TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
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EXP N.° 04557 2015-PHC/TC
AREQUIPA
JAVIER NIXON ARAOS MAYO
SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
En Lima, a los 4 días del mes de octubre de 2018, el Pleno del Tribunal
Constitucional, integrado por los señores magistrados Blume Fortini, Miranda Canales,
Sardón de Taboada, Ledesma Narváez y Espinosa-Saldaña Barrera, pronuncia la
siguiente sentencia, con el abocamiento de los magistrados Ramos Núñez y Ferrero
Costa, aprobado en la sesión de Pleno del día 27 de febrero de 2018. Asimismo, se
agregan los fundamentos de voto de los magistrados Blume Fortini y Espinosa-Saldaña
Barrera.
ASUNTO
Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Milton Merimé Mercado
Apaza, a favor de don Javier Nixon Araos Mayo, contra la resolución de fojas 112, de
fecha 17 de junio de 2015, expedida por la Primera Sala Penal de Apelaciones de la Corte
Superior de Justicia de Arequipa, que declaró la improcedencia liminar de la demanda de
habeas corpus de autos.
ANTECEDENTES
Con fecha 22 de mayo de 2015, don Javier Nixon Araos Mayo interpone demanda
de habeas corpus contra el juez del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de
Tambopata Fernando Quispe Chauca, y los jueces de la Sala Penal de Apelaciones de la
Corte Superior de Madre de Dios, Mendoza Romero, Zavala Vengoa y Alania Grijalva.
Solicita que se declare la nulidad de la Resolución 46, de fecha 28 de enero de 2015, y de
la Resolución 52, de fecha 8 de mayo de 2015, mediante las cuales se revocó la suspensión
de la pena impuesta al beneficiario. Alega la vulneración de los derechos al debido
eso, a la defensa y a la libertad personal.
El recurrente afirma que fue sentenciado a dos años de pena privativa de la
libertad y el pago de una reparación civil por el delito de lesiones culposas graves y otro
(Exp. 0361-2012-18-2701-JR-PE-01), contexto en el que se solicitó la revocatoria de la
pena suspendida y se fijó el día y la hora para dicha diligencia, ello fue para el día 28 de
enero de 2015, a las 8:45 a. m.; no obstante, la audiencia de revocatoria se llevó a cabo en
la fecha indicada, pero a las 8:58 a. m.; es decir, trece minutos (13) tarde. Alega que al
haberse llevado a cabo la audiencia fuera de la hora programada, sin la presencia del
beneficiario y su abogado defensor, se afectó el contradictorio y los derechos al debido
proceso y de defensa.
El Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de Arequipa, con fecha 25 de
mayo de 2015, declaró la improcedencia liminar de la demanda por estimar que con la
emisión de las resoluciones cuestionadas no se han vulnerado los derechos alegados. En
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ese sentido, señala que la resolución que citó a las partes para la audiencia de revocatoria
precisó que se realizaría con las partes que concurriesen, a excepción del fiscal; que el
beneficiario y su defensa fueron notificados, y que el retraso de trece minutos se debió a
la realización de una anterior audiencia programada.
La Primera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Arequipa
confirmó la resolución apelada por similares fundamentos. Agrega que el beneficiario en
todo momento tuvo conocimiento de las notificaciones y requerimientos en su contra y
que la revocatoria de la pena suspendida se debió al incumplimiento de las reglas de
conducta.
A través del escrito del recurso de agravio constitucional, de fecha 24 de junio de
2015, se precisa que el favorecido y su defensa sí fueron notificados de la realización de
la audiencia de revocación de la pena suspendida y que es debido a ello que se
constituyeron en el local del juzgado; no obstante, allí se desarrollaba otra audiencia sin
que se les hubiera comunicado el aplazamiento de la audiencia de revocación que
finalmente se llevó a cabo en un horario diferente.
FUNDAMENTOS
/1D im itación del petitorio
1. El objeto de la demanda es que se declare la nulidad de la Resolución 46, de fecha 28
de enero de 2015, y de la Resolución 52, de fecha 8 de mayo de 2015, a través de las
cuales el(cid:9) -r Juzgado de Investigación Preparatoria de Tambopata y la Sala Penal
es de la Corte Superior de Madre de Dios revocaron la suspensión de la
a a don Javier Nixon Araos Mayo, en el marco de la ejecución de
a que cumple como autor de los delitos de lesiones culposa graves y otro
ediente 00361-2012-39-2701-JR-PE-01).
onsideración previa
2. En el presente caso, la demanda ha sido declarada improcedente de manera liminar a
pesar que aquella contiene ciertos argumentos que merecen un pronunciamiento de
fondo, lo cual, en principio, implicaría que se declare la nulidad de todo lo actuado a
fin de que el juez del habeas corpus la admita a trámite.
Sin embargo, el Tribunal Constitucional, atendiendo a lo dispuesto en el artículo III
del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional, en aplicación de los
principios de economía y celeridad procesal, por excepción, y en la medida en que en
autos obran los suficientes elementos de juicio relacionados con la materia de
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controversia constitucional, además de que el procurador público adjunto a cargo de
los asuntos judiciales del Poder Judicial se apersonó al presente proceso mediante
escrito de fecha 1 de junio de 2015 (folio 80), considera pertinente realizar el
pronunciamiento de fondo con relación a la alegada afectación del derecho a la debida
motivación de las resoluciones judiciales, conexo al derecho a la libertad personal del
favorecido.
Análisis del caso
El artículo 139, inciso 3, de la Constitución establece los principios y derechos de la
función jurisdiccional, y la observancia del debido proceso y de la tutela
jurisdiccional; en consecuencia, cuando el órgano jurisdiccional imparte justicia, está
obligado a observar los principios, derechos y garantías que la Norma Fundamental
establece como límites del ejercicio de las funciones asignadas.
5. El artículo 139, inciso 14, de la Constitución reconoce el derecho de defensa en virtud
del cual se garantiza que los justiciables, en la protección de sus derechos y
obligaciones, cualquiera que sea su naturaleza (civil, mercantil, penal, laboral, etc.),
no queden en estado de indefensión. El contenido esencial del derecho de defensa
queda afectado cuando, en el seno de un proceso judicial, a cualquiera de las partes se
le impide, por concretos actos de los órganos judiciales, ejercer los medios necesarios,
suficientes y eficaces para defender sus derechos e intereses legítimos.
6. El derecho de defensa garantiza que el justiciable sea informado de la existencia del
proceso instaurado en su contra, así como que conozca de forma cierta, expresa e
inequív•(cid:9) los cargos que pesan en su contra. Sobre el particular, este Tribunal ha
que este derecho tiene una doble dimensión: una material, referida al
1 imputado de ejercer su propia defensa desde el mismo instante en que
nocimiento de que se le atribuye la comisión de determinado hecho delictivo;
otra formal, que supone el derecho a una defensa técnica, esto es, al asesoramiento
y patrocinio de un abogado defensor de su elección desde que la persona es citada o
detenida por la autoridad y durante todo el tiempo que dure la investigación preliminar
o el proceso.
En el presente caso, este Tribunal aprecia que los hechos expuestos en la demanda se
encuentran relacionados con la presunta vulneración del derecho de defensa, en
conexidad con el derecho a la libertad personal, en el marco de la realización de la
audiencia de revocación de la pena suspendida. Se alega que, como fecha y hora para
la realización de la aludida audiencia, se fijó el 28 de enero de 2015, a las 8:45 a. m.;
sin embargo, la audiencia se llevó a cabo trece minutos después (8:58 a. m.); es decir,
Pfl
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fuera de la hora programada y sin la presencia del beneficiario ni de su abogado
defensor.
. En el presente caso, de fojas 48 y 49 de autos obran las copias del acta de registro de
audiencia pública de revocatoria de la pena suspendida por efectiva, de fecha 28 de
enero de 2015, en la que se aprecia lo siguiente:
[...] [S]e advierte que el sentenciado Javier Nixon Araoz Mayo ha sido notificado en su
domicilio procesal Av. Dos de Mayo 235 de esta ciudad abogado Milton Mercado Apaza, bajo
la puerta, así mismo el sentenciado ha sido notificado en su domicilio real Jr. Junín Cuadra 15
Mz L-12, lote 13 frente a Enace, mediante aviso y c[é]dula de notificación que obran de folios
585 y 586 del presente cuaderno por lo que estando de ejecución, no siendo obligatoria la
concurrencia del letrado del sentenciado, se da por instalad[a] la presente audiencia [...].
De lo expuesto en el fundamento anterior, este Tribunal aprecia que tanto el
favorecido como su defensa técnica fueron notificados respecto de la realización de la
citada audiencia, lo cual se corrobora con lo expuesto en el recurso de agravio
constitucional, es decir, hubo un conocimiento previo de dicha diligencia y el
sentenciado pudo ejercer su propia defensa y también estar asistido de su abogado de
libre elección, sin que se advierta de autos que el órgano judicial les haya impedido,
por actos concretos, ejercer los medios necesarios, suficientes y eficaces para defender
sus derechos e intereses legítimos.
10. Finalmente, este Tribunal considera pertinente señalar que la demora de trece minutos
en la instalación de una audiencia judicial no implica, per se, su necesario
aplazamiento o que se emita una previa comunicación de su aplazamiento, como se
refier (cid:9) el recurso de agravio constitucional. Por lo demás, no se acredita de autos
ntenciado o su defensa técnica se hubiesen constituido en el local del citado
, se hubieses registrado o dejado constancia de su concurrencia y menos que
ano judicial les hubiese impedido participar en la referida audiencia judicial.
. Por lo expuesto, este Tribunal declara que la demanda debe ser desestimada al no
haberse acreditado la vulneración del derecho de defensa, en conexidad con el derecho
a la libertad personal, de don Javier Nixon Araos Mayo, con la realización de la
audiencia pública de revocatoria de la pena suspendida para imponerle pena efectiva,
de fecha 28 de enero de 2015, diligencia que dio lugar a la emisión de la resolución
de revocatoria de la pena suspendida y de la resolución superior confirmatoria, cuyas
nulidades se pretendían en autos.
Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la
Constitución Política del Perú,
mil
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HA RESUELTO
Declarar INFUNDADA la demanda de habeas corpus, al no haberse acreditado la
vulneración del derecho de defensa de don Javier Nixon Araos Mayo, en conexidad con
su derecho a la libertad personal.
Publíquese y notifíquese.
SS.
BLU E FORTINI
MIRANDA CANALES
RAMOS NÚÑEZ
SARDÓN DE TABOADA
LEDESMA NARVÁEZ
ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA
FERRERO COSTA
IPONENTE LEDESMA NARVÁEZ l
Lo que certifico:
I'/,
1
Illavio Reátegui Apaza
Secretario Relator
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FUNDAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO ERNESTO BLUME FORTINI
Si bien concuerdo con la parte resolutiva de la sentencia, discrepo de lo expresado en los
fundamentos 3, 7 y 11, en los que se utiliza el término libertad personal como si fuera
sinónimo de libertad individual, desconociéndose en este que es la libertad individual, de
acuerdo al artículo 200, inciso 1, de la Constitución, la protegida por el hábeas corpus,
además de los derechos constitucionales conexos, siendo la misma un derecho continente,
que engloba una serie de derechos de primer orden, entre los que se encuentra por
supuesto la libertad personal.
S.
BLUME FORTINI
Lo que certifico:
Flavio Reátegui Apaza
Secretario Relator
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JAVIER NIXON ARAOS MAYO
FUNDAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO ESPINOSA-SALDAÑA
BARRERA
Coincido con el sentido de lo resuelto en la presente resolución, pero considero
necesario efectuar las siguientes precisiones:
1 En primer lugar, y respecto a la expresión "principios y derechos de la función
jurisdiccional" que se reproduce en el fundamento 4 del proyecto, es preciso indicar
que tal expresión viene recogida en el artículo 139 de la propia Constitución. Allí,
como bien se recordará, se enumeran cuestiones completamente diferentes entre sí,
pudiéndose anotar además que varias de ellas no tienen relación con la expresión
señalada. Como voy a explicar a continuación de manera sucinta, siendo nuestra
labor central la tutela de los derechos fundamentales, corresponde aquí, tal como
este Tribunal lo ha hecho en otra ocasiones, apuntalar una comprensión del
precepto constitucional para que, muy a despecho de su lectura literal, pueda
permitirnos cumplir a cabalidad la labor garantista que se nos ha encomendado.
2. En efecto, lo primero que debemos advertir es que en dicha disposición se alude a
unos supuestos "derechos (...) de la función jurisdiccional". Al respecto, a nivel
conceptual es completamente claro que ninguna "función" del Estado puede ser
titular de derechos constitucionales. Asimismo, si la referencia más bien alude a
alguna institución o ente del Estado, también ha quedado suficientemente explicado
a nivel teórico, como en la jurisprudencia de este mismo Tribunal, que el Estado y
sus diferentes reparticiones pueden reclamar principios como pautas que orientan a
su labor o garantías como mecanismos para la protección del cumplimiento de sus
decisiones, más no la titularidad de derechos fundamentales, siempre y cuando
estas reparticiones actúen con ius imperium.
3. De otro lado, el ya mencionado artículo 139 de la Carta de 1993 tiene redundancias
e imprecisiones diversas, tanto gramaticales (por ejemplo la contenida en los
incisos 14 y 15, con respecto a que "toda persona debe ser informada,
inmediatamente y por escrito, de las causas o razones de su detención"), como
conceptuales. Un ejemplo de esto último se da cuando en el inciso 3 se reconoce el
derecho al "debido proceso y a la tutela jurisdiccional", y a la vez, en distintos
incisos, se señalan derechos que, precisamente, forman parte del derecho al debido
proceso. Me quedo en lo reseñado y no hago aquí notar en detalle la existencia de
expresiones que pueden llamar a confusión, tales como la que se encuentra en el
inciso 20: "Son principios y derechos de la función jurisdiccional (...) El principio
del derecho de toda persona a...".
4. Por último, en dicho listado figuran cuestiones completamente distintas entre sí, y
que merecerían no solo una mejor redacción sino también un trato diferenciado. Por
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ejemplo, aparecen allí, entremezclados, derechos constitucionales de las partes
procesales en general; derechos que, de manera más específica, forman parte del
derecho al debido proceso; o a garantías en favor de los jueces y el sistema de
justicia.
5. En la línea de lo explicado entonces, a pesar de las imprecisiones en las cuales
puede incurrir el constituyente, considero que este Tribunal Constitucional, en aras
a la claridad conceptual que debe distinguir a los jueces constitucionales, debe
evitar hacer mención a la expresión "principios y derechos de la función
jurisdiccional", para más bien hacer referencias más específicas y técnicamente
precisas, conforme a lo que se quiera indicar en cada caso concreto.
S.
ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA
Lo que certifico:
Flavio Reátegui Apaza
Secretario Relator
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