Pleno. Sentencia 381/2022
EXP. N.° 00047-2022-PHC/TC
PIURA
JESÚS ALBERTO TORRES
SARAVIA
SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
En Lima, a los 22 días del mes de noviembre de 2022, el Pleno
del Tribunal Constitucional, integrado por los magistrados Morales
Saravia, Pacheco Zerga, Gutiérrez Ticse, Domínguez Haro, Monteagudo
Valdez y Ochoa Cardich, pronuncia la siguiente sentencia. Sin la
participación del magistrado Ferrero Costa.
ASUNTO
Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Jesús
Alberto Torres Saravia contra la resolución de fojas 138, de fecha 11 de
noviembre de 2021, expedida por la Tercera Sala Penal de Apelaciones
de la Corte Superior de Justicia de Piura, que declaró improcedente la
demanda de habeas corpus.
ANTECEDENTES
Demanda
Con fecha 30 de setiembre de 2021, don Jesús Alberto Torres
Saravia interpone demanda de habeas corpus (f. 1) contra el Sexto
Juzgado de Investigación Preparatoria Especializada en Delitos de
Corrupción de Funcionarios y contra la Segunda Sala Penal de
Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Piura. Solicita la nulidad
de: i) la Resolución 6, de fecha 28 de junio 2021 (f. 42), emitida por el
Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria Especializada en Delitos de
Corrupción de Funcionarios, que declaró fundado el requerimiento de
prisión preventiva en su contra por el presunto delito de colusión
agravada por dieciocho meses; y ii) la Resolución 14, de fecha 10 de
julio del 2021 (f. 58), emitida por la Segunda Sala Penal de Apelaciones
de la Corte Superior de Justicia de Piura que confirmó la referida
Resolución 6 (Expediente 04759-2021). El recurrente denuncia la
vulneración de los derechos a la debida motivación de las resoluciones
judiciales, a la defensa, a la presunción de inocencia, al debido proceso
con incidencia en su libertad personal. Asimismo, denuncia la omisión
de aplicar la sentencia de estado de cosas inconstitucional (Expediente
05436-2014-PHC/TC), así como el principio de legalidad y los
principios que rigen el bloque de convencionalidad.
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Sostiene el recurrente que se dispuso la prisión preventiva como
regla de última ratio, sin evaluar otras alternativas que alcancen la
finalidad de que comparezca ante el proceso penal. Agrega que se han
omitido aspectos relevantes, como, por ejemplo, en la sentencia no se
indica el dispositivo normativo que le atribuye la condición de garante
sobre el procedimiento administrativo de selección y ser responsable
administrativo del GORE Piura, y se cita solo una línea que corresponde,
en términos de dicha resolución, al ROF aprobado por Ordenanza 428-
2018 – de la Gerencia General Regional, además que se omite señalar la
norma afectada. Refiere que se establecen los elementos de convicción
que presuntamente lo vinculan con la comisión del delito de colusión
agravada, amparándose en la declaración de doña Lisset Julliana
Ballivian Castro, declaración que no fue corroborada.
Aduce también que no tuvo responsabilidad en la conformación
del comité de selección, acto de administración que no fue analizado y
menos confrontado con las declaraciones y demás documentación.
Asevera que la resolución impugnada incurre en contradicción,
cuando establece que existen fundados y graves elementos de convicción
que presuntamente determinan su vinculación con la comisión del delito
de colusión agravada, y se respalda en la normativa sobre la
responsabilidad administrativa y funciones del gerente general del
Gobierno Regional. Acota que no fue objeto de sanción administrativa
previa; y que, en consecuencia, existe contradicción en establecer una
alta probabilidad de responsabilidad penal, cuando todo su fundamento
se sostiene en una responsabilidad administrativa en normativa genérica
que no fue objeto de sanción administrativa.
Respecto al peligro de fuga, alega que la judicatura ordinaria
supone y especula con una posible fuga del favorecido, sin tener
elementos concretos para determinar un alto grado de sospecha y
certeza, incurriendo en conceptos simplistas y genéricos que solo
evidencian la falta de argumentos para determinar la existencia de
fundados y graves elementos de convicción para estimar razonablemente
el peligro procesal, respecto al peligro de fuga. Asimismo, expresa que
no se afirma y no se concluye respecto a la existencia del peligro
procesal cuando se indica que se evidencia “cierta obstrucción” a la
administración de justicia; pues al utilizar el término “cierta
obstrucción” se está admitiendo que no se tiene en concreto una
conducta que determine obstrucción a la administración de justicia,
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debido a que la utilización de “cierta conducta” solo puede representar
márgenes de duda y escaza certeza, lo que revela, complementariamente,
un enunciado gaseoso, carente de convicción en la propia judicatura.
El procurador público a cargo de los asuntos judiciales del Poder
Judicial, al contestar la demanda (f. 99) solicita que sea desestimada,
toda vez que las resoluciones judiciales cuya nulidad se solicita se han
dictado dentro de lo estipulado por el artículo 268 del Código Procesal
Penal y con respeto a los derechos y garantías constitucionales. Agrega
que los hechos y el petitorio de la demanda no están referidos en forma
directa al contenido constitucionalmente protegido de los derechos
invocados (artículo 7 del Código Procesal Constitucional), pues se
vinculan en realidad con la falta de responsabilidad penal y la valoración
de las pruebas y su suficiencia, asuntos que compete analizar a la
judicatura ordinaria.
El Tercer Juzgado Penal de Investigación Preparatoria de la Corte
Superior de Justicia de Piura, con fecha 18 de octubre de 2021 (f. 108),
declaró improcedente la demanda, por considerar que el demandante
pretende que se revise la decisión jurisdiccional y que se lleve a cabo un
reexamen de las resoluciones judiciales, que declararon fundada la
prisión preventiva en su contra por el plazo de 18 meses, con la excusa
de que se han vulnerado los derechos invocados en la demanda, función
que no le corresponde a la judicatura constitucional, sino a la
jurisdicción ordinaria, puesto que no se puede ni debe emitir
pronunciamiento contrario al derivado de una resolución válidamente
expedida en un proceso que reúne las garantías legales, como el que se
cuestiona.
La Tercera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de
Justicia de Piura, con fecha 11 de noviembre de 2021 (f. 138), confirmó
la apelada, por similares fundamentos.
FUNDAMENTOS
Delimitación del petitorio
1. La presente demanda tiene por objeto la nulidad de la Resolución
14, de fecha 10 de julio del 2021, dictada por la Segunda Sala Penal
de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Piura, que
confirmó la Resolución 6, de fecha 28 de junio del 2021, dictada por
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el Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria Especializado en
Corrupción de funcionarios de Piura, en el extremo que declaró
fundado el requerimiento de prisión preventiva por 18 meses en
contra del beneficiario, por el delito de colusión agravada. De la
revisión de la demanda planteada se advierte que su argumentación
gira en torno a la afectación del derecho a la debida motivación de
las resoluciones judiciales, la cual terminaría por afectar los demás
derechos alegados. Por ello, este Colegiado analizará si se ha
conculcado el derecho a la debida motivación de la resolución
cuestionada, o no.
Análisis del caso
2. El Tribunal Constitucional ha precisado que uno de los contenidos
del derecho al debido proceso es el derecho de obtener de los
órganos judiciales una respuesta razonada, motivada y congruente
con las pretensiones oportunamente deducidas por las partes en
cualquier clase de procesos.
3. La necesidad de que las resoluciones judiciales sean motivadas es
un principio que informa el ejercicio de la función jurisdiccional y,
al mismo tiempo, es un derecho constitucional de los justiciables.
Ella garantiza que la administración de justicia se lleve a cabo de
conformidad con la Constitución y las leyes (artículo 138 de la
Constitución Política del Perú); y que los justiciables puedan ejercer
de manera efectiva su derecho de defensa.
4. Tratándose de la prisión preventiva, la exigencia de la motivación
en la adopción o el mantenimiento de la medida debe ser más
estricta, pues solo de esa manera es posible despejar la ausencia de
arbitrariedad en la decisión judicial, a la vez que con ello se permite
evaluar si el juez penal ha obrado de conformidad con la naturaleza
excepcional, subsidiaria y proporcional de la detención judicial
preventiva.
5. El derecho a la libertad personal, como todo derecho fundamental,
no es absoluto. El artículo 2, inciso 24, literales a) y b), de la
Constitución Política del Perú, establece que está sujeto a
regulación, de modo que puede ser restringido o limitado mediante
ley. Por ello, el Tribunal Constitucional ha sostenido en reiterada
jurisprudencia que la detención judicial preventiva es una medida
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provisional que limita la libertad física, pero no por ello es, per se,
inconstitucional, en tanto no comporta una medida punitiva ni afecta
la presunción de inocencia que asiste a todo procesado; y,
legalmente, se justifica siempre y cuando existan motivos
razonables y proporcionales para su dictado.
6. En ese sentido, la justicia constitucional no es la competente para
determinar la configuración de cada presupuesto legal que legitima
la adopción de la prisión preventiva, lo cual compete a la justicia
penal ordinaria; sin embargo, sí es su atribución verificar si estos
presupuestos concurren de manera simultánea y que su imposición
sea acorde a los fines y el carácter subsidiario y proporcional de
dicha institución, lo que debe estar motivado en la resolución
judicial que lo decreta.
7. El artículo 268 del Nuevo Código Procesal Penal establece que para
el dictado de la medida de prisión preventiva es necesaria la
concurrencia simultánea de tres presupuestos: a) que existan
fundados y graves elementos de convicción para estimar
razonablemente la comisión de un delito que vincule al imputado
como autor o partícipe del mismo; b) que la sanción a imponerse sea
superior a cuatro años de pena privativa de libertad; y c) que el
imputado, en razón a sus antecedentes y otras circunstancias del
caso particular, permita colegir razonablemente que tratará de eludir
la acción de la justicia (peligro de fuga) u obstaculizar la
averiguación de la verdad (peligro de obstaculización).
8. En este caso, el recurrente alega que la resolución judicial en
cuestión ha vulnerado el derecho a la motivación de las resoluciones
judiciales, pues su decisión resulta arbitraria, ya que carecería de
una adecuada y suficiente motivación.
9. Respecto a la existencia de graves y fundados elementos de
convicción para estimar la vinculación del demandante con el delito
de colusión agravada, este Tribunal advierte que la Resolución 14,
de fecha 10 de julio del 2021 (fojas 58) se sustenta en:
(…)
a. La declaración de Lisset Julliana Ballivian Castro, del 21.06.2021,
quien en su declaración ha indicado en la pregunta 11; a folios 2096
a 2097; que el procesado Torres Saravia había creado un equipo
para hacer seguimiento desde la elaboración del perfil hasta la
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ejecución de obras, es decir convocatorias, perfeccionamiento de
contratos, adelantos directos, adelantos de materiales, devengados,
giros, valorizaciones ya cuando la obra está en ejecución, entre
otras actividades ordenadas por el Gerente General. Y además se
advierte, en respuesta N° 17 de su declaración, que la obra sobre
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL
ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE MÁNCORA, DEL
DISTRITO DE MÁNCORA, PROVINCIA DE TALARA,
DEPARTAMENTO DE PIURA, REGIÓN PIURA” era de su
competencia lo que es el tema de los procesos y convocatoria, ya
que el procesado Torres Saravia la designó para que se encargue del
tema de los procesos de obras y parte de eso estaba la obra de
Máncora. E incluso de la respuesta 16, indica la procesada que se
reunían con su coprocesado Torres Saravia todos los sábados para
ver sus avances y a la vez darnos encargos; de lo que se advierte
que el procesado tenía pleno conocimiento y estaba al tanto del
seguimiento de estas obras de gran envergadura.
b. Esta declaración de la coprocesada Lisset Julliana Ballivian Castro;
de que el procesado Torres Saravia conocía de esta ejecución
contractual y dos adelantos de pago; es corroborada con la emisión
de las Cartas N° 002-2021-JBC, de fecha 16.02.2021, de LISSET
JULLIANA BALLIVIAN CASTRO, dirigido a Gerente General –
Jesús Torres Saravia, en la que informa sobre el servicio realizado
en el mes de febrero del 2021. En donde consigna como primera
actividad: realizar el seguimiento para la firma de contrato de la
PEC-NCPD-PROC-8-2021-GRP-PE-ORA-CS-1, cuyo objeto de
convocatoria es la ejecución de la Obra MEJORAMIENTO DE
LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE
SALUD DE MÁNCORA; este elemento de convicción acredita la
relación de dependencia y subordinación con su “Jefe” que era el
Gerente General, y que ella le informaba de sus actividades a Torres
Saravia y no a Fabián Juárez Pita (…)
c. La Carta N° 003-2021-JBC, de fecha 22 de marzo de 2021, de
LISSET JULLIANA BALLIVIAN CASTRO, dirigido al Gerente
General - Jesús Torres Saravia, en la que informa sobre el servicio
realizado en el mes de marzo del 2021. En donde consigna sus
actividades mensuales, en donde se verifica el seguimiento para
firma de contratos y adelanto directo de 02 obras, 04 seguimientos
para la Convocatoria de procesos (…).
d. También se tiene la declaración de Karina del Fátima Ordinola
Espinoza, encargada del área de Procesos de Abastecimiento GORE
Piura, recibida el 20.06.2021, en donde en la pregunta 26,
manifiesta que: … una vez que procedió a imprimir el Contrato de
la Obra de Máncora; correspondía sacar los vistos de las áreas
correspondientes, labor que le correspondía; pero JULLIANA
BALLIVIAN CASTRO me pidió hacerlo ella misma para sacarlo al
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toque ya que había una oficinas que se demoraban en visarlo, como
ella venía por encargo de la Gerencia General es que accedí para
que haga esa labor (…).
Este elemento de convicción también corrobora lo vertido por la
testigo Ballivian Castro en el sentido que estos trámites los
realizaba por encargo de su coprocesado Torres Saravia, quien en
esa época era su jefe el Ex Gerente General.
También se advierte de la declaración de la citada testigo Karina del
Fátima Ordinola Espinoza, en la respuesta 30 indica que la persona
de Lisset Julliana Ballivian Castro laboraba en la Gerencia General
y cuando acudía a su oficina venía a nombre de dicho Gerente.
(…)
e. Declaración del Colaborador con Código Clave N° 02-2021,
mediante el cual se acredita la participación de la coprocesada
Julliana Ballivian y quien siempre concurría donde Ordinola
Espinoza para los trámites de la suscripción del contrato; a nombre
del Gerente General; ha manifestado: "... que, en las oficinas del
Gobierno Regional Piura, y en la puerta principal se encontraría una
señorita de nombre Juliana, quien era la que llevaría al
Departamento de Logística, realizando todo conforme a lo indicado,
y trasladan hasta el área de abastecimiento y atiende una doctora, la
cual entrega documentación del contrato para la respectiva firma de
dicho documento...", advirtiéndose de manera categórica el
favorecimiento y trato especial que como consecuencia del pacto se
le daba al Contratista por parte de Ballivian Castro.
Todo lo cual corrobora la versión de la coprocesada Ballivian
Castro, quien ha manifestado ante los servidores y funcionarios de
otras áreas; su participación en estos hechos obedecía por encargo
del Gerente General; y que la persona de Karina del Fátima
Ordinola Espinoza corrobora; indicando en su declaración que
dicha procesada Ballivian Castro siempre iba en nombre del
Gerente General. Todos estos elementos de convicción evaluados
en su conjunto, y no en forma aislada vinculan al procesado Torres
Saravia con el delito de colusión agravada, y que son sospechas de
gravedad y cumplen con el presupuesto exigido por el art. 268
literal "a" del Código Procesal Penal.
10. En relación con la prognosis de pena, la resolución cuestionada
expresa que el recurrente se le atribuye ser autor del delito de
colusión agravada, la cual supera los cuatro años de pena privativa
de libertad, y “se encuentra regulada en el art. 384 del Código Penal,
en donde la pena sancionable para este delito es no menor de 6 ni
mayor de 15 años” (fojas 67, reverso).
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11. Este Tribunal aprecia de los términos de la resolución cuestionada,
que esta cumple con expresar las razones que justifican la
concurrencia de los presupuestos graves y fundados elementos de
convicción y la prognosis de pena.
12. A continuación, se analizará la concurrencia del presupuesto del
peligro procesal; es decir, que la conducta del imputado, en razón de
sus antecedentes y otras circunstancias del caso particular, permita
colegir razonablemente que tratará de eludir la acción de la justicia
(peligro de fuga) u obstaculizar la averiguación de la verdad (peligro
de obstaculización).
13. El primer supuesto del peligro procesal (el de fuga) se determina a
partir del análisis de una serie de circunstancias que pueden tener
lugar antes o durante el desarrollo del proceso penal y que se
encuentran relacionadas, entre otros, con el arraigo domiciliario,
familiar y laboral del actor en la localidad del órgano judicial que lo
procesa, lo que crea juicio de convicción al juzgador en cuanto a la
sujeción del actor al proceso.
14. El segundo supuesto del peligro procesal (el de la obstaculización
del proceso) se encuentra vinculado a la injerencia del procesado en
libertad ambulatoria respecto del resultado del proceso, mediante su
influencia directa en la alteración, ocultamiento o desaparición de
los medios probatorios, en la conducta de las partes o peritos del
caso, que incida en el juzgador a efectos de un equívoco resultado
del proceso e incluso que de manera indirecta o externa el procesado
en libertad pueda perturbar el resultado del proceso penal; aspectos
de obstaculización del proceso que el juzgador debe apreciar en
cada caso en concreto (sentencia recaída en el Expediente 01133-
2014-PHC/TC).
15. Respecto al peligro de fuga, la cuestionada Resolución 14, de fecha
10 de julio del 2021 (fojas 58) se sustenta en lo siguiente:
[A] la fecha como se indica por el a quo, el procesado ya no contaría
con un trabajo conocido que garantice que se va a someter a la acción
de la justicia; ya que ha sido cesado como Gerente General del
gobierno regional, aunado a que, por la gravedad de la pena en el
presente caso, dado que se trata de un delito de naturaleza grave en el
que se ve inmerso no garantiza su presencia en todos los estadios del
procedimiento; advirtiéndose que su comportamiento en el presente
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proceso no ha garantizado ello; ya que conforme al acta de hallazgo,
incautación y lacrado en su domicilio de fecha 16.05.2021 (…); las
llaves en su domicilio recién son entregadas en dicha fecha a través
de personal de limpieza de su condominio; quien dijo que el hermano
del procesado Jorge Torres Saravia recién entrega las llaves de la casa
en esa fecha; aunado a que se indicó que viajó a la ciudad de Trujillo
para internarse en una clínica; (…); toda vez que en la ciudad de
Piura también existen centros de salud (…) (fojas 68).
16. Este Tribunal entiende que exigirle al recurrente contar con un
trabajo conocido, después de haberlo perdido, justamente, a causa
del presente proceso penal, resulta un despropósito. Al respecto, la
Resolución 6, de fecha 28 de junio de 2021 (fojas 42), emitida por el
a quo, y confirmada por el ad quem, estimó la prisión preventiva por
18 meses contra el recurrente expresando que “el imputado no
desarrolla actividad productiva y/o estable que permita presumir que
no intentara fugarse, por cuanto (…) NO TIENE ARRAIGO
LABORAL en (…) Piura, toda vez que con RESOLUCIÓN
EJECUTIVA REGIONAL N° 407-2021/GOBIERNO REGIONAL
PIURA-GR, de fecha 21 de junio de 2021, se ha dado por
concluidas sus funciones (…)” (fojas 54). En este sentido,
atendiendo a las fechas de la resolución de primera instancia (28 de
junio de 2021) y de la referida resolución regional (21 de junio de
2021), los jueces ordinarios pretenden que el imputado consiga un
puesto de trabajo en el plazo de 7 días y que este sea necesariamente
en la ciudad de Piura, lo que le restringe aún más la posibilidad de
acceder a un empleo.
Asimismo, en el acta de hallazgo, incautación y lacrado en su
domicilio, de fecha 16.05.2021, se consigna que las llaves de su
domicilio fueron entregadas en dicha fecha a través de personal de
limpieza de su condominio, quien dijo que el hermano del
procesado le hizo entrega de estas. Al respecto, no se advierte cómo
es que dicho hecho implica un peligro de fuga, máxime si se
advierte que, pese a no estar presente en la ciudad de Piura, las
llaves fueron entregadas por el hermano del demandante con la
finalidad de no truncar la diligencia, sin que se advierta la
trascendencia de la presencia física del recurrente en dicha
diligencia.
La judicatura ordinaria también sustenta el peligro de fuga en que el
recurrente viajó a la ciudad de Trujillo para internarse en una
clínica, pese a que en la ciudad de Piura también existen centros de
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salud. La judicatura asume que el referido internamiento del
favorecido en la ciudad de Trujillo fue de manera intencional, sin
motivar nada al respecto. Este Colegiado advierte que el hecho de
que el recurrente se encuentre internado en un centro de salud
ubicado fuera de la ciudad donde se lleva a cabo el proceso penal,
no resulta suficiente para asumir un peligro de fuga; máxime si el
demandante no tenía algún tipo de impedimento para ausentarse de
la ciudad y, además, no se advierte que haya ocultado su paradero.
Después del análisis del peligro de fuga por parte de este Colegiado,
se advierte que este solo estaría sustentado en la gravedad de la pena
y de la conducta imputada, las cuales son insuficientes por sí solas
para establecer la existencia del peligro de fuga. En esa línea, este
Tribunal advierte que no se realizó una valoración conjunta de aquel
elemento con otros, en aras de una efectiva prognosis de la
probabilidad de fuga del imputado sobre la base de una real
conducta, mantenida a lo largo de la investigación, que permita
colegir razonablemente que el recurrente tratará de eludir la acción
de la justicia.
17. En relación con la obstaculización del proceso, la cuestionada
Resolución 14, de fecha 10 de julio del 2021 (fojas 58), se sustenta
en:
[C]onforme a la resolución emitida por el a quo, no ha entregado su
celular en el momento requerido, para las investigaciones
correspondientes, lo que evidencia cierta obstrucción a la administración
de justicia; y si bien lo ha realizado con fecha posterior; pero
evidentemente dicha conducta en nada favorece para la averiguación de
la verdad en los hechos en que se ve inmerso; (…); asimismo conforme
se indica en la resolución emitida por el a quo hasta la fecha de la
emisión de la resolución de Primera Instancia no ha firmado su
declaración prestada; comportamientos, que no constituyen actos
positivos en la averiguación de la verdad y en un proceso penal; y que
califican para un peligro de fuga y de obstaculización; aunado a la
gravedad de la pena como resultado del procedimiento (…).
18. Este Tribunal considera que no entregar voluntariamente el celular
cuando lo requiere el Ministerio Público y no firmar una declaración
son manifestaciones del ejercicio legítimo de los derechos a la
intimidad y de defensa del imputado, respectivamente, de ninguna
manera puede configurar una obstaculización a la justicia, y menos
un peligro de fuga. Conviene precisar que un celular contiene
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información sensible protegida por el derecho a la intimidad del
imputado, y solo podría ser restringido mediante resolución
debidamente motivada, por el juez. Asimismo, no puede compelerse
al imputado a firmar una declaración con la que no se encuentra
conforme. Desvirtuada dicha argumentación de la judicatura
ordinaria, se advierte que nuevamente la obstaculización a la justicia
queda únicamente sustentada en la gravedad de la pena y de la
conducta imputada, las cuales, como ya se expresó previamente,
resultan insuficientes por sí solas.
19. De lo expuesto, se aprecia que los fundamentos de la judicatura
ordinaria no tienen implicancia en el peligro procesal; y que este se
sustenta únicamente en la gravedad de la pena y del delito imputado,
los cuales son insuficientes para dictar un mandato de prisión
preventiva. Bajo dicha óptica, todo delito cuya sanción sea elevada
o grave, justificaría que contra los procesados se dicte un mandato
de prisión preventiva. En conclusión, no se aprecia una motivación
suficiente respecto a la concurrencia del peligro procesal, del peligro
de fuga y de obstaculización del proceso, a efectos de validar la
imposición de la medida de prisión preventiva en contra del
recurrente, lo cual resulta violatorio de la exigencia constitucional
de la motivación de las resoluciones judiciales.
20. Por tanto, la demanda debe ser estimada, al haberse acreditado la
vulneración al derecho a la debida motivación de las resoluciones
judiciales, en conexidad con el derecho a la libertad personal del
favorecido.
Efectos de la sentencia
21. Por lo expuesto, este Tribunal declara la nulidad de la Resolución
14, de fecha 10 de julio del 2021, dictada por la Segunda Sala Penal
de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Piura, que
confirmó la Resolución 6, de fecha 28 de junio del 2021, dictada por
el Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria Especializado en
Corrupción de Funcionarios de Piura, en el extremo que declaró
fundado el requerimiento de prisión preventiva por 18 meses en
contra de don Jesús Alberto Torres Saravia, por el delito de colusión
agravada; y se dispone que, en el día de notificada la presente
sentencia, el juez penal competente proceda a dictar resolución
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debidamente motivada, ello si a la fecha no se hubiera dictado la
sentencia penal respectiva.
Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad
que le confiere la Constitución Política del Perú,
HA RESUELTO
1. Declarar FUNDADA la demanda, al haberse acreditado la
vulneración del derecho a la debida motivación de resoluciones
judiciales; en consecuencia, NULA la Resolución 14, de fecha 10 de
julio del 2021, dictada por la Segunda Sala Penal de Apelaciones de
la Corte Superior de Justicia de Piura, que confirmó la Resolución 6,
de fecha 28 de junio del 2021, dictada por el Sexto Juzgado de
Investigación Preparatoria especializado en Corrupción de
Funcionarios de Piura, en el extremo que declaró fundado el
requerimiento de prisión preventiva por 18 meses en contra de don
Jesús Alberto Torres Saravia, por el delito de colusión agravada.
2. Disponer que el juez penal competente, en el día de notificada la
presente sentencia, dicte resolución debidamente motivada respecto
de don Jesús Alberto Torres Saravia, ello si a la fecha no se hubiera
dictado la sentencia penal respectiva.
Publíquese y notifíquese.
SS.
MORALES SARAVIA
PACHECO ZERGA
GUTIÉRREZ TICSE
DOMÍNGUEZ HARO
MONTEAGUDO VALDEZ
OCHOA CARDICH
PONENTE MORALES SARAVIA