Pleno. Sentencia 248/2023
EXP. N.° 02322-2021-PA/TC
LIMA
MINISTERIO DE AGRICULTURA
Y RIEGO
SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
En Lima, a los 30 días del mes de marzo del 2023, el Pleno del
Tribunal Constitucional, integrado por los magistrados Morales Saravia,
Pacheco Zerga, Domínguez Haro, Monteagudo Valdez y Ochoa Cardich,
pronuncia la siguiente sentencia; con el abocamiento del magistrado
Gutiérrez Ticse, conforme al artículo 30-A del Reglamento Normativo
del Tribunal Constitucional.
ASUNTO
Recurso de agravio constitucional interpuesto por el Ministerio de
Agricultura y Riego contra la resolución de fojas 248, de fecha 20 de
abril de 2021, expedida por la Segunda Sala Constitucional de la Corte
Superior de Justicia de Lima, que declaró improcedente la demanda de
autos.
ANTECEDENTES
Con fecha 18 de mayo de 2015 (f. 172), la recurrente interpone
demanda de amparo contra amparo pretendiendo que se declare la
nulidad de las siguientes resoluciones judiciales: (a) resoluciones 9 y 10,
de fechas 18 de marzo de 2013 (f. 69) y 10 de abril de 2013 (f. 74),
respectivamente, emitidas por el Sexto Juzgado Constitucional de la
Corte Superior de Justicia de Lima, que declaró fundada la demanda de
amparo promovida por doña Martha Elena Carhuayo Quispe contra la
Autoridad Nacional del Agua y declaró nula la Carta 514-2011-ANA-
OA-URH y la existencia de vínculo laboral indefinido, a la vez que
ordenó su reposición en el mismo cargo e igual remuneración; (b)
sentencia de vista de fecha 14 de marzo de 2014 (f. 80), emitida por la
Tercera Sala Civil del mismo distrito judicial, que confirmó la
Resolución 9; y, (c) Resolución 19, de fecha 10 de diciembre de 2014 (f.
91), que dispuso el cumplimiento de lo ordenado (Expediente 01619-
2012-0-1801-JR-CI-06). Asimismo, solicita que se ordene la emisión de
un nuevo fallo que respete el ordenamiento jurídico constitucional y
precedentes vinculantes del Tribunal Constitucional. Denuncia la
vulneración de su derecho fundamental a la debida motivación de las
resoluciones judiciales y al debido proceso.
Manifiesta que las resoluciones objeto de cuestionamiento han
EXP. N.° 02322-2021-PA/TC
LIMA
MINISTERIO DE AGRICULTURA
Y RIEGO
vulnerado su derecho a la debida motivación, toda vez que contravienen
el contenido de las resoluciones emitidas por el Tribunal Constitucional
en los Expedientes 00002-2010-PI/TC y 03818-2009-PA/TC, que
establecen que no es factible inaplicar el Decreto Legislativo 1057
porque su constitucionalidad ha sido confirmada. Así, las resoluciones
cuestionadas declararon fundada la demanda de amparo subyacente y
nula la Carta 0514-2011-ANA/OA-URHUA, por la cual doña Martha
Elena Carhuayo Quispe fue despedida.
El Segundo Juzgado Constitucional de la Corte Superior de
Justicia de Lima, mediante Resolución 1, de fecha 19 de mayo de 2015
(f. 185), declara la improcedencia de la demanda, por considerar que esta
fue interpuesta fuera del plazo establecido en el artículo 44 del Código
Procesal Constitucional —en vigor en aquel momento— y que no se
aprecia que el demandante haya acreditado que la resolución cuestionada
fue expedida dentro de un proceso irregular.
La Segunda Sala Constitucional Permanente de la Corte Superior
de Justicia de Lima, mediante Resolución 9, de fecha 20 de abril de 2021
(f. 248), confirma la apelada, con el argumento de que a través del
amparo no puede realizarse una nueva interpretación y aplicación de la
norma en la forma que les favorezca a los demandantes, pues ello
implicaría que los jueces constitucionales se conviertan en una instancia
superior de fallo y revisen el criterio jurisdiccional sobre asuntos que son
de competencia de la judicatura ordinaria.
Mediante auto de fecha 24 de setiembre de 2021, el Tribunal
Constitucional dispone declarar inaplicable al caso de autos el segundo
párrafo del artículo 5 del Nuevo Código Procesal Constitucional y
admitir a trámite la demanda de amparo ante esta sede, corriendo
traslado de la misma, sus anexos, así como del recurso de agravio
constitucional, a los jueces del Sexto Juzgado Constitucional de Lima y
de la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, para
que, en el plazo de diez días hábiles, hagan ejercicio de su derecho de
defensa.
Mediante auto del Tribunal Constitucional de fecha 15 de marzo
de 2022, se resuelve incorporar a doña Martha Elena Carhuayo Quispe
como litisconsorte y correrle traslado de la demanda, sus anexos, así
como del recurso de agravio constitucional, para que, en el plazo de diez
EXP. N.° 02322-2021-PA/TC
LIMA
MINISTERIO DE AGRICULTURA
Y RIEGO
días hábiles, haga ejercicio de su derecho de defensa.
Mediante escrito de fecha 3 de mayo de 2022, doña Martha Elena
Carhuayo Quispe contesta la demanda solicitando que esta sea declarada
improcedente o infundada. Afirma que el plazo para la interposición de
la demanda de amparo contra resoluciones judiciales ya habría vencido y
porque alega que lo pedido por la actora no está directamente
relacionado con el contenido constitucionalmente protegido de los
derechos fundamentales al debido proceso ni a la debida motivación de
las resoluciones judiciales.
FUNDAMENTOS
§1. Petitorio
1. El objeto del presente amparo es que se declare la nulidad de las
siguientes resoluciones judiciales: (a) resoluciones 9 y 10, de
fechas 18 de marzo de 2013 (f. 69) y 10 de abril de 2013 (f. 74),
respectivamente, emitidas por el Sexto Juzgado Constitucional de
la Corte Superior de Justicia de Lima, que declaró fundada la
demanda de amparo promovida por doña Martha Elena Carhuayo
Quispe contra la Autoridad Nacional del Agua y declaró nula la
Carta 514-2011-ANA-OA-URH y la existencia de vínculo laboral
indefinido, a la vez que ordenó su reposición en el mismo cargo e
igual remuneración; (b) sentencia de vista de fecha 14 de marzo de
2014 (f. 80), emitida por la Tercera Sala Civil del mismo distrito
judicial, que confirmó la Resolución 9; y, (c) Resolución 19, de
fecha 10 de diciembre de 2014 (f. 91), que dispuso el
cumplimiento de lo ordenado (Expediente 01619-2012-0-1801-JR-
CI-06). Asimismo, solicita que se ordene la emisión de un nuevo
fallo que respete el ordenamiento jurídico constitucional y
precedentes vinculantes del Tribunal Constitucional.
2. Al respecto, se denuncia la vulneración de los derechos
fundamentales a la debida motivación de las resoluciones
judiciales y al debido proceso.
EXP. N.° 02322-2021-PA/TC
LIMA
MINISTERIO DE AGRICULTURA
Y RIEGO
§2. Sobre la procedencia del régimen excepcional del amparo
contra amparo
3. De conformidad con lo expresado por el Tribunal, con carácter de
precedente, en la Sentencia 04853-2004-AA/TC, publicada en el
diario oficial El Peruano el 13 septiembre de 2007, y en el marco
de lo establecido por el Nuevo Código Procesal Constitucional, así
como en su posterior desarrollo jurisprudencial, el proceso de
“amparo contra amparo”, así como sus distintas variantes (amparo
contra habeas corpus, amparo contra cumplimiento, amparo contra
acción popular, etc.), es un régimen procesal de naturaleza atípica
o excepcional cuya procedencia se encuentra sujeta a determinados
supuestos o criterios.
4. De acuerdo con estos últimos: a) solo procede cuando la
vulneración constitucional resulte evidente o manifiesta; es decir,
que su habilitación se condiciona a la vulneración de uno o más
derechos constitucionales, independientemente de la naturaleza de
los mismos. Tratándose incluso de contra amparos en materia
laboral dicha procedencia supone el cumplimiento previo o
efectivo de la sentencia emitida en el primer proceso amparo (cfr.
Sentencia 04650-2007-PA/TC, fundamento 5); b) su habilitación
solo opera por una sola y única oportunidad, siempre que las partes
procesales del primer y segundo amparo sean las mismas; c)
resulta pertinente tanto contra resoluciones judiciales
desestimatorias como contra las estimatorias, sin perjuicio del
recurso de agravio especial habilitado específicamente contra
sentencias estimatorias recaídas en procesos constitucionales
relacionados con el delito de tráfico ilícito de drogas y/o lavado de
activos, en los que se haya producido vulneración del orden
constitucional y en particular del artículo 8 de la Constitución (cfr.
sentencias 02663-2009-PHC/TC, fundamento 9, y 02748-2010-
PHC/TC, fundamento 15); d) su habilitación se condiciona a la
vulneración de uno o más derechos constitucionales,
independientemente de la naturaleza de los mismos; e) procede en
defensa de la doctrina jurisprudencial vinculante establecida por el
Tribunal Constitucional; f) se habilita en defensa de los terceros
que no han participado en el proceso constitucional cuestionado y
cuyos derechos han sido vulnerados, así como respecto del
recurrente que por razones extraordinarias, debidamente
EXP. N.° 02322-2021-PA/TC
LIMA
MINISTERIO DE AGRICULTURA
Y RIEGO
acreditadas, no pudo acceder al agravio constitucional; g) resulta
pertinente como mecanismo de defensa de los precedentes
vinculantes establecidos por el Tribunal Constitucional (cfr.
Sentencia 03908-2007-PA/TC, fundamento 8); h) no procede en
contra de las decisiones emanadas del Tribunal Constitucional; e,
i) procede incluso cuando el proceso se torna inconstitucional en
cualquiera de sus otras fases o etapas, como la postulatoria (cfr.
resoluciones expedidas en los expedientes 05059-2009-PA/TC,
fundamento 4; 03477- 2010-PA/TC, fundamento 4, entre otros); la
de impugnación de sentencia (cfr. resoluciones expedidas en los
Expedientes 02205-2010-PA/TC, fundamento 6; 04531- 2009-
PA/TC, fundamento 4, entre otros); o la de ejecución de sentencia
(cfr. Sentencias 04063-2007-PA/TC, fundamento 3 y 01797-2010-
PA/TC, fundamento 3; y resoluciones emitidas en los Expedientes
03122-2010-PA/TC, fundamento 4; 02668-2010-PA/TC,
fundamento 4, entre otras).
5. Al respecto, el Tribunal Constitucional, en la sentencia recaída en
el Expediente 04559-2019-PA/TC también indicó en el
fundamento jurídico 5 que: “No obstante, corresponde precisar
también que la tramitación de un excepcional amparo contra
amparo está orientada, esencialmente, a descartar o confirmar que
en la tramitación y resolución del amparo primigenio se haya
vulnerado derechos fundamentales, y no a analizarse los hechos
controvertidos que motivaron su promoción”.
6. En el presente caso, este Tribunal observa que el Ministerio de
Agricultura y Riego acusa la vulneración de sus derechos
fundamentales a la debida motivación de las resoluciones
judiciales y al debido proceso; es la primera vez que se promueve
este supuesto excepcional de amparo contra las resoluciones objeto
de cuestionamiento; se cuestionan resoluciones judiciales
estimatorias; y la demanda no ha sido interpuesta contra una
decisión del Tribunal Constitucional. En tal sentido, queda claro
que de la forma tal como ha sido planteado el reclamo, este se
encuentra dentro de los supuestos a), b), c), d), g) y h).
EXP. N.° 02322-2021-PA/TC
LIMA
MINISTERIO DE AGRICULTURA
Y RIEGO
§3. El derecho al debido proceso y su protección a través del
amparo
7. De conformidad con el artículo 139.3 de la Constitución, toda
persona tiene derecho a la observancia del debido proceso en
cualquier tipo de procedimiento en el que se diluciden sus
derechos, se solucione un conflicto jurídico o se aclare una
incertidumbre jurídica. Como lo ha enfatizado este Tribunal, el
debido proceso garantiza el respeto de los derechos y garantías
mínimas con que debe contar todo justiciable para que una causa
pueda tramitarse y resolverse con justicia (Cfr. Expediente 07289-
2005-PA/TC, fundamento 3). Pero el derecho fundamental al
debido proceso, preciso es recordarlo, se caracteriza también por
tener un contenido antes bien que unívoco, heterodoxo o complejo.
Precisamente, uno de esos contenidos que hacen parte del debido
proceso es el derecho a la motivación de las resoluciones
judiciales, reconocido en el artículo 139.5 de la Constitución.
8. La jurisprudencia de este Tribunal ha sido uniforme al establecer
que la exigencia de que las decisiones judiciales sean motivadas
“garantiza que los jueces, cualquiera sea la instancia a la que
pertenezcan, expresen el proceso mental que los ha llevado a
decidir una controversia, asegurando que el ejercicio de la potestad
de administrar justicia se haga con sujeción a la Constitución y a la
ley; pero también con la finalidad de facilitar una adecuado
ejercicio del derecho de defensa de los justiciables” (sentencia
emitida en el Expediente 08125-2005-HC/TC, fundamento 10).
9. En ese sentido, tal como ha puesto de relieve este Alto Tribunal en
diversa jurisprudencia, el derecho a la motivación de las
resoluciones judiciales no garantiza una determinada extensión de
la motivación, por lo que su contenido constitucional se respeta
prima facie: a) siempre que exista fundamentación jurídica, que no
implica la sola mención de las normas a aplicar al caso, sino la
explicación de por qué tal caso se encuentra o no dentro de los
supuestos que contemplan tales normas; b) siempre que exista
congruencia entre lo pedido y lo resuelto, que implica la
manifestación de los argumentos que expresarán la conformidad
entre los pronunciamientos del fallo y las pretensiones formuladas
por las partes; y, c) siempre que por sí misma exprese una
EXP. N.° 02322-2021-PA/TC
LIMA
MINISTERIO DE AGRICULTURA
Y RIEGO
suficiente justificación de la decisión adoptada, aun si esta es breve
o concisa, o se presenta el supuesto de motivación por remisión
(Cfr. sentencia emitida en el Expediente 04348-2005-PA/TC,
fundamento 2).
10. De esta manera, si bien no todo ni cualquier error en el que
eventualmente incurra una resolución judicial constituye
automáticamente la violación del contenido constitucionalmente
protegido del derecho a la motivación de las resoluciones
judiciales, cierto es también que el deber de motivar constituye una
garantía del justiciable frente a la arbitrariedad judicial y garantiza
que las resoluciones no se encuentren justificadas en el mero
capricho de los magistrados, sino en datos objetivos que
proporciona el ordenamiento jurídico o los que se derivan del caso.
§4. Análisis del caso concreto
11. A fojas 68 de autos, obra la sentencia de primer grado, Resolución
9, de fecha 18 de marzo de 2013, emitida por el Sexto Juzgado
Especializado en lo Constitucional de la Corte Superior de Justicia
de Lima. La sentencia expone que la controversia planteada por
doña Martha Elene Carhuayo Quispe está referida a una demanda
de amparo en la que esta solicita reposición por despido incausado
el 31 de diciembre de 2011, a través del acto contenido en la Carta
N° 0514-2011-ANA/OA-URH, luego de 13 años de labor
ininterrumpida. En la fundamentación de la sentencia se aprecia
que el hecho de que la entonces demandante haya suscrito
contratos administrativos de servicios con vigencia a partir del 1
de setiembre del 2008, no enerva la validez de su condición de
trabajadora con vínculo laboral indefinido, toda vez que dicha
condición se adquirió con anterioridad a la suscripción de los
citados contratos administrativos de servicios, conforme se
demostró que desde el 2001 marcaba su asistencia a su centro de
trabajo.
12. De la revisión de la sentencia de primer grado, se evidencia que no
es verdad que el juzgado constitucional haya inaplicado la
normativa de contratación administrativa de servicios de manera
directa, sino que el juzgado basó su fallo en consideraciones
fácticas del caso concreto, como que la trabajadora tuvo un vínculo
EXP. N.° 02322-2021-PA/TC
LIMA
MINISTERIO DE AGRICULTURA
Y RIEGO
laboral con su empleador antes de celebrar los referidos contratos
administrativos de servicios, así como otras normas y principios
del derecho del trabajo, como el principio de primacía de la
realidad.
13. A fojas 80 obra la sentencia de vista, Resolución 18, de fecha 14
de marzo de 2014, emitida por la Tercera Sala Civil de la Corte
Superior de Justicia de Lima. La referida sentencia confirma en
mayoría la decisión de primera instancia por considerar que ha
habido una desnaturalización del contrato sujeto a modalidad de la
actora, en tanto se ha excedido el plazo de 5 años (habiéndose
acreditado en el presente caso 13 años y 3 meses de servicios) y el
objeto de contratación desde el inicio de la prestación de servicios
no habría variado. En ese sentido, tampoco se observa una
inaplicación directa de la normativa de contratación administrativa
de servicios, sino, más bien, un fallo basado en otras normas y
principios del derecho del trabajo.
14. Así las cosas, desde el punto de vista del derecho a la debida
motivación de las resoluciones judiciales, no cabe objetar las
resoluciones cuestionadas, pues, tanto el Sexto Juzgado
Constitucional como la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de
Justicia de Lima, han expuesto suficientemente las razones de su
decisión; esto es, que la celebración de contratos administrativos
de servicios no enerva que la entonces demandante haya tenido un
vínculo laboral preexistente indefinido y desnaturalizado que
generó a su favor obligaciones laborales de parte de su empleador;
y porque no se ha acreditado con claridad una vulneración a los
derechos alegados mediante las decisiones impugnadas.
15. Ahora bien, con respecto a las alegaciones de que las resoluciones
cuestionadas habrían vulnerado los derechos del demandante al
debido proceso; cabe subrayar que, en tanto se ha evidenciado que
las resoluciones cuestionadas estuvieron debidamente motivadas,
entonces, dichos alegatos corren la misma suerte de lo alegado con
respecto al derecho a la debida motivación de las resoluciones
judiciales. Ello en mérito a que, en tanto las resoluciones
cuestionadas fueron emanadas de procedimiento regular, no se
puede alegar que hubieran vulnerado el derecho al debido proceso.
EXP. N.° 02322-2021-PA/TC
LIMA
MINISTERIO DE AGRICULTURA
Y RIEGO
16. En suma, la demanda de amparo de autos debe ser declarada
infundada, al no observarse que las resoluciones objeto de
cuestionamiento hayan vulnerado los derechos fundamentales del
demandante a la debida motivación de las resoluciones judiciales
ni al debido proceso.
Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la
autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú,
HA RESUELTO
Declarar INFUNDADA la demanda de amparo en todos sus extremos.
Publíquese y notifíquese.
SS.
MORALES SARAVIA
PACHECO ZERGA
GUTIÉRREZ TICSE
DOMÍNGUEZ HARO
MONTEAGUDO VALDEZ
OCHOA CARDICH
PONENTE GUTIÉRREZ TICSE