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EXP. N.° 06467-2015-PA/TC
SAN MARTÍN
JOSÉ LUIS RUÍZ SALDAÑA
SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
En Lima, a los 25 días del mes de abril de 2017 el Pleno del Tribunal
Constitucional, integrado por los magistrados Miranda Canales, Ledesma Narváez,
Urviola Hani, Sardón de Taboada y Espinosa-Saldaña Barrera, pronuncia la siguiente
sentencia, con los abocamientos de los magistrados Blume Fortini y Ramos Núñez,
aprobados en el Pleno del día 19 de abril de 2017, además de sus respectivos votos
singulares, y el fundamento de voto del magistrado Sardón de Taboada, que se agregan.
ASUNTO
Recurso de agravio constitucional interpuesto por don José Luis Ruiz Saldaña
contra la sentencia de fecha 2 de octubre de 2015, de fojas 253, expedida por la Sala
Mixta Descentralizada de Tarapoto de la Corte Superior de Justicia de San Martín, que
declaró improcedente la demanda de autos.
ANTECEDENTES
Con fecha 5 de setiembre de 2013, el demandante interpone demanda de amparo
contra el presidente de la Corte Superior de Justicia de San Martín, con el objeto de que
se declare inconstitucional la Carta 22-2013-P-CSJSM/PJ, de fecha 23 de julio de 2013,
por la que se le comunica que su contrato de trabajo termina el 31 de julio de 2013.
Solicita que, en consecuencia, se disponga su reposición laboral como asistente judicial
y se le restituyan todos sus derechos.
Manifiesta que realizó labores desde el 23 de abril del 2012 hasta el 31 de julio
de 2012 como asistente judicial del Primer Juzgado Mixto de Yurimaguas; luego desde
el 28 de setiembre de 2012 hasta el 5 de abril de 2013 como asistente judicial del
Segundo Juzgado Mixto de Yurimaguas; desde el 6 al 11 de abril de 2013 como
notificador de los órganos jurisdiccionales de la provincia de Alto Amazonas; y ante su
reclamo retornó a su puesto de trabajo de asistente judicial hasta el 7 de mayo de 2013.
Asimismo, desde el 8 de mayo de 2013 hasta el 31 de julio de 2013 se desempeñó como
asistente judicial del Segundo Juzgado de Paz Letrado de Tarapoto en calidad de
auxiliar judicial, sin solución de continuidad y de manera permanente. Refiere haber
suscrito contratos de suplencia y para servicio específico, los cuales se desnaturalizaron
a uno de plazo indeterminado toda vez que en el último contrato modal (para servicio
específico) no se consignó la causa objetiva que justificara la contratación a plazo fijo ni
el tiempo que debía durar el supuesto proceso de reforma, por lo que su despido debió
responder a una causa justa derivada de su conducta o capacidad laboral. En
consecuencia, alega la vulneración de sus derechos constitucionales al trabajo, a la
igualdad y al debido proceso.
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El presidente de la Corte Superior de Justicia de San Martín contesta la demanda
y señala que del Informe 078-2013-AP-GAD-CSJSM/PJ, de fecha 10 de octubre de
2013, emitido por el Coordinador I del Área de Personal, se desprende que el
demandante ingresó a laborar desde el 23 de julio hasta el 30 de junio de 2012 mediante
contrato de suplencia; asimismo, del 1 de de julio de 2012 hasta el 30 de abril de 2013,
el actor suscribió contrato de suplencia, el cual concluyó mediante Carta 11-2013-GAD-
CSJSM/PJ, y, posteriormente, a partir del 8 de mayo hasta el 31 de julio de 2013,
suscribió contrato temporal de trabajo. Agrega que el accionante tuvo pleno
conocimiento de que suscribió contratos de trabajo por suplencia con plazos de vigencia
específicos y de que la última plaza que ocupó temporalmente sería puesta a concurso;
sin embargo, el recurrente pretende manipular el ordenamiento legal para ingresar al
sector público sin someterse a un concurso público de méritos.
El procurador público adjunto a cargo de los asuntos judiciales del Poder
Judicial contesta la demanda y solicita que sea declarada improcedente porque el
proceso de amparo resulta inadecuado para dilucidar lo pretendido por el demandante,
toda vez que carece de etapa probatoria, debiendo por ello aplicarse lo dispuesto en el
inciso 2, del artículo 5 del Código Procesal Constitucional.
Con fecha 19 de junio de 2014, el Juzgado Especializado en lo Civil de San
Martín declaró fundada la demanda. Al haberse acreditado que los trabajadores sujetos
al régimen privado cuyo empleador es un ente estatal (como es el caso de los
trabajadores del Poder Judicial) adquieren estabilidad contra el despido arbitrario
cuando superan el periodo de prueba en caso de que hayan sido contratados de manera
directa —el otro supuesto es cuando haya ingresado por concurso público—, dicho
Juzgado estimó que no se puede argumentar que, si el trabajador ingresó por
contratación directa, no tiene estabilidad por no haber ingresado por concurso público.
Dicho argumento es inconsistente en el caso de autos de invocar el artículo 5 de la Ley
Marco del Empleo Público.
La Sala Superior revisora revocó la apelada y, reformándola, declaró
improcedente la demanda por considerar que el recurrente no ha cumplido con acreditar
su ingreso por concurso público de méritos al cargo o puesto respecto del cual solicita la
reposición. En consecuencia, no es posible disponer la reincorporación del demandante
a la Administración Pública, ya que no ingresó vía concurso público de méritos para una
plaza presupuestada y vacante de duración indeterminada, de conformidad con lo
establecido en la sentencia emitida en el Expediente 05057-2013-PA/TC.
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FUNDAMENTOS
Delimitación del petitorio
1. La presente demanda tiene por objeto que se ordene la reposición del accionante en
el cargo que venía desempeñando, por haber sido objeto de un despido incausado.
Manifiesta que prestó labores de forma permanente y continua, por lo que sus
contratos de trabajo sujeto a modalidad (suplencia y servicio específico) suscritos
con la emplazada se han desnaturalizado, convirtiéndose a uno de plazo
indeterminado. Alega la violación de sus derechos constitucionales al trabajo, a la
igualdad y debido proceso.
Reglas establecidas en el precedente del Expediente 05057-2013-PA/TC
2. En la sentencia recaída en el Expediente 05057-2013-PA/TC, publicada en el diario
oficial El Peruano el 5 de junio de 2015, este Tribunal estableció en los
fundamentos 18, 20, 21, 22 y 23, con carácter de precedente, que, en los casos en
que se verifique la desnaturalización del contrato temporal o civil, no podrá
ordenarse la reposición a plazo indeterminado cuando se evidencie que la parte
demandante no ingresó en la Administración Pública mediante un concurso público
de méritos para una plaza presupuestada y vacante de duración indeterminada. Los
procesos de amparo en trámite, en el Poder Judicial y en el Tribunal Constitucional,
deberán ser declarados improcedentes, pues no procede la reposición en el trabajo.
En tal caso, el juez reconducirá el proceso a la vía ordinaria laboral para que el
demandante solicite la indemnización que corresponda.
También se precisó que las demandas presentadas a partir del día siguiente a la
publicación de la citada sentencia en el diario oficial El Peruano, cuya pretensión
no cumpla el criterio de procedibilidad de acreditar el ingreso en la Administración
Pública mediante concurso público de méritos para una plaza presupuestada y
vacante de duración indeterminada, deberán ser declaradas improcedentes sin que
opere la reconducción.
Finalmente, también con carácter de precedente, se estableció la obligación de las
entidades estatales de aplicar las correspondientes sanciones a los funcionarios o
servidores que incumplieron las formalidades en la contratación de la parte
demandante (cfr. fundamento. 20 de la Sentencia 05057-2013-PA/TC).
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Análisis del caso concreto
Argumentos de la parte demandante
3. El actor afirma que ha sido víctima de un despido sin expresión de causa; y es que,
si bien suscribió contratos de trabajo por suplencia y servicio específico, en los
hechos desempeñó labores de naturaleza permanente, por lo que su vínculo laboral
se ha tornado en uno a plazo indeterminado.
Argumentos de la parte demandada
4. La demandada argumenta que el demandante fue contratado mediante contrato a
plazo determinado, y que, al no haber entrado a laborar para su representada por
concurso público, no corresponde amparar su pretensión.
Consideraciones del Tribunal Constitucional
5. El artículo 22 de la Constitución Política del Perú establece lo siguiente “El trabajo
es un deber y un derecho. Es base del bienestar social y medio de realización de la
persona”; mientras su artículo 27 señala: “La ley otorga al trabajador adecuada
protección contra el despido arbitrario”.
6. El artículo 72 del Decreto Supremo 003-97-TR, al establecer los requisitos
formales de validez de los contratos modales, anota que estos “necesariamente
deberán constar por escrito y por triplicado, debiendo consignarse en forma expresa
su duración, y las causas objetivas determinantes de la contratación, así como las
demás condiciones de la relación laboral”.
7. Conforme al artículo 77 del decreto precitado: “Los contratos de trabajo sujetos a
modalidad se considerarán como de duración indeterminada: d) Cuando el
trabajador demuestre la existencia de simulación o fraude a las normas establecidas
en la presente ley”.
8. El artículo 63 prescribe lo siguiente: “Los contratos para obra determinada o
servicio específico son aquellos celebrados entre un empleador y un trabajador, con
objeto previamente establecido y de duración determinada. Su duración será la que
resulte necesaria”.
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9. De acuerdo con el artículo 5 de la Ley 28175, Ley Marco del Empleo Público, el
acceso al empleo público se realiza mediante concurso público y abierto, sobre la
base de los méritos y capacidades de las personas, de modo que no puede ser
reincorporado mediante un contrato a plazo indeterminado quien no ingresa por
concurso público.
10. En el presente caso, tenemos que el accionante suscribió los siguientes contratos de
trabajo: a) contratos de trabajo por suplencia (folios 110 y 117 a 120),
desempeñándose como asistente judicial por el periodo del 23 de abril de 2012
hasta el 31 de diciembre de 2012, supliendo a doña Natalia Tafur Padilla; b)
contratos de trabajo por suplencia (folios 115 y 116), realizando labores como
asistente judicial, por el periodo del 1 de enero de 2013 hasta el 30 de abril de
2013; y c) contratos de trabajo para servicio específico (folios 112 y 114),
prestando servicios como asistente judicial por el periodo del 8 de mayo de 2013 al
31 de julio de 2013, los cuales se corroboran con el Informe 078-2013-AP-GAD-
CSJSM/PJ (folio 100).
11. Así, este Tribunal estima que, al haberse interrumpido el vínculo laboral del actor,
solo se procederá a realizar análisis respecto al último periodo mencionado: del 8
de mayo de 2013 al 31 de julio de 2013.
En el contrato de trabajo para servicio específico (folio 113), se desprende lo
siguiente:
CLAUSULA PRIMERA.- EL EMPLEADOR, debido al proceso de reforma
que viene implementando requiere cubrir necesidades de recursos humanos a
fin de mantener debidamente operativos los servicios que presta.
CLAUSULA SEGUNDA.- Para el logro del objeto […] EL EMPLEADOR,
contrata a EL TRABAJADOR para que realice labores de ASISTENTE
JUDICIAL, el mismo que deberá someterse al cumplimiento estricto de las
funciones.
12. Debe advertirse que la causa objetiva de contratación por la cual se pretende
justificar la contratación de personal mientras dure un Proceso de Reforma no es
una razón válida, conforme al artículo 63 del Decreto Supremo 003-97-TR, para
justificar la suscripción de contratos de trabajo para servicio específico, dado que,
en perjuicio de su naturaleza, dicha justificación, contradictoriamente, demostraría
que la plaza a ocupar se encuentra vacante y que puede ser efectivamente cubierta
en forma permanente y no temporal.
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13. Pero fundamentalmente, cualquiera que haya sido la causa objetiva de contratación
invocada, con independencia de los argumentos ya expresados, debe enfatizarse
que los contratos para obra determinada o servicio específico no pueden ser
utilizados para cubrir necesidades permanentes de la empresa o de la institución,
sino únicamente para satisfacer necesidades temporales.
14. Asimismo, conviene precisar que el actor, antes de suscribir el contrato de trabajo
para servicio específico, realizó las mismas funciones de “asistente judicial”
conforme al fundamento 10, por lo que superó el periodo de prueba de conformidad
con el artículo 16 del Decreto Supremo 001-96-TR.
15. En consecuencia, en armonía con el artículo 77, inciso “d”, del Decreto Supremo
003-97-TR, debe concluirse que los contratos de trabajo sujetos a modalidad en
cuestión se han desnaturalizado. No obstante, debe tenerse en cuenta: i) lo expuesto
en el aludido precedente del Expediente 05057-2013-PA/TC (que tiene como
fundamento el artículo 5 de la Ley 28175, Ley Marco del Empleo Público), que
exige verificar, antes de ordenar la reposición laboral, si el respectivo demandante
ingresó o no mediante concurso público de méritos para una plaza presupuestada y
vacante de duración indeterminada; y ii) que, en el caso de autos, conforme se
desprende de la demanda y sus recaudos, el demandante no ingresó mediante dicho
tipo de concurso público.
16. Por ello, el Tribunal Constitucional estima que la pretensión de la parte demandante
debe ser declarada improcedente en esta sede constitucional. De otro lado, y
atendiendo a que la demanda de autos fue interpuesta con anterioridad a la
publicación de la sentencia recaída en el Expediente 05057-2013-PA/TC en el
diario oficial El Peruano, corresponde remitir el expediente al juzgado de origen
para que proceda a reconducir el proceso a la vía ordinaria laboral, conforme se
dispone en el fundamento 22 de la precitada sentencia; y ordenar que se verifique lo
pertinente con relación a la identificación de las responsabilidades funcionales
mencionada en el fundamento 20 del precedente contenido en el Expediente 05057-
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SAN MARTÍN
JOSÉ LUIS RUÍZ SALDAÑA
Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere
la Constitución Política del Perú,
HA RESUELTO
1. Declarar IMPROCEDENTE la demanda.
2. Ordenar la remisión del expediente al juzgado de origen, para que proceda
conforme se dispone en los fundamentos 20 y 22 del precedente contenido en el
Expediente 05057-2013-PA/TC.
Publíquese y notifíquese.
SS.
MIRANDA CANALES
LEDESMA NARVÁEZ
URVIOLA HANI
SARDÓN DE TABOADA
ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA
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JOSÉ LUIS RUÍZ SALDAÑA
FUNDAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO SARDÓN DE TABOADA
Si bien estoy de acuerdo con el fallo de la sentencia expedida en autos, discrepo de su
fundamentación y de la orden de remisión del expediente al juzgado de origen,
establecida en el segundo punto resolutivo.
La demanda de autos es improcedente, pero no en mérito del precedente contenido en la
sentencia emitida en el Expediente 05057-2013-PA/TC, sino porque —como he
señalado repetidamente en mis votos emitidos como magistrado de este Tribunal
Constitucional— nuestra Constitución no establece un régimen de estabilidad laboral
absoluta.
El artículo 27 de la Constitución dice:
La ley otorga al trabajador adecuada protección contra el despido arbitrario.
El Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo 728, Ley de Productividad y
Competitividad Laboral, establece que corresponde indemnizar —no reponer— al
trabajador despedido arbitrariamente. No hay nada inconstitucional en ello, ya que el
legislador está facultado por la Constitución para definir tal adecuada protección.
Por demás, el artículo 7 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre
Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
—Protocolo de San Salvador—, suscrito por el Perú, establece que cada legislación
nacional puede determinar qué hacer frente al despido injustificado.
Así, la reposición no tiene base en la Constitución ni en las obligaciones internacionales
del Perú. Deriva solo de un error —de alguna manera tenemos que llamarlo— de este
Tribunal, cometido al resolver el caso Sindicato Telefónica el año 2002 y reiterado
lamentablemente desde entonces. La persistencia en el error no lo convierte en acierto.
Por tanto, considero que la demanda debe declararse IMPROCEDENTE, en aplicación
del artículo 5, inciso 1, del Código Procesal Constitucional.
S.
SARDÓN DE TABOADA
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JOSÉ LUIS RUIZ SALDAÑA
VOTO SINGULAR DEL MAGISTRADO ERNESTO BLUME FORTINI
OPINANDO PORQUE SE DECLARE FUNDADA LA DEMANDA POR
HABERSE ACREDITADO EN AUTOS LA DESNATURALIZACIÓN DEL
CONTRATO DE TRABAJO Y, EN CONSECUENCIA, SE ORDENE LA
REPOSICIÓN DEL DEMANDANTE
Con el debido respeto a mis ilustres colegas magistrados, discrepo de la resolución de
mayoría, que declara improcedente la demanda y ordena la remisión del expediente al
juzgado de origen para que proceda conforme se dispone en los fundamentos 20 y 22
del precedente establecido en la STC 05057-2013-PA/TC, conocido como Precedente
Huatuco.
A mi juicio, debe declararse fundada la demanda al haberse acreditado la
desnaturalización del contrato de trabajo y, en consecuencia, debe ordenarse la
inmediata reposición del accionante y no reconducirse el expediente a la vía ordinaria
laboral, en aplicación de las reglas contenidas en el Precedente Huatuco, que
indebidamente ha eliminado la reposición laboral para los trabajadores del Estado que
ingresaron sin concurso público.
Las razones de mi discrepancia en cuanto a la pertinencia, sentido, contenido, alcances y
aplicación del citado precedente aparecen extensamente expuestas en el voto singular
que emití en el Expediente 05057-2013-PA/TC, a cuyo texto me remito y el cual
reproduzco en parte en los términos siguientes:
1. Resumen de las reglas del Precedente Huatuco.
2. Principales razones de mi discrepancia.
3. Concepto de precedente constitucional vinculante.
4. Premisas para el dictado de un precedente vinculante.
5. Línea jurisprudencial desarrollada por el Tribunal Constitucional.
6. Falta de presupuestos y premisas para el dictado del Precedente Huatuco.
7. La obligación del Tribunal Constitucional de respetar su propia jurisprudencia: la
predictibilidad y la seguridad jurídica.
8. Alcances de la protección adecuada al trabajador y el derecho a la reposición.
9. Aplicación y efectos en el tiempo del Precedente Huatuco.
10. El sentido de mi voto.
A continuación desarrollo dicho esquema, siguiendo la misma numeración temática:
1. Resumen de las reglas establecidas en el Precedente Huatuco.
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De una lectura detallada de las reglas establecidas en los Fundamentos 18, 20, 21,
22 y 23 del Precedente Huatuco, se aprecia que, en resumen, dicho precedente ha
establecido que:
1.1 En el sector público no podrá ordenarse la incorporación o reposición a
tiempo indeterminado de los trabajadores despedidos en los casos que se
acredite la desnaturalización del contrato temporal o del contrato civil, por
cuanto la incorporación o reposición a la Administración Pública solo
procede cuando el ingreso del trabajador se haya realizado mediante
concurso público y abierto para una plaza presupuestada, vacante de
duración indeterminada. Esta regla es de aplicación inmediata y no alcanza
al sector privado.
1.2 Las entidades estatales deben imponer las sanciones que correspondan a
aquellos funcionarios y/o servidores que tuvieron responsabilidad en la
elaboración del contrato temporal que fue declarado desnaturalizado en un
proceso judicial.
1.3 A fin de determinar la responsabilidad de tales funcionarios y/o servidores,
las entidades estatales recurrirán a sus propios documentos internos y de
gestión, proporcionando posteriormente dicha información a la Oficina de
Control Interno, a fin de que se efectúen las investigaciones del caso, se
lleve a cabo el procedimiento administrativo disciplinario respectivo y se
establezcan las sanciones pertinentes.
1.4 Los servidores y funcionarios públicos incurren en responsabilidad
administrativa funcional cuando contravienen el ordenamiento jurídico
administrativo y las normas internas de la entidad a la que pertenecen o
cuando en el ejercicio de sus funciones hayan realizado una gestión
deficiente. A su vez, incurren en responsabilidad civil cuando, por su acción
u omisión, hayan ocasionado un daño económico al Estado, siendo
necesario que este sea ocasionado por incumplir sus funciones, por dolo o
culpa, sea esta inexcusable o leve.
1.5 En el supuesto de que en un proceso de amparo el demandante no pueda ser
reincorporado por no haber ingresado por concurso público de méritos para
una plaza presupuestada, vacante, de duración indeterminada, el juez
reconducirá el proceso a la vía ordinaria laboral para que la parte
demandante solicite la indemnización que corresponda. Se otorgará al
demandante un plazo razonable a efectos de que adecúe su demanda
conforme a las reglas previstas para la etapa postulatoria del proceso laboral.
Transcurrido dicho plazo sin que el demandante realice la respectiva
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adecuación, procederá el archivo del proceso.
1.6 Sus reglas son de aplicación inmediata a partir del día siguiente de su
publicación en el diario oficial “El Peruano”, incluso a los procesos de
amparo que se encuentren en trámite ante el Poder Judicial o el Tribunal
Constitucional.
1.7 Las demandas presentadas luego de su publicación y que no acrediten el
presupuesto de haber ingresado por concurso público de méritos a la
Administración Pública para una plaza presupuestada y vacante a plazo
indeterminado, deberán ser declaradas improcedentes, sin que opere la
reconducción del proceso.
2. Principales razones de mi discrepancia.
Discrepo en cuanto a la pertinencia, sentido, contenido, alcances y aplicación del
precedente Huatuco, por cuanto:
2.1 Contrariando la línea jurisprudencial uniforme desarrollada por el Tribunal
Constitucional desde que inició sus funciones (hace cerca de veinte años),
elimina el derecho a la reposición o reincorporación de los trabajadores del
sector público que ingresaron sin las formalidades de un concurso público,
sin importar el tiempo durante el cual hayan venido prestando sus servicios
para el Estado y a pesar de que por aplicación del principio de la primacía
de la realidad se haya acreditado que realizan una labor permanente,
afectando el contenido constitucionalmente protegido del derecho al trabajo
y del derecho a la protección adecuada contra el despido arbitrario,
consagrados en los artículos 22 y 27, respectivamente, de la Constitución
Política del Perú.
2.2 Convalida un eventual accionar abusivo, lesivo e irresponsable del Estado
en la contratación pública laboral, perjudicando injustamente al trabajador y
desconociendo las garantías mínimas previstas en el artículo 8 de la
Convención Americana de Derechos Humanos, sin tener en cuenta las
graves consecuencias socioeconómicas para las personas despedidas y sus
familiares y dependientes, tales como la pérdida de ingresos y la
disminución del patrón de vida, contrariando la jurisprudencia de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos sentada en el Caso Baena Ricardo y
otros vs. Panamá sobre los despidos efectuados sin respetar las garantías
mínimas, a pesar de que tal jurisprudencia ha sido invocada, recogida y
asumida por el propio Tribunal Constitucional en numerosas sentencias,
como es el caso de la STC 00606-2010-PA/TC, ejecutoria en la que el
Tribunal Constitucional señaló que el despido será legítimo solo cuando la
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decisión del empleador se fundamente en la existencia de una causa justa
contemplada en la ley y debidamente comprobada en el procedimiento de
despido, en el cual se deben respetar las garantías mínimas que brinda el
derecho fundamental al debido proceso, pues el resultado de una sanción en
el procedimiento de despido no solo debe ser consecuencia de que se
respeten las garantías formales propias de un procedimiento disciplinario,
sino, además, de que sea acorde con los principios de razonabilidad y
proporcionalidad que deben aplicarse teniendo presentes la gravedad de la
falta cometida, la categoría, la antigüedad y los antecedentes disciplinarios
del trabajador, entre otros aspectos.
2.3 Tiene un sentido reglamentista, punitivo y draconiano que hace énfasis en la
sanción y penalización de los funcionarios y trabajadores encargados de la
contratación pública, desconociendo que la contratación pública nacional
presenta, desde hace varias décadas, la característica que de los más de
1’400,000.00 trabajadores1 que laboran en el sector público, el mayor
número de ellos ha sido contratado sin concurso, obviando que las
renovaciones constantes de sus contratos traducen también una evaluación
en los hechos, confirmada por su permanencia en el trabajo y por la
primacía de la realidad; confundiendo, además, el ejercicio de la
magistratura constitucional con el ejercicio de la labor legislativa y el
ejercicio del control de la gestión gubernamental, que son propias del Poder
Legislativo y de los entes facultados para emitir normas de derecho positivo,
así como de la Contraloría General de la República, como si el Tribunal
Constitucional fuera un órgano legislativo y parte dependiente del sistema
nacional de control.
2.4 Irradia inconstitucionales efectos retroactivos sobre situaciones anteriores a
su aprobación, frustrando las expectativas y violando el derecho de los
trabajadores del sector público que hayan celebrado contratos temporales o
civiles del sector público, que hayan obtenido sentencia que ordene su
reposición, que se encuentran tramitando su reposición judicial o que se
encuentren por iniciar un proceso con tal fin.
2.5 Desnaturaliza el sentido de la figura del precedente constitucional
vinculante, no responde mínimamente al concepto de lo que debe entenderse
por precedente constitucional vinculante ni respeta las premisas básicas que
se exigen para su aprobación.
1 Dato contenido en el Informe de Implementación de la Reforma del Servicio Civil. Avances y
logros durante el año 2014. Consultado en http://www.servir.gob.pe
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Precisadas las principales razones de mi discrepancia con la pertinencia, sentido,
contenido, alcances y aplicación del Precedente Huatuco, me referiré a
continuación al concepto de precedente constitucional vinculante y a las premisas
que exige su aprobación, que desde mi punto de vista han sido dejadas totalmente
de lado.
3. Concepto de precedente constitucional vinculante.
El precedente constitucional vinculante, creado por el artículo VII del Título
Preliminar del Código Procesal Constitucional (sin perjuicio de su tímido
antecedente que recogía la derogada Ley de Hábeas Corpus y Amparo de 1982),
es una regla expresamente establecida como tal por el Tribunal Constitucional,
con efectos vinculantes, obligatorios y generales, en una sentencia que haya
adquirido la calidad de cosa juzgada, dictada al resolver un proceso constitucional
en el que ha emitido pronunciamiento sobre el fondo del asunto; regla que es
consecuencia de una larga secuencia de sentencias en las que el Tribunal
Constitucional ha ido perfilando determinado criterio que estima necesario
consagrar como obligatorio y vinculante porque contribuye a una mejor y mayor
cautela de los derechos constitucionales y fortalece su rol de máximo garante de la
vigencia efectiva de los derechos fundamentales, guardián de la supremacía
constitucional y supremo intérprete de la Constitución.
Al respecto, resulta ilustrativo citar los comentarios del maestro Domingo García
Belaunde, principal gestor y autor del Código Procesal Constitucional, quien al
comentar sobre la figura del precedente constitucional vinculante afirma:
“El precedente en el Perú tiene relativamente corta vida. Para
efectos concretos la primera vez que esto se introduce entre
nosotros a nivel legislativo, si bien tímidamente, es en 1982, en la
Ley de Hábeas Corpus y Amparo de ese año, fruto de una comisión
ad hoc nombrada por el entonces Ministro de Justicia, Enrique
Elías Laroza y presidida por mí. Tal propuesta la planteé desde un
inicio y tuvo acogida entre mis colegas miembros de la Comisión.
Y como tal fue sancionada por el Pleno del Congreso de la
República y entró en vigencia en diciembre de ese año.
Ahora bien, lo que tenía o teníamos en mente, era sobre todo la
idea de ir construyendo una jurisprudencia orientadora que, por
un lado, contribuyese a asentar la naciente experiencia de
jurisdicción constitucional que entonces recién empezaba, (de
acuerdo al modelo adoptado en la Constitución de 1979 y hasta
que ahora se mantiene). Y por otro lado, crear cierta firmeza en los
pronunciamientos que contribuyesen a afianzar nuestro Estado de
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Derecho. Pero como sucede siempre en estas ocasiones, el
enunciado normativo sirvió de muy poco. Fue más bien en el
Código Procesal Constitucional de 2004 donde se le precisó en el
artículo VII del Título Preliminar. Fue pensado para que fuera
usado con calma y prudencia y solo en casos especiales. Para tal
efecto, pensaba yo en la evolución de los precedentes en el sistema
jurídico norteamericano, que dentro de sus limitaciones, ha
contribuido enormemente a afianzar su sistema jurídico.
Lamentablemente, ayuno nuestro país de tradiciones
constitucionales firmes, desconocedor de doctrina y jurisprudencia
extranjera y sin literatura especializada que la orientase, se
empezó a usar tal concepto en forma bastante alegre y
despreocupada, llegándose al caso de sentar precedentes en
situaciones muy inciertas y muy abiertas al debate y peor aún:
cambiados con frecuencia. Así, mientras que en los Estados Unidos
el precedente se fija y se vuelve obligatorio luego de una larga
hilera de casos que van desbrozando el camino, aquí sucedió al
revés. Primero se sentaba el precedente, y luego se veía qué
pasaba y que problemas nuevos asomaban. Esto condujo a
resultados poco serios y encontrados.” (Presentación liminar
consignada en: BARKER, Robert S. “El precedente vinculante y su
significado en el Derecho Constitucional de los Estados Unidos”.
Serie Cuadernos Constitucionales. Editora Jurídica Grijley. Lima.
2014, pp. 13 y 14).
Dicho esto, resulta desconcertante la asunción del Precedente Huatuco por el
Tribunal Constitucional, pues ha nacido contrariando su propia y uniforme
jurisprudencia, sin que se haya perfilado una regla a través de una hilera de
sentencias y afectando el contenido constitucionalmente protegido del derecho al
trabajo y del derecho a la protección contra el despido arbitrario, consagrados en
los artículos 22 y 27, respectivamente, de la Constitución Política del Perú, al
eliminar el derecho a la reposición o reincorporación de los trabajadores del sector
público que ingresaron sin las formalidades de un concurso público; sin importar,
repito, el tiempo durante el cual hayan venido prestando sus servicios para el
Estado y a pesar de que por aplicación del principio de la primacía de la realidad
se haya acreditado que realizan una labor de naturaleza permanente.
4. Premisas para el dictado de un precedente vinculante.
Son dos las principales premisas para el dictado de un precedente constitucional
vinculante por parte del Tribunal Constitucional y que corresponden al rol que le
compete como supremo intérprete de la Constitución, garante de la vigencia
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efectiva de los derechos fundamentales y garante de la supremacía normativa de la
Norma Suprema de la República, en armonía con los artículos 200, 201 y demás
pertinentes de la Constitución, y los artículos II, III, IV, V y VI del Título
Preliminar, y demás pertinentes del Código Procesal Constitucional, y los
artículos 1, 2 y demás pertinentes de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional.
Rol que es armónico con los fines esenciales de los procesos constitucionales, que
establece el artículo II del Título Preliminar del citado Código Procesal
Constitucional, el cual a la letra preceptúa:
“Son fines esenciales de los procesos constitucionales garantizar la
primacía de la Constitución y la vigencia efectiva de los derechos
constitucionales.”
Las premisas para el dictado de un precedente constitucional vinculante se
desprenden del concepto de dicho instituto procesal y de los fines de los procesos
constitucionales. Específicamente, si el precedente se refiere al ejercicio, alcances
o cobertura de un derecho fundamental, el precedente debe imperativamente ser
armónico con el fin de garantizar su vigencia efectiva.
Dicho esto, las premisas en mención son las siguientes:
a) Que el precedente sea la consecuencia de una praxis jurisdiccional
continuada. De un camino ya recorrido por el Tribunal Constitucional a
través de sus fallos, en el que haya ido perfilando una regla que considere
necesario establecer como de obligatorio y general cumplimiento en casos
similares.
Vale decir, el precedente vinculante nace a raíz de un camino recorrido por
el Tribunal Constitucional en el ejercicio de la magistratura constitucional.
No es producto de un acto ajeno a la praxis jurisprudencial, que nazca sin tal
condición, como si se tratara de una labor meramente legislativa, propia del
Poder Legislativo, salvo que su objetivo sea fortalecer el marco de
protección de los derechos fundamentales.
b) Que el precedente vinculante tenga invívita una finalidad, acorde con la
naturaleza tuitiva, finalista y garantista de los procesos constitucionales:
ampliar y mejorar la cobertura de los derechos fundamentales y de su pleno
y cabal ejercicio.
Por ello, la inspiración del precedente debe responder al rol tuitivo y
reivindicativo del Tribunal Constitucional, tendiente a mejorar los
mecanismos de protección y de garantía de la vigencia efectiva de los
derechos humanos.
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Por tanto, el motor o la inspiración del precedente no puede ni debe ser otro
que brindar mayor y mejor protección al justiciable que alega afectación de
sus derechos esenciales, sea por amenaza o por violación.
El Precedente Huatuco, que se está aplicando al presente caso, ha nacido
contrariando la línea jurisprudencial del Tribunal Constitucional, abandonando
por completo el rol tuitivo que le corresponde a favor de los derechos e inspirado,
por el contrario, en la búsqueda de una fórmula que proteja los intereses
económicos del Estado, asumiendo un rol sancionatorio y punitivo contra los
funcionarios y las autoridades públicas que contrataron sin concurso. Es decir,
ayuno totalmente de las premisas que cimientan y sustentan su razón de ser.
5. Línea jurisprudencial desarrollada por el Tribunal Constitucional.
La línea jurisprudencial que ha venido construyendo el Tribunal Constitucional en
materia de amparos laborales del régimen público, a contramano de las reglas
establecidas en el Precedente Huatuco, ha sido tuitiva, finalista y garantista,
aplicando el principio de la primacía de la realidad y ordenando la reposición de
aquellos trabajadores del Sector Público despedidos, que ingresaron por contratos
temporales o civiles, que demostraron haber realizado una labor de naturaleza
permanente, sujeta a subordinación y dependencia.
Esa línea se ve reflejada en numerosas sentencias dictadas por los sucesivos
colegiados que han integrado el Tribunal Constitucional, de las cuales solo en
forma ilustrativa, he referido algunas en el voto singular que emití en el
Precedente Huatuco; sentencias en las que, recalco, se ordenó la reposición del
trabajador en casos de servidores que no habían ingresado a la Administración
Pública por concurso, pero que habían continuado laborando a través de sucesivas
renovaciones o prórrogas, desempeñando labores de naturaleza permanente, bajo
condiciones de horario, dependencia y subordinación; casos en los cuales
uniformemente se aplicó el principio de la primacía de la realidad.
Tales sentencias son, entre otras, las siguientes: STC 01562-2002-PA/TC STC
2541-2003-PA/TC STC 2545-2003-PA/TC STC 01162-2005-PA/TC, STC
01846-2005-PA/TC STC 4877-2005-PA/TC, STC 4194-2006-PA/TC, STC
01210-2006-PA/TC STC 09248-2006-PA/TC, STC 10315-2006-PA/TC, STC
04840-2007-PA/TC, STC 441-2011-PA/TC, STC 3923-2011-PA/TC, STC 3146-
2012-PA/TC, STC 3537-2012-PA/TC, STC 1587-2013-PA/TC, STC 968-2013-
PA/TC, STC 3014-2013-PA/TC, STC 91-2013-PA/TC y STC 3371-2013-PA/TC.
6. Falta de presupuestos y premisas para el dictado del Precedente Huatuco.
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Como se aprecia de lo explicitado e invocado hasta aquí, no existen los
presupuestos y las premisas básicas que dan mérito a un precedente constitucional
vinculante como el denominado Precedente Huatuco, por cuanto:
a) No es consecuencia de una praxis jurisdiccional continuada ni de un camino
ya recorrido por el Tribunal Constitucional a través de sus fallos, en el que
haya ido perfilando una regla que considere necesario establecer como de
obligatorio y general cumplimiento en casos similares.
b) Por el contrario, es producto de un acto ajeno a la praxis jurisprudencial del
Tribunal Constitucional. Nace sin cumplir tal condición. Como un acto
meramente legislativo, que es propio del Poder Legislativo.
c) No se condice con el rol tuitivo, reivindicativo y garante de la vigencia
efectiva de los derechos humanos que tiene el Tribunal Constitucional.
d) No mejora los mecanismos de protección y de garantía de la vigencia
efectiva de los derechos humanos ni amplía su cobertura ni vela por su cabal
ejercicio y respeto.
e) Desprotege a los trabajadores del Sector Público que no ingresaron por
concurso para plaza vacante y presupuestada, despojándolos de sus derechos
constitucionales al trabajo, a la reposición y a la protección contra el
despido arbitrario, desconociendo y contradiciendo la línea jurisprudencial
desarrollada por el Tribunal Constitucional desde su creación.
f) Desconoce el principio de la primacía de la realidad.
g) Otorga un trato desigual y discriminatorio a los trabajadores del Sector
Público frente a los trabajadores del Sector Privado respecto a sus derechos
al trabajo y a la protección contra el despido arbitrario.
h) En suma, el Precedente Huatuco que se aplica en el auto de mayoría
desnaturaliza totalmente el sentido y los alcances de lo que es un precedente
constitucional vinculante, variando el eje de preocupación y de atención del
Tribunal Constitucional en materia de derechos fundamentales, que no es
otro que procurar su máxima protección, hacia un eje que le es ajeno: la
protección de los intereses del Estado en la contratación de personal.
i) Finalmente, como se puede colegir, el Precedente Huatuco encierra un
propósito adicional: la idea de la simple descarga procesal. Al respecto,
como ya lo he manifestado en numerosos votos singulares, cualquier intento
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de descarga procesal no debe ser ajeno a la siguiente lógica: descargar sin
desamparar, descargar sin desguarnecer y descargar sin abdicar.
7. La obligación del Tribunal Constitucional de respetar su propia
jurisprudencia: la predictibilidad y la seguridad jurídica.
El Tribunal Constitucional ha señalado en anterior jurisprudencia que: “La
interpretación constitucional debe encontrarse orientada a relevar y respetar la
naturaleza de la Constitución como norma jurídica, vinculante in toto y no sólo
parcialmente. Esta vinculación alcanza a todo poder público (incluyendo, desde
luego, a este Tribunal) y a la sociedad en su conjunto2”. En ese sentido, el
Tribunal Constitucional no puede desvincularse tan fácilmente de lo interpretado
y resuelto por el mismo, porque sus propias decisiones lo vinculan. En efecto, el
artículo VI del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional, determina
que la doctrina jurisprudencial exige que: “Los Jueces interpretan y aplican las
leyes o toda norma con rango de ley y los reglamentos según los preceptos y
principios constitucionales, conforme a la interpretación de los mismos que
resulte de las resoluciones dictadas por el Tribunal Constitucional”.
Podemos decir que: “El Tribunal Constitucional, como máximo intérprete de la
Constitución y órgano supremo de control de la constitucionalidad, es titular de
una autonomía procesal para desarrollar y complementar la regulación procesal
constitucional a través de la jurisprudencia, en el marco de los principios
generales del Derecho Constitucional material y de los fines de los procesos
constitucionales3”, puesto que: “(…) las sentencias del Tribunal Constitucional,
dado que constituyen la interpretación de la Constitución del máximo tribunal
jurisdiccional del país, se estatuyen como fuente de derecho y vinculan a todos los
poderes del Estado4”.
Asimismo, el Tribunal Constitucional ha declarado que: “La Constitución es la
norma jurídica suprema del Estado, tanto desde un punto de vista objetivo-
estructural (artículo 51º), como desde el subjetivo-institucional (artículos 38º y
45º). Consecuentemente, es interpretable, pero no de cualquier modo, sino
asegurando su proyección y concretización, de manera tal que los derechos
fundamentales por ella reconocidos sean verdaderas manifestaciones del
principio-derecho de dignidad humana (artículo 1º de la Constitución)5”. Por tal
motivo, el Tribunal Constitucional no puede modificar una línea jurisprudencial
continua y coherente porque estaríamos afectando la concretización de los
2 STC N° 5854-2005-PA/TC, Fundamento 12.
3 RTC N° 0020-2005-PI/TC, Fundamento 2.
4 STC Nº 1333-2006-PA/TC, Fundamento 11.
5 STC Nº 0030-2005-AI/TC, Fundamento 40.
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contenidos de la Constitución, porque no se mantendría una interpretación
perenne.
La legitimidad de un Tribunal Constitucional se obtiene a través de sus decisiones
jurisdiccionales, las mismas que deben ser coherentes y generar predictibilidad
para los justiciables, y sobre todo mantener la seguridad jurídica, principio que
este mismo Colegiado ha declarado que: “(…) forma parte consubstancial del
Estado Constitucional de Derecho. La predictibilidad de las conductas (en
especial, las de los poderes públicos) frente a los supuestos previamente
determinados por el Derecho, es la garantía que informa a todo el ordenamiento
jurídico y que consolida la interdicción de la arbitrariedad”6.
Por otro lado, no se puede emplear la figura del precedente vinculante para
modificar una línea jurisprudencial, pues el precedente está pensado para unificar
y ratificar líneas jurisprudenciales establecidas por el mismo Colegiado, ya que
siguiendo lo expresado por Domingo García Belaunde, respecto a la figura del
presente en el ordenamiento jurídico peruano señala que: “(….) éste no puede ser
mecánico sino prudente, viendo la realidad a la cual se aplica, y sin
desnaturalizar la institución, más aun cuando proviene de otro sistema jurídico7”.
8. Alcances de la protección adecuada al trabajador y el derecho a la
reposición.
Ha sido el Tribunal Constitucional, en su calidad de intérprete supremo de la
Constitución y, más propiamente, de los contenidos normativos de las
disposiciones constitucionales, el que ha efectuado toda una construcción
jurisprudencial del amparo laboral, a partir de la consideración de que el derecho
al trabajo y el derecho a la protección contra el despido arbitrario, consagrados en
los artículos 22 y 27, respectivamente, son derechos fundamentales protegidos por
el proceso de amparo, por lo que frente a su afectación procede que la Justicia
Constitucional retrotraiga las cosas al estado anterior a la agresión y restituya su
pleno ejercicio, lo cual significa la reposición del trabajador perjudicado si este
opta por reclamar dicha opción y la situación responde a las causales
correspondientes.
Tal construcción jurisprudencial tiene su origen por el año 1997 (hace casi 20
años) al poco tiempo que el Tribunal Constitucional iniciara sus funciones, como
puede verificarse revisando, entre otras, la STC 111-1996-AA/TC (Caso Hugo
6 STC. Nº 0016-2002-AI/TC, Fundamento 3.
7 GARCÍA BELAUNDE, Domingo. “El precedente vinculante y su revocatoria por parte del
Tribunal Constitucional (a propósito del caso Provías Nacional).” Disponible en:
http://www.uss.edu.pe/uss/RevistasVirtuales/ssias/ssias2/pdf/GARCIABELAUNDE.pdf
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Putman Rojas), del 13 de junio de 1997, y la STC 1112-1998-AA/TC (Caso César
Antonio Cossío y otros), del 21 de enero de 1999, y se consolida en la STC 976-
AA-2001-AA/TC, en la que establece claramente la posibilidad de recurrir vía
amparo en los casos de despido incausado, despido nulo y despido fraudulento,
cuando resulte evidente la violación del derecho constitucional y no sea
igualmente satisfactoria la vía paralela, por no constituir un remedio idóneo.
Al respecto, resulta ilustrativa la afirmación del maestro argentino Néstor Pedro
Sagüés, quien sostiene:
“No basta, pues, que haya una vía procedimental (de cualquier
índole), para desestimar un pedido de amparo: hay que considerar,
inexcusablemente, si tal trámite es auténticamente operativo para
enfrentar el acto lesivo. Resultaría harto fácil (y a la vez farisaico),
rechazar una demanda de amparo por la simple razón de existir
acciones judiciales y administrativas que contemplaran el
problema litigioso, ya que con tal criterio, todo amparo resultaría
prácticamente desechable. Lo que debe determinarse, es si tales
caminos son efectivamente útiles para ‘lograr la protección del
derecho o garantía constitucional de que se trate’,…” (SAGÜÉS,
Néstor Pedro, “El Derecho Procesal Constitucional – Recurso
Extraordinario”. Editorial Astrea. Buenos Aires. 1989, p. 169).
Durante el largo recorrido efectuado por el Tribunal Constitucional desde aquellos
años hasta la fecha, como se comprueba de las sentencias referidas al mencionar
su línea jurisprudencial, se ha consolidado el amparo laboral frente a casos de
reclamos por despidos incausados, nulos o fraudulentos de trabajadores del Sector
Público que no ingresaron por concurso y demostraron haber efectuado labores de
naturaleza permanente, bajo condiciones de subordinación y dependencia, por
aplicación del principio de la primacía de la realidad.
9. Aplicación y efectos en el tiempo del Precedente Huatuco.
El Precedente Huatuco elimina y proscribe la reposición o reincorporación de los
servidores públicos despedidos que ingresaron al servicio del Estado sin concurso
público y con plaza presupuestada vacante, irradiando efectos inmediatos en el
tiempo, a partir del día siguiente de su publicación en el diario oficial “El
Peruano” a todos los procesos de amparo que se encuentren en trámite, cualquiera
que sea la etapa en que se hallen, y manda declarar improcedentes las nuevas
demandas que se presenten.
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Discrepo rotundamente de la aplicación y efectos en el tiempo que dispone el
Precedente Huatuco, pues la generación de precedentes constitucionales
vinculantes con incidencias retroactivas, aun cuando está permitida, no habilita de
ninguna manera un uso indeterminado o arbitrario de dicha facultad, ya que en
cualquier circunstancia ha de estarse al respeto de la propia Constitución y de su
catálogo de derechos y principios constitucionales.
En efecto, si a los justiciables que iniciaron sus reclamos en una época en la que el
amparo les permitía reclamar reposición, como en el presente caso, se les aplica
un precedente en el que se les dice que ya no hay reposición, sino solo
indemnización y que esta solo se obtiene únicamente a través del proceso
ordinario, dicha alternativa contraviene expresamente el derecho fundamental al
procedimiento preestablecido por la ley reconocido expresamente en el artículo
139º, inciso 3), de nuestra Norma Fundamental. Contraviene incluso nuestra
propia jurisprudencia que en forma constante, reiterada y uniforme, ha enfatizado
que “el derecho al procedimiento preestablecido por la ley … garantiza … que
las normas con las que se inició un determinado procedimiento, no sean alteradas
o modificadas con posterioridad por otra. De esta manera, iniciado un
procedimiento determinado, cualquier modificación realizada a la norma que lo
regulaba no debe ser la inmediatamente aplicable al caso …” (Cfr. Exps. N.ºs
2928-2002-HC/TC, 1593-2003-HC/TC, 5307-2008-PA/TC, entre otros).
Conviene recordar, por lo demás, que si nuestro propio legislador ordinario se
encuentra expresamente prohibido de emitir normas con fuerza o efecto
retroactivo, salvo que las mismas favorezcan (artículo 103.º de la Constitución
Política del Perú), no encuentro sustento alguno para que el Tribunal
Constitucional haga exactamente lo contrario, tanto más cuanto que el precedente
en mención, lejos de favorecer, termina perjudicando o restringiendo derechos
para el amparista que antes podía lograr una reposición, que la nueva regla,
inusitadamente y de forma inmediata, elimina y proscribe.
10. El sentido de mi voto.
Por las razones expuestas, mi voto es porque se declare fundada la demanda y, en
consecuencia, se ordene la inmediata reposición del demandante al haberse
comprobado la desnaturalización del contrato de trabajo y la vulneración de su
derecho fundamental al trabajo.
Lima, 12 de noviembre de 2017
S.
BLUME FORTINI
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VOTO SINGULAR DEL MAGISTRADO RAMOS NUÑEZ
El Tribunal ha resuelto, por mayoría, declarar improcedente la demanda y, en aplicación
del precedente que contiene el fundamento 22 de la STC 05057-2013-PA/TC, ha
dispuesto que se reconduzca los actuados a la jurisdicción ordinaria. Me encuentro en
desacuerdo con la decisión y estas son las razones que lo fundamentan.
*
En la STC 05057-2013-PA/TC, el Tribunal Constitucional estableció diversas reglas en
calidad de precedentes. La principal es la que contiene el fundamento 18, según la cual,
en los casos en los que se acredite la desnaturalización del contrato temporal o del
contrato civil, no podrá ordenarse la reposición si el trabajador no ingresó mediante
concurso público respecto de una plaza, presupuestada y vacante, de duración
indeterminada.
Mediante la primera condición –haber ingresado mediante concurso público– el
Tribunal decidió poner coto a una práctica inveterada, consistente en utilizar el empleo
público como un medio para obtener el servicio o la lealtad del trabajador y, en su lugar,
exigir que la permanencia en un cargo público obedezca a las calificaciones y
competencias con que este cuenta y, por cierto, demuestra en un concurso de
oposiciones.
Este telos meritocrático que está en la base del precedente aplica exclusivamente a los
trabajadores en el empleo público. Y plantea que en los casos en los que se produzca la
desnaturalización de la contratación temporal o civil, la protección adecuada contra el
despido arbitrario –garantizada por el artículo 27 de la Constitución–, debe hacerse
efectiva mediante el sistema de compensación; es decir, con el pago de una
indemnización, que es una de las modalidades como el legislador pudo desarrollar este
derecho constitucional de configuración legal, según indica el ordinal “d” del artículo
7º del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en
materia de derechos económicos, sociales y culturales.
**
La STC 05057-2014-PA/TC también aspiraba a establecer como vinculante la
aplicación inmediata de la regla anterior. Mi voto a favor de que no deba ordenarse la
reposición de los trabajadores que no ingresaron por concurso público, no comprendió
su aplicación inmediata a los procesos en trámite [fundamento 21], ni la reconducción
de estos a la justicia ordinaria [fundamento 22]. Precisé, en efecto, que “[n]o obstante,
en relación al precedente, manifiesto mi disconformidad con su aplicación
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inmediata…”, pues “estimo que la variación de un criterio que comportará, a su vez,
una reconducción del proceso a la vía ordinaria (y, con ella, una alteración de la
pretensión), debería operar solo para aquellos casos que se inicien luego de que esta
sentencia sea publicada en el diario oficial El Peruano”.
Fui de la opinión que en la STC 5057-2013-PA/TC correspondía expresar un
“fundamento de voto” pues estuve “…de acuerdo con el modo en el que se ha resuelto
el caso”. Este comprendió mi conformidad con la decisión y con los fundamentos en los
que esta se justificó. Allí se declaró infundada la demanda porque la relación laboral de
doña Rosalía Huatuco Huatuco cesó por vencimiento del plazo del contrato de trabajo,
sin que en dicha relación laboral se observara desnaturalización alguna [fundamentos 29
a 33]. Y dado que no se trató de una desnaturalización laboral, las reglas formuladas en
los fundamentos 18, 21, 22 de la STC 5057-2013-PA/TC no fueron allí aplicadas –pese
a que en diversos momentos el Tribunal Constitucional se ha impuesto como una sana
política en la expedición de precedentes, que estos surjan “a partir de un caso concreto”
[Cf. STC 3741-2004-PA/TC, fundamento 43] –.
Ahora se resuelve un caso bajo las diversas reglas del precedente establecido en la STC
05057-2013-PA/TC ¿Son aplicables estas reglas a los casos iniciados con anterioridad a
su expedición, como el que ahora tenemos que resolver? En mi opinión, la respuesta es
negativa. Como expresé en mi fundamento de voto en la STC 5057-2013-PA/TC, así
como en mi voto singular de la respectiva aclaración, la regla de la aplicación inmediata
vulnera la seguridad jurídica y la predictibilidad de las decisiones que emita este
Tribunal.
De modo pues que, al ser aun aplicables a este caso las reglas y la jurisprudencia de este
Tribunal vigentes antes de la aprobación de la STC 5057-2013-PA/TC, y al haberse
acreditado que se desnaturalizó el contrato de trabajo del demandante [fundamento 15
de la STC 06467-2015-PA/TC], corresponde ordenar su reposición.
S.
RAMOS NUÑEZ
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