Sala Primera. Sentencia 8/2023
EXP. N.° 03117-2021-PA/TC
HUÁNUCO
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
HUÁNUCO REPRESENTADA POR LA
PROCURADURÍA PÚBLICA DE LA
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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
En Lima, a los 14 días del mes de octubre de 2022, la Sala Primera del
Tribunal Constitucional, integrada por los magistrados Monteagudo Valdez,
Pacheco Zerga y Ochoa Cardich, pronuncia la siguiente sentencia.
ASUNTO
Recurso de agravio constitucional interpuesto por la procuradora pública
municipal de la Municipalidad Provincial de Huánuco contra la resolución de
fojas 187, de fecha 9 de agosto de 2021, expedida por la Sala Civil de la Corte
Superior de Justicia de Huánuco, que declaró infundada la demanda de autos.
ANTECEDENTES
Mediante escrito de fecha 23 de diciembre de 2019 (f. 71), la entidad
recurrente interpuso demanda de amparo contra el Poder Judicial,
específicamente contra el Primer Juzgado Civil de Huánuco. Solicita que se
declare nula la Resolución 1 (f. 58), Auto de Vista 134-2019, de fecha 21 de
octubre de 2019, que declaró infundado el recurso de queja de derecho
(Expediente 577-2019-98-1201-JR-CI-01) interpuesto por la municipalidad
amparista contra la Resolución 32 (f. 47), de fecha 24 de julio de 2019, que
declaró improcedente la apelación interpuesta contra la Resolución 23 (f. 19),
Sentencia 448-2017, de fecha 5 de setiembre de 2017 (Expediente 00071-2011-
0-1201-JP-LA-04).
Alega que se vulneraron sus derechos a la tutela procesal efectiva y, más
específicamente, a la motivación de las resoluciones judiciales. Explica que la
Resolución 1 declaró infundado su recurso de queja, básicamente, porque
consideró que la Resolución 32 estuvo resuelta conforme a ley, al indicar que
en observancia de lo dispuesto en el artículo 74 de la Ley Procesal del Trabajo,
“la apelante tenía que presentar (…) la consignación judicial del monto
demandado o con ofrecer una carta fianza; por lo que al no haber cumplido con
dicha exigencia en su escrito de subsanación de fecha 19 de julio de 2019, la
Resolución 32 [que declaró improcedente la apelación] se encuentra arreglada
a ley”. Señala que los jueces del caso subyacente a veces han estado aplicando
la Ley Procesal del Trabajo y en otros momentos la Nueva Ley Procesal del
Trabajo. Cuestiona que se le exigiera la consignación judicial del monto
demandado u ofrecer una carta fianza al momento de impugnar (conforme al
artículo 74 de la Ley Procesal del Trabajo), pues no se tomó en cuenta lo
establecido en el artículo 47 de la Constitución Política del Perú, que prescribe
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que el Estado se encuentra exonerado del pago de los gastos judiciales, con lo
cual, además, considera que se vulneró el derecho a la pluralidad de instancia.
Por último, señala, de manera general, que el órgano jurisdiccional no dio
respuesta a cada uno de los agravios que expresó en su recurso de queja.
Mediante Resolución 7 (f. 134), Sentencia 102-2020, de fecha 29 de
diciembre de 2020, el Segundo Juzgado Civil – Sede Anexo de la Corte
Superior de Justicia de Huánuco declaró infundada la demanda. Consideró que
no cabe discutir en esta sede la aplicación de la Nueva Ley Procesal de Trabajo
o de la antigua ley en la vía ordinaria, pero tomando en cuenta que la
resolución cuestionada desestimó el recurso de apelación en virtud del artículo
74 de la Ley 26636 aplicable al proceso que se le siguió. Señala que la
resolución cuestionada fue emitida en mérito a lo resuelto en la Resolución 12
(f. 40), Sentencia de Vista 43-2018-l°JC-CSJHN, de fecha 28 de setiembre de
2018, y no solo en aplicación de lo dispuesto en el artículo 74 de la Ley 26636.
Precisa, finalmente, que la resolución citada contiene un motivación debida y
congruente, y que no puede considerarse al proceso de amparo como un medio
a través del cual pueda revisarse la decisión adoptada por la magistrada
demandada, con la finalidad de obtener un pronunciamiento favorable a sus
intereses.
Por medio de la Resolución 14 (f. 187), sentencia de vista de fecha 9 de
agosto de 2021, la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Huánuco
confirmó la Resolución 7 y declaró infundada la demanda. Señaló que la
Resolución 1, Auto de Vista 134-2019, Expediente 577-2019-98-1201-JR-CI-
01 (derivado del proceso principal signado con el Expediente 0071-2011-0-
1201-JP-LA-04), fue emitida dentro de los cánones del debido proceso, pues se
desestimó la queja de derecho debido a que la Procuraduría Pública Municipal
de la Municipalidad Provincial de Huánuco no subsanó la omisión de su
recurso de apelación (no presentó la consignación judicial del pago ordenado
en la sentencia o el ofrecimiento de una carta fianza con la misma finalidad) en
el plazo legal de cinco días hábiles de concedido. Por otra parte, señala que si
bien en la Resolución 23, de fecha 5 de setiembre de 2017, Sentencia 448-
2017, se habría aplicado la Ley 29497 (Nueva Ley Procesal del Trabajo),
también es verdad que dicho supuesto error no genera derechos, ni puede servir
de justificación para que el órgano jurisdiccional emplazado deje de aplicar el
artículo 74 de la Ley 26636 (Ley Procesal del Trabajo), máxime si la entidad
recurrente sabe que el incidente de la queja de derecho deriva de un proceso
principal que inició su trámite bajo las reglas procesales de esta última
normativa.
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FUNDAMENTOS
Petitorio y determinación del asunto controvertido
1. El objeto del presente proceso es que se declare la nulidad de la
Resolución 1, Auto de Vista 134-2019, que declaró infundado el recurso
de queja de derecho interpuesto contra la Resolución 32, por considerar
que vulnera sus derechos a la tutela procesal efectiva y, más
específicamente, a la motivación de las resoluciones judiciales y a la
pluralidad de instancias. Cuestiona, en lo esencial, que la Resolución 1
considere que la Resolución 32 estuvo bien resuelta al declarar
improcedente el recurso de apelación, al verificar que la entidad había
incumplido con presentar la consignación judicial con el monto
demandado u ofrecerse una carta fianza, conforme lo exige el artículo 74
de la Ley Procesal del Trabajo, Ley 26636. La entidad amparista
considera que esta exigencia es contraria a lo dispuesto por el artículo 47
de la Constitución Política del Perú, que prescribe que el Estado se
encuentra exonerado del pago de los gastos judiciales. Alega, asimismo,
que por momentos se citó como norma aplicable la Nueva Ley Procesal
del Trabajo, Ley 29497 (y no la Ley Procesal del Trabajo, Ley 26636), y
que dicha regulación no contiene la exigencia de presentar
consignaciones u ofrecer cartas fianzas.
Sobre la procedencia del amparo contra actuaciones y resoluciones
judiciales
2. Nuestro ordenamiento constitucional admite la procedencia del amparo
contra resoluciones judiciales. Si bien la Constitución prescribe que el
amparo “[n]o procede contra (…) resoluciones judiciales emanadas de
procedimiento regular” (artículo 200, inciso 2), se ha entendido
tempranamente que a contrario sensu sí cabe el amparo contra
resoluciones judiciales cuando provengan de “procesos irregulares”.
3. El artículo 9 del Nuevo Código Procesal Constitucional indica, de
manera más específica, que el amparo contra resoluciones judiciales
firmes procede cuando hayan sido dictadas con “manifiesto agravio a la
tutela procesal efectiva”. De manera complementaria, este Tribunal ha
indicado que a través de los procesos de amparo contra resoluciones
judiciales pueden cuestionarse decisiones judiciales que vulneren, no
únicamente los derechos procesales constitucionales mencionados en el
artículo 9 del Nuevo Código Procesal Constitucional, sino cualquier
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derecho fundamental. De este modo, tenemos que la “irregularidad” de
una resolución judicial o el “manifiesto agravio a la tutela procesal
efectiva” que habilita a presentar una demanda de amparo contra una
resolución o proceso judicial conforme a la Constitución, se produciría
“cada vez que ésta se expida con violación de cualquier derecho
fundamental y no sólo en relación con los supuestos contemplados en el
artículo 4 del CP Const.” (cfr. Resolución 3179-2004-AA, fundamento
14).
4. Como resulta evidente, las eventuales irregularidades en el ámbito de un
proceso judicial pueden presentarse no solo con ocasión de que se emita
una resolución judicial. En este sentido, el derecho a la tutela procesal
efectiva es una garantía que opera durante todo el proceso y no solo
frente a decisiones jurisdiccionales contenidas en resoluciones. Así
considerado, cabe el amparo contra actuaciones judiciales no contenidas
en resoluciones (y que, para simplificar, podemos calificar
estipulativamente como amparos contra actuaciones judiciales). Dentro
de este conjunto de actuaciones podemos contar, de modo no exhaustivo,
por ejemplo, a los (1) supuestos de vulneración de los derechos que
conforman la tutela procesal efectiva, distintos al derecho a la
justificación de las resoluciones judiciales (por ejemplo, derechos tales
como al plazo razonable, a la pluralidad de instancia, de defensa, al juez
legal predeterminado, a la ejecución de resoluciones, etc.); a las (2) “vías
de hecho judicial”, esto es, a las actuaciones materiales (u omisiones) que
provienen del sistema de justicia que trasgreden derechos fundamentales
procesales o sustantivos de los sujetos procesales (por ejemplo, si se
impide ejercer la defensa o acceder a los ambientes judiciales debido a
determinado tipo de vestimenta que, por razones subjetivas, desaprueba
la autoridad; si no se prevé la presencia de traductores para personas que
se comunican en otro idioma, si en mesa de partes no se quiere recibir un
determinado escrito de manera arbitraria, etc.); así como (3) a los
defectos de trámite cuando tengan relevancia iusfundamental, es decir,
siempre que dichas deficiencias incidan directamente en los derechos que
forman parte del debido proceso e incluso, conexamente, en otros
derechos fundamentales (por ejemplo, si existen problemas de
notificación, o de contabilización de plazos, que incidan en el derecho de
defensa, o frente al incumplimiento de requisitos formales para que exista
una sentencia válida, etc.).
5. Como puede apreciarse, los anteriores son supuestos en los que la
vulneración se habría producido con ocasión de una acción o una omisión
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proveniente de un órgano jurisdiccional, que no se encuentra contenida
en una resolución judicial. Precisamente, con base en la anterior
precisión, es necesario esclarecer que en los casos de amparo contra
actuación judicial no se requiere verificar algunos presupuestos
procesales que sí se requieren para la procedencia del amparo contra
resoluciones judiciales.
6. Más precisamente, no resulta de aplicación el denominado principio de
definitividad, en la medida en que, al no tratarse de vulneraciones
contenidas en resoluciones judiciales, no es exigible el agotamiento de
los medios impugnatorios que pueden interponerse contra ellas.
Asimismo, en lo que concierne al plazo para demandar, a los supuestos
de amparos contra actuaciones judiciales les corresponde la aplicación
del plazo general de 60 días hábiles previsto en el primer párrafo del
artículo 45 del Nuevo Código Procesal Constitucional para el caso de las
agresiones iusfundamentales, desde luego, con las precisiones contenidas
en los incisos 3, para el caso de actuaciones continuadas, y 5, para el caso
de omisiones.
7. Por otra parte, en relación con el derecho a la motivación, la
jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha precisado diversos
supuestos que constituyen casos de “manifiesto agravio a la tutela
procesal efectiva”, tal como lo exige el Código Procesal Constitucional, y
que justifican la procedencia de una demanda de amparo contra
resoluciones judiciales. De manera no exhaustiva, en reiterada
jurisprudencia del Tribunal se ha reconocido la existencia de:
(1) Vicios de motivación interna, cuando la solución del caso no se
deduce de las premisas normativas o fácticas contenidas en la
resolución, o cuando la resolución analizada carece de alguna de
estas premisas necesarias para resolver; y vicios de motivación
externa, cuando se han utilizado indebida o injustificadamente
premisas normativas (por ejemplo, si se aplican disposiciones que
ya no se encuentran vigentes o que nunca formaron parte del
ordenamiento jurídico) o premisas fácticas (por ejemplo, la
resolución se sustenta en hechos no probados o en pruebas
prohibidas) (Sentencia 00728-2008-HC, fundamento 7, b y c;
Sentencia 03213-2015-PA, fundamento 4.1, entre otras; Sentencia
00445-2018-PHC, fundamento 3 y siguientes), y
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(2) Supuestos de motivación inexistente, aparente, insuficiente o
incongruente, que pueden referirse, por ejemplo, a supuestos en los
que las resoluciones analizadas carezcan de una fundamentación
mínima y solo se pretende cumplir formalmente con el deber de
motivar; cuando se presente una justificación que tiene apariencia
de correcta o suficiente, pero que incurre en vicios de
razonamiento; cuando esta carece de una argumentación suficiente
para justificar lo que resuelve (que incluye aquellos casos en los
que se necesita de una motivación cualificada y esta no existe en la
resolución); cuando lo resuelto no tiene relación alguna con lo
contenido en el expediente o lo señalado por las partes; o cuando
incurre en graves defectos o irregularidades contrarios al Derecho,
entre otros supuestos (cfr. Sentencia 00728-2008-PHC, fundamento
7, a, d, e y f; Sentencia 08506-2013-PA, fundamento 20, entre
otras).
8. Asimismo, conforme a la legislación vigente y a la consolidada
jurisprudencia del Tribunal Constitucional, desde una perspectiva
procesal, se requiere de la concurrencia conjunta de los siguientes
presupuestos:
i. Que la violación del derecho fundamental haya sido alegada
oportunamente al interior del proceso subyacente, cuando
hubiera sido posible;
ii. Que la resolución judicial violatoria del derecho fundamental
cumpla con el principio de definitividad, es decir, que el
demandante, parte del proceso, haya agotado todos los
mecanismos previstos en la ley para cuestionarla al interior
del proceso subyacente (asimismo, que la decisión no haya
sido consentida), y
iii. Que lo pretendido por la parte demandante no implique
invadir las competencias de la judicatura ordinaria, para que
la judicatura constitucional opere como una especie de
“cuarta instancia”; en tal sentido, de ser el caso, le
corresponde a la judicatura constitucional delimitar el objeto
de la discusión a la violación de algún derecho fundamental o
bien constitucionalmente protegido (v. gr. principios, valores
e institutos, etc.), conforme a los criterios contenidos
expresados supra.
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9. Como ya fue indicado antes, el recurrente interpuso demanda de amparo
contra la Resolución 1, por considerar que vulnera sus derechos
fundamentales. Señala, en primer lugar, que dicha decisión convalidó la
exigencia prevista en el artículo 74 de la Ley Procesal del Trabajo, Ley
26636, conforme a la cual, para que proceda su apelación, debía adjuntar
una consignación judicial con el monto demandado u ofrecer una carta
fianza, exigencia que considera contraria a lo dispuesto por el artículo 47
de la Constitución Política del Perú, que prescribe que el Estado se
encuentra exonerado del pago de los gastos judiciales. Asimismo, señala
que en ocasiones la autoridad judicial citó como norma aplicable la
Nueva Ley Procesal del Trabajo, Ley 29497 (y no la Ley Procesal del
Trabajo, Ley 26636), y que ella no contiene la exigencia de presentar
consignaciones u ofrecer cartas fianzas.
10. Respecto a esto último, corresponde precisar que el Tribunal
Constitucional tiene señalado que (Resolución 00726-2007-AA,
fundamento 3):
“[N]o toda inobservancia de una regla procesal acarrea la irregularidad del
proceso. Para que un proceso sea considerado irregular, se requiere que dicho
vicio tenga como efecto la afectación del contenido constitucionalmente
protegido de algún derecho constitucional (Cfr. STC N.º 03283-2003-AA), sea
este de orden procesal o cualquier otro que haya sido reconocido por la Ley
Fundamental (Cf. STC N.º 03179-2004-AA). Fuera de dicho ámbito y, por tanto,
también de la competencia ratione materiae del amparo contra resoluciones
judiciales, se encuentran aquellas anomalías procesales derivadas de la infracción
de la mera legalidad procesal”.
11. En efecto, como se tiene resuelto en copiosa jurisprudencia, no cualquier
vicio procedimental u error ocurrido en un proceso judicial puede ser
considerado como un manifiesto agravio a la tutela procesal efectiva. En
relación con el caso subyacente, queda claro que la recurrente no ha
alegado en este proceso de amparo que se haya vulnerado su derecho al
procedimiento preestablecido por ley (cfr. Sentencia 02298-2005-AA y
Resolución 04809-2009-PA) porque hubo algún supuesto cambio en las
reglas procesales, sino que sus alegaciones se basan en que el órgano
jurisdiccional citó en algunas de sus decisiones una regulación
impertinente (al parecer con base en un error material); sin embargo,
dichas referencias no inciden directamente en el contenido
constitucionalmente protegido de los derechos invocados, por lo que la
demanda debe ser declarada improcedente en este extremo, con base en
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lo prescrito en el artículo 7, inciso 1 del Nuevo Código Procesal
Constitucional.
12. En relación con el otro extremo de la pretensión, la recurrente señala que
la exigencia de presentar una consignación judicial con el monto
demandado u ofrecer una carta fianza, contenida en el artículo 74 de la
Ley Procesal del Trabajo, es contraria a lo dispuesto por el artículo 47 de
la Constitución Política del Perú, que prescribe que el Estado se
encuentra exonerado del pago de los gastos judiciales. En este sentido, lo
que en el fondo alega la parte recurrente es que, en el marco del proceso
laboral, se aplicó una ley inconstitucional o, cuando menos, una
interpretación de la normativa que, en el caso concreto (en el que se
encuentra involucrada una entidad estatal, exonerada de gastos
judiciales), es incompatible con la Constitución.
13. Siendo este el caso, es menester evaluar si lo alegado por la entidad
amparista puede ser discutido a través de esta vía. En primer lugar, al
encontrarnos ante un supuesto de amparo contra resoluciones judiciales,
en el que se atribuye a la autoridad jurisdiccional haber aplicado una
norma inconstitucional, no nos encontramos ciertamente ante un caso de
“amparo contra normas legales” (Sentencias 01473-2009-PA y 01535-
2006-PA), en el que correspondería realizar un análisis sobre el carácter
autoejecutivo o autoaplicativo de la norma legal (Sentencia 00175-2017-
AA), a efectos de determinar una procedencia de la demanda
directamente interpuesta contra una disposición de rango legal. En todo
caso, si se verificara que la norma aplicada es contraria a la Constitución,
tal vez podríamos encontrarnos ante un supuesto de “acto lesivo basado
en una norma” como lo prevé el artículo 8 del Nuevo Código Procesal
Constitucional, según el cual “Cuando se invoque la amenaza o violación
de actos que tienen como sustento la aplicación de una norma
incompatible con la Constitución, la sentencia que declare fundada la
demanda dispondrá, además, la inaplicabilidad de la citada norma”.
Ahora bien, esto último alude a un análisis de fondo y sus eventuales
efectos; no obstante, por lo pronto, este Tribunal únicamente se encuentra
haciendo un análisis sobre la procedencia de la demanda de amparo.
14. Prosiguiendo con el análisis, y tomando en cuenta los supuestos de
manifiesto agravio descritos supra, encontramos que lo alegado por la
entidad amparista podría referirse, o bien a un problema relacionado con
la justificación externa, más precisamente, con un defecto en la premisa
normativa (el artículo 74 de la Ley Procesal del Trabajo, conforme a lo
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alegado por la parte recurrente), o bien un déficit o error relacionado con
el indebido ejercicio del control difuso (cfr. Sentencias 00966-2014-AA,
02132-2008-PA/TC y 01217-2019-AA).
15. Sobre los problemas de una inadecuada motivación externa (relacionados
con problemas en la justificación de las premisas normativas o en las
premisas fácticas), es necesario precisar que, por lo general, este tipo de
problemas suelen remitirnos a asuntos que, inicialmente, son de
competencia de la judicatura ordinaria y no de la judicatura
constitucional. En este sentido, por ejemplo, establecer cuál es la norma
de rango legal más pertinente o el artículo más adecuado para resolver
una controversia de carácter civil o laboral; cómo debe interpretarse (es
decir, cuál es el significado) una disposición de alcance penal o
mercantil; si algo debe ser calificado como hurto simple o agravado; o si
se debe tener por probado o no algo que alegado por las partes en el
marco de procesos de familia o administrativos, no son cuestiones que
inicialmente le competa dilucidar a la judicatura constitucional.
16. Sin embargo, si bien es cierto que la judicatura de amparo prima facie
carece de competencia respecto de asuntos meramente legales u
ordinarios, sí tiene competencia cuando los alegados vicios de
motivación externa aluden, específicamente, a déficits o errores respecto
de bienes constitucionales, tal como ya fue indicado. En el caso concreto,
inicialmente se hace referencia a una cuestión relacionada con la
justificación de la premisa normativa, pues se señala que la judicatura ha
empleado indebidamente el artículo 74 de la Ley Procesal del Trabajo.
17. En relación con este tipo de cuestiones (problemas relacionados con la
justificación de las premisas normativas), es oportuno indicar que pueden
ser de dos tipos: (1) relacionados con la relevancia o determinación de la
disposición aplicable al caso y (2) relacionados con la debida
interpretación de las disposiciones utilizadas. Como es evidente, de modo
inicial, se trata de cuestiones que no son de competencia de la judicatura
constitucional, a menos que haya una cuestión de carácter constitucional
comprometida. A este respecto, es necesario precisar que los vicios que
pueden invocarse y deben analizarse en sede constitucional, a efectos de
que no se infrinjan competencias de la judicatura ordinaria, son los
relacionados con el principio de legalidad (cuando se trata de una
discusión en torno a la relevancia o la determinación de la disposición
normativa aplicable al caso, por ejemplo, si se aplican disposiciones que
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habían sido derogadas, declaradas inconstitucionales o que nunca
integraron el ordenamiento jurídico) o los déficits de derechos
fundamentales o de bienes constitucionales (cuando se trata de una
discusión sobre la interpretación de las disposiciones legales conforme
con la Constitución, es decir, conforme a derechos, principios, garantías
institucionales u otros bienes constitucionales).
18. En todos estos casos, como también ha sido indicado antes, la agresión
iusfundamental deberá haber sido alegada oportunamente dentro del
proceso subyacente, pues, de lo contrario, implicaría que la decisión
judicial que se cuestiona en sede constitucional, en los hechos habría
quedado consentida, por lo que correspondería declarar la improcedencia
de la demanda de conformidad con lo establecido en el artículo 9 del
Nuevo Código Procesal Constitucional.
19. En el caso concreto, de la revisión de los actuados se constata que la
parte recurrente no alegó en el marco del proceso laboral subyacente la
inconstitucionalidad de la referida regulación procesal constitucional. A
lo más, en el escrito de fecha 23 de diciembre de 2019, que lleva la
sumilla “Apersonamiento y queja” (f. 50), se encuentra una discrepancia
en torno a la norma procesal legal aplicable al caso de autos, pero sin
hacer referencia a alguna supuesta incompatibilidad entre el artículo 74
de la Ley Procesal del Trabajo y el artículo 47 de la Constitución Política
del Perú. En todo caso, a mayor abundamiento, es necesario enfatizar en
que la Carta Fundamental señala que “El Estado está exonerado del pago
de gastos judiciales”, pero no se refiere a la exoneración de otro tipo de
pagos, ni a consignaciones judiciales u ofrecimiento de cartas fianzas.
20. Con base en lo antes indicado, se verifica entonces que, en relación con
este extremo de la demanda, la entidad no cuestionó oportunamente el
déficit iusfundamental que ahora cuestiona, por lo que corresponde
declarar improcedente este extremo de la demanda, de acuerdo con lo
regulado en el artículo 9 del Nuevo Código Procesal Constitucional.
21. En este orden de ideas, como ya ha sido explicado, al presente caso le
resulta de aplicación lo dispuesto en los artículos 7, inciso 1, y 9 del
Nuevo Código Procesal Constitucional, por lo que debe declararse
improcedente la demanda de amparo.
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Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que
le confiere la Constitución Política del Perú,
HA RESUELTO
Declarar IMPROCEDENTE la demanda de amparo.
Publíquese y notifíquese.
SS.
MONTEAGUDO VALDEZ
PACHECO ZERGA
OCHOA CARDICH