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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
EXP. N.° 02634-2016-PHD/TC
LIMA
HUGO HUMBERTO CAMACHO ARAYA
RAZÓN DE RELATORÍA
Lima, 9 de diciembre de 2019
El Expediente 02634-2016-PHD/TC se ha resuelto de conformidad con el artículo
10-A del Reglamento Normativo del Tribunal Constitucional, el que, entre otras cosas,
establece el voto decisorio del Presidente del Tribunal Constitucional, en las causas que se
produzca empate en la votación.
Por lo que, en el caso de autos la sentencia se encuentra conformada por el voto en
conjunto que declara FUNDADA la demanda de hábeas data, suscrito por los magistrados
Blume Fortini, Miranda Canales y Espinosa-Saldaña Barrera (tres votos).
Asimismo, se acompañan los votos que declaran infundada la demanda, suscritos
por los magistrados Sardón de Taboada, Ledesma Narváez y Ferrero Costa (tres votos); y el
voto en minoría del magistrado Ramos Núñez que declara improcedente la demanda.
S.
FlavWeá(é Apaza
Secretario Relator
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EXP N.° 02634 2016-PHD/TC
LIMA
HUGO HUMBERTO CAMACHO A RAYA
VOTO DE LOS MAGISTRADOS BLUME FORTINI, MIRANDA CANALES
Y ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA
Con el debido respeto por la posición de nuestros colegas magistrados, emitimos
el presente voto por las siguientes consideraciones.
ASUNTO
rso de agravio constitucional interpuesto por don Hugo Humberto Camacho
ra la resolución de fojas 82, de fecha 16 de marzo de 2016, expedida por la
a Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, que declaró improcedente la
manda.
ANTECEDENTES
Demanda
Con fecha 18 de junio de 2013, don Hugo Humberto Camacho Araya interpone
demanda de habeas data contra doña Laura Pilar Díaz Ugas, en su calidad de secretaria
general y funcionaria responsable de la entrega de información pública del Instituto
Nacional Penitenciario. Solicita que, en virtud de su derecho de acceso a la información
pública, se le entregue copia de la ficha de calificación emitida por la Junta de
Calificación del Establecimiento Penitenciario de Lurigancho, a nombre de don Juan
Carlos Camacho Riera (ref.: Resolución Directoral 098-2015-INPE/24, artículo 2).
Manifiesta que, mediante el documento de fecha 15 de mayo de 2013 y la
reiteración de fecha 27 de mayo de 2013, solicitó la información requerida, sin que su
pedido obtuviera una respuesta.
Contestación de la demanda
Con fecha 28 de agosto de 2013, la emplazada contesta la demanda solicitando
que sea declarada improcedente, ya que la información solicitada tiene carácter de
confidencial; más aún, si se tiene en cuenta que el único habilitado para requerirla es el
propio interno u otras personas, pero con el consentimiento expreso de este. Esta
situación no se ha presentado en el caso concreto.
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Resolución de primera instancia o grado
El Décimo Juzgado Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima,
mediante la Resolución 4, de fecha 17 de marzo de 2014, resuelve declarar infundada la
demanda arguyendo que la información solicitada tiene el carácter de confidencial. Por
ello, el único que podrá solicitarla es el interno u otras personas, pero con el
co(cid:9) i ento expreso del propio interno. Esta situación no se ha presentado en el caso
irnse(cid:9) ,
olución de segunda instancia o grado
rsto0i0i0(cid:9) 0-
Mediante la resolución de fecha 16 de marzo de 2016, la Quinta Sala Civil de la
Corte Superior de Justicia de Lima resuelve revocar la apelada y, reformándola, declara
improcedente la demanda. Considera que, al no aparecer algún poder otorgado por don
Juan Carlos Camacho Riera a favor del demandante, este no puede acceder a la
información solicitada debido a su carácter confidencial.
FUNDAMENTOS
Delimitación del petitorio
1. A través del presente proceso, el demandante solicita que, en virtud de su derecho
de acceso a la información pública, se le otorgue la ficha de calificación emitida por
la Junta de Calificación del Establecimiento Penitenciario de Lurigancho, a nombre
de don Juan Carlos Camacho Riera (ref.: Resolución Directoral 098-2015-INPE/24,
artículo 2).
Análisis del caso concreto
2. El habeas data es un proceso constitucional que tiene por objeto la protección de
los derechos reconocidos en los incisos 5 y 6 del artículo 2 de la Constitución
Política del Perú, según los cuales toda persona tiene derecho a lo siguiente:
5. A solicitar sin expresión de causa la información que requiera y a recibirla de
cualquier entidad pública, en el plazo legal, con el costo que suponga el pedido.
Se exceptúan las informaciones que afectan la intimidad personal y las que
expresamente se excluyan por ley o por razones de seguridad nacional.
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6. A que los servicios informáticos, computarizados o no, públicos o privados,
no suministren informaciones que afecten la intimidad personal y familiar.
e autos, consideramos que lo solicitado no representa información que
incursa en alguna de las causales de excepción establecidas en el Texto
enado de la Ley 27806, "Ley de Transparencia y Acceso a la
rmación Pública". Así, si bien en el inciso 5 del artículo 17 de dicho dispositivo
egal se dispone que el derecho de acceso a la información pública no podrá ser
ejercido respecto de "[...] información referida a los datos personales cuya
publicidad constituya una invasión de la intimidad personal y familiar", la
información solicitada no se encuentra comprendida en tal supuesto, ya que no
constituye una intromisión ilegítima en el ámbito personal o familiar del interno.
Por el contrario, en la ficha de calificación que el recurrente obtuviera
anteriormente respecto del mismo interno en el año 2011, otorgada por la Junta
Técnica de Clasificación E. T. Lima del Módulo de Carceleta (fojas 38), se observa
que este documento solo contiene información básica referida a sus generales de
ley, a su condición jurídica y a su clasificación social y psicológica, la cual en
modo alguno puede ser considerada información de carácter confidencial que viole
su derecho a la intimidad personal o familiar. Así, la negativa de la demandada a
otorgar dicha información representa una manifiesta vulneración de derecho al
acceso a la información pública, por lo que la demanda debe ser estimada.
4. Finalmente, en atención a que la vulneración del citado derecho constitucional se
encuentra acreditada, corresponde ordenar que la demandada asuma el pago de los
costos procesales en atención a lo dispuesto por el artículo 56 del Código Procesal
Constitucional.
Por estos fundamentos, consideramos que el fallo debería ser el siguiente:
1. Declarar FUNDADA la demanda de habeas data de autos al haberse acreditado la
violación del derecho de acceso a la información pública. En consecuencia, ordenar
a la emplazada entregar copia de la ficha de calificación emitida por la Junta de
Calificación del Establecimiento Penitenciario de Lurigancho, a nombre de don
Juan Carlos Camacho Riera (ref.: Resolución Directoral 098-2015-INPE/24,
artículo 2), previo pago del costo de reproducción de la información requerida.
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2. ORDENAR el pago de costos a favor del recurrente, los que deber. • er liquidados
y abonados en ejecución de sentencia del presente proceso de hab as gata.
SS.
BLUME FORTINI
MIRANDA CANALE
ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA
PONENTE MIRANDA CANALES]
j
Lo que certifico:
jr--- 4,/
Flavio Reátegui paza
Secretario Relator
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VOTO SINGULAR DE LOS MAGISTRADOS SARDÓN DE TABOADA Y
FERRERO COSTA
Con el debido respeto por la posición asumida por nuestro colega magistrado,
consideramos que la demanda debe ser declarada INFUNDADA por las siguientes
consideraciones:
Delimitación del petitorio
1. El demandante interpone demanda de habeas data y solicita que, en virtud de su
derecho de acceso a la información pública, el Instituto Nacional Penitenciario le
entregue copia de la Ficha de clasificación emitida por la Junta de Calificación del
Establecimiento Penitenciario Lurigancho, a nombre de don Juan Carlos Camacho
Riera (Ref: Resolución Directoral 098-2015-INPE/24: Art. 2).
Procedencia de la demanda
2. Tal como se advierte en la ponencia, el demandante ha cumplido con el requisito de
procedibilidad previsto en el artículo 62 del Código Procesal Constitucional,
conforme se aprecia de autos (folio 3).
Análisis de la controversia
3. La ficha de clasificación emitida por la Junta Calificadora del Establecimiento
Penitenciario de Lurigancho a nombre de don Juan Carlos Camacho Riera contiene
información relativa al estado psicológico y evaluación social de su titular (número
de hijos, religión que profesa) que, dada su naturaleza, se encuentra protegida por el
derecho a la intimidad personal.
4. Se trata de información de carácter personal de don Juan Carlos Camacho Riera
sobre la que tiene derecho a controlar su uso y revelación en virtud de su derecho a
la autodeterminación informativa, por lo que no se encuentra dentro del campo del
derecho de acceso a la información pública, conforme a la excepción señalada en el
artículo 17, inciso 5 del Texto Único Ordenado de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública, aprobado por Decreto Supremo 043-2003-PCM.
n
5. A mayor abundamiento, el artículo 13 del Reglamento del Código de Ejecución
Penal, aprobado mediante Decreto Supremo 015-2003-JUS, consagra lo siguiente:
Artículo 13.- La información o datos contenidos en las fichas de identificación
penológica y expedientes personales de internos sujetos a penas privativas y penas
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limitativas de derechos, gozan de la garantía de la confidencialidad, salvo orden
judicial.
Por estos fundamentos, votamos porque se declare INFUNDADA la demanda.
SS.
SARDÓN DE TABOADA
FERRERO COSTA
Lo que certifico:
Flavio Reátegui Apaza
Secretario Relator
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VOTO SINGULAR DE LA MAGISTRADA LEDESMA NARVÁEZ
Con el debido respeto por la decisión de mis colegas magistrados, en el presente caso
disiento de la posición de emitir sentencia estimatoria, pues, al igual que los magistrados
Sardón de Taboada y Ferrero Costa, considero que debe declararse infundada la demanda.
Mis fundamentos son los siguientes:
1. El recurrente interpone demanda de habeas data contra doña Laura Pilar Díaz Ugas, en
su calidad de secretaria general y funcionaria responsable de la entrega de información
pública del Instituto Nacional Penitenciario. Solicita que, en virtud de su derecho de
acceso a la información pública, se le entregue copia de la Ficha de Calificación emitida
por la Junta de Calificación del Establecimiento Penitenciario Lurigancho, a nombre de
don Juan Carlos Camacho Riera (Ref: Resolución Directoral 098-2015-INPE/24: Art. 2).
2. De conformidad con lo dispuesto en el inciso 5, del artículo 2 de la Constitución
Política, toda persona tiene derecho a solicitar sin expresión de causa la información que
requiera y a recibirla de cualquier entidad pública, a excepción de aquellas que afecten la
intimidad personal y las que expresamente se excluyan por ley o por razones de
seguridad nacional. Por su parte, el artículo 6 del mismo artículo constitucional recoge el-
derecho que tiene toda persona a que los servicios informáticos, computarizados o no,
públicos o privados, no suministren informaciones que afecten la intimidad personal y
familiar.
3. Por otro lado, el artículo 13 del Decreto Supremo 015-2003-JUS, Reglamento del
Código de Ejecución Penal establece que "La información o datos contenidos en las
fichas de identificación penológica y expedientes personales de internos sujetos a penas
privativas y penas limitativas de derechos, gozan de la garantía de la confidencialidad,
salvo orden judicial."
Además, el artículo 14 del mismo reglamento señala que "Los datos de carácter personal
de los internos que hayan sido recabados para determinar su tratamiento penitenciario,
podrán ser entregados al interno o podrán ser difundidos a otras personas con su
consentimiento expreso y por escrito...".
4. En el caso de autos, el documento al que pretende tener acceso el actor contiene
información relativa a la evaluación psicológica y social de su titular, y otras que
encuentran protegidas por el derecho a la intimidad. Además, en autos no obra
documento alguno del que conste que el recurrente se encuentra autorizado para acceder
a dicha información.
Por tales fundamentos, mi voto es porque se declare INFUNDADA la demanda
S. Lo que certifico:
LEDESMA NAR AEZ
Flavio Reátegui Apaza
Secretario Relator
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• 4,001CA
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VOTO SINGULAR DEL MAGISTRADO RAMOS NÚÑEZ
Con el debido respeto por la posición asumida por mis colegas magistrados, considero
f qu e el recurso de agravio constitucional debe ser declarado IMPROCEDENTE por las
consideraciones que a continuación expongo:
En la sentencia emitida en el Expediente 00987-2014-PA/TC, publicada en el diario
oficial El Peruano el 29 de agosto de 2014, este Tribunal estableció, en el fundamento
49, con carácter de precedente, que se expedirá sentencia interlocutoria denegatoria,
dictada sin más trámite, cuando concurra alguno de los siguientes supuestos, que
igualmente están contenidos en el artículo 11 del Reglamento Normativo del Tribunal
Constitucional, los cuales se presentan cuando:
a) Carezca de fundamentación la supuesta vulneración que se invoque.
b) La cuestión de Derecho contenida en el recurso no sea de especial trascendencia
constitucional.
e) La cuestión de Derecho invocada contradiga un precedente del Tribunal
Constitucional.
d) Se haya decidido de manera desestimatoria en casos sustancialmente iguales.
En el presente caso, se evidencia que el recurso de agravio no está referido a una
cuestión de Derecho de especial trascendencia constitucional. Al respecto, un recurso
carece de esta cualidad cuando no está relacionado con el contenido
constitucionalmente protegido de un derecho fundamental; cuando versa sobre un
asunto materialmente excluido del proceso de tutela de que se trata; o, finalmente,
cuando lo pretendido no alude a un asunto que requiere una tutela de especial urgencia.
Expresado de otro modo, y teniendo en cuenta lo precisado en el fundamento 50 de la
sentencia emitida en el Expediente 00987-2014-PA/TC, una cuestión no reviste especial
trascendencia constitucional en los siguientes casos: (1) si una futura resolución del
Tribunal Constitucional no soluciona algún conflicto de relevancia constitucional, pues
no existe lesión que comprometa el derecho fundamental involucrado o se trata de un
asunto que no corresponde resolver en la vía constitucional; o (2) si no existe necesidad
de tutelar de manera urgente el derecho constitucional invocado y no median razones
subjetivas u objetivas que habiliten a este órgano colegiado para emitir un
pronunciamiento de fondo.
En el presente caso, el recurso de agravio constitucional carece de relevancia
constitucional porque lo alegado no está relacionado con el contenido
constitucionalmente protegido del derecho fundamental invocado.
1,Pued"'24,40
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En efecto, el recurrente solicita que el Instituto Nacional Penitenciario le haga entrega
de la ficha de clasificación emitida por la Junta Calificadora del Establecimiento
Penitenciario de Lurigancho a nombre de don Juan Carlos Camacho Riera. Sin
embargo, lo solicitado es inconducente porque la ficha en cuestión contiene
información relativa al estado psicológico y evaluación social de su titular que, dada su
naturaleza, se encuentra protegida por el derecho a la intimidad personal.
Se trata, pues, de información de carácter personal de don Juan Carlos Camacho Riera,
sobre la que tiene derecho a controlar su uso y revelación, en virtud de su derecho a la
autodeterminación informativa, por lo que no se encuentra dentro del campo del
derecho de acceso a la información pública, conforme a la excepción señalada en el
inciso 5 del artículo 17 del Texto Único Ordenado de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública.
En consecuencia, en el caso de autos, se verifica que el presente recurso de agravio ha
incurrido en la causal de rechazo prevista en el acápite b) del fundamento 49 de la
sentencia emitida en el Expediente 00987-2014-PA/TC y en el inciso b) del artículo 11
del Reglamento Normativo del Tribunal Constitucional. Por esta razón, corresponde
declarar, sin más trámite, improcedente el recurso de agravio constitucional.
Lo que certifico:
Flavio Reátegui Apaza
Secretario Relator
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