fines lúbricos o
libidinosos y desde el punto de vista subjetivo el propósito
impúdico puede estar constituido por el deseo de satisfacer o
excitar pasiones propias, como por el simple conocimiento del
significado impúdico y ofensivo que el hecho tiene para la
víctima…en ese sentido la concretización típica de este tipo de
delitos requerirá la exteriorización de actos encaminados acceder
a contacto físico con el soma de la víctima con el deseo
(conocimiento y voluntad) de satisfacer un placer erótico o apetito
sexual; lo que implica que los "actos contrarios al pudor son
aquellos tocamientos y manipulaciones que realiza el agente
sobre el cuerpo de la víctima así como aquellos tocamientos o
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actos libidinosos efectuados por el autor con el fin de satisfacer
su propia lujuria, dichos tocamientos deben ser lascivos, lúbricos,
eróticos, lujuriosos e impúdicos "… Los delitos de carácter sexual
en el Código Penal Peruano. Lima: Jurista Editores, p. 218-219].
Por lo que, lo reseñado permite establecer que la configuración
típica del delito bajo comento requiere satisfacer una parte
objetiva y una subjetiva claramente diferenciados; donde acreditar
el delito significa demostrar fehacientemente la tipicidad del
mismo, (hecho que se encuentra probado), mientras que acreditar
la responsabilidad penal del acusado implica demostrar que éste
actuó dolosa o culposamente…
5.4 (…) en esta línea de pensamiento jurídico acreditar el delito
responde ya no tan solo a demostrar la existencia de actos
ejecutivos sino igualmente la existencia de dolo o culpa en la
producción de los mismos, esto es, la determinación de la
responsabilidad no se sustenta en la mera constatación del
resultado, sino además debe acreditarse que el mismo sea
imputable a su autor a título de dolo o culpa, proscribiéndose de
esta forma cualquier expresión de responsabilidad objetiva
conforme regula el artículo VII del título preliminar del Código
Penal…
5.5 (…) la probanza directa en delitos de carácter sexual en
agravio de menores de edad, reviste especial dificultad dada la
clandestinidad de su perpetración, de ahí que se otorgue
virtualidad procesal al testimonio de la víctima para enervar la
presunción de inocencia del imputado, pero siempre que reúna los
requisitos de coherencia, persistencia, solidez, ausencia de
incredibilidad subjetiva y verisimilitud, garantías de certeza que
han sido ampliamente desarrolladas por la Corte Suprema de
Justicia en el Acuerdo Plenario No. 2-2005/ CJ-116, bajo cuyo
contexto debe controlarse la sindicación de la agraviada, además
de constatarse que aquella debe estar corroborada mínimamente
con datos periféricos…
5.6 (…) en primer orden se tiene a la vista el Acta de Nacimiento
de la menor agraviada, donde se verifica que a la fecha que
ocurrieron los hechos la agraviada contaba con doce años, seis
meses y ochos días de edad; con lo que ha quedado debidamente
acreditado la minoría de edad de la víctima (tal como ha quedado
expresado en la sentencia recurrida)…
5.7 En segundo lugar, las primeras investigaciones surgieron a
consecuencia de la sindicación realizada por la propia menor de
edad, quien minutos después de ocurrido los hechos, pudo narrar
parte de lo acontecido a su compañera de escuela María Elena
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Marcos Álvarez, quien en su declaración preliminar ha señalado
de manera precisa la situación emocional de la menor, y además
de la propuesta de una cita, planteada por el encausado a su
víctima; indica también la deponente que increpó a su amiga por
haber subido al carro de esa persona. Esta primera versión dada
por una menor de doce años de edad; ha sido mantenida al
momento en que cuenta de los sucedido a su madre, Victoria Cruz
Marcos, quien el mismo día (22-06-2016) realiza la denuncia
policial; en ella se lee; "...a horas 13:30 aproximadamente, su
menor hija de iniciales E.GL. (12) cuando se dirigía a su Colegio
José Carlos Mariátegui se encontró a la altura del Toril con el
señor José Chaupis Colcas, quien estaba conduciendo una
camioneta, y le dijo que le acompañara hasta el domicilio de su
ahijada Dina María quien vive en Chinllillin (...), razón por la
cual ella abordó la camioneta sentándose en el asiento posterior,
y cuando continuó en recorrido llegaron hasta el grifo Petroperú
donde el denunciado compro S/50.00 soles de combustible, (...)
mientras retornaban el comenzó a preguntarle si tenía
enamorado, y si había perdido su virginidad, y ella al responderle
que no, él le ofreció S/100.00 soles y que le compraría ropa si es
que ella tuviera relaciones sexuales, (...), hasta llegar a una
plazita que esta frente al Colegio Mariátegui y le decía para
bajar pero él le continuaba insistiendo que fueran a Sheglla a dar
una vuelta, pero su hija le pedía bajar, a lo que él nuevamente le
pidió que se encontraran el día de la fecha a horas 19:00 por la
parte oscura de la parte alta del Toril para que se vayan a
Sheglla, y al no querer dejarla bajar del vehículo es que la menor
comenzó (...), cuando bajó del vehícido la menor agraviada lo
hizo corriendo con dirección al Colegio y dicha menor que había
presenciado este hecho le dijo porque se había subido a su carro
de Chaupis, si a su prima de Ella también le había ofrecido lo
mismo hace (...)"…
5.8 De la narración que hace la madre de la víctima, se puede
observar mayores detalles de lo sucedido; debiendo de remarcar
que con fecha nueve de enero de dos mil diecinueve, esta misma
persona presta su declaración a nivel preliminar, y pese al tiempo
trascurrido vuelve a señalar como autor de los tocamientos
indebidos y propuestas sexuales a su hija, a la persona de José
Faustino Chaupis Colcas; que si bien existe en su declaración
ciertas imprecisiones respecto al lugar que ocupa la menor
cuando abordó la camioneta (asiento de atrás) y también indica
como fecha de lo sucedido ( 22-07-2017)\ ello no vicia el
contenido de su declaración; pues, pensar que con el solo hecho
de no ser precisa con la fecha de un acontecimiento e indicar la
posición de la víctima al momento del acto delictivo; esto no hace
desvanecer el valor de todo lo demás contribuido. Máxime cuando
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entre una declaración y otra a mediado un periodo de más de dos
años. Pese a eso, se ha descrito los hechos de manera continua en
la secuela de los acontecimientos; no ha existido contradicción en
la forma de cómo sucedieron los hechos precisos del acto
delictivo; pues, se ha persistido en la proposición sexual a cambio
de un pago dinerario y los tocamientos en los senos de la menor;
incluso se debe señalar que esta última no fue precisada en la
denuncia de fecha veintidós de junio de dos mil dieciséis; pero
también este punto ha sido precisado, pues, la madre de la víctima
ha referido que en un primer momento la menor no contó todos
los hechos denunciados en aquella fecha, esto por temor a la
molestia de su padre; pero que si lo hizo en la declaración de la
cámara Gesell; por esto mismo, la declaración de la señora
Victoria Cruz Marcos, es fácilmente acoplada con la afirmación
de la primera testigo y la narración que le hiciera su menor hija…
5.9 (…) se tiene la declaración del imputado, quien confirma que
la menor abordó su vehículo motorizado, pero niega que le haya
propuesto los actos sexuales y la haya tocado en el cuerpo. Da a
entrever que fue la menor de doce años quien buscaba estar dentro
de la camioneta con el encausado, habiéndose escondido de su
hermano o negándose a que éste suba a la movilidad. Sin
embargo, no se tiene de su declaración los motivos reales por los
cuales le estarían imputando falsedades, más aun cuando ha
señalado que apenas conoce a la menor y su familia; pretendiendo
desprestigiar la versión de la madre de la menor, por las
ambigüedades de la segunda declaración; sin dar mayor
explicación al hecho de haber admitido en su movilidad a una
escolar de doce años y no dar mayor sustento de las razones por
que es denunciado por la menor, con quien no ha tenido mayor
relación; más aún si en la audiencia de expresión de los agravios
de la apelación la defensa técnica no niega ni cuestiona dichos
hechos…
5.10 Se advierte de autos, que como prueba de carga se cuentan
con manifestaciones de las partes; esta también los exámenes
periciales practicados a la menor iniciales E.G.C.; como es Acta
de entrevista Única en cámara Gesell, de fecha uno de Julio de
dos mil dieciséis; donde como se ha referido, la menor ha narrado
de manera más pormenorizada de los sucesos, la misma que en su
contenido resulta ser análoga a la narración hecha a su madre el
mismo día de los hechos; persistiendo en su acusación contra el
ahora sentenciado; no dando atisbos de algún grado de
animadversión contra su agresor antes de los sucesos. Esta
también el Protocolo de Pericia Psicológica N° 005540-2016-
PSC; donde entre sus conclusiones se tiene; ''...reacción ansiosa
situacional asociado a motivo de denuncia'"-, mostrándose la
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situación emocional de la víctima, la misma que fuera advertida
por personas como la menor M. M. A. en instantes de los hechos
denunciados. Por lo que mal podríamos pensar que el resultado
pericial es producto de otros hechos por las que ha atravesado la
menor; tomando en cuenta, que la propia defensa indica que todos
sus actos estuvieron dirigidos a logar mantener relaciones
sexuales con la menor…
5.11 Tenemos el Informe Multidisciplinario N° 190-2016-
UDAVIT-ANCASH, de fecha cuatro de julio de dos mil dieciséis
indicando, "...los hechos suscitados materia de la denuncia han
afectado el estado emocional de la asistida, se evidencia cierto
temor, miedo de volver a encontrarse con el agresor"-, dicha
expresión es clara en afirmar la situación emocional de la
víctima, la que se condice con el examen anterior y que es secuela
de los actos desplegados por José Faustino Chaupis Colcas; aun
cuando este mencione que su pretensión fue el acceso carnal con
una menor de edad; empero, la declaración de la victima posee
gran potencia acusadora que hace creíble su versión de los
hechos, consistente en los tocamientos en su seno y ofrecimiento
dinerario por su virginidad; las que en un primer momento fueron
negados absolutamente por el sentenciado, para luego afirmar
que dichos actos estuvieron destinados a tener sexo con la menor;
lo que desde luego para este colegiado la postura de la defensa
pierde credibilidad. Incluso la conclusión del Forme Social N°
44-2016-MIM/PNCVFS-CEMva en el sentido de las alteraciones
emocionales vividos por la menor y que son parte de la tesis
incriminatoria…
5.12 Con los medios probatorios recientemente señalados puede
verse que en efecto, existen elementos suplementarios o
subsidiarios anexos a la declaración de la víctima; con lo cual se
puede alcanzar la verdad de los hechos, es decir, se ha podido
entrever entre las versión de las partes, la verdad de los hechos
acaecidos el día veintidós de junio de dos mil dieciséis;
conclusión a la que se ha podido obtener de la concatenación y
vinculación de todos los medios probatorios compulsados en el
proceso; con las cuales se ha podido articular y componer la
secuencialidad de los hechos; lográndose acreditar que el día
veintidós de junio de dos mil dieciséis, la persona de José
Faustino Chaupis Colcas, hizo abordar a la menor agraviada de
iniciales E.G.C., para luego proponerle pagar con su virginidad;
posteriormente, estacionó su vehículo y comenzó a realizar
tocamientos en el cuerpo de la menor, específicamente en los
senos. Actos que se encuentran descritos de manera independiente
en el catálogo penal; por ser considerados por sí mismas
comportamientos reprochables y delictivos; por lo que lo que
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efectivamente nos encontramos ante un concurso real de hechos;
por ser dos actos desplegados en la ofensa de bienes jurídicos
protegidos diferentes; el uno protege el pudor particular
(tocamientos indebidos), en tanto el otro el pudor público
(proposiciones sexuales)-, demostrándose con esto, que los actos
desplegados no son un concurso ideal, como indica la defensa;
pues, no se trata de un solo acto que haya' perjudicado bienes
jurídicos diferentes; mostrando el poco tino en observar la
diferencia entre el acto de tocar un cuerpo ajeno y el de proponer
actividades sexuales; verbos que describen categorías semánticas
diferentes, y en nada parecidas o semejantes…
5.13 Resulta importante traer a cotación lo señalado por la
defensa, el mismo que tiene dos versiones diferentes y hasta
opuestos, en un primer sentido asevera no haber realizado los
actos de tocamiento y proposición sexual; y refiere que en todo
momento se encontraba con la mano al volante debido a que
jamás estacionó vehículo; consecuentemente hace la negación de
todo la imputación en su contra. De otro lado, se tiene el segundo
argumento que hace en su defensa, la cual la vierte en esta
instancia, principalmente en su alegato oral de apelación; donde
indica que efectivamente realizó las acciones que la víctima le
imputa; sin embargo, indica que su accionar fue con la intención
de mantener relaciones sexuales; por esto mismo, su accionar
resulta uno solo; el de violación sexual; por lo mismo, no resulta
correcto el juicio que hiciera el juez de primer grado, ya que, su
comportamiento es subsumible solo en un tipo penal, mas no en
dos hipótesis legales diferentes; siendo que la sentencia dada es
nula en absoluto…
5.14 Con esto se tiene que la aserción que da el encausado no
tiene consistencia ni coherencia; pues, varia en su contenido, en
un primer lugar pide su absolución por considerar que la versión
dada por la menor y su madre son falsos completamente; para
luego indicar que si realizó los actos, pero todo ello con un único
fin, el de mantener relaciones sexuales con la menor; por lo que se
le debe sancionar con una sola pena, y no con la sumatoria de dos
sanciones penales. Con lo cual se observa que ante los hechos
evidentes de su accionar delictivo, recurre a la argumentación
arbitraria de dos instituciones procesales fácilmente
diferenciadles; el concurso real de delitos y el concurso ideal de
delitos; pretendiendo intrincar estos conceptos señalando que su
fin último, es decir el carácter subjetivo de sus actos, estuvo
dirigido a la violación sexual; situación que este colegiado debe
advertir, pero que lo considera como una estratagema por parte de
la defensa…
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5.15 E1 análisis de los hechos nos lleva a concluir que
efectivamente nos encontramos ante un concurso real de delitos;
esto porque los actos que ha desplegado el encausado son
fácilmente subsumible a dos acciones diseñadas en la hipótesis
penal. El primero, consistente en la proposición sexual; que se
configuró en el momento en que se ofreció una suma dineraria a
cuenta del acto sexual; actuación en la cual se va encontrar los
elementos subjetivos y objetivos de configuración de un delito
propio. Por esto mismo no se puede pensar que nos encontramos
ante un acto de violación sexual; pues, esta se realiza cuando el
acto sexual se pretende sin que medie algún grado de
ofrecimiento; debido a que se rompe la resistencia de la víctima a
través de violencia o amenaza; por lo que aun en el plano
subjetivo no son comprables o confundibles. Segundo, los actos
de tocamiento; la que se ha configurado cuando el encausado José
Faustino Chaupis Colcas realiza manoseos sobre los senos de la
menor cuando esta se encontraba en su vehículo; por lo que el
solo hecho de hacer tocamientos en el cuerpo de una persona, esto
no se puede pensar que tiene como fin el acto carnal violento; por
esto mismo, a fin de sancionar los actos contra la dignidad de una
persona y más de una menor, es que se ha señalado que el solo
acto de tocar el cuerpo a una persona a fin de satisfacer un deseo
libidinoso es ya un acto delictivo. Por esto mismo, mal se haría en
considerar que proponer la mantención de actos sexuales a una
menor de edad y luego hacerle tocamientos en el cuerpo, con un
fin libidinoso; constituyen un solo accionar subsumible en el tipo
penal de violación sexual en grado de tentativa o pensarse que
resulta un concurso ideal de delitos.
5.16 E1 artículo 50 del Código Penal regula el concurso real de
delitos, estableciéndolo como la concurrencia de varios hechos
punibles considerados como "delitos independientes", en el que el
juez deberá sumar las penas de cada uno no pudiendo excederse
de 35 años, a menos que uno se reprima con cadena perpetua se
aplicará únicamente esta. Los presupuestos que permitirán
identificar a este tipo de concursos son; i) pluralidad de acciones;
ii) pluralidad de delitos independientes; y iii) unidad de autor
(Acuerdo Plenario N.° 4-2009/CJ-116), en donde también se
dijo… que: "Se produce un concurso real de delitos cuando un
mismo autor con una pluralidad de acciones independientes entre
sí, realiza, a su vez, varios delitos autónomos. A diferencia del
concurso ideal (que presenta unidad de acción), el concurso real
se caracteriza por presentar pluralidad de acciones y por ello
constituye la contrapartida del concurso ideal"…también que
existen dos forma de concurso real de delitos: el homogéneo
(cuando la pluralidad de delitos cometidos corresponden a una
misma especie) y el heterogéneo (cuando los delitos realizados
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por el mismo autor constituyen infracciones de distinta especie);
supuestos que lo encontramos en el comportamiento de José
Faustino Chaupis Colcas descrito en el párrafo anterior. No
existiendo espacio a considerar que nos encontramos ante un solo
acto que se subsume en dos tipos penales.
5.17 En ese entendido, de la revisión y lectura minuciosa de todo
los medios probatorios actuados se verifica que la valoración de la
actuación probatoria, a mérito del cual se expidió sentencia
condenatoria, resulta adecuada y justificada con suficiencia, en la
medida que se ha explicitado los criterios fácticos y jurídicos
tomados en cuenta en la evaluación y compulsa -tanto individual
como conjunta- de las pruebas actuadas en juicio oral bajo los
principios de oralidad, inmediación, contradicción y publicidad,
que permiten conocer las razones tomadas en cuenta para
fundamentar dicha decisión, argumentos que llevado a cabo la
respectiva audiencia de apelación mantienen plena vigencia,
máxime que el recurrente en esta instancia no ha ofrecido medio
probatorio encaminada a rebatirlas, en tal sentido la recurrida
contiene adecuada valoración de los medios probatorios, en la
medida que ellas tienen entidad para revertir la presunción de
inocencia que asiste al encausado, explicitándose en ese contexto
los fundamentos acordes a las exigencias constitucionales de una
debida motivación…
5.18 Finalmente, debemos considerar que el artículo 178-A del
código punitivo contempla que el condenado a pena privativa de
libertad efectiva por los delitos cometidos en el capítulo IX
referido a delitos de violación de la libertad sexual, previo examen
médico o psicológico que determine su aplicación, .será sometido
a un tratamiento terapéutico a fm de facilitar su readaptación
social; siendo entonces de aplicación para el presente caso por
cuanto el delito de tocamientos, actos de connotación sexual o
actos libidinosos en agravio de menores previsto en el artículo
176-A se encuentra dentro de dicho capítulo, por lo que debe
ordenarse dicho tratamiento terapéutico, además en el Acuerdo
Plenario No. 5-2007/CJ-l 16, Fj 12 se dijo que el tratamiento
terapéutico es una medida de seguridad,, no es una pena, su
objetivo es la facilitación de la readaptación social del condenado,
y como no altera el sentido de la sanción ni la modifica
lesivamente en lo que respecta a su extensión o intensión
represiva, no puede afectarle la interdicción de la reforma
peyorativa, en consecuencia como no importa una agravación del
entorno jurídico del imputado, la integración del fallo y su
incorporación al mismo, no solo es posible sino necesario; por
ende también si el colegiado lo integra, pues con ello no se
vulnera el principio de interdicción peyorativa, siendo legal su
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aplicación al sentenciado para de esta manera garantizar su
readaptación social, con el propósito de que al salir en libertad no
vuelva a cometer actos delictivos en agravio de las personas y de
la sociedad (…) (sic).
14. De lo glosado en los fundamentos 11 y 13, supra, este Tribunal
aprecia que la sentencia condenatoria expresó de forma clara y
precisa la actuación del favorecido para la comisión de los delitos
imputados y su acreditación; y también que la sentencia de vista se
pronunció sobre los fundamentos del recurso de apelación, por lo
que las citadas resoluciones se encuentran debidamente motivadas.
Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad
que le confiere la Constitución Política del Perú,
HA RESUELTO
1. Declarar IMPROCEDENTE la demanda respecto a lo expuesto en
los fundamentos 3 y 4, supra.
2. Declarar INFUNDADA la demanda en lo que se refiere a la
vulneración de los derechos a la debida motivación de resoluciones
judiciales, a la prueba y del principio de congruencia recursal.
Publíquese y notifíquese.
SS.
MORALES SARAVIA
PACHECO ZERGA
FERRERO COSTA
GUTIÉRREZ TICSE
DOMÍNGUEZ HARO
MONTEAGUDO VALDEZ
OCHOA CARDICH
PONENTE DOMÍNGUEZ HARO