Sala Segunda. Sentencia 420/2023
EXP. N.° 03499-2022-PHC/TC
LA LIBERTAD
DANNY ARTURO SILVA REYNA,
representado por ARTURO SILVA
VISCONDE
RAZÓN DE RELATORÍA
Con fecha 24 de mayo de 2023, la Sala Segunda del Tribunal
Constitucional, integrada por los magistrados Gutiérrez Ticse, Morales
Saravia y Domínguez Haro, ha dictado la sentencia en el Expediente 03499-
2022-PHC/TC, por la que resuelve:
1. Declarar FUNDADA la demanda de habeas corpus; en
consecuencia, NULA la Resolución 43, de fecha 14 de diciembre
de 2021, en el extremo que declara consentida la sentencia que
condenó a don Danny Arturo Silva Reyna.
2. ORDENA al Tercer Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial de
la Corte Superior de Justicia de La Libertad, o al órgano judicial
que haga sus veces, efectuar la notificación por cédula de la
sentencia contenida en la Resolución 37, de fecha 22 de octubre
de 2021 (Expediente 3448-2016-83-1601-JR-PE).
Se deja constancia de que el magistrado Domínguez Haro ha emitido
fundamento de voto, el cual se agrega.
La secretaria de la Sala Segunda hace constar fehacientemente que la
presente razón encabeza el auto y el fundamento de voto antes referido, y
que los magistrados intervinientes firman digitalmente al pie de ella en señal
de conformidad.
SS.
GUTIÉRREZ TICSE
MORALES SARAVIA
DOMÍNGUEZ HARO
Elda Milagros Suárez Egoavil
Secretaria de la Sala Segunda
EXP. N.° 03499-2022-PHC/TC
LA LIBERTAD
DANNY ARTURO SILVA REYNA,
representado por ARTURO SILVA
VISCONDE
SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
En Lima, a los 24 días del mes de mayo de 2023, la Sala Segunda del
Tribunal Constitucional, integrada por los magistrados Gutiérrez Ticse,
Morales Saravia y Domínguez Haro, pronuncia la siguiente sentencia. Y con
el fundamento de voto del magistrado Domínguez Haro, que se agrega.
ASUNTO
Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Arturo Silva
Visconde, en representación de don Danny Arturo Silva Reyna, contra la
resolución de fojas 310, de fecha 30 de mayo de 2022, expedida por la
Primera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de La
Libertad, que declaró improcedente la demanda de habeas corpus de autos.
ANTECEDENTES
Con fecha 18 de febrero de 2022, don Arturo Silva Visconde
interpone demanda de habeas corpus a favor de don Danny Arturo Silva
Reyna (f. 3) contra don Jaino Alonso Grández Vílchez, doña Miryam
Marleny Santillán Calderón y don Omar Alberto Pozo Villalobos, jueces
integrantes del Tercer Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial de la Corte
Superior de Justicia de La Libertad. Se alega la vulneración de los derechos
a la libertad individual, al debido proceso, de defensa y a la pluralidad de
instancia.
Solicita que se declare la nulidad de la Resolución 37, de fecha 22 de
octubre de 2021 (ff. 8 y 144), por la que se condenó a don Danny Arturo
Silva Reyna a doce años de prisión en calidad de efectiva y manda que se
ejecute provisionalmente la sentencia por el delito de robo agravado.
Además de ello, solicita que dicha resolución sea notificada en su domicilio
real (Expediente 3448-2016-83-1601-JR-PE).
Sostiene que mediante la resolución cuestionada fue condenado a doce
años de pena privativa de la libertad efectiva por el delito de robo agravado
y que, durante la lectura de sentencia, el favorecido no estuvo presente, pero
sí las defensoras públicas Martha Alayo Ruiz y Milagros Contreras, quienes,
a pesar de estar presentes en dicho acto, el cual no le favorecía al
beneficiario, no apelaron dicho fallo condenatorio, dejándolo en evidente
indefensión.
EXP. N.° 03499-2022-PHC/TC
LA LIBERTAD
DANNY ARTURO SILVA REYNA,
representado por ARTURO SILVA
VISCONDE
Señala que el Juzgado ha debido notificar en el domicilio real del
favorecido, toda vez que este, de haber conocido la decisión, hubiese
apelado.
A fojas 26, el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de
Trujillo de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, mediante
Resolución 1, de fecha 18 de febrero de 2022, resolvió admitir a trámite la
demanda. Posteriormente, el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria
de Trujillo por Resolución 2, de fecha 10 de marzo de 2022 (f. 260), declaró
de oficio la nulidad de la Resolución 1, por cuanto se consignó en forma
errónea el nombre del favorecido y una pretensión de demanda distinta; por
lo que ordenó que se admita a trámite la demanda.
El procurador público adjunto a cargo de los asuntos judiciales del
Poder Judicial a fojas 33 de autos solicita que la demanda sea declarada
improcedente porque la resolución que se cuestiona no tiene la calidad de
firme al no haber sido apelada.
El Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Permanente de
Trujillo de la Corte Superior de Justicia de La Libertad mediante Resolución
4, de fecha 13 de abril de 2022, resolvió declarar improcedente la demanda
(f. 268). Estima que, aun cuando no ha sido cuestionada la Resolución 37
por Danny Arturo Silva Reyna, del análisis de dicha resolución se verifica
que cumple con el deber de la debida motivación y que fue emitida dentro
de un proceso regular, en el cual el procesado ahora beneficiario ha
ejercitado plenamente su derecho de defensa, por lo que hace notar que no
es competencia de la jurisdicción constitucional efectuar una valoración de
fondo que no guarda relación con el derecho protegido por la acción
constitucional de habeas corpus, y agrega que la citada resolución no es
firme, ya que quedó consentida.
A su turno, la Sala Superior confirmó la resolución apelada, tras
considerar que el hoy beneficiario durante el proceso penal ordinario
seguido en su contra por el delito de robo agravado ha ejercido de manera
plena su derecho de defensa no siendo privado de aquel, en ningún estadio
procesal, refiriendo incluso que, en la última sesión de audiencia de juicio
oral, dicho beneficiario renunció de manera tácita a su derecho de
autodefensa al no concurrir a tal audiencia, por lo que no cabe cuestionar a
EXP. N.° 03499-2022-PHC/TC
LA LIBERTAD
DANNY ARTURO SILVA REYNA,
representado por ARTURO SILVA
VISCONDE
través de la vía constitucional el fondo de un asunto puramente penal;
además, porque una vía procedimental apropiada (al interior del proceso
penal ordinario) para cuestionar una defectuosa notificación de la sentencia
contenida en la Resolución 37 bien pudo haber sido la solicitud de nulidad
de la resolución que declara consentida la sentencia o, en todo caso, la queja
por denegatoria de apelación, mas no la acción de habeas corpus (f. 310).
FUNDAMENTOS
Delimitación del petitorio
1. El objeto de la presente demanda es que se declare la nulidad de la
sentencia contenida en la Resolución 37, de fecha 22 de octubre de
2021, que condena a don Danny Arturo Silva Reyna a doce años de
pena privativa de la libertad y manda que se ejecute provisionalmente la
sentencia por el delito de robo agravado (Expediente 3048-2016-83-
1601-JR-PE).
2. Además, el recurrente solicita que la sentencia condenatoria sea
notificada en su domicilio real, en tanto considera que no se le notificó
en su domicilio real. Por ende, se desprende que lo que realmente exige
es la nulidad del acto de notificación de la citada sentencia (Expediente
3448-2016-83-1601-JR-PE).
3. Se alega la vulneración de los derechos a la libertad individual, al
debido proceso, de defensa y a la pluralidad de instancia.
Análisis de la controversia
4. En cuanto al acto de notificación, a este subyace la necesidad de
garantizar el ejercicio efectivo del derecho de defensa, pues por su
intermedio se pone en conocimiento de los sujetos del proceso el
contenido de las resoluciones judiciales. Asimismo, el Tribunal
Constitucional ha indicado que la notificación es un acto procesal cuyo
cuestionamiento o anomalía no genera, per se, una violación del derecho
al debido proceso o a la tutela procesal efectiva, pues para que ello ocurra
es indispensable que se constate o acredite de manera indubitable que,
debido a la falta de una debida notificación, se vulneró de modo real y
concreto el derecho de defensa u otro derecho constitucional
EXP. N.° 03499-2022-PHC/TC
LA LIBERTAD
DANNY ARTURO SILVA REYNA,
representado por ARTURO SILVA
VISCONDE
directamente implicado en el caso concreto (cfr. sentencias emitidas en
los Expedientes 00789-2018-PHC/TC, 01443-2019-PHC/TC y 03401-
2012-PHC/TC).
5. Asimismo, respecto al contenido del derecho a la pluralidad de la
instancia, este Tribunal Constitucional ha dejado sentado (sentencia
emitida en el Expediente 04235-2010-PHC/TC) que se trata de un
derecho fundamental que “tiene por objeto garantizar que las personas,
naturales o jurídicas, que participen en un proceso judicial tengan la
oportunidad de que lo resuelto por un órgano jurisdiccional sea revisado
por un órgano superior de la misma naturaleza, siempre que se haya
hecho uso de los medios impugnatorios pertinentes, formulados dentro
del plazo legal” (cfr. también sentencias recaídas en los Expedientes
03261-2005-PA/TC, 05108-2008-PA/TC y 05415-2008-PA/TC). Por
ello, el derecho a la pluralidad de la instancia guarda también conexión
estrecha con el derecho fundamental a la defensa, reconocido en el
artículo 139, inciso 14, de la Constitución.
6. En relación con el derecho a no quedar en estado de indefensión, este se
conculca cuando los titulares de los derechos e intereses legítimos se ven
impedidos de ejercer los medios legales suficientes para su defensa; no
obstante, no cualquier imposibilidad de ejercer esos medios produce un
estado de indefensión que atenta contra el contenido constitucionalmente
protegido de dicho derecho, sino que es constitucionalmente relevante
cuando se genera una indebida y arbitraria actuación del órgano que
investiga o juzga al individuo (Cfr. sentencias emitidas en los
Expedientes 00582-2006-PA/TC y 05175-2007-PHC/TC).
7. Además de lo expuesto, es necesario precisar que los derechos antes
mencionados son de configuración legal y que, por ende, la delimitación
de su contenido o alcances no queda al arbitrio de los juzgadores o del
sistema de impartición de justicia. En efecto, como también aparece
desarrollado en copiosa jurisprudencia de este Tribunal, tanto el proceso
(y procedimiento) como los órganos jurisdiccionales se encuentran
predeterminados por la ley, lo cual forma parte de las garantías
constitucionales establecidas en favor de los justiciables.
8. De manera más concreta, existen específicas normas procesales que se
encargan de prever la forma o modo en que deben notificarse las
EXP. N.° 03499-2022-PHC/TC
LA LIBERTAD
DANNY ARTURO SILVA REYNA,
representado por ARTURO SILVA
VISCONDE
resoluciones judiciales, así como el plazo para interponer los medios
impugnatorios que correspondan y la manera de contabilizar dichos
plazos.
9. En lo que corresponde a la regulación aplicable al caso concreto, se tiene,
en primer lugar, lo previsto en la Ley Orgánica del Poder Judicial. Esta
regulación admite la existencia de la notificación electrónica (artículo
155-A) y precisa desde cuándo dicha notificación surte efectos (artículo
115-C). Además de lo anterior, estipula que, a pesar de que pudiera
efectuarse una notificación electrónica, cuando se trate de sentencias que
pongan fin al proceso en cualquier instancia, deberán ser necesariamente
notificadas mediante cédula (artículo 155-E):
Artículo 155-A. Notificación electrónica
La notificación electrónica es un medio alternativo a la
notificación por cédula y se deriva a casilla electrónica de
manera obligatoria en todos los procesos contenciosos y
no contenciosos tramitados ante los órganos
jurisdiccionales del Poder Judicial.
(…)
Artículo 155-C. Efectos
La resolución judicial surte efectos desde el segundo día
siguiente en que se ingresa su notificación a la casilla
electrónica, con excepción de las que son expedidas y
notificadas en audiencias y diligencias especiales y a las
referidas en los artículos 155-E y 155-G.
(…)
Artículo 155-E. Notificaciones por cédula
Sin perjuicio de la notificación electrónica, las siguientes
resoluciones judiciales deben ser notificadas solo
mediante cédula:
1. La que contenga el emplazamiento de la demanda, la
declaración de rebeldía y la medida cautelar.
2. La sentencia o auto que pone fin al proceso en
cualquier instancia.
La resolución notificada por cédula surte efecto desde el día
siguiente de notificada.
10. Adicionalmente, resulta aplicable lo previsto en el Nuevo Código
Procesal Penal, Decreto Legislativo 957. En lo que concierne a la
EXP. N.° 03499-2022-PHC/TC
LA LIBERTAD
DANNY ARTURO SILVA REYNA,
representado por ARTURO SILVA
VISCONDE
notificación de las sentencias penales, este cuerpo normativo indica que
ella se produce con la lectura de la sentencia y prevé, como excepción,
que los acusados que no hubieran concurrido a dicha audiencia deberán
ser notificados a su domicilio procesal. Asimismo, y en sentido
complementario, señala que, salvo excepciones, bastará con notificar
las disposiciones o resoluciones al abogado defensor o al apoderado de
las partes (resaltados agregados):
Artículo 127.- Notificación
1. Las Disposiciones y las Resoluciones deben ser
notificadas a los sujetos procesales, dentro de las
veinticuatro horas después de ser dictadas, salvo que se
disponga un plazo menor.
2. La primera notificación al imputado detenido o preso
será efectuada en el primer centro de detención donde fue
conducido, mediante la entrega de copia a la persona, o si
no es posible el Director del Establecimiento informará
inmediatamente al detenido o preso con el medio más
rápido.
3. Salvo que el imputado no detenido haya fijado domicilio
procesal, la primera notificación se hará personalmente,
entregándole una copia, en su domicilio real o centro de
trabajo.
4. Si las partes tienen defensor o apoderado, las
notificaciones deberán ser dirigidas solamente a estos,
excepto si la Ley o la naturaleza del acto exigen que
aquellas también sean notificadas.
5. Cuando la notificación deba practicarse por medio de
lectura, se leerá el contenido de la resolución y si el
interesado solicita copia se le entregará.
6. Rige, en lo pertinente, lo dispuesto en el Código Procesal
Civil, con las precisiones establecidas en los Reglamentos
respectivos que dictarán la Fiscalía de la Nación y el
Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, en el ámbito que les
corresponda.
(…)
Artículo 396.- Lectura de la sentencia
1. El Juez Penal, Unipersonal o Colegiado, según el caso, se
constituirá nuevamente en la Sala de Audiencias, después
EXP. N.° 03499-2022-PHC/TC
LA LIBERTAD
DANNY ARTURO SILVA REYNA,
representado por ARTURO SILVA
VISCONDE
de ser convocadas verbalmente las partes, y la sentencia
será leída ante quienes comparezcan.
2. Cuando por la complejidad del asunto o lo avanzado de
la hora sea necesario diferir la redacción de la sentencia, en
esa oportunidad se leerá tan sólo su parte dispositiva y uno
de los jueces relatará sintéticamente al público los
fundamentos que motivaron la decisión, anunciará el día y
la hora para la lectura integral, la que se llevará a cabo en el
plazo máximo de los ocho días posteriores al
pronunciamiento de la parte dispositiva ante quienes
comparezcan.
3. La sentencia quedará notificada con su lectura
integral en audiencia pública. Las partes
inmediatamente recibirán copia de ella.
(…)
Artículo 401.- Recurso de apelación
1. Al concluir la lectura de la sentencia, el Juzgador
preguntará a quien corresponda si interpone recurso de
apelación. No es necesario que en ese acto fundamente el
recurso. También puede reservarse la decisión de
impugnación.
2. Para los acusados no concurrentes a la audiencia, el
plazo empieza a correr desde el día siguiente de la
notificación en su domicilio procesal. (...).
11. Así vista, se aprecia que la regulación procesal penal prescribe que, en
el caso de las audiencias de lectura de sentencia, si la parte o su
abogado hubieran asistido a ellas, se les tendrá como debidamente
notificados. Asimismo, preceptúa que las notificaciones inicialmente
deben ser remitidas únicamente al abogado defensor, lo cual bastará
para considerar como notificada a la parte; empero, se prevé una
importante salvedad: cuando “la Ley o la naturaleza del acto exigen que
aquellas [las partes] también sean notificadas”. Finalmente, cabe
mencionar que dicha regulación no contempla expresamente la
notificación a través de las casillas electrónicas.
12. De acuerdo con lo anotado hasta aquí, es claro que existen diferencias
entre lo dispuesto por la Ley Orgánica del Poder Judicial (que si bien
regula la notificación electrónica, exige que las sentencias que pongan
EXP. N.° 03499-2022-PHC/TC
LA LIBERTAD
DANNY ARTURO SILVA REYNA,
representado por ARTURO SILVA
VISCONDE
fin a la instancia sean siempre notificadas mediante cédula) y el Nuevo
Código Procesal Penal (que no regula expresamente la notificación
electrónica y, más bien, dispone la notificación directa a través de la
lectura de la sentencia, o en los domicilios procesales de los abogados o
las partes).
13. A pesar de los contrastes detectados, al sistema de justicia le ha
correspondido articular la legislación procesal que acaba de ser
reseñada. En dicho sentido, por ejemplo, en el ámbito procesal penal se
viene empleando ampliamente la notificación electrónica prevista en la
Ley Orgánica del Poder Judicial, a pesar de que no fue prevista
expresamente en el Nuevo Código Procesal Penal.
14. Ahora bien, en la sentencia recaída en el Expediente 03324-2021-
PHC/TC, este Tribunal señaló que, en lo que concierne específicamente
a la notificación de las sentencias penales, existe un grado de antinomia
entre la Ley Orgánica del Poder Judicial y el Nuevo Código Procesal
Penal, por lo que es necesario que se esclarezca el criterio que
corresponde tomar en cuenta en torno a la notificación de sentencias
penales, de cara a los bienes constitucionales que pueden encontrarse
comprometidos (fundamento 17). En ella se estableció que “las
disposiciones (…) del Nuevo Código Procesal Penal indican, de manera
enfática, que en el ámbito de la interpretación y de la aplicación de la
legislación procesal penal debe estarse, necesariamente, a aquello que
resulte más favorable al procesado, previsión estrechamente relacionada
con lo previsto en el artículo 139, inciso 11, de la Constitución, que
dispone que la aplicación de la ley más favorable al procesado en caso
de duda o de conflicto entre leyes penales” y que la regulación
contenida en el artículo 155-E de la Ley Orgánica del Poder Judicial,
que dispone la notificación mediante cédula de las sentencias que ponen
fin a la instancia, es más favorable al procesado, ya que, por lo general,
le garantizaría en mayor medida que pueda conocer efectivamente la
sentencia, que acceda a su contenido de manera oportuna, antes de que
surja alguna consecuencia irreparable, y que cuente con un tiempo
suficiente para preparar su defensa para impugnarla, de ser el caso
(fundamentos 19 y 21).
15. Ciertamente, en lo que concierne al caso de autos, se constata que la
defensa técnica del favorecido estuvo presente en el acto de lectura de la
EXP. N.° 03499-2022-PHC/TC
LA LIBERTAD
DANNY ARTURO SILVA REYNA,
representado por ARTURO SILVA
VISCONDE
sentencia condenatoria y que dicha defensa habría sido notificada de la
sentencia en su casilla electrónica (f. 175). Sin embargo, en autos no
consta que la sentencia condenatoria haya sido notificada, cuando
menos a través de cédula, de conformidad con lo previsto en el artículo
155-E de la Ley Orgánica del Poder Judicial, lo cual podría haber
generado indefensión en el justiciable. Máxime si se considera que,
según aduce el recurrente, no se le puso en conocimiento de la decisión
que le perjudicaba, ya que de ser así habría optado por interponer el
correspondiente recurso de apelación. Además, conforme se advierte, el
favorecido con fecha 14 de febrero de 2022 (f. 248) cambió de
abogados luego de emitida la sentencia condenatoria y de haberse
declarado consentida aquella mediante Resolución 43, de fecha 14 de
diciembre de 2021 (f. 230), por lo cual no pudo conocer el contenido de
la resolución de condena y así no logró interponer su recurso de
apelación contra la sentencia.
16. Debe tenerse presente que este Tribunal en reiterada jurisprudencia ha
señalado que, en los casos en que el Estado tenga la obligación de
asignar un defensor de oficio, el respeto de esta posición iusfundamental
queda garantizada siempre que se le posibilite contar con los medios y
el tiempo necesario para que ejerza adecuadamente la defensa técnica.
Se salvaguarda, así, que la presencia del defensor técnico y su actuación
en el proceso no sean actos meramente formales, sino capaces de
ofrecer un patrocinio legal adecuado y efectivo (sentencia emitida en el
Expediente 02432-2014-PHC/TC). Ahora bien, este derecho no se
limita únicamente a la exigencia de que se produzca la designación de
un abogado defensor de oficio en caso de que el imputado no haya
podido designar uno de libre elección. Para garantizar el pleno ejercicio
del derecho, se requiere que el defensor actúe de manera diligente, lo
que no ha sucedido en el caso de autos, pues conforme se consigna en el
décimo considerando (f. 232) de la Resolución 43, de fecha 14 de
diciembre de 2021, la sentencia condenatoria fue notificada en la casilla
electrónica de la defensora pública del favorecido; sin embargo, no
presentó impugnación alguna.
17. Por lo desarrollado en los fundamentos precedentes, corresponde, en
consecuencia, declarar fundada la demanda, por haberse vulnerado de
los derechos de defensa y pluralidad de instancia.
EXP. N.° 03499-2022-PHC/TC
LA LIBERTAD
DANNY ARTURO SILVA REYNA,
representado por ARTURO SILVA
VISCONDE
Efectos de la presente sentencia
18. Habiéndose declarado fundada la demanda, este Tribunal declara la
nulidad de la Resolución 43, de fecha 14 de diciembre de 2021 (f. 230),
en el extremo que declara consentida la sentencia que condenó a don
Danny Arturo Silva Reyna; y ordena al Tercer Juzgado Penal Colegiado
Supraprovincial de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, o al
órgano judicial que haga sus veces, efectuar la notificación por cédula
de la sentencia contenida en la Resolución 37, de fecha 22 de octubre de
2021.
Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le
confiere la Constitución Política del Perú,
HA RESUELTO
1. Declarar FUNDADA la demanda de habeas corpus; en consecuencia,
NULA la Resolución 43, de fecha 14 de diciembre de 2021, en el
extremo que declara consentida la sentencia que condenó a don Danny
Arturo Silva Reyna.
2. ORDENA al Tercer Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial de la
Corte Superior de Justicia de La Libertad, o al órgano judicial que haga
sus veces, efectuar la notificación por cédula de la sentencia contenida
en la Resolución 37, de fecha 22 de octubre de 2021 (Expediente 3448-
2016-83-1601-JR-PE).
Publíquese y notifíquese.
SS.
GUTIÉRREZ TICSE
MORALES SARAVIA
DOMÍNGUEZ HARO
PONENTE MORALES SARAVIA
EXP. N.° 03499-2022-PHC/TC
LA LIBERTAD
DANNY ARTURO SILVA REYNA,
representado por ARTURO SILVA
VISCONDE
FUNDAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO DOMÍNGUEZ
HARO
En el presente caso, considero necesario precisar que la parte del petitorio
de la demanda que solicita la nulidad de la sentencia condenatoria de fecha
22 de octubre de 2021 es improcedente, en la medida que está pendiente su
impugnación en el interior del proceso penal subyacente; por lo que, al no
tratarse de una resolución judicial firme no es tramitable en el habeas
corpus. Si bien la sentencia de esta sala estima el habeas corpus, no
obstante, ella en realidad está referida solamente al extremo que se pide que
la sentencia penal sea notificada en el domicilio real del favorecido, lo cual
efectivamente ha sido examinado.
Dicho esto, suscribo la sentencia.
S.
DOMÍNGUEZ HARO