ˆˆ009222016AA{ŠVŠ
EXP. N.° 00922-2016-PA/TC
HUAURA
AMELIA KATY CORZO CRISÓSTOMO
SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
En Lima, a los 12 días del mes de julio de 2017 el Pleno del Tribunal
Constitucional, integrado por los magistrados Miranda Canales, Ledesma Narváez,
Urviola Hani, Blume Fortini, Ramos Núñez, Sardón de Taboada y Espinosa-Saldaña
Barrera, pronuncia la siguiente sentencia, con el fundamento de voto del magistrado
Sardón de Taboada y los votos singulares de los magistrados Blume Fortini y Ramos
Núñez que se agregan.
ASUNTO
Recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Amelia Katy Corzo
Crisóstomo contra la sentencia de fojas 225, de fecha 26 de octubre de 2015, expedida
por la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Huaura, que declaró improcedente
la demanda de autos.
ANTECEDENTES
Con fecha 25 de setiembre de 2013, la recurrente interpone demanda de amparo
contra el Poder Judicial y solicita que se declare la nulidad de su despido arbitrario y del
Memorándum 773-2013-OA-CSJHA-PJ, de fecha 28 de agosto de 2013, y que, en
consecuencia, se disponga su reincorporación laboral como secretaria judicial del
Segundo Juzgado Civil de Barranca o en otro cargo similar de igual nivel o jerarquía,
más el pago de los costos del proceso.
Manifiesta que realizó labores de naturaleza permanente en la Corte Superior de
Justicia de Huaura desde el 8 de marzo de 2012 hasta el 31 de agosto de 2013, en virtud
de contratos de suplencia y servicio específico. Refiere que los contratos modales
suscritos se han desnaturalizado y que por ello su cese laboral debió obedecer a causales
derivadas de su conducta o capacidad. Alega que su despido es arbitrario y que se han
vulnerado sus derechos constitucionales al trabajo y al debido proceso.
El procurador público adjunto a cargo de los asuntos judiciales del Poder
Judicial contesta la demanda y señala que para dilucidar la pretensión de la demandante
existe una vía procedimental, igualmente satisfactoria, para la protección del supuesto
derecho vulnerado. Agrega que la actora realiza un mal uso de los procesos
constitucionales cuya naturaleza es restitutiva de derechos y no declarativa.
El encargado de la Presidencia de la Corte Superior de Justicia de Huaura
contesta la demanda, deduce la excepción de falta de agotamiento de la vía previa y
refiere que la actora nunca ganó un concurso público por el periodo que reclama, de
conformidad con el artículo 5 de la Ley 28175, Ley Marco del empleo Público, que
Documento firmado digitalmente conforme al Art. 1° de la Ley Nº 27269.
Puede ser ubicado en el portal web del Tribunal Constitucional ingresando el código de verificación 903f5bb5574a08d1
en la dirección siguiente http://www.tc.gob.pe/tc/causas/consulta
ˆˆ009222016AA{ŠVŠ
EXP. N.° 00922-2016-PA/TC
HUAURA
AMELIA KATY CORZO CRISÓSTOMO
dispone que el acceso al empleo público se realiza mediante concurso público y abierto,
por grupo ocupacional, con base en los méritos y la capacidad de las personas.
Con fecha 22 de diciembre de 2014, el Juzgado Civil Transitorio de Barranca
declaró fundada la demanda por considerar que se ha acreditado la desnaturalización de
los contratos de suplencia y servicio específico suscrito por ambas partes. Por ende, al
producirse el cese de la relación laboral de la recurrente sin la existencia de una causa
justificada, se concluye que la emplazada vulneró los derechos constitucionales de la
accionante.
La Sala superior revisora revocó la apelada y, reformándola, declaró
improcedente la demanda, por estimar que la recurrente no ingresó en la entidad del
Estado mediante un concurso público de méritos y tampoco ganó una plaza prevista en
el CAP como permanente. Por lo tanto, no puede ser incorporada de conformidad con el
precedente dictado en la Sentencia 05057-2013-PA/TC. En consecuencia, es menester
reconducir el proceso al proceso laboral ordinario para que, de ser el caso, la
demandante solicite la indemnización que le corresponda conforme al artículo 38 del
TUO del Decreto Legislativo 728.
FUNDAMENTOS
Delimitación del petitorio
1. La presente demanda tiene por objeto que se ordene la reposición de la accionante
en el cargo que venía desempeñando por haber sido objeto de un despido arbitrario.
Alega la violación de los derechos constitucionales al trabajo, al debido proceso y a
la defensa.
Reglas establecidas en el precedente del Expediente 05057-2013-PA/TC
2. En la sentencia emitida en el Expediente 05057-2013-PA/TC, publicada en el diario
oficial El Peruano el 5 de junio de 2015, este Tribunal estableció en los
fundamentos 18, 20, 21, 22 y 23, con carácter de precedente, que en los casos en
que se verifique la desnaturalización del contrato temporal o civil, no podrá
ordenarse la reposición a plazo indeterminado cuando se evidencie que la parte
demandante no ingresó en la Administración Pública mediante un concurso público
de méritos para una plaza presupuestada y vacante de duración indeterminada. Los
procesos de amparo en trámite, en el Poder Judicial y en el Tribunal Constitucional,
deberán ser declarados improcedentes, pues no procede la reposición en el trabajo.
En tal caso, el juez reconducirá el proceso a la vía ordinaria laboral para que el
demandante solicite la indemnización que corresponda.
Documento firmado digitalmente conforme al Art. 1° de la Ley Nº 27269.
Puede ser ubicado en el portal web del Tribunal Constitucional ingresando el código de verificación 903f5bb5574a08d1
en la dirección siguiente http://www.tc.gob.pe/tc/causas/consulta
ˆˆ009222016AA{ŠVŠ
EXP. N.° 00922-2016-PA/TC
HUAURA
AMELIA KATY CORZO CRISÓSTOMO
También se precisó que las demandas presentadas a partir del día siguiente de la
publicación de la citada sentencia en el diario oficial El Peruano, cuya pretensión
no cumpla el criterio de procedibilidad de acreditar el ingreso en la Administración
Pública mediante concurso público de méritos para una plaza presupuestada y
vacante de duración indeterminada, deberán ser declaradas improcedentes sin que
opere la reconducción.
Finalmente, también con carácter de precedente, se estableció la obligación de las
entidades estatales de aplicar las sanciones correspondientes a los funcionarios o
servidores que incumplieron las formalidades en la contratación de la parte
demandante (cfr. fundamento 20 de la Sentencia 05057-2013-PA/TC).
Análisis del caso concreto
Argumentos de la parte demandante
3. La demandante afirma haber realizado labores de naturaleza permanente en la Corte
Superior de Justicia de Huaura desde el 8 de marzo de 2012 hasta el 31 de agosto
de 2013, bajo la modalidad de contratos de suplencia y servicio específico, los
cuales, alega se desnaturalizaron. Por ello, no podía ser despedida sino por una
causa justa relacionada a su capacidad o conducta laboral.
Argumentos de la parte demandada
4. La parte demandada argumenta que para dilucidar la pretensión de la demandante
existe una vía procedimental, igualmente satisfactoria, para la protección del
supuesto derecho vulnerado. Agrega que la actora nunca ganó un concurso público
por el periodo que reclama, de conformidad con el artículo 5 de la Ley 28175, Ley
Marco del empleo Público, que dispone que el acceso al empleo público se realiza
mediante concurso público y abierto, por grupo ocupacional, con base en los
méritos y la capacidad de las personas.
Consideraciones del Tribunal Constitucional
5. El artículo 22 de la Constitución Política del Perú establece lo siguiente “El trabajo
es un deber y un derecho. Es base del bienestar social y medio de realización de la
persona”. El artículo 27 señala: “La ley otorga al trabajador adecuada protección
contra el despido arbitrario”.
6. El artículo 72 del Decreto Supremo 003-97-TR, al establecer los requisitos
formales de validez de los contratos modales, anota que estos “necesariamente
deberán constar por escrito y por triplicado, debiendo consignarse en forma expresa
Documento firmado digitalmente conforme al Art. 1° de la Ley Nº 27269.
Puede ser ubicado en el portal web del Tribunal Constitucional ingresando el código de verificación 903f5bb5574a08d1
en la dirección siguiente http://www.tc.gob.pe/tc/causas/consulta
ˆˆ009222016AA{ŠVŠ
EXP. N.° 00922-2016-PA/TC
HUAURA
AMELIA KATY CORZO CRISÓSTOMO
su duración y las causas objetivas determinantes de la contratación, así como las
demás condiciones de la relación laboral”.
7. Conforme al artículo 77 del decreto precitado, “Los contratos de trabajo sujetos a
modalidad se considerarán como de duración indeterminada: […] d) Cuando el
trabajador demuestre la existencia de simulación o fraude a las normas establecidas
en la presente ley”.
8. El artículo 63 prescribe que los contratos para obra determinada o servicio
específico “son aquellos celebrados entre un empleador y un trabajador, con objeto
previamente establecido y de duración determinada. Su duración será la que resulte
necesaria”.
9. De acuerdo con el artículo 5 de la Ley 28175, Ley Marco del Empleo Público, el
acceso al empleo público se realiza mediante concurso público y abierto, sobre la
base de los méritos y las capacidades de las personas, de modo que no puede ser
reincorporado mediante un contrato a plazo indeterminado quien no ingresa por
concurso público.
10. En el presente caso, la actora prestó servicios para la entidad demandada desde el 8
de marzo de 2012 hasta el 31 de agosto de 2013, conforme se aprecia de los
instrumentales de fojas 3 a 45, 74, 75, 80, 83 y 84, en virtud de contratos de trabajo
por suplencia y para servicios específico.
- El contrato de trabajo para servicio específico (folio 8), estipula lo siguiente:
CLÁUSULA PRIMERA.- EL EMPLEADOR, tiene como misión la
Administración de Justicia, la cual requiere la contratación temporal de
personal bajo la modalidad de Contrato de Trabajo para servicio específico,
hasta que culmine el proceso de selección de la plaza 026882,
correspondiente al cargo de Secretario judicial, en vista de las siguientes
disposiciones:
Artículo 1º del Reglamento Interno de Trabajo, aprobado mediante
Resolución Administrativa 010-2004-CE-PJ por el Consejo Ejecutivo del
Poder Judicial, el mismo que señala que la contratación y designación de
trabajadores es atribución de la Gerencia General del Poder Judicial y se
efectuará una vez que sea aprobado y autorizado el Informe de Resultados de
concurso de Personal.
Artículo 3º de la Directiva 003-2010-CE/PJ, aprobada mediante Resolución
Administrativa 020-2010-CE-PJ por el consejo Ejecutivo del Poder Judicial,
que indica que toda plaza presupuestada en el régimen laboral del Decreto
Legislativo 728 que se encuentre vacante, se cubre a través de concursos de
selección.
Literal e) del numeral 8.1 del artículo 8 de la Ley 29812, “Ley de
Presupuesto del sector público para el año fiscal 2012” señala entre otras en
medidas en materia de personal, que el ingreso a la administración pública se
Documento firmado digitalmente conforme al Art. 1° de la Ley Nº 27269.
Puede ser ubicado en el portal web del Tribunal Constitucional ingresando el código de verificación 903f5bb5574a08d1
en la dirección siguiente http://www.tc.gob.pe/tc/causas/consulta
ˆˆ009222016AA{ŠVŠ
EXP. N.° 00922-2016-PA/TC
HUAURA
AMELIA KATY CORZO CRISÓSTOMO
efectúa necesariamente por concurso público de méritos y sujeto a los
documentos de gestión respectivos.
CLÁUSULA SEGUNDA.- Que la causa objetiva del presente contrato es
mantener operativo[s] los servicios que presta el EMPLEADOR a la
ciudadanía. […].
11. Cabe precisar que la cláusula segunda de los contratos de trabajo sujetos a la
modalidad cuestionados estipulan que la causa objetiva del presente contrato es
mantener operativos los servicios que presta EL EMPLEADOR a la ciudadanía.
12. De lo expuesto se concluye que en los contratos de trabajo por servicio específico
no se ha acreditado la existencia de una causa objetiva de contratación por la cual
se pretenda justificar la contratación de personal. Asimismo, cabe señalar que el
requerimiento de cubrir las necesidades de recursos humanos originadas por las
razones expuestas en las cláusulas primera y segunda no es una razón válida,
conforme al artículo 63 del Decreto Supremo 003-97-TR, para justificar la
celebración de contratos de trabajo para servicio específico, dado que, en perjuicio
de su naturaleza, dicha justificación, contradictoriamente, demostraría que la plaza
a ocupar se encuentra vacante y que puede ser efectivamente cubierta en forma
permanente y no temporal.
13. Pero fundamentalmente, y cualquiera que haya sido la causa objetiva de
contratación invocada, con independencia de los argumentos expresados, debe
enfatizarse que los contratos para obra determinada o servicio específico no pueden
ser utilizados para cubrir necesidades permanentes de la empresa o de la institución,
sino únicamente temporales.
14. En consecuencia, en armonía con el artículo 77, inciso “d”, del Decreto Supremo
003-97-TR, debe concluirse que los contratos de trabajo sujetos a modalidad en
cuestión se han desnaturalizado. No obstante, debe tenerse en cuenta: i) lo expuesto
en el aludido precedente del Expediente 05057-2013-PA/TC (que tiene como
fundamento el artículo 5 de la Ley 28175, Ley Marco del Empleo Público), que
exige verificar, antes de ordenar la reposición laboral, si el demandante ingresó o
no mediante concurso público de méritos para una plaza presupuestada y vacante de
duración indeterminada; y ii) que en el caso de autos, conforme se desprende de la
demanda y sus recaudos, la demandante no ingresó mediante dicho tipo de
concurso público.
15. Por ello, el Tribunal Constitucional estima que la pretensión de la parte demandante
debe ser declarada improcedente en esta sede constitucional. De otro lado, y
atendiendo a que la demanda de autos fue interpuesta con anterioridad a la
publicación de la sentencia emitida en el Expediente 05057-2013-PA/TC en el
diario oficial El Peruano, corresponde remitir el expediente al juzgado de origen
Documento firmado digitalmente conforme al Art. 1° de la Ley Nº 27269.
Puede ser ubicado en el portal web del Tribunal Constitucional ingresando el código de verificación 903f5bb5574a08d1
en la dirección siguiente http://www.tc.gob.pe/tc/causas/consulta
ˆˆ009222016AA{ŠVŠ
EXP. N.° 00922-2016-PA/TC
HUAURA
AMELIA KATY CORZO CRISÓSTOMO
para que proceda a reconducir el proceso a la vía ordinaria laboral, conforme se
dispone en el fundamento 22 de la precitada sentencia, y ordenar que se verifique lo
pertinente con relación a la identificación de las responsabilidades funcionales
mencionada en el fundamento 20 del precedente contenido en el Expediente 05057-
2013-PA/TC.
Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere
la Constitución Política del Perú,
HA RESUELTO
1. Declarar IMPROCEDENTE la demanda.
2. Ordenar la remisión del expediente al juzgado de origen, para que proceda
conforme se dispone en los fundamentos 20 y 22 del precedente contenido en el
Expediente 05057-2013-PA/TC.
Publíquese y notifíquese.
SS.
MIRANDA CANALES
LEDESMA NARVÁEZ
URVIOLA HANI
SARDÓN DE TABOADA
ESPINOSA-SALDAÑA BARRERAMag01
Documento firmado digitalmente conforme al Art. 1° de la Ley Nº 27269.
Puede ser ubicado en el portal web del Tribunal Constitucional ingresando el código de verificación 903f5bb5574a08d1
en la dirección siguiente http://www.tc.gob.pe/tc/causas/consulta
ˆˆ009222016AA{ŠVŠ
EXP. N.° 00922-2016-PA/TC
HUAURA
AMELIA KATY CORZO CRISÓSTOMO
FUNDAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO SARDÓN DE TABOADA
Si bien estoy de acuerdo con el fallo de la sentencia expedida en autos, discrepo de su
fundamentación y de la orden de remisión del expediente al juzgado de origen,
establecida en el segundo punto resolutivo.
La demanda de autos es improcedente, pero no en mérito del precedente contenido en la
sentencia emitida en el Expediente 05057-2013-PA/TC, sino porque —como he
señalado repetidamente en mis votos emitidos como magistrado de este Tribunal
Constitucional— nuestra Constitución no establece un régimen de estabilidad laboral
absoluta.
El artículo 27 de la Constitución dice:
La ley otorga al trabajador adecuada protección contra el despido arbitrario.
El Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo 728, Ley de Productividad y
Competitividad Laboral, establece que corresponde indemnizar —no reponer— al
trabajador despedido arbitrariamente. No hay nada inconstitucional en ello, ya que el
legislador está facultado por la Constitución para definir tal adecuada protección.
Por demás, el artículo 7 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre
Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
—Protocolo de San Salvador—, suscrito por el Perú, establece que cada legislación
nacional puede determinar qué hacer frente al despido injustificado.
Así, la reposición no tiene base en la Constitución ni en las obligaciones internacionales
del Perú. Deriva solo de un error —de alguna manera tenemos que llamarlo— de este
Tribunal, cometido al resolver el caso Sindicato Telefónica el año 2002 y reiterado
lamentablemente desde entonces. La persistencia en el error no lo convierte en acierto.
Por tanto, considero que la demanda debe declararse IMPROCEDENTE, en aplicación
del artículo 5, inciso 1, del Código Procesal Constitucional.
S.
SARDÓN DE TABOADA
Documento firmado digitalmente conforme al Art. 1° de la Ley Nº 27269.
ˆˆ009222016AA{ŠVŠ
EXP. N.° 00922-2016-PA/TC
HUAURA
AMELIA KATY CORZO
CRISÓSTOMO
VOTO SINGULAR DEL MAGISTRADO ERNESTO BLUME FORTINI
OPINANDO PORQUE SE DECLARE FUNDADA LA DEMANDA POR HABERSE
ACREDITADO EN AUTOS LA DESNATURALIZACIÓN DEL CONTRATO DE
TRABAJO Y, EN CONSECUENCIA, SE ORDENE LA REPOSICIÓN DEL
DEMANDANTE
Con el debido respeto a mis ilustres colegas magistrados, discrepo de la resolución de
mayoría, que declara improcedente la demanda y ordena la remisión del expediente al
juzgado de origen para que proceda conforme se dispone en los fundamentos 20 y 22 del
precedente establecido en la Sentencia 05057-2013-PA/TC, conocido como Precedente
Huatuco.
A mi juicio, debe declararse fundada la demanda al haberse acreditado la desnaturalización
del contrato de trabajo y, en consecuencia, debe ordenarse la inmediata reposición del actor
y no reconducirse el expediente a la vía ordinaria laboral, en aplicación de las reglas
contenidas en el Precedente Huatuco, que indebidamente ha eliminado la reposición laboral
para los trabajadores del Estado que ingresaron sin concurso público.
Las razones de mi discrepancia en cuanto a la pertinencia, sentido, contenido, alcances y
aplicación del citado precedente aparecen extensamente expuestas en el voto singular que
emití en el Expediente 05057-2013-PA/TC, a cuyo texto me remito y el cual reproduzco en
parte en los términos siguientes:
1. Resumen de las reglas del Precedente Huatuco.
2. Principales razones de mi discrepancia.
3. Concepto de precedente constitucional vinculante.
4. Premisas para el dictado de un precedente vinculante.
5. Línea jurisprudencial desarrollada por el Tribunal Constitucional.
6. Falta de presupuestos y premisas para el dictado del Precedente Huatuco.
7. La obligación del Tribunal Constitucional de respetar su propia jurisprudencia: la
predictibilidad y la seguridad jurídica.
8. Alcances de la protección adecuada al trabajador y el derecho a la reposición.
9. Aplicación y efectos en el tiempo del Precedente Huatuco.
10. Análisis del caso.
11. El sentido de mi voto.
A continuación desarrollo dicho esquema, siguiendo la misma numeración temática:
Página 1 de 14
Docum ento firmado digitalmente conforme al Art. 1° de la Ley Nº 27269.
ˆˆ009222016AA{ŠVŠ
EXP. N.° 00922-2016-PA/TC
HUAURA
AMELIA KATY CORZO
CRISÓSTOMO
1. Resumen de las reglas establecidas en el Precedente Huatuco
De una lectura detallada de las reglas establecidas en los Fundamentos 18, 20, 21, 22 y 23
del Precedente Huatuco, se aprecia que, en resumen, dicho precedente ha establecido que:
1.1 En el sector público no podrá ordenarse la incorporación o reposición a tiempo
indeterminado de los trabajadores despedidos en los casos que se acredite la
desnaturalización del contrato temporal o del contrato civil, por cuanto la
incorporación o reposición a la Administración Pública solo procede cuando el
ingreso del trabajador se haya realizado mediante concurso público y abierto para una
plaza presupuestada, vacante de duración indeterminada. Esta regla es de aplicación
inmediata y no alcanza al sector privado.
1.2 Las entidades estatales deben imponer las sanciones que correspondan a aquellos
funcionarios y/o servidores que tuvieron responsabilidad en la elaboración del
contrato temporal que fue declarado desnaturalizado en un proceso judicial.
1.3 A fin de determinar la responsabilidad de tales funcionarios y/o servidores, las
entidades estatales recurrirán a sus propios documentos internos y de gestión,
proporcionando posteriormente dicha información a la Oficina de Control Interno, a
fin de que se efectúen las investigaciones del caso, se lleve a cabo el procedimiento
administrativo disciplinario respectivo y se establezcan las sanciones pertinentes.
1.4 Los servidores y funcionarios públicos incurren en responsabilidad administrativa
funcional cuando contravienen el ordenamiento jurídico administrativo y las normas
internas de la entidad a la que pertenecen o cuando en el ejercicio de sus funciones
hayan realizado una gestión deficiente. A su vez, incurren en responsabilidad civil
cuando, por su acción u omisión, hayan ocasionado un daño económico al Estado,
siendo necesario que este sea ocasionado por incumplir sus funciones, por dolo o
culpa, sea esta inexcusable o leve.
1.5 En el supuesto de que en un proceso de amparo el demandante no pueda ser
reincorporado por no haber ingresado por concurso público de méritos para una plaza
presupuestada, vacante, de duración indeterminada, el juez reconducirá el proceso a
la vía ordinaria laboral para que la parte demandante solicite la indemnización que
corresponda. Se otorgará al demandante un plazo razonable a efectos de que adecúe
su demanda conforme a las reglas previstas para la etapa postulatoria del proceso
Página 2 de 14
Docum ento firmado digitalmente conforme al Art. 1° de la Ley Nº 27269.
ˆˆ009222016AA{ŠVŠ
EXP. N.° 00922-2016-PA/TC
HUAURA
AMELIA KATY CORZO
CRISÓSTOMO
laboral. Transcurrido dicho plazo sin que el demandante realice la respectiva
adecuación, procederá el archivo del proceso.
1.6 Sus reglas son de aplicación inmediata a partir del día siguiente de su publicación en
el diario oficial “El Peruano”, incluso a los procesos de amparo que se encuentren en
trámite ante el Poder Judicial o el Tribunal Constitucional.
1.7 Las demandas presentadas luego de su publicación y que no acrediten el presupuesto
de haber ingresado por concurso público de méritos a la Administración Pública para
una plaza presupuestada y vacante a plazo indeterminado, deberán ser declaradas
improcedentes, sin que opere la reconducción del proceso.
2. Principales razones de mi discrepancia
Discrepo en cuanto a la pertinencia, sentido, contenido, alcances y aplicación del
precedente Huatuco, por cuanto:
2.1 Contrariando la línea jurisprudencial uniforme desarrollada por el Tribunal
Constitucional desde que inició sus funciones (hace cerca de veinte años), elimina el
derecho a la reposición o reincorporación de los trabajadores del sector público que
ingresaron sin las formalidades de un concurso público, sin importar el tiempo
durante el cual hayan venido prestando sus servicios para el Estado y a pesar de que
por aplicación del principio de la primacía de la realidad se haya acreditado que
realizan una labor permanente, afectando el contenido constitucionalmente protegido
del derecho al trabajo y del derecho a la protección adecuada contra el despido
arbitrario, consagrados en los artículos 22 y 27, respectivamente, de la Constitución
Política del Perú.
2.2 Convalida un eventual accionar abusivo, lesivo e irresponsable del Estado en la
contratación pública laboral, perjudicando injustamente al trabajador y desconociendo
las garantías mínimas previstas en el artículo 8 de la Convención Americana de
Derechos Humanos, sin tener en cuenta las graves consecuencias socioeconómicas
para las personas despedidas y sus familiares y dependientes, tales como la pérdida de
ingresos y la disminución del patrón de vida, contrariando la jurisprudencia de la
Corte Interamericana de Derechos Humanos sentada en el Caso Baena Ricardo y
otros vs. Panamá sobre los despidos efectuados sin respetar las garantías mínimas, a
pesar de que tal jurisprudencia ha sido invocada, recogida y asumida por el propio
Tribunal Constitucional en numerosas sentencias, como es el caso de la STC 00606-
Página 3 de 14
Docum ento firmado digitalmente conforme al Art. 1° de la Ley Nº 27269.
ˆˆ009222016AA{ŠVŠ
EXP. N.° 00922-2016-PA/TC
HUAURA
AMELIA KATY CORZO
CRISÓSTOMO
2010-PA/TC, ejecutoria en la que el Tribunal Constitucional señaló que el despido
será legítimo solo cuando la decisión del empleador se fundamente en la existencia de
una causa justa contemplada en la ley y debidamente comprobada en el
procedimiento de despido, en el cual se deben respetar las garantías mínimas que
brinda el derecho fundamental al debido proceso, pues el resultado de una sanción en
el procedimiento de despido no solo debe ser consecuencia de que se respeten las
garantías formales propias de un procedimiento disciplinario, sino, además, de que
sea acorde con los principios de razonabilidad y proporcionalidad que deben aplicarse
teniendo presentes la gravedad de la falta cometida, la categoría, la antigüedad y los
antecedentes disciplinarios del trabajador, entre otros aspectos.
2.3 Tiene un sentido reglamentista, punitivo y draconiano que hace énfasis en la sanción
y penalización de los funcionarios y trabajadores encargados de la contratación
pública, desconociendo que la contratación pública nacional presenta, desde hace
varias décadas, la característica que de los más de 1’400,000.00 trabajadores1 que
laboran en el sector público, el mayor número de ellos ha sido contratado sin
concurso, obviando que las renovaciones constantes de sus contratos traducen
también una evaluación en los hechos, confirmada por su permanencia en el trabajo y
por la primacía de la realidad; confundiendo, además, el ejercicio de la magistratura
constitucional con el ejercicio de la labor legislativa y el ejercicio del control de la
gestión gubernamental, que son propias del Poder Legislativo y de los entes
facultados para emitir normas de derecho positivo, así como de la Contraloría General
de la República, como si el Tribunal Constitucional fuera un órgano legislativo y
parte dependiente del sistema nacional de control.
2.4 Irradia inconstitucionales efectos retroactivos sobre situaciones anteriores a su
aprobación, frustrando las expectativas y violando el derecho de los trabajadores del
sector público que hayan celebrado contratos temporales o civiles del sector público,
que hayan obtenido sentencia que ordene su reposición, que se encuentran tramitando
su reposición judicial o que se encuentren por iniciar un proceso con tal fin.
2.5 Desnaturaliza el sentido de la figura del precedente constitucional vinculante, no
responde mínimamente al concepto de lo que debe entenderse por precedente
constitucional vinculante ni respeta las premisas básicas que se exigen para su
aprobación.
1 Dato contenido en el Informe de Implementación de la Reforma del Servicio Civil. Avances y logros
durante el año 2014. Consultado en http://www.servir.gob.pe
Página 4 de 14
Docum ento firmado digitalmente conforme al Art. 1° de la Ley Nº 27269.
ˆˆ009222016AA{ŠVŠ
EXP. N.° 00922-2016-PA/TC
HUAURA
AMELIA KATY CORZO
CRISÓSTOMO
Precisadas las principales razones de mi discrepancia con la pertinencia, sentido, contenido,
alcances y aplicación del Precedente Huatuco, me referiré a continuación al concepto de
precedente constitucional vinculante y a las premisas que exige su aprobación, que desde
mi punto de vista han sido dejadas totalmente de lado.
3. Concepto de precedente constitucional vinculante
El precedente constitucional vinculante, creado por el artículo VII del Título Preliminar del
Código Procesal Constitucional (sin perjuicio de su tímido antecedente que recogía la
derogada Ley de Hábeas Corpus y Amparo de 1982), es una regla expresamente establecida
como tal por el Tribunal Constitucional, con efectos vinculantes, obligatorios y generales,
en una sentencia que haya adquirido la calidad de cosa juzgada, dictada al resolver un
proceso constitucional en el que ha emitido pronunciamiento sobre el fondo del asunto;
regla que es consecuencia de una larga secuencia de sentencias en las que el Tribunal
Constitucional ha ido perfilando determinado criterio que estima necesario consagrar como
obligatorio y vinculante porque contribuye a una mejor y mayor cautela de los derechos
constitucionales y fortalece su rol de máximo garante de la vigencia efectiva de los
derechos fundamentales, guardián de la supremacía constitucional y supremo intérprete de
la Constitución.
Al respecto, resulta ilustrativo citar los comentarios del maestro Domingo García Belaunde,
principal gestor y autor del Código Procesal Constitucional, quien al comentar sobre la
figura del precedente constitucional vinculante afirma:
“El precedente en el Perú tiene relativamente corta vida. Para efectos concretos
la primera vez que esto se introduce entre nosotros a nivel legislativo, si bien
tímidamente, es en 1982, en la Ley de Hábeas Corpus y Amparo de ese año, fruto
de una comisión ad hoc nombrada por el entonces Ministro de Justicia, Enrique
Elías Laroza y presidida por mí. Tal propuesta la planteé desde un inicio y tuvo
acogida entre mis colegas miembros de la Comisión. Y como tal fue sancionada
por el Pleno del Congreso de la República y entró en vigencia en diciembre de
ese año.
Ahora bien, lo que tenía o teníamos en mente, era sobre todo la idea de ir
construyendo una jurisprudencia orientadora que, por un lado, contribuyese a
asentar la naciente experiencia de jurisdicción constitucional que entonces
recién empezaba, (de acuerdo al modelo adoptado en la Constitución de 1979 y
hasta que ahora se mantiene). Y por otro lado, crear firmeza en los
Página 5 de 14
Docum ento firmado digitalmente conforme al Art. 1° de la Ley Nº 27269.
ˆˆ009222016AA{ŠVŠ
EXP. N.° 00922-2016-PA/TC
HUAURA
AMELIA KATY CORZO
CRISÓSTOMO
pronunciamientos que contribuyesen a afianzar nuestro Estado de Derecho.
Pero como sucede siempre en estas ocasiones, el enunciado normativo sirvió de
muy poco. Fue más bien en el Código Procesal Constitucional de 2004 donde se
le precisó en el artículo VII del Título Preliminar. Fue pensado para que fuera
usado con calma y prudencia y solo en casos especiales. Para tal efecto, pensaba
yo en la evolución de los precedentes en el sistema jurídico norteamericano, que
dentro de sus limitaciones, ha contribuido enormemente a afianzar su sistema
jurídico. Lamentablemente, ayuno nuestro país de tradiciones constitucionales
firmes, desconocedor de doctrina y jurisprudencia extranjera y sin literatura
especializada que la orientase, empezó a usar tal concepto en forma bastante
alegre y despreocupada, llegándose al caso de sentar precedentes en situaciones
muy inciertas y muy abiertas al debate y peor aún: cambiados con frecuencia.
Así, mientras en los Estados Unidos el precedente se fija y se vuelve obligatorio
luego de una larga hilera de casos que van desbrozando el camino, aquí sucedió
al revés. Primero se sentaba el precedente, y luego se veía qué pasaba y que
problemas nuevos asomaban. Esto condujo a resultados poco serios y
encontrados.” (Presentación liminar consignada en: BARKER, Robert S. “El
precedente vinculante y su significado en el Derecho Constitucional de los
Estados Unidos”. Serie Cuadernos Constitucionales. Editora Jurídica Grijley.
Lima. 2014, pp. 13 y 14).
Dicho esto, resulta desconcertante la asunción del Precedente Huatuco por el Tribunal
Constitucional, pues ha nacido contrariando su propia y uniforme jurisprudencia, sin que se
haya perfilado una regla a través de una hilera de sentencias y afectando el contenido
constitucionalmente protegido del derecho al trabajo y del derecho a la protección contra el
despido arbitrario, consagrados en los artículos 22 y 27, respectivamente, de la
Constitución Política del Perú, al eliminar el derecho a la reposición o reincorporación de
los trabajadores del sector público que ingresaron sin las formalidades de un concurso
público; sin importar, repito, el tiempo durante el cual hayan venido prestando sus servicios
para el Estado y a pesar de que por aplicación del principio de la primacía de la realidad se
haya acreditado que realizan una labor de naturaleza permanente.
4. Premisas para el dictado de un precedente vinculante
Son dos las principales premisas para el dictado de un precedente constitucional vinculante
por parte del Tribunal Constitucional y que corresponden al rol que le compete como
supremo intérprete de la Constitución, garante de la vigencia efectiva de los derechos
fundamentales y garante de la supremacía normativa de la Norma Suprema de la República,
Página 6 de 14
Docum ento firmado digitalmente conforme al Art. 1° de la Ley Nº 27269.
ˆˆ009222016AA{ŠVŠ
EXP. N.° 00922-2016-PA/TC
HUAURA
AMELIA KATY CORZO
CRISÓSTOMO
en armonía con los artículos 200, 201 y demás pertinentes de la Constitución, y los
artículos II, III, IV, V y VI del Título Preliminar, y demás pertinentes del Código Procesal
Constitucional, y los artículos 1, 2 y demás pertinentes de la Ley Orgánica del Tribunal
Constitucional.
Rol que es armónico con los fines esenciales de los procesos constitucionales, que establece
el artículo II del Título Preliminar del citado Código Procesal Constitucional, el cual a la
letra preceptúa:
“Son fines esenciales de los procesos constitucionales garantizar la primacía de la
Constitución y la vigencia efectiva de los derechos constitucionales.”
Las premisas para el dictado de un precedente constitucional vinculante se desprenden del
concepto de dicho instituto procesal y de los fines de los procesos constitucionales.
Específicamente, si el precedente se refiere al ejercicio, alcances o cobertura de un derecho
fundamental, el precedente debe imperativamente ser armónico con el fin de garantizar su
vigencia efectiva.
Dicho esto, las premisas en mención son las siguientes:
a) Que el precedente sea la consecuencia de una praxis jurisdiccional continuada. De un
camino ya recorrido por el Tribunal Constitucional a través de sus fallos, en el que
haya ido perfilando una regla que considere necesario establecer como de obligatorio
y general cumplimiento en casos similares.
Vale decir, el precedente vinculante nace a raíz de un camino recorrido por el
Tribunal Constitucional en el ejercicio de la magistratura constitucional. No es
producto de un acto ajeno a la praxis jurisprudencial, que nazca sin tal condición,
como si se tratara de una labor meramente legislativa, propia del Poder Legislativo,
salvo que su objetivo sea fortalecer el marco de protección de los derechos
fundamentales.
b) Que el precedente vinculante tenga invívita una finalidad, acorde con la naturaleza
tuitiva, finalista y garantista de los procesos constitucionales: ampliar y mejorar la
cobertura de los derechos fundamentales y de su pleno y cabal ejercicio.
Por ello, la inspiración del precedente debe responder al rol tuitivo y reivindicativo
del Tribunal Constitucional, tendiente a mejorar los mecanismos de protección y de
garantía de la vigencia efectiva de los derechos humanos.
Página 7 de 14
Docum ento firmado digitalmente conforme al Art. 1° de la Ley Nº 27269.
ˆˆ009222016AA{ŠVŠ
EXP. N.° 00922-2016-PA/TC
HUAURA
AMELIA KATY CORZO
CRISÓSTOMO
Por tanto, el motor o la inspiración del precedente no puede ni debe ser otro que
brindar mayor y mejor protección al justiciable que alega afectación de sus derechos
esenciales, sea por amenaza o por violación.
El Precedente Huatuco, que se está aplicando al presente caso, ha nacido contrariando la
línea jurisprudencial del Tribunal Constitucional, abandonando por completo el rol tuitivo
que le corresponde a favor de los derechos e inspirado, por el contrario, en la búsqueda de
una fórmula que proteja los intereses económicos del Estado, asumiendo un rol
sancionatorio y punitivo contra los funcionarios y las autoridades públicas que contrataron
sin concurso. Es decir, ayuno totalmente de las premisas que cimientan y sustentan su razón
de ser.
5. Línea jurisprudencial desarrollada por el Tribunal Constitucional
La línea jurisprudencial que ha venido construyendo el Tribunal Constitucional en materia
de amparos laborales del régimen público, a contramano de las reglas establecidas en el
Precedente Huatuco, ha sido tuitiva, finalista y garantista, aplicando el principio de la
primacía de la realidad y ordenando la reposición de aquellos trabajadores del Sector
Público despedidos, que ingresaron por contratos temporales o civiles, que demostraron
haber realizado una labor de naturaleza permanente, sujeta a subordinación y dependencia.
Esa línea se ve reflejada en numerosas sentencias dictadas por los sucesivos colegiados que
han integrado el Tribunal Constitucional, de las cuales solo en forma ilustrativa, he referido
algunas en el voto singular que emití en el Precedente Huatuco; sentencias en las que,
recalco, se ordenó la reposición del trabajador en casos de servidores que no habían
ingresado a la Administración Pública por concurso, pero que habían continuado laborando
a través de sucesivas renovaciones o prórrogas, desempeñando labores de naturaleza
permanente, bajo condiciones de horario, dependencia y subordinación; casos en los cuales
uniformemente se aplicó el principio de la primacía de la realidad.
Tales sentencias son, entre otras, las siguientes: STC 01562-2002-PA/TC STC 2541-2003-
PA/TC STC 2545-2003-PA/TC STC 01162-2005-PA/TC, STC 01846-2005-PA/TC STC
4877-2005-PA/TC, STC 4194-2006-PA/TC, STC 01210-2006-PA/TC STC 09248-2006-
PA/TC, STC 10315-2006-PA/TC, STC 04840-2007-PA/TC, STC 441-2011-PA/TC, STC
3923-2011-PA/TC, STC 3146-2012-PA/TC, STC 3537-2012-PA/TC, STC 1587-2013-
PA/TC, STC 968-2013-PA/TC, STC 3014-2013-PA/TC, STC 91-2013-PA/TC y STC
3371-2013-PA/TC.
Página 8 de 14
Docum ento firmado digitalmente conforme al Art. 1° de la Ley Nº 27269.
ˆˆ009222016AA{ŠVŠ
EXP. N.° 00922-2016-PA/TC
HUAURA
AMELIA KATY CORZO
CRISÓSTOMO
6. Ausencia de presupuestos y premisas para el dictado del Precedente Huatuco
Como se aprecia de lo explicitado e invocado hasta aquí, no existen los presupuestos y las
premisas básicas que dan mérito a un precedente constitucional vinculante como el
denominado Precedente Huatuco, por cuanto:
a) No es consecuencia de una praxis jurisdiccional continuada ni de un camino ya
recorrido por el Tribunal Constitucional a través de sus fallos, en el que haya ido
perfilando una regla que considere necesario establecer como de obligatorio y general
cumplimiento en casos similares.
b) Por el contrario, es producto de un acto ajeno a la praxis jurisprudencial del Tribunal
Constitucional. Nace sin cumplir tal condición. Como un acto meramente legislativo,
que es propio del Poder Legislativo.
c) No se condice con el rol tuitivo, reivindicativo y garante de la vigencia efectiva de los
derechos humanos que tiene el Tribunal Constitucional.
d) No mejora los mecanismos de protección y de garantía de la vigencia efectiva de los
derechos humanos ni amplía su cobertura ni vela por su cabal ejercicio y respeto.
e) Desprotege a los trabajadores del Sector Público que no ingresaron por concurso para
plaza vacante y presupuestada, despojándolos de sus derechos constitucionales al
trabajo, a la reposición y a la protección contra el despido arbitrario, desconociendo y
contradiciendo la línea jurisprudencial desarrollada por el Tribunal Constitucional
desde su creación.
f) Desconoce el principio de la primacía de la realidad.
g) Otorga un trato desigual y discriminatorio a los trabajadores del Sector Público frente
a los trabajadores del Sector Privado respecto a sus derechos al trabajo y a la
protección contra el despido arbitrario.
h) En suma, el Precedente Huatuco que se aplica en el auto de mayoría desnaturaliza
totalmente el sentido y los alcances de lo que es un precedente constitucional
vinculante, variando el eje de preocupación y de atención del Tribunal Constitucional
en materia de derechos fundamentales, que no es otro que procurar su máxima
protección, hacia un eje que le es ajeno: la protección de los intereses del Estado en la
contratación de personal.
Página 9 de 14
Docum ento firmado digitalmente conforme al Art. 1° de la Ley Nº 27269.
ˆˆ009222016AA{ŠVŠ
EXP. N.° 00922-2016-PA/TC
HUAURA
AMELIA KATY CORZO
CRISÓSTOMO
i) Finalmente, como se puede colegir, el Precedente Huatuco encierra un propósito
adicional: la idea de la simple descarga procesal. Al respecto, como ya lo he
manifestado en numerosos votos singulares, cualquier intento de descarga procesal no
debe ser ajeno a la siguiente lógica: descargar sin desamparar, descargar sin
desguarnecer y descargar sin abdicar.
7. La obligación del Tribunal Constitucional de respetar su propia jurisprudencia:
la predictibilidad y la seguridad jurídica
El Tribunal Constitucional ha señalado en anterior jurisprudencia que: “La interpretación
constitucional debe encontrarse orientada a relevar y respetar la naturaleza de la
Constitución como norma jurídica, vinculante in toto y no sólo parcialmente. Esta
vinculación alcanza a todo poder público (incluyendo, desde luego, a este Tribunal) y a la
sociedad en su conjunto2”. En ese sentido, el Tribunal Constitucional no puede
desvincularse tan fácilmente de lo interpretado y resuelto por el mismo, porque sus propias
decisiones lo vinculan. En efecto, el artículo VI del Título Preliminar del Código Procesal
Constitucional, determina que doctrina jurisprudencial exige que: “Los Jueces interpretan y
aplican las leyes o toda norma con rango de ley y los reglamentos según los preceptos y
principios constitucionales, conforme a la interpretación de los mismos que resulte de las
resoluciones dictadas por el Tribunal Constitucional”.
Podemos decir que: “El Tribunal Constitucional, como máximo intérprete de la
Constitución y órgano supremo de control de la constitucionalidad, es titular de una
autonomía procesal para desarrollar y complementar la regulación procesal constitucional
a través de la jurisprudencia, en el marco de los principios generales del Derecho
Constitucional material y de los fines de los procesos constitucionales3”, puesto que: “(…)
las sentencias del Tribunal Constitucional, dado que constituyen la interpretación de la
Constitución del máximo tribunal jurisdiccional del país, se estatuyen como fuente de
derecho y vinculan a todos los poderes del Estado4”.
Asimismo, el Tribunal Constitucional ha declarado que: “La Constitución es la norma
jurídica suprema del Estado, tanto desde un punto de vista objetivo-estructural (artículo
51º), como desde el subjetivo-institucional (artículos 38º y 45º). Consecuentemente, es
interpretable, pero no de cualquier modo, sino asegurando su proyección y concretización,
2 STC N° 5854-2005-PA/TC, Fundamento 12.
3 STC N° 0020-2005-PI/TC, Fundamento 2.
4 STC Nº 1333-2006-PA/TC, Fundamento 11.
Página 10 de 14
Docum ento firmado digitalmente conforme al Art. 1° de la Ley Nº 27269.
ˆˆ009222016AA{ŠVŠ
EXP. N.° 00922-2016-PA/TC
HUAURA
AMELIA KATY CORZO
CRISÓSTOMO
de manera tal que los derechos fundamentales por ella reconocidos sean verdaderas
manifestaciones del principio-derecho de dignidad humana (artículo 1º de la
Constitución)5”. Por tal motivo, el Tribunal Constitucional no puede modificar una línea
jurisprudencial contínua y coherente porque estaríamos afectando la concretización de los
contenidos de la Constitución, porque no se mantendría una interpretación perenne.
La legitimidad de un Tribunal Constitucional se obtiene a través de sus decisiones
jurisdiccionales, las mismas que deben ser coherentes y generar predictibilidad para los
justiciables, y sobre todo mantener la seguridad jurídica, principio que este mismo
Colegiado ha declarado que: “(…) forma parte consubstancial del Estado Constitucional de
Derecho. La predictibilidad de las conductas (en especial, las de los poderes públicos)
frente a los supuestos previamente determinados por el Derecho, es la garantía que
informa a todo el ordenamiento jurídico y que consolida la interdicción de la
arbitrariedad”6.
Por otro lado, no se puede emplear la figura del precedente vinculante para modificar una
línea jurisprudencial, pues el precedente está pensado para unificar y ratificar líneas
jurisprudenciales establecidas por el mismo Colegiado, ya que siguiendo lo expresado por
Domingo García Belaunde, respecto a la figura del presente en el ordenamiento jurídico
peruano señala que: “(….) éste no puede ser mecánico sino prudente, viendo la realidad a
la cual se aplica, y sin desnaturalizar la institución, más aun cuando proviene de otro
sistema jurídico7”.
8. Alcances de la protección adecuada al trabajador y el derecho a la reposición
Ha sido el Tribunal Constitucional, en su calidad de intérprete supremo de la Constitución
y, más propiamente, de los contenidos normativos de las disposiciones constitucionales, el
que ha efectuado toda una construcción jurisprudencial del amparo laboral, a partir de la
consideración de que el derecho al trabajo y el derecho a la protección contra el despido
arbitrario, consagrados en los artículos 22 y 27, respectivamente, son derechos
fundamentales protegidos por el proceso de amparo, por lo que frente a su afectación
procede que la Justicia Constitucional retrotraiga las cosas al estado anterior a la agresión y
restituya su pleno ejercicio, lo cual significa la reposición del trabajador perjudicado si este
opta por reclamar dicha opción y la situación responde a las causales correspondientes.
5 STC Nº 0030-2005-AI/TC, Fundamento 40.
6 STC. Nº 0016-2002-AI/TC, Fundamento 3.
7 GARCÍA BELAUNDE, Domingo. “El precedente vinculante y su revocatoria por parte del Tribunal
Constitucional (a propósito del caso Provías Nacional).” Disponible en:
http://www.uss.edu.pe/uss/RevistasVirtuales/ssias/ssias2/pdf/GARCIABELAUNDE.pdf
Página 11 de 14
Docum ento firmado digitalmente conforme al Art. 1° de la Ley Nº 27269.
ˆˆ009222016AA{ŠVŠ
EXP. N.° 00922-2016-PA/TC
HUAURA
AMELIA KATY CORZO
CRISÓSTOMO
Tal construcción jurisprudencial tiene su origen por el año 1997 (hace casi 20 años) al poco
tiempo que el Tribunal Constitucional iniciara sus funciones, como puede verificarse
revisando, entre otras, la STC 111-1996-AA/TC (Caso Hugo Putman Rojas), del 13 de
junio de 1997, y la STC 1112-1998-AA/TC (Caso César Antonio Cossío y otros), del 21 de
enero de 1999, y se consolida en la STC 976-AA-2001-AA/TC, en la que establece
claramente la posibilidad de recurrir vía amparo en los casos de despido incausado, despido
nulo y despido fraudulento, cuando resulte evidente la violación del derecho constitucional
y no sea igualmente satisfactoria la vía paralela, por no constituir un remedio idóneo.
Al respecto, resulta ilustrativa la afirmación del maestro argentino Néstor Pedro Sagües es,
quien sostiene:
“No basta, pues, que haya una vía procedimental (de cualquier índole), para
desestimar un pedido de amparo: hay que considerar, inexcusablemente, si tal
trámite es auténticamente operativo para enfrentar el acto lesivo. Resultaría harto
fácil (y a la vez farisaico), rechazar una demanda de amparo por la simple razón de
existir acciones judiciales y administrativas que contemplaran el problema litigioso,
ya que con tal criterio, todo amparo resultaría prácticamente desechable. Lo que
debe determinarse, es si tales caminos son efectivamente útiles para ‘lograr la
protección del derecho o garantía constitucional de que se trate’,…” (SAGÜÉS,
Néstor Pedro, “El Derecho Procesal Constitucional – Recurso Extraordinario”.
Editorial Astrea. Buenos Aires. 1889, p. 169).
Durante el largo recorrido efectuado por el Tribunal Constitucional desde aquellos años
hasta la fecha, como se comprueba de las sentencias referidas al mencionar su línea
jurisprudencial, se ha consolidado el amparo laboral frente a casos de reclamos por
despidos incausados, nulos o fraudulentos de trabajadores del Sector Público que no
ingresaron por concurso y demostraron haber efectuado labores de naturaleza permanente,
bajo condiciones de subordinación y dependencia, por aplicación del principio de la
primacía de la realidad.
9. Aplicación y efectos en el tiempo del Precedente Huatuco
El Precedente Huatuco elimina y proscribe la reposición o reincorporación de los servidores
públicos despedidos que ingresaron al servicio del Estado sin concurso público y con plaza
presupuestada vacante, irradiando efectos inmediatos en el tiempo, a partir del día siguiente
de su publicación en el diario oficial “El Peruano” a todos los procesos de amparo que se
Página 12 de 14
Docum ento firmado digitalmente conforme al Art. 1° de la Ley Nº 27269.
ˆˆ009222016AA{ŠVŠ
EXP. N.° 00922-2016-PA/TC
HUAURA
AMELIA KATY CORZO
CRISÓSTOMO
encuentren en trámite, cualquiera que sea la etapa en que se hallen, y manda declarar
improcedentes las nuevas demandas que se presenten.
Discrepo rotundamente de la aplicación y efectos en el tiempo que dispone el Precedente
Huatuco, pues la generación de precedentes constitucionales vinculantes con incidencias
retroactivas, aun cuando está permitida, no habilita de ninguna manera un uso
indeterminado o arbitrario de dicha facultad, ya que en cualquier circunstancia ha de estarse
al respeto de la propia Constitución y de su catálogo de derechos y principios
constitucionales.
En efecto, si a los justiciables que iniciaron sus reclamos en una época en la que el amparo
les permitía reclamar reposición, como en el presente caso, se les aplica un precedente en el
que se les dice que ya no hay reposición, sino solo indemnización y que esta solo se obtiene
únicamente a través del proceso ordinario, dicha alternativa contraviene expresamente el
derecho fundamental al procedimiento preestablecido por la ley reconocido expresamente
en el artículo 139, inciso 3), de nuestra Norma Fundamental. Contraviene incluso nuestra
propia jurisprudencia que en forma constante, reiterada y uniforme, ha enfatizado que “el
derecho al procedimiento preestablecido por la ley… garantiza… que las normas con las
que se inició un determinado procedimiento, no sean alteradas o modificadas con
posterioridad por otra. De esta manera, iniciado un procedimiento determinado, cualquier
modificación realizada a la norma que lo regulaba no debe ser la inmediatamente aplicable
al caso…” (Cfr. Exps. 2928-2002-HC/TC, 1593-2003-HC/TC, 5307-2008-PA/TC, entre
otros).
Conviene recordar, por lo demás, que si nuestro propio legislador ordinario se encuentra
expresamente prohibido de emitir normas con fuerza o efecto retroactivo, salvo que las
mismas favorezcan (artículo 103 de la Constitución Política del Perú), no encuentro
sustento alguno para que el Tribunal Constitucional haga exactamente lo contrario, tanto
más cuanto que el precedente en mención, lejos de favorecer, termina perjudicando o
restringiendo derechos para el amparista que antes podía lograr una reposición, que la
nueva regla, inusitadamente y de forma inmediata, elimina y proscribe.
10. Análisis del caso
De los medios de prueba existentes en autos, se aprecia que la Presidencia de la Corte
Superior de Justicia de Huaura contrató los servicios del demandante desde el 8 de marzo
de 2012 hasta el 31 de agosto de 2013, bajo la suscripción de contratos de suplencia y
servicio especifico, siendo que en estos últimos, no se justificó válidamente la causa
Página 13 de 14
Docum ento firmado digitalmente conforme al Art. 1° de la Ley Nº 27269.
ˆˆ009222016AA{ŠVŠ
EXP. N.° 00922-2016-PA/TC
HUAURA
AMELIA KATY CORZO
CRISÓSTOMO
objetiva de la supuesta relación laboral de carácter temporal, hecho que evidencia el uso
fraudulento de la citada contratación y la desnaturalización de dicha relación laboral
conforme a lo establecido por el artículo 77, inciso d) del Decreto Supremo 003-97-TR. En
tal sentido, en aplicación del principio de primacía de la realidad, corresponde tutelar el
derecho invocado.
11. El sentido de mi voto
Por las razones expuestas, mi voto es porque se declare fundada la demanda y, en
consecuencia, se ordene la inmediata reposición del demandante al haberse comprobado la
desnaturalización del contrato de trabajo y la vulneración de su derecho fundamental al
trabajo.
S.
BLUME FORTINI
Página 14 de 14
Docum ento firmado digitalmente conforme al Art. 1° de la Ley Nº 27269.
EXP. Nº 00922-2016-AA/TC
HUAURA
AMELIA KATY CORZO CRISÓSTOMO
VOTO SINGULAR DEL MAGISTRADO RAMOS NUÑEZ
El Tribunal ha resuelto, por mayoría, declarar improcedente la demanda y, en aplicación del
precedente que contiene el fundamento 22 de la STC 05057-2013-PA/TC, ha dispuesto que
se reconduzca los actuados a la jurisdicción ordinaria. Me encuentro en desacuerdo con la
decisión y estas son las razones que lo fundamentan.
*
En la STC 05057-2013-PA/TC, el Tribunal Constitucional estableció diversas reglas en
calidad de precedentes. La principal es la que contiene el fundamento 18, según la cual, en
los casos en los que se acredite la desnaturalización del contrato temporal o del contrato
civil, no podrá ordenarse la reposición si el trabajador no ingresó mediante concurso
público respecto de una plaza, presupuestada y vacante, de duración indeterminada.
Mediante la primera condición –haber ingresado mediante concurso público– el Tribunal
decidió poner coto a una práctica inveterada, consistente en utilizar el empleo público como
un medio para obtener el servicio o la lealtad del trabajador y, en su lugar, exigir que la
permanencia en un cargo público obedezca a las calificaciones y competencias con que este
cuenta y, por cierto, demuestra en un concurso de oposiciones.
Este telos meritocrático que está en la base del precedente aplica exclusivamente a los
trabajadores en el empleo público. Y plantea que en los casos en los que se produzca la
desnaturalización de la contratación temporal o civil, la protección adecuada contra el
despido arbitrario –garantizada por el artículo 27 de la Constitución–, debe hacerse efectiva
mediante el sistema de compensación; es decir, con el pago de una indemnización, que es
una de las modalidades como el legislador pudo desarrollar este derecho constitucional de
configuración legal, según indica el ordinal “d” del artículo 7º del Protocolo Adicional a la
Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos,
sociales y culturales.
**
La STC 05057-2014-PA/TC también aspiraba a establecer como vinculante la aplicación
inmediata de la regla anterior. Mi voto a favor de que no deba ordenarse la reposición de
los trabajadores que no ingresaron por concurso público, no comprendió su aplicación
inmediata a los procesos en trámite [fundamento 21], ni la reconducción de estos a la
justicia ordinaria [fundamento 22]. Precisé, en efecto, que “[n]o obstante, en relación al
precedente, manifiesto mi disconformidad con su aplicación inmediata…”, pues “estimo
que la variación de un criterio que comportará, a su vez, una reconducción del proceso a la
vía ordinaria (y, con ella, una alteración de la pretensión), debería operar solo para aquellos
casos que se inicien luego de que esta sentencia sea publicada en el diario oficial El
Peruano”.
Documento firmado digitalmente conforme al Art. 1° de la Ley Nº 27269.
EXP. Nº 00922-2016-AA/TC
HUAURA
AMELIA KATY CORZO CRISÓSTOMO
Fui de la opinión que en la STC 5057-2013-PA/TC correspondía expresar un “fundamento
de voto” pues estuve “…de acuerdo con el modo en el que se ha resuelto el caso”. Este
comprendió mi conformidad con la decisión y con los fundamentos en los que esta se
justificó. Allí se declaró infundada la demanda porque la relación laboral de doña Rosalía
Huatuco Huatuco cesó por vencimiento del plazo del contrato de trabajo, sin que en dicha
relación laboral se observara desnaturalización alguna [fundamentos 29 a 33]. Y dado que
no se trató de una desnaturalización laboral, las reglas formuladas en los fundamentos 18,
21, 22 de la STC 5057-2013-PA/TC no fueron allí aplicadas –pese a que en diversos
momentos el Tribunal Constitucional se ha impuesto como una sana política en la
expedición de precedentes, que estos surjan “a partir de un caso concreto” [Cf. STC 3741-
2004-PA/TC, fundamento 43] –.
Ahora se resuelve un caso bajo las diversas reglas del precedente establecido en la STC
05057-2013-PA/TC ¿Son aplicables estas reglas a los casos iniciados con anterioridad a su
expedición, como el que ahora tenemos que resolver? En mi opinión, la respuesta es
negativa. Como expresé en mi fundamento de voto en la STC 5057-2013-PA/TC, así como
en mi voto singular de la respectiva aclaración, la regla de la aplicación inmediata vulnera
la seguridad jurídica y la predictibilidad de las decisiones que emita este Tribunal.
De modo pues que, al ser aun aplicables a este caso las reglas y la jurisprudencia de este
Tribunal vigentes antes de la aprobación de la STC 5057-2013-PA/TC, y al haberse
acreditado que se desnaturalizó el contrato de trabajo del demandante [fundamento 14 de la
STC 00922-2016-PA/TC], corresponde ordenar su reposición.
S.
RAMOS NUÑEZ
Documento firmado digitalmente conforme al Art. 1° de la Ley Nº 27269.