Pleno. Sentencia 359/2022
EXP. N.° 03323-2021-PHC/TC
LA LIBERTAD
EDWIN RAMÍREZ MIRANDA REPRESENTADO
POR JUAN CARLOS VÁSQUEZ CARRIÓN
(ABOGADO)
RAZÓN DE RELATORÍA
En la sesión del Pleno del Tribunal Constitucional, de fecha 23 de
agosto de 2022, los magistrados Ferrero Costa, Morales Saravia,
Domínguez Haro (con fundamento de voto), Pacheco Zerga y
Monteagudo Valdez han emitido la sentencia que resuelve:
1. Declarar IMPROCEDENTE la demanda respecto a lo expuesto en los
fundamentos 13 y 14, supra.
2. Declarar INFUNDADA la demanda en lo que se refiere a la vulneración
del principio de congruencia recursal y del derecho a la debida
motivación de las resoluciones judiciales.
Por su parte, los magistrados Gutiérrez Ticse y Ochoa Cardich (en fecha
posterior) emitieron votos singulares por declarar fundada la demanda
de amparo
La Secretaría del Pleno deja constancia de que la presente razón
encabeza la sentencia y los votos antes referidos, y que los magistrados
intervinientes en el Pleno firman digitalmente al pie de esta razón en
señal de conformidad.
Flavio Reátegui Apaza
Secretario Relator
SS.
FERRERO COSTA
MORALES SARAVIA
GUTIÉRREZ TICSE
DOMÍNGUEZ HARO
PACHECO ZERGA
MONTEAGUDO VALDEZ
OCHOA CARDICH
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LA LIBERTAD
EDWIN RAMÍREZ MIRANDA REPRESENTADO
POR JUAN CARLOS VÁSQUEZ CARRIÓN
(ABOGADO)
SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
En Lima, a los 23 días del mes de agosto de 2022, el Pleno del Tribunal
Constitucional, integrado por los magistrados Ferrero Costa, Morales Saravia,
Gutiérrez Ticse, Domínguez Haro, Pacheco Zerga, Monteagudo Valdez y
Ochoa Cardich pronuncia la siguiente sentencia, con el fundamento de voto del
magistrado Domínguez Haro y los votos singulares de los magistrados
Gutiérrez Ticse y Ochoa Cardich, que se agregan.
ASUNTO
Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Juan Carlos
Vásquez Carrión, abogado de don Edwin Ramírez Miranda, contra la
resolución de fojas 3953, de fecha 20 de setiembre de 2021, expedida por la
Primera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de La
Libertad, que declaró infundada la demanda de habeas corpus de autos.
ANTECEDENTES
Con fecha 14 de junio de 2021, don Juan Carlos Vásquez Carrión
interpone demanda de habeas corpus a favor de don Edwin Ramírez Miranda
(f. 3), y la dirige contra doña Roxana Molina Falconí, jueza del Tercer Juzgado
de Investigación Preparatoria de Huamanga, y contra los señores Richard
Llacsahuanga Chávez, Tatiana Pérez García-Blázquez y Vladimiro Olarte
Artega, jueces integrantes de la Segunda Sala Penal de Apelaciones de la Corte
Superior de Justicia de Ayacucho. Denuncia la amenaza de vulneración de los
derechos a la libertad personal y a la debida motivación de las resoluciones
judiciales, así como del principio de imputación necesaria.
Solicita que se declare la nulidad: (i) de la Resolución 55, de fecha 20
de enero de 2021 (f. 273), corregida por la Resolución 57, de fecha 22 de enero
de 2021 (f. 3384), en el extremo que declaró fundado en parte el requerimiento
fiscal de prisión preventiva por el plazo de treinta y seis meses contra el
favorecido en el proceso que se le sigue por los delitos de organización
criminal y colusión agravada; y (ii) del auto de vista, Resolución 79, de fecha
10 de marzo de 2021 (f. 346), que confirmó la Resolución 55 en el precitado
extremo (Expediente 02083-2019-97-0501-JR-PE-07/2083-2019-97).
Sostiene que la fiscalía requirió prisión preventiva contra el favorecido
y contra sus coinculpados, sin embargo, los graves y fundados elementos de
convicción debieron configurarse respecto de los dos delitos imputados, pues
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se consideró que el favorecido, como alcalde de la Municipalidad Distrital de
Anco y sus coimputados, concertaron para poner a disposición de la
organización criminal la administración de cada una de las municipalidades
que representaron, pero ni la fiscalía ni el juzgado fundamentaron en cuál de
los supuestos del artículo 317 del Código Penal se subsumió la conducta del
favorecido. Afirma además que se debió considerar cómo los mandos medios
direccionaron los procesos de selección, pues solo se mencionó al gerente
general para considerar los graves y fundados elementos de convicción; más
aún si se postuló como hecho a ser probado que se proporcionó acceso al
SEACE. Refiere que no se citó elemento de convicción alguno que sostenga
con alta probabilidad que el favorecido haya participado en los hechos; y que
no se requirió prisión preventiva para alguno de los miembros de los comités
de selección de las licitaciones de la municipalidad, pero sí para su alcalde.
Alega que en el análisis que el juzgado realizó a los elementos de la
organización criminal se consideró a tres a más personas para que exista
pluralidad de agentes entre funcionarios públicos y no funcionarios públicos o
extraneus, lo cual resulta inmotivado, conforme al Acuerdo Plenario 01-2017-
SPN; que los roles imputados al favorecido no se condicen con las conductas
descritas en el citado artículo; tampoco se motivó desde cuándo cada imputado
formó parte de la organización criminal, ni se determinó cuál fue la conducta
típica del favorecido, o desde cuándo formó parte de la organización. Acota
que se debió considerar que se afilió a Qatun Tarpuy recién el 18 de junio de
2018, solo para postular como alcalde y por ello se ofreció y actuó su historial
de afiliación política como contra elemento de convicción. Precisa que se debió
desarrollar de forma concreta y detallada cómo el favorecido tuvo
comunicación con los demás miembros de la organización, pues solo se
consideraron tres interceptaciones telefónicas en las que no se apreció
comunicación alguna con relevancia penal.
Aduce que, respecto a cada municipalidad, no se desarrolló qué
proyectos se lograron aprobar, qué empresarios los financiaron y si se otorgó la
buena pro; que se debió considerar entre las obras que el juzgado relacionó con
el favorecido solo la Licitación 003-2019-MDA-LA/A, cuyo presupuesto fue
aprobado en la gestión anterior cuando el favorecido aún no era alcalde; que no
se transcribió algún audio de interceptación en el que se advierta que conversó
con cualquiera de sus coimputados para direccionar una obra, lo cual significa
que su vinculación con la organización criminal fue solo nominal o formal; que
se estableció una doctrina jurisprudencial respecto al delito de colusión
agravada en la Casación 661-2016-Piura; que el juzgado demandado se remitió
a lo señalado en el requerimiento del Ministerio Público, sin haber motivado
qué proposiciones fácticas habrían acreditado que se cometió el delito de
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colusión agravada; y que no se indicó cómo el favorecido debe responder como
sujeto activo del citado delito, pese a que la norma legal y la jurisprudencia
exigen que al ser un delito de infracción del deber se requiere la realización de
un proceso de selección que le haya sido confiado por razón de su cargo, pues
como alcalde no tuvo esa comisión especial.
Puntualiza que no se señaló quién fue el extraneus con el que habría
concertado el favorecido, ni se indicó cómo operó la concertación ni sobre su
contenido; tampoco se precisó si presionó o concertó para el direccionamiento
de las obras, ni si conversó con uno de sus coprocesados para que presione a
los miembros del comité de selección para que se direccionen las obras; o si
hubo vínculo contractual con la municipalidad agraviada vía locación de
servicios y si esto fue acreditado. Asevera que la fiscalía no ofreció un peritaje
contable; que, respecto a los elementos de convicción, solo se le vinculó al
favorecido en actos de corrupción respecto a la Licitación 003-2019-MDA-
LA/A, y que se consideraron como elementos de convicción los registros de
comunicación 07476R48 y 07481299, pero en ningún extracto de la
conversación sostenida entre el favorecido y su coprocesado se refirieron a la
licitación o a alguna otra obra; que no se explicó cuál fue el razonamiento
indiciario que permitió sostener que la reunión entre el favorecido y otra
persona fue para realizar un acuerdo colusorio y defraudar al Estado, pues ni en
la transcripción de la conversación se advierte que acordaron reunirse ni se
consideró que para la municipalidad su coprocesado tuvo una relación
contractual como asesor de gestión; que no se explicó por qué la gravedad de la
pena influiría en el favorecido para que fugue, ni cómo la existencia de una
organización criminal es un riesgo concreto para ello; y que al respecto se
debió considerar la Casación 1640-2019/NACIONAL.
En cuanto al peligro procesal, aduce que cuando se abstuvo de
responder a la pregunta de si reconocía su voz o no en los audios, ejerció su
derecho a la no autoincriminación, pero esto fue considerado como peligro de
fuga; y con respecto a la proporcionalidad de la prisión preventiva, el juzgado
sustentó su decisión en meros juicios nominativos a partir de sospechas, pero
sin la proposición fáctica concreta. Advierte que se imputó la pertenencia a una
organización criminal, pero no se expuso una sola razón o correlato fáctico de
cómo en la realidad esos supuestos operarían en cada uno de los procesados de
forma individual y no se explicó por qué la comparecencia con restricciones no
puede asegurar la finalidad del proceso. Manifiesta que el juzgado se limitó a
enumerar los valores que estarían en juego si los imputados saldrían en
libertad, priorizando la seguridad de la sociedad, la correcta administración de
la justicia y la correcta administración pública.
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Finalmente, sostiene que la Sala demandada, al momento de emitir el
auto de vista (Resolución 79, de fecha 10 de marzo de 2021), no dio respuesta
a los agravios expresados en el escrito de apelación interpuesto contra la
Resolución 55, de fecha 20 de enero de 2021; y que, para la concurrencia del
peligro procesal, solo se consideró la gravedad de la pena y la magnitud del
hecho investigado.
El procurador público adjunto a cargo de los asuntos judiciales del
Poder Judicial, a fojas 527 de autos, solicita que la demanda sea declarada
infundada o improcedente. Alega que del auto de vista, Resolución 79, de
fecha 10 de marzo de 2021, se aprecia que los jueces superiores demandados se
pronunciaron sobre los agravios expresados en el recurso de apelación que
interpuso el favorecido contra la Resolución 55, de fecha 20 de enero de 2021;
que el citado auto de vista motivó la concurrencia de fundados y graves
elementos de convicción que vinculan al favorecido con los delitos atribuidos;
que justificó que la organización criminal se formó desde el año 2015, y que
sus integrantes ingresaron de forma progresiva en los posteriores años, incluso
los alcaldes elegidos para el periodo de 2019-2022, quienes serían los mandos
medios de la organización criminal; y que se justificó la participación de los
mandos medios en la organización criminal.
Agrega el procurador que la existencia o no de los arraigos para estimar
o desestimar el peligro procesal corresponde a la decisión del juez penal, la
cual no debe ser arbitraria; que existió motivación respecto a la valoración de
la gravedad de la pena y la magnitud de los hechos atribuidos al favorecido;
que su pertenencia a una organización criminal fue considerada para
determinar el peligro procesal; y que en este tipo de investigaciones los
investigados en libertad -entre otras cosas- suelen sustraerse de la investigación
y borrar evidencias. Precisa que los agravios invocados no tienen relevancia
constitucional, porque no corresponde a la vía constitucional resolver la
correcta o incorrecta aplicación de la jurisprudencia de la Corte Suprema y la
existencia, o no, de los elementos de convicción que vinculen al investigado.
El Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria de Trujillo, con fecha
10 de agosto de 2021 (3923), declaró infundada la demanda, por estimar que
las resoluciones por las que se dictó prisión preventiva al favorecido se
encuentran debidamente motivadas, ya que expresan suficiente justificación
respecto a la concurrencia de los presupuestos materiales para el dictado de la
citada medida. Ello porque se consideró el hecho objeto de imputación de los
delitos atribuidos al favorecido -en su condición de alcalde de la municipalidad
agraviada- y cuáles eran los elementos de convicción respecto al delito de
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colusión cometido a través de una organización criminal. Asimismo, porque se
precisaron los elementos de la organización criminal que se investiga; esto es,
que el coprocesado del favorecido sería el intermediario entre un empresario y
el favorecido; que la pericia que sustente el perjuicio económico se practicará
en la etapa de la investigación preparatoria; que el peligro procesal se sustentó
en la gravedad de la pena, en la pertenencia a una organización criminal y en el
comportamiento de los procesados; que se explicó cómo la gravedad de la pena
influirá para pretender rehuir a la acción de la justicia; y que se sustentó la
proporcionalidad de la medida en los subprincipios de idoneidad, necesidad y
proporcionalidad.
La Primera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia
de La Libertad confirmó la apelada por similares consideraciones.
FUNDAMENTOS
Delimitación del petitorio
1. El objeto de la demanda es que se declare la nulidad: (i) de la Resolución
55, de fecha 20 de enero de 2021 (f. 274), corregida por la Resolución
57, de fecha 22 de enero de 2021 (f. 3384), en el extremo que declaró
fundado en parte el requerimiento fiscal de prisión preventiva por el
plazo de treinta y seis meses contra don Edwin Ramírez Miranda en el
proceso que se le sigue por los delitos de organización criminal y
colusión agravada; y (ii) del auto de vista, Resolución 79, de fecha 10 de
marzo de 2021 (f. 346), que confirmó la Resolución 55, en el precitado
extremo (Expediente 02083-2019-97-0501-JR-PE-07/2083-2019-97).
2. Se denuncia la amenaza de vulneración de los derechos a la libertad
personal y a la debida motivación de resoluciones judiciales, así como
del principio de imputación necesaria.
Procedencia del habeas corpus contra resoluciones judiciales
3. El artículo 9 del nuevo Código Procesal Constitucional establece que
procede el amparo o habeas corpus contra resoluciones judiciales firmes
dictadas con manifiesto agravio a la tutela procesal efectiva, enunciando
algunos contenidos iusfundamentales que forman parte de este derecho
complejo.
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4. Por su parte, este Tribunal ha establecido que a través de los procesos de
amparo o habeas corpus contra resoluciones judiciales pueden
cuestionarse decisiones judiciales que vulneren de forma directa no
solamente los derechos indicados en el referido artículo 9 del nuevo
Código Procesal Constitucional vigente, sino cualquier derecho
fundamental, considerando que la “irregularidad” de una resolución
judicial, que habilita a presentar un amparo o habeas corpus contra
resolución judicial conforme a la Constitución, se produciría “cada vez
que ésta se expida con violación de cualquier derecho fundamental”
(resolución emitida en el Expediente 03179-2004-AA/TC, fundamento
14).
5. Asimismo, atendiendo a la jurisprudencia reiterada de este Tribunal
Constitucional, es claro que hay un conjunto de asuntos y materias que
son de competencia exclusiva de la jurisdicción ordinaria, así como otro
conjunto de infracciones iusfundamentales que sí pueden ser objeto de
control por parte de la judicatura constitucional. Al respecto, con la
finalidad de distinguir un ámbito del otro, es necesario realizar un
análisis del alegado manifiesto agravio a los derechos fundamentales.
6. Así, la judicatura constitucional se encuentra habilitada para conocer de
eventuales trasgresiones de derechos fundamentales ocurridas en
procesos judiciales ordinarios si se han producido, por una parte, vicios
de proceso o de procedimiento, o por otra, vicios de motivación o
razonamiento.
7. Con respecto a los vicios de proceso y procedimiento, el amparo o
habeas corpus contra procesos judiciales puede proceder frente a
supuestos de:
a) Vulneración de derechos que conforman la tutela procesal efectiva
(derechos constitucionales procesales tales como el derecho de
defensa, al plazo razonable, a la presunción de inocencia, de acceso
a la justicia, a los recursos impugnatorios, al juez legal
predeterminado, a la debida ejecución de las resoluciones, etc.).
b) Defectos de trámite que inciden en los derechos del debido proceso
(problemas de notificación, o de contabilización de plazos, que
incidan en el derecho de defensa, incumplimiento de requisitos
formales para que exista una sentencia válida, etc.).
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Se trata de supuestos en los que la vulneración se produce con ocasión de
una acción o una omisión proveniente de un órgano jurisdiccional, y que
no necesariamente está contenida en una resolución judicial, como sí
ocurre con los vicios de motivación.
8. En relación con los vicios de motivación o razonamiento (cfr. sentencias
y resoluciones expedidas en los Expedientes 00728-2008-PHC/TC,
fundamento 7, 03943-2006-PA/TC, fundamento 4; 06712-2005-PHC/TC,
fundamento 10, entre otras), este Colegiado ha precisado que solo le
compete controlar vicios de motivación o de razonamiento, en caso de
defectos de motivación, de insuficiencia en la motivación o de
motivación constitucionalmente deficitaria.
9. En relación con los defectos en la motivación, estos pueden ser
problemas de motivación interna, es decir, cuando la solución del caso no
se deduce de las premisas normativas o fácticas contenidas en la
resolución, o cuando la resolución analizada carece de alguna de estas
premisas necesarias para resolver; o de motivación externa, esto es,
cuando se han utilizado indebida o injustificadamente premisas
normativas (por ejemplo, si se aplican disposiciones
inconstitucionalmente interpretadas o que ya no se encuentran vigentes o
que nunca formaron parte del ordenamiento jurídico) o fácticas (por
ejemplo, la resolución se sustenta en pruebas prohibidas) (cfr. sentencia
emitida en el Expediente 00728-2008-HC/TC, fundamento 7, literales b y
c).
10. Ahora bien, con respecto a los problemas de motivación externa, cabe
precisar que, tal como se afirma en copiosa y uniforme jurisprudencia de
este Tribunal, la judicatura constitucional no puede avocarse, so pretexto
de revisar un asunto relacionado con las premisas normativas o fácticas, a
conocer de asuntos de carácter puramente ordinario o legal (por ejemplo:
esclareciendo cuál es la interpretación legal más idónea para el caso
ordinario, en qué sentido deben valorarse las pruebas válidamente
obtenidas o cuál es la calificación jurídica adecuada que correspondería
con base en la ley). No obstante, no pierde competencia para
pronunciarse respecto de aspectos que tienen relevancia constitucional.
Entre estos supuestos en los que la judicatura constitucional se encuentra
habilitada para pronunciarse respecto de la motivación externa se
encuentra, a modo de ejemplo, la existencia de errores o déficits de
derecho fundamental, así como frente a infracciones de otros contenidos
de carácter constitucional, como es el caso de, por ejemplo,
cuestionamientos a resoluciones por haber infringido la Constitución en
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tanto “fuente de fuentes” del ordenamiento jurídico, de cuestionamientos
cuando en el ámbito jurisdiccional ordinario se haya ejercido el control
difuso indebidamente, o cuando se alegue la aplicación o interpretación
indebida de principios constitucionales o garantías institucionales, entre
otras posibilidades. De este modo, a la vez que, conforme al criterio de
corrección funcional se respetan los fueros propios de la judicatura
ordinaria, el Tribunal no admite la existencia de zonas exentas de control
constitucional.
11. Respecto a la insuficiencia en la motivación (motivación inexistente,
aparente, insuficiente, incongruente o fraudulenta) esta puede referirse,
por ejemplo, a supuestos en los que las resoluciones analizadas carecen
de una fundamentación mínima y solo se pretende cumplir formalmente
con el deber de motivar; cuando se presenta una justificación que tiene
apariencia de correcta o suficiente, pero que incurre en vicios de
razonamiento; cuando esta carece de una argumentación suficiente para
justificar lo que resuelve (que incluye aquellos casos en los que se
necesita de una motivación cualificada y esta no existe en la resolución);
o cuando lo resuelto no tiene relación alguna con lo contenido en el
expediente o lo señalado por las partes; entre otros supuestos (cfr.
sentencias emitidas en los Expedientes 00728-2008-PHC/TC,
fundamento 7, a, d, e y f; 00009-2008-PA/TC, entre algunas).
12. Sobre la motivación constitucionalmente deficitaria, esta hace referencia
a trasgresiones al contenido protegido de los derechos fundamentales,
ante supuestos de: (1) errores de exclusión de derecho fundamental, es
decir, si no se tuvo en cuenta un derecho que debió considerarse; (2)
errores en la delimitación del derecho fundamental, pues al derecho se le
atribuyó un contenido mayor o menor al que constitucionalmente le
correspondía, y (3) errores en la aplicación del principio de
proporcionalidad al analizar un conflicto entre derechos (cfr. resoluciones
expedidas en loa Expedientes 00649-2013-PA/TC, 02126-2013-PA/TC,
entre otras).
Asimismo, para todos los supuestos glosados se requiere de la concurrencia
conjunta de los siguientes presupuestos:
a) Que la violación del derecho fundamental haya sido alegada
oportunamente al interior del proceso subyacente, cuando hubiera sido
posible;
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b) Que el pronunciamiento de la judicatura constitucional no pretenda
subrogar a la judicatura ordinaria en sus competencias exclusivas y
excluyentes, haciendo las veces de una “cuarta instancia”; y
c) Que la resolución judicial violatoria del derecho fundamental cumpla
con el principio de definitividad, es decir, que el demandante haya
agotado todos los mecanismos previstos en la ley para cuestionarla al
interior del proceso subyacente.
Sobre la imposibilidad de la jurisdicción constitucional de analizar
aspectos que son propios de la jurisdicción penal
13. En un extremo de la demanda, se aduce que se consideró que el
favorecido y sus coimputados concertaron para poner a disposición de la
organización criminal la administración de cada una de las
municipalidades, pero no se fundamentó en cuál de los supuestos del
artículo 317 del Código Penal se subsumió su conducta; que se debió
considerar cómo los mandos medios direccionaron los procesos de
selección; que no se citó elemento de convicción alguno que lo sustente y
que sostenga que el favorecido haya participado en los hechos ni se
motivó sobre su conducta típica; que se consideró tres a más personas
para que exista la pluralidad de agentes; que se debió desarrollar cómo el
favorecido tuvo comunicación con los demás miembros de la
organización, pues solo se consideraron tres interceptaciones telefónicas;
que solo se debió considerar la Licitación 003-2019-MDA-LA/A; que no
se transcribió algún audio de interceptación; que pese a que la norma
legal y la jurisprudencia exigen que, al ser un delito de infracción del
deber, exista un proceso de selección que le haya sido confiado por razón
de su cargo, como alcalde no tuvo esa comisión especial; que respecto a
los elementos de convicción solo se le vinculó al favorecido en actos de
corrupción respecto a la Licitación 003-2019-MDA-LA/A; que se
consideraron como elementos de convicción los registros de
comunicación 07476R48 y 07481299; y que se debió considerar el
Acuerdo Plenario 01-2017-SPN y la Casación 661-2016-Piura.
14. Así, este Tribunal Constitucional aprecia que se cuestionan asuntos que
no corresponde resolver en la vía constitucional, tales como la
revaloración de las pruebas y su suficiencia, la apreciación de hechos, la
subsunción de conductas en determinados tipos penales y la aplicación de
un acuerdo plenario y de una casación al caso concreto. Por consiguiente,
en este extremo resulta de aplicación el artículo 7, inciso 1 del Nuevo
Código Procesal Constitucional.
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Sobre la alegada afectación del principio de congruencia
15. De otro lado, respecto al principio de congruencia recursal, este Tribunal
ha establecido que dicho principio procesal forma parte del contenido
constitucionalmente protegido del derecho a la motivación de las
decisiones judiciales (sentencia emitida en el Expediente 08327-2005-
AA/TC, fundamento 5), y garantiza que el juzgador resuelva cada caso
concreto sin omitir, alterar o exceder las pretensiones formuladas por las
partes.
16. En el presente caso, este Tribunal aprecia que el considerando séptimo
“ANÁLISIS DE LOS RECURSOS IMPUGNATORIOS” del auto de
vista, Resolución 79, de fecha 10 de marzo de 2021, se pronunció
respecto a cada uno de los agravios contenidos en el recurso de apelación
interpuesto por el favorecido contra la Resolución 55, de fecha 20 de
enero de 2021, corregida por la Resolución 57, de fecha 22 de enero de
2021. En efecto, en la resolución se lee lo siguiente:
(…) De la revisión de la resolución cuestionada, se advierte de folios 2 al 12
la relación de hechos que sustenta el requerimiento fiscal respecto al delito de
organización criminal y de colusión agravada; disgregando el elementos
personal, temporal, teleológico, funcional y estructural respecto a la
participación de cada uno de los investigados dentro de la presunta
organización criminal, incluido el apelante Edwin Ramírez Miranda, respecto
al primer delito; además del segundo delito de colusión agravada; que como
se ve, los cargos imputados en el presente tramite de prisión preventiva son
concretos que cumplen las exigencias de carácter sustancial y procesal de los
delitos investigados; y que como se tiene sostenido, esta imputación tiene el
carácter de provisional y no definitivo (solo la sentencia firme tiene esta
característica) que puede mutar de acuerdo al desarrollo de las
investigaciones; se trata de probabilidades delictivas y no de certeza, ésta - la
certeza sólo acontecerá en la sentencia firme.
En este sentido se imputó a Edwin Ramírez Miranda, como Alcalde la
Municipalidad Distrital de Anco, entre otros alcaldes, poner a disposición de
la organización de los mandos medios de la entidad municipalidad del que es
Alcalde, el direccionamiento de los procesos de selección, colocando como
funcionarios administrativos en puestos claves en el interior de la
municipalidad, quienes coordinaban con los terceros-extraneus; con el
carácter de estable desde el año 2015, al que se fueron sumando los alcaldes
elegidos para el período 2019-2022 — incluido el apelante; quienes
concertaban telefónicamente para los fines precisados, siempre alrededor de
Adriel Antero Valenzuela Pillihuamán y Yusi Socualaya Lara; quienes
determinaban la obra, buscaban presupuesto y se asignaban las obras;
posición fáctica que ha sido sustentado por el representante del Ministerio
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Público, acogido por la Jueza, con los elementos de convicción que se ha
señalado.
Con esta determinación fáctica, no se atentó el deber de imputación
necesaria, porque se ha cumplido con subsumir provisoriamente los hechos
en la estructura del artículo 317 del Código Penal.
- En cuanto el apelante alega que Adriel Valenzuela no obtuvo presupuesto
para alguna obra en la Municipalidad Distrital de Anco; esta inferencia viene
a ser una deducción del apelante desde su punto de vista defensivo, que con
ella no cuestiona argumento alguno de la resolución apelada. Pero la
magistrada dejó constancia que Edwin Ramírez Miranda conoció a Adriel
Antero Valenzuela Pillihuamán, quien trabajó en la Municipalidad Distrital
de Anco como Asesor de gestión; que en la Licitación Pública N° 003-2019-
MDA-LA/A se adjudicó la buena pro al CONSORCIO ARES, integrada por
CHV INGENIEROS CONTATISTAS GENERALES SAC y EFRAÍN
JUAREZ CORONADO; consorcio investigado en el presente cuaderno; lo
que se corroboraría con el registro de comunicación N° 07476848,
conversación interceptada entre "Adriel" y "Doctito", donde acordaban
reunirse; con el registro de comunicación N° 07481299, entre las mismas
personas, que conversaban para efectivizar una reunión; del que infiere el
señor Fiscal, que Adriel Antero Valenzuela Pillihuamán se estaría
contactando con el Alcalde, Edwin Ramírez Miranda, para llevar a cabo un
acuerdo colusorio.
Igualmente, con el registro de comunicación N° 06806943, donde se
interceptó la comunicación entre "Adriel", "Inge" y "Edwin", quienes habrían
acordado una reunión respecto a la adjudicación de obras convocadas por la
Municipalidad de Anco; que en el año 2019 se adjudicó una obra a la persona
de "Inge", Rolando Bellido Aedo, por la suma de S/. 6'19I,402.91; que Adriel
Antero Valenzuela Pillihuamán sería el intermediario entre el referido "Inge"
y Edwin Ramírez Miranda.
Igualmente, en cuanto a los actos colusorios de los mandos medios de la
Municipalidad Distrital de Anco, el apelante sostiene que debió pronunciase
sobre estos temas en la recurrida; sin embargo, el apelante no tuvo en cuenta
la conclusión judicial de folios 23, donde la magistrada dejó constancia de la
existencia de un acuerdo colusorio entre los imputados Adriel Anteró
Valenzuela Pillihuamán, Yusi Socualaya Lara, Carlos Hugo Hinostroza
Huaccahi, Effaín Juárez Coronado, con los funcionarios públicos Edwin
Ramírez Miranda, en su condición de alcalde, quien tenía la relación directa
con dichos extraneus, conjuntamente con Wilber Bellido Cerda, Gerente
Municipal, quien además fue personal de confianza de Adriel Antero
Valenzuela Pillihuamán, para la adjudicación de la Licitación N° 003-2ÓI9-
MDALA/A y luego haberse otorgado la buena pro al CONSORCIO ARES.
Téngase presente que la magistrada no ha sostenido acuerdo colusorio entre
extraneus, sino entre los funcionarios públicos de la entidad municipal
aludida y los terceros.
En cuanto hace referencia a la elaboración de los términos de referencia,
bases administrativas y la entrega de la clave de acceso al SEACE están
referidas a otras municipalidades.
-Respecto a los fundamentos fácticos que tienen relación con la estructura
típica del delito de organización criminal que según el apelante no ha sido
cumplido; este Colegiado, ya hizo referencia precedentemente, precisando
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que la magistrada sí los ha cumplido con sustentar, conforme se tiene de
folios 2 al 10 de la recurrida.
-El apelante cuestiona la falta de elementos de convicción que vinculen al
apelante Edwin Ramírez Miranda con la organización criminal; frente a este
extremo apelado, la fiscalía postuló - que fue admitido por el órgano judicial,
que Edwin Ramírez Miranda en su condición de Alcalde Distrital de Anco y
otros alcaldes habrían puesto a disposición de la presunta Organización
Criminal la administración de cada una de las municipalidades que ellos
representan, concertando con los demás miembros de la organización; que los
funcionarios y servidores públicos (hace una relación de funcionarios
públicos de las distintas municipalidades), entre ellos Wilmer Bellido Cerda,
Gerente Municipal de la Municipalidad Distrital de Anco- La Mar, serían los
encargados de realizar las gestiones para lograr los diversos presupuestos
tramitados por las diferentes municipalidades, contando con el apoyo del
funcionario público César Alfredo Zárate Rüiz en su condición de
Coordinador de actividades del Ministerio de Vivienda, que se habrían
concertado con los interesados Adriel Antero Valenzuela Pillihuamán y
Efraín Juárez Coronado (persona natural); Félix Cabrera Gutiérrez (persona
natural); Empresa CHV Contratistas Generales representado por Hugo Carlos
Hinostroza Huacachi, Empresa Hidroconsulting representado por Mario
Ochoa Janampa; Empresa Bragio Contratistas Generales representado por
Giovana Quispe Yupanqui (esposa de Efraín Juárez Coronado), Williams
Jorge Cóndor Verástegui; Claudia Cáceres Saez, representante de la empresa
"ICOMAQ S.A.C" y esposa de Félix Cabrera Gutiérrez; y direccionar el
otorgamiento de la buena pro a estas empresas; direccionando los términos de
referencia y las bases administrativas únicamente a las empresas afines de la
organización, además de las empresas allegadas; y, como lo sostiene el señor
Fiscal Superior en audiencia virtual de apelación de auto, frente a esta
imputación no se puede esperar que un solo elemento de convicción
analizado en forma individual pueda vincular a uno de los imputados, sino
que debe ser verificado en forma conjunta cada uno de ellos, que para el caso
de autos son el otorgamiento de la buena pro, las comunicaciones telefónicas
interceptadas, entre ellas las tres comunicaciones interceptadas Nro.
07476848, N° 07481299 y N° 0686943, cuyo contenido debería ser
interpretado tomando como base el otorgamiento de la buena pro de la oba de
la entidad edil; a lo que se agrega los números de celular hallados en su
registro de contactos al investigado Edwin Ramírez Miranda, respecto de los
otros imputados.
- Con relación a la valoración de los elementos de convicción, el apelante
precisa que se debió interpretar únicamente los que corresponden a él y no
los que están referidos a la municipalidad Distrital de Acocro; posición que
no corresponde al acto apelado, en razón a que la pretensión fiscal fáctica no
está referida a resaltar una actuación ilícita del apelante en forma individual
únicamente, sino en forma conjunta por las coordinaciones efectuadas entre
los funcionarios públicos y los extraneus; por tanto, los elementos de
convicción también deben ser evaluados en forma amplia y no restringida;
toda vez — conforme ya se sostuvo que la fiscalía imputó que los alcaldes -
incluye el apelante - han puesto a disposición de la organización criminal los
actos funcionariales de cada municipalidad para organizar proyectos de
obras, gestionar su financiamiento y adjudicar las mismas a sus integrantes
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extraneus; razón por la que la posición judicial en el tema apelado
corresponde al requerimiento fiscal.
En cuanto al registro de interceptación de comunicaciones, éstas deben ser
interpretadas en sentido contextual y no individual, porque se trata de una
organización compleja y no simple, cuyos elementos de convicción deben ser
interpretados en forma amplia.
El apelante, sostuvo que no fue valorado el contra elemento: el contrato
celebrado con Adriel Valenzuela Pillihuamán para que trabaje al interior de
la Municipalidad Distrital de Anco, como Asesor de Gestión; la magistrada sí
ha efectuado su análisis conforme se tiene de folios 21 de la recurrida,
resaltando esta relación contractual, sostuvo que la labor de esta persona era
la de presentar documentos, informes, solicitudes, hacer seguimientos, en la
ciudad de Lima; que correspondería a los fines y objetivos de la organización
criminal que se le viene investigando. Pero el apelante no sostiene cuál es el
agravio que le produce esta apreciación judicial.
En todo caso, si tenemos en cuenta las orientaciones jurisprudenciales citadas
precedentemente; así como, que la finalidad de los "arraigos" es sujetar al
investigado al proceso a efectos de que éste concluya satisfactoriamente; y,
que lo señalado por el artículo 269 del Código Procesal Penal son
orientaciones para calificar el peligro de fuga y no presupuestos procesales;
entonces, los arraigos aludidos por el apelante no son suficientes para
decretar una medida cautelar personal menos gravosa que la prisión
preventiva (si se tendría en cuenta, por ejemplo, además el arraigo
patrimonial, el arraigo social, entre otros), porque no se tiene garantizado que
el investigado se quedará asentado en el lugar de los arraigos que señala y
someterse voluntariamente al proceso por encontrarse el peligro fuga latente
por los delitos que se investiga y por la gravedad de la pena. Este Colegiado
reproduce su posición establecida en el ítem "7.8.1.5" y "7.4.5" de la presente
resolución. En cuanto a la proporcionalidad de la medida, sub principio de
idoneidad, la magistrada ha tenido presente la posición del Tribunal
Constitucional, la propuesta fiscal y la exposición de los defensores de los
imputados; concluyendo porque la finalidad perseguida es la investigación,
persecución y sanción de los hechos acontecidos en el delito materia de
investigación; así como la sujeción de los investigados al proceso; siendo la
prisión preventiva una medida que tiende a viabilizar ese fin procesal de
permanencia de los investigados en sujeción al proceso penal a quienes se les
imputa delitos graves; entonces resulta idónea, porque estos hechos tienen
trascendencia social evidente por la calidad de funcionarios públicos de
algunos de ellos, lo que hace racional la medida que se dispone y porque es la
única que puede asegurar el fin del proceso judicial y de una posible
ejecución de sentencia.
Como se verá, la posición judicial no es abstracta, sino suficiente y necesaria
y adecuada para determinar este sub principio — idoneidad; además, no se
basó o sustentó en hacer referencias a las etapas procesales, sino que justificó
la sujeción de los investigados al proceso.
- Igualmente, en lo referente a la proporcionalidad en sentido estricto, el
apelante ha precisado que la Jueza no ha señalado como es que operaría la
ponderación de valores si los imputados salen en libertad; lo que tampoco
resulta arreglado a la resolución apelada, en razón a que la magistrada entre
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folios 34 y 35 de la recurrida ha sustentado que esta encuentra justificación
— la prisión preventiva — en la satisfacción del interés en la investigación
para el esclarecimiento de los hechos de persecución punitiva que tiene a su
cargo el Ministerio Publico, más aún cuando ha cumplido los presupuestos de
la prisión preventiva; en otras palabras, lo que la magistrada ha sustentado es
la sujeción de los investigados al proceso, porque en ella se investiga un
hecho grave reñido por la sociedad, al que deben estar sujetos sin que se
perturbe la actividad procesal y para asegurar una posible ejecución de la
pena, de ser el caso y que no existe la posibilidad de que afronte el proceso
en libertad; al cual los investigados deben asistir en sujeción extrema al
proceso.
Todas estas razones, nos impulsan a sostener porque la pretensión
nulidificante del apelante no encuentra correspondencia con los extremos de
la resolución recurrida, porque en ella la magistrada ha cumplido con
justificar adecuadamente la pretensión fiscal; si bien, en forma concreta, pero
abarcando todos los preceptos procesales necesarios que permite disponer la
prisión preventiva, brevedad del argumento que no descalifica la posición
argumentativa judicial (…).
17. Asimismo, también en el referido considerando séptimo “ANÁLISIS DE
LOS RECURSOS IMPUGNATORIOS” del auto de vista, Resolución
79, continúa el pronunciamiento respecto de cada uno de los agravios
contenidos en el recurso de apelación interpuesto por el favorecido contra
la Resolución 55, corregida por la Resolución 57, en los términos
siguientes:
(…) En cuanto a la pretensión subordinada de revocatoria, el apelante ha
reiterado los argumentos que han servido para solicitar la nulidad de la
recurrida, que ya fueron objeto de respuesta por este Colegiado; sin embargo,
debe precisase además lo siguiente:
- El Ministerio Público en el requerimiento de prisión preventiva no ha
postulado que el apelante Edwin Ramírez Miranda haya sido el funcionario
que tuvo la decisión en la selección y aprobación en la compra de bienes;
sino que dicho imputado en su condición de Alcalde de la Municipalidad
Distrital de Anco, así como otros alcaldes que se precisan en el requerimiento
de prisión preventiva, en coordinación con los funcionarios y servidores
públicos como Wilber Bellido Cerda, entre otros, han servido en la ejecución
de los actos colusorios a nivel de una organización criminal, determinando
obras, disponiendo su viabilidad y presupuesto, además de asignarse entre el
mismo grupo las obras para su ejecución; de lo que se infiere que el imputado
apelante, sería uno de los funcionarios públicos, que en compañía de otros de
la misma Municipalidad del que era alcalde, coordinaban con los terceros
para la determinación y ejecución de obras; toda esa ejecución con la
dirección de Adriel Antero Valenzuela Pillihuamán; además la magistrada ha
señalado que conforme a la interceptación telefónica N° 06806943 habría un
acuerdo entre "Inge", "Adriel" y "Edwin" a fin de concertar una reunión a fin
de concertar una reunión respecto a la adjudicación de obras.
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18. Así las cosas, se aprecia que la Resolución 79 se ocupó de cada uno de
los aspectos que fueron planteados en el recurso de apelación que el
procesado interpuso contra la Resolución 55, corregida por la Resolución
57. Cuestión distinta es que, con base en la argumentación desarrollada
por la jurisdicción ordinaria, no se haya acogido ninguno de tales
planteamientos. No existe, pues, violación del principio de congruencia.
19. Por lo demás, debe recordarse que este Tribunal ha dejado sentado en su
jurisprudencia lo siguiente:
La Constitución no garantiza una determinada extensión de la motivación.
[S]u contenido esencial se respeta siempre que exista fundamentación
jurídica, congruencia entre lo pedido y lo resuelto y, por sí misma, exprese
una suficiente justificación de la decisión adoptada, aun si esta es breve o
concisa, o se presenta el supuesto de motivación por remisión. Tampoco
garantiza que, de manera pormenorizada, todas las alegaciones que las partes
puedan formular dentro del proceso sean objeto de un pronunciamiento
expreso y detallado (...) (cfr. Sentencia recaída en el Expediente 01230-2002-
PHC/TC, fundamento 11).
20. Esto es así en tanto hay grados de motivación, pues la motivación
ausente resulta inconstitucional; sin embargo, la fundamentación jurídica
que presente una suficiente justificación que sustente lo resuelto no
resulta inconstitucional, lo que debe ser apreciado en el caso en particular
(cfr. sentencia recaída en el Expediente 02004-2010-PHC/TC,
fundamento 5). En la misma línea, este Tribunal también ha expresado:
El derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales es una
garantía del justiciable frente a la arbitrariedad judicial y garantiza que las
resoluciones no se encuentren justificadas en el mero capricho de los
magistrados, sino en datos objetivos que proporciona el ordenamiento
jurídico o los que se derivan del caso. Sin embargo, no todo ni cualquier error
en el que eventualmente incurra una resolución judicial constituye
automáticamente la violación del contenido constitucionalmente protegido
del derecho a la motivación de las resoluciones judiciales (cfr. sentencia
emitida en el Expediente 00728-2008-PHC/TC, fundamento 7).
Sobre la supuesta afectación del derecho a la debida motivación de las
resoluciones judiciales en relación con el peligro procesal
21. De otra parte, se cuestionan las resoluciones a través de las cuales los
órganos judiciales emplazados decretaron y confirmaron la medida de
prisión preventiva del favorecido, con el alegato de que habrían incurrido
en una indebida motivación, pues en relación con el peligro procesal no
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se justificó por qué la gravedad de la pena influiría en el favorecido para
que fugue; tampoco, cómo la existencia de una organización criminal es
un riesgo concreto para ello; que con relación a la conducta del
favorecido cuando se abstuvo de responder a la pregunta de si reconocía
su voz o no en los audios, ejerció su derecho a la no autoincriminación,
sin embargo, esto fue considerado como peligro de fuga; que se
consideró la pertenencia a una organización criminal, pero no se expuso
una sola razón o correlato fáctico de como en la realidad esos supuestos
operarían en cada uno de los procesados de forma individual; y que, en
definitiva, para la concurrencia del peligro procesal, solo se consideró la
gravedad de la pena y la magnitud del hecho investigado.
22. El literal c) del artículo 268 del Nuevo Código Procesal Penal (Decreto
Legislativo 957, modificado por la Ley 30076), aplicable al caso penal de
autos, establece que para el dictado de la medida cautelar de prisión
preventiva es necesario, entre otras condiciones, que los antecedentes del
imputado, y otras circunstancias del caso particular, permitan colegir
razonablemente que tratará de eludir la acción de la justicia (peligro de
fuga) u obstaculizar la averiguación de la verdad (peligro de
obstaculización).
23. Al respecto, el Tribunal Constitucional ha enfatizado, en la sentencia
emitida en el Expediente 01091-2002-PHC/TC, que la judicatura
constitucional no es competente para determinar la configuración de cada
presupuesto legal que legitima la adopción de la detención judicial
preventiva, lo cual es tarea que le concierne a la judicatura penal
ordinaria. Sin embargo, sí es su atribución verificar si estos presupuestos
concurren de manera simultánea y que su imposición sea acorde a los
fines y el carácter subsidiario y proporcional de dicha institución, lo que
debe estar motivado en la resolución judicial que la decreta.
24. El artículo 269 del Nuevo Código Procesal Penal también aplicable al
caso penal de autos, prevé que:
Para calificar el peligro de fuga, el juez tendrá en cuenta:
1. El arraigo en el país del imputado, determinado por el domicilio,
residencia habitual, asiento de la familia y de sus negocios o trabajo y las
facilidades para abandonar definitivamente el país o permanecer oculto;
2. La gravedad de la pena que se espera como resultado del procedimiento;
3. La magnitud del daño causado y la ausencia de una actitud voluntaria del
imputado para repararlo;
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4. El comportamiento del imputado durante el procedimiento o en otro
procedimiento anterior, en la medida que indique su voluntad de
someterse a la persecución penal; y
5. La pertenencia del imputado a una organización criminal o su
reintegración a las mismas.
25. En primer término, tal como sostiene el demandante, en el considerando
“VI.- PELIGRO PROCESAL” de la Resolución 55, de fecha 20 de enero
de 2021, corregida por la Resolución 57, de fecha 22 de enero de 2021,
se expuso que uno de los factores que permitirían fundamentar el peligro
procesal, era que ante la pregunta dirigida al favorecido sobre si
reconocía su voz en los audios supuestamente incriminatorios, este
decidió guardar silencio.
26. Aunque el derecho fundamental a guardar silencio en un proceso penal
no encuentra reconocimiento expreso en la Constitución, constituye una
manifestación implícita del derecho de defensa reconocido en el artículo
139, inciso 14, de la Norma Fundamental, y sí halla mención expresa en
el artículo 33, inciso 2, del Nuevo Código Procesal Constitucional, al
establecer que se encuentra protegido por el proceso de habeas corpus el
derecho a no ser obligado a declarar o reconocer culpabilidad contra sí
mismo.
27. De manera tal que, tratándose del ejercicio válido de un derecho
fundamental, el guardar silencio en un interrogatorio en modo alguno
puede ser considerado como parte de una conducta obstruccionista que
justifique el dictado de una prisión preventiva. Empero, por un lado, no
fue este el único elemento que fue tenido en consideración para
fundamentar el peligro procesal en el caso del beneficiario de esta acción,
y, por otro, la resolución de segunda instancia en el proceso ordinario
subyacente, ya se encargó de advertir y subsanar el error cometido por la
resolución de primera instancia, al referir que “el guardar silencio es
parte del ejercicio pleno de su derecho de defensa”. Por consiguiente,
este vicio de motivación fue subsanado en el propio proceso subyacente,
razón por el cual no existe mérito para efectuar su control en el presente
proceso de habeas corpus.
28. Ahora bien, tal como se ha indicado, este no fue el único factor que se
tuvo en consideración al momento de dictar la prisión preventiva contra
el procesado. La Resolución 55, de fecha 20 de enero de 2021, corregida
por la Resolución 57, de fecha 22 de enero de 2021, y la Resolución 79,
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que la confirmó, consideraron, en primer término, que la prognosis de la
gravedad de la pena a imponerse permitía vislumbrar riesgo de fuga.
29. Este Tribunal ha sostenido en reiterada jurisprudencia que la gravedad de
la pena no puede ser por sí sola un criterio que justifique el dictado de
una medida cautelar de prisión de preventiva, pues ello supondría
desvirtuar la presunción de inocencia y convertirla en presunción de
culpabilidad. En otras palabras, en tal escenario, el peligro procesal sería
subrogado por una suerte de peligro criminal.
30. No obstante, desde luego, dicho criterio sí puede ser utilizado como un
argumento a mayor abundamiento o concomitante con otros, tal como, en
efecto, lo permite el citado artículo 269 del Nuevo Código Procesal
Penal.
31. Y ello es justamente lo que ha tenido lugar en el proceso penal seguido
contra el recurrente, pues el elemento adicional y determinante que se ha
tenido en consideración para justificar el dictado de la presión preventiva
en su contra es su supuesta pertenencia a una organización criminal, las
características de esta y su posición dentro de la supuesta organización.
32. En efecto, debe tenerse en consideración que el proceso seguido contra el
recurrente es con motivo de su condición de alcalde de la Municipalidad
de Anco, cuyo período de gestión se encuentra aún vigente. En el proceso
se encuentran como coinculpados cuando menos otros tres alcaldes
distritales de la provincia ayacuchana de Huamanga, que se encuentran
en la misma condición, además de diversos ex servidores municipales y
empresarios, acusados de organización criminal y colusión, por
supuestamente haber incurrido en una diversidad de ilicitudes con el
objeto de otorgar irregularmente la buena pro en diversas licitaciones,
previamente concertadas.
33. Así las cosas, dadas las particularidades del caso, los elementos de
convicción ventilados en la causa, la gravedad de la acusación y la
posición de ventaja y de dominio en que quedaría situado el recurrente
dentro de la administración pública en caso de recuperar la libertad,
permite advertir un riesgo objetivo de perturbación de la actividad
probatoria como parte del peligro procesal, tal como ha sido señalado en
las resoluciones cuestionadas (a fojas 273 y ss.; a fojas 346 y ss.; y a
fojas 3384 y ss.).
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34. Por consiguiente, el peligro procesal se encuentra debidamente motivado.
Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le
confiere la Constitución Política del Perú,
HA RESUELTO
1. Declarar IMPROCEDENTE la demanda respecto a lo expuesto en los
fundamentos 13 y 14, supra.
2. Declarar INFUNDADA la demanda en lo que se refiere a la vulneración
del principio de congruencia recursal y del derecho a la debida
motivación de las resoluciones judiciales.
Publíquese y notifíquese.
SS.
FERRERO COSTA
MORALES SARAVIA
DOMÍNGUEZ HARO
PACHECO ZERGA
MONTEAGUDO VALDEZ
PONENTE MONTEAGUDO VALDEZ
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FUNDAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO DOMÍGUEZ HARO
Con el debido respeto por la muy respetable opinión de mis honorables colegas
magistrados, emito el presente fundamento de voto, en tanto no suscribo
algunas ideas expuestas en la ponencia. Por tal motivo, considero oportuno
apartarme de las mismas por las razones que a continuación expongo:
1. En primer lugar, juzgo necesario precisar que si bien la Resolución 57
corrigió la Resolución 55; lo corregido no alude al favorecido —don Edwin
Ramírez Miranda— sino a los otros coprocesados de la causa penal
subyacente, conforme se advierte de la parte resolutiva de la Resolución 57
que se reproduce a continuación:
1) CORREGIR la resolución número CINCUENTICINCO de fecha veinte de
enero del año dos mil veintiuno descargada en el Sistema Integrado Judicial en
el cuaderno N° 2083-2019-97-0501-JR-PE-07, debiendo consignarse
correctamente en el extremo de las reglas de conducta del numeral 3) de la parte
Resolutiva f) el pago de 5,000 nuevos soles por concepto de caución que
abonaran los procesados GIOVANA QUISPE YUPANQUI Y FÉLIX
CABRERA GUTIÉRREZ, dentro del término de tres días hábiles, en caso de
incumplimiento de estas reglas se revocará la medida y se dictará mandato de
prisión preventiva"
Quedando incólume la resolución en lo demás que lo contiene.
2. En tal sentido, considero que no resulta correcto hacer alusión a la
Resolución 57. Siendo ello así, esta última no merece ser sometida a
escrutinio constitucional.
3. En segundo lugar, considero necesario apartarme de lo señalado en el
fundamento 4 en el que se indica lo siguiente:
[…] este Tribunal ha indicado que a través de los procesos de amparo o
habeas corpus contra resoluciones judiciales pueden cuestionarse decisiones
judiciales que vulneren de forma directa, no solamente los derechos
indicados en el referido artículo 9 del nuevo Código Procesal Constitucional
vigente, sino cualquier derecho fundamental, considerando que la
“irregularidad” de una resolución judicial, que habilita a presentar un
amparo o habeas corpus contra resolución judicial conforme a la
Constitución, se produciría “cada vez que ésta se expida con violación de
cualquier derecho fundamental” (Cfr. resolución emitida en el Expediente
03179-2004-AA/TC, fundamento 14).
4. Pues bien, lo plasmado en ese fundamento no es exacto. Para empezar, la
sentencia dictada en el Expediente 03179-2004-AA/TC solamente hace
referencia al proceso de amparo y no al proceso de hábeas corpus debido a
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que la procedencia de este último se encuentra subordinada a que se
encuentre comprometido el derecho fundamental a la libertad individual. En
efecto, en ese pronunciamiento solo se desarrollaron los siguientes
subtemas: [i] El amparo contra resoluciones judiciales y el derecho a la
tutela procesal [fundamentos 5 a 7]; [ii] Constitución y ámbito de
protección del amparo [fundamentos 8 a 14]; [iii] Constitución y eficacia
vertical de los derechos fundamentales; [fundamentos 15 a 21]; [iv] Canon
para el control constitucional de las resoluciones judiciales [fundamentos 22
a 24]; y, [v] Alegación de violación del derecho de propiedad mediante una
resolución judicial [fundamentos 25 a 28]. Es más, en el primer párrafo
fundamento 12 de dicha sentencia se indicó expresamente lo siguiente:
[…] la determinación de la competencia ratione materiae del proceso de
amparo no sólo puede realizarse a partir de la dicción literal de la disposición
que lo crea y de la remisión que ésta pueda hacer hacia otra disposición
constitucional. Una interpretación sistemática con el inciso 1) del artículo 200,
por exigencias del principio de unidad de la Constitución, necesariamente
tiene que terminar con excluir también a los derechos protegidos por el
proceso de hábeas corpus; es decir, a la libertad individual y a los derechos
conexos a él (enunciados, por otra parte, en el artículo 25 del Código Procesal
Constitucional).
5. Además, el fundamento del cual me aparto omite tener en consideración que
tanto la Constitución —numeral 1 del artículo 200— como el Nuevo Código
Procesal Constitucional —artículo 33—, exigen que la evaluación de
cualquier derecho fundamental distinto de la libertad individual en el marco
de un proceso de hábeas corpus se encuentra supeditada a que la agresión
denunciada como lesiva comprometa, de modo conexo, el derecho
fundamental a la libertad individual. Precisamente por ese motivo, en el
segundo párrafo del fundamento 12 de la citada sentencia se indicó lo
siguiente:
[…] el diseño constitucional de los derechos protegidos por el proceso de
amparo, bien puede caracterizarse por tener un carácter totalizador, esto es,
comprender residualmente la protección de todos los derechos constitucionales
no protegidos por los otros procesos de tutela de los derechos fundamentales
(hábeas corpus y hábeas data).
6. Por todo ello, estimo que en el proceso de hábeas corpus, y a diferencia de
lo que ocurre en un proceso de amparo, la emisión de pronunciamiento de
fondo respecto de cualquier derecho fundamental distinto del derecho
fundamental a la libertad individual necesariamente requiere que la agresión
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iusfundamental denunciada como lesiva comprometa, concurrentemente, el
derecho fundamental a la libertad individual. De lo contrario, la demanda de
hábeas corpus resultará inexorablemente improcedente.
7. En tercer lugar, también me aparto de los fundamentos 5, 6, 7 y 8, porque,
por un lado, considero que son impertinentes para la dilucidación de la litis,
y, por otro lado, juzgo que son altamente discutibles. Me refiero
puntualmente a: [i] la distinción entre vicios de proceso o procedimiento y
los vicios de motivación o razonamiento, y, [ii] asimilar a la “firmeza”
como “definitividad” contrariando la postura de este Tribunal
Constitucional sobre el particular.
8. En relación a la distinción entre vicios de proceso o procedimiento y vicios
de motivación o razonamiento, opino que la ponencia ha omitido tomar en
consideración que, en lo que respecta a los vicios de proceso o
procedimiento, la procedencia del proceso de amparo y del proceso del
hábeas corpus se encuentra subordinada al cumplimiento del requisito de
firmeza que, en la práctica, es una vía previa judicial. Por ende, la
evaluación de cualquier vicio de proceso o procedimiento no puede
realizarse al margen del vicio de motivación o razonamiento
9. Al respecto, conviene recordar que la jurisprudencia de este Tribunal
Constitucional ha definido a la resolución firme “a aquella contra la que se
ha agotado los recursos previstos por la ley procesal de la materia” [cfr.
fundamento 5 de la sentencia emitida en el Expediente 4107-2004-
PHC/TC]. Por tal motivo, la procedencia de la demanda de amparo y hábeas
corpus presupone que el afectado cuestione, al interior del proceso, la
actuación u omisión que, a su criterio, menoscaba algún derecho
fundamental, salvo que el afectado acredite encontrarse inmerso en alguna
circunstancia excepcional que lo exceptúe del cumplimiento del
mencionado requisito de procedencia de la demanda.
10. Así pues, y por citar un ejemplo, el cuestionamiento de una eventual
vulneración del derecho fundamental a la defensa en sede constitucional
exige que la misma hubiera sido cuestionada intraprocesalmente a través
del mecanismo establecido en la ley procesal de la materia, que, en este
caso, sería mediante la nulidad, la que conforme a lo regulado en el tercer
párrafo del artículo 172 del Código Procesal Civil, debe ser deducida en la
primera oportunidad que se tenga para hacerlo, a fin de que no opere la
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convalidación. Por dicha razón, lo que se evaluará, en sede constitucional,
es la alegada violación concurrente del derecho fundamental a la defensa y
del derecho fundamental a la motivación de las resoluciones judiciales. No
resulta viable, entonces, evaluar la denunciada indefensión de modo aislado
o al margen de la fundamentación brindada para desestimar la eventual
nulidad que justificar la desestimación de la nulidad que se dedujo.
11. Otra razón por la que me aparto de los mencionados fundamentos radica en
lo siguiente: la utilización del término “definitividad” en lugar de “firmeza”
como si fueran sinónimos, no ha tomado en consideración lo señalado por
este Tribunal Constitucional en el fundamento 10 de la sentencia 01209-
2006-PA/TC que expresamente indicó:
[…] una cosa es que una decisión tenga el carácter de firme por que es
inatacable mediante los recursos procesales previstos, y otra que la misma sea
inmutable o "inalterable" porque sea una decisión jurisdiccional definitiva. La
confusión de conceptos lleva a las instancias judiciales a la errónea
interpretación de que cuando estamos frente a decisiones producidas en el
trámite de medidas cautelares, como éstas no son "inmutables" (pues siempre
existe la posibilidad de su variabilidad por tratarse de medidas provisionales),
ergo no cabe su control a través del proceso de amparo, ya que conforme al
artículo 4° del Código Procesal Constitucional, para que ello suceda debe
tratarse de "resoluciones judiciales firmes". La categoría de resolución firme,
debe ser comprendida al margen del trámite integral del proceso, pues ello
permite que incluso un auto, y no sólo la sentencia que pone fin al proceso,
puedan merecer control por parte del Juez Constitucional. La condición es, en
todo caso, que su trámite autónomo (y la medida cautelar tiene una
tramitación autónoma) haya generado una decisión firme, esto es, una
situación procesal en la que ya no es posible hacer prosperar ningún otro
recurso o remedio procesal que logre revertir la situación denunciada.
12. Consecuentemente, considero que no es correcto utilizar ambos términos
como si fuera sinónimos, pues no lo son.
13. En cuarto lugar, también me aparto del fundamento 23 de la ponencia, que
señala lo siguiente:
23. Al respecto, el Tribunal Constitucional ha enfatizado, en la sentencia emitida
en el Expediente 01091-2002-PHC/TC, que la judicatura constitucional no es
competente para determinar la configuración de cada presupuesto legal que
legitima la adopción de la detención judicial preventiva, lo cual es tarea que le
concierne a la judicatura penal ordinaria. Sin embargo, sí es su atribución
verificar si estos presupuestos concurren de manera simultánea y que su
imposición sea acorde a los fines y el carácter subsidiario y proporcional de
dicha institución, lo que debe estar motivado en la resolución judicial que la
decreta.
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14. Al respecto, debo precisar que, aunque no existen islas exentas del control
constitucional, la verificación del cumplimiento concurrente de los
presupuestos para dictar una detención judicial preventiva es un asunto que
compete en forma exclusiva y excluyente a la judicatura penal ordinaria,
salvo que al decretar dicha medida se hubiera comprometido el contenido
constitucionalmente protegido de algún derecho fundamental, en cuyo caso
se abren las puertas de la judicatura constitucional para dejar sin efecto
aquella transgresión constitucional.
15. Sin perjuicio de lo anterior, coincido con mis colegas en que lo relacionado
al peligro procesal cuenta con una fundamentación que, al fin y al cabo,
justifica, de modo suficiente, la necesidad de que se dicte una medida de
prisión preventiva en contra del favorecido, en tanto no es cierto que el
peligro procesal hubiera sido fundamentado únicamente en la gravedad de la
pena.
16. En quinto lugar, y para concluir, considero pertinente precisar que “el
derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse
culpable” ha sido normado expresamente literal “g” del numeral 2 del
artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Del
mismo modo, el literal “g” del numeral 3 del artículo 14 del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos dispone que: “Durante el
proceso, toda persona acusada de un delito tendrá derecho, en plena
igualdad, a las siguientes garantías mínimas: […] A no ser obligada a
declarar contra sí misma ni a confesarse culpable". Ambos tratados forman
parte de nuestro Derecho nacional conforme a lo contemplado en el artículo
55 de la Constitución. No es exacto, entonces, que sea una manifestación del
derecho fundamental a la defensa.
Sr.
DOMÍNGUEZ HARO
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VOTO SINGULAR DEL MAGISTRADO GUTIÉRREZ TICSE
Con el debido respeto por la opinión de mi colega ponente, en el presente caso
emito un voto singular, el mismo que sustento en los siguientes fundamentos:
1. De conformidad con el fundamento 20 de la Sentencia 01091-2002-
PHC/TC, de fecha 12 de agosto del 2002, la jurisdicción constitucional
no es competente para determinar la configuración de cada presupuesto
legal que legitima la adopción de la detención judicial preventiva, lo cual
es tarea que le concierne a la judicatura penal ordinaria. Sin embargo, si
es su atribución verificar si estos presupuestos concurren de manera
simultánea y que su imposición sea acorde a los fines y el carácter
subsidiario y proporcional de dicha institución, lo que debe estar
debidamente motivado en la resolución judicial que la decreta.
2. De acuerdo con el artículo 268 del Código de Procesal Penal, el Juez, a
solicitud del Ministerio Publico, podrá dictar mandato de prisión
preventiva, si atendiendo a los primeros recaudos sea posible determinar
la concurrencia de los siguientes presupuestos: a.) la existencia de
fundados y graves elementos de convicción para estimar
razonablemente la comisión de un delito que vincula al imputado como
autor o participe del mismo; b.) la sanción a imponerse sea superior a los
04 años de pena privativa de la libertad; y, c.) el imputado, en razón de
sus antecedentes y otras circunstancias del caso concreto, permite colegir
razonablemente que tratara de eludir la acción de la justicia (peligro
procesal) u obstaculizar la averiguación de la verdad (peligro de
obstaculización), agregándose a ello la existencia de razonables
elementos de convicción respecto a la pertenencia del imputado a una
organización delictiva o su reintegración a ella, con fines de fuga o de
obstaculización de la averiguación de la verdad.
3. En consonancia con los principios establecidos en el ACUERDO
PLENARIO 01-2019/CIJ-116, de fecha 10 de setiembre del 2019, así
como la aludida STC 01091-2002-HC/TC, de fecha 12 de agosto del
2002, el dictado de la prisión preventiva exige la observancia y el
cumplimiento de una serie de principios constitucionales, presupuestos
procesales y requisitos que deben de estar debidamente motivados en el
texto de la resolución judicial que la contenga, precisando que -en estos
casos- la motivación debe ser más estricta, pues solo de esa manera será
posible despejar la ausencia de arbitrariedad en la decisión judicial.
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4. En este sentido, la motivación ha de cumplir con los siguientes elementos
internos: i) expresión sucinta de la imputación; ii) fundamentos de hecho
que justifiquen la presencia de una sospecha grave y fundada (sospecha
fuerte) de la comisión del delito objeto de imputación y de vinculación
del imputado con su comisión, sea de autoría o de participación; iii)
fundamentos de derecho; y iv) decisión clara y precisa del mandato
(fundamento 17). Según MIRANDA ESTRAMPES, la motivación
implica un conjunto de características primordiales, entre las que se
cuentan: a) debe ser la exteriorización de la justificación razonada que
permite llegar a una conclusión; b) ha de ser suficiente y razonable; c) la
suficiencia y razonabilidad son, en definitiva, el resultado de la
ponderación de los intereses en juego, a partir de toda la información
disponible en el momento que ha de tomarse la decisión; y d) la falta de
motivación suficiente y razonable no supondrá solo un problema de falta
de tutela, sino prioritariamente un problema de lesión del derecho a la
libertad, por su privación sin la concurrencia de un presupuesto
habilitante para la misma (1).
5. En relación a los presupuestos que fundamentan el dictado de la prisión
preventiva, la doctrina internacional y la judicatura nacional han
establecido en el mencionado ACUERDO PLENARIO 01-2019/CIJ-116,
de fecha 10 de setiembre del 2019, la sospecha fuerte de la comisión de
un delito que vincula al imputado como autor o partícipe del mismo,
exigiéndose además que esta debe tener que estar debidamente
verificada. No basta, pues, con la concurrencia -en el caso- de meros
indicios o de sospechas genéricas. Se exigen, por el contrario, fuertes-
medios de investigación o, en su caso, de pruebas directas o indirectas,
que sean plurales, coincidentes y fundadas.
6. De esta manera, el juzgador debe explicar (motivar) en su resolución la
relación indiciaria de aquel o aquellos medios de investigación o de
prueba que relacionan de manera preliminar al procesado con el hecho
imputado (STC 00349-2017-PHC/TC, de fecha 21 de abril de 2017). El
indicio debe ser siempre un hecho objetivo, cierto, empíricamente
verificable que, de ninguna manera, debe ser confundido con una
sospecha, esto es, una actitud cognoscitiva de desconfianza, tal como
ocurre en el presente caso, en donde se ha valorado como indicio fuerte
el hecho de haberse registrado tres escuchas telefónicas de contenido
incriminatorio aun por verificar en el contexto de otros indicios
1 Miranda Estrampes, Manuel; La prueba en el proceso penal acusatorio. Lima 2012,
página 163 y siguientes.
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convergentes, pues no se explica en el texto de la resolución (motivada)
la existencia de OVISES, acciones de geolocalización, declaraciones de
colaboradores eficaces, etc, si consideramos la gravedad de las
imputaciones relativas a los delitos de Organización Criminal y Colusión
agravada.
7. En cuanto a los requisitos que exigidos en el artículo 268 del Código
Procesal Penal para el dictado de la prisión preventiva, es sabido que la
concurrencia de estos tiene que estar plenamente justificada, casi
interrelacionada.
8. En este sentido, no se advierte en el texto de las referidas resoluciones de
primera ni de segunda instancia, cual es la estructura jerárquica, así como
cuales son los roles que específicamente cada uno de los integrantes de la
supuesta organización criminal habrían desarrollado, conforme a los
requerimientos típicos y doctrinarios del articulo 317 del Código Penal,
con expresa indicación -además- del elemento de convicción que lo
acredita, por lo que a este respecto no se advierte la existencia de una
inferencia lógica jurídica valida que vincule el hecho imputado
(direccionamiento de un proceso de selección) con el procesado Ramírez
Mirada (Alcalde de la Municipalidad Distrital de Anco que habría
realizado acciones de coordinación), más aún si consideramos que los
llamados mandos intermedios (miembros del Comité Especial), no han
sido sujetos pasivos de tan grave medida coercitiva, debiendo hacer
presente que este ultimo (inferencia lógica), es el más importante de los
elementos de la llamada prueba por indicios que nos lleva a una
conclusión razonable, entendiendo por “razonable”, como decía
DESCARTES, solo a aquellos conocimientos que provienen de la razón
humana, no de la intuición (2).
9. Respecto a la existencia del llamado peligro procesal, no se ha explicado
de manera razonable la forma en que el beneficiario Ramírez Miranda,
podría obstaculizar la acción de la justicia o, en todo caso, lograr
evadirla, dejando en claro que la pena a imponerse es un criterio que por
si mismo no basta, debiendo en todo caso interrelacionarse con la
existencia de fundados y graves elementos de convicción para estimar
razonablemente la posibilidad de estos peligros, así como de la
eventualidad de una condena.
2 Descartes, Rene; El Discurso del Método. Madrid 2011.
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10. Y es que, tratándose de la detención judicial preventiva, la exigencia de
la motivación en la adopción o el mantenimiento de la medida debe ser
más estricta, pues sólo de esa manera es posible despejar la ausencia de
arbitrariedad en la decisión judicial, a la vez que con ello se permite
evaluar si el juez penal ha obrado de conformidad con la naturaleza
excepcional, subsidiaria y proporcional de la detención judicial
preventiva. En tal sentido, como ha señalado este Alto Tribunal en la
STC 01091-2002-HC/TC, son dos las características que debe tener la
motivación de la imposición de esta figura: i.) debe ser suficiente, en
tanto expresar -por sí misma- las condiciones de hecho y de derecho que
sirven para dictarla o mantenerla; y ii.) debe ser razonada, al observar la
cabal concurrencia de todos los aspectos que justifican la adopción de la
medida cuatelar (f. 19).
11. Finalmente, conforme lo ha establecido la doctrina constitucional y la
propia jurisprudencia, la imposición de las llamadas medidas coercitivas,
y, en especial, la de prisión preventiva -por su gravosidad-, exigen la
concurrencia de los presupuestos de necesidad y racionalidad, los
mismos que, en el presente caso, tampoco han sido debidamente
motivados, pues no es razonable cómo de un grupo de varias personas
integrantes de una Organización Criminal, sea el único que haya
merecido prisión preventiva.
Por estas consideraciones, mi voto es por declarar FUNDADA la demanda de
hábeas corpus en lo que respecta a la vulneración del derecho fundamental a la
motivación de las resoluciones judiciales y, en consecuencia, se declaren nulas
la Resolución 55 de fecha 20 de enero de 2021 (f. 273) -corregida por la
Resolución 57, de fecha 22 de enero de 2021 (f. 3384)-, en el extremo que
declaró fundado en parte el requerimiento fiscal de prisión preventiva por el
plazo de 36 meses contra el favorecido en el proceso que se le sigue por los
delitos de organización criminal y colusión agravada; así como el Resolución
79 de fecha 10 de marzo de 2021 (auto de vista) (f. 346), que confirmó la
Resolución 55 en el precitado extremo (Expediente 02083-2019-97-0501-JR-
PE-07/2083-2019-97).
S.
GUTIÉRREZ TICSE
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VOTO SINGULAR DEL MAGISTRADO OCHOA CARDICH
Con el debido respeto por mis colegas magistrados en el caso de autos, en esta
ocasión discrepo con la sentencia emitida en mayoría en un aspecto puntual
que referiré a continuación; por lo cual, emito el presente voto singular
sustentando mi posición en los siguientes fundamentos:
1. Conforme a lo resuelto en la presente sentencia, el Colegiado en mayoría
considera que la demanda interpuesta a favor de Edwin Ramírez Miranda
por su abogado Juan Carlos Vásquez Carrión es improcedente respecto al
cuestionamientos de asuntos que no corresponden resolverse en la vía
constitucional (tales como la revaloración de las pruebas y su suficiencia,
la apreciación de hechos, entre otros), e infundada en lo que se refiere a
la vulneración del principio de congruencia recursal y del derecho a la
debida motivación de las resoluciones judiciales.
2. De mi parte, me enfocaré en la alegada afectación del derecho
fundamental a la debida motivación de las resoluciones judiciales, en
particular, respecto de la determinación del peligro procesal
(específicamente al peligro de fuga alegado) y de la graduación del plazo
de la prisión preventiva dispuesta en este caso concreto.
3. Ello se relaciona con el cuestionamiento recaído sobre (i) la Resolución
55, de fecha 20 de enero de 2021 (f. 273), corregida por la Resolución
57, de fecha 22 de enero de 2021 (f. 3384), en el extremo que declaró
fundado en parte el requerimiento fiscal de prisión preventiva por el
plazo de treinta y seis meses contra el favorecido en el proceso que se le
sigue por los delitos de organización criminal y colusión agravada; y (ii)
el auto de vista, Resolución 79, de fecha 10 de marzo de 2021 (f. 346),
que confirmó la Resolución 55 en el precitado extremo (Expediente
02083-2019-97-0501-JR-PE-07/2083-2019-97). Al respecto, la parte
demandante adujo, entre otros asuntos, la vulneración de sus derechos a
la libertad personal, a la debida motivación de las resoluciones judiciales
y el principio de imputación necesaria.
4. Es preciso mencionar que ya el Tribunal Constitucional ha sostenido que
la necesidad de que las decisiones judiciales sean motivadas, de acuerdo
a lo establecido en el artículo 139°, inciso 5), de la Constitución Política
del Perú, garantiza que todos los jueces manifiesten expresamente las
razones que los conducen a dilucidar y decidir sobre una controversia,
asegurando que el ejercicio de la potestad de impartir justicia se realice
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con sujeción a la Constitución y a la ley. En esa línea, en el Expediente
N.º 1230-2002-HC/TC, se señaló que “La Constitución no garantiza una
determinada extensión de la motivación, por lo que su contenido
esencial se respeta siempre que exista fundamentación jurídica,
congruencia entre lo pedido y lo resuelto y, por sí misma, exprese una
suficiente justificación de la decisión adoptada, (…). En materia penal,
el derecho en referencia garantiza que la decisión expresada en el fallo
sea consecuencia de una deducción razonable de los hechos del caso,
las pruebas aportadas y la valoración jurídica de ellas en la resolución
de la controversia. En suma, garantiza que el razonamiento empleado
guarde relación y sea proporcionado y congruente con el problema que
al juez penal corresponde resolver”. [resaltado agregado].
5. En consecuencia, el derecho a la motivación de las resoluciones
judiciales implica la exigencia de que el órgano jurisdiccional sustente de
manera lógica y adecuada los fallos que emita en el marco de un proceso.
Ello no supone, en absoluto, contar con una determinada extensión de la
motivación, sino fundamentalmente que exista: a) fundamentación
jurídica, lo que supone que se exprese no solo la norma aplicable al caso,
sino que también se explique y justifique por qué el hecho investigado se
encuentra enmarcado en los supuestos que la norma prevé; b)
congruencia entre lo pedido y lo resuelto; y, c) que por sí misma exprese
una suficiente justificación de la decisión adoptada, aun cuando esta sea
sucinta o se establezca el supuesto de motivación por remisión [Sentencia
04348-2005-PA/TC].
6. En esa misma línea, sobre el deber de motivación de las decisiones
internas, incluyendo las de carácter judicial, derivado del artículo 8.1 del
Pacto de San José, la Corte Interamericana de Derechos Humanos
sostiene que:
153. En relación con el derecho a contar con decisiones
debidamente motivadas la Corte ha señalado, de forma reiterada,
que la motivación "es la exteriorización de la justificación
razonada que permite llegar a una conclusión" y que implica
una exposición racional de las razones que llevan al juzgador a
tomar una decisión. El deber de motivar las decisiones es una
garantía que se desprende del artículo 8.1 de la Convención,
vinculada a la correcta administración de justicia, pues protege el
derecho de los ciudadanos a ser juzgados por las razones que el
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derecho suministra y da credibilidad a las decisiones jurídicas en
una sociedad democrática.
[Corte IDH. Caso Pavez Pavez Vs. Chile. Fondo, Reparaciones y
Costas. Sentencia de 4 de febrero de 2022. Serie C No. 449].
A. Sobre la prisión preventiva como medida provisional y
excepcional
7. Ahora bien, es menester partir de la premisa que este deber de
motivación adecuada y razonable de las resoluciones alcanza, y
sobretodo por las implicaciones jurídicas y reales que conlleva para la
persona involucrada, a la resolución emitida por el Juez de Investigación
Preparatoria, competente para la evaluación y dictado de una eventual
medida de prisión preventiva. Ello en tanto supone una restricción al
derecho a la libertad personal en un momento en el que aun no se ha
determinado responsabilidad penal del imputado, pues esta se concreta de
forma previa a dicha determinación (mientras está en calidad de
investigado o procesado), por diversas razones jurídicas y objetivas que
deben ser fundadas y estrictamente observadas por el órgano
jurisdiccional. Cabe observar que frente a esta situación no se debe
perder de vista que de por medio también está la necesidad de ponderar
legítimamente dichas razones con el derecho de presunción de inocencia
del involucrado, tanto más cuando de por medio se decidirá la restricción
o no de un derecho y valor tan preciado como lo es la libertad de una
persona y todo el impacto que eso conlleva en el ámbito y entorno
personal y privado.
8. Es preciso recordar que la regla general es que cualquier persona que se
vea inmersa en un proceso penal, debiera atravesarlo en libertad hasta la
emisión de la decisión judicial final, y que solo excepcionalmente será
posible limitar intensamente dicha libertad a través del dictado de una
medida de prisión preventiva, bajo la verificación del cumplimiento de
determinados supuestos y motivación rigurosa. Esto es, que la figura de
la prisión preventiva per se es jurídicamente permitida y en ese sentido lo
prevé el Código Procesal Penal, pero es válida, constitucional y
convencional, sí y solo sí, cumple con debida motivación estricta de sus
presupuestos y de los elementos bajo el test de proporcionalidad de la
medida.
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9. Lo mencionado previamente ha sido desarrollado y especificado
anteriormente y en diversas oportunidades por la Corte Interamericana de
Derechos Humanos y por el propio Tribunal Constitucional, siendo que
desde el ámbito supranacional como desde el jurisdiccional
constitucional peruano, ya se cuenta con pronunciamientos jurídicos de
carácter vinculante y vigentes que explicitan claramente determinados
parámetros, estándares, lineamientos y similares que, habida cuenta del
tiempo transcurrido desde que estos se emitieron hasta la fecha, ya los
órganos jurisdiccionales nacionales competentes en la materia debieran
tenerlos interiorizados para efectos de su aplicación casuística en su
argumentación e identificación del sustento probatorio correspondiente
de cara a la adopción de una decisión trascendental como lo es el definir
si amerita o no el dictado de una prisión preventiva.
10. Así, en cuanto a la aseveración de la prisión preventiva como medida
excepcional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos afirma lo
siguiente:
309. El principio general en esta materia es que la libertad es
siempre la regla y la limitación o restricción siempre la
excepción. Tal es el efecto del artículo 7.2, que dispone: “Nadie
puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las
condiciones fijadas de antemano por las Constituciones Políticas de
los Estados Partes o por las leyes dictadas conforme a ellas”. Pero
el solo cumplimiento de las formalidades legales no es suficiente
pues el artículo 7.3 de la Convención Americana, al disponer que
“[n]adie puede ser sometido a detención o encarcelamiento
arbitrarios”, prohíbe la detención o encarcelamiento por
métodos que pueden ser legales, pero que en la práctica
resultan irrazonables, imprevisibles o carentes de
proporcionalidad. [resaltado agregado].
[Caso Yvon Neptune vs. Haití Sentencia de 6 mayo de 2008
(Fondo, Reparaciones y Costas)].
11. Por su lado, el Tribunal Constitucional también se ha pronunciado al
respecto, dejando sentado además que la obligación de motivación de
este tipo de resoluciones que dictaminan una prisión preventiva debe ser
cumplida, por lo que frente a su alegada inobservancia la jurisdiccional
constitucional es competente no para reexaminar la valoración en estricto
realizada por la judicatura ordinaria, sino para verificar que esta cumplió
con los estándares de motivación y que esta no esté ausente, o sea
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aparente o sea insuficiente. Así, es preciso aludir a los siguientes
pronunciamientos del Tribunal Constitucional:
5. El Tribunal Constitucional, en la Sentencia 01091-2002-HC/TC,
consideró que tratándose de la detención judicial preventiva, la
exigencia de la motivación en la adopción o el mantenimiento
de la medida debe ser más estricta, pues sólo de esa manera es
posible despejar la ausencia de arbitrariedad en la decisión
judicial, a la vez que con ello se permite evaluar si el juez penal ha
obrado de conformidad con la naturaleza excepcional, subsidiaria y
proporcional de la detención judicial preventiva.
6. En ese sentido, las características que debe tener la motivación
de la detención judicial preventiva. En primer lugar, tiene que
ser "suficiente", esto es, debe expresar, por sí misma, las
condiciones de hecho y de derecho que sirven para dictarla o
mantenerla. En segundo término, debe ser "razonada", en el
sentido de que en ella se observe la ponderación judicial en
tomo a la concurrencia de todos los aspectos que justifican la
adopción de la medida cautelar, pues de otra forma no podría
evaluarse si es arbitraria por injustificada
[Expediente 04090-2018-PHC/TC, Juan Carlos Rodríguez López]
57. En esa línea de pensamiento, una cosa es respetar los
márgenes de valoración que son propios de la jurisdicción
ordinaria, y otra, muy distinta, es que so pretexto de tal
resguardo, la jurisdicción constitucional permita que los
argumentos que vierta la jurisdicción ordinaria en el
despliegue de sus respectivas funciones, resulten
manifiestamente contrarios al contenido constitucionalmente
protegido de los derechos fundamentales. Esto último, desde
luego, no es de recibo.
[Expediente 04780-2017-PHC/TC, 00502-2018-PHC/TC
(Acumulado), Ollanta Moisés Humala Tasso y Nadine Heredia
Alarcón]
13. Por ello, el Tribunal Constitucional en consolidada
jurisprudencia ha sido particularmente enfático en sostener que la
prisión preventiva es una regla de última ratio. Así, desde la
naciente jurisprudencia constitucional en materia de restricción de
la libertad personal, se ha considerado que la prisión preventiva es
"...una medida que restringe la libertad locomotora, dictada pese a
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que, mientras no exista sentencia condenatoria firme, al
procesado le asiste el derecho a que se presuma su inocencia;
cualquier restricción de ella siempre debe considerarse la última
ratio a la que el juzgador debe apelar, esto es, susceptible de
dictarse solo en circunstancias verdaderamente excepcionales y
no como regla general (Sentencia 01091-2002-HC/TC,
fundamento 7, criterio reiterado en: Sentencia 01014-2011-
PHC/TC, fundamento 2; Sentencia 03567-2012-PHC/TC,
fundamento 12; Sentencia 00872-2007-PHC/TC fundamento 2;
Sentencia 5100- 2006-PHC/TC, fundamento 3; Sentencia 09809-
2006-PHC/TC, fundamento 2; Sentencia 03567-2012-PHC/TC,
fundamento 12; Sentencia 02357-2008-PHC/TC, fundamento 3;
entre otras).
14. Ese, pues, es el propósito del artículo 9.3 del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, según el cual "la
prisión preventiva de las personas que hayan de ser juzgadas
no debe ser la regla general"
17. Así, también se ha señalado que en el caso de la prisión
preventiva, "la exigencia de la motivación en la adopción o el
mantenimiento de la medida debe ser más estricta, pues solo de
esa manera es posible despejar la ausencia de arbitrariedad en
la decisión judicial, a la vez que permite evaluar si el juez penal ha
obrado de conformidad con la naturaleza excepcional, subsidiaria y
proporcional de [dicha medida]" (Sentencia 00038-2015-PHC/TC,
fundamento 4; Sentencia 06099-2014- PHC/TC, fundamento 4;
Sentencia 05314-2013-PHC/TC, fundamento 8; entre otras).
[Expediente N° 02534-2019-PHC/TC, Keiko Sofía Fujimori
Higuchi, representada por Sachie Marcela Fujimori Higuchi De
Koenig] [resaltado agregado].
12. Ahora bien, aunado a lo anterior, es preciso igualmente advertir que entre
los principales límites de la prisión preventiva se encuentra el principio y
derecho a la presunción de inocencia y el de legalidad, en atención
justamente a la naturaleza severa que tiene dicha medida provisional y a
su carácter cautelar y no punitiva, pues entender lo contrario sería asumir
una pena anticipada, por ello la procedencia de una medida de tal
envergadura no debe presumirse sino fundamentarse en criterios
objetivos y razonados. En ese sentido, vale hacer referencia a lo
sostenido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos al respecto,
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en virtud de la aplicación conjunta de los artículos 7.5 y 8.2 de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos:
109. (…) la detención preventiva “es la medida más severa que se
puede aplicar a una persona acusada de delito, por lo cual su
aplicación debe tener carácter excepcional, limitado por el
principio de legalidad, la presunción de inocencia, la necesidad
y proporcionalidad, de acuerdo con lo que es estrictamente
necesario en una sociedad democrática”, pues “es una medida
cautelar, no punitiva”.
[Caso Yvon Neptune vs. Haití Sentencia de 6 mayo de 2008
(Fondo, Reparaciones y Costas)].
310. La aplicación de ese principio general a los casos de detención
o prisión preventiva surge como efecto combinado de los artículos
7.5 y 8.2. En virtud de ellos, la Corte ha establecido que la regla
general debe ser la libertad del imputado mientras se resuelve
acerca de su responsabilidad penal, ya que éste goza de un
estado jurídico de inocencia que impone que reciba del Estado
un trato acorde con su condición de persona no condenada. En
casos excepcionales, el Estado podrá recurrir a una medida de
encarcelamiento preventivo a fin de evitar situaciones que
pongan en peligro la consecución de los fines del proceso. Para
que una medida privativa de libertad se encuentre en concordancia
con las garantías consagradas en la Convención, su aplicación debe
conllevar un carácter excepcional y respetar el principio de
presunción de inocencia y los principios de legalidad, necesidad
y proporcionalidad, indispensables en una sociedad
democrática.
[Corte IDH. Caso Norín Catrimán y otros (Dirigentes, miembros y
activista del Pueblo Indígena Mapuche) Vs. Chile. Fondo,
Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de mayo de 2014].
121. Del principio de presunción de inocencia, reconocido en el
artículo 8.2 de la Convención, deriva la obligación estatal de no
restringir la libertad del detenido más allá de los límites
estrictamente necesarios para asegurar que no impedirá el
desarrollo eficiente de las investigaciones y que no eludirá la
acción de la justicia. La prisión preventiva es una medida cautelar,
no punitiva. Constituye, además, la medida más severa que se
puede imponer al imputado. Por ello, se debe aplicar
excepcionalmente. La regla debe ser la libertad del procesado
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mientras se resuelve acerca de su responsabilidad penal.
[Corte IDH. Caso Barreto Leiva Vs. Venezuela. Fondo,
Reparaciones y Costas. Sentencia de 17 de noviembre de 2009.
Serie C No. 206].
67. La prisión preventiva está limitada por los principios de
legalidad, presunción de inocencia, necesidad y
proporcionalidad, indispensables en una sociedad democrática.
Constituye la medida más severa que se puede imponer al
imputado, y por ello debe aplicarse excepcionalmente. La regla
debe ser la libertad del procesado mientras se resuelve acerca de su
responsabilidad penal.
[Corte IDH. Caso López Álvarez Vs. Honduras. Fondo,
Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de febrero de 2006. Serie C
No. 141].
93. Uno de los principios que limitan la prisión preventiva es el
de presunción de inocencia, contenido en el artículo 8.2, según el
cual una persona es considerada inocente hasta que su culpabilidad
sea demostrada. De esta garantía se desprende que los elementos
que acreditan la existencia de los fines legítimos de la privación
preventiva de la libertad tampoco se presumen, sino que el juez
debe fundar su decisión en circunstancias objetivas y ciertas del
caso concreto, que corresponde acreditar al titular de la
persecución penal y no al acusado, quien además debe tener la
posibilidad de ejercer el derecho de contradicción y estar
debidamente asistido por un abogado. En la imposición de la
medida cautelar de prisión preventiva se debe verificar la presencia
de los fines procesales convencionales exigibles, de lo contrario
supone la aplicación de una pena anticipada.
[Caso Villarroel Merino y otros Vs. Ecuador. Excepciones
preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de
agosto de 2021].
102. En algunos aspectos, las garantías judiciales previstas en el
artículo 8 de la Convención pueden verse estrechamente
relacionadas con el derecho a la libertad personal. Así, es relevante
a efectos del caso señalar que siendo la prisión preventiva una
medida cautelar, no punitiva, su aplicación se ve limitada por el
principio de presunción de inocencia, contenido en el artículo
8.2 de la Convención, según el cual una persona es considerada
inocente hasta que su culpabilidad sea demostrada. Por ello, la
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procedencia o legitimidad de la privación preventiva de la
libertad no puede presumirse, sino que debe fundarse en
circunstancias objetivas y ciertas del caso.
[Caso González y otros Vs. Venezuela. Fondo y Reparaciones.
Sentencia de 20 de septiembre de 2021. Serie C No. 436] [resaltado
agregado].
13. De igual modo, el Tribunal Constitucional, ha resaltado al principio de
presunción de inocencia como límite al establecimiento de la medida de
prisión preventiva:
81. Es oportuno recordar que, […], solo se acepta que una persona
sea privada de su libertad personal como consecuencia de una
resolución judicial emanada de un debido proceso, y por hechos de
especial gravedad. Es decir, como regla general, solo se acepta la
restricción de la libertad por vía de excepción o una vez
enervada la presunción de inocencia.
82. En esta línea, la presunción de inocencia exige también
asumir, como regla general, que toda persona sometida a un
proceso penal debe ser juzgada en libertad y solo por vía de
excepción privada de ella (principio de excepcionalidad) […].
118. En efecto, a menos que se trate de una sentencia judicial
condenatoria, el derecho fundamental a la presunción de
inocencia y, desde luego, el propio derecho a la libertad
personal, impiden que una limitación de la libertad tan severa
como el encarcelamiento, pueda estar justificada en criterios
llanamente punitivos. Si así fuera, la posibilidad de separar con
consistencia las razones que justifican una detención preventiva
y una sentencia condenatoria, en esencia, se desvanecerían,
como desvanecido también quedaría el contenido
constitucionalmente protegido de la inocencia presunta.
120. En idéntico sentido, la Corte Interamericana ha sostenido que
aún habiéndose verificado indicios suficientes que permitan
suponer razonablemente la participación del imputado en el
ilícito que se investiga, "la privación de libertad del imputado
no puede residir [solamente] en fines preventivo-generales o
preventivo-especiales atribuibles a la pena" (cfr. Corte IDH,
Caso Chaparro Álvarez y Lapo Iñiguez v. Ecuador, Sentencia de 21
de noviembre de 2007, párr. 103; Caso Barreto Leiva v. Venezuela,
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Sentencia de 17 de noviembre de 2009, párr. 111). […].
[Expediente 04780-2017-PHC/TC, 00502-2018-PHC/TC
(Acumulado), Ollanta Moisés Humala Tasso y Nadine Heredia
Alarcón] [resaltado agregado]
14. Asimismo, y en conexión con la necesidad de ejercer una debida
motivación rigurosa cuando se decida por dictar la prisión preventiva,
desde la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Tribunal
Constitucional se han establecido diversos criterios relacionados a su vez
con el análisis de proporcionalidad de la medida (incluyendo aspectos
tales como idoneidad, la necesidad, entre otros), los cuales deben ser
evaluados y sustentados objetivamente de manera individualizada y
diferenciada por cada uno de los imputados que se encuentren inmersos
en el proceso penal.
15. Al respecto, desde la Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha
sostenido detallada y claramente los aspectos (a los cuales se volverá
hacer referencia en los acápites posteriores en lo que corresponda) que
deben ser considerados en la valoración y fundamentación de toda
medida provisional referida a la prisión preventiva a fin de ser
convencional y no arbitraria:
311. La Corte ha precisado también las características que debe
tener una medida de detención o prisión preventiva para ajustarse a
las disposiciones de la Convención Americana:
a) Es una medida cautelar y no punitiva: debe estar dirigida a
lograr fines legítimos y razonablemente relacionados con el
proceso penal en curso. No puede convertirse en una pena
anticipada ni basarse en fines preventivos-generales o preventivo-
especiales atribuibles a la pena.
b) Debe fundarse en elementos probatorios suficientes: Para
disponer y mantener medidas como la prisión preventiva deben
existir elementos probatorios suficientes que permitan suponer
razonablemente que la persona sometida a proceso ha
participado en el ilícito que se investiga. Verificar este
presupuesto material constituye un primer paso necesario para
restringir el derecho a la libertad personal por medio de una medida
cautelar, pues si no existiesen mínimamente elementos que
permitan vincular a la persona con el hecho punible
investigado, tampoco habrá necesidad de asegurar los fines del
proceso. Para la Corte, la sospecha tiene que estar fundada en
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hechos específicos, esto es, no en meras conjeturas o intuiciones
abstractas De allí se deduce que el Estado no debe detener para
luego investigar, por el contrario, sólo está autorizado a privar
de la libertad a una persona cuando alcance el conocimiento
suficiente para poder llevarla a juicio.
c) Está sujeta a revisión periódica: La Corte ha puesto de relieve
que no debe prolongarse cuando no subsistan las razones que
motivaron su adopción. También ha observado que son las
autoridades nacionales las encargadas de valorar la pertinencia o no
del mantenimiento de las medidas cautelares que emiten conforme
a su propio ordenamiento. Al realizar esta tarea, las autoridades
nacionales deben ofrecer los fundamentos suficientes que
permitan conocer los motivos por los cuales se mantiene la
restricción de la libertad, la cual, para que no se erija en una
privación de libertad arbitraria, de acuerdo con el artículo 7.3 de la
Convención Americana, debe estar fundada en la necesidad de
asegurar que el detenido no impedirá el desarrollo eficiente de
las investigaciones ni eludirá la acción de la justicia. La Corte
resalta, además, que el juez no tiene que esperar hasta el
momento de dictar sentencia absolutoria para que una persona
detenida recupere su libertad, sino que debe valorar
periódicamente si se mantienen las causas de la medida y la
necesidad y la proporcionalidad de ésta, así como si el plazo de
la detención ha sobrepasado los límites que imponen la ley y la
razón. En cualquier momento en que aparezca que la prisión
preventiva no satisface estas condiciones, deberá decretarse la
libertad, sin perjuicio de que el proceso respectivo continúe.
312. De conformidad con lo indicado, no es suficiente con que sea
legal; además, es necesario que no sea arbitraria, lo cual implica
que la ley y su aplicación deben respetar los requisitos
siguientes:
a) Finalidad compatible con la Convención: la finalidad de las
medidas que priven o restrinjan la libertad debe ser compatible con
la Convención […]. La Corte ha indicado que “la privación de
libertad del imputado no puede residir en fines preventivo-
generales o preventivo-especiales atribuibles a la pena, sino que
sólo se puede fundamentar […] en un fin legítimo, a saber:
asegurar que el acusado no impedirá el desarrollo del
procedimiento ni eludirá la acción de la justicia”. En este
sentido, la Corte ha indicado reiteradamente que las
características personales del supuesto autor y la gravedad del
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delito que se le imputa no son, por sí mismos, justificación
suficiente de la prisión preventiva. Asimismo, ha destacado que
el peligro procesal no se presume, sino que debe realizarse la
verificación del mismo en cada caso, fundado en circunstancias
objetivas y ciertas del caso concreto.
b) Idoneidad: las medidas adoptadas deben ser idóneas para
cumplir con el fin perseguido.
c) Necesidad: deben ser necesarias, es decir, es preciso que sean
absolutamente indispensables para conseguir el fin deseado y
que no exista una medida menos gravosa con respecto al derecho
intervenido entre todas aquellas que cuentan con la misma
idoneidad para alcanzar el objetivo propuesto. De tal manera, aun
cuando se haya determinado el extremo relativo a los elementos
probatorios suficientes que permitan suponer la participación
en el ilícito […], la privación de la libertad debe ser
estrictamente necesaria para asegurar que el acusado no
impedirá dichos fines procesales.
d) Proporcionalidad: deben ser estrictamente proporcionales, de
tal forma que el sacrificio inherente a la restricción del derecho
a la libertad no resulte exagerado o desmedido frente a las
ventajas que se obtienen mediante tal restricción y el cumplimiento
de la finalidad perseguida.
e) Cualquier restricción a la libertad que no contenga una
motivación suficiente que permita evaluar si se ajusta a las
condiciones señaladas será arbitraria y, por tanto, violará el
artículo 7.3 de la Convención. De este modo, para que se respete la
presunción de inocencia al ordenarse medidas cautelares
restrictivas de la libertad es preciso que el Estado fundamente y
acredite, de manera clara y motivada, según cada caso
concreto, la existencia de los referidos requisitos exigidos por la
Convención.
Corte IDH. Caso Norín Catrimán y otros (Dirigentes, miembros y
activista del Pueblo Indígena Mapuche) Vs. Chile. Fondo,
Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de mayo de 2014.
98. La Corte ha señalado también que del artículo 7.3 de la
Convención se desprende que, para que la medida privativa de la
libertad que se adopte en forma preventiva en relación con un
proceso penal no se torne arbitraria, debe observar los
siguientes parámetros: i) que existan elementos para formular
cargos o llevar a juicio: deben existir indicios suficientes que
permitan suponer razonablemente que un hecho ilícito ocurrió y
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que la persona sometida al proceso pudo haber participado en el
mismo110; ii) que la finalidad sea compatible con la
Convención a saber: procurar que la persona acusada no impedirá
el desarrollo del procedimiento ni eludirá la acción de la justicia y
que las medidas sean idóneas, necesarias y estrictamente
proporcionales respecto de tal fin, y iii) que la decisión que las
impone contenga una motivación suficiente que permita
evaluar si se ajusta a las condiciones señaladas. Cualquier
restricción a la libertad que no contenga una motivación suficiente
que permita evaluar si se ajusta a las condiciones señaladas será
arbitraria y, por tanto, violará el artículo 7.3 de la Convención.
[Caso González y otros Vs. Venezuela. Fondo y Reparaciones.
Sentencia de 20 de septiembre de 2021].
99. Conforme a la jurisprudencia de este Tribunal, la prisión
preventiva es la medida más severa que se puede aplicar al
imputado de un delito, motivo por el cual su aplicación debe tener
un carácter excepcional. Para que una medida cautelar
restrictiva de la libertad no sea arbitraria es necesario que: i) se
presenten presupuestos materiales relacionados con la
existencia de un hecho ilícito y con la vinculación de la persona
procesada a ese hecho; ii) la medida restrictiva de la libertad
cumpla con los cuatro elementos del "test de
proporcionalidad", es decir con la finalidad de la medida que
debe ser legítima (compatible con la Convención Americana),
idónea para cumplir con el fin que se persigue, necesaria y
estrictamente proporcional, y iii) la decisión que las impone
contenga una motivación suficiente que permita evaluar si se
ajusta a las condiciones señaladas.
[Caso Manuela y otros Vs. El Salvador. Excepciones preliminares,
Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 2 de noviembre de
2021] [resaltado y subrayado agregado].
16. En sentido similar, el Tribunal Constitucional a su vez ha dejado sentado
y replicado estos criterios de valoración obligatoria que deben ser
aplicados por la judicatura ordinaria competente en su análisis fáctico y
jurídico.
19. […] toda resolución judicial que ordene una prisión
preventiva requiera de una especial motivación que demuestre
de modo razonado y suficiente que ella no solo es legal, sino
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proporcionada y, por consiguiente, estrictamente necesaria
para la consecución de fines que resultan medulares para el
adecuado desarrollo del proceso.
20. Por ello, cuando se trata de resoluciones judiciales que
limitan la libertad personal, ellas requieren una "motivación
cualificada" (Cfr. Sentencia 0728-2008- PHC/TC, fundamento
7.f). En palabras de la Corte Interamericana: "...no es suficiente que
toda causa de privación o restricción al derecho a la libertad esté
consagrada en la ley, sino que es necesario que esa ley y su
aplicación respeten los requisitos que a continuación se detallan, a
efectos de que dicha medida no sea arbitraria: i) que la finalidad
de las medidas que priven o restrinjan la libertad sea
compatible con la Convención. Valga señalar que este Tribunal
ha reconocido como fines legítimos el asegurar que el acusado no
impedirá el desarrollo del procedimiento ni eludirá la acción de la
justicia; ii) que las medidas adoptadas sean las idóneas para
cumplir con el fin perseguido; iii) que sean necesarias, en el
sentido de que sean absolutamente indispensables para conseguir el
fin deseado y que no exista una medida menos gravosa respecto al
derecho intervenido entre todas aquellas que cuentan con la misma
idoneidad para alcanzar el objetivo propuesto. Por esta razón el
Tribunal ha señalado que el derecho a la libertad personal supone
que toda limitación a éste deba ser excepcional, y iv) que sean
medidas que resulten estrictamente proporcionales, de tal forma
que el sacrificio inherente a la restricción del derecho a la libertad
no resulte exagerado o desmedido frente a las ventajas que se
obtienen mediante tal restricción y el cumplimiento de la finalidad
perseguida. Cualquier restricción a la libertad que no contenga una
motivación suficiente que permita evaluar si se ajusta a las
condiciones señaladas será arbitraria" (Cfr. Corte IDH, Caso
Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez v. Ecuador, Sentencia de 21 de
noviembre de 2007, párr. 93).
24. En ese sentido, el Tribunal Constitucional hace notar que es un
deber ineludible de todos los jueces de la República que, en el
ejercicio constitucional de sus funciones y, principalmente, en
la revisión de peticiones fiscales en procesos penales tendientes
a restringir el derecho a la libertad individual, resguarden
debidamente el derecho a la presunción de inocencia —y las
demás garantías constitucionales que toda persona en juicio
merece— a través de la emisión de decisiones lo suficientemente
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motivadas, razonadas y proporcionadas con relación a la teoría
del caso y los medios probatorios que el Ministerio Público
presente, pues en el caso de identificar no solo falencias en tal
requerimiento, sino alguna duda no absuelta por dicha entidad
respecto de estas, corresponderá al juez que tutele la libertad del
imputado, esto con la finalidad de evitar errores judiciales
tendientes únicamente a perjudicar el desarrollo natural del proceso
y la verdad judicial.
[Expediente N° 02534-2019-PHC/TC, Keiko Sofía Fujimori
Higuchi, representada por Sachie Marcela Fujimori Higuchi De
Koenig] [resaltado y subrayado agregado].
17. A partir de todo lo expuesto, es evidente que cuando se trata del dictado
de prisiones preventivas por parte del Juez de Investigación Preparatoria
competente para el caso concreto, su deber de motivación respecto de la
decisión adoptada se intensifica, ya que al tratarse de una medida
excepcional está limitada legítimamente por aspectos tales como el
respeto a la presunción de inocencia y, en ese sentido, es indispensable
que se sustente, por ejemplo, la existencia de indicios razonables que
permitan sustentar la vinculación del imputado con el hecho ilícito, la
aplicación del test de proporcionalidad, entre otros. Tal como se señaló,
si bien corresponde asegurar los fines del proceso, eso no supone que se
prive de libertad a una persona para de ahí investigarla, sino que
previamente se la investiga y en virtud de ello se identifica las razones
bajo sustento objetivo para aplicar la prisión preventiva. Siendo así, al
evaluarse y adoptar una decisión sobre la imposición de una prisión
preventiva, dicha resolución judicial debe estar enmarcada y evidenciar
el cumplimiento de un “deber de motivación reforzada”.
18. Habiendo desarrollado previamente los estándares relevantes en la
materia que deben tenerse en cuenta, es preciso ahora traer a colación la
regulación de la prisión preventiva de acuerdo con lo establecido en
nuestro ordenamiento jurídico. Así, el artículo 268 del Código Procesal
Penal dispone lo siguiente:
"Artículo 268. Presupuestos materiales
El juez, a solicitud del Ministerio Público, podrá dictar
mandato de prisión preventiva, si atendiendo a los primeros
recaudos sea posible determinar la concurrencia de los
siguientes presupuestos:
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a) Que existen fundados y graves elementos de convicción para
estimar razonablemente la comisión de un delito que vincule al
imputado como autor o partícipe del mismo.
b) Que la sanción a imponerse sea superior a cuatro años de
pena privativa de libertad; y
c) Que el imputado, en razón a sus antecedentes y otras
circunstancias del caso particular, permita colegir razonablemente
que tratará de eludir la acción de la justicia (peligro de fuga) u
obstaculizar la averiguación de la verdad (peligro de
obstaculización). [resaltado agregado].
19. Tal como se observa, se establecen tres (3) presupuestos materiales para
el dictado de una prisión preventiva, que deben presentarse de forma
concurrente, por lo que ante la ausencia de al menos uno de ellos, no
procede dicha medida.
20. Si bien en el caso concreto del señor Edwin Ramírez se cuestiona lo
referido a los presupuestos a) y c), de mi parte de enfocaré a sustentar
mis consideraciones sobre la presencia o no del presupuesto c) referido al
llamado peligro procesal (que puede ser por peligro de fuga o por
obstaculización de la justicia), que en el caso particular, se direccionó al
alegado peligro de fuga del demandante, el cual, en mi opinión no se
configuró y por tanto ante la no concurrencia de los 3 presupuestos
materiales, no correspondía dictar la prisión preventiva en contra del
recurrente.
21. Sin perjuicio de ello, valga la oportunidad para mencionar que lo referido
a la valoración de la existencia y concurrencia de estos presupuestos debe
ser guiada y realizada a la luz de los estándares internacionales y
nacionales anteriormente desarrollados sobre la debida motivación
reforzada de este tipo de resoluciones que pretendan dictar una medida de
prisión preventiva.
Sobre la configuración del peligro de fuga como uno de los
presupuestos materiales para el dictado de la medida de prisión
preventiva en el presente caso
22. Con relación a la calificación del denominado peligro de fuga, el propio
Código Procesal Penal en su artículo 269 establece los siguientes
aspectos a considerar para ello:
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"Artículo 269. Peligro de fuga
Para calificar el peligro de fuga, el juez tendrá en cuenta:
1. El arraigo en el país del imputado, determinado por el
domicilio, residencia habitual, asiento de la familia y de sus
negocios o trabajo y las facilidades para abandonar definitivamente
el país o permanecer oculto;
2. La gravedad de la pena que se espera como resultado del
procedimiento;
3. La magnitud del daño causado y la ausencia de una actitud
voluntaria del imputado para repararlo;
4. El comportamiento del imputado durante el procedimiento o
en otro procedimiento anterior, en la medida que indique su
voluntad de someterse a la persecución penal; y
5. La pertenencia del imputado a una organización criminal o
su reintegración a las mismas.
23. En ese sentido, son diversos los puntos (no solo uno, ni dos) a ser
considerados por el Juez de Investigación Preparatoria a fin de evaluar si
existente o no el peligro de fuga del imputado. Ello obedece a su vez, en
particular, a la necesaria observancia transversal de la presunción de
inocencia del involucrado y la proporcionalidad de la medida, por lo que
un solo aspecto no basta para sustentar este presupuesto.
24. Seguidamente, corresponde ahora evaluar si la motivación respecto de la
concurrencia del peligro de fuga aplicado al caso concreto bajo análisis
estuvo acorde con los estándares previstos; específicamente con relación
a lo argumentado en la Resolución 79, de fecha 10 de marzo de 2021,
que confirmó la Resolución 55, de fecha 20 de enero de 2021, en el
extremo que declaró fundado en parte el requerimiento fiscal de prisión
preventiva por el plazo de 36 meses contra el recurrente (quien es
acusado de integrar la presunta organización criminal “Los Magníficos
Ediles”, en su calidad de alcalde distrital de Anco, provincia de
Ayacucho), y en esta última resolución.
25. Así, conforme a lo que establecido en la resolución 55 sobre el peligro de
fuga del demandante, se tiene que la jueza del Tercer Juzgado de
Investigación Preparatoria de Huamanga estimó lo siguiente:
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Este despacho considera que existe peligro de fuga estando a la
gravedad de la pena que se espera por el procedimiento,
teniendo en cuenta que la pena probable a imponerse a cada
imputado será superior a 14 años de pena privativa de libertad
efectiva, hecho que influirá para que pretenda rehuir a la
acción de la justicia, especialmente porque toda persona pugna
vivir en libertad. Asimismo se debe tener en cuenta que existe
peligro de fuga por pertenecer a una organización criminal.
Igualmente, se debe tenerse en cuenta el comportamiento de
cada uno de los procesados en el desenvolvimiento del
procedimiento […]. Edwin Ramírez Miranda.- se tiene del acta
de escucha de audios, a la pregunta si reconoce su voz guardó
silencio.
[…]
En consecuencia, evaluando todos los elementos expuestos, hace
concluir que existe alta posibilidad de fuga en caso permanezca en
libertad, se verifica la concurrencia del peligro procesal en su
vertiente de fuga por la gravedad de la pena y pertenecer a una
organización criminal de todos los procesados […]. [fojas 303 y
304].
En el caso concreto, la medida es necesaria imputados para
ADRIEL ANTERO VALENZUELA PILLIHUAMAN, TOMÁS
GREGORIO CABRERA RISCO, JUAN CARLOS VÁSQUEZ
VILLAR, EDWIN R.AMÍREZ MIRANDA, YUSI SOCUALAYA
LARA, JORGE WILLIAM CONDOR SAGASTEGUI, EFRAÍN
JUAREZ CORONADO, , HUGO CARLOS HINOSTROZA
HUACACHI, , MARIO OCHOA JANAMPA y CESAR
ALFREDO ZARATE RUIZ, porque no existen otros medios
alternativos que permitan alcanzar el mismo fin, esto es los
fines de la investigación y eventual ejecución de la sentencia,
más aún cuando los imputados pertenecerían a una
organización criminal.
Es necesaria puesto que, si bien es cierto que de acuerdo a lo
previsto en los artículos 287, 288 y 295 se tiene medidas cautelares
como la comparecencia restringida, cierto es también que, en el
presente caso, se hace necesario e imperativo recurrir a la medida
coercitiva de mayor gravedad, con lo cual -necesariamente se
podrá alcanzar de forma efectiva e idónea el normal curso del
presente proceso y permitirá lograr los objetivos procesales
[…]. [Fojas 306] [resaltado agregado].
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26. Por su parte, en su Resolución 79 la Segunda Sala Penal de Apelaciones
de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho (que resuelve la apelación
de la anterior resolución), sobre este mismo extremo sostuvo que:
- En cuanto al peligro procesal, si bien el guardar silencio es
parte del ejercicio pleno de su derecho de defensa; pero
también la magistrada, conforme ya lo sostuvo este Colegiado
precedentemente, ha sostenido su decisión en este rubro sobre la
gravedad de la pena que se espera alcanzar en caso de ser
condenatoria la sentencia y que la misma será mayor a los 14 años
de pena privativa de la libertad, lo que acrecienta aún más el
peligro de fuga; tanto más si se tiene en cuenta la magnitud del
ilícito penal que se viene investigando y que habría acontecido al
interior de la administración pública, conforme se tiene de las
páginas 29 y 30 de la recurrida; inclusive explicó por qué no
evalúa los arraigos procesales, lo que no fue contradicho por el
apelante; no existiendo por tanto una motivación aparente.
En todo caso, si tenemos en cuenta las orientaciones
jurisprudenciales citadas precedentemente; así como, que la
finalidad de los "arraigos" es sujetar al investigado al proceso a
efectos de que éste concluya satisfactoriamente; y, que lo señalado
por el artículo 269 del Código Procesal Penal son orientaciones
para calificar el peligro de fuga y no presupuestos procesales;
entonces, los arraigos aludidos por el apelante no son
suficientes para decretar una medida cautelar personal menos
gravosa que la prisión preventiva (si se tendría en cuenta, por
ejemplo, además el arraigo patrimonial, el arraigo social, entre
otros), porque no se tiene garantizado que el investigado se
quedará asentado en el lugar de los arraigos que señala y
someterse voluntariamente al proceso por encontrarse el peligro
fuga latente por los delitos que se investiga y por la gravedad de la
pena.
Este Colegiado reproduce su posición establecida en el ítem
"7.8.1.5" y "7.4.5" de la presente resolución.
- En cuanto a la proporcionalidad de la medida, sub principio
de idoneidad, la magistrada ha tenido presente la posición del
Tribunal Constitucional, la propuesta fiscal y la exposición de los
defensores de los imputados; concluyendo porque la finalidad
perseguida es la investigación, persecución y sanción de los
hechos acontecidos en el delito materia de investigación; así
como la sujeción de los investigados al proceso; siendo la
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prisión preventiva una medida que tiende a viabilizar ese fin
procesal de permanencia de los investigados en sujeción al proceso
penal a quienes se les imputa delitos graves; entonces resulta
idónea, porque estos hechos tienen trascendencia social evidente
por la calidad de funcionarios públicos de algunos de ellos, lo
que hace racional la medida que se dispone y porque es la única
que puede asegurar el fin del proceso judicial y de una posible
ejecución de sentencia. Como se verá, la posición judicial no es
abstracta, sino suficiente y necesaria y adecuada para determinar
este sub principio — idoneidad; además, no se basó o sustentó en
hacer referencias a las etapas procesales, sino que justificó la
sujeción de los investigados al proceso.
- Igualmente, en lo referente a la proporcionalidad en sentido
estricto, el apelante ha precisado que la Jueza no ha señalado como
es que operaría la ponderación de valores si los imputados salen en
libertad; lo que tampoco resulta arreglado a la resolución apelada,
en razón a que la magistrada entre folios 34 y 35 de la recurrida ha
sustentado que esta encuentra justificación — la prisión
preventiva — en la satisfacción del interés en la investigación
para el esclarecimiento de los hechos de persecución punitiva que
tiene a su cargo el Ministerio Publico, más aún cuando ha cumplido
los presupuestos de la prisión preventiva; en otras palabras, lo que
la magistrada ha sustentado es la sujeción de los investigados al
proceso, porque en ella se investiga un hecho grave reñido por
la sociedad, al que deben estar sujetos sin que se perturbe la
actividad procesal y para asegurar una posible ejecución de la pena,
de ser el caso y que no existe la posibilidad de que afronte el
proceso en libertad; al cual los investigados deben asistir en
sujeción extrema al proceso.
Todas estas razones, nos impulsan a sostener porque la pretensión
nulidificante del apelante no encuentra correspondencia con los
extremos de la resolución recurrida, porque en ella la magistrada
ha cumplido con justificar adecuadamente la pretensión fiscal;
si bien, en forma concreta, pero abarcando todos los preceptos
procesales necesarios que permite disponer la prisión preventiva,
brevedad del argumento que no descalifica la posición
argumentativa judicial.
[fojas 456 al 458].
27. De lo expuesto, se tiene que la jueza de investigación preparatoria
sustentó la existencia del peligro de fuga del demandante en básicamente
dos (2) aspectos: la gravedad de la pena que le correspondería en
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atención a los delitos que le imputa y su pertenencia a una organización
criminal, sosteniéndose en que todo ello influirá en el imputado para que
pretenda rehuir a la acción de la justicia, “especialmente porque toda
persona pugna vivir en libertad”. Llama la atención que el sustancial
argumento de la magistrada se direccione únicamente a estos dos (2)
criterios que son repetidos constantemente incluso para justificar la
idoneidad y proporcionalidad de la medida, haciendo incidencia en la
necesidad exclusiva de resguardar los fines de la investigación y eventual
ejecución de la sentencia y que esta medida es el único medio para lograr
tal fin.
28. ¿Son suficientes estos dos (2) aspectos para fundamentar, válidamente, la
existencia de un peligro de fuga? No lo son y ello se encuentra
respaldado tanto en sentencias de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos y del Tribunal Constitucional (a las que se hará mención
posteriormente), las cuales aseveran que para pretender sustentar este
peligro procesal no basta recurrir a dichos componentes, de lo contrario,
se estará afectando el principio de presunción de inocencia y lógicamente
también el derecho a la libertad personal. ¿La medida de prisión
preventiva está avocada a garantizar el desarrollo de la investigación?
Considero que, sin perjuicio de que el fin legítimo de la dicha medida
apunta a que el acusado no impedirá el desarrollo del procedimiento ni
eludirá la acción de la justicia, no es aceptable que se pretenda
instrumentalizar la prisión preventiva de carácter excepcional con miras a
asegurar la sola continuidad del desarrollo de la investigación o proceso
penal pues ello bien podría darse con la persona en libertad, por eso es
indispensable que esta enunciación esté acompañada de un sustento
sólidamente motivado del peligro procesal de por medio, pues
precisamente ello motivaría la necesidad de evitar una situación que haga
ilusoria la investigación y eventual sanción.
29. De otro lado, la jueza presume que la gravedad de la pena incide en el
hecho de que el demandante rehúya a la justicia ya que cualquier persona
desea vivir en libertad y no realiza un análisis individualizado suficiente
que permita advertir que el comportamiento del imputado coadyuva a la
tesis del peligro de fuga (es más, únicamente menciona el hecho de que
demandante guardó silencio sobre una de las escuchas telefónicas, lo
cual, ciertamente la Sala revisora no consideró por ser su derecho, con lo
cual, se diluyó el único punto que la jueza manifestó como
comportamiento cuestionable del imputado). ¿Es este un argumento
sólido basado en un criterio objetivo y razonable, enmarcado en una
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debida motivación reforzada de la decisión? En mi opinión, no lo es,
amparándome también en pronunciamientos de la Corte Interamericana
de Derechos Humanos y del Tribunal Constitucional que van en la línea
de exigir una fundamentación que esté basada en meras presunciones o
conjeturas, lo cual no niega que se recurra a indicios pero estos conllevan
un determinado grado de credibilidad y razonabilidad de por medio que
en este caso definitivamente no se observa.
30. Lo argüido por la jueza fue avalado por la Sala revisora e incluso
mencionó que la gravedad de la pena “acrecienta aún más el peligro de
fuga; tanto más si se tiene en cuenta la magnitud del ilícito penal” y
justificó la idoneidad de la medida “porque estos hechos tienen
trascendencia social evidente por la calidad de funcionarios públicos”,
así como la proporcionalidad de la misma por tratarse de la investigación
de un “hecho grave reñido por la sociedad” al que debe estar sujeto el
demandante “sin que se perturbe la actividad procesal y para asegurar
una posible ejecución de la pena, de ser el caso y que no existe la
posibilidad de que afronte el proceso en libertad”. Lo referido también
merece un cuestionamiento de mi parte, pues se insiste en fundamentar el
peligro de fuga en la dimensión del delito imputado debido a su impacto
social y además añade la calidad de funcionario público del demandante,
siendo ello también utilizado para sustentar la idoneidad y
proporcionalidad de la medida. Cabe reiterar que recurrir únicamente a la
magnitud de la pena no es suficiente y debo añadir que no es aceptable
basarse en la calidad del imputado para a partir de ello asegurar o asumir
que este eludirá la justicia si atraviesa el proceso en libertad. Sobre esto
también se ha pronunciado la Corte Interamericana de Derechos
Humanos advirtiendo que dicho argumento no es atendible.
31. Asimismo, llama la atención que, de acuerdo a lo mencionado en la
Resolución N°79, la jueza no haya evaluado los arraigos procesales
planteados por el demandante y que además indique que lo establecido en
el articulo 269 del Código Procesal Penal solo son orientaciones para
calificar el peligro de fuga y no se trata de presupuestos procesales, y en
atención a ello sostenga que en el caso concreto no son suficientes los
arraigos para evitar una prisión preventiva. Más allá del hecho de que
sean o no únicamente orientaciones, el hecho es que, bajo mi
consideración, la jueza o la Sala revisora debió analizar de forma
particular e individualizada lo que el imputado planteó al respecto a fin
de explicitar las razones de por qué aquello que este consideraba con
arraigos, para el juzgador no lo era o no era suficiente para el caso
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concreto. Vale mencionar que, al respecto, según lo mencionado en la
Resolución N°79, el demandante adujo:
3.3.17.- Error de hecho respecto al peligro procesal - peligro de
fuga; toda vez que la sola gravedad de la pena postulada por la Juez
no puede ser el sustento del peligro de fuga; tanto más si el
recurrente demostró: i) que tiene arraigo familiar, laboral y
domiciliario de calidad; ii) no intentó darse a la fuga al
momento de su intervención; iii) si bien no está obligado a
declarar, renunció a su derecho para esclarecer los hechos
imputados; iv) no tiene antecedentes penales, judiciales ni
policiales; v) No registra salidas al exterior del país, tampoco
tiene pasaporte; vi) las fuentes de prueba documentales ya
fueron incautadas, tanto en las instalaciones de la Municipalidad
Distrital de Anco y en su domicilio; vii) los aspirantes a
colaboradores eficaces OIDFPCEDCF en la transcripción del área
relevante de sus declaraciones no lo mencionan; viii) su
capacidad económica no es alta como para sustraerse de la acción
de la justicia; ix) los elementos de convicción respecto a su
defendido son débiles.
3.3.18.- Errores de hecho con respecto a la proporcionalidad de la
medida e inadecuada apreciación de circunstancias fácticas; al
respecto, su patrocinado no mostró un comportamiento de
ocultamiento de prueba o amenaza a los testigos; además no
establece de forma concreta por qué para su patrocinado no
puede operar la comparecencia con restricciones.
32. Teniendo en cuenta lo alegado por el demandante, correspondía que se
motivara por qué dichos elementos no eran atendibles jurídicamente y
por qué una medida de, por ejemplo, comparescencia restringida, no
cubría la idoneidad y necesidad que sí lo hacía la prisión preventiva.
33. A fin de sustentar lo hasta aquí aseverado, me permito aludir en primer
lugar a pronunciamientos de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos (que van en la línea de los fundamentos precitados supra de la
sentencia de dicho órgano supranacional sobre el caso Norín Catrimán y
otros (Dirigentes, miembros y activista del Pueblo Indígena Mapuche)
Vs. Chile) referidos a los indicios razonables y a la valoración del peligro
procesal:
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159. (…) Para restringir el derecho a la libertad personal a
través de medidas como la prisión preventiva deben existir
indicios suficientes que permitan suponer razonablemente que
la persona sometida al proceso ha participado en el ilícito que
se investiga. Sin embargo, aún verificado este extremo, la
privación de libertad del procesado no puede residir en fines
preventivo-generales o preventivo-especiales atribuibles a la
pena, sino que sólo se puede fundamentar en un fin legítimo, a
saber: asegurar que el acusado no impedirá el desarrollo del
procedimiento ni eludirá la acción de la justicia.
Concordantemente, las características personales del supuesto
autor y la gravedad del delito que se le imputa no son, por sí
mismos, justificación suficiente de la prisión preventiva. El
peligro procesal no se presume, sino que debe realizarse la
verificación del mismo en cada caso, fundado en circunstancias
objetivas y ciertas del caso concreto. De este modo, para que se
respete la presunción de inocencia al ordenarse medidas
restrictivas de la libertad es preciso que el Estado fundamente
y acredite, de manera clara y motivada, según cada caso
concreto, la existencia de los referidos requisitos exigidos por la
Convención. Proceder de otro modo equivaldría a anticipar la pena,
lo cual contraviene principios generales del derecho, ampliamente
reconocidos, entre ellos, el principio de presunción de inocencia.
[Corte IDH. Caso J. Vs. Perú. Excepción Preliminar, Fondo,
Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de noviembre de 2013].
100. En lo que refiere al primer elemento del test de
proporcionalidad, esto es, la finalidad de la medida restrictiva de la
libertad, el Tribunal ha indicado que una medida de esta
naturaleza solo se debe imponer cuando sea necesaria para la
satisfacción de un fin legítimo, a saber: que la persona acusada no
impedirá el desarrollo del procedimiento ni eludirá la acción de la
justicia. Asimismo, ha destacado que el peligro procesal no se
presume, sino que debe realizarse la verificación del mismo en
cada caso, fundado en circunstancias objetivas y ciertas del
caso concreto. La exigencia de dichos fines encuentra
fundamento en los artículos 7.3, 7.5 y 8.2 de la Convención.
106. […] La Corte recuerda que el peligro procesal no se presume,
sino que debe realizarse la verificación del mismo en cada caso,
fundado en circunstancias objetivas y ciertas del caso concreto.
[…]. Asimismo, la mención a la alarma social que habría
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causado la ocurrencia del presunto delito, es contraria a la
lógica cautelar ya que no se refiere a las condiciones
particulares de la persona imputada, sino a valoraciones
subjetivas y de índole político, las cuales no deberían ser parte
de la fundamentación de una orden de prisión preventiva. En
este sentido, al no haberse motivado la decisión de la prisión
preventiva en circunstancias objetivas que acreditaran el peligro
procesal en el presente caso, esta fue contraria a la Convención
Americana.
[Caso Manuela y otros Vs. El Salvador. Excepciones preliminares,
Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 2 de noviembre de
2021] [resaltado y subrayado agregado].
34. Por su parte, el Tribunal Constitucional también ha emitido
pronunciamientos de interés sobre esta temática en concordancia con lo
expuesto y en el análisis del caso concreto bajo su conocimiento al
determinarse la no concurrencia de una motivación adecuada sobre el
peligro procesal, declaró fundada la demanda en dicho extremo. Así, es
posible destacar los siguientes:
“9. […] el razonamiento esgrimido por la jueza demandada carece
de argumentación suficiente para justificar el peligro procesal.
Ello debido a que justifica el supuesto del peligro procesal
únicamente en la gravedad de la pena y la pertenencia de un
imputado(a) a una organización delictiva. Sin embargo, como ha
señalado este Tribunal, los argumentos de un juez(a) revisor(a)
relacionados con la supuesta comisión de un delito por parte de
una persona, con prescindencia de su gravedad, no pueden
justificar por sí solos el dictado de una medida de prisión
provisional (Cfr. Sentencia 1091-2002-HC/TC, fundamento 9,
entre otras)”.
[Expediente 04090-2018-PHC/TC, Juan Carlos Rodríguez López]
98. Como bien ha referido la Corte Interamericana, una resolución
judicial que pretenda entenderse como suficientemente motivada
para limitar la libertad personal "tiene que estar fundada en hechos
específicos (...) esto es, no en meras conjeturas" (Cfr. Corte IDH.
Caso Chaparro Álvarez y Lapo Iñiguez v. Ecuador, Sentencia de 21
de noviembre de 2007, párr. 103). Es decir, el riesgo de
perturbación de la actividad probatoria o de fuga puede ser
finalmente una conjetura, pero tratándose de limitar la libertad
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personal, resulta constitucionalmente inaceptable que también
lo sea el elemento de juicio en que se pretenda sustentar.
99. Ello en buena medida es lo que establece el artículo 281 del
Código Procesal Civil, supletoriamente aplicable al proceso penal,
cuando, al referirse a las "presunciones judiciales", establece que el
razonamiento lógico-crítico del Juez, basado en reglas de
experiencia o en sus conocimientos y a partir del presupuesto
debidamente acreditado en el proceso, contribuye a formar
convicción respecto al hecho o hechos investigados" […]. Lo que
en buena cuenta quiere decir, que cabe la presunción judicial,
pero solo en base a un elemento debidamente acreditado, no en
base a otro hecho presunto.
122. En definitiva, pues, sostener que pueda bastar la gravedad
de la pena y los indicios de pertenencia a una organización
criminal para justificar una orden preventiva de prisión, es
violatorio de los derechos fundamentales a la presunción de
inocencia y a la libertad personal. Este Tribunal considera que
pueden ser elementos que contribuyan a presumir el peligro
procesal (ya sea de peligro de fuga o de obstaculización
probatoria), pero por sí solos no son suficientes. […].
123. Dado que en el caso de los procesados Humala Tasso y
Heredia Alarcón, todos los argumentos relacionados con el peligro
procesal que fueron esgrimidos por el Juez y la Sala para justificar
el mandato de prisión preventiva en su contra, han sido
considerados inconstitucionales, la presunta pertenencia a una
organización criminal, por ser un criterio de orden punitivo y
no procesal, no puede ser una razón en sí misma suficiente para
justificarlo, a menos que se sumen elementos que permitan
presumir, razonablemente, el incremento del peligro procesal
(dar cuenta de la compra de pasajes aéreos en fecha próxima para
justificar la existencia de un peligro de fuga; o, dar cuenta de que el
investigado ocupó un cargo importante y tuvo acceso a una esfera
de poder que permitiría el ocultamiento o desaparición de pruebas,
a fin de justificar un peligro de obstrucción probatoria), lo que en el
presente caso no ha sucedido.
[Expediente 04780-2017-PHC/TC, 00502-2018-PHC/TC
(Acumulado), Ollanta Moisés Humala Tasso y Nadine Heredia
Alarcón] [resaltado y subrayado agregado].
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35. En consecuencia, en lo que al caso concreto se refiere, soy de la opinión
que tanto la jueza de investigación preparatoria como la Sala revisora
incurrieron en un supuesto de “motivación aparente” de sus resoluciones
en lo que al peligro procesal respecta, con lo cual, no cumplieron con el
estándar del deber de motivación reforzada de la resolución que dictó la
medida de prisión preventiva del demandado.
36. Por último, y solo a modo de enunciado que considero merece mayor
debate, es aquel referido a la presunta pertenencia de una organización
criminal como consideración a tomar en cuenta para determinar el
peligro de fuga en un caso particular. Ello en tanto es un componente
usualmente utilizado para sustentar dicho peligro y que se vincula con
definir a qué se alude una “organización criminal”, recordando que para
efectos del peligro de fuga estamos enmarcados en presuntos actos
delictivos aun no corroborados judicialmente. El Código Penal en su
artículo 317 establece:
Artículo 317.- Organización Criminal
El que promueva, organice, constituya, o integre una organización
criminal de tres o más personas con carácter estable, permanente o
por tiempo indefinido, que de manera organizada, concertada o
coordinada, se repartan diversas tareas o funciones, destinada a
cometer delitos será reprimido con pena privativa de libertad no
menor de ocho ni mayor de quince años y con ciento ochenta a
trescientos sesenta y cinco días - multa, e inhabilitación conforme
al artículo 36, incisos 1), 2), 4) y 8).
La pena será no menor de quince ni mayor de veinte años y con
ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco días - multa, e
inhabilitación conforme al artículo 36, incisos 1), 2), 4) y 8) en los
siguientes supuestos:
Cuando el agente tuviese la condición de líder, jefe, financista o
dirigente de la organización criminal. Cuando producto del
accionar delictivo de la organización criminal, cualquiera de sus
miembros causa la muerte de una persona o le causa lesiones
graves a su integridad física o mental”.
37. Dicha regulación se considera entonces para efectos del análisis de la
presencia del artículo 269, inciso 5, del Código Procesal Penal referido a
“La pertenencia del imputado a una organización criminal o su
reintegración a las mismas”.
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38. Hasta aquí, es claro que la prisión preventiva es una institución
legalmente permitida, mi pretensión no es negar ni cuestionar ello, sino
advertir que para que su dación sea legítima, constitucional y
convencional, debe cumplir los parámetros y estándares relacionados con
la debida motivación, la cual considero de carácter reforzado, de este tipo
de decisiones, teniendo en cuenta las implicancias, la envergadura y el
impacto que esta medida restrictiva severa detenta en los derechos del
imputado. Creo importante resaltar que se trata de una medida
excepcional, siendo la regla que la persona involucrada en determinado
proceso, lo atraviese en libertad hasta que se determine o no su
responsabilidad penal, independientemente de la calidad de la persona
y/o el tipo de delito que se le imputa, sin perder la objetividad e
imparcialidad como garantía de un debido proceso.
39. A este respecto quisiera traer a reflexión lo ya señalado por el Tribunal
Constitucional sobre la necesidad de tener presente de la lucha contra la
corrupción debe enmarcarse en el respeto a los derechos humanos y que
la lógica de la sospecha que asume a un funcionario público con
tendencia a delinquir y generada por los reprochables casos de
corrupción finalmente acarrea una vulneración de los derechos
fundamentales. En esa línea, dicho Tribunal afirma lo siguiente:
83. Este alto Tribunal de la Nación, reconoce también que la
corrupción es un mal que aqueja profundamente a la sociedad
peruana y, por lo tanto, debe ser investigada y sancionada con
severidad por el Estado. Sin embargo, como garantía de
legitimidad y de eficacia, la lucha inquebrantable contra la
corrupción debe ser una lucha constitucionalizada y
convencionalizada. Es decir, una lucha enmarcada
escrupulosamente en el respeto de los derechos fundamentales,
los principios y los valores que consagra nuestra Constitución;
los tratados internacionales sobre derechos humanos suscritos
por el Estado peruano; que tenga en cuenta además las
recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos; y, sobre todo, con un riguroso respeto a las reglas que
impone el debido proceso, el derecho de defensa y la tutela
procesal efectiva, que son pilares de una recta, proba, eficaz e
idónea administración de justicia.
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[Expediente N° 02534-2019-PHC/TC, Keiko Sofía Fujimori
Higuchi, representada por Sachie Marcela Fujimori Higuchi De
Koenig]
124. Sobre ese tipo de valoraciones judiciales, resulta importante
manifestar que, como consecuencia de la actual coyuntura social
de desconfianza frente a la autoridad como consecuencia de los
recientes casos de corrupción, el país en su generalidad viene
viviendo en una actitud de sospecha colectiva que ha terminado
colocando a la persona en general y a quien ejerce función o
cargo público en particular como un sujeto considerado de
suyo "proclive al delito". Es decir, se ha implantado una actitud
totalmente inconstitucional, prejuiciosa y lesiva, que abdica de
la lógica del Legislador Constituyente peruano, que ha optado
por un sistema que considera a la persona humana como fin
supremo de la sociedad y del Estado, que es anterior y superior al
Estado y titular de una serie de derechos que le son inherentes,
denominados, más allá de las digresiones académicas que la
doctrina recoge, derechos humanos, derechos fundamentales,
derechos de la persona o derechos constitucionales; entre los cuales
están el derecho al honor y a la buena reputación, el derecho a la
defensa y el respeto de su dignidad, y el derecho a la presunción de
inocencia mientras no se haya acreditado judicialmente su
culpabilidad, mediante sentencia firme y definitiva.
125. Esa actitud, contradice totalmente el claro mandato
contenido en el artículo 1 de la Constitución, que a la letra
preceptúa que: "La defensa de la persona humana y el respeto de su
dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado". […].
[Expediente 04780-2017-PHC/TC, 00502-2018-PHC/TC
(Acumulado), Ollanta Moisés Humala Tasso y Nadine Heredia
Alarcón] [resaltado y subrayado agregado].
B. Sobre la determinación de la duración de la prisión preventiva
40. Sin perjuicio de lo considerado en el acápite anterior, ahora me permito
realizar unos cuestionamientos adicionales sobre el plazo que se dispuso
en este caso para la ejecución de la prisión preventiva, y para ello parto
de la premisa que la debida motivación y proporcionalidad no solo se
agota en lo que respecta a la adopción de la medida provisional en sí
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misma sino que adicionalmente se aplica en la determinación de su
duración, considerando que el imputado podría atravesar varios años
privado de libertad estando aún en calidad de procesado y por tanto sin
habérsele determinado siquiera responsabilidad penal por el o los delitos
que se le imputa, lo cual linda con el respeto a la presunción de
inocencia.
41. El artículo 272 del Código Procesal Penal establece lo siguiente sobre la
duración de esta medida:
Artículo 272.- Duración
1. La prisión preventiva no durará más de nueve (9) meses.
2. Tratándose de procesos complejos, el plazo límite de la prisión
preventiva no durará más de dieciocho (18) meses.
3. Para los procesos de criminalidad organizada, el plazo de la
prisión preventiva no durará más de treinta y seis (36) meses.
[resaltado agregado].
42. Se observa que la norma dispone una duración diferenciada para los
casos generales, los procesos complejos y los procesos de criminalidad
organizada, siendo esto último supuesto el que detenta la posibilidad de
contar con una duración más extensa. No obstante, vale tener presente
que el legislador ha optado por establecer un techo temporal (“no durará
más de”), con lo cual, bien podría el juez competente determinar un plazo
menor al máximo permitido en virtud de sus propias consideraciones
razonadas aun cuando el caso particular calce dentro de los supuestos del
inciso 2 o 3.
43. En el caso concreto, al señor Edwin Ramírez Miranda se le impuso el
plazo máximo permitido para el supuesto contemplado en el inciso 3 del
artículo precitado, esto es, 36 meses (3 años) en atención a encontrarse
involucrado en un proceso de criminalidad organizada. Al respecto, la
jueza de investigación preparatoria en su Resolución N°55, consideró lo
siguiente (que no fue objeto de pronunciamiento específico por la Sala
revisora de apelación que se interpuso contra dicha resolución):
Atendiendo al estado de la presente investigación, se solicita que
la medida de prisión preventiva a imponerse sea por el plazo
DE 36 MESES, de conformidad con el numeral 2 del artículo 272°
del Código Procesal Penal; en razón a que el plazo solicitado está
en función a los demás actos de investigación que se van a
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realizar; esto es, se van a efectuar pericias reconocimiento de
imagen, voz y documentos, de visualización y transcripción de
documentos (audios, videos y fotos), pericia contable valorativa,
pericia de ingeniería fonética (voz) que corresponda, peritaje de
Informática, peritaje de ingeniería civil; además se va a recibir las
declaraciones de los imputados y testigos. Levantamiento de
secreto de comunicaciones, bursátil, tributario y bancario. Máxime
si durante la investigación no se contado (sic) con la
predisposición de los imputados al esclarecimiento de los
hechos, resulta razonable y proporcional, debido a la
naturaleza compleja de la presente investigación preparatoria,
lo que nos permite estimar que tanto la etapa intermedia como
juicio oral requerirán un plazo mayor al tenido en el caso de
procesos penales denominados no complejos. , fundamentalmente,
asegurar la ejecución de una eventual sentencia condenatoria, tanto
más que en el caso de autos afrontamos un hecho grave como es
el delito de corrupción que en cierto modo son delitos que han
dejado de ser convencionales y por tanto su investigación es
sumamente compleja; Es así que -con el objeto de evitar la
inejecución de la probable pena a imponer a los imputados,
resulta necesaria que se conceda prisión preventiva por el plazo
de 36 meses. […] la medida solicitada resulta útil a los fines de la
Investigación, además de ser proporcional y razonable a la
gravedad de las imputaciones, sin embargo es de precisar también
que conforme nuestra norma adjetiva puede ser objeto de variación
conforme al decurso procesal, tanto más que es razonable el plazo
solicitado, por las diligencias a realizarse en el expediente
principal, los cuales podrán crear convicción en el juzgado ya sea
sobre su inocencia o culpabilidad. [Foja 308].
44. Siendo así, en el presente caso la magistrada sustenta su decisión de
imponer el máximo plazo de prisión preventiva en función a los actos de
investigación que se efectuarán, al hecho de que no hubo predisposición
de los imputados para el esclarecimiento de los hechos, a la naturaleza
compleja del proceso y por tratarse de un caso que involucraría un delito
de corrupción. Sin embargo, más allá de sostener que se trata de un caso
complejo en el que está por medio un proceso de criminalidad organizada
(ello a fin de denotar que se configura el supuesto de la norma), no se
evidencia una fundamentación de manera individualizada respecto de
cada imputado (en el presente caso se trata de un conjunto de imputados)
y que se dirija a motivar por qué todos y cada uno de los imputados
merecen ser puestos bajo prisión preventiva por 36 meses, que es el tope
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máximo de duración permitida legalmente, y por qué no imponérsele un
menor plazo. Únicamente se dice que “durante la investigación no se
contado (sic) con la predisposición de los imputados al esclarecimiento
de los hechos”, con lo cual, de forma sucinta asevera que ninguno tuvo
dicha disposición, pero sin mencionar las razones que le llevaron a
concluir ello. No se advierte tampoco que se haya considerado el grado
de involucramiento, según la tesis de la fiscalía, de cada de los
imputados, sus roles, sus conductas diferenciadas, entre otros. Al parecer,
bastaría sostener que se trata de un caso complejo con involucramiento
de una organización criminal para que, en automático, se decida por
aplicar los 36 meses de prisión preventiva, aun cuando la norma procesal
penal permite hacer una graduación a criterio objetivo del juzgador. Cabe
mencionar además que, precisamente la extensión de la duración de la
prisión preventiva que se determina debiera tener como correlato una
tramitación célere y diligente de las investigaciones y procesos penales,
teniendo en cuenta que existe una persona privada de libertad que
prácticamente está supeditada al avance y resultados de ello a fin de
intentar lograr un cambio de medida de restricción y eventualmente salir
en libertad.
45. En la línea de lo antes mencionado, la Corte Interamericana de Derechos
Humanos afirma que:
89. Para este Tribunal, el artículo 7 de la Convención contiene
dos tipos de regulaciones bien diferenciadas entre sí: una
general y otra específica. La general se encuentra en el primer
numeral: “[t]oda persona tiene el derecho a la libertad y a la
seguridad personales”. Mientras que la específica está compuesta
por una serie de garantías que protegen el derecho (…) al
control judicial de la privación de la libertad y la razonabilidad
del plazo de la prisión preventiva (art. 7.5),
[Caso Yvon Neptune vs. Haití Sentencia de 6 mayo de 2008
(Fondo, Reparaciones y Costas)]
129. El artículo 7.5 de la Convención garantiza el derecho de
toda persona en prisión preventiva a ser juzgada dentro de un
plazo razonable o ser puesta en libertad, sin perjuicio de que
continúe el proceso. Esta norma impone límites temporales a la
duración de la prisión preventiva y, en consecuencia, a las
facultades del Estado para asegurar los fines del proceso
mediante esta medida cautelar. Cuando el plazo de la prisión
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preventiva sobrepasa lo razonable, el Estado podrá limitar la
libertad del imputado con otras medidas menos lesivas que
aseguren su comparecencia al juicio, distintas de la privación de
libertad. Este derecho del individuo trae consigo, a su vez, una
obligación judicial de tramitar con mayor diligencia y
prontitud los procesos penales en los que el imputado se
encuentre privado de libertad.
[Corte IDH. Caso Argüelles y otros Vs. Argentina. Excepciones
Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 20 de
noviembre de 2014. Serie C No. 288] [resaltado agregado].
46. Por tanto, en el caso concreto no se advierte que se haya cumplido con
realizar una debida motivación sobre la razonabilidad de la duración de la
prisión preventiva dictada en contra del demandante.
C. Sobre la revisión de la permanencia de los presupuestos que
sustentaron el dictado de una prisión preventiva
47. Si bien este aspecto no se encuentra vinculado propiamente con el caso
particular, quisiera aprovechar la ocasión para plantear un tema que
considero también relevante en lo que corresponde a la institución
jurídica de la prisión preventiva y que es necesario tener presente.
48. No obstante que se haya advertido y fundamentado debidamente la
concurrencia de los 3 presupuestos procesales para proceder al dictado de
la prisión preventiva, no de debe perder de vista la posibilidad de que
alguno de dichos presupuestos pierda su vigencia en el transcurso del
plazo impuesto. Por ello, en la eventualidad que ello ocurra, supondría
que la propia medida provisional pierda sustento jurídico y por tanto
debiera dejarse sin efecto. Ahora bien, el artículo 283 del Código
Procesal Penal dispone:
Artículo 283 Cesación de la Prisión preventiva.-
1. EI imputado podrá solicitar la cesación de la prisión
preventiva y su sustitución por una medida de comparecencia
las veces que lo considere pertinente.
2. El Juez de la Investigación Preparatoria decidirá siguiendo el
trámite previsto en el artículo 274.
3. La cesación de la medida procederá cuando nuevos
elementos de convicción demuestren que no concurren los
motivos que determinaron su imposición y resulte necesario
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sustituirla por la medida de comparecencia. Para la determinación
de la medida sustitutiva el Juez tendrá en consideración,
adicionalmente, las características personales del imputado, el
tiempo transcurrido desde la privación de libertad y el estado de la
causa.
4. El Juez impondrá las correspondientes reglas de conductas
necesarias para garantizar la presencia del imputado o para evitar
que lesione la finalidad de la medida. [resaltado agregado].
49. Dicha disposición establece que es el imputado el que puede solicitar el
cese de la prisión preventiva cuando considere que existen nuevos
elementos de convicción que corroboren la no concurrencia de los
presupuestos materiales. Es decir, no está obligado a esperar que culmine
el plazo dictaminado como prisión preventiva y puede cuestionar la
permanencia de aquellos motivos que fueron el fundamento de su prisión
preventiva.
50. Sobre el particular, cabe hacer referencia a lo que estipula la Corte
Interamericana de Derechos Humanos sobre el deber del Estado de
realizar una revisión periódica de la vigencia de los presupuestos que
fueron el sustento del dictado de una prisión preventiva, contemplando
un estándar de la provisionalidad de dicha medida; aseverando además
que le corresponde sustentar las razones del mantenimiento de la prisión
preventiva, de ser el caso Al respecto, establece lo siguiente:
108. El Tribunal recalca que son las autoridades nacionales las
encargadas de valorar la pertinencia del mantenimiento de las
medidas cautelares que dictan conforme a su propio
ordenamiento. Sin embargo, corresponde a esta Corte valorar si la
actuación de tales autoridades se adecuó a los preceptos de la
Convención Americana.
(…)
La Corte resalta que en los casos de personas detenidas los jueces
no tienen que esperar hasta el momento de dictar sentencia
absolutoria para que los detenidos recuperen su libertad, sino
que deben valorar periódicamente si las causas y fines que
justificaron la privación de libertad se mantienen, si la medida
cautelar todavía es absolutamente necesaria para la consecución de
esos fines y si es proporcional
Caso Yvon Neptune vs. Haití Sentencia de 6 mayo de 2008 (Fondo,
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74. La prisión preventiva no debe prolongarse cuando no
subsistan las razones que motivaron la adopción de la medida
cautelar. El Tribunal ha observado que son las autoridades
nacionales las encargadas de valorar la pertinencia o no del
mantenimiento de las medidas cautelares que emiten conforme a
su propio ordenamiento. Al realizar esta tarea, las autoridades
nacionales deben ofrecer los fundamentos suficientes que
permitan conocer los motivos por los cuales se mantiene la
restricción de la libertad, la cual, para que sea compatible con el
artículo 7.3 de la Convención Americana, debe estar fundada en
la necesidad de asegurar que el detenido no impedirá el
desarrollo eficiente de las investigaciones ni eludirá la acción de
la justicia. Las características personales del supuesto autor y
la gravedad del delito que se le imputa no son, por sí mismos,
justificación suficiente de la prisión preventiva. No obstante lo
anterior, aun cuando medien razones para mantener a una
persona en prisión preventiva, el artículo 7.5 garantiza que aquella
sea liberada si el período de la detención ha excedido el límite de lo
razonable.
[Corte IDH. Caso Bayarri Vs. Argentina. Excepción Preliminar,
Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de octubre de 2008.
Serie C No. 187]
311. La Corte ha precisado también las características que debe
tener una medida de detención o prisión preventiva para
ajustarse a las disposiciones de la Convención Americana:
[…]
c) Está sujeta a revisión periódica: La Corte ha puesto de relieve
que no debe prolongarse cuando no subsistan las razones que
motivaron su adopción. También ha observado que son las
autoridades nacionales las encargadas de valorar la pertinencia o no
del mantenimiento de las medidas cautelares que emiten conforme
a su propio ordenamiento. Al realizar esta tarea, las autoridades
nacionales deben ofrecer los fundamentos suficientes que
permitan conocer los motivos por los cuales se mantiene la
restricción de la libertad, la cual, para que no se erija en una
privación de libertad arbitraria, de acuerdo con el artículo 7.3 de la
Convención Americana, debe estar fundada en la necesidad de
asegurar que el detenido no impedirá el desarrollo eficiente de
las investigaciones ni eludirá la acción de la justicia. La Corte
resalta, además, que el juez no tiene que esperar hasta el
momento de dictar sentencia absolutoria para que una persona
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detenida recupere su libertad, sino que debe valorar
periódicamente si se mantienen las causas de la medida y la
necesidad y la proporcionalidad de ésta, así como si el plazo de
la detención ha sobrepasado los límites que imponen la ley y la
razón. En cualquier momento en que aparezca que la prisión
preventiva no satisface estas condiciones, deberá decretarse la
libertad, sin perjuicio de que el proceso respectivo continúe.
[Corte IDH. Caso Norín Catrimán y otros (Dirigentes, miembros y
activista del Pueblo Indígena Mapuche) Vs. Chile. Fondo,
Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de mayo de 2014]
[resaltado y subrayado agregado].
51. Considerando lo anterior, no cabe duda que la Corte Interamericana de
Derechos Humanos ha dejado sentado un estándar de revisión periódica
de la medida de prisión preventiva y corresponde entonces a la judicatura
competente cumplir con dicho estándar.
52. En lo que respecta al caso concreto, sería necesario tener ello presente en
la medida que el demandante, según lo reportado por el Instituto
Nacional Penitenciario (“Antecedentes Judiciales de Internos Nº
346062”, de fecha 2 de diciembre de 2021), se encuentra recluido en el
establecimiento penal de Ayacucho desde el 20 de enero de 2021.
Por todas estas consideraciones, mi voto es por declarar FUNDADA la
demanda en lo que respecta a la vulneración del derecho fundamental a la
motivación de las resoluciones judiciales y, en consecuencia, se declaren nulas
la Resolución 55, de fecha 20 de enero de 2021, corregida por la Resolución
57, de fecha 22 de enero de 2021, en el extremo que declaró fundado en parte
el requerimiento fiscal de prisión preventiva por el plazo de 36 meses contra el
favorecido en el proceso que se le sigue por los delitos de organización
criminal y colusión agravada; y el auto de vista, Resolución 79, de fecha 10 de
marzo de 2021, que confirmó la Resolución 55 en el precitado extremo;
debiendo emitirse una nueva resolución debidamente motivada, respecto a la
medida coercitiva personal a imponerse al recurrente, si fuera el caso, para lo
cual se deberá analizar la concurrencia o no de los elementos respecto a que el
señor Edwin Ramírez Miranda intente evadir la acción de la justicia y sin que
se traduzca ello necesariamente en la liberación del procesado.
S.
OCHOA CARDICH