TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
EXP. N.° 03334-2016-PA/TC
LIMA
RICARDO MONT LING
RAZÓN DE RELATORÍA
Lima, 9 de julio de 2018
La resolución recaída en el Expediente N.° 03334-2016-PA/TC es aquella
conformada por el voto del magistrado Espinosa-Saldaña Barrera, el voto conjunto de
los magistrados Miranda Canales y Ledesma Narváez, que concuerda con el voto del
magistrado Espinosa-Saldaña Barrera y el voto del magistrado Ramos Núñez, quienes
coinciden en declarar INFUNDADA la demanda de amparo.
Va acompañada también del voto conjunto en minoría de los magistrados Blume
Fortini, Sardón de Taboada y Ferrero Costa, que declaran FUNDADA la demanda de
amparo.
S.
/44.
Fla eát ui paza
Secretario Relator
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RICARDO MONT LING
VOTO SINGULAR DEL MAGISTRADO ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA
Con el debido respeto a mis colegas magistrados me aparto de la ponencia por las
siguientes razones:
1. Distinguir entre lo que corresponde a una discusión constitucional de cualquier
otro debate jurídico no siempre resulta fácil. El fenómeno de la
constitucionalización del Derecho ha tenido entre sus efectos que los derechos
fundamentales no sean solo materia de procesos constitucionales sino que se
deban aplicar en todo proceso y en toda actuación de autoridad. Es así que en un
proceso ordinario, como puede ser el proceso penal, se pueden presentar
aspectos que tienen consecuencias constitucionales, mas no toda discusión penal
corresponde ser discutida en un proceso constitucional.
2. Este Tribunal debe recordar que el amparo contra resoluciones judiciales no
puede ser un mecanismo donde se vuelva a reproducir una controversia resuelta
por las instancias o grados de la jurisdicción ordinaria y que convierta al juez
constitucional en una instancia o grado más de esa judicatura, pues, como se
tiene indicado, "la resolución de controversias surgidas de la interpretación y
aplicación de la ley es de competencia del Poder Judicial; siempre (...) que esa
interpretación y aplicación de la ley se realice conforme a la Constitución y no
vulnere manifiestamente el contenido constitucionalmente protegido de un
derecho fundamental" (cfr. Expediente 3179-2004-AA/TC, fundamento 21).
3. En este caso concreto el recurrente señala que se desestimó una excepción de
improcedencia de acción sin hacer referencia a las razones por las cuales se
comprendería que el señor Mont Ling no habría participado de los hechos
imputados. De otro lado, la parte demandada señala que la defensa de Mont
Ling se orientó principalmente a demostrar que no contaba con responsabilidad
penal, lo cual correspondía ser dilucidado en el juicio oral.
4. Como puede apreciarse, esta controversia surge a partir de la comprensión que
se da a la excepción de improcedencia de acción, su finalidad y, a partir de ello,
cuales son los argumentos que pueden plantearse en torno a dicha excepción.
5. Al respecto, este Tribunal ha señalado que la llamada excepción de
improcedencia de acción "(...) procede cuando el hecho denunciado no
constituye delito o no es justiciable penalmente. Es un medio de defensa técnico
que tiene por finalidad discutir la relevancia penal del hecho que se imputa, de
manera previa a cualquier actividad probatoria; y, en el caso de que dicha
excepción sea amparada por el órgano jurisdiccional, el proceso penal en el que
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se deduzca se dará por concluido, archivándose definitivamente la causa." (cfr.
Expediente 3019-2011-PHC/TC, fundamento 7).
6. En ese sentido, se trata de una excepción que no existe para reemplazar el
examen de fondo que corresponderá para absolver o condenar, sino que se
orienta básicamente a demostrar cosas: a) que el hecho no constituye delito, o,
b) que el hecho no es justificable penalmente.
7. Se tiene entonces que el análisis judicial requerido en sede ordinaria para
admitir o no la excepción de improcedencia de acción es básicamente un análisis
orientado a la subsunción de hechos en categorías de Derecho penal
determinadas por la ley. En ese sentido, no corresponde al juez constitucional
corroborar una correcta aplicación de dichas categorías, sino establecer un
adecuado control de la motivación empleada al momento de emitir el
pronunciamiento sometido a su análisis.
8. Del análisis de las resoluciones 12 del Segundo Juzgado de Investigación
preparatoria especializado en delitos cometidos por funcionarios públicos, y 4,
de la Sala Penal de Apelaciones especializada en delitos cometidos por
funcionarios públicos, se desprende que los órganos judiciales no han dejado de
atender los argumentos del recurrente, sino que más bien han estimado que estos
se encontraban dirigidos a cuestionar el fondo del caso penal, antes que a
desestimar la excepción. Al tratarse de una excepción en la que se discute la
relevancia, sin duda ello llevará a tener alguna consideraciones preliminares
sobre el caso, mas ello no implica adelantar la discusión que se tendrá más
adelante. Por tanto, en mi opinión lo resuelto en forma puntual, para efectos de
la excepción, es motivación suficiente para continuar con el proceso.
9. Ahora bien, no pasa desapercibido para este Tribunal que en el proceso
subyacente ya se ha absuelto a los demás implicados, por tanto, es imperativo
remitir lo actuado en esta sede para que se defina rápidamente la situación
jurídica del recurrente.
10. Por las razones que aquí he expuesto, voto para que la causa sea declarada
INFUNDADA.
S.
Ves- v
ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA
Lo
que certifico:
avio Reátegui Apaza
Secretario Relator
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'Q CA D&L
c<;.;
(cid:9)
a
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RICARDO MONT LING
VOTO SINGULAR DE LOS MAGISTRADOS MIRANDA CANALES Y
LEDESMA NARVÁEZ
En el presente caso, con el debido respeto por la opinión expresada por mis colegas
magistrados, concordarnos con los fundamentos y el fallo del voto del magistrado
Espinosa-Saldaña Barrera; por lo tanto, consideramos que la presente demanda de
amparo, debe ser declarada INFUNDADA.
S.
CANALES
A NARVÁEZ
Lo que certifico:
avio Reátegui Apaza
Secretario Relator
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VOTO SINGULAR DEL MAGISTRADO RAMOS NÚÑEZ
Con el debido respeto por la posición adoptada por mis colegas magistrados, emito el
presente voto singular expresando las razones que me llevan a considerar que la
presente demanda debe ser declarada INFUNDADA.
En el caso de autos al demandante, don Ricardo Mont Ling, en su calidad de gerente
general del Consorcio DH MONT & CG&M SAC que tuvo a su cargo la obra
"Remodelación y Reforzamiento de la Infraestructura Educativa de la I.E. 1070 —
Melitón Carbajal", se le inició, junto con otras personas, proceso penal por la presunta
comisión del delito de negociación incompatible (Exp. 00033-2012-4-1826-JR-PE-02)
por supuestamente haber aprobado de forma irregular un adicional de obra. De manera
específica, se le imputó haber suscrito una carta solicitando la referida aprobación.
Ante ello, dentro del proceso penal, el ahora recurrente interpuso una excepción de
improcedencia de acción cuestionando lo irrelevante de su participación en el presunto
hecho delictivo debido a que la sustentación técnica del adicional de obra fue esgrimida
por el ingeniero residente de la obra, el ingeniero supervisor de ésta y los demás
técnicos designados por el Ministerio de Educación. Desde su perspectiva, no
correspondía incluirlo en el proceso penal debido a que su intervención en los hechos se
limitó a realizar el traslado de un pedido que ya habían decidido los especialistas
competentes a cargo de la obra.
Dicha excepción de improcedencia de acción fue desestimada por el Segundo Juzgado
de Investigación Preparatoria Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios
Públicos de Lima mediante la Resolución 12, de fecha 9 de octubre de 2013, por
considerar que los argumentos vertidos por don Ricardo Mont Ling estaban dirigidos
más bien a demostrar su responsabilidad penal en los hechos que se le imputan, lo cual,
debía ser dilucidado en el seno del proceso penal. A su turno, mediante Resolución 4, de
fecha 21 de febrero de 2014, la Sala Penal de Apelaciones Especializada en Delitos
cometidos por Funcionarios Públicos de la Corte Superior de Lima confirmó la decisión
de desestimar la excepción promovida por el recurrente.
Contra estas dos resoluciones judiciales el demandante interpuso la presente demanda
de amparo señalando que las mismas vulneran su derecho al debido proceso puesto que,
a pesar de no ser ingeniero o arquitecto, se le ha denunciado tan solo por ser gerente del
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RICARDO MONT LING
Consorcio DH MONT & CG&M SAC, y que los órganos jurisdiccionales demandados
no han señalado de manera específica si es que es posible imputarle o no
responsabilidad penal en los hechos denunciados.
En el trámite del amparo, en primera instancia el Quinto Juzgado Especializado en lo
Constitucional mediante Resolución de fecha 25 de mayo de 2015 concedió al
demandante una medida cautelar ordenando la suspensión del trámite del proceso penal
(Exp. 00033-2012-4-1826-JR-PE-02) tan solo respecto de don Ricardo Mont Ling.
**
Como se puede apreciar, los cuestionamientos del recurrente, tal y como se desprende
de su demanda, están circunscritos a objetar que, tanto el Segundo Juzgado de
Investigación Preparatoria Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios
Públicos como la Sala Penal de Apelaciones Especializada en Delitos cometidos por
Funcionarios Públicos de la Corte Superior de Lima, omitieron, en el marco de la
excepción de improcedencia de acción que promovió, pronunciarse sobre si era posible
o no su participación penal en los presuntos hechos delictivos y el grado de la misma.
Sin embargo, cabría cuestionarse si es que en el marco de la excepción propuesta por el
recurrente era posible que los órganos jurisdiccionales demandados se pronunciasen
sobre el grado de la responsabilidad penal de don Ricardo Mont Ling.
En la sentencia de fondo que resuelve el caso de autos se concluye que los órganos
jurisdiccionales si estaban en la facultad de llegar a tales determinaciones en base a dos
sustentos: primero, porque el recurrente planteó su excepción de improcedencia
precisamente exponiendo dichos argumentos (los referidos a su no responsabilidad
penal) y, segundo, porque se afirma que el Tribunal Constitucional en la sentencia
recaída en el Expediente 03019-2011-PHC/TC estableció que la excepción de
improcedencia de acción tenía como fin poner a discusión la relevancia penal del hecho.
En cuanto al primer sustento antes referido, considero que no es preciso señalar que un
órgano jurisdiccional se encuentra habilitado para pronunciarse sobre cualquier aspecto
tan solo porque quien activa un mecanismo de defensa previa en el proceso penal así lo
cuestiona. En efecto, más allá de lo que un procesado pueda plantear como medio de
defensa previa, lo cierto es que el órgano jurisdiccional conserva su competencia para
dilucidar si lo planteado puede ser discutido en detenninada fase del proceso penal o no
atendiendo a la normativa procesal pertinente.
011111».
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En cuanto al segundo sustento, resulta útil recordar lo que en los fundamentos 7 y 8 del
Expediente 03019-2011-PHC/TC sostuvo la Sala Primera de este Tribunal:
"7. La excepción de naturaleza de acción, conforme al artículo 5° del Código de
Procedimientos Penales, procede cuando el hecho denunciado no constituye delito o no
es justiciable penalmente. Es un medio de defensa técnico que tiene por finalidad
discutir la relevancia penal del hecho que se imputa, de manera previa a cualquier
actividad probatoria; y en caso de que dicha excepción sea amparada por el órgano
jurisdiccional, el proceso penal en el que deduzca se dará por concluido, archivándose
definitivamente la causa.
8. En un proceso penal al momento de dictarse sentencia condenatoria, uno de los
aspectos que son evaluados por el órgano jurisdiccional es la relevancia penal del hecho
(lo que puede ser discutido de manera previa mediante la excepción de naturaleza de
acción). Por ello, en caso de que no se hubiese deducido la referida excepción, la
relevancia penal del hecho imputado es analizada en la sentencia condenatoria así como
en la confirmatoria."
De lo anteriormente referido se pueden desprender al menos tres consideraciones que
considero elementales:
1) La excepción de improcedencia de acción, en el marco del proceso penal, es un
medio de defensa técnica cuyo fin es discutir la relevancia penal del hecho
imputado —cosa distinta de la responsabilidad penal de éste— de manera previa a
cualquier actividad probatoria.
2) En caso de ampararse la excepción de improcedencia de acción, el proceso penal
será archivado.
3) La relevancia penal del hecho imputado es un aspecto que puede ser discutido tanto
al interior del proceso penal en sí, como de manera previa en la excepción de
naturaleza de acción.
En consecuencia, se puede apreciar que, dado que al momento de discutir una excepción
de improcedencia de acción, no se ha llevado todavía en el proceso penal actividad
probatoria alguna, el ámbito de análisis por parte del órgano jurisdiccional en esta fase
es sumamente limitado como para discutir, por ejemplo, la relevancia y el grado de la
participación de un imputado en un presunto hecho delictivo. Este aspecto, con mayor
holgura, puede ser discutido al interior del mismo proceso penal, tal y como lo ha
dejado explícitamente señalado el fundamento 8 de la sentencia recaída en el
Expediente 03019-2011-PHC/TC anteriormente citado.
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Así las cosas, cuestiones como si el demandante aprobó de manera irregular el adicional
de obra; si la suscripción de la carta solicitando dicha aprobación constituía o no ilícito
penal, o si trasladar un pedido decidido previamente por los técnicos competentes
resultaba punible o no, son aspectos que efectivamente pueden —y de hecho deben—
merecer un ámbito de discusión con actividad probatoria más amplia como es el propio
proceso penal.
Sobre esta cuestión, la Resolución 4, de fecha 21 de febrero de 2014, expedida por la
Sala Penal de Apelaciones Especializada en Delitos cometidos por Funcionarios
Públicos de la Corte Superior de Lima confirmó que los señalamientos esgrimidos por
el actor en su excepción de improcedencia de acción no constituían objeciones de índole
formal sobre la imputación penal, sino que se trataban de alegatos de defensa sobre el
fondo de la acusación fiscal. Al respecto, en la referida Resolución 4 se señaló lo
siguiente:
"41. Los agravios expuestos por la defensa del recurrente, plasmados en su recurso de
apelación y lo expuesto en audiencia en esta instancia, están orientados a demostrar su
no responsabilidad penal en los hechos, al señalar que la única participación de Mont
Ling es el haber formalizado la solicitud de ampliación de presupuesto adicional por el
cambio de materiales en el techo y piso del gimnasio del IE "Melitón Carvajal", no
habiendo participado en el trámite para este cambio el cual fue gestado por el ingeniero
residente, siendo su conducta neutra penalmente. Alegaciones que no pueden ser
materia de análisis en una excepción como las que nos ocupa, compartiendo en este
extremo la argumentación del sao Juez de la Investigación Preparatoria."
***
En virtud de lo anteriormente expuesto, considero que la demanda debe declararse
INFUNDADA dado que no advierto una indebida motivación en las resoluciones que
desestimaron la excepción de improcedencia de acción interpuesta por el recurrente en
el marco del proceso penal que se le sigue por la presunta comisión del delito de
negociación incompatible.
Ahora bien, es preciso tener en cuenta que mediante escrito de 12 de diciembre de 2017,
el recurrente informó a este Tribunal sobre la Casación 067-2017-LIMA, de fecha 11 de
julio de 2017, mediante la cual la Segunda Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema
resolvió de manera definitiva el proceso penal absolviendo a todos los procesados,
autores y cómplices.
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En la referida casación no se evalúa la situación del ahora demandante debido a la
medida cautelar que lo excluyó del proceso penal. Esto, sin embargo, no quiere decir
que de manera automática este Tribunal aplique los efectos de aquella decisión al
recurrente, sino que, al ser infundada la demanda —desde mi punto de vista—
corresponde que el proceso penal continúe desde el estado anterior en que se dictó la
referida medida cautelar y determinarse, de ser el caso y con el elemento de la Casación
067-2017-LIMA, la absolución del demandante.
Lima, 17 de abril de 2018
Lo que certifico:
/-
/G.7(f.
Flávio Reátegui Apaza
Secretario Relator
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VOTO DE LOS MAGISTRADOS BLUME FORTINI, SARDÓN DE TABOADA
Y FERRERO COSTA
Con el debido respeto por la posición de nuestros colegas magistrados, emitimos el
siguiente voto, que se sustenta en las siguientes consideraciones:
ASUNTO
Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Ricardo Mont Ling contra la
resolución de fojas 529, de 3 de diciembre de 2015, expedida por la Quinta Sala Civil
de la Corte Superior de Justicia de Lima, que declaró improcedente su demanda de
amparo.
ANTECEDENTES
El 22 de mayo de 2014, el señor Ricardo Mont Ling interpone demanda de amparo
contra los jueces superiores integrantes de la Sala Penal de Apelaciones Especializada
en Delitos cometidos por Funcionarios Públicos de la Corte Superior de Justicia de
Lima, señores Guillermo Piscoya, Castañeda Otsu, y Saquicuray Sánchez y contra el
juez del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria Especializado en Delitos
Cometidos por Funcionarios Públicos de Lima, señor León Velasco, solicitando que se
deje sin efecto: i) la Resolución 12, de 9 de octubre de 2013, expedida por el juzgado,
que declaró infundada su excepción de improcedencia de acción; y ii) la Resolución 4,
de 21 de febrero de 2014, expedida por la Sala Penal, que confirmó la desestimatoria de
su excepción.
Sostiene que, en su calidad de gerente general, representó al Consorcio DH MONT &
CG&M SAC, que tuvo a su cargo la obra "Remodelación y reforzamiento de la
Infraestructura Educativa de la I. E. 1070 Melitón Carbajal", iniciándosele proceso
penal por la comisión del delito de negociación incompatible (Exp. 033-2012), por
aprobar, supuestamente de manera irregular, un adicional de obra. Se le imputó haber
suscrito una carta solicitando dicha aprobación; sin embargo, los órganos judiciales no
consideraron que la sustentación técnica del adicional estuvo a cargo del ingeniero
residente de obra, del ingeniero supervisor de obra y de los técnicos designados por el
Ministerio de Educación, quienes en conjunto acordaron la conveniencia técnica del
cambio de la cobertura del techo y el piso de parqué del gimnasio. Así, su intervención
solo consistió en trasladar un pedido decidido previamente por ingenieros y
especialistas competentes.
Por ello, atendiendo a la irrelevancia penal de su participación, promovió
excepción de
improcedencia de acción,
la cual fue desestimada en primer y segundo grado por los
órganos judiciales demandados, al considerar que sus argumentos estaban dirigidos a
demostrar su no responsabilidad penal en los hechos imputados, y se referían a temas de
fondo que correspondían dilucidar en el juicio oral; decisiones que, a su entender
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vulneran su derecho al debido proceso, toda vez que, pese a no ser ingeniero
óarquitecto, se le denunció por el simple hecho de ser gerente del consorcio, sin
expresarse consideración alguna sobre si era posible o no imputarle responsabilidad
penal.
El procurador público encargado de los asuntos judiciales del Poder Judicial, con escrito
de 7 de agosto de 2014 (fojas 151), contestó la demanda argumentando que la
pretensión del recurrente busca desnaturalizar el objeto del amparo al reabrir el debate
sobre lo que ha sido materia de las resoluciones judiciales cuestionadas.
El juez demandado Segismundo Israel León Velasco, con escrito de 8 de agosto de
2014, (fojas 162), contestó la demanda argumentando que la resolución expedida por su
despacho se encuentra debidamente motivada.
El Quinto Juzgado Especializado en lo Constitucional de Lima, con resolución de 30 de
enero de 2015 (fojas 448), declaró fundada la demanda, al considerar que realizar un
pedido ante una entidad estatal no constituye delito alguno; y que la Sala Penal eludió
evaluar dicho argumento, afectando los derechos del recurrente a la debida motivación
de las resoluciones judiciales y a la defensa. Posteriormente, con resolución de 25 de
mayo de 2015, dicho órgano judicial concedió medida cautelar suspendiendo, solo a
favor del señor Mont Ling, el trámite del proceso penal (Exp. 033-2012).
A su turno, la Sala Penal de Apelaciones Especializada en Delitos cometidos por
Funcionarios Públicos de la Corte Superior de Justicia de Lima, con resolución de 3 de
diciembre de 2015 (fojas 529), declaró improcedente la demanda, al considerar que el
amparo no debe servir de pretexto para someter a un nuevo examen las cuestiones de
fondo ya decididas por los jueces penales ordinarios.
FUNDAMENTOS
Delimitación del petitorio
1.
El objeto de la demanda de amparo es dejar sin efecto: i) la Resolución 12, de 9 de
octubre de 2013 (fojas 11), expedida por el juzgado, que declaró infundada la
excepción de improcedencia de acción; y ii) la Resolución 4, de 21 de febrero de
2014 (fojas 3), que confirmó la desestimatoria de la excepción propuesta por el
recurrente.
2.
Expuestas así la pretensiones, consideramos necesario determinar, a la luz de los
hechos expuestos en la demanda y de los recaudos que obran en ella, si se ha
vulnerado el derecho al debido proceso y, más específicamente, el derecho a la
debida motivación de las resoluciones judiciales, por haberse desestimado la
excepción de improcedencia de acción del recurrente, sin que se haya expresado
consideración alguna sobre si era posible o no imputarle responsabilidad penal,
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máxime si no era ingeniero o arquitecto, y se le denunció por el simple hecho de ser
gerente del consorcio.
Sobre la vulneración del derecho a la debida motivación de las resoluciones
judiciales
3. Este Tribunal Constitucional ha señalado que el derecho a la debida motivación de
las resoluciones judiciales garantiza que las resoluciones judiciales no se deriven
del mero capricho de los jueces, sino del ordenamiento jurídico y de la información
veraz que alcancen las partes (Sentencia recaída en el Expediente 02786-2013-
PA/TC, fundamento 8 y Expediente 08259-2013-PA/TC, fundamento 6).
4. Al señor Ricardo Mont Ling se le inició proceso penal (Exp. 033-2012), por la
presunta comisión del delito de negociación incompatible. A ello, le siguió la
interposición de una excepción de improcedencia de acción, la cual fue desestimada
en primer y segundo grado por los órganos judiciales demandados, sin que se haya
expresado consideración alguna sobre si era posible o no imputarle responsabilidad
penal.
5. A fojas 11 obra la resolución 12, de 9 de octubre de 2013, expedida por el juzgado,
que declaró infundada la excepción de improcedencia de acción; y a fojas 3 la
resolución 4, de 21 de febrero de 2014, expedida por la Sala Penal, que confirmó la
desestimatoria de la excepción propuesta. Éstas se sustentan en que los argumentos
del señor Mont Ling estaban dirigidos a demostrar su no responsabilidad penal en
los hechos imputados y se referían a temas de fondo que correspondían ser
dilucidados en el juicio oral.
6.
Sin embargo, las resoluciones judiciales cuestionadas nada dicen respecto a la
participación del señor Mont Ling en los hechos imputados, esto es, si aprobó de
manera irregular el adicional de obra; si la suscripción de la carta solicitando dicha
aprobación constituía o no ilícito penal; si trasladar un pedido decidido previamente
por ingenieros y especialistas competentes era un hecho punible o no, etc.
7.
Los órganos judiciales demandados se encontraban habilitados para analizar las
situaciones descritas, pues el señor Mont Ling planteó su excepción de
improcedencia de acción precisamente exponiendo dichos argumentos.
8.
Por demás, la jurisprudencia constitucional también habilitaba un análisis de fondo
de los argumentos planteados por el señor Mont Ling. En efecto, el Tribunal
Constitucional, en la sentencia recaída en el Expediente 03019-2011-PHC/TC,
estableció que la excepción de improcedencia de acción tiene por finalidad discutir
v/k
la relevancia penal del hecho. Al dictarse sentencia condenatoria, uno de los
aspectos que son evaluados por el órgano judicial es la relevancia penal del hecho
000LICA.P..tp,tv
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(lo que puede ser discutido de manera previa mediante la excepción de naturaleza
de acción).
9. Así las cosas, se ha vulnerado el derecho a la debida motivación de las resoluciones
judiciales del señor Mont Ling, puesto que su excepción de improcedencia de
acción fue resuelta sin tener en cuenta la información proporcionada por las partes,
y tampoco el ordenamiento jurídico aplicable (más precisamente, la jurisprudencia
constitucional).
Medida cautelar dictada en el amparo y casación final emitida en el proceso penal
subyacente (Exp. 033-2012)
10. En la tramitación del presente amparo, el Quinto Juzgado Especializado en lo
Constitucional de Lima, con resolución de 25 de mayo de 2015,
concedió medida
cautelar
suspendiendo, solo a favor del señor Ricardo Mont Ling, el trámite del
proceso penal seguido en su contra como cómplice primario del delito de
negociación incompatible.
11.
De este modo, en acatamiento de dicha decisión judicial, el proceso penal siguió su
trámite con los señores Jorge Luis Núñez Smith, y Jorge Luis Vergel Polo en
calidad de autores de los delitos de negociación incompatible, omisión de actos
funcionales, omisión de consignar declaraciones de documentos; y los señores
Carlos Alberto Foronda y Miguel Alcides Saldaña Rojas como
cómplices primarios
del delito de negociación incompatible.
12.
Mediante escrito de 12 de diciembre de 2017 el señor Mont Ling remite a este
Tribunal Constitucional la Casación 067-2017, de 11 de julio de 2017, expedida por
la Segunda Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República,
que resuelve de manera definitiva el proceso penal (Exp. 033-2012) absolviendo a
todos los procesados, autores y cómplices, porque los hechos imputados no
configuraron delito o no se acreditó la responsabilidad penal de ellos.
13.
Sin embargo, la situación jurídica del señor Mont Ling ha quedado indefinida, pues
la medida cautelar obtenida a su favor lo excluyó del proceso penal subyacente, y,
por este motivo, su participación en los hechos imputados no fue evaluada en la
Casación 067-2017 que absolvió a todos los procesados.
Amparo fundado y situación jurídica penal del procesado Mont Ling
14. Habiéndose determinado en las consideraciones precedentes que los órganos
judiciales demandados vulneraron el derecho a la debida motivación de las
011 resoluciones judiciales del señor Mont Ling, pues resolvieron su excepción de
improcedencia de acción sin tener en cuenta la información proporcionada por las
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partes y tampoco el ordenamiento jurídico aplicable, debe declararse fundada la
demanda de amparo con la consiguiente nulidad de las resoluciones judiciales.
En tal sentido, consideramos que el fallo debería ser el siguiente:
1. Declarar FUNDADA la demanda de amparo; en consecuencia, NULAS la
Resolución 12, de 9 de octubre de 2013, expedida por el Segundo Juzgado de
Investigación Preparatoria Especializado en Delitos Cometidos por Funcionarios
Públicos de Lima; y la Resolución 4, de 21 de febrero de 2014, expedida por la Sala
Penal de Apelaciones Especializada en Delitos cometidos por Funcionarios
Públicos de la Corte Superior de Justicia de Lima, que desestimaron la excepción
de improcedencia de acción.
2.
ORDENAR al Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria Especializado en
Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos de Lima, o al órgano judicial que
haga sus veces, que expida nueva resolución resolviendo, en primer grado, la ex-
cepción de improcedencia de acción, conforme a los fundamentos expuestos en la
presente sentencia; con el abono de los costos del proceso.
SS.
BLUME FORTINI
SARDÓN DE TABOADA
FERRERO COSTA
A(cid:9) •
04/111/
Lo que certifico:
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Secretario Relator
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