Sala Primera. Sentencia 531/2022
EXP. N.° 01284-2021-PA/TC
LIMA
DEMETRIO REQUES MENDOZA Y
OTROS
SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
En Lima, a los 25 días del mes de noviembre de 2022, la Sala Primera del
Tribunal Constitucional, integrada por los magistrados Monteagudo Valdez,
Pacheco Zerga y Ochoa Cardich, pronuncia la siguiente sentencia.
ASUNTO
Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Demetrio Reques
Mendoza y otros contra la resolución de fojas 4227, de fecha 11 de setiembre de
2021, expedida por la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima,
que declaró improcedente la demanda de autos.
ANTECEDENTES
Con fecha 5 de junio de 2017 (f. 326), y con aclaración de petitorio del 31
de julio de 2017 (f. 394) los recurrentes interponen demanda de amparo a fin de
que “no alcance a los demandantes” los efectos de las resoluciones 171 (f. 580),
280 (f. 584), 329 (f. 589), 333 (f. 596), 335 (f. 598), 338 (f. 266), 339 (f. 270), la
sentencia de fecha 18 de agosto de 1998 (f. 280) y demás resoluciones emitidas
en el Expediente N.o 10534-97 del 25.° Juzgado Civil de Lima, mediante los
cuales se ha dispuesto el lanzamiento de 70.7716404 hectáreas de terreno.
Alegan la vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la
propiedad, a la tutela procesal efectiva, al acceso a la justicia, a la defensa, a
probar, al contradictorio, a los medios impugnatorios y a la pluralidad de
instancia.
Manifiestan que nunca fueron notificados válidamente con los actos
procesales evaluados en el Expediente N.° 10553-1997 y tramitados por el 25.°
Juzgado Civil de Lima sobre proceso de reivindicación, pese a haber sido
terceros registrales, por lo que afirman que las resoluciones 171, 280, 329, 333,
335, 338, 339, la sentencia de fecha 17 de agosto de 1998 y demás resoluciones
emitidas en el expediente en cuestión vulneran sus derechos fundamentales al
debido proceso, a la propiedad, a la tutela procesal efectiva, al acceso a la
justicia, a la defensa, a probar, al contradictorio, a los medios impugnatorios y a
la pluralidad de instancia, entre otros. Asimismo, refieren haber tomado
conocimiento de la existencia del proceso civil recién cuando se ordena el
lanzamiento.
El Segundo Juzgado Constitucional de la Corte Superior de Justicia de
Lima, mediante la Resolución N.° 1, de fecha 24 de julio de 2017 (f. 353),
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declaró inadmisible la demanda por considerar que en la forma en que estaba
expresada era incomprensible. Luego, mediante Resolución N.° 2, de fecha 14
de agosto de 2017 (f. 437), se admitió a trámite la demanda de amparo al
comprender que el petitorio estaba referido a solicitar que se declare la
inaplicabilidad de las resoluciones 171, 280, 329, 333, 335, 338, 339 y la
sentencia de fecha 17 de agosto de 1998 dispuestas por el 25.° Juzgado Civil de
Lima en el marco del Expediente N.° 10543-97.
El procurador público adjunto del Poder Judicial, con fecha 4 de octubre
de 2017 (f. 1370), contesta la demanda y solicita sea declarada improcedente o,
en su defecto, infundada por una serie de argumentos: (i) la demanda y demás
escritos de la demandante adolecen de múltiples defectos que dificultan su
comprensión, entre ellos borrones, enmendaduras, transcripciones con lapicero
y subsanaciones para intentar cumplir con los mínimos estándares de calidad que
requiere un proceso constitucional; (ii) se estructura la demanda como si se
tratara de un pedido de medida cautelar, cuando claramente este no es el caso;
(iii) se realiza una narración y desarrollo argumentativo confuso e
incomprensible del caso y los antecedentes existentes; (iv) se evidencia que
cuando los actores toman conocimiento de la existencia del proceso ordinario y
de su estado procesal debieron formular los recursos pertinentes que permite la
ley para cuestionar el trámite del proceso civil en su calidad de terceros
registrales respecto del terreno materia de reivindicación, en tanto al no haber
agotado estos mecanismos, se entiende que se dejó consentir lo dado en el
proceso civil y estarían frente a una falta de agotamiento de la vía previa que
acarrea la improcedencia de la demanda.
Inmobiliaria y Constructora Tierras del Sur SA, mediante escrito de fecha
12 de octubre de 2017 (f. 1555), contesta la demanda y solicita sea declarada
improcedente o infundada por similares argumentos a los de la procuraduría y
porque las personas que ahora interponen el presente proceso como los
demandantes estaban representados por la Asociación Agrupación Agropecuaria
Sumac Pacha y ya han hecho valer sus derechos procesales en el marco del
proceso cuya orden de lanzamiento ahora pretenden cuestionar como personas
naturales.
Inmobiliaria y Constructora Malaika SAC, mediante escrito de fecha 12 de
octubre de 2017 (f. 1684), solicita que la demanda sea declarada improcedente o
infundada por similares argumentos a los de la Inmobiliaria y Constructora
Tierras del Sur SA y porque señalan que el predio que los demandantes habrían
adquirido corresponde a Huarochirí y no a Lurín que es donde se está efectuando
el lanzamiento que se pretende cuestionar.
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El Segundo Juzgado Constitucional de la Corte Superior de Justicia de
Lima, mediante la Resolución N.° 16, de fecha 25 de marzo de 2019 (f. 3176),
declaró improcedente la demanda por considerar que los demandantes no
pudieron acreditar que se hubiera cometido alguna irregularidad que vicie el
proceso cuestionado o que genere la nulidad de las resoluciones materia de la
presente acción constitucional, y que solo cabe incoar una acción de amparo
contra resoluciones judiciales emanadas de un procedimiento irregular.
Asimismo, tampoco se aprecia que a los demandantes se les hubiera restringido
el acceso a participar en los respectivos estados del proceso de reivindicación,
toda vez que de lo adjuntado por las partes se advierte que estos han tenido la
oportunidad de interponer los respectivos medios de impugnación en caso de
considerar que de las decisiones que en el proceso de reivindicación se emitían
no resultaban conforme a la ley. Adicionalmente, de lo actuado se evidencia que
el 8 de marzo de 1998 se realizó una inspección judicial en el predio objeto de
cuestionamiento, como también que desde el 4 de mayo de 1999 la abogada
Sonia Hilario Cruz (quien resultó también abogada de los accionantes en el
presente proceso de amparo) presentó escritos en el Expediente N.° 10534-1997,
haciendo valer los mecanismos de defensa de la Asociación Agrupación
Agropecuaria Sumac Pacha, con lo que no se reputa verosímil que los
demandantes no tuvieran conocimiento de la existencia del proceso ahora
cuestionado.
La Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, mediante
Resolución N.° 40, de fecha 11 setiembre de 2020 (f. 4227), confirma la apelada
que declara improcedente la demanda de amparo por considerar que los
recurrentes pretenden revisar en vía de tutela urgente y extraordinaria la decisión
adoptada por el entonces Séptimo Juzgado Civil de Lima que declaró fundada la
demanda de reivindicación que se ejecuta por el Vigésimo Quinto Juzgado Civil
de Lima, mediante supuestos argumentos referidos a su derecho al debido
proceso, derecho que sí pudieron ejercer en su oportunidad a pesar de lo que
alegan.
FUNDAMENTOS
Petitorio y determinación del asunto controvertido
1. Los recurrentes pretenden que se ordene que “no alcance a los
demandantes” los efectos de las resoluciones 171 (f. 580), 280 (f. 584),
329 (f. 589), 333 (f. 596), 335 (f. 598), 338 (f. 266), 339 (f. 270), la
sentencia de fecha 18 de agosto de 1998 (f. 280) y demás resoluciones
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emitidas en el Expediente N.o 10534-97 del 25.° Juzgado Civil de Lima,
mediante los cuales se ha dispuesto el lanzamiento de 70.7716404
hectáreas de terreno. Alegan la vulneración de sus derechos fundamentales
al debido proceso, a la propiedad, a la tutela procesal efectiva, al acceso a
la justicia, a la defensa, a probar, al contradictorio, a los medios
impugnatorios y a la pluralidad de instancia.
Consideraciones del Tribunal Constitucional
2. Conforme a lo dispuesto en el artículo 9 del Nuevo Código Procesal
Constitucional, el amparo contra resoluciones judiciales procede en caso
de “manifiesto agravio a la tutela procesal efectiva”, que incluye la
eventual interferencia en diversos derechos procesales, entre ellos, los
derechos de “libre acceso al órgano jurisdiccional, a probar, de defensa, al
contradictorio e igualdad sustancial en el proceso, a no ser desviado de la
jurisdicción predeterminada ni sometido a procedimientos distintos de los
previstos por la ley, a la obtención de una resolución fundada en derecho,
a acceder a los medios impugnatorios regulados, a la imposibilidad de
revivir procesos fenecidos, a la actuación adecuada y temporalmente
oportuna de las resoluciones judiciales y a la observancia del principio de
legalidad procesal penal”.
3. No obstante, este Tribunal Constitucional recuerda que la judicatura
constitucional no puede avocarse a conocer cualquier problema o
cuestionamiento relacionado con la justificación de decisiones judiciales,
en la medida en que “la competencia de la justicia constitucional está
referida a asuntos de relevancia constitucional” (cfr. Sentencia 00445-
2018-PHC). En este sentido, en sede constitucional no cabe revisar asuntos
propios de la judicatura ordinaria, salvo que al impartir justicia se hubiera
violado el contenido constitucionalmente protegido de algún derecho
fundamental o bien de rango constitucional.
4. En el presente caso, los recurrentes solicitan que se ordene que “no alcance
a los demandantes” los efectos de las resoluciones 171 (f. 580), 280 (f.
584), 329 (f. 589), 333 (f. 596), 335 (f. 598), 338 (f. 266), 339 (f. 270), la
sentencia de fecha 18 de agosto de 1998 (f. 280) y demás resoluciones
emitidas en el Expediente N.o 10534-97 del 25.° Juzgado Civil de Lima,
mediante los cuales se ha dispuesto el lanzamiento de 70.7716404
hectáreas de terreno. Alegan la vulneración de sus derechos fundamentales
al debido proceso, a la propiedad, a la tutela procesal efectiva, al acceso a
la justicia, a la defensa, a probar, al contradictorio, a los medios
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impugnatorios y a la pluralidad de instancia; porque nunca habrían sido
notificados válidamente con los actos procesales evaluados en el
Expediente N.° 10553-1997 tramitados por el 25.° Juzgado Civil de Lima
sobre proceso de reivindicación, pese a haber sido terceros registrales.
5. A pesar de lo argumentado por los recurrentes, de la revisión de los
actuados, esta Sala coincide con el Segundo Juzgado Constitucional de la
Corte Superior de Justicia de Lima en que resulta inverosímil que los ahora
demandantes no tuvieran conocimiento alguno del proceso judicial que
ordenó el lanzamiento judicial que ahora se pretende cuestionar. Ello en
atención a que: (i) el 8 de marzo de 1998 se realizó una inspección judicial
en el predio objeto de cuestionamiento, y (ii) que desde el 4 de mayo de
1999 Sonia Hilario Cruz, abogada de los accionantes en la interposición
de la demanda, también lo ha sido de la Asociación Agrupación
Agropecuaria Sumac Pacha, y haber presentado escritos en el Expediente
N.° 10534-1997, haciendo valer los mecanismos de defensa de la
Asociación Agrupación Agropecuaria Sumac Pacha. Por lo que, al ser esta
asociación la parte vencida en el proceso cuyo lanzamiento ahora se
cuestiona, no se reputa verosímil que los demandantes no tuvieran
conocimiento de la existencia del proceso en cuestión. En consecuencia,
se evidencia que los hechos y el petitorio de la demanda no están referidos
en forma directa al contenido constitucionalmente protegido de los
derechos constitucionales invocados.
6. En atención a que el argumento central de la demanda referido al supuesto
desconocimiento de los demandantes de la existencia del proceso judicial
cuestionado ha sido desestimado por la presente Sala del Tribunal
Constitucional, se estima que no merecen atención los nuevos argumentos
que se han introducido al presente proceso en otras etapas distintas de la
postulatoria, como son los referidos a la inejecutabilidad de decisiones con
calidad de cosa juzgada ante la variación de los presupuestos fáctico-
jurídicos que la sustentan, entre otros, dado que abordan alegatos que no
guardan relación con lo expuesto en la demanda de amparo.
7. Por otro lado, debido a que los argumentos contra las resoluciones
judiciales objeto de cuestionamiento han sido desestimados, el
planteamiento de que dichas decisiones también estarían incurriendo en
una vulneración de los derechos al debido proceso, a la propiedad, a la
tutela procesal efectiva, al acceso a la justicia, a la defensa, a probar, al
contradictorio, a los medios impugnatorios y a la pluralidad de instancia
corre la misma suerte que el argumento central de indefensión de la
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demanda de amparo. Es decir, si no queda cuestionamiento alguno en pie
respecto de estas, entonces no puede argumentarse que con ellas se esté
vulnerando derecho fundamental alguno.
8. En suma, la demanda de autos incurre en la causal de improcedencia
contemplada en el artículo 5, inciso 1 del pretérito Código Procesal
Constitucional —aplicable al presente amparo por razón de
temporalidad—, ahora recogido en el artículo 7, inciso 1 del Nuevo Código
Procesal Constitucional.
Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le
confiere la Constitución Política del Perú,
HA RESUELTO
Declarar IMPROCEDENTE la demanda de amparo.
Publíquese y notifíquese.
SS.
MONTEAGUDO VALDEZ
PACHECO ZERGA
OCHOA CARDICH