Pleno. Sentencia 25/2023
EXP. N.° 00962-2021-PA/TC
LIMA SUR
LAGESA INGENIEROS
CONSULTORES S. A.
SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
En Lima, a los 2 días del mes de febrero de 2023, el Pleno del
Tribunal Constitucional, integrado por los señores magistrados Morales
Saravia, Pacheco Zerga, Gutiérrez Ticse, Domínguez Haro, Monteagudo
Valdez y Ochoa Cardich, pronuncia la siguiente sentencia.
ASUNTO
Recurso de agravio constitucional interpuesto por Lagesa Ingenieros
Consultores S. A. contra la resolución de fojas 238, de fecha 10 de
septiembre de 2019, expedida por la Sala Civil Transitoria de la Corte
Superior de Justicia de Lima Sur, que declaró improcedente la demanda
de amparo.
ANTECEDENTES
Demanda
Con fecha 4 de julio de 2018, Lagesa Ingenieros Consultores S.A.
interpone demanda de amparo con el objeto de que se declare la nulidad
de las siguientes resoluciones:
i. La Resolución 0642-2018-TCE-S4, de fecha 5 de abril de
2018, dictada por la Cuarta Sala del Tribunal de
Contrataciones del Estado, mediante la cual se impone a la
demandante, por el periodo de 60 meses, una sanción de
inhabilitación temporal de su derecho a participar en
cualquier procedimiento de selección y procedimiento
para implementar o mantener catálogos electrónicos de
acuerdos marco y de contratar con el Estado.
ii. la Resolución 0814-2018-TCE-S4, de fecha 2 de mayo de
2018, dictada por la Cuarta Sala del Tribunal de
Contrataciones del Estado, mediante la cual se declara
infundado el recurso de reconsideración formulado por
Lagesa y la confirma en todos sus extremos.
Como consecuencia de la nulidad de ambas resoluciones, solicita que se
ordene al Tribunal de Contrataciones del Estado (TCE) emita nuevo
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pronunciamiento respetando la jurisprudencia vinculante del Tribunal
Constitucional.
Refiere que, mediante el decreto de fecha 21 de marzo de 2017, el TCE
dispuso dar inicio al procedimiento sancionador contra las empresas
integrantes de El Consorcio por la supuesta responsabilidad de dichas
empresas en la presentación de documentos presuntamente falsos o que
contenían información inexacta. Sostiene que la empresa Project
Consulting S. A. fue notificada del inicio del procedimiento y que
devolvió la notificación con la indicación de que Lagesa ya no residía en
el domicilio, por lo que la notificación se remitió a otra dirección,
cometiéndose una serie de irregularidades que han afectado sus derechos
constitucionales.
Aduce también que el TCE no ha respetado lo establecido por el
Tribunal Constitucional en lo referente a la proscripción de la
responsabilidad objetiva en el ámbito del derecho administrativo
sancionador. En este punto, con relación a la falsedad de la
documentación objeto de la sanción administrativa, alega que ella y
Project Consulting S. A., integrantes del consorcio, suscribieron el
acuerdo preparatorio para participar en el Concurso Público N° 001-
2014-MDI, de fecha 11 de abril de 2014, ante el notario público Reyes
Ugarte, mediante el cual se acordó que la empresa Project Consulting
S.A. sería la encargada de: “(...) obtener cada profesional que participe
en la oferta técnica, toda documentación exigida para acreditar su
participación, la experiencia en el ejercicio de la profesión y/o los grados
académicos y/u otros (...) e inclusive la documentación privada o pública
de aquellos profesionales que se necesite para perfeccionar el contrato”.
Sin embargo, pese a individualizarse la responsabilidad por la infracción
administrativa a la empresa Project Consulting S.A, el TCE decidió
aplicar responsabilidad objetiva sancionándola a ella, sin evaluar si
Lagesa actuó con dolo, culpa o negligencia.
Respecto a la responsabilidad objetiva, manifiesta que esta le fue
aplicada por el TCE sin que exista norma legal alguna que habilite
aplicarla; y que ella se sustenta solo en su jurisprudencia, la que se
contradice con los lineamientos establecidos por la Dirección Técnica
Normativa del OSCE.
De otro lado, arguye que se ha transgredido el debido procedimiento en
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su manifestación del plazo razonable, puesto que habría operado la
caducidad del procedimiento administrativo sancionador.
En suma, expone que se ha cometido una serie de irregularidades que
han culminado con la aplicación de la sanción de inhabilitación temporal
de su derecho a participar en cualquier procedimiento de selección y
procedimiento para implementar o mantener catálogos electrónicos de
acuerdos marco y de contratar con el Estado por el periodo de 60 meses,
lo cual ha afectado sus derechos constitucionales a ser juzgada dentro de
un plazo razonable, al debido proceso y a la seguridad jurídica.
Resolución de primera instancia o grado
Mediante Resolución 1, de fecha 6 de julio de 2018 (f. 56), el Juzgado
Civil Transitorio – Sede Villa Marina admite a trámite la demanda de
amparo, y corre traslado de ella al Organismo Supervisor de las
Contrataciones del Estado (OSCE).
Asimismo, conforme obra del Sistema Consulta de Expedientes del
Poder Judicial, el Juzgado Civil Transitorio – Sede Villa Marina,
mediante resolución de 29 de agosto de 2018, concedió medida
cautelar solicitada por Lagesa Ingenieros Consultores S.A., y ordenó:
SUSPENDER los efectos jurídicos y legales de la Resolución N° 0642-2018-
TCE-S4 de fecha 05 de abril del 2018 que impone a Lagesa la sanción por un
periodo de sesenta meses de inhabilitación temporal en su derecho a participar
en cualquier procedimiento de selección y procedimiento para implementar o
mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y de contratar con el
Estado, así como remitir al Ministerio Publico copia de los actuados en dicho
procedimiento sancionador.
Suspender los efectos jurídicos y legales de la Resolución N° 0814-2018-
TCE-S4 de fecha 02 de mayo del 2018, dictada por el Tribunal de
Contrataciones del Estado, mediante la cual se declara infundado el recurso de
reconsideración formulado por LAGESA contra la Resolución N° 0642-2018-
TCE-S4 y la confirma en todos sus extremos.
SE ORDENA al Tribunal de Contrataciones del Estado del Organismo
Supervisor de las Contrataciones del Estado – OSCE: Proceda al
Levantamiento Inmediato de la Sanción de Inhabilitación Temporal para
contratar con El estado impuesta a LAGESA mediante Resolución N° 0642-
2018-TCE-S4 de fecha 05 de abril del 2018 dictada por la Cuarta Sala del
Tribunal de Contrataciones del Estado, al interior del Procedimiento
Administrativo Sancionador Signado con el Exp. N° 2768/2016.TCE;
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levantamiento que deberá realizarse en un plazo máximo de dos cinco días de
recibido el oficio respectivo. (Sic).
Contestación de la demanda
Mediante escrito de fecha 21 de agosto de 2018, el procurador público
del OSCE propone las excepciones de incompetencia territorial e
incompetencia por razón de la materia. Asimismo, argumenta que la
demanda debe ser declarada improcedente, en tanto existen vías
igualmente satisfactorias donde se puede discutir la pretensión de la
empresa recurrente.
Resoluciones de primera y segunda instancia o grado
El Juzgado Civil Transitorio de Villa Marina de la Corte Superior de
Lima Sur, mediante resolución 3, de fecha 3 de mayo de 2019, declaró
infundadas las excepciones de incompetencia por razón de la materia y
territorio, y saneado el proceso.
Apelado dicho extremo, la Sala Civil Transitoria de la Corte Superior de
Justicia de Lima Sur, mediante resolución 3, de fecha 10 de setiembre de
2019, revoca la resolución que declaró infundada la excepción por razón
de la materia y, por tanto, declara improcedente la demanda. Considera
que existe la vía contenciosa administrativa para cuestionar las
resoluciones administrativas emitidas por el TCE.
FUNDAMENTOS
Delimitación del petitorio
1. El objeto de la presente demanda es que se declare la nulidad de las
siguientes resoluciones: i) la Resolución 0642-2018-TCE-S4, de
fecha 5 de abril de 2018, dictada por la Cuarta Sala del Tribunal de
Contrataciones del Estado, mediante la cual se impone a la
demandante, por el periodo de 60 meses, una sanción de
inhabilitación temporal de su derecho a participar en cualquier
procedimiento de selección y procedimiento para implementar o
mantener catálogos electrónicos de acuerdos marco y de contratar
con el Estado; ii) la Resolución 0814-2018-TCE-S4, de fecha 2 de
mayo de 2018, dictada por la Cuarta Sala del Tribunal de
Contrataciones del Estado, mediante la cual se declara infundado el
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recurso de reconsideración formulado por Lagesa y la confirma en
todos sus extremos. Se solicita asimismo que, como consecuencia de
estas nulidades, el TCE debería emitir nuevo pronunciamiento que
respete la jurisprudencia emitida por este Tribunal Constitucional.
Sobre la inexistencia de vía igualmente satisfactoria al amparo para
resolver la presente controversia.
2. Debido a que la segunda instancia del Poder Judicial ha declarado
improcedente la demanda porque existe la vía contenciosa
administrativa para cuestionar las resoluciones administrativas,
corresponde evaluar si la pretensión planteada debe ser dilucidada en
una vía diferente a la constitucional del amparo, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 7.2 del Nuevo Código Procesal
Constitucional, regla procedimental contemplada en los mismos
términos por el artículo 5.2 del Código Procesal Constitucional,
vigente al momento de la interposición del amparo.
3. En la sentencia recaída en el Expediente 02383-2013-PA/TC,
publicada en el diario oficial El Peruano el 22 de julio de 2015, este
Tribunal estableció en el fundamento 15, con carácter de precedente,
que una vía ordinaria será “igualmente satisfactoria” como la vía del
proceso constitucional de amparo si en un caso concreto se
demuestra, de manera copulativa, el cumplimiento de los
siguientes elementos: i) que la estructura del proceso es idónea para
la tutela del derecho; ii) que la resolución que se fuera a emitir pueda
brindar tutela adecuada; iii) que no existe riesgo de que se produzca
irreparabilidad; y iv) que no existe necesidad de una tutela urgente
derivada de la relevancia del derecho o de la gravedad de las
consecuencias.
4. Desde una perspectiva objetiva, el proceso contencioso-
administrativo tiene por finalidad decidir sobre el cuestionamiento de
actos administrativos con los que los administrados no se encuentren
de acuerdo. En ese sentido, el proceso contencioso-administrativo
contaría con una estructura idónea para acoger la pretensión de la
demandante y darle tutela adecuada. Sin embargo, dado que en esta
causa la controversia gira en torno a si, al momento en que
sucedieron los hechos, el TCE contaba con potestad legislativa para
aplicar sanciones por responsabilidad objetiva, y si, respecto a
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Lagesa, había operado el plazo de caducidad al momento de
expedirse la sanción de inhabilitación -asuntos de manifiesta
relevancia constitucional-, queda claro que la vía del amparo se
presenta como la idónea para dilucidar las pretensiones y,
eventualmente, otorgar la tutela solicitada.
5. Desde una perspectiva subjetiva, corresponde analizar si, por
consideraciones de urgencia y de manera excepcional, es preferible
que el proceso de amparo continúe su curso, pese a existir una vía
ordinaria regulada. Al respecto, es necesario evaluar si transitar la vía
ordinaria pone en grave riesgo al derecho afectado, de tal modo que
el agravio alegado puede tornarse irreparable (urgencia como
amenaza de irreparabilidad). Asimismo, debe tenerse en cuenta si es
necesaria una tutela urgente, para lo cual deberá apreciarse la
relevancia del derecho involucrado o también a la gravedad del daño
que podría ocurrir (urgencia por la magnitud del bien involucrado o
del daño).
6. Con respecto a la necesidad de tutela urgente por la magnitud del
bien involucrado o del daño, este mismo Tribunal ha sostenido que en
determinados casos es necesario analizar si aun cuando existan vías
judiciales específicas igualmente satisfactorias, la resolución de la
pretensión planteada exige, en virtud de las circunstancias del caso,
una tutela jurisdiccional urgentísima y perentoria. En otras palabras,
que debe continuarse el trámite del amparo, de manera excepcional,
cuando lo alegado pone de manifiesto la urgencia de la tutela
jurisdiccional requerida, muy al margen de la existencia de una vía
igualmente satisfactoria. Esto, claro está, de ninguna manera sugiere
que los derechos fundamentales tengan distinto rango de importancia,
sino que, en determinadas circunstancias, su vulneración es de tal
magnitud que vacía completamente su contenido.
7. Además, para medir la magnitud del bien involucrado debe tomarse
en cuenta que bien puede existir una múltiple vulneración o amenaza
de vulneración de derechos fundamentales. En este caso, se advierte
que a pesar de, presuntamente, haber operado la caducidad del
procedimiento administrativo sancionador, la instancia administrativa
sancionó a la recurrente, muy a pesar de que no contaba con potestad
legislativa para aplicarle una responsabilidad objetiva. En esa línea, la
resolución que sanciona a la recurrente por 60 meses de
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inhabilitación temporal es de fecha 5 de abril de 2018 (que se hace
efectiva a partir del sexto día hábil de notificación de dicha
resolución), habiendo transcurrido más de 4 años desde la emisión de
la misma. En consecuencia, obligar a que la recurrente acuda al
proceso contencioso-administrativo no haría otra cosa que superar el
tiempo por el que ha sido sancionada, situación que desnaturaliza
cualquier sistema de protección judicial de derechos.
8. Si bien es cierto que la sanción de inhabilitación ha sido suspendida
por una medida cautelar dictada en el presente proceso constitucional,
no es menos cierto también que de derivarse esta causa al proceso
contencioso-administrativo se dejaría en indefensión cautelar a la
recurrente Lagesa, pues la medida cautelar le sería cancelada de
manera automática. No escapa al raciocinio de este Tribunal
Constitucional que la instancia inferior del Poder Judicial ya ha
determinado la existencia de asuntos de manifiesta relevancia
constitucional al conceder medida cautelar, que suspende los efectos
de la sanción de inhabilitación impuesta a Lagesa. En este sentido, el
concesorio de dicha medida cautelar genera el imperativo
constitucional de que este Tribunal zanje de manera definitiva la
presente controversia pronunciándose sobre el fondo del asunto
(fundada o infundada), pues qué duda cabe que la medida cautelar
otorgada ha generado efectos jurídicos a lo largo de más de 4 años,
por lo que resulta necesario evaluar su subsistencia, pertinencia o la
eventual responsabilidad por haberla concedido. Ello solo será
posible a través de un pronunciamiento de fondo debidamente
motivado, y no a través de una improcedencia que derive la causa al
proceso contencioso-administrativo. Tampoco es ajeno a este
Tribunal, que otros derechos fundamentales también se encuentran a
discusión puesto que la suspensión de actividades de la recurrente
Lagesa, también afecta a sus trabajadores.
9. Por todo lo argumentado, este Tribunal Constitucional considera que,
desde una perspectiva objetiva y subjetiva, no existe una vía
igualmente satisfactoria al amparo.
Análisis del caso concreto
10. Como puede advertirse de la demanda, la recurrente aduce la presunta
vulneración del derecho al debido proceso, en su manifestación del
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plazo razonable, y del principio de seguridad jurídica, en la medida
en que la sanción habría sido impuesta cuando el procedimiento
administrativo sancionador había caducado.
11. Al respecto, cabe precisar que la caducidad del procedimiento
administrativo sancionador es de nueve meses, contado desde la
fecha de notificación de la imputación de cargos, el cual puede ser
ampliado de manera excepcional por un máximo de tres meses,
teniendo la entidad competente que motivar su decisión, todo ello de
conformidad al artículo 237-A de la Ley 27444.
12. Aunado a ello, la Quinta Disposición Complementaria Transitoria del
Decreto Legislativo 1272 establecía lo siguiente: “Para la aplicación
de la caducidad prevista en el artículo 237-A de la Ley 27444, Ley
del Procedimiento Administrativo General, se establece el plazo de
un año, contado desde la vigencia del presente Decreto Legislativo,
para aquellos procedimientos sancionadores que a la fecha se
encuentran en trámite”. Este documento normativo entró en vigencia
el 22 de diciembre de 2016. A partir de esto, es posible advertir, al
menos, dos supuestos respecto a cuándo opera la caducidad:
- Procedimientos sancionadores iniciados antes del 22 de
diciembre de 2016 y que sigan en trámite. Aquí la
caducidad se aplicaría luego del plazo de un año,
contando desde la vigencia del Decreto Legislativo 1272.
- Procedimientos sancionadores iniciados después del 22 de
diciembre de 2016. Aquí se aplicaría la regla del artículo
237-A de la Ley 27444.
13. Conforme a ello, resulta esencial para este Tribunal, dilucidar dos
aspectos: El primero de ellos se encuentra vinculado a la notificación
con la imputación de los cargos, puesto que con ello se inicia el
cómputo para la caducidad. El segundo está referido a si el
procedimiento sancionador contra Lagesa estaba en trámite al
momento en que entró en vigencia la Quinta Disposición
Complementaria Transitoria del Decreto Legislativo 1272.
14. Conviene recordar que este procedimiento administrativo
sancionador surge por algunas controversias generadas luego de que
el consorcio conformado por Lagesa Ingenieros Consultores S.A.C.
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y Proyect Cosulting S.A., integrantes del Consorcio Supervisor Beta,
ganaran la buena pro del Concurso Público Nº 001-2014-MDI,
convocado por la Municipalidad Provincial de Ilabaya.
15. Atendiendo a ello, es que el TCE, mediante cédula de notificación
28309/2017.TCE, comunica a la empresa Project Consulting S.A. el
decreto de inicio de procedimiento administrativo sancionador, la
cual fue recibida el 29 de mayo de 2017, conforme se puede apreciar
de la Resolución 0642-2018-TCE-S4 (fojas 67). En ese sentido,
puesto que el 29 de mayo de 2017 se notificó a una de las empresas
integrantes del consorcio, es esa la fecha de inicio de plazo para la
caducidad, en los términos del artículo 237-A de la Ley 27444.
16. En consecuencia, si el procedimiento administrativo sancionador
inició el 29 de mayo de 2017, es evidente que no pudo estar dentro
de los alcances de la Quinta Disposición Complementaria Transitoria
del Decreto Legislativo 1272, puesto que este era de aplicación a los
procedimientos sancionadores en trámite al momento de su vigencia,
es decir, hasta el 22 de diciembre de 2016. Entonces, la caducidad se
computa desde el 29 de mayo de 2017, por un periodo de 9 meses,
hasta el 28 de febrero de 2018 en que debió culminar.
17. No obstante, el TCE recién emitió la Resolución 0642-2018-TCE-S4
el 5 de abril de 2018, es decir cuando ya había operado la caducidad;
de allí que el plazo de prescripción tampoco se ha suspendido o
interrumpido. En consecuencia, la presente demanda debe ser
estimada, por vulnerarse el derecho a la debida motivación, en su
manifestación del derecho al plazo legal.
El principio de culpabilidad y responsabilidad objetiva en derecho
administrativo sancionador
18. Una cuestión adicional aducida por la recurrente es la referida a la
aplicación del principio de culpabilidad en los procedimientos
administrativos sancionadores. Al respecto, este Tribunal ha dejado
sentado en reiteradas oportunidades que los principios de
culpabilidad, legalidad, tipicidad, entre otros, constituyen principios
básicos del derecho sancionador, que no sólo se aplican en el ámbito
del derecho penal, sino también en el del derecho administrativo
sancionador (cfr. sentencias emitidas en los Expedientes 02050-
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2002-PA/TC, 02192-2004-PA/TC, 00156-2012-PHC, 00020-2015-
PI/TC, entre otras).
19. Sin embargo, como está asentado en la doctrina, Huapaya, los
estándares sustantivos convencionalizados, a nivel del Sistema
Interamericano de Derechos Humanos, que determinan el ejercicio
de la potestad administrativa sancionadora, son:
a) Legalidad de la infracción: en estricto, solo la ley puede
establecer el límite de lo lícito y de lo ilícito, particularmente en
el ámbito de las infracciones administrativas, las cuales están
regidas por el principio de legalidad, en aplicación del artículo 9
de la CADH (Baena Ricardo y otros vs. Panamá, párrafo 106;
Vélez Loor vs. Panamá, párrafo 183).
b) Tipicidad: la Corte IDH la extrae del principio de legalidad,
particularmente en el párrafo 106 de Baena, cuando señala que
para aplicar una sanción debe comprobarse la “efectiva
existencia de una conducta ilícita”.
c) Irretroactividad de las normas sancionadoras: como un elemento
conexo a la legalidad, en Baena –así como en Vélez Loor-, la
Corte IDH ha desarrollado, desde el artículo 9 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos, el estándar de
irretroactividad en materia administrativa sancionadora.
d) Legalidad de la sanción: el alcance de la legalidad también es
predicable de las sanciones. Así, en López Lone vs. Honduras,
la Corte IDH enfatiza que las sanciones tienen que estar
predeterminadas de forma precisa, taxativa y previa (párrafo
259).
e) Proporcionalidad: La Corte IDH no lo ha reconocido de forma
expresa; sin embargo, en López Lone vs. Honduras establece que
las sanciones disciplinarias deben obedecer a un principio de
máxima gravedad1.
1 HUAPAYA TAPIA, Ramón, “La influencia de las sentencias de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos en la delimitación de principios constitucionales
comunes en materia de derecho administrativo sancionador para América Latina”. En:
La interamericanización del derecho administrativo en América Latina. Hacia un Ius
Commune. Von Bogddandy Armin, Morales Antoniazzi, Sánchez Sánchez, Zulima y
Juan Carlos Covilla (coords.), México, Instituto Max Planck de Derecho Público
Comparado y Derecho Internacional Público/UNAM/IECEQ, 2022, pp. 174-175.
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20. Específicamente, sobre el principio de culpabilidad en el derecho
administrativo sancionador, si bien es cierto este Tribunal en
anteriores sentencias ha declarado que la acción sancionable debe ser
imputada a título de dolo o culpa, lo que implicaría la prohibición de
la responsabilidad objetiva, ello no es una cuestión pacífica en la
doctrina. Así, Nieto afirma que:
La culpabilidad no es –contra lo que suelen afirmar gratuitamente
autores y jueces- un elemento esencial del Estado de Derecho actual
que, para empezar, ha establecido la responsabilidad objetiva de las
Administraciones Públicas para no dejar indefensos a los particulares
ante la agresividad de unas organizaciones gigantescas tomas de
decisiones. Pues si esto es así ¿qué decir de las modernas
organizaciones empresariales, opacas e impenetrables en las que es
imposible, territorial y personalmente, encontrar a la persona que
ordena cometer un ilícito? ¿Dónde estará la voluntad infractora? (…)2
21. Así, el Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento
Administrativo General, al desarrollar los principios de la potestad
sancionadora administrativa, en su artículo 248, numeral 10 prevé:
Culpabilidad.- La responsabilidad administrativa es subjetiva, salvo
los casos en que por ley o decreto legislativo se disponga la
responsabilidad administrativa objetiva.
22. En consecuencia, el principio de culpabilidad admite la excepción de
la responsabilidad objetiva, en el derecho administrativo
sancionador, conforme lo determinen leyes especiales.
La responsabilidad objetiva en la LCE y su Reglamento
23. A mayor abundamiento, el propio Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto Supremo 344-
2018-EF, en su artículo 258 establece la individualización de la
responsabilidad, para lo cual se consideran los criterios de: i)
Naturaleza de la infracción; ii) Promesa formal de consorcio; iii)
Contrato de consorcio; y iv) Contrato suscrito con la entidad.
24. Por último, no pasa inadvertido para este Tribunal Constitucional
2 NIETO GARCÍA, Alejandro, Derecho administrativo sancionador, Tecnos, Madrid,
2012, p.324.
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que las infracciones imputadas a Lagesa Ingenieros Consultores S.A.
(presentación de documentación falsa y conteniendo información
inexacta), se habrían cometido presuntamente durante los meses de
marzo, abril, mayo, junio, noviembre y diciembre de 2014; y enero,
febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, setiembre y octubre
de 2015, respectivamente. En ese sentido, se observa que el Decreto
Legislativo 1341 (el cual, modificando la Ley 30225, incorpora por
primera vez en el ámbito de la Contratación Pública en el Perú la
responsabilidad objetiva a fin de sancionar a aquellos proveedores,
postores, contratistas, subcontratistas, entre otros, que incurriesen en
las infracciones expresamente tipificadas en aquella), entró en
vigencia el 3 de abril de 2017. En consecuencia, partiendo de la
premisa de la fecha en que se habrían cometido las infracciones que
motivaron se instaure procedimiento sancionador a la demandante
(2014 y 2015), el Tribunal de Contrataciones del Estado carecía de
habilitación legal para determinar y atribuir responsabilidad objetiva
en los procedimientos sancionadores bajo su competencia.
25. La mención a las normas aplicables para determinar si correspondía
o no imponer sanción administrativa a la recurrente no es antojadiza,
por cuanto recién a partir del 3 de abril de 2017 (fecha en que
entró en vigencia el Decreto Legislativo 1341), se estableció
mediante norma con rango de ley (párrafo final, numeral 50.1,
artículo 50, del Decreto Legislativo N° 1341), que las infracciones
previstas en la Ley de Contrataciones del Estado serán determinadas
aplicando responsabilidad objetiva.
26. En tal orden de ideas, si la responsabilidad administrativa de Lagesa
Ingenieros Consultores S.A. fue determinada por el Tribunal de
Contrataciones del Estado aplicando la Ley de Contrataciones del
Estado, aprobada mediante Decreto Legislativo 1017, modificada
mediante Ley 29873 y la Ley de Contrataciones del Estado, Ley
30225 (antes de su modificación efectuada mediante Decreto
Legislativo 1341), y en ninguna de estas normas legales se
autorizaba al Tribunal de Contrataciones del Estado a aplicar
responsabilidad objetiva a efectos de dilucidar si correspondía
sancionar a los administrados, o no, resulta incuestionable que el
proceder del referido tribunal administrativo ha sido arbitrario e
inconstitucional.
27. En virtud de los fundamentos hasta aquí esbozados, la demanda debe
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ser declarada fundada.
Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que
le confiere la Constitución Política del Perú,
HA RESUELTO
1. Declarar FUNDADA la demanda de amparo. En consecuencia,
NULA la Resolución Nº 0642-2018-TCE-S4, de fecha 5 de abril de
2018 y NULA la Resolución Nº 0814-2018-TCE-S4, de fecha 2 de
mayo de 2018, emitidas por el Tribunal de Contrataciones del
Estado, con el pago de costos procesales.
2. ORDENAR al Tribunal de Contrataciones del Estado que emita
nuevo pronunciamiento.
Publíquese y notifíquese.
SS.
MORALES SARAVIA
PACHECO ZERGA
GUTIÉRREZ TICSE
DOMÍNGUEZ HARO
MONTEAGUDO VALDEZ
OCHOA CARDICH
PONENTE OCHOA CARDICH