Sala Segunda. Sentencia 497/2023
EXP. N.° 02026-2022-PHC/TC
HUÁNUCO
FLOR REQUIZ OSORIO, representada
por RONALD ILLATOPA MACHUCA –
ABOGADO
SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
En Lima, a los 21 días del mes de junio de 2023, la Sala Segunda del
Tribunal Constitucional, integrada por los magistrados Gutiérrez Ticse,
Morales Saravia y Domínguez Haro, pronuncia la siguiente sentencia.
ASUNTO
Recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Flor Requiz
Osorio contra la resolución de fojas 279, de fecha 20 de abril de 2022,
expedida por la Sala Penal de Apelaciones de Tingo María de la Corte
Superior de Justicia de Huánuco, que declaró infundada la demanda de
habeas corpus de autos.
ANTECEDENTES
Con fecha 21 de enero de 2022, don Ronald Illatopa Machuca interpone
demanda de habeas corpus a favor de doña Flor Requiz Osorio contra los
jueces superiores de la Sala Mixta Descentralizada Supraprovincial
Permanente de Leoncio Prado de la Corte Superior de Justicia de Huánuco
Yofre Castillo Barreto, Héctor Bejarano Lira y Marlo Tello Ponce; y contra
los magistrados de la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia
de la República Lecaros Cornejo, Prado Saldarriaga, Pacheco Huancas,
Guerrero López y Bermejo Ríos (f. 1). Se alega la vulneración de los derechos
a la tutela procesal efectiva, al debido proceso, a la debida motivación de las
resoluciones judiciales, al principio de imputación necesaria, de los derechos
a la presunción de inocencia, a la prueba y a la libertad personal.
Solicita que se declaren nulas (i) la sentencia, Resolución 152, de fecha
27 de diciembre de 2018 (f. 57), que condenó a doña Flor Requiz Osorio como
coautora del delito contra la salud pública-tráfico ilícito de drogas en la
modalidad de tráfico ilícito de insumos químicos y productos fiscalizados en
agravio del Estado y le impuso quince años de pena privativa de la libertad
efectiva (Expediente 00185-2011-0- 1201-SP-PE-01); y (ii) la Ejecutoria
Suprema, Recurso de Nulidad 366-2019-Huánuco, de fecha 31 de marzo de
2021, que declaró no haber nulidad en la precitada sentencia (f. 74) y que,
subsecuentemente, se ordene la realización de un nuevo juicio oral a cargo de
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otra Sala Penal, la anulación inmediata de cualquier antecedente derivado de
la ejecución de la sentencia materia de impugnación y que se deje sin efecto
las requisitorias que pesan en su contra.
El recurrente sostiene que en la sentencia de vista no se individualiza ni
se subsume adecuadamente la conducta desplegada por la favorecida dentro
del tipo penal imputado; que si bien inicialmente se atribuyó contra la
favorecida la condición de cómplice secundario, y, posteriormente, el
Ministerio Público la acusó, conjuntamente con sus demás coprocesados,
Margarita Valdivia Falcón y Noé Valdivia Espíritu en condición de coautores,
se debería establecer cuál fue su nivel de participación; sin embargo, en
ambas resoluciones judiciales se observa que no se determina cuál fue su nivel
de participación imprescindible para que se cometiera el delito de tráfico de
insumos químicos y productos fiscalizados.
Alega que no es cierto, tal como afirman las resoluciones cuestionadas,
que la favorecida habría comprado insumos químicos a don Teodomiro
Palomino García, sino que adquirió productos básicos como fideos, atún,
galletas y otros, y que la boleta de la compra solo consignó el nombre de Flor,
sin precisar sus apellidos, por lo que no puede darse por cierto que ella realizó
las compras. Aduce que no se ha probado en el juicio que el propietario de la
tienda comercial, don Teodoro Palomino García, haya visto cómo cargaban
dichos productos al camión en presencia de la procesada Requiz Osorio y que
no es posible que la sola compra de abarrotes, los cuales fueron cargados al
camión por el cosentenciado Guillermo Tolentino Valdivia, determine la
coautoría del delito por el que fue sentenciado como autor al acogerse a la
terminación anticipada, pues es necesario para ser coautor la distribución de
roles, en concreto, para el transporte de los insumos químicos y productos
fiscalizados; por tanto, el solo alquiler del camión no es prueba fehaciente de
ser coautora de un hecho ilícito.
Arguye que la Sala Superior se limita a señalar, respecto del rol
cumplido por la favorecida, que con la boleta de compras de abarrotes se
acredita que estaban junto con los insumos químicos camuflados en el
camión, sin tomar en cuenta que dicho vehículo camión de placa de rodaje
W1F-902, donde fueron hallados los insumos químicos y productos
fiscalizados, le fue alquilado en forma verbal por la favorecida ya sentenciada
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irregularmente, Flor Requiz Osorio, y con lo declarado por Noé Valdivia
Espíritu.
Indica que no existe sindicación alguna contra la favorecida, ni testigo
alguno ni las declaraciones de los coprocesados y ya sentenciados que la
sindican como coautora de este delito; que no se cumple lo dispuesto en el
artículo 297, inciso 6, del Código Penal, en cuanto exige como elementos
objetivos para la coautoría que el hecho sea cometido por tres o más personas,
ya que la favorecida fue condenada con dicha agravante de pluralidad de
agentes, pese a que su conducta ya no estaba inmersa dentro de esta
circunstancia, pues se absolvió a Noé Valdivia Espíritu, se reservó
juzgamiento para Margarita Valdivia Falcón y se condenó únicamente a la
favorecida, con lo que existirían únicamente dos encausadas.
A fojas 99 de autos, el Segundo Juzgado Penal de Investigación
Preparatoria de Leoncio Prado de la Corte Superior de Justicia de Huánuco,
mediante Resolución 1, de fecha 21 de enero de 2022, admitió a trámite la
demanda.
El procurador público a cargo de los asuntos judiciales del Poder
Judicial se apersona al proceso y contesta la demanda (f. 182). Señala que no
se evidencia manifiesta vulneración a los derechos invocados en la demanda
de habeas corpus; por el contrario, el proceso penal que motivó la sentencia
condenatoria y la restricción de la libertad personal de la beneficiaria obedece
a un proceso regular, esto es, que las resoluciones judiciales hoy cuestionadas
se han emitido respetando el debido proceso y la tutela procesal efectiva.
Además, de los propios fundamentos de las resoluciones cuestionadas se
aprecia que existe suficiente motivación que determinó la responsabilidad
penal de la beneficiaria; por ello, no se evidencia manifiesta vulneración a la
libertad personal y a los derechos conexos, sino que solo cuestiona el criterio
judicial y la valoración probatoria, aspecto que sin duda no corresponde
tutelarse en la vía constitucional.
El Segundo Juzgado Penal de Investigación Preparatoria de Leoncio
Prado de la Corte Superior de Justicia de Huánuco, mediante resolución de
fecha 1 de marzo de 2022 (f. 215), declaró improcedente la demanda, por
considerar que no se evidencia manifiesta vulneración a los derechos que se
invoca en la demanda, y que, por el contrario, la sentencia condenatoria y la
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medida restrictiva de la libertad personal obedeció emanan de un proceso
regular, pues en todo lo que señala como fundamento esencial es que se debe
realizar una valoración probatoria de los elementos que ya fueron revisados
en la instancia ordinaria y que el juez constitucional no está facultado para
realizar, si no es estrictamente de la doble instancia, por lo que no se aprecia
vulneración al debido proceso y a la tutela procesal efectiva dentro de la etapa
ordinaria. Además, existe suficiente motivación que concluye estableciendo
la responsabilidad de la sentenciada. De otro lado, de los fundamentos
señalados se desprende que la falta de motivación o motivación aparente es
meramente por el criterio del juez de la etapa ordinaria y que los
cuestionamientos se realizan a la actuación y posterior valoración probatoria,
los cuales no son materia de análisis ni tampoco son susceptibles de tutelarse
en la vía constitucional.
La Sala superior competente revocó la resolución apelada y,
reformándola, declaró infundada la demanda, tras estimar que, si bien
únicamente se imputó la agravante del literal 6 del artículo 297 del Código
Penal a Noé Valdivia Espíritu, Flor Requiz Osorio, y Margarita Valdivia
Falcón, esto no significa que hayan sido las únicas personas participantes en
el hecho juzgado, ya que en la denuncia penal la ejecución delictiva de los
hechos fue imputada a cuatro personas. Ahora bien, el hecho de que
Guillermo Tolentino Valdivia (persona 1) haya sido condenado —sentencia
conformada de fecha 6 de setiembre de 2011— por el tipo penal establecido
en el tercer párrafo del artículo 296 del Código Penal no significa que no haya
participado en el mismo hecho imputado en ese entonces a sus coinvestigados
Noé Valdivia Espíritu, Flor Requiz Osorio, y Margarita Valdivia Falcón.
Además, se debe tener en cuenta que, cuando Guillermo Tolentino Valdivia
se acogió a la terminación anticipada, el proceso aún se encontraba en
investigación, por lo que no existía concreción jurídica respecto a la
imputación concreta, de ahí que la ampliación del auto de apertura de
instrucción se dio en fecha posterior a la emisión de la sentencia conformada.
Agrega que no se advierte que la defensa haya cuestionado vía el recurso de
nulidad las alegaciones que invoca en la vía constitucional; que los
magistrados de la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de
la República no tenían más facultades de revisión que aquellas que habían
sido objeto del recurso, a menos de que hubiese advertido alguna nulidad
insalvable, que no fue el caso, lo que tiene respaldo en el principio de
congruencia recursal, mediante el cual la Sala revisora solo puede emitir
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pronunciamiento sobre los agravios contenidos en los recursos impugnatorios
que fueron debidamente admitidos. Por último, hace notar que los
magistrados emplazados brindaron una debida motivación, cumpliendo con
dar respuestas razonables a los argumentos de impugnación.
FUNDAMENTOS
Delimitación del petitorio
1. El objeto de la demanda es que se declaren nulas: (i) la sentencia,
Resolución 152, de fecha 27 de diciembre de 2018, que condenó a doña
Flor Requiz Osorio como coautora del delito contra la salud pública -
tráfico ilícito de drogas en la modalidad de tráfico ilícito de insumos
químicos y productos fiscalizados en agravio del Estado y le impuso
quince años de pena privativa de la libertad efectiva (Expediente 00185-
2011-0- 1201-SP-PE-01).; y (ii) la Ejecutoria Suprema, Recurso de
Nulidad 366-2019-Huánuco, de fecha 31 de marzo de 2021, que declaró
no haber nulidad en la precitada sentencia; y que, subsecuentemente, se
ordene la realización de un nuevo juicio oral a cargo de otra Sala Penal,
la anulación inmediata de cualquier antecedente derivado de la ejecución
de la sentencia materia de impugnación y que se deje sin efecto las
requisitorias que pesan en su contra.
2. Se alega la vulneración de los derechos a la tutela procesal efectiva, al
debido proceso, a la debida motivación de las resoluciones judiciales, al
principio de imputación necesaria, de los derechos a la presunción de
inocencia, a la prueba y a la libertad personal.
Análisis del caso concreto
3. La Constitución establece en su artículo 200, inciso 1, que a través del
habeas corpus se protege tanto la libertad personal como los derechos
conexos a ella. No obstante, debe tenerse presente que no cualquier
reclamo que alegue a priori la afectación del derecho a la libertad
personal o de los derechos conexos puede reputarse efectivamente como
tal y merecer tutela, pues para ello es necesario analizar previamente si
los actos denunciados afectan el contenido constitucionalmente
protegido de los derechos invocados.
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4. Asimismo, este Tribunal Constitucional, en reiterada jurisprudencia, ha
establecido que no es función del juez constitucional proceder a la
subsunción de la conducta en un determinado tipo penal; a la calificación
específica del tipo penal imputado; a la resolución de los medios técnicos
de defensa; a la realización de diligencias o actos de investigación; a
efectuar el reexamen o revaloración de los medios probatorios, así como
al establecimiento de la inocencia o responsabilidad penal del procesado,
pues, como es evidente, ello es tarea exclusiva del juez ordinario, por lo
que escapa a la competencia del juez constitucional.
5. En el caso de autos, si bien el demandante denuncia la afectación de los
derechos a la tutela procesal efectiva, al debido proceso, a la debida
motivación de las resoluciones judiciales y a la libertad individual, lo
que, en puridad, pretende es el reexamen de lo resuelto en sede ordinaria.
En efecto, el recurrente en apoyo de su recurso alega (i) que si bien
inicialmente se atribuyó a la favorecida la condición de cómplice
secundario, y, posteriormente el Ministerio Público la acusó,
conjuntamente con sus demás coprocesados, Margarita Valdivia Falcón
y Noé Valdivia Espíritu en condición de coautores, se debería establecer
cuál fue su nivel de participación; sin embargo, en ambas resoluciones
judiciales se observa que no se determina cuál fue su nivel de
participación imprescindible para que se cometiera el delito de tráfico de
insumos químicos y productos fiscalizados; (ii) que no es cierto, tal como
afirman las resoluciones cuestionadas, que la favorecida habría
comprado insumos químicos a don Teodomiro Palomino García, sino
que adquirió productos básicos como fideos, atún, galletas y otros y que
la boleta de la compra solo consignó el nombre de Flor, sin precisar sus
apellidos, por lo que no puede darse por cierto que ella realizó las
compras; (iii) que no se ha probado en el juicio que el propietario de la
tienda comercial, don Teodoro Palomino García, haya visto cómo
cargaban dichos productos al camión en presencia de la procesada Requiz
Osorio y que no es posible que la sola compra de abarrotes, los cuales
fueron cargados al camión por el cosentenciado Guillermo Tolentino
Valdivia determine la coautoría del delito por el que fue sentenciado
como autor al acogerse a la terminación anticipada, puesto que es
necesario para ser coautor la distribución de roles, en concreto, para el
transporte de los insumos químicos y productos fiscalizados, y que el solo
alquiler del camión no es prueba fehaciente de ser coautora de un hecho
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ilícito; (iv) que la Sala Superior se limita a señalar, respecto del rol
cumplido por la favorecida, que con la boleta de compras de abarrotes se
acredita que estaban junto con los insumos químicos camuflados en el
camión, sin tomar en cuenta que dicho vehículo camión de placa de
rodaje W1F-902, donde fueron hallados los insumos químicos y
productos fiscalizados, le fue alquilado en forma verbal por la favorecida
ya sentenciada irregularmente, Flor Requiz Osorio, y con lo declarado
por Noé Valdivia Espíritu; y (v) que no existe sindicación alguna contra
la favorecida, ni testigo alguno ni las declaraciones de los coprocesados
y ya sentenciados, que la acusan de ser coautora de este delito.
6. En síntesis, se cuestionan elementos tales como la valoración de pruebas
y su suficiencia, así como el criterio de los juzgadores aplicados al caso
concreto. No obstante, dichos cuestionamientos resultan
manifiestamente incompatibles con la naturaleza del proceso
constitucional de habeas corpus, pues recaen en asuntos que corresponde
dilucidar a la judicatura ordinaria tal como ha sido realizado a través de
las resoluciones cuestionadas.
7. En relación con el alegato de que no se cumple lo dispuesto en el artículo
297, inciso 6, del Código Penal, en cuanto exige como elementos
objetivos para la coautoría que el hecho sea cometido por tres o más
personas, ya que la favorecida fue condenada con dicha agravante de
pluralidad de agentes, pese a que su conducta ya no estaba inmersa dentro
de esta circunstancia, pues se absolvió a Noé Valdivia Espíritu, se reservó
juzgamiento para Margarita Valdivia Falcón y se condenó únicamente a
la favorecida, con lo que existirían únicamente dos encausadas, conforme
se advierte dicho cuestionamiento es susceptible de ser dilucidado por la
vía judicial ordinaria, como se ha realizado. En otras palabras, se
pretende que este Tribunal califique el tipo penal, función que
corresponde a la judicatura ordinaria. Sin perjuicio de ello, se advierte de
autos que el proceso de investigación empezó con cuatro personas, de las
cuales una se acogió a la terminación anticipada del proceso (Guillermo
Tolentino Valdivia) y el resto siguió el curso conforme ha sido descrito
por el mismo demandante.
8. Por consiguiente, dado que la reclamación del recurrente no está referida
al contenido constitucionalmente protegido del derecho tutelado por el
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habeas corpus, resulta de aplicación el artículo 7, inciso 1, del Nuevo
Código Procesal Constitucional.
Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le
confiere la Constitución Política del Perú,
HA RESUELTO
Declarar IMPROCEDENTE la demanda de habeas corpus.
Publíquese y notifíquese.
SS.
GUTIÉRREZ TICSE
MORALES SARAVIA
DOMÍNGUEZ HARO
PONENTE MORALES SARAVIA