Pleno. Sentencia 391/2022
EXP. N.° 03417-2021-PHC/TC
LIMA
NEALL BREAYAN RIVERA SÁNCHEZ,
representado por VÍCTOR MANUEL
VALLEJO VÁSQUEZ
SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
En Lima, a los 13 días del mes de diciembre de 2022, el Pleno del Tribunal
Constitucional, integrado por los magistrados Morales Saravia, Pacheco
Zerga, Gutiérrez Ticse, Domínguez Haro, Monteagudo Valdez y Ochoa
Cardich, pronuncia la siguiente sentencia. Sin la participación del
magistrado Ferrero Costa.
ASUNTO
Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Víctor Manuel
Vallejo Vásquez, abogado de don Neall Breayan Rivera Sánchez, contra la
resolución de fojas 245, de fecha 10 de agosto de 2021, expedida por la
Octava Sala Penal Liquidadora de la Corte Superior de Justicia Lima, que
declaró la improcedencia liminar de la demanda de habeas corpus de autos.
ANTECEDENTES
Con fecha 17 de agosto de 2020, don Víctor Manuel Vallejo Vásquez
interpone demanda de habeas corpus a favor de don Neall Breayan Rivera
Sánchez (f. 1), contra el juez del Trigésimo Sexto Juzgado Especializado en
lo Penal de Turno de Lima, don Oscar David Gonzales Andrade; el director
del Establecimiento Penitenciario Ancón I, don Rolando Pablo Cárdenas
Campos; el presidente del INPE, don Rafael Eduardo Castillo Alfaro; la
ministra de Justicia, el presidente del Consejo de Ministros y el presidente
de la República. Denuncia la vulneración del derecho a la pluralidad de
instancia del favorecido, en conexidad con sus derechos a la integridad
personal, a la salud, a la vida y no ser víctima de tratos degradantes.
Alega que el favorecido es impedido de ejercer su derecho a la pluralidad de
instancia. Señala que el 15 de abril de 2020 se interpuso un anterior proceso
de habeas corpus a favor del beneficiario (Expediente 02409-2020-0-1801-
JR-PE-36), en el que el juez demandado declaró la improcedencia liminar de
la demanda, y, a pesar de que el recurso de apelación interpuesto con fecha
18 de abril del 2020 fue concedido y elevado, hasta la fecha de interposición
de la presente demanda constitucional, la Sala superior no ha programado la
vista de la causa que resuelva su caso, lo cual afecta el derecho mencionado.
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Refiere que el anterior habeas corpus fue interpuesto con la finalidad de
preservar los derechos a la integridad y la salud del favorecido, quien fue
víctima de una brutal represión por parte de agentes del INPE durante las
protestas realizadas por los internos del penal, hecho que fue materia de
denuncia ante la fiscalía de Lima Norte (Caso 116-2020). Arguye que la
Tercera Fiscalía Supranacional de Lima investiga los hechos y dispuso que
el 18 de agosto de 2020 se recabe la declaración del favorecido. Aduce que
los días 16 y 17 de agosto de 2020 el director del penal demandado, agentes
del INPE e internos vinculados al INPE coaccionaron al beneficiario (bajo
amenazas y favores) para que se retracte de la denuncia y declare que era
parte del motín. Agrega que el juez demandado rehusó su deber de tutelar la
vida del favorecido y declaró la improcedencia liminar de la demanda.
El Juzgado Penal de Turno Permanente de Lima, con fecha 17 de agosto de
2020, declaró la improcedencia liminar de la demanda (f. 63). Estima que
los hechos relacionados con la presunta agresión y lesión a la integridad del
beneficiario vienen siendo investigados a nivel del Ministerio Público y que
la afectación del derecho a la pluralidad de instancia no es tal, puesto que el
recurso de apelación ha sido amparado, lo cual es conforme con lo expuesto
por el demandante. Agrega que el señalamiento y notificación para la vista
de la causa (del anterior habeas corpus) pueden ser cuestionados a través del
órgano de control, y no en la presente vía constitucional.
La Octava Sala Penal Liquidadora de la Corte Superior de Justicia Lima,
con fecha 10 de agosto de 2021 (f. 245), confirmó la resolución apelada que
declaró la improcedencia liminar de la demanda. Considera que en el caso
no existe afectación alguna del derecho a la libertad, integridad ni a la salud
del beneficiario, ya que ha recibido atención médica y es un paciente estable
dependiente que debe continuar con las indicaciones médicas y evaluaciones
del especialista del Instituto Nacional de Ojos para definir su diagnóstico y
próximo tratamiento, además de que tiene resultado no reactivo a la Covid-
19. Agrega que existe otro proceso de habeas corpus (Expediente 03287-
2020-0-2001-JR-PE-01) en el que, al igual que en la demanda de autos, se
alega que el favorecido fue lesionado por agentes del INPE.
Cabe precisar que el Tribunal Constitucional, mediante decreto de fecha 14
de enero de 2022 (instrumental que obra en el cuaderno de Tribunal
Constitucional), ofició a la Tercera Sala Especializada en lo Penal para
Procesos con Reos Libres de la Corte Superior de Justicia de Lima a fin de
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que informe respecto del estado en que se encuentra el Expediente de
habeas corpus 02409-2020-0-1801-JR-PE-36. La Octava Sala Penal
Liquidadora de la Corte Superior de Justicia de Lima, mediante escrito de
fecha 25 de marzo de 2022, indicó que el citado expediente fue elevado a
este Tribunal con fecha 14 de diciembre de 2021, al haberse concedido
recurso de agravio constitucional.
FUNDAMENTOS
Delimitación del petitorio y situación procesal planteada
1. Conforme aparece del petitorio de la demanda, el objeto del presente
proceso constitucional es que se disponga que la Sala superior que
conoce del proceso de habeas corpus 02409-2020-0-1801-JR-PE-36
programe la vista de la causa y emita pronunciamiento respecto del
recurso de apelación que ha sido interpuesto con fecha 18 de abril del
2020 a favor de don Neall Breayan Rivera Sánchez contra la resolución
del Trigésimo Sexto Juzgado Especializado en lo Penal de Turno de
Lima, que, en primer grado, declaró la improcedencia liminar de la
demanda planteada en el citado proceso. A juicio del recurrente, se
estarían vulnerando los derechos fundamentales a la pluralidad de
instancia del favorecido, en conexidad con sus derechos a la integridad
personal, a la salud, a la vida y no ser víctima de tratos degradantes.
2. En este contexto y si bien la demanda planteada invoca el derecho a la
pluralidad de instancia del favorecido, entre otros atributos
correlativamente vulnerados, del estudio de los autos y de sus
antecedentes este Tribunal aprecia que lo que acontece en rigor no es
una denegatoria del ejercicio del derecho a la pluralidad de instancias,
sino que se trata de una presunta demora en la emisión de la resolución
que se pronuncie respecto del recurso de apelación del interno
favorecido, en conexidad con los derechos a la integridad personal, la
salud y otros derechos que son materia de una primigenia demanda de
habeas corpus (Exp. N° 02409-2020-0-1801-JR-PE-36). En otras
palabras, se trata de una demanda de habeas corpus promovida contra
lo sucedido en otro proceso de habeas corpus.
3. En las circunstancias descritas e independientemente de la respuesta
que se pueda dar al presente caso, una cuestión previa a ventilar sería si
la citada opción de reclamo estaría permitida por nuestro actual sistema
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procesal y lo desarrollado por la jurisprudencia de este Tribunal. Y la
respuesta sería que sí está permitida. Incluso, un caso muy parecido ya
se presentó en el pasado con motivo de lo resuelto en el Expediente
03491-2005-PHC/TC (caso Raúl Laynes Romero). Y la postura
asumida por el Tribunal en aquella oportunidad fue la de que si cabe
articular esta variante de reclamos, pues, en efecto, pueden presentarse
casos en que lo que se cuestione mediante un proceso constitucional
sean situaciones de omisión acontecidas en un anterior proceso
constitucional, especialmente cuando se trate de la vulneración al plazo
razonable en la administración de la justicia que redunde en contra de la
libertad individual, que es algo muy similar a lo que se estaría
cuestionando vía el actual proceso planteado, en el que se cuestiona que
no se resuelve oportunamente un recurso de apelación.
4. De otro lado, no está demás recordar que, dentro de las reglas del
amparo contra amparo desarrolladas en jurisprudencia atinente y que
son perfectamente extrapolables a cualquier variante similar (entre
ellas, al habeas corpus contra habeas corpus), se ha establecido que un
proceso constitucional puede interponerse contra lo acontecido en
cualquier fase o etapa de un anterior proceso constitucional, con lo cual
y por lo menos en perspectiva, no existe ningún inconveniente de tipo
procesal para dilucidar este tipo de situaciones.
5. Detalle especial a tomar en consideración es que, aunque la presente
demanda de habeas corpus contra habeas corpus ha sido interpuesta
contra el juez del Trigésimo Sexto Juzgado Especializado en lo Penal
de Turno de Lima, don Oscar David Gonzales Andrade, así como
contra diversas autoridades, del recuento de los hechos aducidos en la
demanda y a los que antes se ha hecho referencia, se aprecia que en
realidad se estaría cuestionando el comportamiento omisivo de la
Tercera Sala Especializada en lo Penal para Procesos con Reos Libres
de la Corte Superior de Justicia de Lima, ya que sería dicha instancia
judicial la que, aparentemente, habría generado la demora en la
programación de la vista de la causa del primer proceso constitucional.
En tales circunstancias y procediendo a la suplencia de la queja
deficiente, este Colegiado entenderá el presente proceso como
específicamente referido a dicha dependencia judicial.
Análisis del caso
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6. Como anteriormente ha sido advertido, en el presente caso, se estaría
cuestionando principalmente una conducta omisiva acontecida en un
anterior proceso constitucional, consistente en la falta de programación
de la vista de la causa ante la Sala superior a fin de que se resuelva el
recurso de apelación interpuesto con fecha 18 de abril del 2020 a favor
del beneficiario, en el proceso de habeas corpus recaído en el
Expediente 02409-2020-0-1801-JR-PE-36, pues, según se afirma, tal
omisión de programación estaría vulnerando sus derechos
fundamentales.
7. Al respecto, del Expediente 03939-2021-PHC/TC, tramitado en
paralelo ante el Tribunal Constitucional, se advierte que la Tercera Sala
Especializada en lo Penal para Procesos con Reos Libres de la Corte
Superior de Justicia de Lima, mediante resolución de fecha 5 de mayo
de 2021 (f. 39 del citado expediente constitucional), señaló fecha y hora
para la vista de la causa del Expediente 02409-2020-0-HC (Expediente
02409-2020-0-1801-JR-PE-36), y mediante la resolución de fecha 11 de
junio de 2021 (f. 154 del citado expediente constitucional) se resolvió el
recurso de apelación alegado en el presente proceso de habeas corpus.
8. En este contexto, si bien de los actuados del proceso así como de sus
antecedentes, se desprendería que a la fecha en la que ahora se resuelve,
se habría configurado un estado de sustracción de materia tras haberse
procedido a señalar fecha de vista para la apelación planteada en el
primigenio proceso constitucional de habeas corpus, e incluso, haberse
resuelto dicho medio impugnatorio (lo que precisamente se corrobora
con el Exp. 03939-2021-PHC/TC actualmente en curso), este Colegiado
de ninguna manera puede pasar por alto el clamoroso retardo en el
diligenciamiento del proceso constitucional subyacente y que se traduce
en hechos objetivos plenamente corroborados en lo siguiente: a) El
recurso de apelación interpuesto en el primer proceso de habeas corpus,
data, según se ha señalado, del 18 de abril del 2020 (f. 23 del
Expediente 03939-2021-PHC/TC, f. 53 del actual proceso
constitucional) y es a su vez consecuencia de una demanda de habeas
corpus interpuesta con fecha 14 de abril del 2020 (f. 1 del Expediente
03939-2021-PHC/TC, f. 31 del actual proceso constitucional),
desestimada liminarmente por el Trigésimo Sexto Juzgado Penal de
Lima con fecha 15 de abril del 2020 (f. 9 del Expediente 03939-2021-
PHC/TC, f. 39 del actual proceso constitucional), b) Si bien la
apelación antes descrita fue concedida en la misma fecha de promovido
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dicho medio impugnatorio, esto es, el 18 de abril del 2020 (f. 31 del
Expediente 03939-2021-PHC/TC, f. 61 del actual proceso
constitucional), el señalamiento de la vista de la causa a efectos de
resolver el recurso interpuesto, recién fue realizado con fecha 5 de
mayo del 2021, según se puede verificar de fojas 39 del Expediente
03939-2021-PHC/TC; es decir, después de más de un año de haberse
concedido la respectiva apelación, en clara y manifiesta transgresión de
lo dispuesto en el artículo 36 del Código Procesal Constitucional
vigente durante el trámite de dicho proceso constitucional primigenio,
c) una cosa es que la excesiva carga procesal muchas veces conspire
contra el riguroso esquema de plazos establecidos en el antes citado
artículo 36 del Código Procesal Constitucional y otra, completamente
distinta, que un proceso constitucional de las características del habeas
corpus, que por su propia naturaleza reclama un trámite sumarísimo y
urgente, termine siendo desnaturalizado de la manera tan escandalosa
en que ha sucedido en el presente caso; tanto más cuando la antes citada
norma procesal constitucional (de conformidad con el artículo 13 del
mismo cuerpo normativo), advierte de una eventual responsabilidad por
la tardía o defectuosa tramitación en este tipo de causas.
9. Este Colegiado ha resaltado en numerosas ocasiones la trascendencia de
lo que representa el plazo razonable en la administración de justicia, en
cuanto manifestación no enumerada del derecho fundamental al debido
proceso. Y si ha sido enfático en reclamar su observancia para la
totalidad de procesos judiciales, con mayor razón lo ha reclamado para
la tramitación de los propios procesos constitucionales, teniendo en
cuenta su especial finalidad y particular estructura. Así las cosas, un
caso como el presente no puede sino generar fundadas preocupaciones
respecto de lo que se espera de la justicia constitucional y de los
operadores que la imparten, quienes deben interiorizar que lo que están
tutelando es ni más ni menos que el Estado constitucional de derecho y
los valores que le sirven de soporte.
10. En tales circunstancias y con independencia de que en el presente caso
se haya producido un estado de sustracción de materia, según los datos
de los que se ha dado cuenta en el fundamento séptimo de la presente
sentencia, este Colegiado no puede menos que considerar aplicable lo
dispuesto en el segundo párrafo del artículo 1 del Código Procesal
Constitucional vigente al momento de plantearse la controversia y, por
consiguiente, declarar fundada la demanda constitucional interpuesta a
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efectos de que situaciones como las que originaron el presente reclamo
no se vuelvan a producir en el futuro. En este contexto, urge
puntualizar, que los procesos de tutela de derechos no son de ninguna
manera instrumentos procesales de trámite ordinarizado, donde los
juzgadores puedan a su discreción ampliar los plazos con los que
cuentan, sino mecanismos compatibles con la naturaleza de los
derechos objeto de reclamo, premisa que va de la mano con lo dispuesto
en el artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos,
que reclama para los procesos constitucionales un trámite compatible
con las características de sencillez, rapidez y efectividad.
11. Por consiguiente, habiéndose acreditado una evidente vulneración del
derecho a un plazo razonable en la administración de justicia,
corresponde estimar la demanda en los términos señalados en el
fundamento precedente, no sin antes llamar severamente la atención a
las autoridades judiciales que con su comportamiento omisivo
generaron el retardo injustificado en la tramitación del proceso de
habeas corpus primigenio. Por otro lado, dado que en los actuados del
Expediente 03939-2021-PHC/TC (f. 35 a f. 39) no se aprecia
claramente si fue la Sala Mixta de Emergencia de la Corte Superior de
Justicia de Lima, la Tercera Sala Especializada en lo Penal para
Procesos con Reos Libres de la Corte Superior de Justicia de Lima, o el
Juzgado Penal de Turno Permanente (perteneciente a la Corte Superior
de Justicia de Lima), los responsables de la demora en el
diligenciamiento del proceso constitucional de habeas corpus
cuestionado, deberá remitirse copia de la presente sentencia a la Junta
Nacional de Justicia a efectos de que, conforme a sus atribuciones,
investigue y determine las responsabilidades del caso.
12. Por último, en relación con los extremos de la demanda en los que se
imputa vulneraciones a la libertad y otros derechos atribuibles a
diversas autoridades, no son procedentes de analizar en el presente
proceso, pues forman parte de lo que fue objeto de reclamo vía el
primer proceso constitucional de habeas corpus, por lo que su análisis
y/o dilucidación corresponderá a dicho proceso que por lo demás y
según se ha dado cuenta en los fundamentos precedentes, gira en
paralelo por ante este mismo Colegiado.
Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le
confiere la Constitución Política del Perú,
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HA RESUELTO
1. Declarar FUNDADA la demanda de habeas corpus interpuesta, de
conformidad con el segundo párrafo del artículo 1 del Código Procesal
Constitucional, vigente al momento de plantearse la controversia.
2. Disponer que las autoridades judiciales emplazadas y a las que se
atribuye demora indebida en la tramitación del proceso de habeas
corpus subyacente, no vuelvan a incurrir en las omisiones detectadas
mediante la presente sentencia, bajo expreso apercibimiento de ley.
3. Poner la presente sentencia en conocimiento de la Junta Nacional de
Justicia.
Publíquese y notifíquese.
SS.
MORALES SARAVIA
PACHECO ZERGA
GUTIÉRREZ TICSE
DOMÍNGUEZ HARO
MONTEAGUDO VALDEZ
OCHOA CARDICH
PONENTE OCHOA CARDICH