Pleno. Sentencia 47/2023
Caso del Nuevo Código Procesal Constitucional II 1
Expediente 00030-2021-PI/TC
RAZÓN DE RELATORÍA
En la sesión de Pleno del Tribunal Constitucional, de fecha 31 de enero
de 2023, los magistrados Morales Saravia (con fundamento de voto),
Pacheco Zerga (con fundamento de voto), Gutiérrez Ticse, Domínguez
Haro (con fundamento de voto), Monteagudo Valdez (con fundamento
de voto) y Ochoa Cardich han emitido la siguiente sentencia que
resuelve:
1. Declarar INFUNDADA la demanda.
2. INTERPRETAR que el segundo párrafo del artículo 24 del Código Procesal
Constitucional es constitucional, siempre que se entienda que la convocatoria
de vista de la causa en audiencia pública y el ejercicio de la defensa pueden
hacerse de forma oral cuando corresponda expedir un pronunciamiento sobre
el fondo del asunto y en aquellos casos en los que el Pleno lo considere
indispensable.
3. INTERPRETAR que el artículo 5 del Código Procesal Constitucional es
constitucional al no impedir que el Poder Judicial desarrolle un sistema de
comunicación interno entre la Procuraduría Pública de dicho poder del
Estado y los jueces demandados vía procesos de tutela contra resoluciones
judiciales, a efectos de que tomen conocimiento oportuno de dichos
procesos, sin afectar la celeridad procesal ni las garantías del debido proceso.
4. INTERPRETAR que el artículo 29 y la Segunda Disposición
Complementaria Final son constitucionales, al no impedir que el Poder
Judicial habilite provisionalmente a los juzgados ordinarios para conocer los
procesos constitucionales de tutela cuando la carga procesal supere la
capacidad operativa de los juzgados constitucionales.
La Secretaría del Pleno deja constancia de que la presente razón
encabeza la sentencia y los votos antes referidos, y que los
magistrados intervinientes en el Pleno firman digitalmente al pie de
esta razón en señal de conformidad.
Flavio Reátegui Apaza
Secretario Relator
SS.
MORALES SARAVIA
PACHECO ZERGA
GUTIÉRREZ TICSE
DOMÍNGUEZ HARO
MONTEAGUDO VALDEZ
OCHOA CARDICH
Caso del Nuevo Código Procesal Constitucional II 2
PLENO JURISDICCIONAL
Expediente 00030-2021-PI/TC
SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
31 de enero de 2023
Caso del Nuevo Código Procesal Constitucional II
PODER JUDICIAL C. CONGRESO DE LA REPÚBLICA
Asunto
Demanda de inconstitucionalidad contra la Ley 31307, Nuevo Código Procesal
Constitucional.
Magistrados firmantes:
SS.
MORALES SARAVIA
PACHECO ZERGA
GUTIÉRREZ TICSE
DOMÍNGUEZ HARO
MONTEAGUDO VALDEZ
OCHOA CARDICH
Caso del Nuevo Código Procesal Constitucional II 3
TABLA DE CONTENIDOS
Norma impugnada Parámetro de control
Constitución Política del Perú
- Artículos 2, inciso 2; 43, 79 (primer párrafo) y 139,
incisos 2, 3, 6 y 14
Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH)
- Artículos 8.2; 24 y 25
Ley 31307
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP)
- Artículos 3, 14, incisos 1, 3 y 5; y 26
Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH)
- Artículos2 y 11
I. ANTECEDENTES
A. PETITORIO CONSTITUCIONAL
B. DEBATE CONSTITUCIONAL
B-1. DEMANDA
B-2. CONTESTACIÓN DE DEMANDA
II. FUNDAMENTOS
1. DELIMITACIÓN DE LA CONTROVERSIA
2. SOBRE LA FALTA DE NOTIFICACIÓN Y EMPLAZAMIENTO CON LA
DEMANDA CONSTITUCIONAL A LOS JUECES O MAGISTRADOS DEL PODER
JUDICIAL ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 5 (SEGUNDO PÁRRAFO) DEL
CPCO
3. SOBRE LA PROHIBICIÓN DE RECHAZAR LIMINARMENTE LAS DEMANDAS
CONSTITUCIONALES EN PROCESOS DE TUTELA DE DERECHOS
FUNDAMENTALES ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 6 DEL CPCO
3.1. SOBRE LA ALEGADA VULNERACIÓN DE LA AUTONOMÍA JUDICIAL
Y DEL PRINCIPIO DE SEPARACIÓN DE PODERES
Caso del Nuevo Código Procesal Constitucional II 4
3.2. SOBRE LA ALEGADA VULNERACIÓN DEL DERECHO DE DEFENSA
DEL PODER JUDICIAL
3.3. SOBRE LA ALEGADA VULNERACIÓN DE LA TUTELA
JURISDICCIONAL EFECTIVA
3.4. SOBRE LA ALEGADA VULNERACIÓN DE LA PROHIBICIÓN DE
INICIATIVA DE GASTO DE LOS CONGRESISTAS DE LA REPÚBLICA
ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 79 DE LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA DE 1993
4. SOBRE EL IMPEDIMENTO PARA SOLICITAR VISTA DE LA CAUSA A PEDIDO
DEL DEMANDADO, EN EL TRÁMITE DEL PROCESO DE HABEAS CORPUS
(ARTÍCULOS 23 LITERAL “A”, Y 37.8 DEL CPCO)
4.1. SOBRE LA ALEGADA VULNERACIÓN DEL DERECHO A SER OÍDO,
COMO MANIFESTACIÓN DEL DERECHO DE DEFENSA
4.2 SOBRE LA ALEGADA VULNERACIÓN DEL PRINCIPIO DE IGUALDAD
EN LA TRAMITACIÓN DEL PROCESO DE HÁBEAS CORPUS
5. SOBRE EL CARÁCTER INIMPUGNABLE DE LA DECISIÓN QUE ORDENA LA
ACTUACIÓN INMEDIATA DE SENTENCIA ESTIMATORIA DE PRIMER GRADO
Y SU VIGENCIA HASTA LA CONCLUSIÓN DEL PROCESO (ARTÍCULO 26,
SEGUNDO PÁRRAFO, DEL CPCO)
5.1. SOBRE LA ALEGADA VULNERACIÓN DEL DERECHO A LA DEFENSA
Y A LA PLURALIDAD DE INSTANCIAS
6. SOBRE EL CARÁCTER INIMPUGNABLE DEL REQUERIMIENTO JUDICIAL EN
EL PROCESO DE HABEAS DATA (ARTÍCULO 64, SEGUNDO PÁRRAFO, DEL
CPCO)
7. SOBRE LA COMPETENCIA DEL JUEZ CONSTITUCIONAL EN LOS PROCESOS
DE HABEAS CORPUS
8. SOBRE LA OPTIMIZACIÓN DEL ROL DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
9. SOBRE EL DEBER DE RESPETAR EL ESTADO DEMOCRATICO
CONSTITUCIONAL: EL MANDATO DE LA LEY CONSTITUCIONALIZADA
III. FALLO
Caso del Nuevo Código Procesal Constitucional II 5
SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
En Lima, a los 31 días del mes de enero de 2023, reunido el Tribunal
Constitucional en sesión del Pleno Jurisdiccional, con la asistencia de los señores
magistrados Morales Saravia, Pacheco Zerga, Gutiérrez Ticse, Domínguez Haro,
Monteagudo Valdez y Ochoa Cardich, pronuncia la siguiente sentencia, con los
fundamentos de voto de los magistrados Morales Saravia, Pacheco Zerga, Domínguez
Haro y Monteagudo Valdez, que se agregan.
I. ANTECEDENTES
A. PETITORIO CONSTITUCIONAL
Con fecha 17 de setiembre de 2021, el Poder Judicial interpone demanda de
inconstitucionalidad contra diversos artículos de la Ley 31307, publicada el 23 de julio
de 2021 en el diario oficial El Peruano, que aprobó el nuevo Código Procesal
Constitucional (en adelante “CPCo”), por considerar que contravienen lo dispuesto en
los artículos 2.2, 43, 79 y 139 -incisos 2, 3, 6 y 14- de la Constitución Política de 1993.
Específicamente, dicha parte cuestiona la constitucionalidad de los artículos 5 (segundo
párrafo), 6, 23.a, 26 (segundo párrafo), 29, 37.8 y 64 (segundo párrafo) del referido CPCo.
Por su parte, con fecha 11 de enero de 2022, el Congreso de la República contesta la
demanda negándola y contradiciéndola en todos sus extremos.
B. DEBATE CONSTITUCIONAL
Las partes presentan una serie de argumentos sobre la constitucionalidad de la norma
impugnada que, a manera de resumen, se presentan a continuación:
B-1. DEMANDA
Los argumentos expuestos en la demanda son los siguientes:
- El procurador público del Poder Judicial comienza impugnando el segundo
párrafo del artículo 5 del CPCO en cuanto dispone que, en los procesos
constitucionales contra resoluciones judiciales, no se notifica ni se emplaza con la
demanda a los jueces o magistrados del Poder Judicial.
- Al respecto, sostiene que la falta de notificación y emplazamiento con la demanda
a los jueces en tales procesos constitucionales, vulnera el derecho de defensa
reconocido en el artículo 139.14 de la Constitución Política, en el artículo 11 de
la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH), así como también en el
artículo 14.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) y
en los artículos 8.2, literales “d” y “e”, de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos (CADH).
Caso del Nuevo Código Procesal Constitucional II 6
- Refiere que no existe justificación alguna que evidencie que la notificación
dirigida a los jueces demandados cause perjuicio al demandante. En ese sentido,
explicita que se debe notificar de las demandas de habeas corpus y sus anexos a
los jueces del Poder Judicial, más aún si son quienes emiten las resoluciones
cuestionadas. En cambio, dicha falta de notificación impide, a criterio del
demandante, el ejercicio del derecho de defensa de los jueces.
- A ello añade que, si se ampara una demanda de habeas corpus, además de dejarse
sin efecto la resolución judicial impugnada, se generan dos consecuencias que
perjudican directamente a los jueces: i) que ello se considere como un demérito
en su legajo personal del distrito judicial donde pertenece; y ii) que se le atribuya
una posible responsabilidad civil, según lo dispuesto en los artículos 509, 516 y
517 del Código Civil.
- Añade que la omisión del emplazamiento válido a los jueces a través de un acto
procesal de comunicación generaría un estado de indefensión grave en detrimento
de los jueces, toda vez que les restaría la posibilidad de hacer valer sus propios
derechos e intereses legítimos, así como de defender o alegar sus posiciones y
justificar lo decidido frente a la parte demandante en los procesos de habeas
corpus.
- En suma, el demandante sostiene que no resulta constitucional reducir la
posibilidad de que los jueces puedan ser oídos y de que ejerzan la defensa de sus
derechos e intereses legítimos, precisando que la omisión de la notificación a los
jueces viciaría las actuaciones judiciales realizadas sin su concurso y acarrearía la
nulidad de las decisiones judiciales adoptadas.
- Asevera que, si bien se notifica a la Procuraduría Pública del Poder Judicial con
las demandas de habeas corpus, esta entidad solo defiende los intereses del Estado
en todas las investigaciones y procesos penales, civiles, administrativos, laborales,
etcétera; mas no ejerce la defensa de los jueces del Poder Judicial, de conformidad
con el artículo 47 de la Constitución Política de 1993, los artículos 24 y 27.1 del
Decreto Legislativo 1326, y los artículos 13.1, 14.2, 39.1 y 39.3 del Decreto
Supremo 018-2019-JUS.
- Además, refiere que según el artículo 35.5 del Decreto Legislativo 1326, Decreto
Legislativo que Reestructura el Sistema Administrativo de Defensa Jurídica del
Estado y crea la Procuraduría General del Estado, los Procuradores Públicos
tienen prohibido “participar o ejercer el patrocinio deterceros, servidores/as o
funcionarios/as por actos cometidos contra la entidad pública que representa”.
- Por tal razón, alega que es necesario que los propios jueces defiendan sus
resoluciones judiciales cuestionadas, a fin de sustentar y contravenir las razones
de la impugnación, más aún en casos de alegadas omisiones funcionales o de falta
de motivación.
Caso del Nuevo Código Procesal Constitucional II 7
- Apunta que la participación de los magistrados demandados es necesaria también
por cuanto conocen el proceso originario de manera precisa, aspecto este que
resulta de suma importancia, si se tiene en cuenta que a la Procuraduría Pública
del Poder Judicial se notifican con resoluciones incompletas y que es necesario
contar con información complementaria, sobre todo para la contestación de las
demandas. Precisa que dicha información es de conocimiento de los jueces
demandados que participaron en el proceso principal, del que se deriva el proceso
de habeas corpus.
- Indica que, actualmente, existe una serie de limitaciones para realizar la defensa a
cargo de la Procuraduría Pública, puesto que es necesaria la comunicación con los
juzgados, así como el acceso a la información del proceso penal originario, a lo
que se añade la demora en la remisión de la información correspondiente y las
dificultades para la comunicación fluida con los jueces.
- De hecho, enfatiza que la notificación a los magistrados ha permitido salvaguardar
la defensa frente a casos de vencimiento de plazo de contestación por parte de la
Procuraduría Pública, la complementación en la defensa ejercida al contestar las
demandas interpuestas, así como la presentación de actuados desconocidos en el
proceso constitucional.
- Asimismo, destaca que actualmente los jueces cuentan con un correo institucional
o casilla electrónica, con lo cual la notificación es inmediata y efectiva, y que
puede omitirse la notificación física para no alargarse el proceso, salvo cuando el
magistrado no ejerza funciones, en cuyo caso la notificación deberá ser realizada
en su domicilio legal.
- Por otro lado, señala que el artículo 6 del CPCo -en cuanto prohíbe el rechazo
liminar en todas las tipologías de habeas corpus-, vulnera la autonomía judicial y
el principio de separación de poderes, al prohibir el control de las demandas de
habeas corpus, amparo, habeas data y cumplimiento cuando incurren en evidente
causal de improcedencia al presentarse.
- Al respecto, aduce que debe evitarse que una decisión judicial sea el resultado de
un mandato o presión sobre el funcionario que la adopta, por cuanto es la autoridad
judicial quien determina la aplicación, alcance, interpretación e integración de las
normas jurídicas, al ejercer la función de administrar justicia, que comprende las
facultades de conocer, juzgar y hacer cumplir lo fallado.
- En tal sentido, refiere que la exclusividad de esta función impide que cualquier
órgano del Estado por medio de la ley pueda, entre otros aspectos, imponer un
modo especial para orientar su razonamiento y sus decisiones, o disminuir o
menoscabar las atribuciones judiciales relativas al control de la juridicidad de los
actos de las autoridades.
- En suma, la autonomía sólo podrá concretarse en la medida en que los propios
jueces decidan, sin injerencia de terceras personas.
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- Por tales razones, alega que el artículo bajo comentario vulnera la autonomía
judicial, por cuanto obliga e impone a los jueces la admisión de demandas que
bien podrían incurrir en causales de improcedencia cuando son presentadas; y que
los jueces están obligados a admitirlas, de forma automática y mecánica, sin darles
la posibilidad de que, en el ejercicio de su función jurisdiccional, puedan revisar
su contenido, teniendo que esperar hasta la emisión de la sentencia para desestimar
la demanda.
- Argumenta que el referido artículo es contrario a lo establecido en los demás
ordenamientos procesales existentes en nuestro país, donde se respeta la facultad
de los jueces de rechazar inmediatamente la demanda, si en el ejercicio de su
facultad autónoma se advierte que es evidente su desestimación; tal y como se
encuentra consagrado en el Código Procesal Civil (artículo 427), la nueva Ley
Procesal del Trabajo (artículo 17) o el Texto Único Ordenado de la Ley 27584
(artículo 22).
- Afirma que el artículo impugnado también vulnera el principio de separación de
poderes propiamente dicho, establecido en el artículo 43 de la Constitución
Política de 1993, en la medida en que incide directamente en la autonomía
funcional de los órganos jurisdiccionales, al imponerse el criterio establecido por
el legislador respecto a la calificación de la demanda en los procesos
constitucionales antes referidos.
- Por otra parte, alega que dicho artículo vulnera el derecho de defensa reconocido
en el artículo 139.14 de la Constitución Política de 1993, en los artículos 8.2,
literales “d” y “e”, de la CADH, en el artículo 14.3 del PIDCP y en el artículo 11
de la DUDH.
- Precisa que sería materialmente imposible poder cubrir la defensa de todos los
procesos constitucionales por el desmedido número de demandas interpuestas,
considerando la cantidad mínima de personal especializado con que se cuenta para
llevar a cabo dicha defensa.
- Además, acota que se afectaría la eficacia y eficiencia en la defensa de todos los
casos al no existir tiempo razonable para plantear la estrategia de defensa
adecuada. En consecuencia, no se ejercería una efectiva defensa de los intereses
del Poder Judicial y, con ello, se vulneraría la garantía del derecho de defensa.
- Agrega también que el referido artículo 6 del CPCo ha incurrido en una
vulneración a la tutela jurisdiccional efectiva, reconocida en el artículo 139 de la
Constitución, en el artículo 10 de la DUDH y en el artículo 14.1 del PIDCP.
- Alega que la prohibición del rechazo liminar de las demandas constitucionales
elimina la etapa de calificación y que todas las demandas constitucionales
ingresarían de frente a la etapa de trámite; con lo cual se incrementaría el ingreso
de procesos constitucionales, así como la necesidad de tener un mayor número de
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órganos jurisdiccionales para atender y resolver con mayor economía y celeridad
procesales.
- Resalta que el rechazo liminar no sólo conlleva reducir la carga procesal, sino que
también permite al juez constitucional, dentro de su autonomía y competencia,
hacer una calificación primigenia del fondo de la demanda y contrastar con las
causales de improcedencia que el propio CPCo contempla.
- Del mismo modo, aduce que mediante el Informe 0044-2021-OPJ-CNPJ-J-CE-PJ
se comunicó que la demanda adicional de órganos jurisdiccionales que se requiere
para la implementación del CPCo son 18 juzgados constitucionales, cuyo costo
anual asciende a S/ 23,710,536 [veintitrés millones setecientos diez mil quinientos
treinta y seis soles], necesarios para la contratación de los jueces y personal
jurisdiccional, así como para los costos de bienes y servicios, y la adquisición de
activos no financieros.
- Por ende, alega que la Ley 31307 es una norma que indirectamente contraviene el
artículo 79 de la Constitución, que prohíbe al Congreso de la República la
iniciativa de gasto público, pues su vigencia implica innecesariamente el aumento
del gasto desequilibrando el presupuesto del Poder Judicial.
- Por otro lado, en referencia a los artículos 23, literal “a”, y 37.8 del CPCo, el
demandante asevera que en los procesos de habeas corpus se impide que la parte
demandada pueda informar oralmente ante el juez o el Tribunal Superior, con lo
que se transgrede el derecho a ser oído por una autoridad judicial antes de que se
resuelva la controversia, que se encuentra reconocido en el artículo 139.14 de la
Constitución Política de 1993, en el artículo 8.1 de la CADH, en el artículo 26 de
la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (DADDH), en
el artículo 10 de la DUDH y en el artículo 14.1 del PIDCP.
- Así, sostiene que el juez tiene el deber de oír a la persona que pueda resultar
afectada por la decisión judicial que adopte.
- No obstante, sostiene que el CPCo vulnera el derecho fundamental de ser oído,
junto con el derecho de gozar de absoluta igualdad ante el juez o Tribunal, en la
medida en que establece la ausencia de vista de causa y la restricción de la
solicitud del uso de la palabra a la parte demandada, pues solo se podrá realizar a
solicitud de la parte demandante o el beneficiario.
- Refiere, asimismo, que solo el demandante puede solicitar el informe oral en
segunda instancia en los procesos de habeas corpus, con lo que se incurre en un
tratamiento normativo diferenciado, que no tiene ninguna justificación objetiva y
razonable.
- Con relación a tales cuestionamientos, esta parte manifiesta que, si el demandante
puede hacer uso de la palabra e informar en segunda instancia en un proceso de
Caso del Nuevo Código Procesal Constitucional II 10
habeas corpus, por el derecho a la igualdad de armas y el derecho de defensa, el
mismo derecho debe corresponder al demandado.
- Por otra parte, afirma que los artículos 26 (segundo párrafo) y 64 (segundo
párrafo) del CPCo vulneran el derecho del debido proceso y a la pluralidad de
instancias. El primero, en cuanto establece que la decisión que dispone la
actuación inmediata de sentencia estimatoria es inimpugnable y que mantiene su
vigencia hasta el final del proceso; y el segundo, en tanto dispone que en un
proceso de habeas data, el requerimiento judicial que realiza el juez para que el
demandado cumpla con la entrega de la información solicitada antes de emitir
sentencia tiene carácter inimpugnable.
- Sostiene que tales artículos vulneran los incisos 3 y 6 del artículo 139 de la
Constitución, el artículo 25 de la CADH, el artículo XVIII de la DADDH, el
artículo 8 de la DUDH y los incisos 3 y 5 del artículo 14 del PIDCP, en relación
con el debido proceso y el derecho a la pluralidad de instancias.
- Con relación al artículo 26, el demandante sostiene que la actuación inmediata de
la sentencia estimatoria de primer grado debe tener un trámite diferenciado con
relación a otras sentencias estimatorias; alegando, en concreto, que la actuación
inmediata de la sentencia emitida en un proceso de habeas corpus contra
resoluciones judiciales se ha terminado convirtiendo en un mecanismo procesal
para suspender las investigaciones fiscales o la ejecución de las sentencias
condenatorias.
- En ese caso, el recurrente propone que, para excarcelar a los beneficiarios de estos
procesos, o para dejar sin efecto órdenes de ubicación y captura que deriven de
una sentencia condenatoria o de un auto de prisión preventiva, se debe tener doble
conformidad de la sentencia constitucional, esto es, contar con la resolución
confirmatoria de la Sala competente.
- Respecto al artículo 64 del CPCo, menciona que se restringe el derecho a la
pluralidad de instancias, al impedirse que se pueda acudir al órgano jurisdiccional
superior, con lo que se vulnera a la vez el derecho a la tutela judicial efectiva. Para
este caso, solicita que se habilite la doble instancia que permita al sujeto procesal,
dentro del órgano jurisdiccional, poder cuestionar la resolución judicial que le es
adversa, y de esta manera se otorgue mayor legitimidad como acto jurisdiccional
del Estado y al mismo tiempo una mayor seguridad y tutela mediante la doble
verificación.
- Por último, refiere que el artículo 29 del CPCo, en cuanto establece que la
demanda de habeas corpus se interpone ante el juez constitucional, vulnera la
tutela jurisdiccional efectiva, porque se despoja a los juzgados penales de la
competencia para conocer los procesos de habeas corpus, lo que generará que las
demandas que se presenten en esta materia sean asumidas por los juzgados
constitucionales, los cuales, a juicio del demandante, no alcanzan la cantidad
Caso del Nuevo Código Procesal Constitucional II 11
necesaria para atender estos procesos, y eso implicará dilaciones y demoras, en
perjuicio de los demandantes.
- En consecuencia, también advierte la vulneración del debido proceso y del
derecho de acceso a la justicia constitucional y a la eficacia del proceso de habeas
corpus como mecanismo judicial de tutela de derechos fundamentales, al
restringir el número de órganos jurisdiccionales para conocer situaciones de
violación o amenaza de los derechos protegidos por el habeas corpus.
B-2. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA
Los argumentos expuestos en la contestación de la demanda son los siguientes:
- El apoderado especial del Congreso de la República sostiene, en relación con el
cuestionamiento del artículo 5 de la Ley 31307, que dicha disposición no vulnera
el derecho de defensa, en la medida en que se garantice que los jueces del Poder
Judicial no queden en estado de indefensión en los procesos constitucionales
contra resoluciones judiciales. Al respecto, señala que existe jurisprudencia del
Tribunal Constitucional en la que se ha determinado que no se vulnera el derecho
de defensa de los jueces del Poder Judicial, en procesos constitucionales de
amparo y habeas corpus contra resoluciones judiciales, pese a que no participaron
directamente, toda vez que sí lo hizo el procurador público encargado de los
asuntos del Poder Judicial.
- Por ello, esta parte alega que la falta de notificación de la demanda a los jueces
emisores de resoluciones impugnadas en la vía constitucional no vulnera su
derecho de defensa si se apersona el procurador público del Poder Judicial y
porque, además, la posición jurídica del órgano jurisdiccional demandado,
siempre y en todos los casos, se encontrará en la misma resolución cuestionada.
- Con relación a los cuestionamientos al artículo 6 del CPCo, respecto a la
vulneración de la independencia judicial, esta parte sostiene que dicho principio
no ha sido afectado, puesto que la prohibición de rechazo liminar no constituye
un ejercicio de influencias sobre decisiones judiciales ni es un medio para lograr
que tales decisiones dependan de la voluntad de otros poderes públicos, como el
Poder Ejecutivo o el Poder Legislativo.
- Sostiene que las decisiones de los jueces dependen de lo establecido en la
Constitución y en las leyes acordes con ella, siendo precisamente ese el caso de la
ley impugnada, en la medida en que ha establecido que los jueces podrán aplicar
las causales de improcedencia del artículo 7 del CPCo, luego de la presentación
del escrito de la contestación de la demanda.
- Con respecto al principio de separación de poderes, esta parte sostiene que, de
conformidad con el artículo 200 de la Constitución, el Congreso tiene competencia
para regular los procesos constitucionales, entre los que se encuentran los procesos
Caso del Nuevo Código Procesal Constitucional II 12
de habeas corpus, amparo, habeas data y cumplimiento. Por ello, afirma que el
ejercicio de dicha competencia en el presente caso no puede ser considerado como
una vulneración del principio de separación de poderes.
- Respecto al cuestionamiento de la prohibición del rechazo liminar de la demanda
en los procesos de tutela de derechos establecida en el segundo párrafo del artículo
6 del CPCo, el apoderado especial del Congreso también aduce que dicha
disposición no ha vulnerado el derecho de defensa del Poder Judicial en los
procesos constitucionales, toda vez que no impide que la Procuraduría Pública
correspondiente pueda ejercer los medios necesarios, suficientes y eficaces para
defender los derechos e intereses legítimos de dicho poder del Estado en tales
procesos.
- Asimismo, anota que esta disposición tampoco promueve que los órganos
judiciales realicen actos concretos arbitrarios e indebidos en un proceso judicial
que impidan a los abogados de dicha Procuraduría defender los derechos e
intereses legítimos del Poder Judicial.
- Indica también que debe distinguirse el examen de constitucionalidad en abstracto
que se realiza en un proceso de inconstitucionalidad, del análisis de oportunidad
y conveniencia de la medida legislativa sobre la prohibición del rechazo liminar
de la demanda, que no es objeto de control en este proceso.
- Dicha parte sostiene también que la disposición impugnada persigue asegurar que
el justiciable que presenta una demanda en un proceso constitucional de tutela de
derechos tenga la garantía de que el juez evaluará con la debida atención su caso,
y que, solo después de analizar tanto la demanda como su contestación, podrá
resolver su improcedencia motivando el auto respectivo, sin necesidad de
convocar a una audiencia única, conforme lo establece el artículo 12 del CPCo.
- Antes bien, para el apoderado especial del Congreso dicha disposición garantiza
el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva de los justiciables en los procesos
constitucionales, en la línea del deber primordial del Estado de garantizar la
vigencia de los derechos humanos, conforme al artículo 44 de la Constitución
Política de 1993.
- Con relación a la alegada vulneración del artículo 79 del Texto Fundamental, el
apoderado especial del Congreso precisa que en ninguna de las disposiciones de
la Ley 31307 se ha ordenado la ejecución de gasto público, puesto que se trata
simplemente de la sustitución de la ley orgánica sobre procesos constitucionales
que ya existía previamente, como lo fue la Ley 28237.
- Al respecto, sostiene que el CPCo no ordena la creación y/o apertura de juzgados
y salas constitucionales, ni dispone la contratación de mayor cantidad de
servidores judiciales, dado que ello es competencia exclusiva del Poder Judicial,
conforme al TUO de su Ley Orgánica.
Caso del Nuevo Código Procesal Constitucional II 13
- Indica que el 23 de julio de 2021, la Presidencia de la Corte Superior de Justicia
de Lima emitió la Resolución Administrativa 000250-2021-P-CSJLI-PJ, a través
de la cual se dispuso una serie de medidas como parte de la implementación y
cumplimiento del nuevo CPCo, como son la fijación de turnos judiciales para el
ingreso de demandas de habeas corpus durante las 24 horas, así como la
posibilidad de presentación de demandas digitales mediante correo electrónico y
la mesa de partes durante las 24 horas del día.
- De manera complementaria, el 16 de agosto de 2021, la Presidencia de la Corte
Superior de Justicia de Lima emitió la Resolución Administrativa 000286-2021-
P-CSJLI-PJ, a través de la cual dispuso que, sobre la base de la estructura de un
juzgado penal de turno permanente desactivado, se conforme un pool de
servidores judiciales para tramitar demandas de habeas corpus que ingresen en
los juzgados constitucionales durante las 24 horas del día.
- Así, para esta parte, el Poder Judicial, a través de sus distintos órganos de gestión,
y conforme a su autonomía política, económica y administrativa, ha venido
adoptando las disposiciones y medidas correspondientes para la adecuada
implementación del CPCo; ello sin perjuicio de considerar que, en el caso de
requerir mayores recursos presupuestales para las contrataciones de jueces, en el
ejercicio de su autonomía política, económica y administrativa, el Poder Judicial
cuenta con la atribución de solicitar al Poder Ejecutivo la autorización de la
transferencia de las partidas correspondientes, a través de un decreto supremo, sin
que medie la participación del Congreso de la República; tal y como -por ejemplo-
ha ocurrido en el año 2020, en el caso de la implementación de una nueva Sala de
Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema, con cargo a los
recursos de la reserva de la contingencia del MEF.
- En relación con el cuestionamiento de los artículos 23, literal “a”, y 37.8 del
CPCo, el apoderado especial del Congreso asevera que dicha disposición implica
una intervención en el ámbito del derecho de defensa, al establecer que en los
procesos de habeas corpus no hay vista de la causa, salvo que sea solicitada por
la parte demandante o el favorecido; y que en todo caso es una afectación leve de
dicho derecho, en tanto la parte demandada no queda en estado de indefensión en
dichos procesos.
- Precisa que tal medida obedece al carácter célere y urgente del proceso de habeas
corpus, donde se tutelan derechos fundamentales como la libertad individual,
integridad, entre otros.
- Así, plantea que luego de realizar el test de proporcionalidad, si se compara el
grado de afectación del derecho de defensa (leve) con el grado de satisfacción de
la libertad individual y otros derechos conexos (intensa), se concluye que la
disposición impugnada no establece una medida excesiva o desproporcionada.
Caso del Nuevo Código Procesal Constitucional II 14
- Con relación a la alegada vulneración del derecho a la igualdad, esta parte plantea
la realización de un test de igualdad. Precisa que no existiría un término de
comparación válido.
- Afirma que en la demanda se ha planteado como término de comparación la
situación del demandado en los procesos de habeas corpus. Sin embargo, si se
comparan la posición del demandante y del demandado, se concluye que no son
iguales, de modo que no existe una diferenciación jurídicamente relevante; con lo
cual se descartaría, a su criterio, el trato discriminatorio denunciado.
- Sobre ello, esta parte sostiene que la situación de la parte demandada en los
procesos de habeas corpus no es equiparable a la situación de la parte demandante
en dichos procesos.
- No obstante, afirma que existe un trato diferenciado legítimo, basado en la
diferencia de las situaciones jurídicas entre las partes en un habeas corpus y en la
necesidad de tutela urgente que caracteriza a dicho proceso, sustentado además en
el artículo 25 de la CADH.
- En relación con el cuestionamiento del artículo 26 (sobre actuación de sentencia)
del CPCo, esta parte alega que tal disposición no atenta contra el derecho al debido
proceso, sea en su dimensión formal o sustantiva; antes bien, sostiene que dicha
medida busca proteger el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva de la parte
demandante en los procesos de tutela de derechos.
- Con relación al cuestionamiento del artículo 64 (sobre requerimiento judicial),
dicha parte manifiesta que el derecho a la pluralidad de instancias garantiza el
derecho de todo justiciable de impugnar la resolución que pone fin a la instancia,
pero no implica el derecho de recurrir todas y cada una de las resoluciones que se
emitan al interior de un proceso.
- Asimismo, alega que dicha disposición cuestionada no establece el carácter
inimpugnable de resoluciones que ponen fin a la instancia, sino de una resolución
distinta, que se encuentra dentro de los casos en que el legislador puede decidir si
cabe impugnación; por lo cual concluye que la disposición cuestionada no atenta
contra el derecho a la pluralidad de instancias.
- Finalmente, en cuanto al cuestionamiento del artículo 29 del CPCo, dicha parte
alega que no vulnera el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, pues no afecta
el derecho de acceso a la justicia o de cualquier persona a promover la actividad
jurisdiccional del Estado sin obstrucciones, ni tampoco la efectividad de las
resoluciones judiciales.
- Añade que el argumento de la demanda referido a la cantidad de jueces
constituciones no constituye un cuestionamiento que deba ser analizado en un
Caso del Nuevo Código Procesal Constitucional II 15
proceso de inconstitucionalidad, donde se lleva a cabo un juicio abstracto de la
norma controlada.
- Asimismo, sostiene que dicha disposición tampoco vulnera el debido proceso, ni
en su expresión formal ni en la sustantiva, dado que no impide que los procesos
judiciales cumplan con la finalidad de proteger la libertad individual y los
derechos constitucionales conexos.
- Por tales consideraciones, descarta que el artículo 29 del referido Código vulnere
los derechos al debido proceso y a la tutela jurisdiccional efectiva.
II. FUNDAMENTOS
1. DELIMITACIÓN DE LA CONTROVERSIA
1. Cabe anotar que este Tribunal Constitucional ha emitido una anterior sentencia,
recaída en los Expedientes 00025-2021-PI/TC y 00028-2021-PI/TC
(acumulados), publicada en el diario oficial el 19 de diciembre de 2021, la misma
que versó sobre una pretendida inconstitucionalidad por la forma del nuevo
Código Procesal Constitucional, Ley 31307 (en adelante “nuevo CPCo.”),
atinente al cumplimiento de las reglas de producción normativa, concretamente
respecto a la exoneración del dictamen de comisión de las observaciones
formuladas por el Poder Ejecutivo. En aquella oportunidad, se declaró infundada
la demanda.
2. En el presente caso corresponde determinar si los extremos impugnados de la Ley
31307 han incurrido en la alegada vulneración de los artículos 2, inciso 2, 43, 79
y 139, incisos 2, 3, 6 y 14, de la Constitución.
3. Corresponde advertir que los artículos cuestionados de dicha ley son los
siguientes:
Ley 31307, Nuevo Código Procesal Constitucional
Artículos impugnados Derechos o principios invocados en la demanda
Artículo 5. Representación procesal del Estado • El derecho de defensa (artículo 139.14 de la
(segundo párrafo) Constitución; artículo 11 de la DUDH;
(…) artículo 14.3 del PIDCP y artículo 8.2,
En los procesos constitucionales contra resolución literales “d” y “e” de la CADH).
judicial no se notifica ni se emplaza con la
demanda a los jueces o magistrados del Poder
Judicial.
(…).
Artículo 6. Prohibición de rechazo liminar • El principio de autonomía judicial (artículo
De conformidad con los fines de los procesos 139.2 de la Constitución).
constitucionales de defensa de derechos • El principio de separación de poderes
fundamentales, en los procesos constitucionales de (artículo 43 de la Constitución).
Caso del Nuevo Código Procesal Constitucional II 16
habeas corpus, amparo, habeas data y de • El derecho de defensa (artículo 139.14 de la
cumplimiento no procede el rechazo liminar de la Constitución; artículo 11 de la DUDH;
demanda. artículo 14.3 del PIDCP y artículo 8.2,
literales “d” y “e” de la CADH).
• El derecho a la tutela jurisdiccional efectiva
(artículo 139.3 de la Constitución; artículo 10
de la DUDH; y el artículo 14.1 del PIDCP).
• La prohibición de iniciativa de gasto público
que alcanza al Congreso de la República
(artículo 79 de la Constitución).
Proceso de habeas corpus • El derecho a ser oído (artículo 10 de la
DUDH, artículo 26 de la DADDH, artículo
Artículo 23. Trámite del recurso de apelación 14.1 del PIDCP y artículo 8.1 de la CADH)
• El derecho de igualdad de armas (artículo 2.2
El recurso de apelación se tramita: de la Constitución; artículo 2 de la DUDH;
a) En el proceso de habeas corpus concedido el artículos 3, 14.1, y 26 del PIDCP y artículo
recurso de apelación (…) No hay vista de la causa, 24 de la CADH).
salvo que el demandante o el favorecido la solicite.
Artículo 37. Normas especiales de
procedimiento
(…)
8) No hay vista de la causa, salvo que lo pida el
demandante o el favorecido.
Artículo 26. Actuación de sentencia (segundo • El derecho al debido proceso y a la pluralidad
párrafo) de instancias (artículos 139.3 y 139.6 de la
(…) Constitución; artículo 8 de la DUDH; artículo
La resolución que ordena la actuación inmediata de XVIII de la DADDH; artículos 14.3 y 14.5
sentencia es inimpugnable y mantiene su vigencia del PIDCP y artículo 25 de la CADH).
hasta que se emita resolución última y definitiva
que pone fin al proceso.
Artículo 64. Requerimiento judicial (segundo
párrafo)
(…)
El demandado está en la obligación de cumplir con
el requerimiento al momento de contestar la
demanda. Puede oponerse al requerimiento
judicial si considera que la información no puede
divulgarse por impedimento de ley. El juez
resuelve en la audiencia única dando al demandado
un plazo de tres días para cumplir con el
requerimiento si considera que lo solicitado es
imprescindible para sentenciar. Esta decisión es
inimpugnable (énfasis añadido).
Caso del Nuevo Código Procesal Constitucional II 17
Proceso de habeas corpus • El derecho a la tutela jurisdiccional efectiva
(artículo 139.3 de la Constitución; artículo 10
Artículo 29. Competencia de la DUDH; y el artículo 14.1 del PIDCP).
La demanda de habeas corpus se interpone ante el • El derecho al debido proceso y al acceso a la
juez constitucional donde se produjo la amenaza o justicia (artículos 139.3 y 139.6 de la
afectación del derecho o donde se encuentre Constitución; artículo 8 de la DUDH; artículo
físicamente el agraviado si se trata de procesos de XVIII de la DADDH; artículos 14.3 y 14.5
detenciones arbitrarias o de desapariciones del PIDCP y artículo 25 de la CADH).
forzadas.
4. A continuación, el Tribunal Constitucional emitirá pronunciamiento respecto de
las disposiciones cuestionadas, a la luz del marco constitucional y del bloque de
constitucionalidad.
2. LA NATURALEZA DE LA URGENCIA EN LOS PROCESOS CONSTITUCIONALES DE
TUTELA Y EL SENTIDO DEL NUEVO CÓDIGO PROCESAL CONSTITUCIONAL
5. Los procesos constitucionales de tutela constituyen mecanismos para la defensa y
afirmación de los derechos fundamentales y de las libertades públicas. Por su
propia naturaleza son reparatorios, y es por ello que no se exige estación
probatoria, ni se enfoca en la sanción al agresor ni en la indemnización al afectado,
sino en la restauración del derecho frente a una violación, o una eficaz defensa
frente a una amenaza cierta e inminente. Así lo expresa el artículo 1 del CPCo.,
en clara sintonía con la dogmática procesal constitucional.
6. En ese sentido, si los procesos constitucionales no son sumarios, el efecto de estos
sería inocuo, sobre todo en el caso del habeas corpus, en atención al objeto de
tutela: la libertad individual. La demora en su atención consuma la lesión de un
derecho más: el plazo razonable.
7. Siendo claro que el principal problema que la nueva legislación ha querido
enfrentar es la demora judicial, parece claro también que el legislador ha
procurado alzaprimar los derechos en vez de los términos procesales, tomando en
cuenta, además, que el Estado cuenta con todo un aparato burocrático que debe
asumir la defensa de sus intereses, y no trasladarles sus dificultades operativas a
los ciudadanos.
8. En el Perú, los procesos de tutela deben ser rápidos, pero no únicamente en el
papel. Lamentablemente, uno de los grandes problemas operativos del sistema
judicial es la lenidad, y de esto no se encuentra exenta la justicia constitucional.
9. Suárez (1), comentando la anterior legislación, resumía que “mientras para el caso
de las detenciones arbitrarias o afectaciones a la integridad personal, el Código
1 Suárez, C. (2018). “El proceso constitucional de habeas corpus”. En: AAVV. El habeas corpus en la
actualidad. Posibilidades y límites. Lima: CEC (p. 45).
Caso del Nuevo Código Procesal Constitucional II 18
Procesal Constitucional dispone que el juez resolverá de inmediato (artículo 30) y
que en casos distintos a la detención arbitraria resolverá de plano en el término de
un día natural (artículo 31), mientras que para el caso de la desaparición forzada
no establece plazo alguno; en la praxis, los procesos de habeas corpus -ni qué
decir de los amparos o las demandas de cumplimiento- pasan en promedio dos a
tres años antes de resolverse en última y definitiva instancia.
10. En consecuencia, una nueva fórmula legal que intente sincerar los plazos,
adecuando el ejercicio del derecho de acción (principio de elasticidad) a la
finalidad de los procesos constitucionales (principio de supremacía
constitucional), guarda lógica, y debe ser valorado desde esta perspectiva.
11. Tiene así fundamento el artículo 25 de la Convención Americana de Derechos
Humanos, cuando este se refiere a un «recurso sencillo y rápido» para la tutela de
las libertades. Si no se atiende un pedido de protección de los derechos
fundamentales en tiempo breve, entonces el sistema jurídico es atentatorio de la
persona misma. Conecta allí la tutela con el plazo razonable.
12. Precisamente, en los procesos de tutela, el plazo razonable -que no solamente es
un problema históricamente postergado en el Perú en todos los procesos judiciales,
como se ha puesto de relieve- compromete el principio-derecho a la libertad, por
lo que no puede seguir sustanciándose en un proceso engorroso y largo,
preservando plazos y etapas procesales de raigambre ordinarias que sí pueden ser
flexibilizadas sin afectar de manera intensa y grave el accionar de quienes son
convocados como demandados. Todo lo contrario, al ser esencialmente
restauradores de los derechos, condicionarlos al rigor del ritual procesal como si
fueran juicios ordinarios, abona en una justicia constitucional tardía e
insatisfactoria de la ciudadanía, que debe ser corregida lo más pronto posible.
13. La reforma pretende hacer más eficaz la justicia constitucional, al reducir trámites
y plazos. Tratándose de un proceso extraordinario, los cambios alzapriman los
derechos y demanda del servicio judicial una atención preferente y eficaz. El
rechazo liminar, por ejemplo, responde a la necesidad de evitar el litigio
permanente por el que transcurre una pretensión que no encuentra respuesta en
muchos casos sino una vez llegado hasta el Tribunal Constitucional. Si el
justiciable pudiera conocer las razones de fondo que rechazan su pretensión,
entonces la apelación por formas no seguiría sumando a las estadísticas de los
litigios inacabables.
14. El caso de la inexigibilidad de una audiencia en grado de apelación en los procesos
de habeas corpus, procura que, ya vencido el agresor en primera instancia, el
medio impugnatorio no sirva para dilatar el caso. Todo lo contrario, el juez
constitucional es el que debe asegurarse de resolver no solo con los elementos
necesarios, sino con la urgencia con la que un pedido de tutela debe ser tratado, y
el habeas corpus de sobremanera.
Caso del Nuevo Código Procesal Constitucional II 19
15. A priori, la reforma legal objetada tiene una finalidad compatible con la
Constitución y con los tratados internacionales en materia de derechos humanos.
Y es que, como señala Sagües, “cuando se corra el riesgo de brindar al recurrente
una protección judicial, pero posterior a su ruina” se torna así ilusoria la resolución
que en definitiva se dicte (2).
3. SOBRE LA FALTA DE NOTIFICACIÓN Y EMPLAZAMIENTO CON LA DEMANDA
CONSTITUCIONAL A LOS JUECES O MAGISTRADOS DEL PODER JUDICIAL
ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 5 (SEGUNDO PÁRRAFO) DEL NUEVO CPCO
16. En primer lugar, la parte demandante cuestiona la constitucionalidad del segundo
párrafo del artículo 5 de la Ley 31307, en cuanto establece que “en los procesos
constitucionales no se notifica ni emplaza con la demanda a los jueces o
magistrados del Poder Judicial”, lo que, a su criterio, vulneraría el derecho de
defensa de los magistrados. Afirma que es necesario permitir que los jueces
puedan ingresar al proceso, a fin de defender su resolución judicial.
17. Al respecto, la normativa en cuestión no establece prohibición alguna para que los
jueces que emitieron la resolución participen del proceso constitucional; esta se
ha limitado únicamente a establecer que no se les notifica la demanda, lo cual no
obsta que puedan intervenir en el proceso y que la misma Procuraduría Pública
del Poder Judicial facilite su intervención. En tal supuesto, lo que será objeto de
pronunciamiento por parte de este Tribunal Constitucional es si la disposición
impugnada que establece que a los jueces que emitieron la resolución que se
cuestiona en un amparo o habeas corpus contra resolución judicial no se les
emplace con la demanda, vulnera el derecho de defensa.
18. Este Tribunal aprecia que, en la disposición impugnada —a diferencia del Código
Procesal Constitucional de 2004— se ha dispuesto un mandato en virtud del cual,
en los procesos de tutela de derechos no se notifique ni se emplace con la demanda
a los jueces que emitieron la resolución judicial que se impugna.
19. Sobre ello, este Tribunal advierte que el legislador se ha referido a dos actuaciones
procesales que en sí mismas pueden ser diferenciadas: por un lado, se encuentra
el acto de notificar, que se lleva a cabo respecto de cualquier actuación procesal;
y, por otro, el acto específico del emplazamiento con la demanda.
20. En la doctrina se plantea que el emplazamiento sería un tipo específico de
notificación de gran importancia, por la cual se pone en conocimiento del
demandado: i) la demanda, ii) el auto admisorio y iii) sus anexos, a fin de que
dicha parte conteste en el plazo de ley; pues, en caso contrario, incurriría en
rebeldía.
2 Cfr. Sagüés, N.P. (1995). Derecho procesal constitucional. Acción de amparo. Buenos Aires:
Astrea/Depalma (p. 180).
Caso del Nuevo Código Procesal Constitucional II 20
21. En principio, dicho emplazamiento al demandado está relacionado directamente
con la garantía del derecho de defensa, que ha sido reconocido por el artículo
139.14 de la Constitución Política de 1993 y, a nivel internacional, por el artículo
14.3 del PIDCP y por el artículo 8.2 de la CADH, entre otros.
22. Con relación con el contenido constitucionalmente protegido del derecho de
defensa, este Tribunal ha sostenido en diversas ocasiones que aquel “queda
afectado cuando, en el seno de un proceso judicial, cualquiera de las partes resulta
impedida, por actos concretos de los órganos judiciales, de ejercer los medios
necesarios, suficientes y eficaces para defender sus derechos e intereses legítimos”
(Cfr. sentencias recaídas en los Expedientes 00582-2006-PA/TC y 05175-2007-
PHC/TC, entre otras).
23. Este Alto Tribunal, en reiterada jurisprudencia, ha entendido que la defensa de la
parte demandada en un proceso constitucional incoado con la finalidad de
cuestionar una resolución judicial se ve satisfecha cuando participa el procurador
del Poder Judicial; tal como ha venido ocurriendo en los casos en que se rechazan
liminarmente las demandas de amparo o de habeas corpus contra resolución
judicial y este Tribunal se ve en la disyuntiva de anular lo actuado o emitir una
sentencia de fondo en aquellos casos en que se advierte que no se afectará el
derecho de defensa y se cuenta con elementos suficientes para emitir una
resolución de fondo. Así las cosas, en los casos de amparo o habeas corpus contra
resolución judicial, se ha considerado que la participación del procurador del
Poder Judicial garantiza el derecho de defensa de la parte emplazada (Cfr.
sentencias emitidas en los Expedientes 08439-2013-PHC/TC, 07717-2013-
PHC/TC, entre otras).
24. Se ha precisado también que, en el marco de amparo contra resoluciones
judiciales, es posible condicionar la participación de las partes, puesto que la
argumentación que pueden ofrecer estas en el marco de un proceso constitucional
contra resolución judicial, se centra en colaborar con el juez constitucional a través
de ofrecer criterios de interpretación en torno al significado de los derechos
involucrados (Cfr. sentencia emitida en el Expediente 05580-2009-PA/TC,
fundamento 4).
25. En este sentido, si bien en la demanda se indica que el procurador del Poder
Judicial no representa al juez que emitió la resolución, sino más bien a la
institución, lo cierto es que los procesos de tutela de derechos seguidos contra los
jueces no se tratan -en puridad- de demandas que tengan como objetivo castigar
al juzgador, pues lo que es objeto de examen es la resolución judicial como
decisión institucional de un determinado órgano de la administración de justicia.
26. Es por ello que, en reiteradas oportunidades, en casos de amparo contra resolución
judicial, la posición de la judicatura ordinaria es objetiva y se ve reflejada en la
justificación de la decisión, bastando en tales casos la participación en el proceso
del procurador del Poder Judicial, a fin de considerar que no se ha vulnerado el
Caso del Nuevo Código Procesal Constitucional II 21
derecho de defensa. (Cfr. sentencias emitidas en los Expedientes 01766-2020-
PA/TC, fundamento 8;01332-2020-PA/TC, fundamento 8; 00169-2021-PA/TC,
fundamento 8; 01561-2020-PA/TC, fundamento 4; 00274-2021-PA/TC,
fundamento 4; 01365-2020-PA/TC, fundamento 10).
27. De modo complementario, y como expresión de su desenvolvimiento procesal,
este Tribunal entiende que la Procuraduría Pública del Poder Judicial debe
colaborar con el juez constitucional competente y brindar toda la información
necesaria no solo sobre la materia controvertida, sino también sobre el plano
operativo para la notificación y emplazamiento de la demanda a los jueces de
dicha institución que expidieron las resoluciones cuestionadas. Para tal fin, la
Procuraduría Pública deberá recurrir a todos los medios efectivos y céleres con
que cuente, de acuerdo a ley y a las disposiciones administrativas que implemente
el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial.
28. Asimismo, este Tribunal Constitucional considera que la posibilidad de instaurar
a futuro un proceso por responsabilidad civil a los jueces que suscribieron las
resoluciones que dieron lugar a sentencias constitucionales fundadas, no es razón
suficiente para estimar la demanda en este extremo. En ningún momento se afirma
que la emisión de la sentencia que declara fundada la demanda de habeas corpus
y amparo supone, de por sí y automáticamente, que el juez tenga que pagar una
reparación civil. Antes bien, si eventualmente el juez es demandado, al tratarse
efectivamente de un proceso seguido en su contra, tendrá la oportunidad de ser
emplazado y defenderse en el respectivo proceso ordinario con todas las garantías
correspondientes; por lo que no se debe perder de vista, bajo ninguna
circunstancia, la naturaleza eminentemente reparatoria de los procesos de tutela.
29. Finalmente, en relación con el argumento esbozado en el sentido de que las
sentencias constitucionales que declaran fundadas las demandas son archivadas
en el legajo de cada juez como un demérito, se debe recordar que el proceso de
inconstitucionalidad es de carácter abstracto y en tal sentido no cabe evaluar las
presuntas violaciones de derechos que se dan en casos concretos. No obstante, lo
expuesto por el accionante es incompatible con la finalidad de la Junta Nacional
de Justicia como órgano encargado de la evaluación de jueces, ya que dicha
institución -en el marco de un proceso de ratificación- puede valorar la eficacia y
la eficiencia en el desempeño funcional, así como la calidad de las resoluciones
emitidas (artículo 36 de la Ley 30916), y no es determinante per se una eventual
divergencia entre los órganos de revisión constitucional y el ordinario. Por el
contrario, admitir el fundamento en cuestión sería convalidar un modelo de
evaluación judicial arbitrario.
30. De otro lado, el hecho de que se emplace con la demanda únicamente a la
Procuradoría del Poder Judicial, no implica tampoco el desconocimiento per se
del juez o los jueces emisores de la resolución impugnada vía la demanda de tutela.
Caso del Nuevo Código Procesal Constitucional II 22
31. Como se ha expuesto, dentro de la institución judicial se hacen técnicamente
viables los mecanismos de coordinación entre la Procuraduría Pública del Poder
Judicial y los despachos judiciales (forman parte de un mismo órgano de poder),
y se puede así suplir cualquier tipo de supuesto menoscabo a nivel interno
mediante la habilitación de protocolos o directivas para una adecuada defensa
institucional. No es una medida irrazonable. Todo lo contrario, si se efectúa una
ponderación de bienes en conflicto (derecho a un procedimiento rápido versus
emplazamiento a todos los jueces demandados que oscilan en promedio ocho, se
puede alzaprimar el derecho de los justiciables sin dejar en indefensión a los
jueces al centralizar el emplazamiento en el abogado del Estado asignado al Poder
Judicial: el procurador.
32. De lo que se trata, en definitiva, es de evitar el vía crucis procesal que hoy en día
tienen que pasar los justiciables, por la notificación de las demandas de tutela a
los jueces.
33. Es común advertir severos problemas operativos en este estadio, por ejemplo,
cuando los juzgados o las salas varían sus respectivas composiciones. Cuando esto
ocurre, la notificación de la demanda a todos los jueces puede acarrear largos
periodos de tiempo solo en esta etapa, con lo que se tornaría irreparable el derecho
invocado, lo que distorsionaría la urgencia de los procesos; más aún cuando, lo
que es manifiesto estadísticamente, es la poca relevancia de la medida, puesto que
los jueces no se apersonan sino de manera esporádica, siendo la regla que el
apersonamiento y la contestación los realice el Procurador.
34. Por las consideraciones antes expuestas corresponde desestimar la demanda en
este extremo y, en consecuencia, declarar constitucional el segundo párrafo del
artículo 5 del CPCo.
3. SOBRE LA PROHIBICIÓN DE RECHAZAR LIMINARMENTE LAS DEMANDAS
CONSTITUCIONALES EN PROCESOS DE TUTELA DE DERECHOS FUNDAMENTALES
ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 6 DEL CPCO
35. Por otro lado, la parte demandante también cuestiona el artículo 6 del CPCo, en
cuanto establece que “(d)e conformidad con los fines de los procesos
constitucionales de defensa de derechos fundamentales, en los procesos
constitucionales de hábeas corpus, amparo, hábeas data y de cumplimiento no
procede el rechazo liminar de la demanda”.
36. Al respecto, este Tribunal aprecia que se trata de una prohibición ausente en el
derogado Código Procesal Constitucional del año 2004 y que comporta que, en
los procesos de tutela de derechos, los jueces de primer grado no puedan declarar
la denominada improcedencia liminar, que consiste en el rechazo de plano y sin
más trámite de una demanda, luego de verificar el incumplimiento evidente o
manifiesto de los presupuestos procesales sobre su procedencia. En buena cuenta,
se trata de una declaración por la cual el órgano jurisdiccional reconoce la ausencia
Caso del Nuevo Código Procesal Constitucional II 23
de una relación jurídico-procesal válida que conlleve el inicio y posterior
desarrollo de un proceso constitucional.
37. En el caso peruano, debe destacarse que la Ley 23506, Ley de Habeas Corpus y
Amparo, no previó originalmente la figura del rechazo liminar. Es con
posterioridad que dicha institución se incorpora, primero en la Ley 25398 (en los
supuestos de manifiesta improcedencia), y luego en el artículo 47 del anterior
Código Procesal Constitucional de 2004, en el que se estableció que
Si el Juez al calificar la demanda de amparo considera que ella resulta manifiestamente
improcedente, lo declarará así expresando los fundamentos de su decisión. Se podrá
rechazar liminarmente una demanda manifiestamente improcedente en los casos
previstos por el artículo 5 del presente Código. También podrá hacerlo si la demanda se
ha interpuesto en defensa del derecho de rectificación y no se acredita la remisión de una
solicitud cursada por conducto notarial u otro fehaciente al director del órgano de
comunicación o, a falta de éste, a quien haga sus veces, para que rectifique las
afirmaciones consideradas inexactas o agraviantes.
Si la resolución que declara la improcedencia fuese apelada, el Juez pondrá en
conocimiento del demandado el recurso interpuesto.
38. La prohibición establecida en el artículo 6 antes citado del nuevo CPCo, cuya
presunta inconstitucionalidad es objeto de análisis en el presente caso, permite
advertir un estado de cosas en el que se ha transitado desde la ausencia de
regulación de la figura del rechazo liminar, pasando por su posterior inclusión
normativa en sentido positivo, hasta llegar finalmente a la prohibición de su
aplicación por el juez constitucional.
39. Ahora bien, este Tribunal Constitucional aprecia que, en nuestro ordenamiento
jurídico, el constituyente derivó al legislador la competencia para regular las
garantías constitucionales, lo cual se desprende de lo expresamente señalado en el
artículo 200 de la Constitución Política de 1993, cuando dispone que “una ley
orgánica regula el ejercicio de estas garantías y los efectos de la declaración de
inconstitucionalidad o ilegalidad de las normas”. Siendo ello así, la entidad que
tiene el poder de conformar el modelo constitucional de justicia es el legislador,
quien puede regular los procesos constitucionales de acuerdo con la doctrina de
la dignidad democrática de la Ley, siguiendo -como es obvio- los principios y
mandatos contenidos en la norma fundamental.
40. En el presente caso, este Tribunal aprecia que la disposición impugnada tiene
como objeto cuestionar la validez de la prohibición del rechazo liminar de la
demanda que:
a) se aplica a todos los procesos de tutela de derechos (habeas corpus, amparo,
habeas data y cumplimiento);
b) es un mandato dirigido al órgano jurisdiccional, y
c) se realiza conforme a los fines de los procesos constitucionales referidos
supra.
Caso del Nuevo Código Procesal Constitucional II 24
41. A continuación, este Tribunal someterá a control dicha disposición, considerando
los cuestionamientos a su constitucionalidad realizados en la demanda y en los
fundamentos expuestos preliminarmente.
3.1. SOBRE LA ALEGADA VULNERACIÓN DE LA AUTONOMÍA JUDICIAL Y DEL
PRINCIPIO DE SEPARACIÓN DE PODERES
42. La parte demandante cuestiona lo dispuesto en el artículo 6 del CPCo., con el
argumento de que ello contraviene la autonomía judicial y el principio de
separación de poderes, al considerar que la prohibición del rechazo liminar en los
procesos constitucionales de tutela de derechos vacía de contenido la autonomía
de los órganos jurisdiccionales para impartir justicia constitucional y que, además,
constituye una intromisión del legislador en el ámbito de las competencias y
atribuciones constitucionales del Poder Judicial.
43. Sobre ello, este Tribunal entiende que la autonomía judicial está relacionada
directamente con el principio de independencia judicial, que exige al legislador la
adopción de las medidas necesarias y oportunas para que los órganos
jurisdiccionales impartan justicia, con estricta sujeción al derecho y a la
Constitución (Cfr. sentencia recaída en el Expediente 00004-2006-PI/TC,
fundamento 17). Así, este principio protege a la administración de justicia, y a los
jueces en particular, contra cualquier posible injerencia extraña o ajena, al
momento de aplicar e interpretar las normas del ordenamiento jurídico en cada
caso.
44. Por su parte, el principio de separación de poderes reconocido en el artículo 43 de
la Norma Fundamental, constituye una cláusula de identidad de nuestro
ordenamiento jurídico-constitucional, según la cual el poder público se ejerce de
conformidad con el marco competencial y de atribuciones conferido por la
Constitución a cada entidad, sujeto u órgano constitucional. Ello implica el
despliegue de mecanismos de control interinstitucionales y propicia una mutua
colaboración y cooperación con miras al cumplimiento adecuado de sus
funciones.
45. En el fundamento 56 de la sentencia emitida en el Expediente 00006-2018-PI/TC
(entre otras), este Tribunal ha establecido que el principio de separación de
poderes tiene entre sus manifestaciones o rasgos de identidad, los siguientes
principios:
a) El principio de separación de poderes propiamente dicho, referido a la
autonomía funcional y diferentes competencias de los poderes del Estado y
atribuciones de los órganos constitucionales autónomos; que reconoce no
solo la división de poderes, sino también la previsión de formas razonables
para la resolución de las controversias o tensiones que eventualmente surjan
entre tales poderes y órganos.
Caso del Nuevo Código Procesal Constitucional II 25
b) El principio de balance de poderes, que alude a la existencia de mecanismos
de coordinación, de control recíproco y equilibrio entre dichos sujetos
constitucionales.
c) El principio de cooperación entre poderes, que para este Tribunal obedece
a la orientación finalista o teleológica del ejercicio de las competencias y
atribuciones de los poderes y órganos constitucionales, que no es otra que
el cumplimiento de los fines del Estado y la concreción de los principios y
mandatos constitucionales, considerando especialmente aquellos recogidos,
entre otros, en los artículos 1, 3, 38, 43, 44 y 45 de la Constitución Política
de 1993.
d) El principio de solución democrática, que debe orientar la superación de los
entrampamientos institucionales, crisis políticas o conflictos en las
relaciones entre los poderes públicos.
46. En el presente caso, se aprecia que la legislación desarrollada para regular los
procesos constitucionales de tutela de derechos, en cuanto prohíbe la aplicación
de la figura del rechazo liminar, no constituye un menoscabo de la autonomía
judicial ni del principio de separación de poderes. Este Colegiado considera que
la autonomía judicial se vulnera cuando se lleva a cabo cualquier injerencia
externa o extraña al juez que perjudica el adecuado ejercicio de sus funciones
jurisdiccionales, como la aplicación e interpretación de las normas del
ordenamiento en el proceso, a fin de resolver la causa sometida a su conocimiento.
Es decir, la autonomía se afecta cuando se impone una intervención directa en un
proceso a partir del cual el juez no puede adoptar una decisión propia en la
solución de la causa; situación que -en el presente caso- no existe, ya que la
decisión del juez de declarar fundada o infundada una demanda se mantiene
incólume, solo sujeto a control ex post por las instancias de grado que establezca
la norma.
47. En efecto, la disposición impugnada se limita a establecer el momento procesal
en que el juez evaluará la procedencia de la demanda sin impedirle, naturalmente,
declarar improcedente esta en virtud de las causales desarrolladas en el artículo 7
del mismo CPCo., luego de que esta sea contestada por el emplazado. Así pues,
el legislador ha establecido que el juez constitucional no puede rechazar
liminarmente la demanda sin correr traslado al presunto agresor, como parte del
diseño del trámite de los procesos constitucionales de tutela de derechos que
legítimamente considera conveniente.
48. Por ello, no podría sostenerse válidamente que el legislador direccione cómo debe
el órgano jurisdiccional impartir justicia o, en concreto, cómo debe llevar a cabo
actuaciones judiciales que son propias del marco competencial y de atribuciones
que le ha conferido la Constitución. De hecho, como ya se ha advertido, se
encuentra dentro del ámbito de funciones del legislador ordinario el diseño de las
Caso del Nuevo Código Procesal Constitucional II 26
instituciones jurídicas, materiales como procesales, siempre que al hacerlo no se
contravenga la Constitución.
49. Así las cosas, este Tribunal descarta que la prohibición de la figura del rechazo
liminar de la demanda en el ámbito de los procesos constitucionales sea
inconstitucional por vulnerar la autonomía de los jueces.
50. Por su parte, en cuanto al principio de separación de poderes, este Tribunal aprecia
que las manifestaciones involucradas en el presente caso serían las de división de
poderes y las de colaboración entre poderes.
51. En la presente controversia se ha alegado que el legislador no habría respetado las
competencias del Poder Judicial al establecer la prohibición bajo análisis.
52. No obstante, dicha prohibición se ha establecido a través de una actuación
legislativa que, en puridad, es una de las competencias que, por antonomasia,
asiste al Congreso de la República por expreso mandato del artículo 102.1 de la
Constitución Política de 1993. No es que el Congreso de la República, al
establecer una regla procesal, se arrogue la competencia de administrar justicia en
nombre del pueblo que titulariza el Poder Judicial por mandato de los artículos 45
y 138 del Texto Fundamental, ni tampoco la de aplicar e interpretar las leyes y
normas del ordenamiento jurídico con que cuentan los jueces de la República,
conforme a los artículos 139 y 143 de nuestra Carta Magna. Antes bien, al
Congreso le asiste el deber de desarrollar una legislación que optimice los
mandatos constitucionales, incluido el ámbito del diseño de los procesos
constitucionales, todo ello con la finalidad de garantizar la vigencia efectiva de
los derechos amparados por nuestra Constitución Política.
53. En ese sentido, así como el Poder Judicial debe ser resguardado en su función de
impartición de justicia, el Congreso de la República debe serlo en su rol de
configuración de los modelos judiciales como parte de sus competencias
normativas. La parte accionante pretende la habilitación de una invasión en la
competencia propia del Parlamento, lo cual no puede justificarse
constitucionalmente.
54. Siendo ello así, este Tribunal entiende que la prohibición de la figura del rechazo
liminar de la demanda no ha vulnerado el principio de autonomía judicial ni el
principio de separación de poderes, sino que se trata dl modelo adoptado por el
legislador democrático; por lo que corresponde desestimar la demanda en el
referido extremo.
3.2. SOBRE LA ALEGADA VULNERACIÓN DEL DERECHO DE DEFENSA DEL PODER
JUDICIAL
55. La parte demandante también cuestiona la constitucionalidad de la disposición
impugnada aduciendo que, dado el innegable aumento de la carga procesal que
Caso del Nuevo Código Procesal Constitucional II 27
comporta la prohibición de la figura del rechazo liminar de la demanda, sería
imposible asumir debidamente, y en un tiempo razonable, la defensa del Poder
Judicial en todas las demandas constitucionales presentadas.
56. Al respecto, debe dejarse en claro que al Poder Judicial -como a cualquier otro
litigante- le asisten un conjunto de derechos procesales exigibles en el marco de
los procesos constitucionales entablados en su contra, uno de los cuales es,
precisamente, el derecho de defensa, el mismo que se encuentra reconocido en el
artículo 139.14 de la Constitución Política de 1993, en el artículo 11 de la DUDH,
en el artículo 14.3 del PIDCP y en el artículo 8 de la CADH.
57. Sin embargo, este Tribunal aprecia que el sustento del cuestionamiento aquí
analizado es la ausencia de recursos materiales, personal capacitado y
especializado en número suficiente, entre otros, para poder preparar y ejercer una
defensa oportuna, célere e idónea del Poder Judicial.
58. Al respecto, en el marco del control abstracto de constitucionalidad, no se
encuentra en discusión la pertinencia, oportunidad y conveniencia de una
determinada disposición legal. Asimismo, es importante precisar que la mera
existencia de causas cuya contestación es obligatoria, bajo el CPCo, no supone
por sí misma una vulneración de derecho de defensa.
59. En todo caso, es evidente que postergar la evaluación de la procedencia de la
demanda a un momento posterior al de la contestación obligará a la Procuraduría
Pública del Poder Judicial a contestar más demandas que en el pasado, pero ello
no implica que la disposición legal, por ese solo hecho, resulte inconstitucional.
Todo lo contrario, corresponde a la administración adecuar sus procedimientos y
reordenar sus recursos humanos para cumplir con los mandatos legislativos
aprobados por la representación nacional, puesto que existe el deber de estar a la
altura de las demandas ciudadanas. El problema de la alta carga procesal demanda
un permanente proceso de reforma para optimizar el servicio de justicia, pero
nunca en clave perjudicial para el ciudadano.
60. Por consiguiente, este Tribunal entiende que el deber de contestación que se
impone a la Procuraduría Pública del Poder Judicial no implica la privación de la
defensa de este poder del Estado, ni que dicha modificación legal conlleve
considerar que, por ese solo hecho, el Poder Judicial se encuentra en un estado de
indefensión en los procesos constitucionales entablados en su contra; razón por la
cual corresponde desestimar la demanda en este aspecto.
61. Sin perjuicio de ello, se advierte con claridad que uno de los alegatos centrales de
la demanda se relaciona con el problema de la falta de personal suficiente, de
recursos materiales y logísticos, entre otros, que ocasiona el deber de contestar
todas las demandas planteadas contra resolución judicial; pero esta problemática,
siendo importante de abordar, no constituye una razón que, por sí misma, sustente
la inconstitucionalidad de la medida cuestionada.
Caso del Nuevo Código Procesal Constitucional II 28
62. Sin embargo, en aras al aseguramiento del modelo legislativo diseñado en sede
constitucional, este Tribunal considera indispensable exhortar a los autoridades
públicas competentes, al Poder Ejecutivo -que administra la hacienda pública- y,
en concreto, al Ministerio de Economía y Finanzas, a que -en coordinación con el
Ministerio de Justicia y el Poder Judicial- dispongan todas las acciones que
resulten necesarias a fin de que la Procuraduría Pública del Poder Judicial pueda
ejercer, de forma debida, la defensa jurídica de dicho poder del Estado, para lo
que ha de contar con todos los recursos necesarios y personal calificado a su
disposición. Todo ello sería lo ideal, dentro de un permanente proceso de reforma
del sistema judicial que posibilite no solo la rapidez en la solución de los procesos
de tutela, sino también en el resto de causas judiciales.
3.3. SOBRE LA ALEGADA VULNERACIÓN DE LA TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA
63. La parte demandante también cuestiona el artículo 6 del CPCo. antes citado, por
considerar que la prohibición del rechazo liminar ahí establecida contraviene la
tutela jurisdiccional efectiva, al eliminar la etapa de calificación de la demanda.
64. Así, para el demandante, dicha prohibición conllevaría que todas las demandas
constitucionales ingresen directamente a la etapa de trámite, aumentando con ello
la cantidad de procesos constitucionales e incrementando la necesidad de contar
con un mayor número de órganos jurisdiccionales, a fin de administrar justicia con
celeridad y economía procesal. De esta manera, la parte demandante afirma que
la obligación de admitir a trámite la demanda genera que innecesaria e inútilmente
se active todo el aparato jurisdiccional, con el empleo de personal administrativo
y jurisdiccional, así como de jueces y el uso de los bienes del Estado; por lo que,
a su entender, debería tratar de obtenerse el mayor resultado posible con el mínimo
de empleo de actividad procesal. Según la parte demandada, en la contestación de
la demanda, el fin perseguido por la disposición en cuestión es que quien interpone
una demanda constitucional “tenga la garantía de que el juez evaluará con la
mayor eficacia su caso, y solo después de analizar tanto la demanda como la
contestación de la misma, pueda resolver la improcedencia, si así fuera el caso”.
Asimismo, cita la exposición de motivos del proyecto del nuevo CPCo, en la que
se menciona que esta prohibición de rechazo liminar tiene como finalidad el
“garantizar el mayor acceso a la justicia constitucional, toda vez que en los últimos
tiempos se ha podido observar una escasa o casi nula protección de los derechos
fundamentales debido a que los jueces han exagerado su visión de los procesos
constitucionales como supletorios”.
65. En primer término, el artículo 139.3 de la Constitución Política de 1993 reconoce
a toda persona el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva en el ejercicio de sus
derechos e intereses legítimos, una de cuyas garantías es el acceso a la justicia,
que se concreta en el derecho de promover la actividad jurisdiccional del Estado
que culmine en una decisión judicial sobre lo pretendido en la causa.
Caso del Nuevo Código Procesal Constitucional II 29
66. Ahora bien, este Tribunal ha sostenido que dicho derecho no garantiza a su titular
un resultado favorable asegurado desde el inicio del proceso, sino la posibilidad
de que el órgano encargado de la administración de justicia pueda evaluar su
pedido, con miras a la expedición de un pronunciamiento que genere certeza
jurídica, cualquiera que sea su resultado (Cfr. sentencia recaída en el Expediente
00763-2005-PA/TC, fundamento 8). En efecto, dicha decisión no tiene por qué
ser favorable al demandante y, según cada caso, es posible que el órgano
jurisdiccional no ingrese al fondo de la controversia al advertir la configuración
de las causales de inadmisibilidad e improcedencia (Cfr. sentencia emitida en el
Expediente 00265-2000-PA/TC, fundamento 2). Asimismo, aun cuando fuese
admitida a trámite la demanda, ello no supone que sea posteriormente declarada
fundada.
67. Además, este Tribunal Constitucional ha destacado en anteriores ocasiones que la
tutela jurisdiccional efectiva es un derecho de configuración legal, toda vez que el
acceso al proceso y el derecho a la expedición de una sentencia sobre el fondo de
la cuestión se encuentran condicionados por lo establecido por las leyes procesales
sobre la materia (Cfr. sentencia recaída en el Expediente 00009-2004-AI/TC,
fundamento 8).
68. Respecto a los derechos de configuración legal, este Tribunal ha dejado
establecido en la sentencia expedida en el Expediente 01417-2005-PA/TC
(fundamento 12), que
Los derechos fundamentales cuya configuración requiera de la asistencia de la ley no
carecen de un contenido per se inmediatamente exigible a los poderes públicos, pues una
interpretación en ese sentido sería contraria al principio de fuerza normativa de la
Constitución. Lo único que ello implica es que, en tales supuestos, la ley se convierte en
un requisito sine qua non para la culminación de ladelimitación concreta del contenido
directamente atribuible al derecho fundamental.
69. Evidentemente, en modo alguno ello podría interpretarse en el sentido de que estos
derechos se encuentran a merced de una arbitraria regulación por el legislador,
toda vez que, como sostuvo este Tribunal en aquella sentencia, “el constituyente
ha planteado un grado de certeza interpretativa en su reconocimiento
constitucional directo” (sentencia recaída en el Expediente 01417-2005-PA/TC,
fundamento 12).
70. En todo caso, según el principio de libre configuración de la ley por el legislador,
es este último el llamado a desarrollar normativamente los silencios dejados por
el constituyente, así como a dotar de contenido concreto el marco de posibilidades
abierto por la Constitución, a fin de garantizar los derechos fundamentales (Cfr.
sentencia recaída en el Expediente 01417-2005-PA/TC, fundamento 12);
debiendo quedar claro, empero, que dicha labor se encuentra limitada por el
núcleo duro de los derechos fundamentales y, en general, por las fronteras
jurídicas delineadas por los principios y valores constitucionales, como se expresó
en la sentencia antes comentada.
Caso del Nuevo Código Procesal Constitucional II 30
71. Ahora bien, en el presente caso, al regular el proceso de amparo, el legislador ha
establecido en el artículo 49 del CPCo que el juez puede declarar inadmisible la
demanda, disposición aplicable a los procesos de cumplimiento y habeas data. En
tal sentido, para tales procesos, el juez evaluará primero la admisibilidad y, si la
demanda supera tales requisitos, la admitirá a trámite.
72. Desde una lectura sistemática de la disposición cuestionada, en consonancia con
los artículos 12 y 49 del referido CPCo, se arriba a la conclusión de que la
admisión a trámite de la demanda antecede a la etapa de contestación y posterior
análisis de procedencia.
73. Así, en primer término, los jueces deben llevar a cabo el examen de admisibilidad
de la demanda: si la demanda cumple los requisitos formales establecidos en la
norma procesal adjetiva, corresponderá su admisión y, en consecuencia, que se
corra traslado a la parte demandada.
74. Luego de la contestación, el juez deberá evaluar la procedencia de la demanda. De
esta forma, si la demanda ha incurrido, de manera manifiesta, en alguna de las
causales de improcedencia previstas en el artículo 7 del CPCo en mención,
entonces el juez podrá prescindir de la audiencia y declarará la improcedencia de
la demanda a través de una sentencia, como indica el último párrafo del artículo
12 del propio CPCo.
75. Algo similar ocurre en el proceso de habeas corpus, en el cual el artículo 35 del
CPCo. prevé que la realización de la audiencia única se dará únicamente si las
circunstancias lo requieren.
76. Así las cosas, no se trata de una eliminación de la etapa de calificación de la
demanda, como alega la parte demandante, sino del establecimiento de una
distinta configuración o desarrollo de las etapas de los procesos constitucionales
de tutela de derechos realizadas por el legislador.
77. Aun con ello, la parte demandante considera que la obligación de admitir a trámite
la demanda genera un innecesario gasto de recursos que termina afectando la
tutela judicial efectiva, argumento que resulta controversial si se advierte que hoy
por hoy la afectación económica y procesal es al propio justiciable, quien -por lo
general- debe recurrir hasta el Tribunal Constitucional para que se aperture la vía
procedimental.
Caso del Nuevo Código Procesal Constitucional II 31
78. Como se ha expresado supra, en la experiencia nacional han sido muchos los casos
en que, con motivo del rechazo liminar, han llegado a sustanciarse hasta el
Tribunal Constitucional, siendo factible de constatar en la jurisprudencia que
existe un número considerable de casos en que el Colegiado devuelve los actuados
para que se admita la demanda rechazada liminarmente.
79. Así las cosas, a criterio de este Tribunal, el cambio del modelo de calificación de
demandas es una opción legislativa, en tanto constituye una manifestación de la
facultad discrecional del legislador en el ámbito de la regulación del trámite de los
procesos constitucionales, que no evidencia una actuación contraria a los
mandatos constitucionales. Y es que, del aplazamiento del momento para evaluar
la procedencia de la demanda no se deriva una vulneración del derecho a la tutela
jurisdiccional efectiva o, específicamente, del derecho de acceso a la justicia.
80. No se puede soslayar que también hay casos extremos, por tratarse de petitorios
carentes de verosimilitud. Los ejemplos consignados como el de la persona que
alegaba ser perseguida por “armas electromagnéticas” (sentencias recaídas en los
Expedientes 02744-2002-PHC/TC, 00491-2007-PHC/TC) o la demanda
interpuesta a favor de un roedor (véase Cfr. sentencia emitida en el
Expediente02620-2003-PHC/TC), entre otras, no requieren ser admisibles
obligatoriamente por la vigencia de la regla de prohibición del rechazo liminar.
81. El juez constitucional peruano tiene capacidad de poder interpretar la norma sin
sustraerla de su finalidad, es decir, admite las causas por regla general, pero
aquellas que no contienen alguna pretensión real deben rechazarse de plano, por
contener un imposible jurídico. En consecuencia, si la demanda contiene una
pretensión que carece de virtualidad, no es calificable.
82. Finalmente, debe hacerse saber que la fórmula adoptada por el legislador no es
nueva. La regulación anterior preveía la posibilidad de rechazo liminar para el
proceso de amparo. Del mismo modo, otras legislaciones son abiertas. Así, por
ejemplo, la Ley de amparo mexicana, y el Decreto 2591 de 1991, que regula la
acción de tutela en Colombia. En este último caso, el deber de tutela es
fundamental, y solo es cuestionable la pretensión “cuando se trate de actos de
carácter general, impersonal y abstracto”.
83. En conclusión, el diseño forma parte de la política normativa constitucional optada
por el legislador frente a la distorsión del rechazo liminar (muy utilizada para
descongestionar la carga judicial), cuando el juez debe priorizar la tutela de los
derechos constitucionales; pero, en lo que también resulta importante, es que el
justiciable tendrá una respuesta del emplazado, y no deberá esperar eventualmente
tener que transitar por el sistema judicial por dos o tres años para saber las razones
de la administración para no otorgar la actuación del derecho reclamado.
Caso del Nuevo Código Procesal Constitucional II 32
84. Por las razones expuestas, corresponde desestimar la demanda en este extremo,
siempre que se interprete conforma a lo expresado supra.
3.4. SOBRE LA ALEGADA VULNERACIÓN DE LA PROHIBICIÓN DE INICIATIVA DE
GASTO DE LOS CONGRESISTAS DE LA REPÚBLICA ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO
79 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1993
85. En el presente caso, la parte demandante también sostiene que la expedición de la
ley impugnada ha supuesto, indirectamente, la contravención del artículo 79 de la
Constitución Política de 1993, dado que su entrada en vigor implicaría el aumento
de gasto, lo que desequilibra el presupuesto del Poder Judicial.
86. Con relación a dicho cuestionamiento, debe recordarse que el primer párrafo del
artículo 79 del Texto Constitucional establece que:
Los representantes ante el Congreso no tienen iniciativa para crear ni aumentar gastos
públicos, salvo en lo que se refiere a su presupuesto.
Dicha regla ha pretendido interpretarse de modo aislado para frenar cualquier
actuación en sede legislativa, lo cual no es justificable, ya que, per se, todo acto
normativo de carácter positivo tiene un contenido económico de por medio. En
consecuencia, pretender impedir al legislador cumplir con su deber constitucional
en el Estado constitucional, bajo el argumento de la prohibición de gasto, es una
regresión al modelo decimonónico del Estado legal, en el cual el deber estatal es
esencialmente la protección de las libertades, y no el programa social, económico,
cultural y ambiental (DESCA), que vincula a todos los operadores de la
Constitución.
87. Este Tribunal, en la sentencia recaída en el Expediente 00018-2021-PI/TC, entre
otras, ha dejado establecido que se trata de un mandato que tiene como
destinatarios a los legisladores, en virtud del cual las iniciativas legislativas que
aquellos presenten y luego se aprueben como leyes no pueden: i) crear gastos
públicos, ni ii) aumentar gastos públicos.
88. Asimismo, cabe anotar que el primer párrafo del artículo 79 de la Constitución
Política de 1993 contiene una excepción, que se refiere a la aprobación del propio
presupuesto del Congreso.
89. Considerando lo establecido en nuestro Texto Fundamental, desde una
perspectiva armónica e integral, así como también las normas legales especiales
de desarrollo en materia presupuestaria, como es el caso del artículo 20 del
Decreto Legislativo 1440, “Decreto Legislativo del Sistema Nacional del
Presupuesto Público”; este Tribunal ha concluido que lo prohibido al legislador es
la generación o el aumento de gastos públicos con cargo al presupuesto anual
vigente, con la excepción de que dicho mandato no se aplica a su propio
presupuesto institucional.
Caso del Nuevo Código Procesal Constitucional II 33
90. En el presente caso, este Colegiado aprecia que lo establecido en la Ley 31307 no
habilita de forma efectiva e inmediata la realización de gasto público o erogación,
con cargo al presupuesto, que afecte el balance general de ingresos y egresos
previamente establecido para cada año fiscal.
91. Adicionalmente, corresponde tomar en cuenta que cuando el constituyente
dispuso -en el segundo párrafo del artículo 200 de la Constitución de 1993- que
por medio de una ley orgánica se regularían las garantías (procesos)
constitucionales, lo asumió como un mandato de indispensable realización que
debe ser cumplido de conformidad con las competencias de cada órgano
constitucional, presupuestando las sumas pertinentes para afrontar su correcto
desarrollo.
92. Efectivamente, la disposición contenida en el artículo 79 de la Constitución
Política de 1993 no impide que una iniciativa legislativa que tenga por finalidad
la ejecución de un mandato constitucional presentada por un congresista pueda
constituir una fuente jurídica para que, posteriormente, y en el ámbito de las
atribuciones del Poder Ejecutivo, determine o considere la inclusión de las
partidas necesarias en la ley de presupuesto anual para atender los gastos
generados.
93. A ello debe añadirse que la Disposición Complementaria Transitoria Única de la
ley impugnada ha dispuesto que la determinación de jueces y salas
constitucionales, a cargo del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, se hará de
modo paulatino y según las posibilidades presupuestales y de infraestructura;
debiendo colegirse que se trata de un mandato de cumplimiento progresivo que -
en ningún caso- puede considerarse que producirá una afectación inmediata del
presupuesto público vigente que escape al balance general previamente
establecido para cada año fiscal.
94. Por las razones expuestas, este Tribunal aprecia que las disposiciones sometidas a
control tampoco vulneran lo dispuesto en los artículos 79 de la Constitución
Política de 1993.
4. SOBRE EL IMPEDIMENTO PARA SOLICITAR VISTA DE LA CAUSA A PEDIDO DEL
DEMANDADO, EN EL TRÁMITE DEL PROCESO DE HABEAS CORPUS (ARTÍCULOS 23,
LITERAL “A”, Y 37.8 DEL CPCO)
95. Por otro lado, la parte demandante también cuestiona lo dispuesto en el literal “a”
del artículo 23 y en el artículo 37.8 del CPCo, en el sentido de que no se habilita
al demandado para solicitar vista de la causa en el proceso de habeas corpus,
incluso en el trámite del recurso de apelación que se interponga.
96. Así, el inciso 8 del artículo 37 de la Ley 31307 ha previsto, en relación con el
proceso de habeas corpus, lo siguiente:
Caso del Nuevo Código Procesal Constitucional II 34
Este proceso se somete además a las siguientes reglas:
[…]
8) No hay vista de la causa, salvo que lo pida el demandante o el favorecido.
97. Por su parte, el literal “a” del artículo 23 de la Ley 31307 regula la tramitación del
recurso de apelación en el marco de dicho proceso, en los siguientes términos:
a) En el proceso de habeas corpus concedido el recurso de apelación el juez eleva los
autos al superior en el plazo de un día hábil. El superior jerárquico resuelve en el plazo
de cinco días hábiles. No hay vista de la causa, salvo que el demandante o el favorecido
la solicite.
(Énfasis agregado).
98. Tales disposiciones han sido impugnadas con el argumento de que vulneran tanto
el derecho a ser oído como el derecho a la igualdad de armas.
99. Antes de analizar si las disposiciones impugnadas resultan vulneradoras de las
normas constitucionales invocadas, es preciso determinar en qué etapa del proceso
de habeas corpus rige esta restricción para la vista de causa.
100. Cabe señalar que, en relación con el proceso de habeas corpus, el CPCo solo hace
referencia a la vista de causa cuando regula el recurso de apelación (artículo 23)
y el recurso de agravio constitucional (artículo 24). Distinto es el caso del trámite
de este proceso en primera instancia, donde el mismo cuerpo normativo no
denomina a la audiencia “vista de causa” sino “audiencia única”, para el caso de
los supuestos distintos a la detención arbitraria e integridad personal (artículo 35)
y para los casos de desaparición forzada, en los que dicho cuerpo de leyes
procesales prevé herramientas procesales específicas, sin perjuicio del trámite
previsto en los artículos anteriores (artículo 36).
101. A diferencia de la vista de causa reglada en el recurso de apelación, la cual no se
dará, a menos que lo solicite la parte demandante, la audiencia única prevista en
el artículo 35 del CPCo se lleva a cabo si el juez lo decide: “Si las circunstancias
lo requieren, el juez dentro de 72 horas de admitida la demanda fija fecha para la
realización de audiencia única”.
102. Es posible asumir que la audiencia única regulada en el artículo 35 del Código
constituye una vista de causa; no obstante, le son aplicables reglas específicas,
tales como que no se da por decisión de una de las partes, sino que el juez la
convoca atendiendo a la necesidad del caso. Algo similar puede anotarse respecto
de los procesos de amparo, habeas data y cumplimiento, donde la audiencia única
se da por mandato del Código y no depende de la voluntad de una de las partes
“interpuesta la demanda por el agraviado el juez en el término de quince días
hábiles, bajo responsabilidad, señala fecha y hora para la audiencia única ...”
(artículo 12, modificado por Ley 31583). Es más, el juez puede prescindir de la
audiencia única en supuestos de improcedencia: “Si con el escrito que contesta la
demanda, el juez concluye que esta es improcedente o que el acto lesivo es
Caso del Nuevo Código Procesal Constitucional II 35
manifiestamente ilegítimo, podrá emitir sentencia prescindiendo de la audiencia
única” (artículo 12).
103. De otro lado, el CPCo también ha previsto que se lleve a cabo una vista de causa
en el trámite del recurso de agravio constitucional, sin que la misma se lleve a
cabo solo por voluntad de una de las partes. Así lo establece la versión original
del artículo 24 de CPCo: “En el Tribunal Constitucional es obligatoria la vista de
la causa, la falta de convocatoria de la vista y del ejercicio de la defensa invalidan
el trámite del recurso de agravio constitucional”, así como su modificatoria por
Ley 31583: “En el Tribunal Constitucional es obligatoria la vista de la causa en
audiencia pública (…) bajo sanción de nulidad”.
104. De lo expuesto, este Tribunal advierte que las disposiciones impugnadas (artículos
23,a y 37,8 del nuevo CPCo.) en cuanto unicamente permite la realización de vista
de causa en el proceso de habeas corpus para casos en que lo haya pedido la parte
demandante, solo resultan aplicables al trámite del recurso de apelación.
4.1. SOBRE LA ALEGADA VULNERACIÓN DEL DERECHO A SER OÍDO, COMO
MANIFESTACIÓN DEL DERECHO DE DEFENSA
105. Este Tribunal aprecia que en la regulación del proceso de habeas corpus, según
las disposiciones antes citadas, se ha prescindido de la celebración de una
audiencia para llevar a cabo la vista de la causa, a menos que su realización sea
solicitada por la parte demandante o cuando el favorecido así lo requiera, como
regla especial del trámite de este proceso constitucional. Conforme a lo señalado
supra, dicha regla solo opera durante el trámite del recurso de apelación.
106. Se advierte que se trata de una regla que impide al órgano jurisdiccional llevar a
cabo una audiencia de vista de la causa, salvo que haya sido solicitada por la parte
demandante o el favorecido; lo cual significa, a su vez, que, si la parte demandada
solicita la realización de dicha audiencia de vista de causa, el juez no podrá llevarla
a cabo.
107. Al respecto, si bien la Constitución de 1993 no ha reconocido expresamente el
derecho a ser oído, el mismo se encuentra consagrado expresamente en el Artículo
8 numeral 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos norma
internacional, que -en virtud del artículo 55 de nuestro Texto Fundamental- forma
parte del ordenamiento jurídico peruano y que, a la letra, estatuye:
1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo
razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido
con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal, civil,
laboral, fiscal o de cualquier otro carácter.
108. A través de este derecho, se garantiza que cada una de las partes que participa en
un proceso judicial pueda ofrecer, de forma efectiva, los argumentos y razones
jurídicas que estimen necesarias en su defensa ante el juez de la causa o tribunal
Caso del Nuevo Código Procesal Constitucional II 36
que dilucidará la controversia. Ello se encuentra directamente relacionado con la
dimensión sustancial del derecho de defensa, reconocido en el artículo 139.14 de
la Constitución Política, según el cual nadie puede ser privado del derecho de
defensa en ningún estado del proceso (Cfr. STC 01231-2002-PHC/TC,
fundamento 2).
109. Precisamente, como ya se dijo supra, este derecho garantiza que las partes puedan
ejercer los medios necesarios, suficientes y eficaces en defensa de sus derechos e
intereses legítimos, de modo que no queden en estado de indefensión, cualquiera
que sea la naturaleza del proceso incoado (constitucional, civil, mercantil, penal,
laboral, etc.) (Cfr. sentencia recaída en el Expediente 01231-2002-PHC/TC,
fundamento 2).
110. En ese entendido también se ha pronunciado la Corte IDH, en el caso Barreto
Leiva vs. Venezuela (2009), cuando dejó establecido que el derecho de defensa
“obliga al Estado a tratar al individuo en todo momento como un verdadero sujeto
del proceso, en el más amplio sentido de este concepto, y no simplemente como
objeto del mismo” (párr. 29).
111. La parte demandante aduce que el derecho a ser oído en audiencia constituye un
elemento indispensable del derecho de defensa. Al respecto, expone en el escrito
de demanda lo siguiente:
en tanto en cuanto, es importante que las partes procesales en cualquier tipo de proceso
judicial [penal, civil, constitucional, laboral, administrativo u otros] pueden expresar
oralmente «en una audiencia» ante el juez o Tribunal las razones de hecho y de derecho
que consideran importantes y esenciales antes de que se resuelva cualquier cuestión que
afecte sus derechos.
112. Para finalmente asumir que la disposición legal en cuestión impide replicar lo que
alega la parte contraria:
Una decisión en contrario [impedir a la parte el ejercicio efectivo del derecho de defensa,
privándola del derecho a ser oída] produciría un estado de indefensión porque se negaría
la oportunidad de las partes de alegar lo que considera oportuno en su defensa y replicar
dialécticamente la posición contraria.
113. Es preciso aclarar que la disposición cuestionada no impide, en caso se lleve a
cabo una vista de causa, y que ambas partes, en igualdad de condiciones, expresen
su posición respecto al caso. Más bien dispone que para la tramitación del recurso
de apelación, la regla será que no se lleve a cabo la vista de causa, salvo pedido
de una de las partes (la demandante). Naturalmente, en caso de llevarse la vista,
ambas partes tendrán oportunidad de expresar sus alegatos. En otras palabras, si
se programa vista de la causa, ambas partes pueden informar oralmente.
114. En cuanto a lo aducido por la parte demandante, en el sentido de que constituye
un elemento indispensable del derecho de defensa el ser oído oralmente en la
audiencia pública, este Tribunal debe expresar que en reiterada jurisprudencia se
Caso del Nuevo Código Procesal Constitucional II 37
ha señalado que no resulta vulneratoria del derecho de defensa la imposibilidad
de informar oralmente ante el órgano jurisdiccional si en el trámite pudo presentar
por escrito sus alegatos. Así, por ejemplo, en el caso del recurso de nulidad
regulado en el Código de Procedimientos Penales, en tanto en dicho recurso
prevalece el sistema escrito, el hecho de que no se haya informado oralmente en
la vista de la causa no significa que se haya violado el derecho de defensa, toda
vez que la facultad revisora de la Sala penal suprema se sustancia a través de una
valoración netamente escrita (Cfr. sentencias emitidas en los Expedientes 01317-
2008-PHC/TC, 02833-2009-PHC/TC y 00971-2008-PHC/TC).
115. En el caso de la disposición impugnada, se tiene que el legislador, dentro del
margen que ostenta para configurar el proceso constitucional, ha regulado que,
como regla, el trámite de la apelación de proceso de habeas corpus se dé sin vista
de causa, lo que no impide que las partes pueda alegar lo que estimen conveniente
por escrito. Como excepción ha previsto la posibilidad de llevar a cabo una vista
de causa en dicho trámite recursivo solo si lo pide la parte demandante, en cuyo
caso, ambos tendrán la oportunidad de alegar lo que estimen conveniente, por lo
que no resulta vulnerado el derecho de defensa.
4.2 SOBRE LA ALEGADA VULNERACIÓN DEL PRINCIPIO DE IGUALDAD EN LA
REGULACIÓN DE LA TRAMITACIÓN DEL PROCESO DE HABEAS CORPUS
116. Según se alega en la demanda, el legislador ha configurado un supuesto de hecho
en la norma para otorgar un trato distinto a personas que, desde todos los puntos
de vista, se encuentran en la misma situación dentro del proceso. En consecuencia,
la norma distingue de forma irrazonable y arbitraria un supuesto de hecho
específico al que anuda consecuencias jurídicas determinadas, pues trata de forma
distinta situaciones iguales y crea, sin fundamento fáctico suficiente, un supuesto
diferente.
117. En la demanda se expone que esta regulación constituye un trato diferenciado, y
que “(…) cada una de las partes tiene el irrestricto derecho de ser oída respecto de
lo afirmado y confirmado por la otra parte; y el juez tiene la obligación de darle
la oportunidad a cada una de las partes de expresar oralmente lo que estime
conveniente en relación con su defensa, para evitar el desequilibrio entre ellos y
puedan disponer de las mismas posibilidades”.
118. Como lo ha señalado la jurisprudencia constitucional, el debido proceso
comprende, a su vez, la facultad del contradictorio, que debe llevarse a cabo en
igualdad de condiciones. Así, esto último impide que alguna de las partes, por
acción u omisión del juez o tribunal de la causa, se encuentre en una situación de
manifiesta desventaja respecto de la otra. El derecho de igualdad procesal o de
igualdad de armas implica que, en todo proceso judicial, administrativo o en sede
privada, debe garantizarse que las partes detenten las mismas oportunidades de
alegar, defenderse o probar, de modo que no se ocasione una desventaja en
ninguna de ellas respecto a la otra. Tal exigencia constituye un componente del
Caso del Nuevo Código Procesal Constitucional II 38
debido proceso, ya que ningún proceso que inobserve dicho imperativo puede
reputarse como "debido" (Cfr. sentencia emitida en el Expediente 06135-2006-
PA/TC, fundamento 5).
119. Esta diferencia de trato no incide en las posibilidades de una parte en desmedro
de otra, de alegar en el proceso, puesto que, si se tramita el recurso de apelación
de forma escrita, ambas partes alegarán por escrito; si, en cambio, se tramita de
forma oral con una vista de causa porque así lo solicitó la parte demandante,
entonces ambas partes tendrán la misma oportunidad de alegar oralmente en la
vista. Por tanto, la disposición en cuestión no compromete la igualdad de armas,
sino más bien se advierte una diferencia de trato, puesto que solo la parte
demandante puede solicitar la vista en el recurso de apelación.
120. Cabe reiterar, al respecto, lo mencionado supra en el sentido de que la disposición
cuestionada no le impide a una de las partes respecto de otra el expresar sus
argumentos oralmente (si se da una vista de causa) o por escrito (si no se da la
audiencia). La diferencia de trato que puede ser objeto de examen constitucional
es la que establece que únicamente por pedido de la parte demandante es que se
dará una vista de causa en la apelación de este proceso constitucional.
121. No obstante, este Tribunal Constitucional advierte que la disposición materia de
examen contiene una diferenciación normativa en relación con las posibilidades
de las partes para que se convoque a la vista de causa en el trámite del recurso de
apelación. Así, dicho recurso tendrá un trámite eminentemente escrito. Si la parte
demandada solicita la vista de causa, dicho pedido no tendrá efecto alguno; en
cambio, si la parte demandante lo solicita, el trámite del proceso cambiará y se
llevará a cabo una vista de causa. Dicha diferencia de trato deberá ser evaluada
por el Tribunal Constitucional.
122. Al respecto, si bien es cierto que el habeas corpus, como proceso de tutela urgente,
debe ameritar un pronunciamiento rápido, célere y efectivo respecto a la
legitimidad y validez constitucional de una detención o cualquier otra forma de
incidencia o intervención en el contenido constitucionalmente protegido de los
derechos que conforman la libertad individual y de sus derechos constitucionales
conexos, a fin de evitar su concreta vulneración o repararla, en caso de haberse
producido; también es cierto que dicha finalidad no se puede lograr de cualquier
manera o a través de cualquier medio, menos aún si con ello se pone en entredicho
o trastoca la protección que la Constitución y el ordenamiento internacional
brindan a los derechos procesales de los justiciables, independientemente de la
variación de su intensidad, según corresponda a cada proceso. Dicha diferencia de
trato entre demandante y demandado (consistente en permitir solo a una de las
partes el solicitar se lleve a cabo vista de causa en apelación), será evaluada sobre
la base del principio de igualdad.
123. La igualdad como derecho fundamental está consagrada por el artículo 2 de la
Constitución de 1993, de acuerdo con el cual: «(...) toda persona tiene derecho (...)
Caso del Nuevo Código Procesal Constitucional II 39
a la igualdad ante la ley. Nadie debe ser discriminado por motivo de origen, raza,
sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquiera otra índole».
Contrariamente a lo que pudiera desprenderse de una interpretación literal, es este
un derecho fundamental que no consiste en la facultad de las personas para exigir
un trato igual a los demás, sino a ser tratado de igual modo a quienes se encuentran
en una idéntica situación.
124. Constitucionalmente, el derecho a la igualdad tiene dos facetas: igualdad ante la
ley e igualdad en la ley. La primera de ellas constituye un mandato al legislador
para que supuestos iguales tengan consecuencias jurídicas similares, a fin de que
la norma sea aplicable por igual a todos los que se encuentren en la situación
descrita en el supuesto de la norma; mientras que la segunda implica que un mismo
órgano no puede modificar arbitrariamente el sentido de sus decisiones en casos
sustancialmente iguales.
125. Asimismo, se ha recordado [sentencia emitida en el Expediente 02437-2013-
PA/TC, fundamento 6] que este derecho no garantiza que todos los seres humanos
sean tratados de la misma forma siempre y en todos los casos. Como ha sostenido
la Corte IDH, puesto que “la igualdad y la no discriminación se desprenden de la
idea de unidad de dignidad y naturaleza de la persona, es preciso concluir que no
todo atamiento jurídico diferente es propiamente discriminatorio, porque no toda
distinción de trato puede considerarse ofensiva, por sí misma, de la dignidad
humana” [Opinión Consultiva N° 4/84]. La igualdad jurídica presupone, pues, dar
un trato igual a lo que es igual y desigual a lo que no lo es. De modo que se afecta
a esta no solo cuando frente a situaciones sustancialmente iguales se da un trato
desigual [discriminación directa, indirecta o neutral, etc.], sino también cuando
frente a situaciones sustancialmente desiguales se brinda un trato igualitario
[discriminación por indiferenciación].
126. Por su parte, la defensa del Congreso de la República señala en su contestación de
demanda que, en el caso, no se cuenta con un término de comparación válido para
analizar la alegada discriminación normativa, puesto que demandante y
demandado constituyen partes distintas en un proceso constitucional, por lo que
no son equiparables.
127. Como se ha enfatizado en la jurisprudencia de este Tribunal Constitucional, el
examen constitucional de diferencia de trato identifica supuestos iguales para los
que se hayan previsto consecuencias jurídicas distintas, o que a supuestos
desiguales se den consecuencias jurídicas semejantes. El objeto, sujeto, situación
o relación con el cual se realiza el contraste se denomina término de comparación
(tertium comparationis). Ahora bien, esta identidad no alude a que las situaciones
sean idénticas, sino al hecho de que se traten de situaciones que puedan ser
jurídicamente equiparables. Entre lo que se compara y aquello con lo cual éste es
comparado, han de existir cualidades, caracteres, rasgos o atributos comunes (Cfr.
sentencias emitidas en los Expedientes 00021-2012-PI/TC, 00008-2013-PI/TC,
Caso del Nuevo Código Procesal Constitucional II 40
00009-2013-PI/TC, 00010-2013-PI/TC y 00013-2013-PI/TC, acumulados,
fundamentos 188-190).
128. En tal sentido, el argumento de la parte demandada en el sentido de que por
tratarse de demandante y demandado en el proceso constitucional no puedan ser
comparados en un juicio de igualdad, dejaría sin posibilidad de evaluar diferencias
de trato entre las partes en un proceso judicial. Naturalmente, la finalidad del
proceso o las características del mismo pueden justificar diferencias de trato, pero
ello no puede ser descartado de plano aduciendo que no existe un término de
comparación, sino más bien ello requiere de un análisis concreto de la diferencia
de trato en que ha incurrido el legislador.
129. En cuanto a la intensidad de la intervención en la igualdad, este Tribunal
Constitucional ha precisado lo siguiente:
Una intervención es de intensidad grave cuando la discriminación se sustenta en alguno
de los motivos proscritos por la propia Constitución (artículo 2°, inciso 2: origen, raza,
sexo, idioma, religión, opinión, condición económica) y, además, tiene como
consecuencia el impedimento del ejercicio o goce de un derecho fundamental (v.gr.
derecho a la participación política) o un derecho constitucional. b) Una intervención es
de intensidad media cuando la discriminación se sustenta en alguno de los motivos
proscritos por la propia Constitución (artículo 2°, inciso 2: origen, raza, sexo, idioma,
religión, opinión, condición económica) y, además, tiene como consecuencia el
impedimento del ejercicio o goce de un derecho de rango meramente legal o el de un
interés legítimo. Una intervención es de intensidad leve cuando la discriminación se
sustenta en motivos distintos a los proscritos por la propia Constitución y, además, tiene
como consecuencia el impedimento del ejercicio o goce de un derecho de rango
meramente legal o el de un interés legítimo (Cfr. sentencia emitida en el Expediente
00045-2004-PI, fundamento 35).
130. Se advierte que la distinción efectuada por el legislador no se sustenta en ningún
aspecto proscrito expresamente en la Constitución, ni limita el ejercicio de algún
derecho constitucional. Lo que hace es establecer la posibilidad de pedir vista de
causa de alguna de las partes, lo que, como ya se ha indicado supra, no incide en
el derecho de defensa ni en la igualdad de armas. En tal sentido, esta distinción
tiene una intensidad leve.
131. En cuanto a la finalidad de este tratamiento diferenciado, se entiende que el
objetivo del legislador consiste en lograr que el proceso de habeas corpus
funcione como un mecanismo sencillo rápido y efectivo, para la protección de los
derechos, tal como lo establece el artículo 25 de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos. Para lograr un proceso efectivo es preciso optimizar la
celeridad en la tramitación del proceso. Ahora bien, en el caso de procesos
destinados a la protección de derechos fundamentales, como es el habeas corpus,
la necesidad de lograr un pronunciamiento rápido deriva sobre todo en la
necesidad de tutela de un derecho, por lo que es la parte demandante, más que la
demandada, la que se ve afectada con la demora en el trámite del proceso. Por tal
razón, la decisión del legislador de dejar en manos del demandante la decisión
Caso del Nuevo Código Procesal Constitucional II 41
sobre si el recurso se tramita de modo más rápido (sin vista de causa) o con alguna
demora, pero con la posibilidad de que las partes puedan expresar sus argumentos
oralmente (con vista de causa), resulta adecuada a los fines del proceso de habeas
corpus y resulta idónea para tal efecto.
132. Este Tribunal advierte que la parte demandante no ha indicado otro mecanismo
con incidencias menos graves en el tratamiento igualitario que resulte igualmente
idóneo para lograr celeridad en el proceso constitucional. Al fin y al cabo, de eso
se trata la reforma. Si en sentido contrario, se habilita al presunto agresor para que
formule un requerimiento de informe oral y una eventual programación de vista
en audiencia pública, o el propio juez lo programe discrecionalmente; entonces se
mantiene el riesgo de la ordinarización de un proceso que por su propia naturaleza
es urgente, sumario, anti formal y vicario. La apertura a esta opción haría de nuevo
espacio al vía crucis que los justiciables deben asumir para obtener una respuesta
judicial, meses que se suman a la resolución final de sus procesos.
133. Como se ha venido señalando, el establecer como regla de tramitación del recurso
de apelación sin vista de causa (informe oral) y solo llevarla a cabo si la parte con
mayor interés en que se resuelva pronto lo solicita, tomando en cuenta además que
se trata de un justiciable en situación de pérdida de su libertad personal o amenaza
de pérdida, la diferencia de trato entre demandante y demandado con relación a
las disposiciones impugnadas resulta plenamente justificada.
134. Así las cosas, se trata de una regla diferenciada válida que, por cierto, no es la
única, ya que -por ejemplo- la Constitución solo le permite al afectado interponer
el recurso de agravio ante el Tribunal Constitucional. Se trata, pues, de opciones
posibles de ser legisladas, dentro del margen de discrecionalidad con la que cuenta
el legislador democrático.
135. De esta manera, nuevamente el legislador privilegia el derecho al recurso rápido,
tomando en cuenta la naturaleza del habeas corpus y la relevancia de la libertad
individual, que es un proceso sin etapa probatoria, de emergencia, reparador y
sumario. En consecuencia, si el juez ha tutelado el derecho, y no obstante se ha
formulado apelación, la Sala superior le dará el trámite inmediato, para que este
sea resuelto con la premura que demanda este recurso.
136. Si esto es así, regular el proceso de habeas corpus como si fuera un proceso
ordinario carece de fundamentación doctrinaria, y, más bien, diluye sus
características, por lo que las reglas incorporadas por el nuevo CPCo. son
constitucionales. En consecuencia, este extremo de la demanda debe ser declarado
infundada.
5. SOBRE EL CARÁCTER INIMPUGNABLE DE LA DECISIÓN QUE ORDENA LA
ACTUACIÓN INMEDIATA DE SENTENCIA ESTIMATORIA DE PRIMER GRADO Y SU
VIGENCIA HASTA LA CONCLUSIÓN DEL PROCESO (ARTÍCULO 26, SEGUNDO
PÁRRAFO, DEL CPCO)
Caso del Nuevo Código Procesal Constitucional II 42
137. El recurrente cuestiona también la constitucionalidad del segundo párrafo del
artículo 26 del CPCo, ubicado en el capítulo IV, sobre “actuación y ejecución de
sentencias”, del Título I, referido a los procesos de habeas corpus, amparo, habeas
data y cumplimiento.
138. Al respecto, dicho artículo 26, titulado “actuación de sentencia”, establece lo
siguiente:
La sentencia estimatoria de primer grado es de actuación inmediata si el juez estima que
no se generará una situación de irreversibilidad, ni se ocasionará daños
desproporcionados al demandado. Es independiente de la apelación que se interponga
contra ella y se solicita ante el juez que emitió́ la resolución.
La resolución que ordena la actuación inmediata de sentencia es inimpugnable y
mantiene su vigencia hasta que se emita resolución última y definitiva que pone fin al
proceso.
(énfasis agregado).
139. Como puede apreciarse, dicho artículo se refiere a la actuación inmediata de
sentencias estimatorias de primer grado expedidas en los procesos
constitucionales de tutela de derechos.
140. Lo que específicamente se impugna en la demanda es el segundo párrafo del
referido artículo 26, en cuanto establece que la resolución judicial que dispone
dicha actuación inmediata
i. tiene carácter inimpugnable, y
ii. que mantiene su vigencia hasta la emisión de la resolución última y
definitiva que pone fin al proceso.
141. Al respecto, corresponde destacar que este Tribunal ha tenido ocasión de
pronunciarse sobre la figura de la actuación inmediata de sentencias estimatorias
en los denominados procesos constitucionales de la libertad o de tutela de
derechos, bajo la normativa establecida por el Código Procesal Constitucional de
2004.
142. Los pronunciamientos relativos a dicha materia que aquí se analizarán son los
siguientes: i) sentencias emitidas en los Expedientes 05994-2005-PHC/TC, ii)
00607-2009-PA/TC y iii) 04404-2018-PHC/TC.
143. En la sentencia emitida en el Expediente 05994-2005-PHC/TC, este Tribunal
había destacado que, a diferencia del modelo procesal anterior, en el Código
Procesal Constitucional de 2004 el legislador decidió incorporar el denominado
“régimen de actuación inmediata de sentencias” para los procesos de tutela de
derechos, lo cual significaba que el juez constitucional se encontraba habilitado
para ejecutar o dar cumplimiento a los mandatos contenidos en la sentencia
estimatoria expedida, con independencia de la existencia de mecanismos
Caso del Nuevo Código Procesal Constitucional II 43
procesales de acceso a la instancia superior (Cfr. sentencia expedida en el
Expediente 05994-2005-PHC/TC, fundamento 3).
144. A ello el Tribunal añadió que en dicho marco procesal
(…) no es aceptable, entonces, que, bajo el pretexto del acceso a una instancia distinta
por el lado de la contraparte, el juez constitucional renuncie a dar cumplimiento efectivo
a su sentencia. Si ésta es estimatoria tal condición es suficiente para franquear su
actuación inmediata, no teniendo por qué esperar la culminación del proceso para recién
decidir (…) (sentencia emitida en el Expediente 05994-2005-PHC/TC, fundamento 3).
145. En ese mismo fundamento 3 de la sentencia en comentario, este Tribunal enfatizó
que el juez constitucional no solo debe conocer y aplicar la norma procesal
adjetiva, sino que, sobre todo, ha de atender a los deberes de vinculación especial
con la Constitución y al marco principista que ella reconoce, siendo precisamente
esto último lo que debe fundamentar el cumplimiento efectivo de la sentencia
estimatoria de primer grado.
146. Posteriormente, en la sentencia emitida en el Expediente 00607-2009-PA/TC, este
Tribunal desarrolló diversas consideraciones jurídico-constitucionales sobre la
actuación inmediata de sentencia estimatoria, las que llevaron a concluir que se
trata de una institución procesal
(…) de suma importancia y utilidad para la efectiva concreción del derecho a la tutela
jurisdiccional efectiva, como quiera que ella se dirige a conjurar daños irreparables, a
evitar el abuso procesal de la institución de la apelación y a (re)asignar al juez de primera
instancia un rol protagónico y estratégico en la cadena de protección de los derechos
fundamentales (fundamento 60).
147. Adicionalmente, debe tenerse en cuenta que este Tribunal sostuvo que la sentencia
estimatoria de primer grado es una decisión obligatoria y que amerita una
ejecución acorde con el carácter perentorio y urgente de los procesos
constitucionales, como el proceso de amparo, con la finalidad de proteger el
derecho a la tutela jurisdiccional efectiva del demandante (sentencia emitida en el
Expediente 00607-2009-PA/TC, fundamento 46).
148. Sin perjuicio de lo anterior, en dicha sentencia también se resolvió que el derecho
a la pluralidad de instancias integra el contenido complejo del debido proceso y
que, como tal, habilita la interposición de los correspondientes recursos o medios
impugnatorios (sentencia emitida en el Expediente 00607-2009-PA/TC,
fundamentos 53, 56).
149. Asimismo, este Tribunal indicó que “el efecto suspensivo de los recursos no forma
parte del contenido constitucionalmente protegido del derecho a la pluralidad de
instancias” (sentencia emitida en el Expediente 00607-2009-PA/TC, fundamento
57).
Caso del Nuevo Código Procesal Constitucional II 44
150. Ahora bien, este Tribunal consideró necesario desarrollar determinados
presupuestos para la aplicación de esta figura procesal, a fin de garantizar su
compatibilidad constitucional y evitar situaciones injustas en perjuicio del
demandado.
151. Los presupuestos de la actuación inmediata de sentencia estimatoria desarrollados
en el fundamento 63 de la aludida sentencia emitida en el Expediente 00607-2009-
PA/TC, para los procesos constitucionales en general, y para el proceso de amparo
en especial, se presentan a continuación de forma resumida:
i. Sistema de valoración mixto: La regla general debe ser la actuación
inmediata de la sentencia estimatoria de primer grado; sin embargo, el juez
cuenta con cierto margen de discrecionalidad para tomar dicha decisión.
ii. Juez competente: El juez que resuelve la solicitud de actuación inmediata
y el que la ejecuta es el juez de primer grado.
iii. Forma de otorgamiento: A pedido de parte, como regla general, y de
oficio, en caso de riesgo de perjuicio irreparable para el demandante.
iv. Sujetos legitimados: El beneficiado con la resolución de primer grado o
su representante procesal.
v. Alcance: Como regla general, respecto de la totalidad de pretensiones y,
parcial, según las circunstancias de cada caso y observando los demás
presupuestos. Se excluyen los costos, costas, devengados e intereses.
vi. Tipo de sentencia: Solo sentencias de condena, apeladas y apelables.
vii. Mandato preciso: Determinado y específico (líquido).
viii. Presupuestos procesales:
▪ Irreversibilidad.
▪ Proporcionalidad respecto de daños o perjuicios a la parte
demandada.
▪ Inexigibilidad de contracautela (regla general).
ix. Apelación: Las resoluciones que ordenan y deniegan la actuación
inmediata serán inimpugnables.
x. Efectos de la sentencia de segundo grado: Si es confirmatoria, la
ejecución provisional se vuelve definitiva.
xi. Relación con la medida cautelar: El pedido de actuación inmediata de
sentencia estimatoria y la solicitud de medida cautelar son alternativos y
excluyentes.
Caso del Nuevo Código Procesal Constitucional II 45
152. En relación con la problemática aquí analizada, debe distinguirse, en primer
término, que el carácter inimpugnable no recae en la sentencia estimatoria de
primer grado, sino en la decisión del juez sobre su actuación inmediata. En
segundo lugar, este Tribunal aprecia, que, en la jurisprudencia constitucional
anterior a la expedición del actual CPCo., se había desarrollado una interpretación
constitucionalmente razonable de la actuación inmediata de la sentencia
estimatoria de primer grado en los términos indicados.
153. Entonces, antes de su configuración explícita, como se aprecia en el artículo 26
del CPCo., este Tribunal ya había dejado establecido que dicha figura procesal
cumplía fines constitucionales, específicamente en el ámbito de la efectividad de
las resoluciones judiciales que tutelan los derechos fundamentales. Tales fines,
abordados desde el cariz de los procesos constitucionales, bajo el nuevo CPCo,
son precisamente garantizar la vigencia efectiva de tales derechos, en consonancia
con la primacía de la Constitución, con plena fuerza normativa.
154. Ahora bien, para comprender a cabalidad los alcances de lo dispuesto en el
segundo párrafo del referido artículo 26 del CPCo., este Tribunal asume que dicha
decisión debe basarse, como lo exige el primer párrafo de tal artículo y la
jurisprudencia constitucional antes comentada, en un conjunto de razones
jurídicas que sustenten debidamente lo decidido por el juez a quo. En ese
entendido, la resolución judicial que se pronuncia sobre la actuación inmediata de
la sentencia estimatoria de primer grado debe estar debidamente motivada y
expresar o dar cuenta de la verificación del cumplimiento (o incumplimiento) de
los presupuestos normativos y jurisprudenciales de dicha figura procesal.
155. Así pues, este Tribunal aprecia que el texto legal impugnado debe ser
comprendido, en principio, a la luz de las exigencias dispuestas en el primer
párrafo del artículo 26 del CPCo, donde se ha establecido como requisitos para la
actuación inmediata de la sentencia estimatoria de primer grado: i) la no
irreversibilidad de la ejecución, y ii) la no generación de daños desproporcionados
al demandado.
156. Asimismo, como ya se mencionó supra, se trata de una solicitud que es
independiente del eventual recurso de apelación que se interponga contra la
sentencia estimatoria.
157. Por ello, en virtud de un medio impugnatorio efectivamente interpuesto, tiene
lugar la discusión sobre la legitimidad de lo decidido por el juez a quo. Sin
embargo, al ya contar el demandante con una sentencia favorable de primer grado
en el ámbito de la tutela de los derechos fundamentales, dicha decisión deviene
obligatoria y debe ser ejecutada con urgencia y celeridad.
158. A las exigencias normativas debe añadirse la verificación del cumplimiento de los
presupuestos jurisprudenciales desarrollados por este Tribunal, conforme se
Caso del Nuevo Código Procesal Constitucional II 46
advirtiera previamente. Es a partir del análisis en torno a la verificación de dichos
presupuestos que se concluirá si la decisión judicial sobre la actuación inmediata
de sentencia estimatoria de primer grado será conforme a la Constitución, o no.
159. Ahora bien, el centro de la discusión, en lo que aquí interesa, tiene que ver no con
la legitimidad de dicha decisión judicial, sino con la ausencia de un recurso de
apelación para impugnarla.
160. Efectivamente, este Tribunal debe responder si el carácter inimpugnable otorgado
por el legislador contraviene la Constitución o desconoce el marco de principios
y valores que ella reconoce, en el ámbito del derecho a la pluralidad de instancia.
161. Al respecto, debe recordarse que este derecho se encuentra reconocido por los
incisos 3 y 6 del artículo 139 de la Constitución Política de 1993 y, a nivel
internacional, por el artículo 14.5 del PIDCP y por el artículo 8.2.h de la CADH,
entre otros.
162. Este Tribunal ha sostenido en varias ocasiones que la pluralidad de instancias
alude
(…) al derecho de todo justiciable de recurrir una sentencia que pone fin a la instancia,
especialmente cuando ella es condenatoria, tal derecho a la pluralidad de la instancia no
implica que el justiciable pueda recurrir todas y cada una de las resoluciones que se
emitan al interior de un proceso; (…) correspondiendo al legislador determinar en qué
casos, aparte de la resolución que pone fin a la instancia, cabe la impugnación (sentencia
emitida en el Expediente 05019-2009-PHC/TC, fundamento 3).
163. En ese entendimiento, el Tribunal Constitucional ha expresado que se trata de un
derecho de configuración legal, que consta de un contenido constitucional mínimo
o infranqueable, de modo que, más allá de aquel, queda en el ámbito del legislador
su desarrollo normativo.
164. Así pues, este Tribunal Constitucional, en la sentencia emitida en el Expediente
04235-2010-PHC/TC, ha establecido que pertenece al contenido esencial del
derecho fundamental a la pluralidad de la instancia el derecho de toda persona a
un recurso eficaz contra
a) La sentencia que le imponga una condena penal.
b) La resolución judicial que le imponga directamente una medida seria de
coerción personal.
c) La sentencia emitida en un proceso distinto del penal, a menos que haya sido
emitida por un órgano jurisdiccional colegiado y no limite el contenido
esencial de algún derecho fundamental.
d) La resolución judicial emitida en un proceso distinto del penal, con vocación
de poner fin al proceso, a menos que haya sido emitida por un órgano
jurisdiccional colegiado y no limite el contenido esencial de algún derecho
fundamental (fundamento 25).
Caso del Nuevo Código Procesal Constitucional II 47
165. A condición de respetar escrupulosamente dicho contenido, el legislador cuenta
con un razonable marco de la configuración legal del referido derecho
fundamental.
166. Siendo ello así, este Tribunal advierte que en el CPCo. el legislador ha optado por
dotar de carácter inimpugnable a la decisión judicial sobre la actuación inmediata
de sentencia estimatoria de primer grado, considerando que dicha opción
legislativa no vulnera la Constitución Política de 1993, en la medida en que, por
un lado, abona al carácter urgente y perentorio de lo decidido en la sentencia de
primera instancia, favorable al demandante; y, por otro lado, no impide que se
lleve a cabo la discusión, en segundo grado, sobre la legitimidad o ilegitimidad de
lo decidido por el juez a quo.
167. En efecto, cabe recordar que, incluso, en caso de que el juez ordenase la actuación
inmediata de la sentencia estimatoria, ello no incidiría en la posibilidad de que
dicha sentencia sea sometida a examen por el órgano jurisdiccional superior,
pudiendo ser revocada.
168. Por consiguiente, este Tribunal reafirma la constitucionalidad del carácter
inimpugnable de la decisión judicial que ordena la actuación inmediata de la
sentencia estimatoria de primer grado, lo que necesariamente implica el
cumplimiento de los presupuestos legales y jurisprudenciales de dicha figura
procesal, bajo responsabilidad.
169. Evidentemente, es responsabilidad del órgano ejecutor actuar en pleno
cumplimiento de sus deberes y funciones, encomendados por la Constitución
Política y la ley, de modo que se evite cualquier situación que lidie con el abuso
de derecho y toda actuación fraudulenta o que quebrante la protección de otros
bienes, principios y valores amparados por el ordenamiento jurídico. En estos
casos, los jueces deberán asumir las responsabilidades que correspondan.
170. Por las consideraciones expuestas, este Tribunal concluye que el segundo párrafo
del artículo 26 de la Ley 31307 es constitucional.
171. Ahora bien, indicado lo anterior, este Tribunal Constitucional entiende que no
cabe en la presente sentencia someter a control el texto del segundo párrafo del
aludido artículo 26, citado supra, en cuanto dispone que la vigencia de lo ordenado
por el juez de primer grado, respecto a la actuación inmediata de una sentencia
estimatoria, se mantiene hasta la emisión de la resolución última y definitiva que
pone fin al proceso.
172. Sobre el particular, si bien la demanda se dirige contra todo el segundo párrafo del
artículo 26: “La resolución que ordena la actuación inmediata de sentencia es
inimpugnable y mantiene su vigencia hasta que se emita resolución última y
definitiva que pone fin al proceso”; debe señalarse con claridad que únicamente
Caso del Nuevo Código Procesal Constitucional II 48
se han ofrecido argumentos constitucionales en la demanda y en la contestación
de la misma, en relación con la no impugnabilidad de la resolución, mas no así
respecto de que mantiene su vigencia hasta que se emita resolución definitiva,
advirtiéndose, pues, que no existe debate constitucional en este extremo.
173. Al respecto, el artículo 100.3 del CPCo prescribe que la demanda escrita contendrá
cuando menos “(…) Los fundamentos en que se sustenta la pretensión”. Como lo
ha remarcado este Tribunal Constitucional, con base en el artículo 100.1 del
Código Procesal Constitucional de 2004, de contenido similar, tal exigencia no
sólo comprende la narración de los hechos y la indicación de los preceptos
constitucionales presuntamente afectados, sino que también exige que se expresen
los argumentos por los cuales se considera que estos últimos habrían sido
transgredidos (Expediente 00007-2013-PI/TC, auto del 15 de mayo de 2013,
fundamento 5).
174. En este sentido, este Tribunal Constitucional no emitirá pronunciamiento sobre el
extremo del segundo párrafo del artículo 26 del CPCo, referido a que la resolución
que dispone la actuación inmediata de la sentencia mantiene su vigencia hasta la
sentencia definitiva, por no haber debate constitucional.
6. SOBRE EL CARÁCTER INIMPUGNABLE DEL REQUERIMIENTO JUDICIAL EN EL
PROCESO DE HABEAS DATA (ARTÍCULO 64, SEGUNDO PÁRRAFO, DEL CPCO)
175. En el presente caso, se cuestiona también el segundo párrafo del artículo 64 del
CPCo, en cuanto establece que es inimpugnable la decisión del juez que da un
plazo de tres días al demandado para cumplir con el requerimiento de información
concerniente al reclamante, si considera que ello es indispensable para emitir
sentencia.
176. Este Tribunal advierte que el artículo 64 del CPCo ha previsto lo siguiente:
Admitida la demanda, el juez de oficio o a pedido de parte, puede requerir al demandado
que posee, administra o maneja el archivo, registro o banco de datos, la remisión de la
información concerniente al reclamante; así́ como solicitar informes sobre el soporte
técnico de datos, documentación de base relativa a la recolección y cualquier otro aspecto
que resulte conducente a la resolución de la causa que estime conveniente.
El demandado está en la obligación de cumplir con el requerimiento al momento de
contestar la demanda. Puede oponerse al requerimiento judicial si considera que la
información no puede divulgarse por impedimento de ley. El juez resuelve en la audiencia
única dando al demandado un plazo de tres días para cumplir con el requerimiento si
considera que lo solicitado es imprescindible para sentenciar. Esta decisión es
inimpugnable. (Énfasis añadido).
177. Ahora bien, del propio texto legal se evidencia, en primer término, que el
demandado puede oponerse al requerimiento en cuestión cuando se trate de las
excepciones al ejercicio del derecho reconocido en el artículo 2.5 de la
Constitución Política de 1993, previstas en el Texto Único Ordenado (TUO) de la
Caso del Nuevo Código Procesal Constitucional II 49
Ley 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (artículos 15
a 17).
178. Además de ello, el requerimiento de información a cargo del juez no se realiza en
todos los casos, sino solo en aquellos casos donde lo solicitado es sobre datos
concernientes al reclamante o que sea imprescindible para emitir sentencia.
179. En síntesis, dicho requerimiento judicial procede cuando
i) la divulgación de la información no se encuentra prohibida por ley,
ii) dicha información concierne al reclamante, y
iii) sea imprescindible para emitir sentencia.
180. La inimpugnabilidad del requerimiento judicial presupone una intervención en el
ejercicio del derecho fundamental a la pluralidad de instancias. Sin embargo, tal
como se ha indicado supra, este derecho no faculta al justiciable a recurrir todas
y cada una de las resoluciones judiciales que se emitan al interior de un proceso.
En efecto, la decisión con carácter inimpugnable no es una resolución judicial con
vocación de poner fin al proceso, sino que es una resolución previa a la emisión
de la sentencia de primer grado, que no se emite en todos los casos, sino solo en
los supuestos previstos por la disposición impugnada; esto es, cuando es
imprescindible para la emisión de sentencia y siempre que no exista oposición
basada en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública – Ley N.º
27806 y sus normas modificatorias.
181. Queda claro, entonces, que la disposición legal impugnada no desnaturaliza el
contenido constitucionalmente protegido del derecho a la pluralidad de instancia
desarrollado en el fundamento 25 de la sentencia expedida en el Expediente
04235-2010-PHC/TC antes citado. Si el juez emite sentencia, esta si puede ser
apelada. De lo que se trata la reforma es de optimizar en tiempo y pertinencia los
procesos de tutela, y así distinguirlos de las reglas de los procesos ordinarios.
182. Con base en dichas consideraciones, corresponde desestimar este extremo de la
demanda.
7. SOBRE LA COMPETENCIA DEL JUEZ CONSTITUCIONAL EN LOS PROCESOS DE
HABEAS CORPUS
183. La parte demandante cuestiona el artículo 29 del CPCo, en el extremo que
establece que la demanda de habeas corpus se interpone ante el juez
constitucional.
184. Al respecto, debe considerarse que dicha disposición constituye un cambio de
diseño legislativo respecto al modelo procesal establecido en el derogado Código
Procesal Constitucional de 2004, en cuyo artículo 28 se dispuso que la demanda
de habeas corpus se presentaba ante cualquier juez penal.
Caso del Nuevo Código Procesal Constitucional II 50
185. En lo que aquí se analiza, este Tribunal aprecia que lo dispuesto en dicha norma
es cuestionado, en primer término, con el argumento de que con ello se elimina la
competencia de los jueces penales en el conocimiento de los procesos de habeas
corpus.
186. Sin embargo, este Tribunal discrepa de dicha interpretación, toda vez que la
Segunda Disposición Final del CPCo establece que
SEGUNDA. Jueces especializados
En los distritos jurisdiccionales del Poder Judicial donde no existan jueces ni salas
constitucionales, los procesos de amparo, habeas data y de cumplimiento son
competencia de los juzgados especializados en lo civil o mixto, según corresponda y, en
segunda instancia, las salas civiles correspondientes.
En los procesos de habeas corpus la competencia recae en los jueces de investigación
preparatoria y, en segunda instancia, en las salas de apelaciones respectivas (énfasis
añadido).
187. De lo expuesto se aprecia que, desde una lectura sistemática de ambas
disposiciones procesal constitucionales, la competencia de los jueces penales se
mantiene en aquellas cortes superiores donde no existan jueces ni salas
constitucionales. De hecho, el segundo párrafo de la Segunda Disposición Final
aludida prevé de manera específica que dicha competencia recaerá, en primer
grado, en los jueces de Investigación Preparatoria; y, en segundo grado, en las
correspondientes salas de apelaciones.
188. El proceso de habeas corpus es un proceso constitucional expresamente previsto
por la Constitución y, por lo tanto, asignar competencia a los jueces
constitucionales no puede considerarse una vulneración del debido proceso o de
la tutela jurisdiccional efectiva.
189. Por otro lado, la parte demandante alega que con dicha disposición se generarían
mayores dilaciones en los procesos de habeas corpus, si se considera que la
cantidad de juzgados constitucionales es insuficiente para cumplir con la finalidad
de reparar situaciones de violación o amenaza a los derechos fundamentales.
190. El Poder Judicial debe determinar la cantidad de órganos y su especialización con
miras a la oportuna y eficaz atención de todas las causas que se presenten,
particularmente cuando lo que se encuentra en juego es la tutela de los derechos
fundamentales de las personas.
191. Al respecto, no se debe perder de vista que según la Disposición Complementaria
Transitoria Única del CPCo:
El Consejo Ejecutivo del Poder Judicial determina de modo paulatino y conforme a las
posibilidades presupuestales y de infraestructura los jueces y salas constitucionales para
su nombramiento por la Junta Nacional de Justicia.
Caso del Nuevo Código Procesal Constitucional II 51
192. Por lo tanto, y como ya se advirtiera supra, existe un mandato legal de
cumplimiento progresivo con miras al incremento de juzgados y salas
constitucionales, conforme a las posibilidades presupuestales y de infraestructura,
habiendo previsto la norma un mandato que podrá materializar, en la medida de
lo posible, la existencia de juzgados constitucionales en número suficiente para la
atención pronta y oportuna de las demandas constitucionales.
193. En ese orden de ideas, si el diseño produce dificultades de tipo operativo, como,
por ejemplo, el abarrotamiento de causas, los órganos de gobierno del Poder
Judicial pueden asignar excepcionalmente a los juzgados ordinarios dichas causas,
hasta que las posibilidades presupuestales permitan ampliar en mayor número los
juzgados constitucionales.
194. Evidentemente, se requiere de parte de los poderes públicos involucrados un
esfuerzo de colaboración, en el ámbito de sus respectivas competencias. De lo que
se trata es de fortalecer una justicia especializada que defina el enfoque de los
derechos desde la perspectiva constitucional, descargando además la alta carga
judicial, sobre todo de los juzgados penales, que por estas mismas razones no
resuelven en tiempo razonable gran parte de los procesos penales que soportan.
La asignación de los procesos de habeas corpus a los juzgados constitucional, y
su atención por una justicia especializada, no es incompatible con el rol del poder
judicial, sino que propende a su fortalecimiento.
195. Por lo expuesto, corresponde desestimar la demanda en el referido extremo.
8. SOBRE LA OPTIMIZACIÓN DEL ROL DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
196. De los cuestionamientos normativos formulados en la presente demanda, el
Tribunal Constitucional (TC) advierte que la lógica de procesos constitucionales
sumarios en resguardo de los justiciables experimenta un freno en sede del
Tribunal Constitucional, donde se ventilan más de 5 mil expedientes anuales para
un órgano conformado por siete miembros.
197. Se ha podido advertir que, en gran parte de las convocatorias a las audiencias
públicas, la asistencia para los informes orales no supera el 30% (treinta por
ciento) en cada sesión. Sin embargo, el trabajo del TC se multiplica.
198. Si a este incremento se suma la necesidad evidente de tiempo, medios técnicos y
personal que hay que dedicar a las audiencias públicas con informe oral, se genera
una sobrecarga de casos pendientes por resolver, menoscabando no sólo el
derecho de tutela judicial efectiva de un amplio sector de justiciables, sino la
propia legitimidad institucional del Tribunal Constitucional. Así, al 20 de enero
de 2023, conforme a las estadísticas sobre la actividad del Tribunal
Constitucional, la cifra de expedientes pendientes de resolver es de 5310, que
comprende procesos ingresados al Tribunal Constitucional desde el año 2015.
Caso del Nuevo Código Procesal Constitucional II 52
199. De otro lado, la carga procesal prevista para el año 2023 será superior a los 10000
expedientes. A los 5310 que se encuentran en trámite, se debe añadir los
aproximadamente 5000 que ingresarán desde el 20 de enero hasta el 31 de
diciembre de 2023. Así, se prevé que, cuando menos, la carga procesal para el año
2023 será de 10000 procesos.
200. Ello demanda poder determinar un modelo de organización que permita al TC
cumplir con su rol de Tribunal de derechos constitucionales.
201. El anterior Colegiado, a través del precedente Vásquez Romero y, luego, con la
reforma del reglamento normativo, impidió gravemente el acceso al Tribunal
Constitucional. Los registros estadísticos demuestran que, si bien el alto
rendimiento histórico del Colegiado aumentó en ese lapso, ello se basó en el
rechazo del 97% de las causas sin conocimiento de fondo; razón por la cual -al no
guardar coherencia dicha alternativa con el diseño procesal peruano- el legislador
dispuso la vista de todas las causas en audiencia pública en el nuevo Código
Procesal Constitucional, por lo que también se dispuso la respectiva modificación
del reglamento normativo.
Autonomía procesal constitucional y tramitación del recurso de agravio
constitucional
202. El Tribunal Constitucional es el órgano supremo de interpretación y control de la
constitucionalidad. Es autónomo, porque en el ejercicio de sus atribuciones no
depende de ningún órgano constitucional, y solo se encuentra sometido a la
Constitución y a su Ley Orgánica -Ley 28301-. Esta autonomía contiene
potestades de autonormación o autorregulación de las funciones que cumple, con
independencia de las que realizan otros poderes del Estado, conforme al artículo
2 de la precitada Ley Orgánica.
203. De este modo, dicha potestad de autonormación o de autoregulación, sirve a las
funciones que el Tribunal Constitucional está llamado a ejercer. En virtud de ello,
se asume al derecho procesal como un instrumento para garantizar el derecho de
Caso del Nuevo Código Procesal Constitucional II 53
tutela judicial efectiva y no se le identifica con las formalidades propias de un
conjunto de valores rígidos, absolutos y estáticos.
204. Analizando el concepto de autonomía procesal en el Tribunal Constitucional
alemán, Rodríguez-Patrón afirma que:
[…] el Tribunal Constitucional ejerce su “autonomía procesal” como especialidad frente
a los demás órganos judiciales y constitucionales, cuando realiza ese perfeccionamiento
jurisdiccional de su regulación procesal más allá de los métodos judiciales de
interpretación e integración del Derecho (cuando se revelan insuficientes dada la
especialidad del proceso constitucional), creando reglas y principios procesales generales
más o menos estables, de acuerdo a consideraciones de oportunidad (3).
205. Este Colegiado, en la sentencia emitida en el Expediente 01417-2005-PA/TC
(fundamento 38), precisó sobre la doctrina de la autonomía procesal, que:
El Tribunal Constitucional conforme al principio de autonomía procesal dentro del marco
normativo de las reglas procesales que le resulten aplicables, goza de un margen
razonable de flexibilidad en su aplicación, de manera que toda formalidad resulta
finalmente supeditada a la finalidad de los procesos constitucionales la efectividad del
principio de supremacía de la Constitución y la vigencia de los derechos fundamentales.
206. En materia procesal, ello comporta la posibilidad de decidir, con base a criterios
jurisdiccionales definidos, cuándo convocar a la vista de la causa en audiencia
pública los procesos que conoce, y cuándo no.
207. A este respecto, corresponde realizar una precisión fundamental. Como ya
mencionara este Tribunal en anteriores ocasiones, un contenido derivado del
proceso (artículo 139.3 de la Constitución) lo constitye el que nadie puede ser
juzgado sin ser oído. Sin embargo, de ello no se deriva que, en todos los casos, la
vista se realice mediante una audiencia pública o que el derecho de defensa solo
pueda garantizarse mediante un informe oral, dado que se puede ejercer
alegaciones por escrito.
208. Resulta manifiestamente contradictorio habilitar a los jueces del Poder Judicial a
prescindir de la audiencia única, luego de verificada la improcedencia de la
demanda, pero impedir que lo haga el Tribunal Constitucional, en el contexto de
los recursos que conoce y atendiendo a su naturaleza de órgano de control de la
Constitución, que le obliga a confeccionar su agenda de casos para audiencia
pública con la finalidad de dedicar su tiempo de trabajo al eficaz desempeño de
su función constitucional.
209. A ello debe añadirse que la regulación vigente del segundo párrafo del artículo 24
del NCPCo pone en serio riesgo la atención oportuna y célere de aquellos casos
3
Rodríguez-Patrón, Patricia, “La libertad del Tribunal Constitucional Alemán en la configuración de
su derecho procesal”, Revista Española de Derecho Constitucional, año 21, núm. 62, mayo-agosto
2001, pp.172-173.
Caso del Nuevo Código Procesal Constitucional II 54
que ameritan verdaderamente una tutela de urgencia o que trascienden los límites
de la controversia particular en que se plantean, conforme a la naturaleza y razón
de ser de los procesos constitucionales de la libertad.
210. Adicionalmente, es de constatación innegable el hecho de que un Tribunal que
atiende en audiencia pública todas las causas que le son elevadas, sin excepción,
merezcan o no un pronunciamiento sustantivo, resta efectividad a los recursos
planteados en esta sede, con lo cual se afecta a su vez el derecho de todo justiciable
a “un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces
o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos
fundamentales (…)”, consagrado en el artículo 25 de la Convención Americana
sobre Derechos Humanos (CADH).
211. Dentro de esta lógica discursiva, el Tribunal Constitucional admitirá a trámite
todos los recursos de agravio conforme al mandato constitucional previsto en el
artículo 202, inciso 2 de la Constitución, y definirá las causas que tendrán
informes orales de acuerdo con los presupuestos que establecerá en su Reglamento
Normativo o en sus acuerdos plenarios, entre los que se encuentran los precisados
-de manera enunciativa- en la parte decisoria de esta sentencia. En los demás
casos, los justiciables podrán presentar los informes escritos que consideren
oportunos.
212. En ese orden de ideas, este Tribunal Constitucional evaluará permanentemente el
impacto normativo del CPCo. y formulará a los poderes públicos las propuestas
que correspondan; y dentro del margen de la autonomía procesal con que cuenta
este órgano, adecuará sus normas internas, pero sin olvidar que el «sacrificio de
las formas procesales» sólo puede encontrar respaldo en una única razón: la tutela
de los derechos fundamentales, por lo que toda práctica procesal que se apoye en
este andamiaje teórico para atropellar los derechos o para disminuir su cobertura
debe ser rechazado como un poder peligroso en manos de los jueces (cfr. sentencia
expedida en el Expediente 04119-2005-PA/TC).
9. SOBRE EL DEBER DE RESPETAR EL ESTADO DEMOCRATICO CONSTITUCIONAL: EL
MANDATO DE LA LEY CONSTITUCIONALIZADA
213. Este Colegiado advierte que, en la organización del poder, el constituyente asigna
funciones a los poderes públicos bajo un régimen de frenos y contrapesos. En ese
orden de ideas, la intervención de los poderes en las funciones de otro es
esencialmente para equilibrar un exceso que produzca una afectación intensa en
las atribuciones exclusivas y excluyentes.
214. No se trata, por tanto, de cuestionar la opción del legislador (ciertamente se puede
disentir), pero de allí a desacatar la ley o a incumplir una sentencia bajo el
argumento filosófico de la “ductilidad” o “maleabilidad”, no es una fórmula
compatible con el modelo democrático constitucional.
Caso del Nuevo Código Procesal Constitucional II 55
215. El juez en los procesos constitucionales debe asumir el modelo diseñado por el
legislador, con mayor razón si el Tribunal Constitucional ha constitucionalizado
el mandato de la ley denominada “nuevo Código Procesal Constitucional” (Ley
31307) a través de las sentencias emitidas en los Expedientes 00025-2021-PI/TC
y 00028-2021-PI/TC (acumulados). Apartarse de la aplicación de reglas
legislativas es solo posible conforme al poder de control previsto en el artículo
138 de la Constitución, y supone garantizar la supremacía constitucional en un
caso concreto respecto de disposiciones sobre las que este Tribunal Constitucional
no haya ratificado su constitucionalidad.
216. Finalmente, conviene expresar que este Alto Tribunal, con el objetivo de colaborar
con el correcto funcionamiento del sistema de impartición de justicia en materia
constitucional, realiza una interpretación favorable a la dignidad democrática de
la Ley, que -como refiere Ferreres Comella- “en caso admita diversas
interpretaciones, el juez debe escoger aquella que sea acorde con la constitución,
pues hay que presumir que el legislador quiso respetar los límites constitucionales.
Sólo cuando no hay duda acerca de cuál es la norma que el legislador quiso
expresar en el texto legal, puede el juez constitucional emitir una sentencia que
declare su invalidez. Por tanto, la dignidad democrática de la ley se traduce en una
primera consecuencia: la doctrina de la interpretación de la ley conforme a la
constitución. (FERRERES, Víctor. Justicia constitucional y democracia. Madrid:
CEPC, 1997, p. 38).
III. FALLO
Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere
la Constitución Política del Perú,
HA RESUELTO
1. Declarar INFUNDADA la demanda.
2. INTERPRETAR que el segundo párrafo del artículo 24 del Código Procesal
Constitucional es constitucional, siempre que se entienda que la convocatoria de vista
de la causa en audiencia pública y el ejercicio de la defensa pueden hacerse de forma
oral cuando corresponda expedir un pronunciamiento sobre el fondo del asunto y en
aquellos casos en los que el Pleno lo considere indispensable.
3. INTERPRETAR que el artículo 5 del Código Procesal Constitucional es
constitucional al no impedir que el Poder Judicial desarrolle un sistema de
comunicación interno entre la Procuraduría Pública de dicho poder del Estado y los
jueces demandados vía procesos de tutela contra resoluciones judiciales, a efectos de
que tomen conocimiento oportuno de dichos procesos, sin afectar la celeridad
procesal ni las garantías del debido proceso.
Caso del Nuevo Código Procesal Constitucional II 56
4. INTERPRETAR que el artículo 29 y la Segunda Disposición Complementaria Final
son constitucionales, al no impedir que el Poder Judicial habilite provisionalmente a
los juzgados ordinarios para conocer los procesos constitucionales de tutela cuando
la carga procesal supere la capacidad operativa de los juzgados constitucionales.
SS.
MORALES SARAVIA
PACHECO ZERGA
GUTIÉRREZ TICSE
DOMÍNGUEZ HARO
MONTEAGUDO VALDEZ
OCHOA CARDICH
PONENTE GUTIÉRREZ TICSE
Caso del Nuevo Código Procesal Constitucional II 57
FUNDAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO MORALES SARAVIA
Emito el presente fundamento con la clara convicción de que las normas previstas en la
Constitución, el Código Procesal Constitucional y las leyes en general deben ser siempre
interpretadas con la finalidad de lograr la mayor efectividad en la tutela de los derechos
fundamentales en cada caso, sea de control abstracto o control concreto.
La protección efectiva de los derechos fundamentales es uno de los principales criterios
de orientación en la actividad no sólo de los jueces constitucionales, sino del Estado en
su conjunto y también de la sociedad. Es por ello que el artículo 1 de la Constitución
establece que “La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin
supremo de la sociedad y del Estado”, disposición que es mejor desarrollada en el Nuevo
Código Procesal Constitucional, que prevé en su artículo II que “Son fines esenciales de
los procesos constitucionales garantizar la vigencia efectiva de los derechos
constitucionales reconocidos por la Constitución y los tratados de derechos humanos; así
como los principios de supremacía de la Constitución y fuerza normativa”.
En similar sentido, el tercer párrafo del artículo III del referido código establece que “el
juez y el Tribunal Constitucional deben adecuar la exigencia de las formalidades previstas
en este código al logro de los fines de los procesos constitucionales”. Este extremo:
“adecuar la exigencia de formalidades”, otorga un determinado nivel de discrecionalidad
en el juez constitucional para interpretar tales formalidades, siempre y cuando ello
posibilite la protección efectiva de los derechos fundamentales, que es uno de los
principales fines de los procesos constitucionales.
Lo antes expuesto me sirve de base para dar cuenta de un conjunto de argumentos que,
desde un punto de vista jurídico constitucional, buscan justificar el punto resolutivo 2 de
la ponencia presentada en el proceso constitucional de autos, relacionado con la
interpretación del artículo 24 del NCPCo, los que expongo a continuación:
1. De la revisión de la demanda de inconstitucionalidad se aprecia que uno de los
cuestionamientos recurrentes es el siguiente: “se debe evitar que una decisión
judicial sea el resultado de un mandato o presión sobre el funcionario que la adopta,
pues es la autoridad judicial quien determina la aplicación, alcance,
interpretación e integración de las normas jurídicas [en su función de
administrar justicia]. Asimismo, deciden las causas sometidas a su conocimiento
y disponen de un amplio margen de valoración del derecho aplicable a cada caso y
de los medios de prueba, por lo cual pueden interpretarlo y ajustarlo a su
entendimiento, como actividad propia de su función de juzgar [dando primacía a la
lógica y la razón por sobre la rigidez legal]; así como darles a sus resoluciones el
carácter de decisiones que gozan de la autoridad de cosa juzgada”. [resaltado así en
la propia demanda]
2. Asimismo, en diferentes extremos de la demanda se alude a la vulneración de los
principios de independencia judicial (artículos 139.2 y 146.1 de la Constitución) y
de dirección judicial del proceso (artículo III del Título Preliminar del NCPCo), en
Caso del Nuevo Código Procesal Constitucional II 58
la medida que el Legislador, al dictar determinadas reglas en el NCPCo, ha limitado
injustificadamente las competencias del juez constitucional. Así, por ejemplo, en lo
que se refiere a la discrecionalidad del juez constitucional para realizar o realizar
vistas de la causa con audiencia pública, los artículos 23.a y 37.8 del NCPCo,
impiden que el juez decida si se realizan o no tales vistas, estableciendo que sólo se
darán cuando lo pide el demandante o el favorecido. Si el juez estima que debe o
no debe realizarse la vista de la causa con audiencia pública, ello resulta irrelevante
para el Legislador.
3. En otras palabras, una de las finalidades que se desprende de la demanda de
inconstitucionalidad de autos es que la justicia constitucional controle aquellas
decisiones legislativas que al regular las vistas de la causa con audiencia pública
intervenga, limite o incida arbitrariamente en las competencias del juez
constitucional, ya sea cuando, en algunos casos, no le permite que decida la
realización de vistas de la causa con audiencia pública o incluso cuando, en otros
casos, le obliga a que realice tales vistas de la causa con audiencia pública.
4. Es por ello que resulta necesario realizar el respectivo control de constitucionalidad
de los artículos 23.a y 37.8 del NCPCo, y luego, si se verifica que existen normas o
sentidos interpretativos inconstitucionales, extender, por conexidad, los efectos de
la inconstitucionalidad detectada a las normas que así lo requieran.
5. El artículo 23.a del NCPCo regula la tramitación del recurso de apelación en el
marco del proceso de habeas corpus, en los siguientes términos: “a) En el proceso
de habeas corpus concedido el recurso de apelación el juez eleva los autos al
superior en el plazo de un día hábil. El superior jerárquico resuelve en el plazo de
cinco días hábiles. No hay vista de la causa, salvo que el demandante o el
favorecido la solicite”. [énfasis agregado]
6. De otro lado, el artículo 37.8 del NCPCo ha previsto, en relación con el proceso de
habeas corpus, que: “Este proceso se somete además a las siguientes reglas: […] 8)
No hay vista de la causa, salvo que lo pida el demandante o el favorecido”. [énfasis
agregado]
7. Estas disposiciones han sido cuestionadas alegando que violan el derecho a ser oído,
así como la igualdad de armas en la medida que prohíben que el demandado solicite
la audiencia de vista, pero también en cuanto aquellas impiden que la Sala disponga
su realización.
8. Dicho lo anterior, se debe evaluar la constitucionalidad de los artículos 23.a y 37.8
del NCPCo teniendo en cuenta las referidas garantías del debido proceso.
Previamente conviene precisar que existe un evidente error de redacción del
legislador al dictar el NCPCo. Esto sucede cuando en tales disposiciones se
menciona la expresión “vista de la causa”. Obviamente que al hacerlo, el legislador
está refiriéndose a la “vista de la causa con audiencia pública”, pues resultaría
absurdo que regule supuestos en los que no exista vista de la causa, es decir,
Caso del Nuevo Código Procesal Constitucional II 59
supuestos que no sean vistos o analizados por el juez. Todos los casos judicializados
tienen “vista de la causa”, pues todos ellos son analizados, examinados y resueltos
por un juez. Lo que ha pretendido regular el legislador en los artículos 23.a y 37.8
del NCPCo es que en determinados supuestos podrá realizarse la “vista de la causa
con audiencia pública” sólo cuando lo solicite el demandante o el favorecido, pero
no cuando lo solicite el demandando o incluso cuando lo considere el respectivo
juez.
9. Conforme a lo expuesto, una interpretación literal de tales disposiciones sería la
siguiente: Norma A: no hay vista de la causa con audiencia pública, salvo que el
demandante o el favorecido lo soliciten. Si confrontamos dicha norma con los
principios de dirección judicial del proceso y de independencia judicial, la norma
A devendría en inconstitucional pues limita injustificadamente la potestad
discrecional del juez para decidir, conforme a la complejidad de cada caso concreto,
si se debe o no debe realizar la vista de la causa con audiencia pública.
10. Sin embargo, si tenemos en cuenta que la Segunda Disposición Final de la Ley
28301, Orgánica del Tribunal Constitucional, establece que “Los Jueces y
Tribunales sólo inaplican las disposiciones que estimen incompatibles con la
Constitución cuando por vía interpretativa no sea posible la adecuación de tales
normas al ordenamiento constitucional”, es posible identificar otro sentido
interpretativo que pueda salvar a tales disposiciones de su declaratoria de
inconstitucionalidad. Aquí recurrimos a la conocida distinción entre “disposición”
y “norma”.4
11. Precisamente, otra interpretación, que tomando en cuenta la protección efectiva de
los derechos fundamentales y los principios que regulan la actividad judicial, sería
la siguiente: Norma B: no hay vista de la causa con audiencia pública, salvo que el
demandante o el favorecido lo soliciten o que el órgano jurisdiccional la considere
indispensable para emitir un pronunciamiento sobre el fondo del asunto. Dicha
interpretación evitaría la expulsión de tales disposiciones del ordenamiento jurídico
y las haría compatibles con los principios que permiten que el juez,
discrecionalmente y conforme a cada caso concreto, pueda decidir si debe realizar
o no la vista de la causa con audiencia pública.
12. Ahora bien, de lo expuesto respecto de los artículos 23.a y 37.8 del NCPCo, se
advierte una evidente relación de conexidad entre la aludida Norma A y aquella
norma que se deriva de la interpretación literal del segundo párrafo del artículo 24
del NCPCo: “En el Tribunal Constitucional es obligatoria la vista de la causa en
audiencia pública. Los abogados tienen derecho a informar oralmente si así lo
solicitan. No se puede prohibir ni restringir este derecho en ninguna circunstancia,
bajo sanción de nulidad”. En esta disposición, el legislador ha establecido de forma
4 La “disposición” es el conjunto de palabras, de textos, de enunciados lingüísticos que forman parte de
un artículo de una ley o de una ley (el texto sin interpretar); mientras que en sentido estricto la “norma” es
aquel sentido interpretativo que desprende de una disposición (el texto luego de ser interpretado).
Caso del Nuevo Código Procesal Constitucional II 60
obligatoria, sin que importe las competencias del juez constitucional, que en todos
los casos se realice la vista de la causa con audiencia pública.
La relación de conexidad se materializa en la medida que ambas normas limitan las
competencias del juez constitucional para fijar la vista de la causa con audiencia
pública.
13. Por ello, conviene tener en consideración que el artículo 77 del NCPCo prevé que:
“La sentencia que declare la ilegalidad o inconstitucionalidad de la norma
impugnada declarará igualmente la de aquella otra a la que debe extenderse por
conexión o consecuencia” [énfasis agregado].
14. De la revisión del segundo párrafo del artículo 24 del NCPCo se evidencia que tal
disposición reproduce el vicio advertido en la Norma A que se desprende de los
artículos 23.a y 37.8 del NCPCo, por cuanto impide que el juez constitucional pueda
decidir sobre la realización de la vista de la causa con audiencia pública,
imponiéndole el deber de que realice tal vista en todos los casos. Dicho segundo
párrafo vulnera, por idénticas razones a las expuestas respecto de la referida Norma
A, los principios de independencia judicial y de dirección del proceso.
15. Sin embargo, recurriendo nuevamente a la Segunda Disposición Final de la Ley
28301, Orgánica del Tribunal Constitucional, que establece que antes de declarar la
inconstitucionalidad de una ley corresponde identificar una interpretación que la
pueda salvar de tal declaratoria. Por ello, estimo que existe otro sentido
interpretativo del segundo párrafo del artículo 24 del NCPCo que permite salvar a
la disposición de su declaratoria de inconstitucionalidad y es que corresponde
interpretar que la obligatoriedad de la audiencia pública solo existe en las causas
en las que se analice el fondo de la controversia y, en todo caso, cuando el Pleno
lo considere indispensable.
16. Esta última interpretación permite preservar la finalidad principal del legislador al
dictar el segundo párrafo del articulo 24 del NCPCo como es la realización de las
vistas de la causa con audiencia pública pero también posibilita que el juez
constitucional pueda cumplir con una protección efectiva de los derechos
fundamentales, la dirección judicial del proceso y el principio de independencia
judicial.
17. En consecuencia, se debe concluir que lo dispuesto en el segundo párrafo del
artículo 24 del NCPCo deberá ser interpretado en el sentido de que “En el Tribunal
Constitucional es obligatoria la vista de la causa en audiencia pública cuando
corresponda expedir un pronunciamiento sobre el fondo del asunto y en aquellos
casos en los que el Pleno considere indispensable”.
18. Lo expuesto no significa de ningún modo que los abogados no tengan el derecho a
informar oralmente. Ellos tienen plenamente ese derecho en los casos que sean
programados para vista de la causa con audiencia pública.
Caso del Nuevo Código Procesal Constitucional II 61
19. Por último, si todos los argumentos expuestos no resultan suficientes, también se
debe considerar el sexto párrafo del artículo 12 del Nuevo Código Procesal
Constitucional, que dice “si con el escrito que contesta la demanda, el juez concluye
que esta es improcedente o que el acto lesivo es manifiestamente ilegítimo, podrá
emitir sentencia prescindiendo de la audiencia única”. En efecto, esta norma es
perfectamente aplicable ante la instancia del Tribunal Constitucional y por tanto se
habilita a este órgano para prescindir de la audiencia pública cuando no hay un
pronunciamiento de fondo.
En conclusión, en lo que aquí se ha expuesto, coincido con la ponencia en que se debe
declarar infundada la demanda de inconstitucionalidad de autos y que se deba “Interpretar
que el segundo párrafo del artículo 24 del Código Procesal Constitucional es constitucional,
siempre que se entienda que la convocatoria de vista de la causa en audiencia pública y el
ejercicio de la defensa pueden hacerse de forma oral cuando corresponda expedir un
pronunciamiento sobre el fondo del asunto y en aquellos casos en los que el Pleno lo
considere indispensable”.
S.
MORALES SARAVIA
Caso del Nuevo Código Procesal Constitucional II 62
FUNDAMENTO DE VOTO DE LA MAGISTRADA PACHECO ZERGA
Con el debido respeto por la opinión de mis colegas magistrados, emito el presente
fundamento de voto por las siguientes consideraciones.
CUESTIONES PRELIMINARES
1. Como cuestión previa, debo señalar que, en términos generales, coincido con la
argumentación y las conclusiones de la parte resolutiva de la ponencia.
2. Sin embargo, considero que, para una mayor claridad sobre los alcances de la
decisión adoptada, en la parte resolutiva debió incluirse la interpretación que,
conforme al debate mantenido en el Pleno, es la que permite afirmar la
constitucionalidad de los siguientes artículos del NCPCo:
SOBRE LA PROHIBICIÓN DE RECHAZAR LIMINAR EN LAS DEMANDAS
CONSTITUCIONALES EN PROCESOS DE TUTELA DE DERECHOS FUNDAMENTALES
ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 6 DEL NCPCO
3. La parte demandante cuestiona el artículo 6 del NCPCo, en cuanto establece que
“(d)e conformidad con los fines de los procesos constitucionales de defensa de
derechos fundamentales, en los procesos constitucionales de hábeas corpus, amparo,
hábeas data y de cumplimiento no procede el rechazo liminar de la demanda”.
4. En la ponencia se esgrime que el cambio del modelo de calificación de demandas5
es una opción legislativa, en tanto constituye una manifestación de la facultad
discrecional del legislador en el ámbito de la regulación del trámite de los procesos
constitucionales que no evidencia una actuación contraria a los mandatos
constitucionales. Ello lleva a concluir, en este extremo, que el citado artículo 6 es
constitucional.
5. Sin embargo, en los fundamentos 80 y 81 de la ponencia, se analiza el supuesto de
los “petitorios carentes de verosimilitud”, que “no requieren ser admisibles
obligatoriamente por la vigencia de la regla de prohibición del rechazo liminar”,
Así, en la ponencia se asevera que “El juez constitucional peruano tiene capacidad
de poder interpretar la norma sin sustraerla de su finalidad, es decir, admite las
causas por regla general, pero aquellas que no contienen alguna pretensión real
deben rechazarse de plano, por contener un imposible jurídico. En consecuencia, si
la demanda contiene una pretensión que carece de virtualidad no es calificable”.
6. Cabe aquí preguntarse si es que la posibilidad de rechazar liminarmente una
demanda, se circunscribe a los supuestos de petitorios carentes de verosimilitud o
es factible ampliar el espectro de ellos.
5 Al diferir el análisis de procedencia de la demanda a una etapa posterior a la contestación de la misma.
Caso del Nuevo Código Procesal Constitucional II 63
7. En mi opinión, el rechazo liminar debe comprender también aquellos supuestos que
encajen nítidamente, esto es, sin duda alguna, en alguna de las causales de
improcedencia de la demanda descritas en el artículo 7 del NCPCo, como son, por
ejemplo, una demanda presentada extemporáneamente, o ante un juez incompetente
por razón de territorio. Es decir, cuando existan supuestos de manifiesta
improcedencia, frente a los cuales, en virtud de los principios de independencia
judicial, dirección judicial del proceso y economía procesal, pueden ser declarados
improcedentes de plano.
8. En este punto, es necesario precisar que en reiterada jurisprudencia el Tribunal
Constitucional ha establecido que en todo precepto legal se puede distinguir entre
disposición y norma. La disposición es “el texto o enunciado, es decir, el conjunto
de palabras que integran un determinado precepto legal”, mientras que la norma es
“el contenido normativo, o sea el significado o sentido de ella”.6 De una disposición
puede desprenderse una o más normas o sentidos interpretativos.
9. A la luz de las consideraciones expuestas, aprecio que del artículo 6 del NCPCo, se
desprenden razonablemente dos normas o sentidos interpretativos:
a. Una primera que, manteniendo una interpretación literal del texto
impugnado, impide al órgano jurisdiccional la posibilidad de declarar la
improcedencia liminar de la demanda (norma 1);
b. Una segunda, que, teniendo en cuenta además los artículos 139, inciso 2 y
146, inciso 1 de la Constitución (principio de independencia judicial) y el
artículo III del Título Preliminar del NCPCo (principio de dirección
judicial del proceso y economía procesal), precisa que los jueces
constitucionales, en principio, deben admitir a trámite toda demanda y
notificar con ésta y sus anexos a la parte demandada. Sin embargo,
conservan la potestad de evitar la emisión de un auto admisorio y, por
ende, declarar la improcedencia de plano de la demanda, en los supuestos
de manifiesta improcedencia de la misma (norma 2).
10. Al respecto, corresponde tener en cuenta que la Segunda Disposición Final de la
Ley 28301, Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, establece que “{l}os Jueces
y Tribunales sólo inaplican las disposiciones que estimen incompatibles con la
Constitución cuando por vía interpretativa no sea posible la adecuación de tales
normas al ordenamiento constitucional”.
11. A su vez, el artículo VII del Título Preliminar del NCPCo establece que “{c}uando
exista incompatibilidad entre la Constitución y otra norma de inferior jerarquía, el
juez debe preferir la primera, siempre que ello sea relevante para resolver la
6 Fundamento jurídico 34 de la sentencia emitida en el expediente 00010-2002-AI/TC y fundamento
jurídico 4 de la sentencia emitida en el 00008-2012-PI/TC
Caso del Nuevo Código Procesal Constitucional II 64
controversia y no sea posible obtener una interpretación conforme a la
Constitución” (énfasis añadido).
12. Sobre el particular, este órgano de control de la Constitución ha resuelto que “{e{n
virtud del principio de conservación de la ley -que exige al juez constitucional
“salvar”, hasta donde sea razonablemente posible, la constitucionalidad de una ley
impugnada - debe ponderarse la interpretación de la norma”7. Y es que la
declaratoria de inconstitucionalidad solo procede cuando se trata de una
inconstitucionalidad evidente y cuando no exista otra norma o interpretación
factible.8
13. En consecuencia, estimo que existe un sentido interpretativo que resulta conforme
a la Constitución y es el que se deriva de la norma 2. Por ello, la disposición
impugnada (el artículo 6 del NCPCo), deberá ser interpretada considerando que “no
procede el rechazo liminar, a menos que el juez considere que la demanda es
objetiva y manifiestamente improcedente, por no ser físicamente posible o por ser
contraria al ordenamiento jurídico”. Entiendo que estos son los alcances de la
interpretación a la que se refiere el fundamento 84 de la ponencia, para salvar la
constitucionalidad del mencionado artículo 6°.
SOBRE LA VISTA DE LA CAUSA EN LOS PROCESOS DE TUTELA DE DERECHOS (ARTÍCULOS
23 LITERAL “A”, 37.8 Y CONEXIDAD CON EL ARTÍCULO 24 DEL NCPCO)
14. La parte demandante también cuestiona lo dispuesto en el literal “a” del artículo 23
y en el artículo 37.8 del NCPCo, en el sentido de que no se habilita al demandado
para solicitar vista de la causa en el trámite del recurso de apelación correspondiente
al proceso de habeas corpus ni prevé la posibilidad de que el Juez pueda hacerlo.
15. Así, el literal “a” del artículo 23 de la Ley 31307 regula la tramitación del recurso
de apelación en el marco de dicho proceso en los siguientes términos:
a) En el proceso de habeas corpus concedido el recurso de apelación el juez eleva los autos
al superior en el plazo de un día hábil. El superior jerárquico resuelve en el plazo de cinco
días hábiles. No hay vista de la causa, salvo que el demandante o el favorecido la solicite.
(énfasis agregado)
16. Por su parte, el inciso 8 del artículo 37 de la Ley 31307 ha previsto, en relación con
el proceso de habeas corpus, que:
Este proceso se somete además a las siguientes reglas:
[…]
8) No hay vista de la causa, salvo que lo pida el demandante o el favorecido.
7 Fundamento 3.3 de la sentencia emitida en el expediente 0004-2004-CC/TC
8 Cfr. fundamento 56 de la sentencia emitida en el expediente 0022-2009-PI/TC
Caso del Nuevo Código Procesal Constitucional II 65
17. Dichos artículos han sido impugnados con el argumento de que vulneran tanto el
derecho a ser oído como el derecho a la igualdad de armas y esto involucra tanto la
prohibición de que el demandado solicite la audiencia de vista como que la Sala
disponga su realización.
18. Indicado lo anterior, evaluaré la constitucionalidad de los artículos 23 literal “a” y
del artículo 37.8 del NCPCo a la luz de las exigencias dimanantes del debido
proceso.
EXAMEN DE CONSTITUCIONALIDAD DE LOS ARTÍCULOS 23 LITERAL “A” Y DEL
ARTÍCULO 37.8 DEL NCPCO
19. Un primer aspecto por considerar en el presente análisis de constitucionalidad es
que todas las causas deben ser vistas por los magistrados. Ello significa que los
casos son analizados por los jueces a fin de emitir el pronunciamiento que
corresponda. Este pronunciamiento puede ser sustantivo cuando se evalúa el fondo
de la controversia y se emite una sentencia o, en cambio, puede limitarse a la
evaluación de la procedencia de la demanda, entre otros trámites procesales.
20. Queda claro también que los jueces no pueden dejar de resolver en caso de vacío o
deficiencia de la ley (inciso 8 del artículo 139 de la Constitución) ni expedir
resolución sin tomar conocimiento de la causa en el acto de la vista.
21. Sin embargo, el derecho de defensa no impone que esa vista de la causa se lleve a
cabo, necesariamente, mediante una audiencia pública ni que en todos los casos se
ingrese al fondo de la controversia.
22. Asimismo, en aquellos casos que sean vistos en audiencia pública podrán existir, o
no, informes orales de los abogados de las partes, por cuanto esto depende de que
ello se haya solicitado oportunamente, así como de la asistencia del letrado o del
demandante al mencionado acto.
23. A la luz de las consideraciones expuestas y partiendo de la distinción entre los
conceptos de “disposición” y “norma”, descrita en el fundamento 8 supra, aprecio
que de las disposiciones sometidas a control (artículos 23 literal “a” y del artículo
37.8 del NCPCo) se desprenden razonablemente dos normas o sentidos
interpretativos:
a. Una primera que, manteniendo una interpretación literal de los textos
impugnados, impide al órgano jurisdiccional la posibilidad de determinar
la realización de la vista de causa, a no ser cuando haya existido solicitud
del demandante o favorecido (norma 1);
b. Una segunda, que, teniendo en cuenta además los artículos 139, inciso 2 y
146, inciso 1 de la Constitución (principio de independencia judicial) y el
artículo III del Título Preliminar del NCPCo (principio de dirección
Caso del Nuevo Código Procesal Constitucional II 66
judicial del proceso), precisa que no habrá vista de la causa en audiencia
pública, salvo que el demandante o el favorecido la solicite o que el órgano
jurisdiccional la considere indispensable para emitir un pronunciamiento
sobre el fondo del asunto (norma 2).
24. La norma 1 a la que se hiciera referencia incurre en un evidente vicio cuando
establece que en el proceso de habeas corpus, la vista de la causa solo se llevará a
cabo si fue solicitada por la parte demandante o cuando el favorecido así lo requiera.
25. El vicio advertido radica en que si bien, todas las causas deben ser vistas -como ya
se estableció supra-, no todas ellas requerirán, necesariamente, de la realización de
una audiencia pública.
26. Queda claro entonces que dicha interpretación no considera esta distinción procesal,
lo que resulta lesivo del marco constitucional. Y es que, si se mantuviera dicho
vicio, salvo la solicitud del demandante o favorecido, en ningún caso podría fijarse
la vista de la causa por el órgano jurisdiccional.
27. Ello, a todas luces, conllevaría a una vulneración de la tutela procesal efectiva por
cuanto no puede haber proceso en el que un órgano jurisdiccional, conociendo los
hechos y el Derecho, no pueda deliberar sobre la causa y la correspondiente
resolución a emitir. Ello significa que, presentada una demanda, el juez debe
cumplir con la elemental responsabilidad de analizar y, en caso de órganos
colegiados, deliberar respecto de lo que se le solicita, con miras a la expedición de
un pronunciamiento, cualquiera que sea el resultado.9
28. A ello debe añadirse que la falta de habilitación para que dicho órgano
jurisdiccional decida sobre la vista de la causa -que depende, según la norma 1, de
la voluntad del demandante o favorecido- contraviene los principios de
independencia (artículos 139, inciso 2 y 146, inciso 1 de la Constitución) y de
dirección judicial del proceso (artículo III del Título Preliminar del NCPCo).
29. Con relación a lo primero, el hecho de que el legislador haya supeditado la
realización de la vista de la causa a la voluntad de una de las partes, omitiendo
referirse a la participación del órgano jurisdiccional que tiene que resolver la
controversia garantizando los derechos fundamentales, contraviene el principio de
independencia judicial.
30. Sobre ello, debe recordarse que, entre las prohibiciones previstas por el
constituyente en nombre de este principio, se encuentra la que establece que
ninguna autoridad puede “interferir” en el ejercicio de tales funciones
jurisdiccionales, conforme al ya citado artículo 139, inciso 2 de la Norma
Fundamental.
9 Cfr. fundamento 8 de la sentencia emitida en el expediente 0763-2005-PA/TC
Caso del Nuevo Código Procesal Constitucional II 67
31. Adicionalmente, el artículo 2 del Texto Único Ordenado (TUO) de la Ley Orgánica
del Poder Judicial (LOPJ), aprobado por Decreto Supremo 017-93-JUS, ha
establecido lo siguiente:
El Poder Judicial en su ejercicio funcional es autónomo en lo político, administrativo,
económico, disciplinario e independiente en lo jurisdiccional, con sujeción a la Constitución
y a la presente ley.
32. Por lo expuesto, queda claro que la independencia judicial es una garantía básica de
los jueces para decidir autónomamente respecto a la interpretación y aplicación del
sistema de fuentes, sin que ninguna autoridad o particular pueda inmiscuirse en su
actuación para influir o condicionar sus resoluciones. Y es que, si bien el legislador
tiene la competencia de regular el derecho aplicable por los órganos
jurisdiccionales, ello no alcanza a las decisiones que aquellos emiten en el ámbito
de sus competencias.
33. Por lo tanto, advierto que la primera interpretación o norma que se deriva de los
artículos 23 “a” y 37, inciso 8 del NCPCo, y que supra se denominara como norma
1, resulta inconstitucional. En cambio, la norma 2 (no habrá vista de la causa en
audiencia pública, salvo que el demandante o el favorecido la solicite o que el
órgano jurisdiccional lo considere indispensable para resolver el fondo del asunto),
posibilita una interpretación de conformidad con la Constitución, superando la
inconstitucionalidad advertida y respetando los principios impuestos por la Norma
Fundamental y el NCPCo.
34. Al respecto, es necesario volver a citar la Segunda Disposición Final de la Ley
28301, Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, establece que “Los Jueces y
Tribunales sólo inaplican las disposiciones que estimen incompatibles con la
Constitución cuando por vía interpretativa no sea posible la adecuación de tales
normas al ordenamiento constitucional”.
35. Así como tener en cuenta el artículo VII del Título Preliminar del NCPCo, según el
cual, “{c}uando exista incompatibilidad entre la Constitución y otra norma de
inferior jerarquía, el juez debe preferir la primera, siempre que ello sea relevante
para resolver la controversia y no sea posible obtener una interpretación conforme
a la Constitución” (énfasis añadido).
36. En consecuencia, considero que existe un sentido interpretativo que resulta
conforme a la Constitución y es el que se deriva de la norma 2. Por ello, las
disposiciones impugnadas (los artículos 23 “a” y 37, inciso 8 del NCPCo), deberán
ser interpretadas considerando que “no habrá vista de la causa en audiencia pública,
salvo que el demandante o el favorecido la solicite o que el órgano jurisdiccional lo
considere indispensable para resolver el fondo del asunto”.
37. Ahora bien, también advierto una evidente relación de conexidad respecto a la vista
de la causa, entre aquella norma o sentido interpretativo inconstitucional que se
Caso del Nuevo Código Procesal Constitucional II 68
proscribió supra y la que se deriva de la interpretación literal del segundo párrafo
del artículo 24 del NCPCo.
38. Corresponde tomar en cuenta que el artículo 77 del NCPCo establece que: “La
sentencia que declare la ilegalidad o inconstitucionalidad de la norma impugnada
declarará igualmente la de aquella otra a la que debe extenderse por conexión o
consecuencia” (énfasis añadido).
39. Respecto de la declaración de inconstitucionalidad de normas conexas, el Tribunal
Constitucional ha sostenido que uno de los supuestos en el que se puede aplicar
dicha declaración tiene que ver con la relación entre “normas en las que una
redunda, reitera o reproduce la enunciada por otra que es la declarada
inconstitucional. En tal supuesto, resulta lógico que aquella, al reproducir el
contenido inconstitucional de la norma impugnada, es también inconstitucional y,
por tanto, debe declararse su inconstitucionalidad”.10
40. Es evidente que el artículo 77 del NCPCo, que reproduce idénticamente el texto del
artículo 78 del anterior Código Procesal Constitucional, “permite extender la
sanción de inconstitucionalidad de una norma a aquellas a las que el vicio deba
alcanzar 'por conexión o consecuencia'. Por ello, en aras de garantizar la supremacía
normativa de la Constitución11, “el Tribunal Constitucional tiene el deber de
realizar una apreciación extensiva de las fuentes del ordenamiento conexas que
resulten incompatibles con ella, aún en los supuestos en los que sólo alguna de
dichas normas haya sido objeto de impugnación”.12
41. La declaración de la inconstitucionalidad de normas conexas resulta perfectamente
admisible en nuestro ordenamiento jurídico. No se restringe únicamente a los
preceptos derivados de la misma norma cuestionada, que haya sido materia del
contradictorio, sino que se extiende a aquellas otras normas que se encuentren
ligadas por conexión o consecuencia, evidentemente, aun cuando no hayan sido
materia del petitorio.13
42. Efectivamente, en virtud de la reforma introducida por el artículo único de la ley
31583, la nueva disposición del segundo párrafo del artículo 24 del NCPCo
establece que:
“En el Tribunal Constitucional es obligatoria la vista de la causa en audiencia pública. Los
abogados tienen derecho a informar oralmente si así lo solicitan. No se puede prohibir ni
restringir este derecho en ninguna circunstancia, bajo sanción de nulidad”.
10 Fundamentos 77 y ss de la sentencia emitida en el expediente 00045-2004-AI/TC
11 Artículo II del Título Preliminar del NCPCo
12 Fundamento 2.b de la sentencia emitida en el expediente 00020-2005-PI/TC y acumulados
13 Cfr, fundamento 6 de la sentencia emitida en el expediente 00012-2005-PI/TC
Caso del Nuevo Código Procesal Constitucional II 69
43. Queda claro entonces que dicho artículo se refiere a la realización de la vista de la
causa durante el trámite del recurso de agravio constitucional que el NCPCo ha
regulado en el ámbito de los procesos de tutela de derechos.
44. Indicado lo anterior, se verifica que el legislador ha establecido de forma obligatoria
que toda vista de la causa se lleve a cabo en el marco de una audiencia pública.
45. Así, entiendo que dicha disposición reproduce el vicio advertido en los artículos
23.a y 37, inciso 8 del NCPCo, por cuanto impide que el órgano jurisdiccional
pueda decidir sobre la realización de la vista de la causa imponiéndole el deber de
que en todos los casos dicho acto se lleve a cabo en el contexto de una audiencia
pública. Una regulación de tal naturaleza vulnera, por las mismas razones que las
ya advertidas, los principios de independencia judicial y de dirección del proceso
por el órgano jurisdiccional.
46. Esta regulación afecta con intensidad grave el normal funcionamiento de este
órgano de interpretación de la Constitución, cuyo volumen de trabajo se ha
incrementado por la creciente demanda de protección de los derechos
fundamentales. Si a este incremento se suma la necesidad evidente de tiempo,
medios técnicos y personal que hay que dedicar a las audiencias públicas con
informe oral, se genera una sobrecarga de casos pendientes por resolver,
menoscabando no sólo el derecho de tutela judicial efectiva de un amplio sector de
justiciables sino la propia legitimidad institucional del Tribunal Constitucional. Así
al 20 de enero de 2023, conforme a las estadísticas sobre la actividad del Tribunal
Constitucional la cifra de expedientes pendientes de resolver es de 5,310, que
comprende procesos ingresados al Tribunal Constitucional desde el año 2015.
De otro lado, la carga procesal prevista para el año 2023 será superior a los 10,000
expedientes. A los 5,310 que se encuentran en trámite, se debe añadir los
aproximadamente 5,000 que ingresarán desde el 20 de enero al 31 de diciembre de
2023.
Si bien el ingreso de expedientes ha variado entre los diversos años, como se ve en
el siguiente cuadro:
Caso del Nuevo Código Procesal Constitucional II 70
Salvo los años 2020-2021 (pandemia), el promedio de ingresos desde el 2015 en
adelante, es superior a los 5,000 expedientes en promedio.
Así, se prevé que cuando menos, la carga procesal para el año 2023 será cuando
menos, de 10,000 procesos. Ello ha saturado a este Colegiado con diversos tipos de
procesos, muchos de los cuales terminan con fallos inhibitorios o reiterando la
jurisprudencia ya fijada por el Tribunal Constitucional.
Caso del Nuevo Código Procesal Constitucional II 71
47. Llegados a este punto, corresponde realizar una precisión fundamental. El derecho
a ser oído puede entenderse como una manifestación del derecho de defensa. Sin
embargo, de ello no se deriva que, en todos los casos, la vista se realice mediante
una audiencia pública o que el derecho de defensa solo pueda garantizarse mediante
un informe oral.
48. Debe tenerse en cuenta que los abogados no solo efectivizan el ejercicio del derecho
de defensa y del derecho a ser oído cuando intervienen oralmente en el acto de la
vista de la causa, sino que también lo hacen cuando presentan alegatos, informes
escritos y recursos impugnatorios ante los órganos jurisdiccionales competentes.
Existe reiterada jurisprudencia de este Tribunal en ese sentido. Así en la sentencia
recaída en el Expediente 03641-2010-PHC/TC se señala: “el Tribunal
Constitucional ya se ha pronunciado acerca de que en los recursos de impugnación
en los que prima lo escrito sobre la oralidad el impedimento de informar oralmente
no vulnera el derecho de defensa siempre que se le permita a la parte informar por
escrito: “(…) considerando que en el trámite en segunda instancia de la apelación,
prevalece el sistema escrito, antes que el oral, a diferencia de lo que es un juicio
oral, nada impidió que el accionante o su abogado defensor en su oportunidad se
apersone al órgano jurisdiccional, sea para que solicite el uso de la palabra, sea para
que presente informes escritos, así como ofrezca medios probatorios en regular
ejercicio de su derecho al debido proceso; de modo que siendo ello así, no se
advierte la afectación al derecho constitucional invocado”.( STC. N.° 04767-2009-
PHC/TC). El Tribunal se ha pronunciado en el mismo sentido en los siguientes
casos: N° 01800-2009-PHC/TC, N° 01931-2010-PHC/TC, N° 00971-2008-
PHC/TC, N° 04767-2009-PHC/TC, Nº 05231-2009-PHC/TC)” (fundamento 5°).
49. Incluso, es necesario advertir que el propio legislador ha considerado en el último
párrafo del artículo 12 del NCPCo que la audiencia pública no es imprescindible ni
obligatoria en todos los casos.
50. Efectivamente, dicha disposición, referida a las actuaciones posteriores a la
admisión de la demanda establece lo siguiente:
“Si con el escrito que contesta la demanda, el juez concluye que esta es improcedente o que
el acto lesivo es manifiestamente ilegítimo, podrá emitir sentencia prescindiendo de la
audiencia única” (énfasis y resaltados agregados)
51. Resulta manifiestamente contradictorio habilitar a los jueces del Poder Judicial a
prescindir de la audiencia única, luego de verificada la improcedencia de la
demanda, pero impedir que lo haga el Tribunal Constitucional en el contexto de los
recursos que conoce y atendiendo a su naturaleza de órgano de control de la
Constitución, que le obliga a confeccionar su agenda de casos para audiencia
pública con la finalidad de dedicar su tiempo de trabajo al eficaz desempeño de su
función constitucional.
Caso del Nuevo Código Procesal Constitucional II 72
52. A ello debe añadirse que la regulación vigente del segundo párrafo del artículo 24
del NCPCo pone en serio riesgo la atención oportuna y célere de aquellos casos que
ameritan verdaderamente una tutela de urgencia o que trascienden los límites de la
controversia particular en que se plantean, conforme a la naturaleza y razón de ser
de los procesos constitucionales de la libertad. El antiguo aforismo: “justicia que
tarda no es justicia”, urge a este colegiado a administrar justicia con prontitud, sin
descuidar por ello la calidad de sus decisiones, directamente relacionadas con la
tutela de los derechos fundamentales.
53. Adicionalmente, es de constatación innegable el hecho de que un Tribunal que
atiende en audiencia pública todas las causas que le son elevadas, sin excepción,
merezcan o no un pronunciamiento sustantivo, resta efectividad a los recursos
planteados en esta sede, con lo cual se afecta a su vez el derecho de todo justiciable
a “un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o
tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos
fundamentales (…)”, consagrado en el artículo 25 de la Convención Americana
sobre Derechos Humanos (CADH).
54. Por tales consideraciones, advierto que los vicios de inconstitucionalidad advertidos
en la norma que se deriva de la interpretación literal de los artículos 23 literal “a” y
37, inciso 8 del NCPCo, que contravienen los principios de independencia judicial
y de dirección judicial del proceso, se aprecian también en el texto vigente del
segundo párrafo del artículo 24 del referido Código, lo que justifica que, en
aplicación del artículo 77 del NCPCo, este Tribunal declare la inconstitucionalidad
de tal norma o sentido interpretativo.
55. Atendiendo a lo expuesto y tomando en cuenta el ya aludido principio de
conservación de la ley, la declaratoria de inconstitucionalidad de la disposición solo
procede cuando se trata de una inconstitucionalidad evidente y cuando no exista
otra interpretación factible.
56. En el presente caso, considero que puede derivarse otro sentido interpretativo del
segundo párrafo del artículo 24 del NCPCo que permite salvar a la disposición de
su declaratoria de inconstitucionalidad y es que corresponde interpretar que la
obligatoriedad de la audiencia pública solo existe en las causas en las que se
analice el fondo de la controversia y, en todo caso, cuando el Pleno lo considere
indispensable.
57. Así, lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 24 del NCPCo deberá ser
interpretado en el sentido de que “{e}n el Tribunal Constitucional es obligatoria
la vista de la causa en audiencia pública cuando corresponda expedir un
pronunciamiento sobre el fondo del asunto y en aquellos casos en los que el Pleno
lo considere indispensable”.
58. Por último, corresponde señalar que el resto del segundo párrafo del artículo 24 del
NCPCo, en cuanto establece que “Los abogados tienen derecho a informar
oralmente si así lo solicitan. No se puede prohibir ni restringir este derecho en
Caso del Nuevo Código Procesal Constitucional II 73
ninguna circunstancia, bajo sanción de nulidad” resulta plenamente conforme con
la interpretación desarrollada supra.
59. Efectivamente, cuando vaya a llevarse a cabo la vista de la causa en una audiencia
pública (porque corresponde expedir un pronunciamiento sobre el fondo del asunto
o porque el Pleno de este Tribunal lo considere indispensable) los abogados tendrán
el derecho de solicitar hacer uso de la palabra y éste no podría ser restringido.
60. Por tanto, si bien estoy de acuerdo con el segundo punto resolutivo de la sentencia,
considero que el fundamento para realizar esa interpretación, descansa en la
conexidad de los artículos glosados supra. Sin embargo, lo antes afirmado no niega
la autonomía procesal de este Tribunal.
SOBRE EL CARÁCTER INIMPUGNABLE DEL REQUERIMIENTO JUDICIAL EN EL PROCESO
DE HABEAS DATA (ARTÍCULO 64, SEGUNDO PÁRRAFO, DEL CPCO)
61. En el presente caso, se cuestiona también el segundo párrafo del artículo 64 del
NCPCo, en cuanto establece que es inimpugnable la decisión del juez que da un
plazo de tres días al demandado para cumplir con el requerimiento de información
concerniente al reclamante, si considera que ello es indispensable para emitir
sentencia.
62. El artículo 64 del NCPCo ha previsto lo siguiente:
Admitida la demanda, el juez de oficio o a pedido de parte, puede requerir al demandado
que posee, administra o maneja el archivo, registro o banco de datos, la remisión de la
información concerniente al reclamante; así́ como solicitar informes sobre el soporte
técnico de datos, documentación de base relativa a la recolección y cualquier otro aspecto
que resulte conducente a la resolución de la causa que estime conveniente.
El demandado está en la obligación de cumplir con el requerimiento al momento de
contestar la demanda. Puede oponerse al requerimiento judicial si considera que la
información no puede divulgarse por impedimento de ley. El juez resuelve en la audiencia
única dando al demandado un plazo de tres días para cumplir con el requerimiento si
considera que lo solicitado es imprescindible para sentenciar. Esta decisión es
inimpugnable. (énfasis añadido).
63. Ahora bien, del propio texto legal se evidencia, en primer término, que el
demandado puede oponerse al requerimiento en cuestión cuando se trate de las
excepciones al ejercicio del derecho reconocido en el artículo 2, inciso 5 de la
Constitución, previstas en los artículos 15 a 17 del TUO de la Ley 27806, Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública.
64. En síntesis, dicho requerimiento judicial procede cuando
i) la divulgación de la información no se encuentra prohibida por ley, y
ii) dicha información concierne al reclamante
iii) sea imprescindible para emitir sentencia.
Caso del Nuevo Código Procesal Constitucional II 74
65. La inimpugnabilidad del requerimiento judicial presupone una intervención en el
ejercicio del derecho fundamental a la pluralidad de instancias. Sin embargo, este
derecho no faculta al justiciable a recurrir todas y cada una de las resoluciones
judiciales que se emitan al interior de un proceso. En efecto, la decisión con
carácter inimpugnable no es una resolución judicial con vocación de poner fin al
proceso, sino que es una resolución previa a la emisión de la sentencia de primer
grado, que no se emite en todos los casos, sino solo en los supuestos previstos por
la disposición impugnada, esto es, cuando es imprescindible para la emisión de
sentencia y siempre que no exista oposición basada en la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública – Ley N.º 27806 y sus normas modificatorias.
66. A la luz de lo expuesto y partiendo de la distinción entre los conceptos de
“disposición” y “norma”, descrita en el fundamento 12 supra, aprecio que del
artículo 64 del NCPCo se desprenden razonablemente dos normas o sentidos
interpretativos:
a. Una primera que, manteniendo una interpretación literal de los textos
impugnados, impide al demandado, en cualquier caso, impugnar la
decisión judicial de requerimiento de información (norma 1);
b. Una segunda, que, teniendo en cuenta el derecho a la pluralidad de
instancias, precisa que el requerimiento judicial de información previsto
en el artículo 64 del NCPCo es inimpugnable, siempre que lo requerido
sea de conocimiento exclusivo del juzgador (norma 2).
67. Y es que la manera abierta como está redactado el citado artículo 64, permitiría al
juez requerir al demandado, la información que fue solicitada por el demandante
en el habeas data. Si bien es cierto, es potestad del juez requerir dicha data, al
remitirse la respuesta, en principio, ésta entra a formar parte del expediente, con
lo cual, el actor podría acceder a conocerlo, pues las partes tienen derecho a leer
el expediente o a pedir copia certificada de todo o parte de éste.
68. Si lo solicitado por el juez, es la documentación misma requerida por el
accionante, en la práctica se está poniendo a disposición de éste la información
solicitada y cuya denegatoria a acceder a ella, motivó la interposición de la
demanda de habeas data.
69. Siendo así y atendiendo a la materia requerida por el juez, si ésta versa sobre el
objeto mismo de la demanda de habeas data y el juez no toma las medidas
necesarias para el manejo confidencial de esa información, resulta razonable
permitir al demandado, apelar la resolución judicial de requerimiento de
información. Sostener lo contrario lesionaría el derecho a la pluralidad de
instancias, pues no estamos aquí frente a un pedido colateral al objeto del habeas
data, sino a lo solicitado por el propio demandante y que motivó la interposición
de la demanda.
Caso del Nuevo Código Procesal Constitucional II 75
70. En consecuencia, la norma 2 (el requerimiento judicial de información previsto en
el artículo 64 del NCPCo es inimpugnable, siempre que lo requerido sea de
conocimiento reservado únicamente para el juzgador), posibilita una
interpretación de conformidad con la Constitución, superando la
inconstitucionalidad advertida.
71. Así, lo dispuesto en artículo 64 del NCPCo deberá ser interpretado en el sentido
de que “el requerimiento judicial de información previsto en el artículo 64 del
NCPCo es inimpugnable sólo si su contenido será de conocimiento reservado del
juzgador”.
S.
PACHECO ZERGA
Caso del Nuevo Código Procesal Constitucional II 76
FUNDAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO DOMÍNGUEZ HARO
Con el debido respeto por la opinión de mis colegas magistrados, emito el presente
fundamento de voto en relación a la fundamentación del punto resolutivo 2 —que dispone
lo siguiente: “INTERPRETAR que el segundo párrafo del artículo 24 del Código
Procesal Constitucional es constitucional, siempre que se entienda que la convocatoria
de vista de la causa en audiencia pública y el ejercicio de la defensa pueden hacerse de
forma oral cuando corresponda expedir un pronunciamiento sobre el fondo del asunto y
en aquellos casos en los que el Pleno lo considere indispensable”—, a fin de añadir
algunas consideraciones que, a mi juicio, son necesarias.
1. En primer lugar, considero necesario precisar que emito un fundamento de voto y
no un voto singular, pues suscribo aquel punto resolutivo. También coincido con
mis colegas magistrados en que la disposición contenida en el segundo párrafo del
artículo 24 del Nuevo Código Procesal Constitucional resulta constitucional si es
interpretada de ese modo.
2. En segundo lugar, y a fin de reforzar mi posición, juzgo imperativo precisar que
el derecho fundamental a ser oído se encuentra tipificado en el artículo 8.1 de la
Convención Americana de Derechos Humanos, y garantiza que: Toda persona
tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable,
por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con
anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal, civil,
laboral, fiscal o de cualquier otro carácter.
3. Sin embargo, como todo derecho fundamental, el derecho fundamental a ser oído
—que se encuentra estrechamente vinculado con el derecho fundamental a la
defensa— no es ilimitado o absoluto. Por ello, admite intervenciones en su ámbito
de protección, siempre que las mismas se encuentren justificadas y, al mismo
tiempo, sean razonables y proporcionales, más aún si, en los procesos
constitucionales destinados a la salvaguarda de derechos fundamentales, el
ejercicio de aquel derecho fundamental objetivamente limita, de manera
inconstitucional, el goce del derecho fundamental a la tutela jurisdiccional
efectiva.
4. Dicho esto, observo, por un lado, que la realización de informes orales en causas
que, tras revisar los actuados, resultan inexorablemente improcedentes, genera
una externalidad negativa: la ralentización de aquellas que, por el contrario, sí
ameritan ser estimadas —con premura—. Y, por otro lado, que la no realización
de informes orales en causas manifiestamente improcedentes resultará inocua,
puesto que, en cualquier caso, el resultado será el mismo: la improcedencia de la
demanda.
5. En esa línea de pensamiento, juzgo pertinente recalcar, en relación a esto último,
que en el fundamento 9.g de la sentencia pronunciada en el Expediente 789-2018-
Caso del Nuevo Código Procesal Constitucional II 77
PHC/TC, se señaló lo siguiente: en aquellos supuestos donde el trámite de los
recursos sea eminentemente escrito, no resulta vulneratorio del derecho de
defensa la imposibilidad de realizar el informe oral, siempre que el interesado
haya tenido la oportunidad de ejercer el derecho de defensa por escrito a través de
un informe. Por ello, el hecho de que no haya informado oralmente en la Vista de
la Causa, no significa que se haya violado el derecho de defensa del demandante
por esta razón.
6. En tercer lugar, y en armonía con lo antes expuesto, considero que conviene
recordar que la Constitución ha encomendado al Tribunal Constitucional, entre
otras atribuciones, conocer, en última y definitiva instancia, las resoluciones
denegatorias de hábeas corpus, amparo, hábeas data, y acción de cumplimiento.
Por mandato del Constituyente el Tribunal Constitucional tiene la última palabra
en materia de protección de derechos fundamentales, los que, a su vez, son
tutelados en los mencionados procesos constitucionales, que precisamente se
caracterizan por ser netamente instrumentales y sumamente expeditivos.
7. Por ese motivo, y como bien ha sido resaltado en el fundamento 16 de la sentencia
emitida en el Expediente 294-2009-PA/TC, el legislador ha diseñado un trámite
judicial corto para efectos de cumplir con dichos fines, razón por lo que estos
procesos judiciales resultan ágiles para restaurar la eficacia de los derechos
fundamentales lesionados.
8. Es un error, entonces, entender que tanto tales procesos como sus reglas
procedimentales son fines en sí mismos, más aún si la interpretación de estas
últimas debe ser realizada tomando en consideración el principio de informalismo
—normado en el tercer párrafo del artículo III del Título Preliminar el Nuevo
Código Procesal Constitucional—.
9. Por ende, si el diseño del trámite del proceso constitucional —que, en virtud de
una interpretación literal, ralentiza la tramitación de causa en sede del Tribunal
Constitucional, al obligarnos a realizar audiencias en demandas claramente
improcedentes— perjudica, de modo irrazonable y desproporcionado, el ejercicio
del derecho fundamental a la tutela jurisdiccional efectiva del demandante —cuyo
especial deber de protección nos impone, por el contrario, agilizar la tramitación
de las mismas— en concordancia del contenido material y axiológico de la
Constitución.
10. En esa lógica, considero que la regla consistente en que todos aquellos
pronunciamientos del Tribunal Constitucional en los que no se hubiere realizado
un informe oral son nulos, solamente resulta constitucional si se interpreta que
dicha nulidad solamente se circunscribe a la falta de audiencia en las causas en las
que el Tribunal Constitucional va a emitir un pronunciamiento de fondo o, en su
defecto, en aquellos casos en los que el Pleno ha considera indispensable y no se
ha realizado la audiencia pública—porque al existir dudas sobre la procedencia de
la demanda, resulta de aplicación el principio de in dubio pro actione—, mas no
Caso del Nuevo Código Procesal Constitucional II 78
así en las causas que resultan notoriamente improcedentes, en cuyo caso, como ha
sido explicado, la no realización de una audiencia pública no conlleva la nulidad
de lo actuado en sede del Tribunal Constitucional, por resultar objetivamente
intrascendente.
11. Y es que, al fin y al cabo, como correctamente ha sido expuesto en el fundamento
15 de la sentencia pronunciada en el Expediente 294-2009-PA/TC, la declaración
de nulidad de un acto procesal requerirá la presencia de un vicio relevante en la
configuración de dicho acto (principio de trascendencia), anomalía que debe
incidir de modo grave en el natural desarrollo del proceso, es decir, que afecte la
regularidad del procedimiento judicial.
12. A mayor abundamiento, conviene tener presente que en el último párrafo del
fundamento 7 de la sentencia dictada en el Expediente 179-2005-PA/TC se indicó
que, por su propia naturaleza, la nulidad no puede ser regla, puesto que, por el
contrario, es la excepción. Más concretamente, en ese pronunciamiento se señaló
que resulta necesario recordar no sólo que la nulidad de los actos procesales está
sujeta al principio de legalidad sino, además, que en un Estado Constitucional de
Derecho, la nulidad de un acto procesal sólo puede decretarse cuando de por
medio se encuentran comprometidos, con su inobservancia, derechos, principios
o valores constitucionales. En efecto, la nulidad de los actos procesales no se
justifica en la simple voluntad de la ley. No admite una consideración de la nulidad
por la simple nulidad, porque así se expresa o porque o es voluntad de la ley, sino
porque en el establecimiento de determinadas formalidades que se observen en
dichos actos procesales, subyacen bienes constitucionalmente protegidos.
13. En ese mismo sentido, en el fundamento 15 de la sentencia emitida en el
Expediente 294-2009-PA/TC se indicó que la declaración de nulidad de un acto
procesal requerirá la presencia de un vicio relevante en la configuración de dicho
acto (principio de trascendencia), anomalía que debe incidir de modo grave en el
natural desarrollo del proceso, es decir, que afecte la regularidad del
procedimiento judicial. Por lo tanto, la declaratoria de nulidad de un acto procesal
viciado, únicamente procederá como última ratio, pues de existir la posibilidad de
subsanación (principio de convalidación) por haber desplegado los efectos para el
cual fue emitido, sin afectar el proceso, no podrá declararse la nulidad del mismo.
14. A mi parecer, ese es el entendimiento que debe realizarse del actual artículo 24
del Nuevo Código Procesal Constitucional.
S.
DOMÍNGUEZ HARO
Caso del Nuevo Código Procesal Constitucional II 79
FUNDAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO MONTEAGUDO VALDEZ
Si bien coincido con el sentido del fallo, emito el presente fundamento de voto pues
considero necesario exponer algunas consideraciones que permiten clarificar algunos de
los argumentos que, a mi juicio, llevan a tal decisión.
I. Sobre la prohibición del rechazo liminar de la demanda en los procesos
constitucionales.
1. El artículo 6 del Nuevo Código Procesal Constitucional (NCPCo.) establece que en
los procesos constitucionales de tutela de derechos “no procede el rechazo liminar de
la demanda”.
2. La exposición de motivos del proyecto del NCPCo, señala que esta prohibición tiene
como finalidad el “garantizar el mayor acceso a la justicia constitucional, toda vez
que en los últimos tiempos se ha podido observar una escasa o casi nula protección
de los derechos fundamentales debido a que los jueces han exagerado su visión de los
procesos constitucionales como supletorios”.
3. Así pues, desde la perspectiva del legislador, con la prohibición del rechazo liminar
de la demanda, se estaría coadyuvando al mejor alcance de dos finalidades: por un
lado, una mayor protección del derecho de acceso a la jurisdicción constitucional, y,
por otro, una más óptima protección de los derechos fundamentales, pues los jueces
habrían abusado del uso de la institución del rechazo liminar.
4. Pues bien, siendo así, lo primero que habría que señalar es que, en nuestra opinión,
la institución de la improcedencia liminar, no incide sobre el derecho de acceso a la
jurisdicción en los términos de la perspectiva aludida.
5. En efecto, el derecho de acceso a la justicia o derecho de acceso a la jurisdicción,
constituye una manifestación implícita del derecho fundamental a la tutela
jurisdiccional efectiva, reconocido en el artículo 139º 3 de la Constitución. Este
derecho se encuentra desvinculado de la materia sustantiva que se pretende dilucidar.
En otras palabras, el hecho de que toda persona goce del derecho fundamental de
acceso a la jurisdicción, no conlleva un derecho a que necesariamente el órgano
jurisdiccional admita o tramite su demanda, tampoco a que se pronuncie sobre el
fondo de la pretensión planteada, ni menos aún a que se estime la pretensión.
6. Como tempranamente afirmó el TC, “el artículo 139º de la Constitución reconoce a
toda persona el derecho a obtener la tutela jurisdiccional en el ejercicio de sus
derechos e intereses legítimos, una de cuyas garantías es el acceso a la justicia, que
se concreta en el derecho de promover la actividad jurisdiccional del Estado que
culmine en una decisión judicial sobre las pretensiones planteadas, en el entendido
de que esa decisión no tiene por qué ser favorable al demandante, y aunque
normalmente recaiga sobre el fondo puede ocurrir que no entre en él por diversas
Caso del Nuevo Código Procesal Constitucional II 80
razones contempladas en la ley, como son las causales de inadmisibilidad e
improcedencia” (cfr. Sentencia recaída en el Expediente N° 0265-2000-PA,
fundamento 2).
7. Así las cosas, el derecho de acceso a la justicia es un derecho fundamental cuyo
contenido constitucionalmente protegido se agota en la posibilidad de acceder a la
jurisdicción para obtener un pronunciamiento institucionalizado y fundado en
Derecho, el cual ciertamente puede consistir en denegar liminarmente un
pronunciamiento sobre el fondo de la cuestión ante el incumplimiento manifiesto de
algún presupuesto procesal. Por ello, como decía, la permisión del rechazo liminar de
una demanda en modo alguno incide sobre el contenido protegido de este derecho
fundamental.
8. No obstante, es cierto que toda resolución, también por supuesto las que rechazan
liminarmente una demanda, debe encontrarse debidamente justificada, es decir,
fundada en Derecho, porque, de lo contrario, ello no solo constituiría una violación
del derecho fundamental a la debida motivación de las resoluciones judiciales
(artículo 139, inciso 5, de la Constitución), sino también, en el caso de los procesos
constitucionales, una seria afectación del derecho a la protección judicial de los
derechos fundamentales.
9. Bajo esa perspectiva creo que, en efecto, no puede descartarse que en la práctica la
judicatura haya utilizado la institución procesal del rechazo liminar, en diversas
ocasiones, de modo injustificado. En ese sentido, el legislador tiene un margen de
apreciación para adoptar, dentro del marco de lo constitucionalmente posible, las
medidas que considere necesarias para revertir una mala práctica en cierto sector del
Poder Judicial. Es como consecuencia del ejercicio de ese margen de apreciación que
el Congreso de la República -desde su perspectiva- ha considerado conveniente y
procedente incorporar una norma que prohíba el rechazo liminar en los procesos
constitucionales.
10. Empero, no puede olvidarse que, en un Estado Constitucional, toda regla debe ser
siempre interpretada de conformidad con los principios constitucionales y, en
particular, de conformidad con los derechos fundamentales. Tal ejercicio
hermenéutico, muchas veces, lleva a la conclusión de que una determinada regla no
puede aplicarse de modo absoluto siempre y en toda circunstancia, pues ello, además
de significar en abstracto un modo irrazonable de entender el funcionamiento de un
sistema jurídico, puede desembocar en la violación de determinados valores
iusfundamentales.
11. Considero, pues, que es justamente bajo ese enfoque que debe ser apreciada la
prohibición contenida en el artículo 6 del NCPCo. Ella puede entenderse en abstracto
como razonable en ánimo de contrarrestar una práctica abusiva del rechazo liminar
que en reiteradas ocasiones no solo significaba inobservar el principio favor
processum, sino que podría representar una afectación del derecho a la protección
jurisdiccional de los derechos, el cual se ejerce, por antonomasia, en el marco de los
Caso del Nuevo Código Procesal Constitucional II 81
procesos constitucionales de tutela. Pero, según desarrollaré a continuación, si se la
aplica siempre y en todos los casos de modo absoluto, puede representar, en un
sentido objetivo, y por paradójico que resulte, una violación del derecho a la tutela
jurisdiccional efectiva (artículo 139, inciso 3, de la Constitución), como consecuencia
de una innecesaria sobrecarga procesal.
12. En efecto, no puede olvidarse, de un lado, que también puede existir un abuso del
derecho de acceso a la jurisdicción al plantear demandas manifiestamente inoficiosas,
y, de otro, que forma parte del contenido constitucionalmente protegido del derecho
fundamental a la tutela jurisdiccional efectiva la obligación por parte de todo órgano
jurisdiccional de dirigir “el proceso en forma que eviten dilaciones y
entorpecimientos indebidos” (cfr. Corte IDH. Caso Bayarri vs. Argentina. Excepción
Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de octubre de 2008. Serie
C No. 18761, párr. 116), y de actuar “en concordancia con las necesidades de
protección del derecho que se alega violado” (cfr. Corte IDH. Caso San Miguel Sosa
y otras vs. Venezuela. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 8 de febrero de
2018. Serie C No. 348, párr. 198). Con ese propósito, se debe procurar la atención
prioritaria y célere de los casos que merecen un pronunciamiento de fondo. Y es que,
en definitiva, tal como ha señalado el Tribunal Constitucional, “resulta claro que la
tutela jurisdiccional que no es efectiva no es tutela” (cfr. Sentencia recaída en el
Expediente N° 04119-2005-PA, fundamento 64).
13. Pues bien, siendo ello así, si se llegará a asumir de modo absoluto la prohibición del
rechazo liminar de la demanda, se produciría una ostensiblemente afectación del
derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, pues se obligaría a todo juez, siempre y en
todos los casos, a admitir a trámite la demanda y correr traslado de ella, a pesar de
que la causal de improcedencia puede ser no solo manifiesta, sino también objetiva,
lo que inevitablemente ralentizará la atención de los casos en los que sí se encuentra
justificado un pronunciamiento de mérito en aras de la protección de un derecho
fundamental. Tal innecesario retraso, como es obvio, afectará la dimensión objetiva
del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, al desnaturalizarse un proceso que debe
ser rápido, sencillo y efectivo (artículo 5 de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos).
14. Justamente, para evitar ello, son diversos los mecanismos que a nivel comparado se
han institucionalizado con la finalidad, entre otras, de concretizar el derecho a la
tutela jurisdiccional efectiva, a través del rechazo de plano de recursos
manifiestamente inconducentes permitiendo concentrar la atención en los asuntos
más trascendentes.
15. Así, por un lado, tenemos mecanismos con una discrecionalidad fuerte por parte del
Tribunal al decidir los asuntos que merecen un pronunciamiento sobre el fondo. Tal
es el caso del famoso writ of certiorari en la Corte Suprema Federal norteamericana,
recursos que masivamente son rechazados cada año en un listado con un escueto
rotulado que reza “Petitions for certiorari denied” o llanamente “Certiorari denied”.
Caso del Nuevo Código Procesal Constitucional II 82
16. Cercano a ello se encuentra el caso de la Corte Constitucional colombiana, de
importante prestigio en la región. El artículo 33 del Decreto N.º 2591 que regula la
acción de tutela (símil del proceso de amparo), en su parte pertinente, establece lo
siguiente: “La Corte Constitucional designará dos de sus Magistrados para que
seleccionen, sin motivación expresa y según su criterio, las sentencias de tutela que
habrán de ser revisadas. Cualquier Magistrado de la Corte o el Defensor del Pueblo,
podrá solicitar que se revise algún fallo de tutela excluido por éstos cuando considere
que la revisión pueda aclarar el alcance de un derecho o evitar un perjuicio grave.
(…)”.
17. Por otro lado, hay modelos que, con el mismo objetivo, no se inclinan por una
discrecionalidad tan fuerte, pero que sí dejan un margen importante de apreciación a
la jurisdicción constitucional, bajo la lógica que la regla no es la admisión a trámite,
sino lo contrario. Tal es el caso del Tribunal Constitucional Federal alemán, que en
el año 1993 introdujo una reforma, entre otras razones, por haber advertido que a
pesar de la importante carga procesal que afrontaba y que iba en incremento
vertiginoso, anualmente, en promedio, solo el 3% de sus resoluciones resultaban
estimatorias (cfr. Hernández Ramos, M.; El nuevo trámite de admisión del recurso
de amparo constitucional, Reus, Madrid, 2009, p. 150). Como consecuencia de dicha
reforma el artículo 93a de la Ley Orgánica del Tribunal, pasó a establecer lo siguiente:
“1. Las demandas de amparo requerirán admisión a trámite.
2. Deberán ser admitidas a trámite:
a) En la medida en que les corresponda relevancia constitucional fundamental.
b) Cuando esté indicado para hacer valer los derechos mencionados en el artículo
90, ap. 1.º; podrá también ser éste el caso cuando la denegación de una decisión
sobre el fondo cause al demandante un perjuicio especialmente grave.”
18. Como se comprenderá, bajo esta normativa, la mayor parte de causas que llegan al
Tribunal Constitucional Federal alemán -quizá el TC más importante del mundo- ni
siquiera son admitidas trámite.
19. Un caso similar es el del Tribunal Constitucional español. Justificada en razones
semejantes a las que provocaron la reforma alemana, la Ley Orgánica 6/2007,
introdujo una modificación importante estableciendo que el Tribunal solamente
admitirá a trámite un recurso de amparo cuando, entre otros requisitos, aprecie “que
el contenido del recurso justifique una decisión sobre el fondo por parte del Tribunal
Constitucional en razón de su especial trascendencia constitucional, que se apreciará
atendiendo a su importancia para la interpretación de la Constitución, para su
aplicación o para su general eficacia, y para la determinación del contenido y alcance
de los derechos fundamentales”.
20. En su sentencia 155/2009, de 25 de julio, fundamento 2, el TC español tuvo ocasión
de establecer los supuestos en los que se da la “especial trascendencia
constitucional”:
Caso del Nuevo Código Procesal Constitucional II 83
“Tales casos serán los siguientes: a) el de un recurso que plantee un problema o una
faceta de un derecho fundamental susceptible de amparo sobre el que no haya
doctrina del Tribunal Constitucional (…); b) o que dé ocasión al Tribunal
Constitucional para aclarar o cambiar su doctrina (…); c) o cuando la vulneración
del derecho fundamental que se denuncia provenga de la ley o de otra disposición de
carácter general; d) o si la vulneración del derecho fundamental traiga causa de una
reiterada interpretación jurisprudencial de la ley que el Tribunal Constitucional
considere lesiva del derecho fundamental y crea necesario proclamar otra
interpretación conforme a la Constitución; e) o bien cuando la doctrina del Tribunal
Constitucional sobre el derecho fundamental que se alega en el recurso esté siendo
incumplida de modo general y reiterado por la jurisdicción ordinaria, o existan
resoluciones judiciales contradictorias sobre el derecho fundamental, ya sea
interpretando de manera distinta la doctrina constitucional, ya sea aplicándola en
unos casos y desconociéndola en otros; f) o en el caso de que un órgano judicial
incurra en una negativa manifiesta del deber de acatamiento de la doctrina del
Tribunal Constitucional (art. 5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial: LOPJ); g) o,
en fin, cuando el asunto suscitado, sin estar incluido en ninguno de los supuestos
anteriores, trascienda del caso concreto porque plantee una cuestión jurídica de
relevante y general repercusión social o económica o tenga unas consecuencias
políticas generales, consecuencias que podrían concurrir, sobre todo, aunque no
exclusivamente, en determinados amparos electorales o parlamentarios”.
21. Los recursos que no cumplen algunas de estas condiciones son rechazados
liminarmente.
22. Las cortes de Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica y México, al afrontar problemas
similares que dificultan adecuada protección del derecho a la tutela jurisdiccional
efectiva, analizan y/o implementan formas de solución, a través, entre otras medidas,
de rechazos liminares (Cfr. Abad, S. y Pérez Tremps, P. -coordinadores-, La reforma
del proceso de amparo: la experiencia comparada, Palestra, Lima, 2009).
23. Las medidas adoptadas en los escenarios descritos encuentran motivadas, entre otras
razones, en la búsqueda de concretizar una más efectiva tutela jurisdiccional de los
derechos fundamentales, a través del rechazo liminar de los casos que ab initio se
aprecian como manifiestamente improcedentes.
24. Por estas razones, considero que si bien el artículo 6 del NCPCo. no resulta
inconstitucional en la medida de que se trata de una regla que concretiza el principio
favor processum y se encuentra inspirada en el objetivo de no dejar de dispensar tutela
a los derechos fundamentales allí donde corresponde hacerlo, debe ser interpretada
como una regla prima facie, es decir, no exenta de excepciones, pues, de lo contrario,
la innecesaria admisión a trámite de causas manifiestamente inconducentes provocará
una sobrecarga procesal en la jurisdicción constitucional, la cual repercutirá
negativamente en el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva en aquellos casos
verdaderamente trascendentes constitucionalmente y que, como tales, requieren de una
atención no solo cualitativamente adecuada, sino también pronta.
Caso del Nuevo Código Procesal Constitucional II 84
25. Así las cosas, es importante destacar que la sentencia de esta causa ha precisado que
el artículo 6 del NCPCo. debe ser interpretado como una “regla general”, no exenta,
por ende, de excepciones. Sin embargo, es también importante precisar que ello
significa que el rechazo liminar debe interpretarse como excepcionalmente habilitado
no solamente para aquellos casos carentes de virtualidad o que constituyen un
imposible jurídico como los descritos en la sentencia de esta causa (vg. la persona que
alegaba ser perseguida por “armas electromagnéticas” -STC 02744-2002-PHC/TC,
STC 00491-2007-PHC/TC- o la demanda interpuesta a favor de un roedor -STC
02620-2003-PHC/TC-), sino también para aquellos otros en los que la causal de
improcedencia no solo es manifiesta, sino objetiva, como, por ejemplo, allí donde se
verifica una palmaria prescripción, una sustracción de la materia, o una pretensión que
transgrede claramente un precedente del Tribunal Constitucional.
26. En definitiva, es solo en la medida que se tengan presentes las salvedades
interpretativas recién desarrolladas, que considero que no corresponde declarar la
inconstitucionalidad del artículo 6 del NCPCo.
II. Sobre la obligación de realizar audiencias públicas en sede del Tribunal
Constitucional.
27. El segundo párrafo del artículo 24 del NCPCo., modificado por el Artículo Único de la
Ley N° 31583 establece lo siguiente: “En el Tribunal Constitucional es obligatoria la vista
de la causa en audiencia pública. Los abogados tienen derecho a informar oralmente si
así lo solicitan. No se puede prohibir ni restringir este derecho en ninguna circunstancia,
bajo sanción de nulidad”.
28. Esta regulación afecta con intensidad grave el normal funcionamiento del Tribunal
Constitucional, cuyo volumen de trabajo se ha incrementado por la creciente demanda de
protección de los derechos fundamentales. Si a este incremento se suma la necesidad
evidente de tiempo, medios técnicos y personal que hay que dedicar a las audiencias
públicas, se genera una sobrecarga de casos pendientes por resolver, menoscabando el
derecho de tutela judicial efectiva de un amplio sector de justiciables.
29. Así pues, una interpretación literal y absoluta de la regulación vigente del segundo párrafo
del artículo 24 del NCPCo., pone en serio riesgo la atención oportuna y célere de aquellos
casos que ameritan verdaderamente una tutela de urgencia o que trascienden los límites
de la controversia particular en que se plantean, conforme a la naturaleza y razón de ser
de los procesos constitucionales de la libertad.
30. En esencia, por ello, coincido con lo señalado en la parte resolutiva de la sentencia de esta
causa en el sentido que corresponde interpretar que el segundo párrafo del artículo 24 del
NCPCo. es constitucional, siempre que se entienda que la convocatoria a audiencia
pública debe circunscribirse a los casos en los que corresponde expedir un
pronunciamiento sobre el fondo del asunto y en aquellos casos en los que el Pleno lo
considere indispensable.
Caso del Nuevo Código Procesal Constitucional II 85
31. Quiero enfatizar, sin embargo, que discrepo de la conclusión expuesta en la sentencia en
el sentido de que las decisiones del anterior colegiado sobre la materia no hayan guardado
coherencia con el diseño constitucional peruano. Esta misma razón me llevó a expresar
mi voto en contra de la derogatoria del artículo 11 C del Reglamento Normativo del
Tribunal Constitucional.
S.
MONTEAGUDO VALDEZ