Pleno. Sentencia 27/2023
EXP. N.° 02398-2022-PA/TC
LIMA ESTE
AJEPER SA
RAZÓN DE RELATORÍA
En la sesión del Pleno del Tribunal Constitucional, de fecha 31 de enero
de 2023, los magistrados Morales Saravia, Gutiérrez Ticse, Domínguez
Haro y Ochoa Cardich, han emitido la sentencia que resuelve:
1. Declarar FUNDADA la demanda de amparo, al haberse vulnerado los derechos
fundamentales a la prueba y a la debida motivación de las resoluciones
judiciales; en consecuencia, NULA la Resolución 26, de fecha 24 de marzo de
2014 (f. 52), expedida por la Sexta Sala Especializada en lo Contencioso
Administrativo Subespecialidad en temas Tributarios y Aduaneros; y NULA la
Sentencia CAS. 8160-2014-LIMA, de fecha 31 de enero de 2017 (f. 18),
expedida por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte
Suprema de Justicia La República, que declaró infundado el recurso de casación
interpuesto por AJEPER S.A. y, en consecuencia, no casaron la sentencia de
vista contenida en la Resolución 26, de fecha 24 de marzo de 2014 (fojas 52).
2. DISPONER que la Sexta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo
Subespecialidad en temas Tributarios y Aduaneros de la Corte Superior de
Justicia de Lima emita una nueva resolución cuya motivación observe lo
indicado en la presente sentencia.
3. Condenar al Poder Judicial al pago de los costos del proceso.
La magistrada Pacheco Zerga, en fecha posterior, comunicó que emite un
voto singular declarando fundada en parte la demanda de amparo e
infundada la demanda respecto a otro extremo.
Por su parte, el magistrado Monteagudo Valdez emitió un voto singular
por declarar improcedente la demanda en un extremo e infundada en
otro.
La Secretaría del Pleno deja constancia de que la presente razón encabeza
la sentencia y los votos antes referidos, y que los magistrados
intervinientes en el Pleno firman digitalmente al pie de esta razón en
señal de conformidad.
Flavio Reátegui Apaza
Secretario Relator
SS.
MORALES SARAVIA
PACHECO ZERGA
GUTIÉRREZ TICSE
DOMÍNGUEZ HARO
MONTEAGUDO VALDEZ
OCHOA CARDICH
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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
En Lima, a los 31 días del mes de enero de 2023, el Pleno del
Tribunal Constitucional, integrado por los magistrados Morales Saravia,
Pacheco Zerga, Gutiérrez Ticse, Domínguez Haro, Monteagudo Valdez
y Ochoa Cardich, pronuncia la siguiente sentencia, con los votos
singulares de la magistrada Pacheco Zerga y el magistrado Monteagudo
Valdez, que se agregan.
ASUNTO
Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Carlos
Zegarra Cuba y don Gabriel Espejo Zapata, abogados de la empresa
AJEPER S.A., contra la resolución de fojas 1318, de fecha 21 de marzo
de 2022, expedida por la Sala Civil Transitoria de Ate de la Corte
Superior de Justicia de Lima Este, que declaró infundada la demanda de
autos.
ANTECEDENTES
Mediante escrito presentado el 22 de mayo de 2018 (f. 87), la
empresa AJEPER S.A., representada por don Luis Miguel Bardales
Napurí, interpone demanda de amparo contra los jueces superiores
integrantes de la Sexta Sala Especializada en lo Contencioso con
Subespecialidad en Temas Tributarios y Aduaneros de la Corte Superior
de Justicia de Lima y los jueces supremos que conforman la Sala de
Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de
Justicia de la República. Solicita que se declare la nulidad de las
siguientes resoluciones judiciales: (i) Resolución 26, de fecha 24 de
marzo de 2014 (f. 52), que confirmó la sentencia de primer grado que
declaró infundada su demanda contencioso administrativa incoada en
contra del Tribunal Fiscal (Expediente 2399-2012); y, (ii) sentencia
casatoria de fecha 31 de enero de 2017 (f. 18), que declaró infundado su
recurso de casación (Casación 8160-2014 Lima).
Denuncia la violación de sus derechos fundamentales al debido
proceso, a obtener una resolución fundada en Derecho, a la debida
motivación de las resoluciones judiciales, a probar y a la igualdad, así
como la infracción del principio de legalidad. Así, afirma que las
resoluciones judiciales cuestionadas no se sustentaron en la
interpretación y aplicación adecuada de las normas vigentes, válidas y
pertinentes del orden jurídico para la solución razonable del caso.
Además, precisa que el derecho a obtener una resolución fundada en
Derecho fue vulnerado en dos oportunidades: cuando se aplicó una
norma indebida, esta es, la subpartida arancelaria incorrecta; y cuando se
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desconoció el artículo 241 del Código Procesal Civil, pese a su carácter
imperativo. En relación con la primera vulneración, alega que solicitó la
clasificación arancelaria de su producto Free Tea y la Administración
tributaria aplicó una norma impertinente, pues lo clasificó en la
subpartida 2202.10.00.00, correspondiente a los productos que contienen
agua, incluida el agua mineral y la gaseada, cuando la norma pertinente
era la subpartida arancelaria 2202.90.00.00. Acota que, en su momento,
las resoluciones judiciales insistieron en la aplicación de la norma
impertinente. Y respecto al segundo acto vulneratorio, asevera que el
artículo 241 del Código Procesal Civil exige, en forma imperativa, que
los documentos en idioma distinto al castellano deben presentarse
acompañados de su traducción oficial o de perito comprendido en el
artículo 268 del mismo dispositivo legal, sin lo cual no serán admitidos;
sin embargo, los documentos en otro idioma presentados por su
contraparte no estuvieron acompañados de una traducción oficial, sino
propia, lo que le resta certeza a la información que supuestamente
contiene.
Asimismo, en relación con el derecho a probar, sostiene que la
actividad probatoria estuvo condicionada a la norma impertinente
aplicada, esta es, la subpartida 2202.10.00.00, mas no a la norma
pertinente alusiva a la subpartida 2202.90.00.00. De este modo, aunque
formalmente se admitieron los medios probatorios, materialmente hubo
ausencia de pruebas respecto a la norma correcta. Igualmente, en cuanto
al derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales,
manifiesta que la ejecutoria suprema cuestionada incurre en defectos en
la determinación de la premisa externa, al partir de premisas erradas
fácilmente comprobadas, y de defectos en la determinación de la
premisa interna, al constatarse incoherencia narrativa, además de que
adolece de motivación incongruente. En relación con el derecho a la
igualdad, asevera que existió un trato diferenciado, toda vez que las
resoluciones concluyen en que el componente ―néctar de tamarindo‖ es
determinante para que el producto sea clasificado en la partida
2202.90.00.00; no obstante, trata distinto a los componentes del Free
Tea, pese a que son análogos al néctar de tamarindo, como lo es el ―té
avigo‖.
La demanda fue admitida a trámite por el Juzgado Civil
Transitorio de Lurigancho y Chaclacayo de la Corte Superior de Justicia
de Lima Este, mediante Resolución 1, de fecha 30 de mayo de 2018 (f.
120).
Don Óscar Rolando Lucas Asencios, procurador público adjunto
del Poder Judicial, contesta la demanda mediante escrito ingresado el 20
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de junio de 2018 (f. 137) y solicita que sea desestimada, al estar referida
a un derecho que carece de sustento constitucional directo.
Mediante Resolución 5, de fecha 29 de agosto de 2018 (f. 260), se
resolvió incorporar al presente proceso a la Superintendencia Nacional
de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), en calidad de
litisconsorte necesario pasivo. Y mediante Resolución 7, de fecha 24 de
octubre de 2018 (f. 309), se resolvió incorporar al presente proceso al
Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), también en calidad de
litisconsorte necesario pasivo.
A través del escrito presentado el 26 de octubre de 2018 (f. 453), el
procurador público de la Sunat absuelve el traslado de la demanda y
sostiene que debe ser desestimada, porque el propósito del presente
amparo es revisar el criterio jurisdiccional de los jueces demandados,
como si la justicia constitucional fuera una cuarta instancia de mérito.
Del mismo modo, por escrito presentado el 28 de noviembre de
2018 (f. 517), el procurador público del MEF contesta la demanda y
aduce que debe ser desestimada, porque las supuestas vulneraciones de
derechos fundamentales no se encuentran acreditadas.
El Juzgado Civil Transitorio de Lurigancho y Chaclacayo de la
Corte Superior de Justicia de Lima Este, a través de la Resolución 27, de
fecha 15 de setiembre de 2021 (f. 1027), declaró fundada la demanda,
tras considerar que los órganos jurisdiccionales han asumido como
válida una premisa incorrecta; esto es, que el té verde es un saborizante,
e incurren en otro vicio al no justificar esta afirmación. También,
incurren en irregularidad, al no haber valorado con razonabilidad el
acervo probatorio.
A su turno, la Sala Civil Transitoria de Ate del mismo distrito
judicial, por Resolución 20, de fecha 21 de marzo de 2022 (f. 1318),
revocó la decisión estimatoria apelada y, reformándola, declaró
infundada la demanda, por considerar que las resoluciones judiciales
cuestionadas sí han expresado las razones que justifican la clasificación
arancelaria.
FUNDAMENTOS
§1. Delimitación del petitorio
1. Conforme aparece del petitorio de la demanda, el objeto del
presente proceso constitucional es que se declare la nulidad tanto
de la Resolución 26, de fecha 24 de marzo de 2014 emitida por la
Sexta Sala Especializada en lo Contencioso con Subespecialidad
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en Temas Tributarios y Aduaneros de la Corte Superior de Justicia
de Lima (f. 52), mediante la cual se confirmó la sentencia de
primer grado que declaró infundada la demanda contencioso
administrativa incoada por AJEPER en contra del Tribunal Fiscal
(Expediente 2399-2012); como de la sentencia casatoria de fecha
31 de enero de 2017, expedida por la Sala de Derecho
Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de
Justicia de la República (f. 18), mediante la cual se declaró
infundado el recurso de casación (Casación 8160-2014 Lima). A
juicio de la demandante, ambas resoluciones judiciales vulneran
sus derechos fundamentales al debido proceso, a obtener una
resolución fundada en Derecho, a la debida motivación de las
resoluciones judiciales, a probar y a la igualdad, así como
transgreden el principio de legalidad.
2. Aunque como se aprecia, la empresa demandante invoca diversos
derechos y principios como presuntamente vulnerados, este
Colegiado juzga que lo concretamente atribuido a las cuestionadas
resoluciones es la falta de valoración de medios probatorios
idóneos aportados al proceso y que la fundamentación y decisión
del caso se basan en la premisa incorrecta de considerar al
producto Free Tea como una bebida análoga al agua aromatizada,
pues dicha premisa se sustentaría en hechos errados. En tal
sentido, lo expresado por la parte demandante está relacionado con
la vulneración del derecho a la prueba y con una deficiencia en la
motivación externa o de justificación de las premisas, el cual ha
sido delimitado del siguiente modo:
El control de la motivación también puede autorizar la actuación del
juez constitucional cuando las premisas de las que parte el Juez no
han sido confrontadas o analizadas respecto de su validez fáctica o
jurídica‖
(…)
Hay que precisar (…) que (…) no [se] puede reemplazar la actuación
del juez ordinario en la valoración de los medios de prueba, actividad
que le corresponde de modo exclusivo a éste, sino de controlar el
razonamiento o la carencia de argumentos constitucionales; bien para
respaldar el valor probatorio que se le confiere a determinados
hechos; bien tratándose de problemas de interpretación, para
respaldar las razones jurídicas que sustentan determinada
comprensión del derecho aplicable al caso. Si el control de la
motivación interna permite identificar la falta de corrección lógica en
la argumentación del juez, el control en la justificación de las
premisas posibilita identificar las razones que sustentan las premisas
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en las que ha basado su argumento. [Cfr. Sentencia emitida en el
Expediente 00728-2008-PHC/TC, fundamento 7].
3. Por tanto, este Tribunal Constitucional opina que no resulta de
aplicación la causal de improcedencia regulada en el inciso 1 del
artículo 7 del Nuevo Código Procesal Constitucional -actualmente
en vigor, que recoge en su integridad lo contemplado en el inciso 1
del artículo 5 del Código Procesal Constitucional, vigente en aquel
momento-, porque lo argumentado por la parte demandante
califica como una posición iusfundamental amparada por el
contenido constitucionalmente protegido del derecho fundamental
a la prueba y a la motivación de las resoluciones judiciales; por lo
que, este colegiado centrará su análisis en la presunta vulneración
a estos derechos fundamentales.
§2. Análisis sobre la aducida vulneración de derecho a la prueba
como manifestación del derecho a la tutela procesal efectiva
4. Resulta oportuno considerar que existe un derecho constitucional
a probar, que, aunque no es autónomo, se encuentra orientado por
los fines propios de la observancia del derecho al debido proceso y
lo que el Código Procesal Constitucional –tanto en su versión del
2004 como en la reciente del año 2021- denomina tutela procesal
efectiva. Como tal, constituye un derecho fundamental de los
justiciables de producir la prueba relacionada con los hechos que
configuran su pretensión o su defensa. Al amparo de este derecho
subjetivo, las partes o un tercero legitimado en un proceso o
procedimiento tienen el derecho a producir la prueba necesaria con
la finalidad de acreditar los hechos que configuran su pretensión, o
para ejercer del modo que resulte más conveniente su derecho de
defensa.
5. Así, por ejemplo, el artículo 188 del Código Procesal Civil
establece que ―Los medios probatorios tienen por finalidad
acreditar los hechos expuestos por las partes, producir certeza en el
Juez respecto de los puntos controvertidos y fundamentar sus
decisiones‖. Lo que supone que se trata de un derecho subjetivo
complejo que está compuesto por el derecho a ofrecer medios
probatorios que se consideren necesarios, a que estos sean
admitidos y adecuadamente actuados, a que se asegure la
producción o conservación de la prueba a partir de la actuación
anticipada de los medios probatorios y a que estos sean valorados
de manera adecuada y con la motivación debida, con el fin de darle
el mérito probatorio que tenga en la sentencia. La valoración de la
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prueba debe estar debidamente motivada por escrito, con la
finalidad de que el justiciable pueda comprobar si dicho mérito ha
sido efectivo y adecuadamente realizado (cfr. sentencia recaída en
el Expediente 06712-2005-PHC/TC).
6. La jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha asumido que un
proceso irregular es aquel en el cual -entre otros derechos- no se ha
respetado como garantía mínima a la prueba (cfr. sentencia emitida
en el Expediente 05374-2005-AA/TC, fundamento 6):
La existencia de un ‗procedimiento regular‘ se encuentra relacionada
con la existencia de un proceso en el que se hayan respetado garantías
mínimas tales como los derechos al libre acceso a la jurisdicción, de
defensa, a la prueba, motivación, a la obtención de una resolución
fundada en Derecho, la pluralidad de instancias, al plazo razonable
del proceso, a un juez competente, independiente e imparcial, entre
otros derechos fundamentales, por lo que un proceso judicial que se
haya tramitado sin observar tales garantías se convierte en un
‗proceso irregular‘ que no solo puede, sino que debe ser corregido por
el juez constitucional mediante el proceso de amparo.
7. En la misma dirección, el artículo 9 del Nuevo Código Procesal
Constitucional establece que el derecho a la tutela procesal
efectiva, comprende entre otros, el derecho a probar. Y la
jurisprudencia de este Tribunal en diversas ocasiones y desde
fecha muy temprana ha resaltado, entre uno de sus más
importantes elementos, la exigencia de una valoración probatoria
debida, como se puede apreciar en sentencias como las recaídas en
los Expedientes 0613-2003-PA/TC y 0917-2007-PA/TC.
8. La citada exigencia de valoración debida resulta particularmente
indispensable en el caso de autos, pues se imputa a los órganos
judiciales emplazados no haber merituado adecuadamente y en el
escenario del procedimiento administrativo seguido ante la
autoridad aduanera, al igual que en el subsiguiente proceso
contencioso administrativo, la discusión suscitada sobre la
clasificación arancelaria del producto Free Tea, y habrían omitido
también un análisis sobre los medios probatorios pertinentes
destinados a acreditar que los componentes del producto Free Tea
lo distinguían de los productos clasificados en la Subpartida
2202.10.00.00, y justificaban su clasificación en la Subpartida
2202.90.00.00.
9. Con relación al derecho a probar, la amparista aduce que
«materialmente» no hubo actividad probatoria a favor de la
clasificación de su producto en la Subpartida arancelaria
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2202.90.00.00. Así, solicitó la clasificación arancelaria de su
producto denominado Free Tea, sin embargo, la Administración
tributario-aduanera, aplicando una norma impertinente, procedió a
clasificarlo en la Subpartida Arancelaria 2202.10.00.00 (Agua,
incluidas el agua mineral y la gaseada, con adición de azúcar u
otro edulcorante o aromatizada), cuando lo que correspondía era la
Subpartida Arancelaria 2202.90.00.00, tomando en cuenta las
propiedades del producto en cuanto complemento alimenticio.
Ante tal circunstancia, procedió a interponer una demanda en
proceso contencioso-administrativo; empero, las resoluciones
judiciales emitidas en dicho proceso insistieron en la aplicación de
la norma impertinente y minimizaron la valoración de las pruebas
que permitían considerar las razones por las cuales el precitado
producto debía ser clasificado en una partida arancelaria distinta,
en atención no solo a su composición, sino y por sobre todo a sus
propiedades nutricionales. Asevera la recurrente que esta situación
se torna incluso mucho más polémica cuando, posteriormente, el
propio Tribunal Fiscal asumió una posición distinta a la
Administración tributaria-aduanera con relación al producto
denominado Cool Tea, cuyas propiedades son esencialmente
similares a Free Tea.
10. A juicio de este Colegiado, la clasificación adecuada del producto
Free Tea resulta de particular relevancia o pertinencia para
dilucidar la controversia planteada en la vía del proceso
contencioso administrativo. Como señala Devis Echandía:
Y a contrario sensu, se entiende por pertinencia o relevancia de la
prueba, la relación entre el hecho objeto de ésta y los fundamentos de
hecho de la cuestión por decidir, que permite a aquél a influir en la
decisión, sea de las pretensiones o excepciones del proceso
contencioso, de las declaraciones pedidas en el voluntario, o de la
cuestión debatida en el incidente, según el caso1. (Subrayado
agregado).
11. Y es que se trate de un producto equivalente a las gaseosas o
refrescantes (donde prevalece el agua potable común con adición
de azúcar u otro edulcorante, aromatizada con jugos o esencias de
frutas u otros frutos o extractos compuesto), o de un extracto
natural con beneficios de diversa índole (donde prevalece el té
verde o ―teavigo‖, que se utiliza como complemento alimenticio
por su propiedades antioxidantes, cardiovasculares, de control de
1
DEVIS ECHANDÍA, Hernando (1970) Teoría general de la prueba judicial. Tomo
I. Buenos Aires: Víctor P. de Zavalía, p. 343.
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peso, entre otros), no resulta muy razonable y es más bien
antitécnico, que la Administración se base en su sola y exclusiva
discrecionalidad, con la finalidad de clasificar al producto de la
recurrente en una determinada partida arancelaria. Esta situación
se evidencia como arbitraria, tanto más cuando el tribunal
administrativo especializado –en este caso el Tribunal Fiscal- ha
venido asumiendo una posición manifiestamente ambivalente
sobre la misma cuestión, conforme se acredita en las RTF N°
06869-3-2020 (AJEPER S.A.) del 18.11.2020 (Tomo 1, f. 1052),
RTF N° 08361-1-2020 (AJEPER S.A.) del 29.12.2020 (Tomo 1, f.
1085), RTF N° 3613-A-2021 (Caso Cool Tea-AJEPER S.A.) del
23.04.2021 (Tomo 1, f. 1042).
12. De este modo, se aprecia que, a pesar de que existiría una evidente
controversia sobre las características conforme a las cuales se
clasificaría un producto dentro de una u otra partida arancelaria,
las resoluciones judiciales objeto de cuestionamiento (tanto la
resolución de vista como la resolución suprema), han efectuado un
análisis notoriamente superficial sobre el reclamo planteado.
13. Así, debe precisarse que sobre esta cuestión, planteada en el
recurso de casación, la Sala suprema enumeró los siguiente
medios probatorios: (i) Informes 561-2009 y 422-2010-Sunat; (ii)
Informe Técnico titulado ―Bebida de Té‖; (iii) Opinión técnica de
la Sociedad Peruana de Nutrición; (iv) Estudio de investigación
llevado a cabo por el Centro Astbury de Biología Molecular
Estructural de la Facultad de Ciencias Biológicas de la
Universidad de Leeds; (v) Ficha técnica sobre el tratamiento del
agua utilizada para fabricar el Free Tea; (vi) Resolución de
clasificación arancelaria emitida por la Aduana Belga; (vii) las
declaraciones aduaneras de mercancías mediante las cuales fue
exportado el Free Tea a Bolivia; y, (viii) la Resolución de
Clasificación 0003A0000/2005-001070 para el ―Té avigo‖. En ese
sentido, mencionar las pruebas aportadas o enumerar su relación
detallada para luego no valorarlas debidamente a la luz de la
controversia planteada, equivale en la práctica a ignorarlas o
simplemente omitirlas.
14. En esa dirección, este Tribunal ha asumido que la vía del amparo
se abre en materia del derecho a la prueba cuando en la
resolución judicial se advierte vicios graves de razonamiento o
motivación (cfr. sentencia emitida en el Expediente 01637-2013-
PA/TC, fundamento 3); es decir que:
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Si bien a través del proceso de amparo el juez constitucional puede
examinar la presunta inconstitucionalidad de una resolución judicial,
este no puede subrogar al juez ordinario en la interpretación y
aplicación de las disposiciones legales, ni en la valoración o
calificación de hechos o pruebas. Así, el juez constitucional solo
puede revisar decisiones jurisdiccionales emitidas por la judicatura
ordinaria si estas contienen vicios graves de razonamiento o
motivación (cfr. sentencias emitidas en los Expedientes 00728-2008-
HC/TC, 00079-2008-PA/TC, entre otras) o errores o déficits de
interpretación constitucional (cfr. resoluciones emitidas en los
Expedientes 00649-2013-PA/TC, 02126-2013-PA/TC, entre otras
(subrayado agregado).
15. En este contexto, no es que los jueces ordinarios se encuentren en
la imperiosa obligación de convencerse sobre los hechos, con base
en la argumentación de al demandante, pero, cuando menos, se
encuentran en el deber de descartar la prueba como no pertinente o
irrelevante, fundándose en razones objetivas y no en una arbitraria
y apriorística valoración, como la que se observa manifiestamente
en el presente caso.
16. Así, no solo se advierte una evidente transgresión del derecho
subjetivo a probar, que comprende, entre otros, el deber de la
judicatura a la debida valoración de la prueba, sino y por extensión
una vulneración del derecho a la motivación de las resoluciones
judiciales, pues se aprecia en estas un manifiesto déficit en su
fundamentación, conforme se verá seguidamente.
§3. Análisis sobre la aducida violación del derecho fundamental a la
motivación de las resoluciones judiciales
17. Este Tribunal ha establecido que la exigencia de que las decisiones
judiciales sean motivadas garantiza que los jueces, cualquiera que
sea la instancia a la que pertenezcan, expresen el proceso mental
que los ha llevado a decidir una controversia, asegurando que el
ejercicio de la potestad de administrar justicia se haga con sujeción
a la Constitución y a la ley; pero también con la finalidad de
facilitar un adecuado ejercicio del derecho de defensa de los
justiciables (Cfr. sentencia emitida en el Expediente 01230-2002-
HC/TC, fundamento 11). De este modo, la motivación de las
resoluciones judiciales se revela tanto como un principio que
informa el ejercicio de la función jurisdiccional como un derecho
constitucional que asiste a todos los justiciables (Cfr. sentencia
emitida en el Expediente 08125-2005-HC/TC, fundamento10).
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18. La motivación debida de una resolución judicial, como ha
sostenido este Tribunal en su jurisprudencia, supone la presencia
de ciertos elementos mínimos en la presentación que el juez hace
de las razones que permiten sustentar la decisión adoptada. En
primer lugar, la coherencia interna, como un elemento que permite
verificar si aquello que se decide se deriva de las premisas
establecidas por el propio juez en su fundamentación. En segundo
lugar, la justificación de las premisas externas, como un elemento
que permite apreciar si las afirmaciones sobre hechos y sobre el
derecho hechas por el juez se encuentran debidamente sustentadas
en el material normativo y en las pruebas presentadas por el juez
en su resolución. En tercer lugar, la suficiencia, como un elemento
que permite apreciar si el juez ha brindado las razones que
sustenten lo decidido en función de los problemas relevantes
determinados por el juez y necesarios para la solución del caso. En
cuarto lugar, la congruencia, como un elemento que permite
observar si las razones expuestas responden a los argumentos
planteados por las partes. Finalmente, la cualificación especial,
como un elemento que permite apreciar si las razones especiales
que se requieren para la adopción de determinada decisión se
encuentran expuestas en la resolución judicial en cuestión (Cfr.
sentencia emitida en el Expediente 00728-2008-PHC/TC,
fundamento 7).
19. Mediante Sentencia CAS. 8160-2014-LIMA, de fecha 31 de enero
de 2017 [fojas 18], la Sala de Derecho Constitucional y Social
Permanente de la Corte Suprema declaró infundado el recurso de
casación interpuesto por AJEPER S.A.; en consecuencia, no
casaron la sentencia de vista contenida en la Resolución 26, de
fecha 24 de marzo de 2014 [fojas 52], tras determinar que el
producto Free Tea debe ser clasificado en la Subpartida
2202.10.00.00 (agua, incluidas agua mineral y la gaseada, con
adición de azúcar u otro edulcorante o aromatizada) y no en la
Subpartida 2202.90.00.00 (las demás). Para sustentar dicha
decisión la referida Sala expresó que:
6.4. Al respecto la sentencia recurrida [Resolución 26, de fecha 24 de
marzo de 2014] señala que:
(…)
iv) En el presente caso, nos encontrarnos ante un producto
que se constituye principalmente de agua (56,54%) con
adición, entre otros compuestos, azúcar (23,12%), extracto
de té verde (20%, que innegablemente cumple una función
aromatizante, pues brinda el olor y sabor) y ácido cítrico, le
corresponde ser clasificado en la subpartida nacional
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2202.10.00.00, debido a que las mercancías que comprende
dicha subpartida son las que más se asemejan al producto
[agua, incluidas agua mineral y la gaseada, con adición de
azúcar u otro edulcorante o aromatizada] (…).
De lo anotado trasciende que las reglas de interpretación han sido
utilizadas en la sentencia al realizar en el juicio de subsunción, a
efectos de establecer en que subpartida debe ser clasificado el
producto Free Tea, habiendo establecido que las mercancías que
comprende la subpartida 2202.10.00.00 son las que más se asemejan
a la bebida Free Tea; por lo que, considera le corresponde asignarle
dicha subpartida nacional (…).
6.9. (…) [E]l producto materia de clasificación es la bebida Free Tea,
según las premisas fácticas determinadas en la sentencia recurrida se
encuentra constituida principalmente de agua (56.54%), con adición
de, entre otros compuestos, azúcar (23.12%), extracto de té verde
(20%) y ácido cítrico, y en la cual la presencia del extracto de té
verde cumple una función aromatizante, pues brinda el olor y sabor
característicos a té. Siendo importante precisar que en la sentencia la
sentencia de vista se ha señalado que por aromatizar se entiende a la
adición de sabor, por lo que el agua aromatizada es aquella a la cual
se le ha añadido sabor.
6.10. De todo lo está aquí señalado, resulta que:
i) (…) El hecho que la bebida Free Tea esté compuesta por
elementos no considerados expresamente en el texto de la subpartida
nacional 2202.10.00.00 no conlleva a que la indicada mercancía sea
clasificada en la subpartida nacional 2202.90.00.00 (…).
ii) (…) [E]n dicha subpartida [2202.10.00.00] se clasifica el agua
aromatizada, por tanto, el agua con extracto de té verde, que
constituye el Free Tea, tiene mayor analogía con el agua aromatizada
(agua a la cual se le ha añadido sabor) correspondiente a la subpartida
nacional 2202.10.00.00, debido a que se tiene establecida como
premisa fáctica que el extracto de té verde cumple una función
aromatizante. (…).
6.13 (…) [L]a interpretación que se ha realizado en la recurrida es
que las propiedades de las mercancías o de sus compuestos no
resultan relevantes para realizar la clasificación arancelaria, por
cuanto no existe disposición, nota o recomendación que lo establezca
así, interpretación que resulta correcta (…).
Asimismo, se trasciende que en la sentencia recurrida sí se ha tenido
en cuenta la aseveración de la recurrente referida a que la bebida
Free Tea está compuesta por agua tratada, habiendo establecido que
dicha circunstancia referida al proceso de agua y las cualidades de
ésta, no resultan relevantes para la clasificación, lo cual resulta
correcto (…) (sic).
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AJEPER SA
20. Como se advierte, la Sala de Derecho Constitucional y Social
Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República
clasificó a la bebida Free Tea en la Subpartida 2202.10.00.00, por
considerar que el extracto de té verde que contiene cumple una
función aromatizante; por lo que dicha bebida es análoga al agua
aromatizada. En otras palabras, para la emplazada, i) el agua
aromatizada corresponde ser clasificada en la Subpartida
2202.10.00.00 y ii) la bebida Free Tea es análoga al agua
aromatizada; en consecuencia, a Free Tea le corresponde la
clasificación de la Subpartida 2202.10.00.00.
21. Toca ahora analizar la validez fáctica o jurídica de dichas
premisas. Así, se advierte que la premisa que considera a la bebida
Free Tea como análoga al agua aromatizada constituye una
premisa incorrecta, al no sustentarse en la realidad de los hechos.
Al respecto, conviene precisar que el Informe 561-2009-SUNAT-
3D0500, de fecha 6 de mayo de 2009 (véase escrito de fecha 10 de
octubre de 2022, corriente en el cuadernillo del Tribunal
Constitucional), emitido por la División de Laboratorio Central de
Sunat, expresa que la bebida Frea Tea está compuesta por extracto
de té verde, agua, azúcar, ácido cítrico, jarabe de azúcar,
saborizante natural, ácido cítrico, colorante color caramelo, citrato
de sodio y vitamina C. Asimismo, la Carta 340/2011/SOPENUT,
de fecha 10 de noviembre de 2011 (véase escrito de fecha 10 de
octubre de 2022, corriente en el cuadernillo del Tribunal
Constitucional), expedida por la Sociedad Peruana de Nutrición,
concluye que:
[L]as bebidas Free Tea y Free Tea Light pueden considerarse como
bebidas saludables, ya que el efecto que se alega del alimento o
componente alimentario constituido por las catequinas del extracto
del té verde y en particular por el elevado contenido de galato de
epigalocatequina (25 mg. por ración) puede ser beneficioso para la
salud humana en la disminución del riesgo de enfermedades
derivadas de estrés oxidativo, enfermedades cardiovasculares,
(Miyazawa, 2000), cáncer y procesos inflamatorios. Por sus
demostradas propiedades antioxidantes y antiinflamatorias
(Kurahashi et al 2008). Los numerosos estudios in vivo que vienen
desarrollándose sobre los efectos del consumo de té verde en la salud
evidencian sus propiedades funcionales (Cabrera et al 2006) y los
insumos empleados en su elaboración, cumplen con las Normas
CODEX STAN 192-1995 para los aditivos alimentarios.
22. Si bien la Sunat alega que el extracto de té verde, que contiene la
bebida Free Tea, cumple una función aromatizante que brinda el
olor y sabor, con ello no se desconoce sus componentes
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vitamínicos, así como sus propiedades antioxidantes y
antiinflamatorias, que la convierten en una bebida que mejora el
estado de salud. Así, para realizar la clasificación arancelaria de la
bebida Free Tea, su análisis debe ser integral y no parcial, es decir,
ha de comportar la verificación física y química de las
características de la bebida, y detallar si contiene, además de agua,
otros componentes que la lleven a cumplir una función distinta a la
del agua (vitamínica, nutricional, energizante, rehidratante,
antioxidante, etc.). En tal sentido, conforme a lo anotado en el
fundamento anterior, no resulta correcto asumir que la bebida Free
Tea constituye agua aromatizada (saborizada y/o edulcorada), pues
sus demás componentes adicionales la convierten en una bebida
que mejora la salud, que cumple funciones distintas a la del agua.
En el caso concreto, la cantidad de agua que pueda tener el
producto no puede ser determinante para su clasificación, toda vez
que -como se ha dicho- el producto en análisis contiene vitaminas
y té avigo, lo que convierte la bebida en saludable, por lo que debe
clasificarse en la Partida 2202.90.00.00.
23. En esta misma línea, con posterioridad, pero referido al producto
Free Tea, con fecha 31 de enero de 2019, la Dirección General de
Tributación y de Unión Aduanera de la Comunidad Europea
respondió a la Carta 152-2017-SUNAT/300000, de fecha 11 de
diciembre de 2017, a través de la cual la Sunat consulta sobre la
clasificación arancelaria de los productos denominados Free Tea y
Cool Tea (Véase escrito de fecha 10 de octubre de 2022 corriente
en el cuadernillo del Tribunal Constitucional). En dicha respuesta
se expresa que:
―The EU classifies the products 'Cool Tea' and 'Free Tea' in
subheading 2202.99 as 'other nonalcoholic beverages'. The EU notes
that the products in question are, due to the high amount of green tea
extract, beverages based on extracts from plants with added vitamins
that should have a positive influence on the health and wellbeing.
Therefore, the products differ from the flavoured or sweetened waters
and soft drinks of subheading 2202.10, which usually have a lower
percentage of tea extract.
(…)
The EU is of the opinion that 'Cool Tea' and 'Free Tea' should be
classified under subheading 2202.99 based on the arguments
mentioned above and invites your administration to consider these
arguments when classifying the products concerned, or taking the
matter to the WCO Secretariat for consideration at the Harmonized
System Committee‖.
―La UE clasifica los productos 'Cool Tea' y 'Free Tea' en la
subpartida 2202.99 [antes 2202.90] como 'otras bebidas no
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alcohólicas'. La UE señala que los productos en cuestión son, debido
a la gran cantidad de extracto de té verde, bebidas a base de extractos
de plantas con vitaminas añadidas que deberían tener una influencia
positiva en la salud y el bienestar. Por lo tanto, los productos se
diferencian de las aguas y refrescos saborizados o endulzados de la
subpartida 2202.10, que suelen tener un menor porcentaje de extracto
de té
(…)
La UE opina que 'Cool Tea' y 'Free Tea' deberían clasificarse en la
subpartida 2202.99 en base a los argumentos mencionados
anteriormente e invita a su administración a considerar estos
argumentos al clasificar los productos en cuestión, o llevar el asunto
a la Secretaría de la OMA para consideración en el Comité del
Sistema Armonizado‖ (traducción nuestra).
24. En concordancia con lo anterior, recientemente, el Tribunal Fiscal,
en la RTF 03613-A-2021, de fecha 23 de abril de 2021, ha resuelto
la apelación de AJEPER S.A. respecto de su producto Cool Tea
(denominación con la que exporta su producto), y expone que:
―[E]s verdad que según el proceso de obtención del producto materia
de clasificación arancelaria, se origina al agregar al agua tratada,
jarabe de azúcar, extracto de té verde, Teavigo, vitaminas C y E y
saborizante de limón, colorante caramelo, acidulantes y regulador de
acidez, composición que también constituye una bebida para
mantener la salud, lo cual evidencia que los principios activos que la
componen no tienen el propósito de dar al producto las características
de agua mineral de la que se encuentra en la naturaleza o tratada, sino
que buscan darle al producto las características de una bebida
compuesta a base de té verde y vitaminas. De manera tal que estas
características determinan que su clasificación arancelaria sea distinta
de la que corresponde a las aguas minerales artificiales que tienen
edulcorantes y aromatizantes, esto es, que se clasifique en la
Subpartida Nacional 2202.90.00.00 y no en la 2202.10.00.00.
Que asimismo, cabe precisar que las vitaminas no constituyen
componentes naturales del agua (común natural, o mineral), no
constituyen edulcorantes, ni tampoco aromatizantes, por ello, su
presencia en el producto materia de clasificación arancelaria hace que
se excluya su clasificación de la Subpartida 2202.10 y se incluya en
la Subpartida 2202.90.
Que como se puede apreciar el producto denominado comercialmente
BEBIDA DE TÉ VERDE SABOR LIMÓN "COOL TEA",
compuesta por agua tratada a la que se le agrega aromatizantes, té
verde y vitaminas, entre otros componentes, se trata de una bebida
para mejorar el estado de salud, razón por la cual, corresponde ser
clasificado en la Subpartida Nacional 2202.90.00.00 del Arancel de
Aduanas aprobado por Decreto Supremo Nº 238-2011-EF (…).
Que de otro lado, cabe reiterar que la clasificación arancelaria de la
mercancía materia de este caso en la Subpartida Nacional
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2202.90.00.00, responde a sus componentes, entre los que se
encuentran el té verde y vitaminas, los cuales no son componentes
del agua, más edulcorantes y aromatizantes (…)‖.
25. La premisa de que la bebida Free Tea es análoga al agua aromatizada
ha incurrido, entonces, en un vicio o déficit de motivación externa,
que la invalida, pues, conforme se ha establecido precedentemente,
constituye una premisa manifiestamente incorrecta, al sustentarse
en hechos errados. En tal sentido, la invalidez de la referida
premisa acarrea la invalidez de lo resuelto en las cuestionadas
resoluciones de autos. Consiguientemente, este Tribunal
Constitucional juzga que la demanda de autos resulta fundada,
pues se han vulnerado los derechos fundamentales a la prueba y a
la motivación de las resoluciones judiciales de la parte
demandante. En tal sentido, corresponde declarar la nulidad de: (i)
la Resolución 26, de fecha 24 de marzo de 2014 (f. 52), que
confirmó la sentencia de primer grado que declaró infundada la
demanda contencioso administrativa incoada por AJEPER S.A.
contra el Tribunal Fiscal (Expediente 2399-2012); y, (ii) la
sentencia casatoria de fecha 31 de enero de 2017 (f. 18), que
declaró infundado el recurso de casación interpuesto por la
recurrente (Casación 8160-2014 Lima). Asimismo, debe
disponerse que la Sexta Sala Especializada en lo Contencioso
Administrativo Subespecialidad en temas Tributarios y Aduaneros
de la Corte Superior de Justicia de Lima emita nuevo
pronunciamiento teniendo en cuenta lo expresado en la presente
sentencia.
26. Como consecuencia de la estimación de la demanda, corresponde
condenar a la demandada a la asunción de los costos del proceso,
en aplicación de lo previsto en el artículo 28 del Nuevo Código
Procesal Constitucional.
Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la
autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú,
HA RESUELTO
1. Declarar FUNDADA la demanda de amparo, al haberse
vulnerado los derechos fundamentales a la prueba y a la debida
motivación de las resoluciones judiciales; en consecuencia,
NULA la Resolución 26, de fecha 24 de marzo de 2014 (f. 52),
expedida por la Sexta Sala Especializada en lo Contencioso
Administrativo Subespecialidad en temas Tributarios y
Aduaneros; y NULA la Sentencia CAS. 8160-2014-LIMA, de
EXP. N.° 02398-2022-PA/TC
LIMA ESTE
AJEPER SA
fecha 31 de enero de 2017 (f. 18), expedida por la Sala de
Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte
Suprema de Justicia La República, que declaró infundado el
recurso de casación interpuesto por AJEPER S.A. y, en
consecuencia, no casaron la sentencia de vista contenida en la
Resolución 26, de fecha 24 de marzo de 2014 (fojas 52).
2. DISPONER que la Sexta Sala Especializada en lo Contencioso
Administrativo Subespecialidad en temas Tributarios y Aduaneros
de la Corte Superior de Justicia de Lima emita una nueva
resolución cuya motivación observe lo indicado en la presente
sentencia.
3. Condenar al Poder Judicial al pago de los costos del proceso.
Publíquese y notifíquese.
SS.
MORALES SARAVIA
GUTIÉRREZ TICSE
DOMÍNGUEZ HARO
OCHOA CARDICH
PONENTE DOMÍNGUEZ HARO
EXP. N.° 02398-2022-PA/TC
LIMA ESTE
AJEPER SA
VOTO SINGULAR DE LA MAGISTRADA
PACHECO ZERGA
Con el debido respeto por la opinión de mis colegas magistrados, emito
el presente voto singular por las siguientes consideraciones.
1. La demandante solicita que se declare la nulidad de las siguientes
resoluciones judiciales:
 Resolución 26, de 24 de marzo de 20142, que confirmó la
sentencia de primer grado que declaró infundada su demanda
contencioso administrativa incoada en contra del Tribunal Fiscal
(Expediente 2399-2012); y,
 Sentencia casatoria de 31 de enero de 20173, que declaró
infundado su recurso de casación (Casación 8160-2014 Lima).
2. Si bien es cierto en líneas generales, coincido con la ponencia en lo
que respecta al análisis sobre las vulneraciones de los derechos a la
prueba y a la motivación de las resoluciones judiciales y como
consecuencia de dicha evaluación declarar fundada la demanda,
resulta necesario precisar que la fundamentación acerca de la
transgresión al derecho a la motivación de las resoluciones
judiciales no puede tomar en cuenta aquellos documentos que
fueron emitidos con posterioridad a las resoluciones judiciales que
se cuestionan, pues lógicamente en dicha fecha no existían, por lo
que, evidentemente, no podía ser tomadas en cuenta por los órganos
jurisdiccionales del proceso subyacente.
3. En efecto, en la ponencia se citan los siguientes documentos:
 Respuesta de la Dirección General de Tributación y de Unión
Aduanera de la Comunidad Europea, de 31 de enero de 2019, a la
Carta 152-2017-SUNAT/300000, de 11 de diciembre de 2017, a
través de la cual la Sunat consulta sobre la clasificación
arancelaria de los productos denominados Free Tea y Cool Tea.
2
Folio 52
3
Folio 18
EXP. N.° 02398-2022-PA/TC
LIMA ESTE
AJEPER SA
 Resolución del Tribunal Fiscal 03613-A-2021, de 23 de abril de
2021, resuelve la apelación de AJEPER S.A., respecto de su
producto Cool Tea.
Estos documentos abonan en la tesis de la demandante, pero debe
quedar claro que no pueden servir para sustentar un déficit en la
motivación de las resoluciones judiciales cuestionadas porque
cuando éstas fueron expedidas, aún no existían tales documentos.
4. De otro lado, en relación con el derecho a la obtención de una
resolución fundada en Derecho, la recurrente también denunció la
inobservancia del artículo 241 del Texto Único Ordenado del
Código Procesal Civil, pues en el expediente administrativo obra un
documento redactado en idioma distinto al español sin una
traducción oficial sino de parte, pese a lo cual ha sido admitido y
valorado. Sobre esto, debe advertirse que, si bien consta que esto ha
sido comprendido en el recurso de casación interpuesto por la
amparista en el proceso ordinario subyacente, no se advierte que, en
su oportunidad, conforme a lo prescrito en la misma norma, la falta
de traducción hubiese sido impugnada. Por ello, debe desestimarse
la demanda en este extremo.
Por estas consideraciones considero que se debe:
1. Declarar FUNDADA en parte la demanda de amparo, al haberse
vulnerado el derecho fundamental a la prueba y a la debida
motivación de las resoluciones judiciales. En consecuencia, declarar
NULA la Resolución 26, de 24 de marzo de 2014, expedida por la
Sexta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo
Subespecialidad en temas Tributarios y Aduaneros; y, NULA la
Sentencia CAS. 8160-2014-LIMA, de 31 de enero de 2017,
expedida por la Sala de Derecho Constitucional y Social
Permanente de la Corte Suprema de Justicia La República que
declaró infundado el recurso de casación interpuesto por Ajeper
S.A. y, en consecuencia, no casaron la sentencia de vista contenida
en la Resolución 26, de 24 de marzo de 2014.
2. DISPONER que la Sexta Sala Especializada en lo Contencioso
Administrativo Subespecialidad en temas Tributarios y Aduaneros
de la Corte Superior de Justicia de Lima emita una nueva resolución
cuya motivación observe lo indicado en la presente sentencia.
3. ORDENAR al Poder Judicial al pago de los costos del proceso.
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AJEPER SA
4. Declarar INFUNDADA la demanda respecto a la alegada
vulneración al derecho a obtener una resolución fundada en
Derecho, en el extremo relativo a la inobservancia del artículo 241
del Texto Único Ordenado del Código Procesal Civil.
S.
PACHECO ZERGA
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AJEPER SA
VOTO SINGULAR DEL MAGISTRADO
MONTEAGUDO VALDEZ
Emito el presente voto porque no comparto lo resuelto por la
mayoría de mis colegas. En ese sentido, me referiré a las razones por las
cuales considero debe desestimarse la presente demanda de amparo.
Antecedentes del caso
Con fecha 22 de mayo de 2018 (f. 87), la empresa AJEPER SA,
representada por don Luis Miguel Bardales Napurí, interpone demanda
de amparo contra los jueces superiores integrantes de la Sexta Sala
Especializada en lo Contencioso con Subespecialidad en Temas
Tributarios y Aduaneros de la Corte Superior de Justicia de Lima y los
jueces supremos que conforman la Sala de Derecho Constitucional y
Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República,
solicitando que se declare la nulidad de la Resolución 26, de fecha 24 de
marzo de 2014, que confirmó la sentencia de primer grado que declaró
infundada su demanda contencioso administrativa incoada en contra del
Tribunal Fiscal (Expediente 2399-2012); y, de la sentencia casatoria de
fecha 31 de enero de 2017, que declaró infundado su recurso de casación
(Casación 8160-2014 Lima). Al respecto, denuncia la violación de sus
derechos fundamentales al debido proceso, a obtener una resolución
fundada en derecho, a la debida motivación de las resoluciones
judiciales, a probar, a la igualdad y también invoca la infracción del
principio de legalidad.
Alega que las resoluciones judiciales cuestionadas no se
sustentaron en la interpretación y aplicación adecuada de las normas
vigentes, válidas y pertinentes del orden jurídico para la solución
razonable del caso. Además, precisa que el derecho a obtener una
resolución fundada en derecho fue vulnerado en dos oportunidades,
cuando se aplicó una norma indebida, esta es, la subpartida arancelaria
incorrecta; y cuando se desconoció el artículo 241 del Código Procesal
Civil, pese a su carácter imperativo. En relación con la primera
vulneración, alega que solicitó la clasificación arancelaria de su producto
Free Tea y la administración tributaria aplicó una norma impertinente,
pues lo clasificó en la subpartida 2202.10.00.00, correspondiente a los
productos que contienen agua, incluida el agua mineral y la gaseada,
cuando la norma pertinente era la subpartida arancelaria 2202.90.00.00.
Acota que, en su momento, las resoluciones judiciales insistieron en la
aplicación de la norma impertinente. Y respecto al segundo acto
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vulneratorio, sostiene que el artículo 241 del Código Procesal Civil
exige, en forma imperativa, que los documentos en idioma distinto al
castellano deben presentarse acompañados de su traducción oficial o de
perito comprendido en el artículo 268 del mismo dispositivo legal, sin lo
cual no serán admitidos; sin embargo, los documentos en otro idioma
presentados por su contraparte no estuvieron acompañados de una
traducción oficial, sino propia, lo que le resta certeza a la información
que supuestamente contiene.
Asimismo, en relación con el derecho a probar, sostiene que la
actividad probatoria estuvo condicionada a la norma impertinente
aplicada, esta es, la subpartida 2202.10.00.00, mas no a la norma
pertinente alusiva a la subpartida 2202.90.00.00. De este modo, aunque
formalmente se admitieron los medios probatorios, materialmente hubo
ausencia de pruebas respecto a la norma correcta. Igualmente, en cuanto
al derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales, sostiene
que la ejecutoria suprema cuestionada incurre en defectos en la
determinación de la premisa externa, al partir de premisas erradas
fácilmente comprobadas, y de defectos en la determinación de la premisa
interna, al constatarse incoherencia narrativa, además de que adolece de
motivación incongruente.
Finalmente, la demandante alega que el órgano supremo
emplazado ha vulnerado su derecho a la igualdad. Refiere que, al
verificar en qué subpartida arancelaria corresponde clasificar a su
producto Free Tea le otorgó un trato diferente sin justificación, toda vez
que un producto análogo y de similar composición como lo es la bebida
Guru Iced Tea fue clasificado correctamente en la subpartida
2202.90.00.00; sin embargo, en su caso, Free Tea fue clasificado
erróneamente en la subpartida arancelaria 2202.10.00.00. Al respecto,
señala que ambas bebidas tienen una composición adicional y es esta
característica la que explica su clasificación en la subpartida
2202.90.00.00. No obstante, advierte que en la resolución casatoria se
concluye erróneamente que los componentes adicionales de la bebida
Guru Iced Tea son distintos a los de su bebida Free Tea, por lo que al no
ser equiparables no pueden recibir el mismo tratamiento por parte de la
autoridad, justificando así la inexistencia de un trato desigual en su caso.
En tal sentido, considera que al validarse la incorrecta clasificación
arancelaria otorgada en su oportunidad por la intendencia nacional de
técnica aduanera a su producto Free Tea, el órgano supremo emplazado
ha vulnerado con esta decisión su derecho a la igualdad.
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Delimitación del petitorio y determinación de la controversia
El objeto del presente amparo es que se declare la nulidad de la
Resolución 26, de fecha 24 de marzo de 2014 (f. 52), expedida por la
Sexta Sala Especializada en lo Contencioso con Subespecialidad en
Temas Tributarios y Aduaneros de la Corte Superior de Justicia de Lima,
que confirmó la sentencia de primer grado que declaró infundada la
demanda contencioso administrativa incoada por la empresa AJEPER
SA en contra del Tribunal Fiscal (Expediente 2399-2012); y, de la
sentencia casatoria de fecha 31 de enero de 2017 (f. 18), emitida por la
Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte
Suprema de Justicia de la República, que declaró infundado el recurso de
casación interpuesto por la empresa amparista (Casación 8160-2014
Lima). Se alega que estas decisiones han vulnerado los derechos
fundamentales de la recurrente al debido proceso, a obtener una
resolución fundada en derecho, a la debida motivación de las
resoluciones judiciales, a probar y a la igualdad, a la vez que contraviene
el principio de legalidad.
No obstante, en relación con el aludido principio de legalidad, la
amparista no ha ofrecido una fundamentación clara, precisa y ordenada
que permita entrever su eventual contravención, razón por la cual
considero que este extremo de la demanda deviene en improcedente.
Y, en lo que corresponde al derecho a la igualdad, como ya se ha
referido, la demandante alega que el órgano supremo emplazado al
verificar en qué subpartida arancelaria corresponde clasificar a su
producto Free Tea le otorgó un trato diferente sin justificación, toda vez
que un producto análogo y de similar composición como lo es la bebida
Guru Iced Tea fue clasificado correctamente en la subpartida
2202.90.00.00, sin embargo, en su caso, Free Tea fue clasificado
erróneamente en la subpartida arancelaria 2202.10.00.00. Al respecto,
señala que ambas bebidas tienen una composición adicional y es esta
característica la que explica su clasificación en la subpartida
2202.90.00.00. No obstante, advierte que en la resolución casatoria se
concluye erróneamente que los componentes adicionales de la bebida
Guru Iced Tea son distintos a los de su bebida Free Tea, por lo que al no
ser equiparables no pueden recibir el mismo tratamiento por parte de la
autoridad, justificando así la inexistencia de un trato desigual en su caso.
En tal sentido, considera que al validarse la incorrecta clasificación
arancelaria otorgada en su oportunidad por la intendencia nacional de
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técnica aduanera a su producto Free Tea, el órgano supremo emplazado
ha vulnerado con esta decisión su derecho a la igualdad.
A este respecto, verifico que los jueces supremos con el objeto de
justificar su decisión han argumentado que la recurrente no ofreció un
parámetro de comparación válido para determinar si el trato diferenciado
otorgado por la autoridad administrativa constituye o no una vulneración
a su derecho de igualdad, toda vez que dada la composición química de
Guru Iced Tea, esta es una bebida energética o estimulante, a diferencia
del producto Free Tea que, de acuerdo a lo expuesto en el Informe 561-
2009-SUNAT/3D0500 emitido por la División de Laboratorio Central de
la Sunat, es una bebida refrescante.
En efecto, de la cuestionada sentencia de fecha 31 de enero de
2017 (Casación 8160-2014 Lima), se advierte que la Sala de Derecho
Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de
la República argumentó lo siguiente:
CUARTO: Denuncia de infracción al derecho de igualdad y al
principio de predictibilidad.
4.1. Del sustento de la causal resulta que la denuncia de infracción al
derecho a la igualdad y al principio de predictibilidad, se argumenta
en que: i) la bebida Guru Iced Tea (Green Tea Honey Lemon), que
contiene ingredientes que le otorgan característica específicas y
diferenciadoras de las bebidas de la sub partida nacional N°
2202.10.00.00 (la cual solo tiene la característica de ser edulcorantes y
saborizantes) al igual que el ―Free Tea‖ fue clasificada en la subpartida
nacional N° 2202.90.00.00, por tanto a igual fundamento técnico
corresponde igual asignación de la subpartida arancelaria;
(…)
4.4. En lo que corresponde al primer argumento que sustenta la
causal, en el décimo quinto considerando , literal iii), de la sentencia
recurrida, se ha determinado que la Resolución de Intendencia
Nacional N° 0003A0000/200 1- 001659, del diez de setiembre de dos
mil once, se refiere a otro producto, precisando a pie de página que el
producto consistente en la bebida denominada Guru Iced Tea,
clasificada en la subpartida arancelaria N° 2202.90.00.00 por ser
considerada energética o estimulante; resultando que la impugnada ha
determinado como premisa fáctica referida a que la bebida denominada
Guru Iced Tea, es una bebida energética o estimulante.
4.5. Por otro lado, como se ha descrito en el punto 2.4.1. de la presente
resolución, en la sentencia impugnada se ha determinado que según el
Informe N° 561-2009- SUNAT/3D0500 la bebida Free Tea es una
bebida refrescante.
4.6. De lo detallado se advierte, que la recurrente no ha aportado un
parámetro de comparación vál ido para determinar si el trato
diferenciado constituye una afectación al derecho de igualdad en la
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aplicación de la ley, en tanto los supuestos de hecho son sustancialmente
Diferentes, por lo que la respuesta jurídic a del órgano administrativo es
diferente, en tanto no existe igual fundamento técnico entre las
bebidas Guru Iced Tea y Free Tea como sostiene la parte recurrente ,
pues como ha determinado fácticamente la sentencia recurrida , la bebida
Guru Iced Tea es una bebida energética o estimulante y la bebida
Free Tea es una bebida refrescante, diferencia que según lo precisado
en la impugnada ha determinado que la primera bebida sea clasificada en
el subpartida arancelaria N° 2202.90.00.00.
4.7. En ese sentido, debido a que el derecho a la igualdad, admite
tratamientos diferenciados entre desiguales, y siendo que en este caso no
existe elementos para determinar igualdad entre los productos señalados,
se presenta una justificación razonada en el tratamiento desigual , y
en cuanto al principio de predictibilidad debido a la base fáctica
señalada por la insta ncia de mérito, no se advierte que sean los
mismos productos que lleve a la misma solución jurídica.
Como se conoce, es uniforme, pacífico y reiterado el criterio del
Tribunal Constitucional en virtud del cual, ―no toda desigualdad
constituye necesariamente una discriminación, pues no se proscribe todo
tipo de diferencia de trato en el ejercicio de los derechos fundamentales;
la igualdad solamente será vulnerada cuando el trato desigual carezca de
una justificación objetiva y razonable (...). La aplicación, pues, del
principio de igualdad, no excluye el tratamiento desigual; por ello, no se
vulnera dicho principio cuando se establece una diferencia de trato,
siempre que se realice sobre bases objetivas y razonables‖ (cfr.
Expedientes 00048-2004-PI, fundamento 61 y 00012-2010-PI,
fundamento 5).
A efectos de ingresar en el análisis de si ha existido o no un trato
desigual, se precisa, en primer término, la comparación de dos
situaciones jurídicas; a saber, aquella que se juzga recibe el referido
trato, y aquella otra que sirve como término de comparación (tertium
comparationis) para juzgar si, en efecto, se está ante una violación de la
cláusula constitucional de igualdad.
Asimismo, es preciso que la situación jurídica que se propone
como término de comparación presente ciertas características. La
primera de ellas tiene que ver con su validez. El empleo del tertium
comparationis presupone su conformidad con el ordenamiento jurídico.
No ha de tratarse de un término de comparación que, por las razones que
fueran, se encuentre prohibido, por ejemplo, por la Constitución (cfr.
Expediente 00019-2010-PI/TC, fundamento 16). Es preciso, igualmente,
que el tertium comparationis sea idóneo. El requisito de idoneidad del
término de comparación hace referencia a la necesidad de que este
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represente una situación jurídica o fáctica que comparta una esencial
identidad, en sus propiedades relevantes, con el trato que se denuncia.
Tal identidad no alude a la mismidad de rasgos entre las dos
situaciones que se comparan, sino al hecho de que se traten de
situaciones que puedan ser jurídicamente equiparables. Entre lo que se
compara y aquello con lo cual este es comparado, han de existir
cualidades, caracteres, rasgos o atributos comunes. La inexistencia de
caracteres comunes entre uno y otro impide que se pueda determinar una
intervención sobre el principio-derecho de igualdad (cfr. Expedientes
00019-2010-PI/TC, fundamento 15; 00017-2010-PI/TC, fundamentos 4
y 5; 00022-2010-PI/TC, fundamentos 15 y 18).
Por ello, es tarea de quien cuestiona una infracción a dicho
principio-derecho proceder con su identificación, así como con la
aportación de razones y argumentos por las que este debería considerarse
como un tertium comparationis válido e idóneo (cfr. Expedientes 00031-
2004-PI/TC, fundamento 16; 00008-2004-PI/TC, fundamentos 131 y
132; 00015-2002-PI/TC; 000640-2011-PA/TC, fundamento 5; 003931-
2010-PA/TC, fundamento 6). Y puesto que de la validez e idoneidad del
término de comparación depende la determinación (o no) de una
intervención injustificada en la igualdad, su análisis se presenta como un
prius a la determinación de su lesividad.
La demandante alega que la bebida Guru Iced Tea así como su
bebida Free Tea contienen características específicas y diferenciadoras,
es decir, una composición adicional a la que contienen las bebidas que se
clasifican en la subpartida 2202.10.00.00; sin embargo, la autoridad
administrativa solo ha clasificado a la bebida Guru Iced Tea en la
subpartida 2202.90.00.00, otorgándole, por tanto, un trato desigual a su
producto Free Tea al haberlo clasificado en la subpartida arancelaria
2202.10.00.00 y no haber seguido el mismo criterio técnico.
De las Resoluciones de Intendencia Nºs 0003A0000/2010-000739,
de fecha 2 de setiembre de 2010 y 0003A0000/2011-001659, de fecha
10 de noviembre de 2011, mediante las cuales Sunat, respectivamente,
otorgó la clasificación arancelaria a las bebidas Free Tea y Guru Iced
Tea, se observa lo siguiente:
FREE TEA GURU ICED TEA
En el Informe del Laboratorio En el Informe del Laboratorio
Químico Central de la Aduana Químico Central de la Aduana
Marítima del Callao se concluye: Marítima del Callao se concluye:
- Descripción del producto: - Descripción del producto:
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Líquido transparente de color Líquido gasificado de color
ámbar claro, de olor y sabor ámbar, olor característico a
característico a té. extractos vegetales.
- Composición química: - Composición química: Agua
Extracto de té verde, agua, carbonada, jugo orgánico
OPINIÓN TÉCNICA azúcar, ácido cítrico, jarabe de concentrado de caña y limón,
azúcar, saborizante natural, sabores naturales, ácido cítrico,
colorante color caramelo (E- extractos de té verde, de té negro,
150), citrato de sodio y de semilla de guaraná, de hoja de
vitamina C. Grado alcohólico ginkgo biloba, de flor de
volumétrico < 0.5% echinacea y de raíz de panax
- Uso: Consumo humano, bebida ginseng. PH: 3,5; Brix: 10,9;
refrescante. Cafeína: 379 ppm; CO: 2.41%
2
- Uso: Bebida para consumo
humano.
- Conclusión: Bebida gaseada
conteniendo jugos, extractos
vegetales, con contenido de
cafeína de 379 ppm, usada para
consumo humano directo.
―Que la subpartida 2202.10, ―En este caso, el producto a
comprende a las bebidas que clasificar, al contener en su
consisten en agua potable común, composición: agua carbonatada, jugo
incluso con adición de azúcar u concentrado de caña y de limón,
otro edulcorante, aromatizada con sabores naturales, ácido cítrico y
jugos (zumos) o esencias de extractos de plantas vegetales (té
frutas u otros frutos o extractos verde, té negro, hoja de gingko
compuestos; en tanto que la biloba, flor de echinacea, raíz de
subpartida 2202.90, comprende a panax ginseng y semilla de guaraná),
aquellas bebidas no alcohólicas es susceptible de ser clasificado en
con características distintas a las esta subpartida; sin embargo, de
JUSTIFICACIÓN DE señaladas en la subpartida acuerdo al análisis químico, se tiene
LA CLASIFICACIÓN anterior. Ante una consulta que el extracto de semilla de guaraná
formulada por nuestra aporta al producto un contenido de
Administración, la Dirección de cafeína de 379 ppm, valor que supera
Asuntos Comerciales y Aranceles las 200 ppm de cafeína como
de la Organizació n Mundial de máximo, establecida para las bebidas
Aduanas, emitió opinión al jarabeadas gasificadas (tipo colas)
respecto mediante Carta por la Food and Drug Administration
09NL0095-kitij, entendiendo que (FDA) y la Norma Técnica Peruana,
el producto materia de consulta es ITINTEC 214.001.1985 ―BEBIDAS
una bebida con adición de GASIFICADAS JARABEADAS.
edulcorantes, saborizante con Requisitos‖, por lo tanto, le otorga al
extracto de té verde y otros producto la consideración de una
ingrediente (vitaminas y sales bebida estimulante o energizante que
minerales) de la subpartida conjuntamente con los extractos de
2202.10; en consecuencia, el gingko biloba, flor de echinacea y
producto denominado “FREE raíz de panax ginseng incrementan el
TEA”, es una bebida no estado de alerta, vigorosidad y
alcohólica que se clasifica en la resistencia física. El extracto de
subpartida nacional semilla de guaraná excede a las
2202.10.00.00, en aplicación de la características de un ingrediente
1ra y 6ta Reglas Generales de aromatizante o saborizante de las
Interpretación de la Nomenclatura bebidas de la subpartida 2202.10, en
del Arancel de Aduanas, tal sentido, siendo la naturaleza de
aprobado por D.S. N° 017-2007- las bebidas energéticas diferentes a
EF.‖ las bebidas denominadas
refrescantes, se excluye de la
subpartida señalada y se clasifica en
la subpartida 2202.90, y por
consiguiente en la subpartida
nacional 2202.90.00.00, en
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aplicación de la 1ra y 6ta Reglas
Generales para la Interpretación de la
Nomenclatura de Arancel de
Aduanas, aprobado por D.S. Nº 017-
2007-EF.‖ (subrayado agregado)
Resuelve clasificar al producto Resuelve clasificar al producto
CLASIFICACIÓN denominado comercialmente denominado comercialmente Guru
ARANCELARIA Free Tea en la sub partida Iced Tea en la sub partida nacional
2202.10.00.00, en aplicación de la 2202.90.00.00, en aplicación de la 1º
1º4 y 6º5 reglas generales de y 6º reglas generales de
interpretación de la Nomenclatura interpretación de la Nomenclatura de
de Arancel de Aduanas aprobado Arancel de Aduanas aprobado por
por DS 017-2007-EF. DS 017-2007-EF.
Al respecto, cabe advertir, en primer lugar, que la clasificación
arancelaria otorgada por Sunat a las bebidas Free Tea y Guru Iced Tea
fue ratificada en su oportunidad por el Tribunal Fiscal.
Ahora bien, como puede observarse, al calificar la bebida Guru
Iced Tea, Sunat preliminarmente concluye que dada la composición base
de esta bebida, esto es, agua, azúcar, saborizantes y extractos de distintas
hojas, corresponde que Guru Iced Tea sea clasificada en la subpartida
arancelaria 2202.10.00.00. Sin embargo, de acuerdo a los resultados
obtenidos del análisis químico que le fuera realizado, el alto valor de
cafeína que le aporta el extracto de semilla de guaraná convierte a Guru
Iced Tea en una bebida energizante, por lo que, conforme a lo
establecido en la nota complementaria nacional del Capítulo 22 del
Decreto Supremo 017-2007-EF [―En la subpartida nacional
2202.10.00.00 Se entiende por agua, incluida el agua mineral y la
gaseada, con adición de azúcar u otro edulcorante o aromatizada,
también aquella a la cual se le ha adicionado vitaminas, fibras solubles u
otras sustancias que no modifiquen su carácter esencial (función
principal) de refrescar o de aliviar la sed.‖ (subrayado agregado)], queda
excluida de la subpartida 2202.10.00.00 y corresponde clasificarla en la
subpartida arancelaria 2202.90.00.00 al no tener la naturaleza de bebida
refrescante.
4 ―1. Los títulos de las Secciones, de los Capítulos o de los Subcapítulos solo tienen un valor
indicativo, ya que la clasificación está determinada legalmente por los textos de las partidas y de
las Notas de Sección o de Capítulo y, si no son contrarias a los textos de dichas partidas y Notas,
de acuerdo con las Reglas siguientes: (…)‖
5 ―6. La clasificación de mercancías en las subpartidas de una misma partida está determinada
legalmente por los textos de estas subpartidas y de las Notas de subpartida así como, mutatis
mutandis, por las Reglas anteriores, bien entendido que solo pueden compararse subpartidas del
mismo nivel. A efectos de esta Regla, también se aplican las Notas de Sección y de Capítulo,
salvo disposición en contrario.‖
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Como se refirió supra, de la validez e idoneidad del término de
comparación depende la determinación (o no) de una intervención
injustificada en la igualdad. En el presente caso, advierto que el órgano
supremo emplazado al justificar su decisión explica que la empresa
demandante no ha ofrecido un tertium comparationis válido e idóneo,
ello, porque Free Tea y Guru Iced Tea, tal como ha quedo expuesto, son
bebidas que tienen distinta naturaleza; de ahí que al tratarse de supuestos
que no son equiparables no es posible verificar la presunta intervención
en el derecho a la igualdad alegado por la demandante.
No obstante, corresponde señalar también que en su escrito de
recurso de agravio constitucional, la empresa accionante advirtió que
mediante Resolución Nº 03613-A-2021, de fecha 23 de abril de 2021, el
Tribunal Fiscal clasificó al producto Cool Tea, que tiene la misma
composición que la bebida Free Tea, en la subpartida arancelaria
2202.90.00.00; por lo que solicitó al Tribunal Constitucional que este
nuevo parámetro comparativo se tome en consideración al momento de
emitir sentencia.
Al respecto, resulta pertinente recordar que tratándose del amparo
contra resoluciones judiciales, como lo es el presente caso, el control de
constitucionalidad recae sobre la labor jurisdiccional realizada por los
jueces materializada en sus resoluciones. En tal sentido, en el caso bajo
análisis, se somete a control constitucional las decisiones judiciales
(superior y suprema) que fueron expedidas en el proceso contencioso
administrativo que en su oportunidad siguió la demandante cuestionando
la clasificación arancelaria otorgada por la autoridad administrativa a su
producto Free Tea y que, como se sabe, concluyó en el año 2017. Por
tanto, no es posible atender el pedido de la accionante ya que la citada
resolución del Tribunal Fiscal no estuvo a la vista de los órganos
jurisdiccionales emplazados cuando expidieron las decisiones que aquí
se cuestionan.
Como nota adicional, debo señalar que en la audiencia pública
realizada el 29 de setiembre de 2022, la defensa de la Sunat indicó que
actualmente está en curso un proceso contencioso administrativo donde
se discute la validez jurídica de la clasificación arancelaria hecha por el
Tribunal Fiscal sobre la bebida Cool Tea que se encuentra plasmada en
la citada Resolución Nº 03613-A-2021.
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Por las razones expuestas, considero que este extremo de la
demanda referido a la supuesta vulneración del derecho a la igualdad
deviene en improcedente.
Sobre el derecho a la obtención de una resolución fundada en derecho y
el derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales
Por un lado, el derecho constitucional a obtener una resolución
fundada en derecho es un componente del derecho al debido proceso,
reconocido en el artículo 139, inciso 5 de la Constitución. Este derecho
garantiza que las partes en cualquier clase de proceso o procedimiento
obtengan una resolución sustentada en la interpretación y aplicación
adecuada de las normas vigentes, válidas y pertinentes del orden jurídico
para la solución razonable del caso, de modo que la decisión en ella
contenida sea una conclusión coherente y razonable de tales normas.
Ello implica que los órganos judiciales ordinarios deben fundar sus
decisiones interpretando, aplicando o sin dejar de aplicar el conjunto de
normas pertinentes del orden jurídico para la solución razonable del
caso, y desechar las normas derogadas, las incompatibles con la
Constitución o las impertinentes para dilucidar el asunto. Ahora bien,
como es evidente, no todo ni cualquier acto de interpretación, aplicación
o inaplicación del derecho por el órgano judicial supone
automáticamente una afectación del derecho a obtener una resolución
fundada en derecho. Para ello es necesario que exista o se constate un
agravio que en forma directa y manifiesta comprometa seriamente este
derecho, de modo tal que lo convierta en una decisión judicial
inconstitucional.
Por otra parte, el Tribunal Constitucional ha establecido que la
exigencia de que las decisiones judiciales sean motivadas garantiza que
los jueces, cualquiera que sea la instancia a la que pertenezcan, expresen
el proceso mental que los ha llevado a decidir una controversia,
asegurando que el ejercicio de la potestad de administrar justicia se haga
con sujeción a la Constitución y a la ley; pero también con la finalidad
de facilitar un adecuado ejercicio del derecho de defensa de los
justiciables (cfr. sentencia recaída en el Expediente 01230-2002-HC/TC,
fundamento 11). De este modo, la motivación de las resoluciones
judiciales se revela tanto como un principio que informa el ejercicio de
la función jurisdiccional, cuanto como un derecho constitucional que
asiste a todos los justiciables (cfr. sentencia recaída en el Expediente
08125-2005-HC/TC, fundamento 10).
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La motivación debida de una resolución judicial, como ha
sostenido el Tribunal Constitucional en su jurisprudencia, supone la
presencia de ciertos elementos mínimos en la presentación que el juez
hace de las razones que permiten sustentar la decisión adoptada. En
primer lugar, la coherencia interna, como un elemento que permite
verificar si aquello que se decide se deriva de las premisas establecidas
por el propio juez en su fundamentación. En segundo lugar,
la justificación de las premisas externas, como un elemento que permite
apreciar si las afirmaciones sobre hechos y sobre el derecho hechas por
el juez se encuentran debidamente sustentadas en el material normativo
y en las pruebas presentadas por el juez en su resolución. En tercer lugar,
la suficiencia, como un elemento que permite apreciar si el juez ha
brindado las razones que sustenten lo decidido en función de los
problemas relevantes determinados por el juez y necesarios para la
solución del caso. En cuarto lugar, la congruencia, como un elemento
que permite observar si las razones expuestas responden a los
argumentos planteados por las partes. Finalmente, la cualificación
especial, como un elemento que permite apreciar si las razones
especiales que se requieren para la adopción de determinada decisión se
encuentran expuestas en la resolución judicial en cuestión (cfr. sentencia
recaída en el Expediente 00728-2008-PHC/TC, fundamento 7).
Finalmente, cabe precisar que, si bien existe una estrecha
vinculación entre el derecho a la debida motivación de las decisiones
judiciales y el derecho a una resolución fundada en derecho, pues para
analizar la fundabilidad de la decisión se requiere en línea de principio
que la decisión esté lo suficientemente motivada; tales derechos no
pueden ser equiparados en virtud de su contenido diferente. En efecto, el
primero de ellos, que es de naturaleza formal o procesal, está referido al
derecho que tienen las partes a que la decisión judicial precise o exprese
mínimamente los motivos o las razones que le permitan conocer los
criterios jurídicos que sustentan la decisión judicial, mientras que el
segundo de ellos, que es naturaleza material o sustancial, se refiere al
derecho que les asiste a las partes a que la resolución se funde en la
interpretación y aplicación adecuada de las normas vigentes, válidas y
pertinentes, del orden jurídico para la solución razonable del caso
concreto.
Sobre el derecho a probar
Resulta oportuno recordar que existe un derecho constitucional a
probar, aunque no autónomo, que se encuentra orientado por los fines
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propios de la observancia o tutela del derecho al debido proceso.
Constituye un derecho básico de los justiciables de producir la prueba
relacionada con los hechos que configuran su pretensión o su defensa.
Según este derecho, las partes o un tercero legitimado en un proceso o
procedimiento tienen el derecho a producir la prueba necesaria con la
finalidad de acreditar los hechos que configuran su pretensión o defensa.
Así, por ejemplo, el artículo 188 del Código Procesal Civil
establece que los medios probatorios tienen por finalidad acreditar los
hechos expuestos por las partes, producir certeza en el juez respecto de
los puntos controvertidos y fundamentar sus decisiones. Se trata de un
derecho complejo que está compuesto por el derecho a ofrecer medios
probatorios que se consideren necesarios, a que estos sean admitidos,
adecuadamente actuados, que se asegure la producción o conservación
de la prueba a partir de la actuación anticipada de los medios
probatorios, y que estos sean valorados de manera adecuada y con la
motivación debida, con el fin de darle el mérito probatorio que tenga en
la sentencia. La valoración de la prueba debe estar debidamente
motivada por escrito, con la finalidad de que el justiciable pueda
comprobar si dicho mérito ha sido efectiva y adecuadamente realizado
(cfr. sentencia emitida en el Expediente 06712-2005-PHC/TC).
Análisis del caso
Como ha quedado determinado, el objeto del presente amparo es
que se declare la nulidad de la Resolución 26, de fecha 24 de marzo de
2014, expedida por la Sexta Sala Especializada en lo Contencioso con
Subespecialidad en Temas Tributarios y Aduaneros de la Corte Superior
de Justicia de Lima, que confirmó la sentencia de primer grado que
declaró infundada la demanda contencioso administrativa incoada por la
empresa AJEPER SA en contra del Tribunal Fiscal; así como la nulidad
de la sentencia casatoria de fecha 31 de enero de 2017, emitida por la
Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte
Suprema de Justicia de la República, que declaró infundado el recurso de
casación interpuesto por la empresa amparista.
Ahora bien, como ya se refirió, fue objeto de controversia tanto en
el procedimiento administrativo seguido ante la autoridad aduanera,
como en el subsiguiente proceso contencioso administrativo, la
clasificación arancelaria del producto Free Tea. En efecto, la empresa
recurrente considera que el mismo debe ser clasificado en la subpartida
2202.90.00.00, lo que la lleva a discrepar, primero, con la autoridad
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aduanera y, luego, con los órganos jurisdiccionales demandados, porque
resolvieron clasificarlo en la subpartida 2202.10.00.00. Considera
equivocada esta clasificación porque derivaría de diversas
irregularidades; entre ellas, una supuestamente errónea interpretación y
aplicación de la Subpartida 2202.10.00.00, al comprender en ella al
producto Free Tea, aun cuando sus componentes lo distinguen de los
productos que sí están dentro de esta clasificación, como son el ―agua,
incluidas el agua mineral y la gaseada, con adición de azúcar u otro
edulcorante o aromatizada‖. Una segunda irregularidad se habría
configurado al no observarse lo dispuesto en el artículo 241 del Texto
Único Ordenado (TUO) del Código Procesal Civil, el cual exige que los
medios probatorios documentales producidos en un idioma distinto al
español sean ofrecidos conjuntamente con su traducción oficial.
Asimismo, se habría configurado otra irregularidad al omitirse la
valoración de los medios probatorios orientados a acreditar que los
componentes del producto Free Tea lo distinguían de los productos
clasificados en la Subpartida 2202.10.00.00 y justificaban su
clasificación en la subpartida 2202.90.00.00.
Siendo esta la cuestión, cabe analizar, en primer orden, la supuesta
vulneración del derecho fundamental a la obtención de una resolución
fundada en derecho. En este sentido, debe tenerse presente que para
concluir que las resoluciones judiciales cuestionadas han vulnerado este
derecho fundamental, es preciso constatar que las mismas no se
sustentan en una interpretación y aplicación adecuada de las normas
vigentes, válidas y pertinentes. Sin embargo, en torno a la vigencia y
validez de las normas aplicadas, la amparista no ha referido razones que
permitan vislumbrar la aplicación de una norma derogada o inválida en
la resolución del proceso contencioso administrativo subyacente.
No obstante, la recurrente afirma enfática y persistentemente la
impertinencia de la clasificación en la subpartida 2202.10.00.00; empero
tal impertinencia a la que alude se encuentra referida, en realidad, a la
supuesta incorrección de la interpretación efectuada por los jueces
superiores y supremos demandados, lo que difiere del significado que
dicho término posee en la definición jurisprudencial del derecho
invocado, para el cual la norma pertinente es aquella que se debe aplicar
porque es conducente o concerniente para la resolución de la
controversia. Así, en sentido estricto, la partida en mención, la
clasificación arancelaria y las reglas de interpretación de la partida son
pertinentes para la resolución del caso.
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De este modo, no se advierte que en la resolución de la
controversia ordinaria subyacente se hubiese interpretado y aplicado
normas que no revistan las características de vigencia, validez y
pertinencia, por lo que el derecho bajo análisis no ha sido vulnerado,
debiendo desestimarse este extremo de la demanda.
Tampoco cabe obviar que, en relación con el derecho a la
obtención de una resolución fundada en derecho, la recurrente también
denunció la inobservancia del artículo 241 del TUO del Código Procesal
Civil, pues en el expediente administrativo obra un documento redactado
en idioma distinto al español sin una traducción oficial sino de parte,
pese a lo cual ha sido admitido y valorado. Sobre esto, debe advertirse
que, si bien consta que esto ha sido comprendido en el recurso de
casación interpuesto por la amparista en el proceso ordinario subyacente,
no se advierte que, en su oportunidad, conforme a lo prescrito en la
misma norma, la falta de traducción hubiese sido impugnada o que la
demandante hubiese pagado los honorarios del traductor. Por ello, no se
advierte la virtualidad de la vulneración del derecho en mención por los
hechos referidos.
En relación con el derecho a la debida motivación de las
resoluciones judiciales, debe tenerse presente que, en la cuestionada
sentencia de vista de fecha 24 de marzo de 2014, la Sala Superior
determinó, sobre la base del Informe 561-2009-SUNAT/3D0500,
emitido por la División de Laboratorio Central de la Sunat y la
información técnica proporcionada por la propia amparista (fundamento
noveno), que el producto Free Tea estaba constituido ―principalmente de
agua (56.54%), con adición de, entre otros compuestos, azúcar (23.12%), extracto de té
verde (20%, que innegablemente cumple una función de aromatizante, pues brinda el
olor y sabor característicos a té del producto) y ácido cítrico, [por lo que] le
corresponde ser clasificado en la subpartida nacional 2202.10.00.00, debido a que las
mercancías que comprende dicha subpartida son las que más se asemejan al producto;
esto en aplicación de lo establecido por la Cuarta —mutatis mutandi— y Sexta Reglas
Generales de Interpretación de la Nomenclatura y el propio texto de dicha subpartida,
en consecuencia con las Notas Explicativas del Sistema Armonizado y la
Recomendación de la OMA del 20 de diciembre de 2009, estas dos últimas aplicables
de manera auxiliar por disposición del Procedimiento INTA-PE.00.09 (Versión 02)‖
(fundamento décimo primero).
Asimismo, la misma Sala Superior complementó el sustento de la
clasificación arancelaria refiriéndose expresamente a las razones por las
cuales el producto Free Tea no puede incluirse en la subpartida
2202.90.00.00, y, en tal sentido, expuso que ―el hecho de que uno de los
compuestos (extractó de té verde) aromatizantes del producto posea diversas
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propiedades (antioxidantes, vitamínicas, etc.), no implica que el mismo deba excluirse
de la subpartida 2202.10.00.00 e incluirse en la subpartida 2202.90.00.00, pues el texto
de ambas subpartidas no hace alusión a las propiedades de las mercancías o de sus
compuestos y no existe disposición, nota o recomendación que lo establezca así; es
más, de acuerdo a lo expuesto en el considerando séptimo de la presente resolución, la
subpartida 2202.90.00.00 comprende las demás bebidas no alcohólicas, tales como el
néctar de tamarindo que se ha adecuado al consumo como bebida añadiéndole agua y
algunos productos alimenticios líquidos susceptibles de consumirse directamente como
bebidas, tales como las bebidas de leche y cacao, mercancías dentro de las cuales
evidentemente no se ubica ni asemeja el producto. Asimismo, el hecho de que el
producto contenga otros compuestos (aromatizantes, colorantes, etc.), tampoco obliga a
que se le excluya de la subpartida 22.02.10.00.00 y se incluya en la subpartida
22.02.90.00.00, máxime si dichos compuestos solo están presentes en menor medida
(menos del 1%)‖ (fundamento décimo segundo).
En tal sentido, no se advierte que el órgano jurisdiccional de
segunda instancia hubiese omitido sustentar la clasificación arancelaria
por la que se decantó, por lo que no cabe exigir sanción alguna de este
supuesto vicio en sede casatoria o, excepcionalmente, la nulificación de
la misma en sede constitucional.
Finalmente, en relación con el derecho a probar, la amparista
aduce que materialmente no hubo actividad probatoria a favor de la
clasificación de su producto en la subpartida 2202.90.00.00. Siendo este
el tenor de la presente denuncia constitucional, debe afirmarse, en
principio, que en el proceso contencioso administrativo, conforme al
artículo 29 del TUO de la Ley 27584, la actividad probatoria se restringe
a las actuaciones recogidas en el procedimiento administrativo, salvo
que se produzcan nuevos hechos, y en cualquiera de estos supuestos
podrán acompañarse los respectivos medios probatorios. Por tanto, toda
vez que la demandante no se refiere a medios probatorios
extemporáneos, debe entenderse que lo denunciado es que los jueces
demandados no valoraron los medios probatorios exclusivamente
provenientes del procedimiento administrativo. Sin embargo, también
debe tenerse presente la regla contenida en el artículo 197 del TUO del
Código Procesal Civil, aplicable supletoriamente al proceso contencioso
administrativo, según la cual todos los medios probatorios son valorados
conjuntamente y en la resolución solo se expresan las valoraciones
esenciales y determinantes que sustentan la decisión.
Así, dentro de estos parámetros legales, debe precisarse que esta
cuestión, planteada en el recurso de casación, ha sido objeto de un
amplio análisis en la cuestionada sentencia casatoria, en la cual la Sala
Suprema enumeró los medios probatorios cuya valoración se habría
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omitido: (i) Informes 561-2009 y 422-2010-Sunat; (ii) Informe Técnico
Titulado ―Bebida de Té‖; (iii) Opinión técnica de la Sociedad Peruana de
Nutrición; (iv) Estudio de investigación llevado a cabo por el Centro
Astbury de Biología Molecular Estructural de la Facultad de Ciencias
Bilógicas de la Universidad de Leeds; (v) Ficha técnica sobre el
tratamiento del agua utilizada para fabricar el Free Tea; (vi) Resolución
de clasificación arancelaria emitida por la Aduana Belga; (vii) las
declaraciones aduaneras de mercancías mediante las cuales fue
exportado el Free Tea a Bolivia; y, (viii) la Resolución de Clasificación
0003A0000/2005-001070 para el ―Té avigo‖.
Respecto al Informe 561-2009, siguiendo las razones expresas
contenidas en la ejecutoria suprema (fundamentos 2.5.2 y 2.5.3) y
conforme se puede constatar también en la presente sentencia
(fundamento 33, supra), el mismo sí ha sido objeto de valoración y
sustenta la decisión de la Sala Superior de clasificar el producto Free
Tea en la subpartida arancelaria 2202.10.00.00.
En cuanto al Informe 422-2010, al Informe técnico titulado
―Bebida de Té‖, a la Opinión técnica de la Sociedad Peruana de
Nutrición, al Estudio de investigación llevado a cabo por el Centro
Astbury de Biología Molecular Estructural de la Facultad de Ciencias
Bilógicas de la Universidad de Leeds y a la Ficha técnica sobre el
tratamiento del agua utilizada para fabricar el Free Tea, la Sala suprema
sostuvo que:
Tales medios probatorios sí han sido valorados por la sentencia de vista,
la que no desestima las propiedades del compuesto de extracto de té
verde y otros componentes del producto, sino que su razonamiento para
desestimar la demanda, esencialmente se encuentra en el décimo segundo
considerando, residiendo en que las propiedades de uno de los
compuestos (extracto de té verde) aromatizantes del producto posea
diversas propiedades (antioxidantes, vitamínicas, etc.), no implica que el
mismo deba excluirse de la subpartida 2202.10.00.00 o incluirse en la
subpartida 2202.90.00.00, en tanto los textos no hacen alusión a las
propiedades de las mercancías o de sus compuestos y que no existe
disposición, nota o recomendación que lo establezca así; que la
subpartida 2202.90.00.00 comprende las demás bebidas no alcohólicas,
tales como el néctar de tamarindo que se ha adecuado al consumo como
bebida añadiéndole agua y algunos productos alimenticios líquidos
susceptibles de consumirse directamente como bebidas, tales como las
bebidas de leche y cacao, en las que no se ubica ni asemeja el producto.
Adicionalmente, en dicho considerando a pie de página señala que no se
aprecia medio probatorio alguno que permita afirmar que el producto es
un alimento líquido, sino por el contrario, sólo que el mismo está
EXP. N.° 02398-202-PA/TC
LIMA ESTE
AJEPER SA
constituido por agua con adición de otros compuestos, entre ellos
extracto de té verde, que le da el olor y sabor característico-aromatizado.
De lo descrito trasciende que los referidos medios probatorios que
esencialmente acreditarían, según lo sostenido por la recurrente en su
recurso de casación, las propiedades saludables del Free Tea al tener
como parte de su composición té verde y agua tratada, sí fueron
valorados en la sentencia impugnada, estableciendo que dichos medios
probatorios no permiten afirmar que la bebida Free Tea es un alimento
líquido, característica que según el contexto argumentativo expuesto en
la impugnada, es medular para determinar si corresponde clasificar el
citado producto en la subpartida 2202.90.00.00, habiendo establecido la
recurrida que no resultan relevantes las propiedades [efectos, beneficios,
proceso del agua, cualidades de sus componentes, etc.] de las mercancías
o de sus componentes para efectuar la clasificación arancelaria sub
materia (décimo quinto considerando literal iv) (sic).
Y, en cuanto a la resolución de clasificación arancelaria emitida
por la Aduana Belga y las declaraciones aduaneras de mercancías
mediante las cuales fue exportado el Free Tea a Bolivia, la Sala Suprema
advirtió que ―el décimo cuarto considerando [de la sentencia de vista] expresa que
los demás documentos presentados por la recurrente, incluyendo los anexos al escrito
de fecha catorce de marzo de dos mil catorce, no desvirtúa lo expresado en la
recurrida‖.
De lo anotado, no se desprende tampoco una omisión de
valoración de medios probatorios que genere la vulneración del derecho
fundamental a probar, razón por la cual corresponde desestimar también
este extremo de la demanda.
Parte resolutiva
Por las razones expuestas, mi voto es por declarar IMPROCEDENTE
la demanda en cuanto a la invocada vulneración del derecho
fundamental a la igualdad y del principio de legalidad; así como
INFUNDADA la demanda en el extremo que se alega la vulneración de
los derechos fundamentales a la obtención de una resolución fundada en
derecho, a la debida motivación de las resoluciones judiciales y a probar.
S.
MONTEAGUDO VALDEZ