Pleno. Sentencia 468/2020
EXP. N.° 04417-2016-PHC/TC
LAMBAYEQUE
JOSÉ SANTOS CASTILLO
FERNÁNDEZ, REPRESENTADO
POR ORFELINDA CASTILLO
FERNÁNDEZ
RAZÓN DE RELATORÍA
Con fecha 23 de julio de 2020, se reunió el Pleno del Tribunal
Constitucional, integrado por los señores magistrados Ledesma Narváez,
Ferrero Costa, Miranda Canales, Blume Fortini y Sardón de Taboada, a los
efectos de pronunciarse sobre la demanda que da origen al Expediente
04417-2016-PHC/TC. Los magistrados Ramos Núñez y Espinosa-Saldaña
votaron en fecha posterior.
Producida la votación de la propuesta de sentencia, el resultado fue el
siguiente:
 Los señores magistrados Ferrero Costa, Miranda Canales, Blume
Fortini (con fundamento de voto) Ramos Núñez, Sardón de Taboada
(con fundamento de voto) y Espinosa-Saldaña Barrera (con
fundamento de voto), haciendo resolución, votaron, en mayoría, por
declarar FUNDADA la demanda de habeas corpus.
 La magistrada Ledesma Narváez, en minoría, emitió un voto singular
declarando infundada la demanda de habeas corpus.
La Secretaría del Pleno deja constancia de que la presente razón encabeza
la sentencia, los fundamentos de voto y el voto singular antes referidos, y
que los señores magistrados intervinientes en el Pleno firman digitalmente
al pie de esta razón en señal de conformidad.
Flavio Reátegui Apaza
Secretario Relator
SS.
LEDESMA NARVÁEZ
FERRERO COSTA
MIRANDA CANALES
BLUME FORTINI
RAMOS NÚÑEZ
SARDÓN DE TABOADA
ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA
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LAMBAYEQUE
JOSÉ SANTOS CASTILLO FERNÁNDEZ,
REPRESENTADO POR ORFELINDA
CASTILLO FERNÁNDEZ
SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
En Lima, a los 23 días del mes de julio de 2020, el Pleno del Tribunal
Constitucional, integrado por los señores magistrados Ledesma Narváez, Ferrero
Costa, Miranda Canales, Blume Fortini y Sardón de Taboada, pronuncia la
siguiente sentencia, con el abocamiento del magistrado Ramos Núñez, conforme
al artículo 30-A del Reglamento Normativo del Tribunal Constitucional.
Asimismo, se agregan los fundamentos de voto de los magistrados Blume Fortini
y Sardón de Taboada, y el voto singular de la magistrada Ledesma Narváez. Se
deja constancia de que los magistrados Ramos Núñez y Espinosa-Saldaña Barrera
votarán en fecha posterior.
ASUNTO
Recurso de agravio constitucional interpuesto por don José Santos Castillo
Fernández contra la resolución de fojas 67, de fecha 17 de junio de 2016,
expedida por la Sala Descentralizada Mixta y de Apelaciones de Jaén de la Corte
Superior de Justicia de Lambayeque, que declaró infundada la demanda de habeas
corpus de autos.
ANTECEDENTES
Demanda
Con fecha 26 de febrero de 2016, doña Orfelinda Castillo Fernández
interpone demanda de habeas corpus a favor de don José Santos Castillo
Fernández y la dirige contra don Adelino Barturén Romero en su condición de
presidente de la Ronda Campesina del caserío Las Malvinas (centro poblado Vista
Alegre de Zonanga, distrito y provincia de Jaén); y contra los que resulten
responsables (directivos y ronderos) de la ronda campesina del caserío
mencionado. Alega la vulneración de los derechos a la libertad personal y libre
tránsito del favorecido.
Solicita que se ordene a los demandados que cumplan con devolver de
inmediato la libertad al favorecido, quien ha sido detenido el día 25 de febrero de
2016 a las 22:00 sin motivo ni justificación alguna.
La recurrente sostiene que el presidente, directivos e integrantes de la
Ronda Campesina del caserío Las Malvinas han dispuesto de manera indebida la
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REPRESENTADO POR ORFELINDA
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privación de la libertad ambulatoria del favorecido, sin que exista justificación,
menos mandato judicial; que el favorecido ha sido sometido a maltratos físicos
durante la noche, los cuales han sido comunicados vía telefónica en horas de la
mañana del 26 de febrero de 2016 a su hermano don Elder Castillo Fernández.
Alega que el motivo para detener al favorecido ha sido que, el 2015, en su
condición de presidente del Comité de Productores de Café, recibió de parte del
Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa) tres bombas de fumigación a
mochilas, las cuales debían ser usadas por los productores de café, y que su
hermano distribuyó. La recurrente afirma también que, en la fecha de la
interposición de la demanda, las mochilas de fumigación fueron devueltas a
Senasa; sin embargo, los ronderos denunciados no creen ello y piensan que el
favorecido se ha quedado con estas.
Auto de admisión a trámite
Admitida a trámite la demanda (folio 15), el juez del habeas corpus, con
fecha 26 de febrero de 2016, se constituyó al centro poblado Las Malvinas y
constató la detención del favorecido; notificó a don Adelino Barturén Romero que
había admitido a trámite la demanda y lo exhortó a que proceda a dar inmediata
libertad al favorecido, a lo que el presidente de la ronda refirió que dará libertad al
favorecido por exhortación del juzgado, efectuándose en el acto el cese de la
detención del favorecido (folio 17).
Actas de declaraciones
A folio 18 de autos obra el acta de declaración de don José Santos Castillo
Fernández, quien refirió que no tiene enemistad con don Adelino Barturén
Romero; que fue invitado a participar en una reunión comunal el día 25 de febrero
de 2016 donde los comuneros le requirieron las tres mochilas para fumigación
otorgadas a su persona por Senasa; que el demandado le refirió que era un moroso
y no participaba en las reuniones de la comunidad y consultó a la asamblea si se le
dejaba ir o se le sancionaba, a lo que la asamblea, a mano alzada, votó por que se
le sancione. Desde ese momento quedó detenido. Añade que hicieron que realice
ejercicios físicos en un colegio durante la noche y la madrugada; que lo obligaron
a trabajar en el precitado colegio; que le dieron permiso para que vaya a la casa de
su hermano a bañarse y luego regrese a realizar los mismos trabajos, y que estuvo
vigilado en todo momento por personal ronderil, hasta el momento en que llegó el
personal del juzgado y se procedió a liberarlo.
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REPRESENTADO POR ORFELINDA
CASTILLO FERNÁNDEZ
A folio 27 de autos obra la declaración explicativa de don Adelino
Barturén Romero, quien refirió conocer a don José Santos Castillo Fernández por
ser rondero del caserío. Refirió también que el favorecido ha sido secretario de
rondas, presidente del programa Senasa y presidente del programa Rolla Amarilla.
Precisó que el favorecido ha sacado ocho mochilas de fumigación de Senasa, que
los comuneros se dieron con la sorpresa de que no tenía las mochilas que le
habían sido entregadas; que por presión de los ingenieros de Senasa y de los
comuneros se comprometió a entregar las ocho mochilas. Añadió que la invitación
al favorecido del 25 de febrero de 2016 fue para que explique cuándo iba a
devolver las mochilas; que ante su comportamiento, la comunidad decidió
castigarlo para que deje de ser un mal ciudadano, en atención a que en anteriores
oportunidades ha sustraído cables, tubos y un generador de la Municipalidad
Provincial de Jaén; que en ningún momento han vulnerado su integridad física; y
que luego de la interposición del habeas corpus entregó dos mochilas de
fumigación, quedando pendiente la entrega de una tercera.
Sentencia de primera instancia o grado
El Cuarto Juzgado Penal Unipersonal de Jaén, con fecha 31 de marzo de
2016, declaró procedente (sic) la demanda al considerar que, si bien las
indagaciones realizadas por la ronda de campesinos están permitidas por mandato
constitucional, también lo es que ello no justifica la retención de una persona,
dado que, a pesar de que el agraviado se desplazó hasta la casa de su hermano, en
todo momento estuvo siendo supervisado en sus movimientos por personal
ronderil, de modo que se puede sostener que se afectó la libertad ambulatoria del
favorecido.
Sentencia de segunda instancia o grado
La Sala Mixta Descentralizada y de Apelaciones de Jaén de la Corte
Superior de Justicia de Lambayeque, con fecha 17 de junio de 2016, revocó la
apelada, la reformó y la declaró infundada por considerar que las rondas
campesinas del caserío Las Malvinas, cuando privaron de su libertad al
favorecido, lo hicieron en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales y no fue
arbitrario, por lo que no hubo afectación a la libertad ambulatoria del favorecido.
Recurso de agravio constitucional
La accionante, en el recurso de agravio constitucional, reproduce los
mismos fundamentos empleados al momento de interponer la demanda; y agrega
que la ciudad de Jaén se encuentra a una hora del caserío Las Malvinas y que los
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miembros de las rondas campesinas no debieron usar la fuerza basados en
costumbres que han quedado desfasadas, sino que debieron recurrir a la autoridad
competente para denunciar la pérdida de las mochilas de fumigación; dado que las
rondas campesinas no son las idóneas para hacer un reclamo, más aún con uso de
la fuerza.
FUNDAMENTOS
Delimitación del petitorio
1. El objeto de la demanda es que se ordene al presidente, directivos y
miembros de la Ronda Campesina del caserío Las Malvinas (centro poblado
Vista Alegre de Zonanga, distrito y provincia de Jaén) que liberen
inmediatamente a don José Santos Castillo Fernández, quien se encuentra
detenido desde el día 25 de febrero de 2016. Se alega la vulneración de los
derechos a la libertad personal y al libre tránsito.
Consideraciones preliminares
2. Según se aprecia, el juez del Cuarto Juzgado Penal Unipersonal de Jaén
dispuso la inmediata libertad de don José Santos Castillo Fernández (folio
17). Sin embargo, en el caso de autos esta situación no determina la
sustracción de la materia, puesto que la liberación del favorecido se dio en
mérito de lo resuelto por el juez en el presente proceso constitucional
(Expedientes 3731-2012-PHC/TC y 3681-2012-PHC/TC).
La jurisdicción comunal en el marco del artículo 149 de la Constitución
3. Este Tribunal, en la sentencia recaída en el Expediente 07009-2013-
PHC/TC, reconoció que la jurisdicción comunal consagrada en el artículo
149 de la Constitución tiende a la idea de reconocer la existencia de diversas
culturas y modos de concebir la realidad en nuestro territorio, También
señaló que la autonomía en su ejercicio constituye la garantía incuestionable
para su existencia. No obstante, al mismo tiempo estableció que su ejercicio
no debe vulnerar los derechos fundamentales, toda vez que estos son sus
límites objetivos (cfr. Expediente 07009-2013-PHC/TC fundamentos 9 a
15).
4. En cuanto a las materias que abarcan la jurisdicción comunal, este Tribunal,
en la precitada sentencia, estableció lo siguiente:
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Una respuesta razonada del tema, evidentemente descarta que todos los
aspectos jurídicos puedan ser vistos en el ámbito de la justicia comunal,
pues el origen de esta no responde a los mismos supuestos y
consideraciones de la Justicia ordinaria, sino a lo que es propio de la
vida comunal con todas las incidencias que la misma puede llegar a
suponer. Naturalmente, esto tampoco significa ni debe tomarse
necesariamente, como que sean muy pocos los aspectos a cargo de esta
variante jurisdiccional, sino simplemente, como que no todos los
aspectos jurídicos pueden tener una consecuencia directa en el ámbito
de la vida comunal (fundamento 22).
5. Cuestión esencial en el escenario descrito es saber si los aspectos vinculados
a la eventual comisión de ilícitos penales pueden ser vistos por la justicia
comunal. Al respecto, puede afirmarse que ello no solo es perfectamente
posible, sino hasta auspicioso, pues la tutela de bienes jurídicos depende, en
buena medida, de la concepción con la que cada grupo humano concibe su
organización en la vida social, y siendo así no es extraño sino perfectamente
coherente la concepción de una justicia comunal de tipo penal.
6. Prueba contundente de que esta concepción es plenamente legítima la
encontramos en el ámbito de los instrumentos internacionales. Es el caso del
artículo 9.1 del Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales
en países independientes, cuyo texto establece, sin que quepa duda alguna,
que “en la medida en que ello sea compatible con el sistema jurídico
nacional y con los derechos humanos internacionalmente reconocidos,
deberán respetarse los métodos a los que los pueblos interesados recurren
tradicionalmente para la represión de los delitos cometidos por sus
miembros”.
7. Y abona en la misma perspectiva lo que el inciso 3 del artículo 18 del
Código Procesal Penal (Decreto Legislativo 957) ha establecido, al señalar
que “la jurisdicción penal ordinaria no es competente para conocer: (…) De
los hechos punibles en los casos previstos en el artículo 149 de la
Constitución”.
8. Sin embargo, el hecho de que se acepte como perfectamente legítima la
opción de una justicia comunal de tipo penal, no significa tampoco, como
algunos erróneamente creen, que nuestro ordenamiento jurídico pretenda
auspiciar una renuncia total a las potestades punitivas que tiene el Estado en
relación con los delitos cuando de comunidades campesinas o nativas se
trata.
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9. En efecto, lo primero que debe recordarse es que no existen cláusulas
constitucionales absolutas. Que el artículo 149 de la Constitución reconozca
la jurisdicción comunal, no significa que esta última sustituya o reemplace a
la justicia ordinaria. El vocablo “pueden”, utilizado por el citado dispositivo
para hacer referencia a las funciones jurisdiccionales de las autoridades de
las Comunidades Campesinas y Nativas, es aquí especialmente
significativo. Si la intención de la norma constitucional hubiese sido la de
darle a la justicia comunal un rol sustitutivo de la justicia ordinaria, el citado
término estaría demás, debiéndose haber optado por el de “deben”.
10. Pero dicho argumento, que es en esencia literal, no es tan relevante como la
concepción que ya ha sido explicada y que tiene como límite objetivo el
establecido en el artículo 149 de la Constitución, de acuerdo al cual, la
jurisdicción comunal de ninguna manera puede administrarse en forma
contraria a los derechos fundamentales.
11. Aceptar que la jurisdicción comunal tiene como restricción inobjetable el
respeto por los derechos fundamentales, supone que la interpretación a
dispensarse al referido inciso 3 del artículo 18 del Código Procesal Penal, no
puede desembocar en una renuncia total al poder punitivo del Estado cuando
se trata de delitos cometidos en el ámbito de la vida comunal. Lo que
supone es que una concesión como la descrita en el citado dispositivo, solo
ha de operar en la medida en que no se vulneren los derechos fundamentales
de la persona.
12. De asumirse una interpretación tendiente a excluir de la justicia ordinaria
toda clase de delitos so pretexto de cometerse en el ámbito de la vida
comunal, significaría, virtualmente, vaciar de contenido o de toda eficacia
práctica a la restricción establecida en el tantas veces citado artículo 149 de
la Constitución, lo cual no solo sería inaceptable sino totalmente irrazonable
en el contexto de una Constitución que se esfuerza en defender una
pluralidad de bienes jurídicos de relevancia y, en particular, los que tienen
una vinculación directa con los derechos fundamentales de la persona.
13. Por lo demás, el propio artículo 9.1 del Convenio 169 de la OIT sobre
Pueblos Indígenas y Tribales en países independientes que ya ha sido citado,
establece que la represión de delitos cometidos por quienes forman parte de
una Comunidad Indígena o Tribal apelando a sus propios métodos (entre los
que por supuesto se encuentra el de la jurisdicción comunal), solo puede
darse en la medida en que sea compatible con el sistema jurídico nacional y
con los derechos humanos internacionalmente reconocidos, lo que se
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traduce en respetar el marco normativo encabezado por la Constitución y
por los derechos que esta norma fundamental defiende.
14. No hay pues, de forma alguna, una renuncia radical o absoluta a la potestad
punitiva del Estado, sino el reconocimiento de una justicia ordinaria que
cede ante la justicia comunal solo y específicamente en determinados
supuestos, los que no comprometen los derechos de la persona.
Las rondas campesinas y la potestad jurisdiccional
15. Si bien, la justicia comunal puede avocarse al conocimiento de una
multiplicidad de asuntos de la vida comunal, e incluso dentro de estos
algunos de índole penal, conviene precisar, conforme a lo expresado en los
considerandos precedentes, que solo tienen la atribución de ejercer dicha
jurisdicción las autoridades de las Comunidades Campesinas y Nativas,
otorgándose a las rondas campesinas un rol subsidiario, de apoyo a las
autoridades comunales en el ejercicio de la jurisdicción comunal.
16. Ahora bien, las rondas campesinas, en tanto forma autónoma y democrática
de organización comunal, pueden establecer interlocución con el Estado y
apoyar el ejercicio de funciones jurisdiccionales de las Comunidades
Campesinas y Nativas; por ejemplo, en la solución de conflictos, realizando
funciones de conciliación extrajudicial conforme a ley, así como funciones
relativas a la seguridad y a la paz comunal dentro de su ámbito territorial
(cfr. artículo 1 de la Ley de Rondas Campesinas, Ley 27908).
17. Asimismo, las rondas campesinas "tienen por finalidad contribuir al
desarrollo, la seguridad, la moral, la justicia y la paz social dentro de su
ámbito territorial, sin discriminación de ninguna índole, conforme a la
Constitución y a las leyes” (artículo 3 del Reglamento de la Ley de Rondas
Campesinas, Decreto Supremo 025-2003-JUS). En tal sentido, como dice
este mismo artículo del Reglamento, “las Rondas constituidas al interior de
las Comunidades Campesinas o Nativas, colaboran con éstas en el
desempeño de sus funciones jurisdiccionales”, por lo que es evidente que las
rondas campesinas no ostentan tales funciones.
Análisis del caso
18. Este Tribunal aprecia que mediante invitación dirigida a don José Santos
Castillo Fernández, realizada con fecha 20 de febrero de 2016, por el comité
de base de la Ronda Campesina de la comunidad Las Malvinas, se le pone
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en conocimiento que el día 25 de febrero a las 7:30 p. m. se iba a realizar
una reunión para que dé información a los ciudadanos sobre las mochilas de
fumigación otorgadas por Senasa, con el fin de aclarar las discrepancias
existentes (folio 14).
19. Asimismo, de la declaración del favorecido, se tiene que participó el 25 de
febrero de 2016 de la invitación realizada, donde, luego de que se le
manifestase que era un moroso y no participaba de las reuniones de la
comunidad, previa consulta a los comuneros asistentes, se decidió que se le
debía castigar, momento desde el cual fue retenido y obligado a realizar
ejercicios físicos durante la madrugada y trabajos en el campo. De igual
manera, el favorecido refiere que, si bien en determinado momento se le
permitió asearse en la casa de su hermano, en todo momento estuvo siendo
vigilado por las rondas campesinas (folio 18).
20. Este Tribunal advierte, del acta de constatación realizado por el juez del
presente proceso constitucional con fecha 26 de febrero de 2016, que se
encontró a don José Santos Castillo Fernández retenido desde el 25 de
febrero de 2016, luego de realizarse la reunión con la Ronda Campesina del
caserío Las Malvinas. Como se aprecia de dicha acta, en el momento de la
constatación se encontraban presentes quince ronderos, sin que alguno de
ellos haya desvirtuado lo constatado por el juez (folio 17).
21. Si bien los ronderos permitieron al favorecido ir a la casa de su hermano
para que pueda asearse, también es cierto que durante todo ese tiempo
estuvo vigilado y después fue nuevamente retenido, hasta que fue liberado
por intervención del juez de la causa.
22. Así las cosas, este Colegiado considera que la actuación de la Ronda
Campesina del caserío Las Malvinas fue arbitraria en el caso de autos, pues,
conforme a los fundamentos supra, la Constitución reconoce como únicos
titulares de la jurisdicción comunal a las Comunidades Campesinas y
Nativas, no a las rondas campesinas.
23. Por consiguiente, este Tribunal estima que se han acreditado las alegadas
vulneraciones de los derechos invocados y que la Ronda Campesina del
caserío Las Malvinas no ostenta facultades para realizar los actos
cuestionados por la demandante en perjuicio del favorecido.
Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le
confiere la Constitución Política del Perú,
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HA RESUELTO
1. Declarar FUNDADA la demanda.
2. ORDENAR a la parte emplazada no vuelva a incurrir en los mismos actos
que motivaron la interposición de la demanda.
Publíquese y notifíquese.
SS.
FERRERO COSTA
MIRANDA CANALES
BLUME FORTINI
SARDÓN DE TABOADA
PONENTE FERRERO COSTA
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REPRESENTADO POR ORFELINDA
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FUNDAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO
ERNESTO BLUME FORTINI
Si bien concuerdo con la parte resolutiva de la sentencia, estimo necesario
exponer algunas precisiones en torno a los alcances, parámetros y competencias
de la denominada jurisdicción comunal.
1. Si bien resulta correcto afirmar que la jurisdicción comunal cuenta con la
competencia para conocer del conflicto planteado, ésta requiere ser definida
claramente, ya que se desarrolla con sujeción al ordenamiento jurídico y en el
marco del respeto por los derechos fundamentales. De lo contrario,
quedaríamos en el limbo de no saber qué forma parte de la jurisdicción
ordinaria y qué forma parte de la jurisdicción comunal; no siendo suficiente
tomar únicamente como referentes el factor territorial, el desarrollo histórico
cultural, el derecho consuetudinario y, en general, las particularidades de su
propio sistema normativo.
2. Siendo ello así, considero que el adecuado ejercicio de la función
jurisdiccional comunal por las comunidades campesinas y nativas debe
ajustarse a las características y a la naturaleza de nuestro Estado y de su
gobierno. Así, debe estar constreñida al territorio de cada comunidad
(alcances); sujeta al marco constitucional nacional de consagración, garantía,
protección y defensa de los derechos fundamentales, con proscripción expresa
de la arbitrariedad; a la regulación legal nacional de ensamble con la justicia
ordinaria (parámetros); y a las materias que le son propias, pero siempre en
armonía con el carácter unitario del Estado Peruano y con los principios y
valores que lo inspiran (competencias).
3. Una respuesta sistemática en el contexto integral de la Constitución descarta
de plano que todos los aspectos jurídicos puedan ser resueltos exclusivamente
en el ámbito de la justicia comunal, su origen no responde a los mismos
supuestos y consideraciones de la justicia ordinaria, sino únicamente a lo que
es propio de la vida comunal con todas las incidencias que la misma puede
generar, pues no todos los aspectos jurídicos tienen una consecuencia directa
en el ámbito de la vida comunal.
4. El que el artículo 149 de la Constitución reconozca la jurisdicción comunal
no significa que esta última sustituya o reemplace totalmente a la justicia
ordinaria. Sobre dicho aspecto, conviene hacer hincapié que el vocablo
"pueden", utilizado en dicho artículo por el Legislador Constituyente para
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hacer referencia a las funciones jurisdiccionales de las autoridades de las
comunidades campesinas y nativas, no ha sido colocado en vano; toda vez
que si la intención del Legislador Constituyente hubiese sido darle a la
justicia comunal un rol sustitutivo de la justicia ordinaria, el citado termino
estaría demás, debiéndose haber optado en aquel negado supuesto por el de
"deben".
5. No cabe una interpretación aislada, atemporal e inconexa del acotado artículo
149 de la Carta Magna, tanto en cuanto disposición como en cuanto
contenido normativo. Esta debe hacerse entendiéndolo como parte de una
unidad y de una integralidad, de ese todo que es la Constitución en su
conjunto: valores, principios, instituciones, derechos, normas y demás
aspectos que encierra. Es decir, desde un enfoque constitucionalizado y
recogiendo el telos constitucional, se debe tomar en cuenta la inspiración, la
filosofía, la lógica y la racionalidad de la voluntad y de la expresión
normativa del Poder Constituyente. En ese sentido, dicho dispositivo
constitucional determina el límite objetivo de la jurisdicción comunal, de
manera que ésta no podrá administrarse bajo ninguna condición en forma
contraria a los derechos fundamentales.
6. En este contexto, aceptar que la jurisdicción comunal tiene como restricción
inobjetable el respeto por los derechos fundamentales, supone que de ninguna
manera podría considerarse como viable la renuncia total o absoluta a los
aspectos materiales que entraña la potestad jurisdiccional. De asumirse una
interpretación que excluya a la justicia ordinaria de todo aspecto de la vida
comunal, se estaría vaciando de contenido y de eficacia práctica a la
restricción establecida en el citado artículo 149 de la Constitución, lo cual no
sólo sería inaceptable sino totalmente irrazonable en el marco de una
Constitución que se esfuerza en defender una pluralidad de bienes jurídicos
de relevancia y, en particular, de los que tienen una vinculación directa con
los derechos esenciales de la persona.
7. A pesar de que los aspectos concernientes al desarrollo histórico cultural, el
derecho consuetudinario y las particularidades del sistema normativo sean
elementos que permiten determinar la competencia de la jurisdicción
comunal, estos no resultan ser los únicos; pues, ante todo, se requiere de su
armonización con el ordenamiento jurídico y la plena eficacia de los derechos
fundamentales, en el marco de una interpretación integral de la Constitución y
de la consideración que el Estado Constitucional peruano es uno e indivisible.
S.
BLUME FORTINI
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JOSÉ SANTOS CASTILLO FERNÁNDEZ,
REPRESENTADO POR ORFELINDA
CASTILLO FERNÁNDEZ
FUNDAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO SARDÓN DE TABOADA
El artículo 149 de la Constitución contiene una regla para delimitar los ámbitos de
la justicia comunal:
Las autoridades de las Comunidades Campesinas y Nativas, con el apoyo de las
Rondas Campesinas, pueden ejercer las funciones jurisdiccionales dentro de su
ámbito territorial de conformidad con el derecho consuetudinario, siempre que no
violen los derechos fundamentales de la persona
Desde la Constitución aparece fijado, pues, que las rondas campesinas solo
prestan apoyo y no administran justicia comunal, lo que es suficiente para resolver
el caso.
Por ello, me aparto de los acápites denominados “La jurisdicción comunal en el
marco del artículo 149 de la Constitución” y “Las rondas campesinas y la potestad
jurisdiccional” consignados en la sentencia (fundamentos 3 a 17).
S.
SARDÓN DE TABOADA
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LAMBAYEQUE
JOSÉ SANTOS CASTILLO FERNÁNDEZ,
REPRESENTADO POR ORFELINDA
CASTILLO FERNÁNDEZ
VOTO DEL MAGISTRADO RAMOS NÚÑEZ
Emito el presente voto con fecha posterior, a fin de precisar el sentido de mi voto
y expresar que coincido con el sentido de la ponencia presentada que declara
FUNDADA la demanda de habeas corpus, por haberse acreditado la vulneración
de los derechos alegados; y se ordena a la emplazada que no vuelva a incurrir en
los mismos actos que motivaron la interposición de la demanda.
Lima, 26 de agosto de 2020
S.
RAMOS NÚÑEZ
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JOSÉ SANTOS CASTILLO FERNÁNDEZ,
REPRESENTADO POR ORFELINDA
CASTILLO FERNÁNDEZ
FUNDAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO
ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA
Coincidiendo con el sentido de lo expresado en el voto de mayoría, considero
necesario efectuar algunas precisiones, las cuales desarrollo a continuación.
1. En primer lugar, la presente controversia plantea nuevamente un asunto
complejo, que es el de las relaciones entre jurisdicción ordinaria y
jurisdicción comunal. Al respecto este caso, a diferencia de otros, plantea la
cuestión adicional referida al rol que pueden jugar las rondas campesinas en
el marco del ejercicio de la jurisdicción comunal que, inicialmente, por
mandato de la propia Constitución, se encuentra en manos de las autoridades
comunales y no de las rondas, que prestan una labor de auxilio.
2. No obstante esta precisión, que aparece explicada en la sentencia, constato en
autos que en diversos momento ha participado la dirigencia de la comunidad,
por lo que considero que no queda del plenamente claro si, pese a todo, no ha
sido la propia comunidad la que finalmente impuso las medidas restrictivas
que se cuestionan en este proceso.
3. Ahora, en cualquier caso, lo que es indubitable, y por ello no dudo en votar
por declarar fundada la demanda, es que en la presente causa los demandantes
han trasgredido lo prescrito por el Principio de justificación (desarrollado al
final de este voto, como también en casos previos tales como Zelada
Riquelme (STC Exp. n.º 02765-2014-AA) y Juan Villar Vargas y otro (STC
Exp. n.º 07009-2013-PHC). Conforme al referido principio “se proscribe el
ejercicio arbitrario de las funciones de regulación social y resolución de
controversias, las decisiones sin motivación o basadas en el mero poder
institucional, la construcción despótica (y no dialógica) de las normas de
conducta y los procesos de sanción, etc.”; esto, debido a que la supuesta
responsabilidad del beneficiario del habeas corpus, y el castigo que
posteriormente se le impuso, se basó esencialmente en la votación
discrecional de los asistentes a la asamblea, lo cual implica una situación
arbitraria manifiesta que no puede ser convalidada en esta sede. En efecto, un
proceso mínimamente justo requiere, cuando menos, de cierto afán por parte
de los juzgadores para conocer la verdad material respecto de lo imputado, así
como una elemental justificación, lo cual no puede ser dejado tan solo al
resultado de una votación.
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4. Además de lo anterior, y de manera más general, aprovecho también la
ocasión para insistir en que, a esta cuestión compleja de las relaciones entre
jurisdicción ordinaria y jurisdicción comunal, no se le puede dar respuesta
simple, únicamente sobre la base de la dogmática estándar de los derechos
fundamentales. En efecto, casos como este nos obligan a interrogarnos sobre
las diversas posibles compresiones en torno a los derechos, sobre las
posibilidades y los límites de la relación entre los individuos y su comunidad,
sobre la forma de permitir la convivencia o el diálogo entre cosmovisiones
diferentes, e incluso, sobre las fronteras finales que está dispuesto a aceptar
nuestro constitucionalismo en el marco de un Estado pluricultural como el
nuestro. Lo anterior implica, pues, cuestionar, o cuando menos mirar desde
otros puntos de vista, los lugares comunes y presupuestos ideológicos del
constitucionalismo contemporáneo predominante (de tendencia liberal y
personalista).
5. En el contexto mencionado, resulta necesario dar respuesta a las relaciones
entre ambas jurisdicciones. Dicha respuesta, desde luego, debe partir
inicialmente de lo indicado en el artículo 149 de la Constitución, el cual
señala que:
“Artículo 149.- Las autoridades de las Comunidades
Campesinas y Nativas, con el apoyo de las Rondas
Campesinas, pueden ejercer las funciones jurisdiccionales
dentro de su ámbito territorial de conformidad con el
derecho consuetudinario, siempre que no violen los
derechos fundamentales de la persona. La ley establece las
formas de coordinación de dicha jurisdicción especial con
los Juzgados de Paz y con las demás instancias del Poder
Judicial”.
6. Al respecto, si bien la formulación de la Norma Fundamental considerar sin
más como límite para la jurisdicción comunal a los derechos fundamentales,
de modo genérico y sin mayor precisión (“Las autoridades [comunales]
pueden ejercer las funciones jurisdiccionales (…) siempre que no violen los
derechos fundamentales de la persona”), esto en el fondo obvia que tanto
extensión como el contenido de estos derechos son una cuestión
controvertida, incluso en los Estados Constitucionales de occidente (que
tienen bases históricas y justificativas en común). Cuestiones tan esenciales
como los alcances de la libertad de expresión, la interrupción voluntaria del
embarazo, la libertad religiosa, o la eutanasia (incluso la asistencia al
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suicidio) ponen al descubierto que los derechos fundamentales pueden
significar cosas diferentes incluso en sociedades con cosmovisiones similares
y del todo compatibles.
7. Si esto es así con respecto de sociedades con culturas o cosmovisiones
concurrentes o compatibles, la cuestión planteada resulta más evidente frente a
sociedades con cosmovisiones distintas y no homologables en términos
axiológicos como es el caso de muchas comunidades originarias, indígenas y
campesinas del Perú. De este modo, como veremos luego, es necesario
esclarecer de qué modo, en el marco de una comunidad plural y multicultural
como la nuestra, los derechos fundamentales sirven como límite para la
justicia comunal.
8. En este orden de ideas, es menester avanzar en determinar algunas pautas o
criterios que permitan esclarecer las formas de relación entre la jurisdicción
ordinaria y consuetudinaria sobre la base del artículo 149 de la Constitución,
así como a la vinculación entre los derechos fundamentales y el ejercicio de la
jurisdicción consuetudinaria. Para ello vamos a referirnos seguidamente al
desarrollo que este tema ha merecido en el ámbito interno y comparado.
Competencia de la jurisdicción comunal
9. El ya citado artículo 149 de la Constitución hace referencia al ejercicio de
funciones jurisdiccionales por parte autoridades comunales, dentro de su
ámbito territorial y de conformidad con su derecho consuetudinario.
Asimismo, se establece que los derechos fundamentales son un límite para
dicho ejercicio jurisdiccional.
10. De lo anterior (y de modo aproximativo a lo señalado por este propio
Tribunal, pero también por la Organización Internacional del Trabajo1, la
Corte Constitucional de Colombia2 o la Corte Suprema del Perú3) podemos
considerar como elementos que permiten distinguir a la jurisdicción
consuetudinaria –es decir, para identificar si determinada práctica forma parte
del ordenamiento interno del pueblo– a los elementos humano (comunidad
1 ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO. Los derechos de los pueblos indígenas
y tribales en la práctica. Una guía sobre el Convenio núm. 169 de la OIT. Departamento de
Normas Internacionales del Trabajo - OIT, Ginebra, 2009
2 CORTE CONSTITUCIONAL DE COLOMBIA. Sentencia, T-552/03, del 10 de julio de 2003.
3 Por ejemplo, en el V Acuerdo Plenario de las Salas Penales Permanente y Transitorias de la
Corte Suprema de Justicia del Perú, 1-2009/CJ-116, de fecha 13 de noviembre de 2009, y Acuerdo
Plenario n.º 1-2015/CIJ-116, correspondiente al IX Pleno Jurisdiccional de las Salas Penales
Permanente y Transitoria, de fecha 2 de octubre de 2015.
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originaria, indígena o campesina, y sus miembros), orgánico (autoridades
comunales que ejercen funciones de control social), cultural (cosmovisión,
cultura y axiología propios o distintivos de la comunidad) normativo (sistema
normativo basado en costumbres tradicionales), y territorial (ámbito en el que
la comunidad ejerce legítimamente su jurisdicción).
11. Sin ánimo de exhaustividad, estos elementos son importantes para identificar
a la jurisdicción comunal y para tomar en consideración los patrones
culturales que rigen e influencian las decisiones que allí se adoptan. Tomar en
cuenta estos elementos tiene como finalidad evitar juzgar las conductas bajo
competencia de la jurisdicción comunal conforme a patrones ajenos a los de
su ordenamiento.
Marco normativo internacional
12. Asimismo, para comprender mejor los alcances del aludido artículo 149 de la
Constitución, es pertinente tener en cuenta lo previsto en tratados y
declaraciones vinculadas sel presente tema. En este apartado se hará
referencia al Convenio 169 de la OIT (1989), ratificado por el Estado peruano
mediante Resolución Legislativa 26253, publicada el 5 de diciembre de 1993
y vigente desde el 2 de febrero de 1995, y a la Declaración de Naciones
Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas (2007), también ratificada
por nuestro país.
13. Entre los artículos 8 a 12 del Convenio 169 se reconoce que los pueblos
indígenas tienen un derecho y justicia propia, los cuales se rigen por patrones
culturales presentes ancestralmente en su comunidad que, a su vez, deben
tomar como referencia el marco de los derechos humanos y el sistema
jurídico nacional. Asimismo, el respeto de los métodos que han usado
tradicionalmente para la solución de conflictos entre sus miembros no debe
ser incompatibles con los derechos fundamentales definidos por el sistema
jurídico nacional ni con los derechos humanos internacionalmente
reconocidos (artículo 8, inciso 2). Y, por último, deberán tomarse medidas
para garantizar que los miembros de dichos pueblos puedan comprender y
hacerse comprender en procedimientos legales, facilitándoles, si fuese
necesario, intérpretes u otros medios eficaces (artículo 12).
14. Por su parte, la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los
Pueblos Indígenas prevé la obligación de los Estados para establecer, en
coordinación con los pueblos indígenas, un proceso que reconozca las leyes y
tradiciones indígenas; el respeto y promoción de sus instituciones y su
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sistema jurídico conforme con los derechos humanos. En consecuencia, los
Estados deberán establecer y aplicar, conjuntamente con los pueblos
indígenas interesados, un proceso equitativo, independiente, imparcial,
abierto y transparente, en el que se reconozcan debidamente las leyes,
tradiciones, costumbres y sistemas de tenencia de la tierra de los pueblos
indígenas (artículos 27 y 40). Ello, en mérito a que éstos tienen derecho a
promover, desarrollar y mantener sus estructuras institucionales y sus propias
costumbres, espiritualidad, tradiciones, procedimientos, prácticas, que, a su
vez, y de manera similar con lo previsto en el citado artículo 8, inciso 2 del
Convenio 169, deben ser de conformidad con las normas internacionales de
derechos humanos (artículo 34).
15. De ambos documentos normativos se desprende como estándar el respeto de
la autonomía jurisdiccional indígena; sin embargo, ello no significa
sometimiento a la libre consideración de las autoridades consuetudinarias,
pues los derechos fundamentales y humanos se convierten en parámetros de
control o límite al ejercicio de dicha jurisdicción especial.
Análisis a nivel comparado
16. Ahora bien, en el ámbito del Derecho Comparado encontramos que en los
ordenamientos jurídicos se ha abordado esta situación de diferentes formas.
Sobre esa base, es posible diferenciar cuando menos modelos de coordinación
entre jurisdicción ordinaria y jurisdicción indígena:
 Modelo de separación. - Plantea la separación entre las funciones
jurisdiccionales de las comunidades y la ordinaria. En este sentido, las
decisiones del fuero comunal serían una manifestación de su autonomía,
por lo que serían irrevisables.
 Modelo de intangibilidad iusfundamentales (o de revisión iusfundamental
estricta). - La jurisdicción comunal inicialmente puede conocer todo tipo
de asuntos que se presenten a nivel de su fuero interno. Ahora bien, se
admite que la jurisdicción ordinaria revise excepcionalmente lo decidido
en aquella en caso se haya afectado el “núcleo duro” de los derechos
humanos o fundamentales, que se encuentra conformado por las
prohibiciones de la pena de muerte, la tortura o la esclavitud.
 Modelo de revisión iusfundamental con diálogo intercultural. - Puede
revisarse lo decidido por la jurisdicción indígena en aquellos supuestos
en los que se afecta derechos fundamentales. De esta manera, cualquiera
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de las partes que participó en un proceso que ha sido de competencia de
la jurisdicción consuetudinaria puede acudir a la vía constitucional. Sin
embargo, la revisión por parte de la jurisdicción común no puede obviar
las peculiaridades culturales de la vida comunal, sino promover el
diálogo intercultural.
17. A continuación, se hará referencia con más detalle a cada uno de estos
modelos y a la legislación comparada de referencia, con el propósito de tener
un panorama más claro y aproximarnos a una vía que garantice de manera
óptima los derechos fundamentales de la persona y los bienes
constitucionalmente protegidos que asisten a la comunidad.
Modelo de separación (modelo boliviano)
18. Conforme a este modelo, las comunidades tienen autonomía plena para
regular las relaciones dentro de ellas, entre sus miembros y conforme las
instituciones ancestrales que tienen asentadas, por lo que sus decisiones no
serían revisables.
A nivel comparado, la Constitución boliviana (2009) es la que más
claramente se ha comprometido con la plasmación de este modelo. Así, por
ejemplo, en su artículo 179, inciso I se señala que la función jurisdiccional en
Bolivia es una sola y que en el caso de “la jurisdicción indígena originaria
campesina se ejerce por sus propias autoridades”. Más esclarecedor es el
artículo 179, inciso II, en cual se establece que: “La jurisdicción ordinaria y la
jurisdicción indígena originaria campesina gozarán de igual jerarquía”.
Además, en su artículo 192, inciso I se prevé que: “Toda autoridad pública o
persona acatará las decisiones de la jurisdicción indígena originaria
campesina”.
Son innegables las ventajas que, en principio, tiene este modelo en la medida
que busca empoderar a quienes fueron relegados históricamente. Sin
embargo, amerita ser analizado acuciosamente, pues puede confundirse el
concepto de autonomía con el de autarquía. Conforme al primero, nuestro
Tribunal Constitucional ha señalado en el Exp. N.º 002-2005-AI que:
“La autonomía es capacidad de autogobierno para
desenvolverse con libertad y discrecionalidad, pero sin
dejar de pertenecer a una estructura general de la cual en
todo momento se forma parte, y que está representada no
sólo por el Estado sino por el ordenamiento jurídico que
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rige a éste.”
A contrario sensu, la autarquía alude al desenvolvimiento con libertad pero
sin límite exógeno alguno, es decir, el marco de actuación sería aquel que la
comunidad ha dispuesto. Esto, llevado a un hipotético caso donde sea
evidente la afectación de un derecho fundamental (derecho a la vida, en
relación con la quema de personas acusadas de brujería, por ejemplo) no
podría ser revisado, inclusive si quien lo solicita forma parte del pueblo
indígena. Esta situación, a nuestro parecer, es contraria al Estado
Constitucional.
Ahora bien, no obstante, lo indicado, debemos precisar que en el caso
boliviano se ha emitido la Ley de Deslinde Jurisdiccional (Ley N.º 73, de 29
de diciembre de 2010), la cual establece una lista taxativa de supuestos ante
los cuales la jurisdicción indígena originaria carece de competencia. Dicha
regulación, que no ha estado exenta de polémica, en su artículo 10, inciso II
establece que: “a) En materia penal, los delitos contra el Derecho
Internacional, los delitos por crímenes de lesa humanidad, los delitos contra
la seguridad interna y externa del Estado, los delitos de terrorismo, los delitos
tributarios y aduaneros, los delitos por corrupción o cualquier otro delito cuya
víctima sea el Estado, trata y tráfico de personas, tráfico de armas y delitos de
narcotráfico. Los delitos cometidos en contra de la integridad corporal de
niños, niñas y adolescentes, los delitos de violación, asesinato u homicidio;
no se encuentran bajo el ámbito de vigencia material de la jurisdicción
indígena originaria campesina”.
Entre las críticas formuladas contra esta ley, la principal seguramente es que
no es clara en cuanto a la distribución de competencias materiales, y que esta
no se condice con lo inicialmente previsto en su Constitución: en efecto, solo
se señala aquello que la jurisdicción indígena, originaria y campesina no
puede conocer, sin embargo, con respecto a lo que sí puede conocer se
formula una premisa abierta: “se encarga de conocer los asuntos o conflictos
que histórica y tradicionalmente conocieron bajo sus normas, procedimientos
propios vigentes y saberes, de acuerdo a su libre determinación”.
En todo caso, a efectos dar cuenta de las relaciones entre justicia comunal y
justicia ordinaria a nivel comparado, debemos anotar que aun en países que
donde se ha avanzado notablemente en lo referido al reconocimiento de los
derechos de los pueblos indígenas, como es el caso de Bolivia, y pese a que
parte de un modelo constitucional de separación, se ha establecido límites
para el ejercicio de su actividad jurisdiccional de las comunidades.
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Modelo del núcleo intangibilidad iusfundamental o de revisión iusfundamental
estricta (modelo colombiano)
19. A diferencia del anterior, este modelo concibe que si bien algunos
comportamientos deben ser considerados sobre la base de los patrones
culturales de la comunidad y por su propia jurisdicción, ello no exime a tales
conductas de ser juzgados en la vía ordinaria en los casos en que involucren
afectaciones a los derechos fundamentales4.
Así, conforme a lo indicado, la jurisdicción indígena es competente para
conocer de todos aquellos asuntos que ocurren entre sus miembros al interior
de su territorio (y conforme a los elementos referidos en la Sentencia T-
552/03), aunque aquellos casos en los que habría afectaciones de derechos
fundamentales deberán ser conocidos y sancionados por la jurisdicción
ordinaria.
Ahora bien, remitir a la afectación de los derechos fundamentales –como
también fue señalado supra– constituye un criterio sumamente abierto, que
no permite esclarecer los límites para el ejercicio de la autonomía
jurisdiccional de los pueblos indígenas. En este sentido, la jurisprudencia
colombiana ha precisado que el límite o control al ejercicio de la jurisdicción
consuetudinaria se encuentra supeditada a aquellas situaciones donde se
afecta un núcleo mínimo o básico de los derechos.
Al respecto, la Corte Constitucional de Colombia en la sentencia T-349/96 ha
señalado que las decisiones de los sistemas jurídicos indígenas no pueden
incluir (1) pena de muerte, (2) tortura, (3) esclavitud, y que deben (4) respetar
su propio debido proceso. Así, indicó que:
“Las restricciones a la autonomía de las comunidades
indígenas en lo que hace a la determinación de sus
instituciones jurídicas y sus formas de juzgamiento
estarían justificadas, porque: se trata de medidas
necesarias para proteger intereses de superior jerarquía,
4 El artículo 246 de la Constitución colombiana (1991) establece que “Las autoridades de los
pueblos indígenas podrán ejercer funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial, de
conformidad con sus propias normas y procedimientos, siempre que no sean contrarios a la
Constitución y leyes de la República”.
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que en este caso serían el derecho a la vida, la prohibición
de la esclavitud y la tortura y la legalidad de los
procedimientos, los delitos y las penas; y se trata de las
menores restricciones imaginables a la luz del texto
constitucional.”
Se ha señalado que las razones por las que la Corte colombiana llegó a esta
conclusión son: 1) El reconocimiento de que únicamente respecto de ellos
[pueblos indígenas] puede predicarse la existencia de un verdadero consenso
intercultural; y 2) la verificación de que este grupo de derechos se encuentra
dentro del núcleo de derechos intangibles que reconocen todos los tratados de
derechos humanos, derechos que no pueden ser suspendidos ni siquiera en las
situaciones de conflicto armado5.
Este “núcleo duro” asimismo, a decir de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos, y tomando en cuenta lo previsto en el Pacto de Derechos Civiles y
Políticos, alude a “cláusulas de no suspensión”. Además, la par de lo señalado
en la referida sentencia T-349/96, puede afirmarse que el dicho núcleo básico
de derechos comprende, entre otros, el derecho a la vida; el derecho a la
integridad personal; la prohibición de la esclavitud y servidumbre; la
prohibición de discriminación, etc.
Como puede apreciarse, este tipo de razonamiento es aplicable caso por caso
y, en este sentido, no pretende establecer competencias “exclusivas y
excluyentes” de la judicatura ordinaria, las cuales podrían terminar vaciando
de contenido a la jurisdicción comunal, o imponiendo juicios de valor sin que
se conozca o comprenda el sistema de justicia indígena o la cosmovisión y
valores de la comunidad.
Modelo de revisión iusfundamental con diálogo intercultural (modelo
ecuatoriano)
20. Según este último modelo, las decisiones del fuero comunal que puedan ser
lesivas de derechos fundamentales son pasible de ser revisada en la vía
constitucional. Un buen ejemplo de esto se encuentra previsto en el artículo
65 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional
de Ecuador, donde se establece que:
5 RON, Ximena. “La jurisdicción indígena frente al control de constitucionalidad”. En: Ecuador:
¿pluralismo jurídico o juridización de lo plural? Universidad Andina Simón Bolívar, Quito, 2015,
p. 73.
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“Artículo 65.- La persona que estuviere inconforme con la
decisión de la autoridad indígena en ejercicio de funciones
jurisdiccionales, por violar los derechos
constitucionalmente garantizados o discriminar a la mujer
por el hecho de ser mujer, podrá acudir a la Corte
Constitucional y presentar la impugnación de esta
decisión, en el término de veinte días de que la haya
conocido.
Se observarán los principios que, sobre esta materia, se
encuentran determinados en la Constitución, instrumentos
internacionales de derechos humanos de los pueblos y
nacionalidades indígenas, demás instrumentos de derechos
humanos, Código Orgánico de la Función Judicial y la
ley.”
Esta regulación tiene asidero en el artículo 171 de la Constitución ecuatoriana
de 2008 que, de modo similar al caso boliviano, reconoce lo siguiente:
“Artículo 171.- Las autoridades de las comunidades,
pueblos y nacionalidades indígenas (...) aplicarán normas
y procedimientos propios para la solución de sus
conflictos internos, y que no sean contrarios a la
Constitución y a los derechos humanos reconocidos en
instrumentos internacionales. El Estado garantizará que las
decisiones de la jurisdicción indígena sean respetadas por
las instituciones y autoridades públicas. Dichas decisiones
estarán sujetas al control de constitucionalidad. La ley
establecerá los mecanismos de coordinación y cooperación
entre la jurisdicción indígena y la jurisdicción ordinaria.”
Conforme a esta disposición, es el propio afectado(a) quien puede acceder a
la vía constitucional para cuestionar una decisión del fuero indígena. Aquí, a
diferencia de la vía ordinaria/punitiva, el juez constitucional dejar espacio
para la interrelación con la jurisdicción indígena, procurando garantizar con
su decisión los derechos de la persona afectada en sintonía con el respeto de
las costumbres de la comunidad.
Para este modelo la coordinación entre justicia estatal y justicia comunal no
implica la superposición de una sobre la otra, con lo cual el mecanismo de
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control de constitucionalidad de las decisiones jurisdiccionales indígenas no
constituye una permisión para desconocer sin más lo que allí se ha resuelto.
En correlato con lo señalado, otra interesante herramienta que brinda el
modelo ecuatoriano es la prevista en el artículo 345 del Código Orgánico de
la Función Judicial, que prevé la figura de la “declinación de competencia”,
mediante la cual:
“Artículo 345.- Los jueces y juezas que conozcan de la
existencia de un proceso sometido al conocimiento de las
autoridades indígenas, declinará su competencia, siempre
que exista petición de la autoridad indígena en tal sentido.
A tal efecto se abrirá un término probatorio de tres días en
el que se demostrará sumariamente la pertinencia de tal
invocación, bajo juramento de la autoridad indígena de ser
tal. Aceptada la alegación la jueza o el juez ordenará el
archivo de la causa y remitirá el proceso a la jurisdicción
indígena.”
Este artículo debe ser entendido a la par con el artículo 253 del mismo
Código:
“Artículo 253.- La justicia de paz no prevalecerá sobre la
justicia indígena. Si en la sustanciación del proceso una de
las partes alega que la controversia se halla ya en
conocimiento de las autoridades de una comunidad,
pueblo o nacionalidad indígena se procederá de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 344.”
Precisamente, en el mencionado artículo 344 se prevé una serie de principios
que orientarán al diálogo intercultural:
 Diversidad: Ha de tenerse en cuenta el derecho propio, costumbres y
prácticas ancestrales de las personas y pueblos indígenas
 Igualdad: La autoridad tomará las medidas necesarias para garantizar la
comprensión de las normas, procedimientos, y consecuencias jurídicas de
lo decidido en el proceso en el que intervengan personas y colectividades
indígenas.
 Non bis in ídem: Lo actuado por las autoridades de la justicia indígena no
podrá ser juzgado ni revisado por los jueces y juezas de la Función
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Judicial ni por autoridad administrativa alguna, en ningún estado de las
causas puestas a su conocimiento, sin perjuicio del control constitucional.
 Pro jurisdicción indígena: En caso de duda entre la jurisdicción ordinaria y
la jurisdicción indígena, se preferirá esta última, de tal manera que se
asegure su mayor autonomía y la menor intervención posible.
 Interpretación intercultural: En el caso de la comparecencia de personas o
colectividades indígenas, al momento de su actuación y decisión
judiciales, interpretarán interculturalmente los derechos controvertidos en
el litigio.
Se desprende que el control de las decisiones de la jurisdicción indígena se
realizará a nivel constitucional en todos aquellos supuestos que sean
contrarios a la Constitución y a los derechos humanos reconocidos en
instrumentos internacionales, pero en base a un proceso de interacción y
coordinación en lugar de uno de imposición de estándares “oficiales”. Con
esto, se da la posibilidad de que sea la jurisdicción indígena la que conozca en
primer lugar la controversia, y que a su vez, desde la judicatura constitucional
puedan establecerse controles a través de un diálogo intercultural.
Desarrollo jurisprudencial a nivel interno
Luego de descritas algunas formas de relación o coordinación entre
jurisdicción ordinaria, resulta asimismo de interés revisar los avances que se
ha venido produciendo en la jurisprudencia nacional. En este ámbito la
jurisprudencia adquiere protagonismo en tanto que, pese a lo previsto en el
artículo 149 de la Constitución, hasta la fecha no existe una ley sobre
coordinación de justicia intercultural o pluralismo jurídico.
Jurisprudencia del Tribunal Constitucional
21. En anteriores ocasiones el Tribunal Constitucional ha precisado los alcances
del derecho a la identidad étnica y cultural, señalando que el nuestro es un
Estado multicultural y poliétnico, que tiene el deber de reconocer y respetar
las diferencias:
“[C]uando nuestra Ley Fundamental consagra, en primer
lugar, el derecho fundamental de las personas a su
identidad étnica y cultural, y, en segundo lugar, cuando
impone al Estado la obligación de reconocer y proteger
dicha identidad y pluralismo, está reconociendo que el
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Estado peruano se caracteriza, precisamente, tanto por su
pluralidad étnica, así como por su diversidad cultural (…)
[L]a Constitución de 1993 ha reconocido a la persona
humana como miembro de un Estado multicultural y
poliétnico; de ahí que no desconozca la existencia de
pueblos y culturas originarios y ancestrales del Perú.
En esa medida, la Constitución reconoce la existencia
legal de las comunidades campesinas y nativas, así como
su personería jurídica (artículo 88 de la Constitución);
además, impone al Estado la obligación de respetar su
identidad cultural (artículo 89 de la Constitución). Pero
también debe reconocer la existencia de poblaciones
afroperuanas y de otras tradicionalmente arraigadas en el
Perú” (STC Exp. N.° 00042-2004-AI, f. j. 1).
En similar sentido, ha señalado la importancia de la aceptación y tolerancia a
la diferencia, precisando que con base en ella que proscrito cualquier ánimo
homogeneizador:
“[D]el artículo 2, inciso 2, de la Constitución, se infiere un
reconocimiento de la tolerancia a la diversidad como
valor inherente al texto constitucional, lo que debe
comprenderse, a su vez, como una aspiración de la
sociedad peruana (…) [T]oda fuerza homogeneizadora que
no respete o que amenace las singularidades de las
personas identificables bajo algún criterio de relevancia
constitucional debe ser erradicada. Con ello se pretende
construir una unidad sobre la base de la diversidad,
contemplando el derecho a la igualdad como protector de
diferentes manifestaciones de la personalidad del ser
humano. Es por ello que la Constitución, erigida sobre el
reconocimiento de la dignidad de la persona, del que
emanan los principios de libertad, igualdad y solidaridad,
debe ser concebida desde una concepción pluralista que
tutele las diferentes formas de percibir y actuar en la
realidad” (STC Exp. N.° 0022-2009-PI, f. j. 3, STC Exp.
N.° 03343-2007-PA, f. j. 27).
Asimismo, ha señalado que las diferencias en el marco del Estado pluralista
no solo hay que respetarlas y tolerarlas, sino también protegerlas, reafirmarlas
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y promoverlas, esto en el marco de la tutela de los derechos y bienes
constitucionales:
“[E]l hecho que la Constitución de 1993 reconozca el
derecho fundamental de las personas a su identidad étnica
y cultural, así como la pluralidad de las mismas, supone
que el Estado social y democrático de Derecho está en la
obligación de respetar, reafirmar y promover aquellas
costumbres y manifestaciones culturales que forman parte
de esa diversidad y pluralismo cultural, pero siempre que
ellas se realicen dentro del marco de respeto a los derechos
fundamentales, los principios constitucionales y los
valores superiores que la Constitución incorpora, tales
como la dignidad de la persona humana (artículo 1 de la
Constitución), la forma democrática de Gobierno (artículo
43) y la economía social de mercado (artículo 58) (STC
Exp. N.° 00042-2004-AI, f. j. 2).
“[L]os pueblos indígenas han sido proveídos de
herramientas legales cuyo objeto es proteger su existencia
y su cosmovisión. De esta manera se reconoce el respeto a
la diversidad y el pluralismo cultural, lo que tendrá que
efectuarse siempre dentro del marco de respeto a los
derechos fundamentales, el dialogo intercultural, los
principios constitucionales y los valores superiores que la
Constitución incorpora, tales como la dignidad de la
persona, los principios de soberanía del pueblo, el Estado
democrático de Derecho y la forma republicana de
gobierno.” (STC Exo. N.º 01126-2011-HC, f. j. 16)
22. De este modo, y también sobre la base de lo señalado en el artículo 149 de la
Constitución, es claro de que para el Tribunal Constitucional hay deber del
Estado de reconocer y proteger las diferencias culturales, el cual debe
cumplirse de manera leal y no ficticia. Dicho mandato implica, dicho más
claramente, no evaluar con desdén o desde una supuesta superioridad las
diferencias culturales, no aceptar a la diversidad simplemente como un “mal
necesario”, no tratar a las culturas o etnias minoritarias como sujetos con
capacidades inferiores o disminuidas, ni buscar imponer subrepticiamente los
propios códigos sociales y culturales.
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23. Ahora bien, pese a lo señalado, este Tribunal no ha tenido ocasión de
pronunciarse concretamente ante un caso que, como el presente, traiga a
discusión las formas de coordinación entre la jurisdicción indígena y
consuetudinaria. Por tanto, en su rol como intérprete vinculante de la
Constitución, y tomando las pautas antes indicadas, este es un espacio
oportuno para desarrollar algunos alcances sobre el artículo 149 del texto
constitucional, lo cual tiene como intención, contribuir con criterios claros
que pueden ser tomados por el legislador para impulsar una ley sobre
coordinación intercultural en el sistema de administración de justicia.
Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia
24. Asimismo, con la finalidad de encontrar criterios que no sean ajenos a la
realidad que se ventila en los despachos judiciales, es oportuno revisar los
criterios que en sede ordinaria se han ido estableciendo sobre esta materia. Al
respecto, el 21 de junio de 2016 se publicó en el diario oficial El Peruano el
Acuerdo Plenario N.º 1-2015/CIJ-116, correspondiente al IX Pleno
Jurisdiccional de las Salas Penales Permanente y Transitoria. El eje de trabajo
en dicho Pleno fue la aplicación judicial del artículo 15 del Código penal
(error de comprensión culturalmente condicionado) y los procesos
interculturales por delitos de violación de niñas y adolescentes.
25. De los puntos señalados, se desprende que la Corte Suprema advirtió una
aplicación indebida o distorsionada por parte de los jueces penales en relación
con las consecuencias jurídicas que regula el artículo 15 del Código Penal.
Así, en el fundamento 8 de dicho Acuerdo Plenario se señalaron algunas
disfunciones, entre otras:
 Tendencia prevalente en las sentencias penales a validar (absolver) o
minimizar (aplicar penas leves) el comportamiento de quienes
cometieron actos de violencia sexual contra niñas o adolescentes menores
de catorce años de edad, en aplicación del artículo 15, sin mediar una
pericia antropológica.
 Interés fundamental del órgano judicial por identificar con la pericia
antropológica únicamente la condición de aborigen, nativo o campesino
del imputado, haciendo a un lado el análisis del contexto cultural que
determinó la agresión sexual.
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26. En el referido IX Pleno Jurisdiccional (fundamento 16) se señala algunos
criterios que los órganos penales de todas las instancias o grados deberán
adoptar:
 Desarrollar una aplicación selectiva y restringida del artículo 15 del
Código Penal, a fin de que éste no proyecte indebidamente sus efectos
sobre autores de delitos de abuso y violencia sexual en agravio de niñas y
adolescentes menores de 14 años.
 La construcción técnica e idónea de las pericias antropológicas en procesos
penales sobre la materia. La pericia antropológica es obligatoria e
imprescindible, y ésta debe centrarse en el origen de la costumbre
invocada y en su validez actual, procurando auscultar la presencia de
vetas de ilustración en el entorno cultural de los sujetos involucrados.
 La necesaria incorporación y valoración de otros medios de prueba
idóneos para contrastar, complementar o posibilitar una mejor valoración
judicial de las conclusiones de relevancia intercultural aportadas por las
pericias antropológicas.
 La inserción en el razonamiento y argumentación de las decisiones
judiciales, de la doctrina internacional y nacional sobre enfoque de
género, interés superior del niño y compensación de la vulnerabilidad de
las mujeres, niñas y adolescentes en contextos pluriculturales.
27. Como puede desprenderse, a nivel de la judicatura ordinaria también se
presencia una preocupación en cuanto a la aplicación concreta de lo previsto
en el art. 149 de la Constitución y normas específicas como ocurre con el art.
15 del Código Penal. Por tanto, la solución de estos conflictos debe ser de
acuerdo a cada caso concreto, sin apañar de ningún modo actos sobre la base
de criterios subjetivos, por el contrario, con el respeto a la autonomía
indígena, y con base a un diálogo intercultural, se debe procurar la solución
de este tipo de conflictos.
28. De este modo, las autoridades y tribunales llamados a pronunciarse sobre
cuestiones penales, deben considerar las costumbres de los pueblos indígenas
conforme los estándares internacionales de protección (Convención 169 y
Declaración de las Naciones Unidas sobre Derechos de los pueblos
indígenas), lo cual que ha sido reiterado en la difundida sentencia del caso
Bagua (Exp. N.º 00194-2009 (0163-2013)), donde se hizo especial énfasis en
la necesidad de que los operadores de justicia e instancias decisorias de
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políticas a favor de los pueblos indígenas adopten un enfoque intercultural:
“La interculturalidad en la administración de justicia no solo es una actitud,
sino un procedimiento que va desarrollando pautas de respeto y equidad”6.
29. Finalmente, en la referida sentencia del caso Bagua se indica algunos
importantes puntos como el deber de considerar las circunstancias
particulares y especiales del infractor en relación con su estatus como
indígena. Por tanto, coincidiendo con lo indicado en dicha sentencia7, el juez
al decidir debe considerar: (a) Los antecedentes sistemáticos o de fondo que
podrían haber jugado un papel determinante para que el indígena se encuentre
ante los tribunales; (b) Los tipos de procedimientos y sanciones más
apropiadas para las circunstancias del ofensor; (c) Los factores y antecedentes
sistémicos y culturales que pueden influir en la conducta del individuo
indígena, así como la prioridad que tiene, para los indígenas, la aproximación
restaurativa de sus sentencias; (d) La ausencia de programas de sentencias
alternativas para comunidades indígenas no elimina per se la obligación del
juez de imponer una sanción que se adecue con los principios de la justicia
restaurativa; (e) En caso de que no exista una pena alternativa a la pena
privativa de libertad, el término de la sentencia debe ser cuidadosamente
considerada.
Las relaciones entre justicia comunal y justicia ordinaria
30. Luego de haber explorado las diversas alternativas y regulación existente
sobre este complejo tema de las relaciones entre la jurisdicción ordinaria y
consuetudinaria, corresponde ahora indicar algunas conclusiones y
consideraciones que ofrezco como criterios para enfrentar los futuros casos;
los cuales, desde luego, deben entenderse como pautas siempre perfectibles.
31. Al respecto, en primer lugar, debemos indicar que formular reglas (generales,
abstractas) sobre cómo resolver los conflictos entre el ejercicio de la
jurisdicción consuetudinaria y los derechos fundamentales, no sería del todo
beneficioso pues los patrones culturales conforme a los cuales se rige cada
comunidad van variando entre ellas. Siendo así, juzgar determinada conducta
a la luz de una regla general puede terminar marginando las prácticas que
legítimamente puede establecer una comunidad o, por el contrario, avalando
decisiones que resultan inaceptables en términos constitucionales. Siendo así,
6 SALA PENAL DE APELACIONES TRANSITORIA Y LIQUIDADORA DE BAGUA DE LA
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE AMAZONAS. Sentencia del 22 de setiembre de 2016,
capítulo IV: Precisiones Finales que complementan la Decisión Judicial, pp. 377-379.
7 Ibídem, p. 385
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es mucho más conveniente que estos conflictos sean evaluados caso por caso,
sobre la base de principios que esclarezcan la solución del supuesto a
analizar.
32. En segundo lugar, es claro que existen ciertos mínimos que la jurisdicción
indígena no puede sobrepasar. La cuestión entonces es establecer, sabiendo
que dichos límites no tienen la forma de reglas fijas, cuáles son tales linderos.
Al respecto, según hemos repasado, un límite explicitado por nuestra Norma
fundamental y la jurisprudencia de este órgano colegiado para la actuación de
la jurisdicción comunal son el conjunto de bienes y valores constitucionales,
y más específicamente los derechos fundamentales. Como también hemos
precisado, afirmar sin más que los derechos son un límite no ayuda a
solucionar el problema; de hecho, los modelos que fueron analizados supra,
que parten de una base normativa similar, plantean respuestas bastante más
complejas.
33. Señalado esto, considero que una forma adecuada de abordar las relaciones
entre jurisdicción ordinaria y jurisdicción consuetudinaria es a partir de
criterios o principios que permitan afirmar los derechos en clave pluralista y,
más aun, de diálogo intercultural. De esta forma, no es a través de la
imposición de una lista estandarizada y hegemonizante que se promueve el
referido diálogo, sino a través de criterios que, afirmando contenidos básicos
exigibles en cualquier contexto y directamente relacionados con los derechos
fundamentales y su justificación, no conlleven al sometimiento a valores o
bienes válidos única o privilegiadamente para una sola de las culturas que se
interrelaciona.
34. Señalado esto, los criterios o principios del diálogo jurisdiccional
intercultural, que propongo como parámetro tanto a nivel del proceso como
de la materia discutida o resuelta por la jurisdicción comunal, son los
siguientes:
 Principio de indemnidad, que alude a la existencia de algunos ámbitos
iusfundamentales indisponibles en el marco del ejercicio de toda potestad
jurisdiccional. Así, si bien es claro que al ejercer la jurisdicción es
posible restringir algunos derechos de los involucrados; sin embargo,
esas restricciones no pueden ser tan drásticas que avalen, por ejemplo, la
pura dañosidad sin propósito, la disposición total de la vida humana o de
su cuerpo, la violencia física o coacción para lograr algún fin del proceso,
etc.
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 Principio de justificación, que se refiere a la necesidad de brindar razones
mínimas que justifiquen la respuesta social que se brinda a una conducta
o acto. Esto es así, porque en ningún caso el ejercicio arbitrario del poder
puede ser considerado como mínimamente justo o respetuoso de
derechos. De esta manera, se proscribe el ejercicio arbitrario de las
funciones de regulación social y resolución de controversias, las
decisiones sin motivación o basadas en el mero poder institucional, la
construcción despótica (y no dialógica) de las normas de conducta y los
procesos de sanción, etc.
 Principio de reconocimiento; que a su vez puede dividirse en
reconocimiento intersubjetivo, conforme al cual en el marco de un
proceso toda persona debe ser tratada como un semejante en cuanto a
derechos y consideración, como un prójimo y no como un enemigo o
alguien ser menor valía; reconocimiento intercultural, que se refiere al
deber de los órganos resolutores de aproximarse respetuosa y
empáticamente a cualquier cosmovisión, sistema axiológico o cultura
ajenos, tomando en serio sus postulados; y reconocimiento complejo, que
implica comprender y valorar debidamente, en el marco de la resolución
de controversias, que las identidades de las personas son múltiples y que
pueden ocurrir situaciones de tensión entre estas y entre las
cosmovisiones implicadas, que algunas de las identidades involucradas
pueden merecer una atención especial o protección reforzada al estar
vinculadas con situaciones de vulnerabilidad o dominación (como es el
caso de las comunidades nativas y campesinas, pero también el caso de
las niñas y niños, las mujeres, las minorías sexuales, etc.; además de los
supuestos de discriminación múltiple), y que la respuesta a tales casos
complejos no puede darse solo atendiendo a una de las identidades o
cosmovisiones involucradas en el caso, ni desatendiendo a la situación de
vulnerabilidad o postergación histórica de las partes involucradas.
 Principio de rehabilitación, conforme al cual debe considerarse que, a
bases culturales o axiológicas distintas, puede corresponder asimismo
formas diferentes de procesar o resolver las controversias sociales, a las
que no cabe menospreciar o descalificar prima facie. En este sentido, es
menester considerar que los paradigmas compensatorios y retributivos no
son los únicos (y tal vez tampoco los mejores) desde los que debe
resolverse los conflictos sociales o que permiten cumplir los fines
constitucionales de la pena. Vale la pena, pues, estar abierto a otras
posibles otras formas de procesar las faltas u ofensas sociales, como las
que provienen de idiosincrasias culturales diferentes (como es el caso, por
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ejemplo, de las orientaciones restaurativas y de mediación, que pueden
apreciarse en contextos de pluralismo cultural).
35. En este sentido, es evidente que las entidades y los jueces competentes en esta
materia requieren, como presupuesto indispensable, de apertura y sentido
crítico para evaluar debidamente, conforme a la Constitución y los derechos,
los supuestos conflictivos sobre la base del diálogo jurisdiccional
intercultural. Asimismo, los actores involucrados deben tomar las medidas
necesarias para asegurar la más fiel comprensión del contexto cultural, las
normas y los procesos de las comunidades, lo que debe incluir cuando sea
pertinente el uso de peritajes antropológicos.
36. Señalado todo ello, seguramente estaremos ante un supuesto no
controvertido, en los que habría un ejercicio indebido e inconstitucional de la
jurisdiccional comunal, cuando se han trasgredido los mínimos señalados por
la Corte Constitucional colombiana (Sentencia T-349/96), que se refieren a
los supuestos de pena de muerte, tortura, esclavitud, y respeto al debido
proceso (propio del pueblo), los cuales además estarían vinculados a la idea
de “núcleo duro” de derechos humanos. Ciertamente, a esta misma
conclusión puede llegarse al emplear el principio de indemnidad al que me he
referido líneas antes.
37. Por otra parte, en cuanto al ámbito operativo de lo señalado, y ahora tomando
como referencia lo regulado en Ecuador, considero que debe preverse la
posibilidad de que cualquiera de las partes de un proceso resuelto por la
jurisdicción comunal pueda pedir al juez constitucional, vía proceso de
amparo, evaluar supuestos vinculados a la interacción y coordinación entre
las jurisdicciones, para que sean revisados sobre la base del diálogo
jurisdiccional intercultural.
38. Asimismo, en cuanto a la implementación de lo señalado, considero que en
los supuestos en los que la investigación o el procesamiento penal haya sido
iniciado a sabiendas de que el asunto venía siendo conocido por el fuero
indígena, ello podría ser revisado en sede constitucional. A estos efectos,
debe partirse de los criterios existentes para la revisión constitucional de
resoluciones judiciales o actuaciones del Ministerio Público (es decir, ara la
procedencia de de “amparos [o hábeas corpus] contra resoluciones judiciales”
o de “amparos [o hábeas corpus] contra actuaciones fiscales”) y tomando en
cuenta asimismo de los principios del diálogo jurisdiccional intercultural.
Considero, adicionalmente, que debe preverse legislativamente mecanismos
como el de declinación de competencia, que permita a los fiscales y jueces,
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incluso a pedido de las partes o de las autoridades comunales, declinar su
competencia a favor de estas últimas, cuando existan procesos que han sido
sometidos previamente al conocimiento de dichas autoridades comunales,
para lo cual debe tomarse la decisión analizando el caso a la luz de los
principios del diálogo intercultural
39. Sobre la base de todo lo expuesto, opino finalmente que es necesario exhortar
al Congreso para que formule y discuta, pronto y públicamente, una Ley de
Coordinación Intercultural de Justicia, regulación exigida por la Constitución
y que se encuentra pendiente de legislar. Esta norma debería tomar en cuenta
lo antes señalado; deberá ser sometida a consulta previa legislativa conforme
a los estándares internacionales y nacionales, ya que se trata de una
regulación que incide en derechos de los pueblos indígenas, y deberá
establecer y asegurar la capacitación de los funcionarios vinculados con el
sistema de administración de justicia, para que resuelvan cuando corresponda
conforme a los criterios del diálogo intercultural.
S.
ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA
Lima, 27 de julio de 2020
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VOTO SINGULAR DE LA MAGISTRADA LEDESMA NARVÁEZ
En el presente caso, considero que la demanda de autos debe declararse
INFUNDADA, pues discrepo de la sentencia de mayoría, que ha optado por un
examen meramente formal y no por el trasfondo de la controversia, que versa
acerca de la justicia comunal y sus sanciones.
La demandante solicita que se ordene la inmediata libertad de su hermano José
Santos Castillo Fernández, quien ha sido retenido indebidamente por la Ronda
Campesina del Caserío Las Malvinas del Centro Poblado de Vista Alegre de
Zonanga (Jaén), desde el día anterior a la fecha de interposición del habeas
corpus, desde las 22 horas aproximadamente, sin justificación alguna y sin mediar
resolución judicial.
La recurrente alega que el presidente y los ronderos de la ronda campesina citada
vienen reteniendo a su hermano y lo han sometido a maltratos físicos durante toda
la noche, supuestamente porque se habría apropiado indebidamente de tres
bombas de fumigación cedidas por el (Senasa) para que sean usadas por los
productores de café; sin embargo, señala que dichas bombas ya fueron devueltas
por su hermano, pero los ronderos no le creen, a pesar de que existen actas de
entrega.
Sobre particular, en el expediente obra el acta levantada por el juez en el lugar de
los hechos, de fecha 26 de febrero de 2016 (fojas 17), donde se consigna que se
constituyó en el centro poblado Las Malvinas y que se entrevistó con el teniente
gobernador, el presidente comunal y quince ronderos, constatándose que el
hermano de la demandante, José Santos Castillo Fernández, estuvo efectivamente
retenido desde el día anterior, desde las 19 horas, a razón de una invitación que le
hiciera la ronda campesina. El hermano de la actora relató que no había sido
objeto de ninguna agresión física.
Asimismo, mediante declaración de fecha 29 de febrero de 2016 (foja 18), el
favorecido indicó que fue invitado a una reunión en el salón comunal para el día
25 de febrero de 2016, a la cual asistió. Señala que en esa reunión fue interrogado
por el presidente de las rondas acerca de tres mochilas fumigadoras de Senasa que
le habían sido otorgadas. Indica que dio sus explicaciones, pero que no
satisficieron a los ronderos, por lo que la asamblea, a mano alzada, voto porque se
le sancione y, en ese momento, quedo retenido, desde las 22 horas
aproximadamente. Declara que esa noche fue obligado a realizar ejercicios físicos
y a trabajar, “haciendo chaleo” y que, luego, se le ordenó a que se bañe y se
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cambie de ropa para que “lo cambien de base” y en ese momento llegó la policía.
Por su parte, don Adelino Barturen Romero, citado a declarar, explicó que el
favorecido había “sacado 08 mochilas del SENASA de Jaén, en ningún momento
hizo conocer a la comunidad de las mochilas que ha sacado, un día visitó el
caserío el ingeniero de SENASA al caserío para verificar si las mochilas estaban
en funcionamiento, preguntó a los comuneros, dándose con la sorpresa que no
tenían ninguna mochila en el comité” (sic). Agrega que “lo presionaron y él señor
José Santos Castillo dijo que no sabía dónde lo tenía las mochilas, luego se
comprometió entregar 8 mochilas, en el mes de enero y 3 mochilas no entrega o
llega hasta el momento, se le hizo una invitación el 25 de febrero con las
autoridades, se hizo la reunión en la noche para que le diga cuándo va entregar el
resto de mochilas, manifestando que era su gestión y no iba a entregar las
mochilas, el pueblo al ver esto lo sancionó en 3 bases ronderas para que se
reeduque el mal ciudadano, porque en anterior oportunidad había sacado cables,
tubos y un generador de la municipalidad de Jaén” (sic). Finalmente, reitero que el
favorecido efectuó trabajo comunal con fines de reeducativos por ser un mal
comunero.
Es decir, contrariamente a lo expresado en la demanda, de las declaraciones del
rondero Adelino Barturen Romero y del propio favorecido, José Santos Castillo
Fernández, así como del acta de constatación del juez, no se acredita que haya
existido maltrato o violencia física en contra del favorecido, pues, incluso, este,
cuando le preguntan sobre ello, respondió que no, por lo que queda descartado
cualquier tipo de lesiones o agresiones.
Ahora, lo que sí está probado en el expediente es que los autos versa, en realidad,
de una controversia de carácter comunal acerca de la posesión y entrega de unas
mochilas fumigadoras, de las cuales encontraron como responsable al favorecido;
siendo que, en asamblea, luego de escuchar sus descargos, se le sancionó a
ejercicios físicos y a trabajo a favor de la comunidad, lo cual no constituye en sí
una detención arbitraria ni una vulneración a sus derechos fundamentales, sino el
ejercicio de la justicia comunal.
Tal como se desprende de los autos y de la declaración del rondero Adelino
Barturen Romero, la sanción comunal tenía una finalidad educadora, que buscaba
corregir a un “mal ciudadano”. En mi opinión, esto no alude de un maltrato, se
refiere más bien a una sanción resocializadora en los términos de la cultura que se
cultiva en la comunidad del favorecido, la cual no ha sido irrazonable hasta tal
punto que haya sido incompatible con los valores de la Constitución de respeto a
la persona humana. Por el contrario, la sanción de autos ha sido una expresión de
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una visión particular de justicia correctiva propia de una práctica cultural, como es
la practicada por la emplazada y que encuentra protección en el artículo 149 de la
Constitución.
Así es, este Tribunal ha tenido oportunidad se precisar que “La jurisdicción
comunal, en este contexto, más que propender a la necesidad de diversificar los
enfoques en torno a la resolución de conflictos, tiende a la idea de reconocer la
existencia de distintas culturas y modos de concebir la realidad, que parten de la
historia y el desarrollo de los grupos humanos existentes al interior de nuestro
territorio, en todos los sectores o ámbitos que el mismo abarca”.
En consecuencia, por todo ello, mi voto es por declarar INFUNDADA la
demanda.
S.
LEDESMA NARVÁEZ