Pleno. Sentencia 263/2023
EXP. N.° 01168-2022-PA/TC
LAMBAYEQUE
KELLY GIOVANNA SALAZAR
CASTAÑEDA
RAZÓN DE RELATORÍA
En la sesión del Pleno del Tribunal Constitucional, de fecha 30 de marzo de
2023, los magistrados Morales Saravia, Pacheco Zerga, Gutiérrez Ticse,
Domínguez Haro (con fundamento de voto), Monteagudo Valdez y Ochoa
Cardich han emitido la sentencia que resuelve:
1. Declarar FUNDADA la demanda de amparo, por violación del derecho
fundamental al debido proceso, en su manifestación de la debida
motivación de las resoluciones judiciales.
2. Declarar NULA la resolución de fecha 3 de enero de 2017, expedida
por la Segunda Sala Transitoria de Derecho Constitucional y Social de
la Corte Suprema de Justicia de la República en la Casación Laboral n.°
250-2016 Lambayeque.
3. ORDENAR a la Segunda Sala de Derecho Constitucional y Social
Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República que emita
un nuevo pronunciamiento conforme a lo expresado en los fundamentos
de la presente sentencia.
La presente razón encabeza la sentencia y el voto antes referidos y los
magistrados intervinientes en el Pleno firman digitalmente en señal de
conformidad.
Flavio Reátegui Apaza
Secretario Relator
SS.
MORALES SARAVIA
PACHECO ZERGA
GUTIÉRREZ TICSE
DOMÍNGUEZ HARO
MONTEAGUDO VALDEZ
OCHOA CARDICH
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CASTAÑEDA
SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
En Lima, a los 30 días del mes de marzo de 2023, el Pleno del Tribunal
Constitucional, integrado por los magistrados Morales Saravia, Pacheco Zerga,
Gutiérrez Ticse, Domínguez Haro, Monteagudo Valdez y Ochoa Cardich, pronuncia la
siguiente sentencia, con el fundamento de voto del magistrado Domínguez Haro, que se
agrega.
ASUNTO
Recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Kelly Giovanna Salazar
Castañeda contra la resolución de fojas 268, de fecha 24 de enero de 2022, expedida por
la Primera Sala Especializada Civil de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque,
que declaró improcedente la demanda de autos.
ANTECEDENTES
Mediante escrito presentado el 9 de febrero de 2017 (f. 13), subsanado mediante
escrito ingresado el 7 de marzo de 2017 (f. 26), doña Kelly Giovanna Salazar Castañeda
interpone demanda de amparo contra la Segunda Sala Transitoria de Derecho
Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República. Solicita se
declare la nulidad de la Casación Laboral 250-2016-LAMBAYEQUE, de fecha 3 de
enero de 2017 (f. 10), que declaró improcedente por extemporáneo el recurso de
casación que interpuso en el proceso subyacente, instaurado contra la Contraloría
General de la República sobre desnaturalización de contrato y pago de beneficios
sociales (Expediente 6867-2013-0-1706-JR-LA-01); y, consecuentemente, pide que se
disponga la continuación del trámite del recurso de casación. Denuncia la violación de
sus derechos a la debida motivación de las resoluciones judiciales y a la pluralidad de
instancia.
Aduce que el 16 de diciembre de 2015 interpuso recurso de casación contra la
sentencia de vista expedida por la Segunda Sala Laboral de Lambayeque, en el proceso
que sobre desnaturalización de contrato y pago de beneficios sociales siguió contra la
Contraloría General de la República (Expediente 6867-2013-0-1706- JR-LA-01), y que
mediante la resolución cuestionada los jueces supremos demandados declararon
improcedente por extemporáneo dicho medio impugnatorio amparándose en la Casación
Laboral 691-2014-LIMA, en la que se estableció el criterio de que no puede
considerarse que una paralización de labores de trabajadores del Poder Judicial
motivada por una huelga suspenda el plazo de caducidad, pese a que dicha casación no
solo no constituye un precedente de observancia obligatoria, sino que se contrapone al
criterio asumido en el Pleno Jurisdiccional Laboral de 1999, además de haber sido
emitida con posterioridad a la presentación de su recurso de casación. Agrega que en la
casación tomada como referencia por la Sala demandada se desarrolló un criterio
respecto al cómputo del plazo de caducidad para interponer una demanda de reposición
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por despido incausado, en tanto que en la resolución materia de cuestionamiento el
plazo supuestamente vencido no era uno de caducidad, sino de un plazo procesal, el
cual conforme lo prescrito en el artículo 35 de la Nueva Ley Procesal del Trabajo y la
Ley Orgánica del Poder Judicial, se contabiliza en días hábiles. Manifiesta que también
se afectó su derecho a la igualdad, pues los jueces supremos han limitado la posibilidad
de revisar su recurso de casación mientras muchos otros impugnantes lograron dicha
revisión a pesar de no presentar su recurso el primer día siguiente hábil de levantada una
huelga de trabajadores del Poder Judicial.
Mediante Resolución 2 (f. 28), de fecha 9 de marzo de 2017, el Tercer Juzgado
Civil de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque declara improcedente la demanda,
por considerar que los hechos y el petitorio de la misma no están referidos en forma
directa al contenido constitucionalmente protegido del derecho invocado, y que en la
resolución cuestionada se señala de forma clara y precisa la razón por la cual se rechazó
el recurso de casación.
Tras la apelación de esta decisión, por resolución - Auto 579 (f. 105), de fecha
24 de junio de 2019, la Primera Sala Especializada Civil de la Corte Superior de Justicia
de Lambayeque declara su nulidad, ordenando al a quo que emita nueva resolución.
Mediante Resolución 11 (f. 117), de fecha 22 de julio de 2019, el Tercer Juzgado Civil
de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque admite a trámite la demanda.
Mediante escrito ingresado el 18 de diciembre de 2019 (f. 141), la procuradora
pública de la Contraloría General de la República se apersona al proceso y contesta la
demanda, solicitando que sea declarada infundada. Afirma los jueces supremos
demandados sí cumplieron con expresar las razones de hecho y derecho que los llevaron
a declarar improcedente el recurso de casación materia de la demanda.
En la Resolución 13 (f. 156), de fecha 8 de junio de 2020, el Tercer Juzgado
Civil de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, además de tener por contestada la
demanda por la procuradora pública de la Contraloría General de la República, deja
constancia que el procurador público del Poder Judicial no hizo lo propio, pese a
encontrarse debidamente notificado.
El Segundo Juzgado Civil de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque,
mediante Resolución 17 (sentencia), de fecha 29 de enero de 2021 (f. 172), declara
fundada la demanda, tras considerar que la resolución cuestionada ha obviado evaluar el
hecho de que el día inicial del cómputo del plazo para interponer el recurso de casación
coincidió con el inicio de la huelga de trabajadores del Poder Judicial, por lo que el
plazo debió suspenderse e iniciar el cómputo el día en que se reiniciaron las labores en
dicha institución, el 4 de diciembre de 2015, y la fecha de término del plazo era el 17 de
diciembre de 2015, de manera que el recurso de casación fue presentado por la actora
antes de su vencimiento. Por ello, considera que, al haberse declarado improcedente por
extemporáneo dicho medio impugnatorio, se incurrió en vicio de motivación
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insuficiente.
La Primera Sala Especializada en lo Civil de la Corte Superior de Justicia de
Lambayeque, mediante Resolución 27, de fecha 24 de enero de 2022 (f. 268), declara
improcedente la demanda porque, a su consideración, la demandante no ha acreditado
que los trabajadores del Poder Judicial hubieran reiniciado sus labores el 4 de diciembre
de 2015, pues, según la Directiva 002-2015-GG-PJ, la huelga concluyó el 1 de
diciembre de 2015, de modo que el plazo para interponer el recurso de casación debía
computarse a partir del 2 de diciembre de 2015, siendo la fecha de término para
presentar el recurso de casación el día 16 de diciembre, por lo que al haberse interpuesto
dicho medio impugnatorio el día 17, devino extemporáneo.
FUNDAMENTOS
Petitorio y determinación del asunto controvertido
1. El objeto del proceso es que se declare la nulidad de la Casación Laboral 250-
2016-LAMBAYEQUE, de fecha 3 de enero de 2017, que declaró improcedente
por extemporáneo el recurso de casación que la demandante interpuso en el
proceso subyacente; y, consecuentemente, pide que se disponga la continuación
del trámite del recurso de casación. Denuncia la violación de sus derechos a la
debida motivación de las resoluciones judiciales y a la pluralidad de instancia.
Sobre el derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales
2. El derecho a la motivación de las resoluciones judiciales se encuentra recogido en
el numeral 5, del artículo 139 de la Constitución Política, conforme al cual,
constituye un principio y un derecho de la función jurisdiccional “La motivación
escrita de las resoluciones judiciales en todas las instancias, excepto los decretos
de mero trámite, con mención expresa de la ley aplicable y los fundamentos de
hecho en que se sustentan”.
3. En la sentencia emitida en el Expediente 04302-2012-PA/TC, este Tribunal
Constitucional precisó que.
5. […] este derecho implica que cualquier decisión judicial cuente con un razonamiento
(elementos y razones de juicio) que no sea aparente, defectuoso o irrazonable, sino que
exponga de manera clara, lógica y jurídica los fundamentos de hecho y de derecho que
la justifican (STC 06712-2005-PHC/TC, fundamento 10). De este modo, el derecho a la
motivación de las resoluciones judiciales encuentra su fundamento en la necesidad de
que las partes conozcan el proceso lógico-jurídico (ratio decidendi) que conduce a la
decisión, y de controlar la aplicación del derecho realizada por los órganos judiciales,
pues ésta no puede ser arbitraria, defectuosa, irrazonada o inexistente.
4. Asimismo, tal como lo ha precisado este Alto Tribunal en diversa jurisprudencia,
el derecho a la motivación de las resoluciones judiciales no garantiza una
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determinada extensión de la motivación, por lo que su contenido constitucional se
respeta prima facie: a) siempre que exista fundamentación jurídica, que no
implica la sola mención de las normas a aplicar al caso, sino la explicación de por
qué tal caso se encuentra o no dentro de los supuestos que contemplan tales
normas; b) siempre que exista congruencia entre lo pedido y lo resuelto, que
implica la manifestación de los argumentos que expresarán la conformidad entre
los pronunciamientos del fallo y las pretensiones formuladas por las partes; y, c)
siempre que por sí misma exprese una suficiente justificación de la decisión
adoptada, aun si esta es breve o concisa, o se presenta el supuesto de motivación
por remisión (Cfr. sentencia emitida en el Expediente 04348-2005-PA/TC,
fundamento 2).
5. Cabe agregar, además, que el Tribunal Constitucional desarrolló el contenido
constitucionalmente protegido del derecho a la debida motivación de las
resoluciones judiciales, precisando que este se ve vulnerado, entre otros
supuestos, por la inexistencia de motivación o motivación aparente, que ocurre
cuando el juez "no da cuenta de las razones mínimas que sustentan la decisión o
[...] no responde a las alegaciones de las partes del proceso, o porque solo intenta
dar un cumplimiento formal al mandato, amparándose en frases sin ningún
sustento fáctico o jurídico" (sentencia emitida en el Expediente 00728-2008-
PHC/TC, fundamento 7).
Sobre el derecho a la pluralidad de instancia
6. En relación con el contenido del derecho a la pluralidad de instancia, reconocido
en el numeral 6, del artículo 139 de la Constitución Política, el Tribunal
Constitucional ha precisado, en reiterada jurisprudencia, que es un derecho
fundamental que tiene por objeto garantizar que las personas, naturales o
jurídicas, que participen en un proceso judicial tengan la oportunidad de que lo
resuelto por un órgano jurisdiccional sea revisado por un órgano superior de la
misma naturaleza, siempre que se haya hecho uso de los medios impugnatorios
pertinentes, formulados dentro del plazo legal. Debe tenerse presente, además, que
el Tribunal Constitucional ha considerado que el derecho a la pluralidad de la
instancia es un derecho de configuración legal, lo cual implica que es al legislador
quien le corresponde crear y/o determinar los requisitos que se debe cumplir para
que estos sean admitidos, así como establecer el procedimiento que se deba
seguir.
Análisis del caso concreto
7. Como se ha descrito previamente, el objeto del presente proceso es que se declare
la nulidad de la Casación Laboral 250-2016-LAMBAYEQUE, de fecha 3 de
enero de 2017, que declaró improcedente por extemporáneo el recurso de casación
que interpuso la recurrente contra la sentencia de vista dictada en el proceso
subyacente; y, consecuentemente, pide que se disponga la continuación del
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trámite de dicho medio impugnatorio. Denuncia la violación de sus derechos a la
debida motivación de las resoluciones judiciales y a la pluralidad de instancia.
8. En primer lugar, debe recordarse que este Tribunal Constitucional, en diversa
jurisprudencia, ha dejado sentado el criterio de que los días transcurridos durante
la huelga del Poder Judicial no deben ser incluidos en el cálculo del plazo para la
interposición de la demanda de amparo, criterio que ha hecho extensivo al plazo
de prescripción de la casación, pues se trata de un impedimento ajeno a la
voluntad de las partes para acudir a los órganos jurisdiccionales.
9. Ahora bien, de la revisión de la Casación Laboral 250-2016-LAMBAYEQUE,
materia de cuestionamiento, se aprecia que la recurrente presentó el recurso de
casación el día 16 de diciembre de 2015, y los jueces demandados declararon
improcedente dicho medio impugnatorio, para lo cual se basaron en que:
Cuarto: […] se debe precisar que mediante Casación Laboral N° 691-2014-LIMA, se
estableció que no puede considerarse que una paralización de labores de trabajadores
del Poder Judicial motivada por una huelga, suspenda el plazo de caducidad. En ese
contexto, dispuso en el considerando octavo: "al encontrarse suspendidas las labores del
Poder Judicial los días veintiocho y veintinueve de noviembre y tres de diciembre de
diciembre de dos mil doce, que corresponden a días posteriores al plazo de treinta (30)
días hábiles para presentar su demanda […] se tiene claro que el trabajador está en la
obligación de presentar su demanda el primer día hábil de levantada la huelga.
Quinto: […] habiendo sido interpuesta el recurso de casación por la demandante,
mediante escrito de fecha dieciséis de diciembre de dos mil quince, es evidente que no
se encuentra dentro del plazo previsto en la Ley, al transcurrir de forma extemporánea el
término, pues de ser el caso, debió presentar el escrito al día siguiente hábil de levantada
la huelga; por lo que, el recurso de casación interpuesto resulta improcedente, al no
cumplir con el requisito previsto en el inciso 3) del artículo 35° de la Ley N° 29497,
Nueva Ley Procesal de Trabajo.
10. De lo expuesto, se advierte que los jueces demandados declararon improcedente el
recurso de casación sin evaluar debidamente el hecho de que la recurrente se vio
impedida de presentar dicho medio impugnatorio debido a la huelga de
trabajadores del Poder Judicial y sin justificar adecuadamente por qué
consideraron que dicha medida de fuerza no suspende el cómputo de los plazos
procesales. Antes bien, se limitaron a invocar la Casación 691-2014-LIMA, en la
que se resolvió que la huelga no suspende el plazo de caducidad para interponer la
demanda, e incurrieron así en un vicio de motivación aparente. Cabe precisar que
la citada resolución casatoria fue anulada por este Tribunal en la sentencia emitida
en el Expediente 02709-2017-PA/TC.
11. Por otro lado, con relación al argumento que sirvió a la sentencia de segundo
grado del presente proceso para declarar improcedente la demanda, debe
precisarse que si bien, según la Resolución Administrativa n.° 0571-2015-GG-PJ
(f. 181), la huelga de trabajadores del Poder Judicial en todo el país habría
concluido el 1 de diciembre de 2015, y reiniciaron sus labores al día siguiente; sin
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embargo, de la lectura de la Resolución Administrativa 927-2015-CED-CSJLA/PJ
(f. 261), emitida por la presidenta de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque,
que no fue analizada por el órgano revisor y que sirve de respaldo al recurso de
agravio constitucional, se puede apreciar que en esa Corte Superior de Justicia las
labores, tras la huelga general de trabajadores del Poder Judicial, se reiniciaron el
4 de diciembre de 2015, por lo que el recurso de casación del proceso subyacente
sí fue presentado dentro del plazo previsto en la ley.
12. En tal sentido, al haberse acreditado la vulneración del derecho a la debida
motivación de las resoluciones judiciales, debe estimarse la demanda y declarar
nula la resolución casatoria materia de examen, y ordenar al órgano jurisdiccional
demandado que emita nuevo pronunciamiento.
Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le
confiere la Constitución Política del Perú,
HA RESUELTO
1. Declarar FUNDADA la demanda de amparo, por violación del derecho
fundamental al debido proceso, en su manifestación de la debida motivación de
las resoluciones judiciales.
2. Declarar NULA la resolución de fecha 3 de enero de 2017, expedida por la
Segunda Sala Transitoria de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema
de Justicia de la República en la Casación Laboral n.° 250-2016 Lambayeque.
3. ORDENAR a la Segunda Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de
la Corte Suprema de Justicia de la República que emita un nuevo pronunciamiento
conforme a lo expresado en los fundamentos de la presente sentencia.
Publíquese y notifíquese.
SS.
MORALES SARAVIA
PACHECO ZERGA
GUTIÉRREZ TICSE
DOMÍNGUEZ HARO
MONTEAGUDO VALDEZ
OCHOA CARDICH
PONENTE MORALES SARAVIA
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FUNDAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO DOMÍNGUEZ HARO
Con el debido respeto por la opinión de mis honorables colegas magistrados, emito el
presente fundamento de voto, pues, a mi juicio, el vicio o déficit en que ha incurrido la
resolución sometida a escrutinio constitucional no es apariencia sino de falta de
motivación externa.
1. Conforme lo observo del tenor de la resolución de fecha 3 de enero de 2017
[Casación Laboral n.° 250-2016 Lambayeque] —obrante a fojas 10—, la Segunda
Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema de
Justicia de la República declaró improcedente el recurso de casación que presentó,
tras considerar que fue interpuesto fuera del plazo legal establecido, pues,
conforme a lo determinado en la resolución de fecha 18 de diciembre de 2015
[Casación Laboral n.° 691-2014 Lima], la paralización de labores de trabajadores
del Poder Judicial ocasionada por una huelga judicial no suspende el plazo de
caducidad, pues el mismo ya se había cumplido antes de la paralización de
labores, es decir, la paralización inició seguidamente se cumplió el plazo de
caducidad; por lo que, demanda debía presentarse al primer día hábil de levantada
la huelga [cfr. fundamento 4 de la mencionada resolución].
2. No obstante, advierto, desde un análisis externo, que la invocación a lo señalado
en la resolución de fecha 18 de diciembre de 2015 [Casación Laboral n.° 691-
2014 Lima] es objetivamente impertinente, porque el plazo para la interposición
de un recurso de casación no es caducidad sino de prescripción, conforme a lo
indicado en el fundamento 11 de la sentencia dictada en el Expediente n.° 03083-
2012-PA/TC.
3. En el mencionado fundamento 11 de la sentencia pronunciada en el Expediente
n.° 3083-2012-PA/TC, el Tribunal Constitucional señaló, además, que los días en
que hubo huelga judicial no deben ser incluidos en el cálculo del plazo para la
interposición del recurso de casación, por lo que deben ser adicionados una vez la
atención judicial vuelva a la normalidad.
4. En esa línea de pensamiento, conviene puntualizar que, en cualquier caso, la
interpretación de las disposiciones que regulan los plazos para interponer
impugnaciones debe ser realizada de un modo que favorezca la procedencia de las
mismas —y no al revés—, dado que se encuentra comprometido el ejercicio del
derecho fundamental de acceso a los recursos, cuya dimensión objetiva exige del
Estado un especial deber de protección. Por eso mismo, si existe una
interpretación que limita la procedencia del recurso y otra que, por el contrario,
permite su procedencia, necesariamente debe optarse por esta última.
5. Consecuentemente, la fundamentación de la resolución de fecha 3 de enero de
2017 [Casación Laboral n.° 250-2016 Lambayeque] ha sido construida a partir de
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una premisa jurídica manifiestamente incorrecta: que no cabe suspender el plazo
para interponer un recurso de casación laboral mientras dura una huelga judicial.
6. Entonces, cabe concluir que la inobservancia de lo establecido en el fundamento
11 de la sentencia dictada en el Expediente n.° 03083-2012-PA/TC, por parte de
la cuestionada resolución de fecha 3 de enero de 2017 [Casación Laboral n.° 250-
2016 Lambayeque], califica como un vicio o déficit de motivación externa —y no
un vicio o déficit de apariencia—.
7. Por todo ello, considero que corresponde declarar nula la resolución de fecha 3 de
enero de 2017 [Casación Laboral n.° 250-2016 Lambayeque], a fin de que la
Segunda Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema
de Justicia de la República expida una nueva resolución que observe la posición
de este Tribunal Constitucional plasmada en la sentencia dictada en el Expediente
n.° 3083-2012-PA/TC, pues, como ha sido explicado, la citada Sala Suprema ha
violado el derecho fundamental a la motivación de las resoluciones judiciales de
la parte recurrente.
8. Sin perjuicio de lo anterior, estimo pertinente precisar, en primer lugar, que, en
virtud del principio de corrección funcional, corresponde a la Segunda Sala de
Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la
República determinar, conforme a sus atribuciones y competencias, si en la Corte
Superior de Justicia de Lambayeque las labores se reiniciaron el 1 de diciembre
de 2015 —como lo indica la Resolución Administrativa de la Gerencia General
del Poder Judicial n.° 0571-2015-GG-PJ, de fecha 7 de diciembre de 2015,
obrante a fojas 181, al normar la recuperación de horas que los servidores
judiciales dejaron de laborar—; o, el 4 de diciembre de 2015 —como lo sostiene
la parte accionante basándose en la Resolución Administrativa del Consejo
Ejecutivo Distrital de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque n.° 927-2015-
CED-CSJLA/PJ, de fecha 22 de diciembre de 2015, obrante a fojas 261, que
concedió licencia con goce de haber por motivos de salud a la servidora judicial
Katia Evelin Pérez Díaz—.
9. En tal virtud, opino que no le compete al Tribunal Constitucional dirimir, prima
facie, la incertidumbre relacionada a si, tras la huelga judicial, en la Corte
Superior de Justicia de Lambayeque las labores se reiniciaron el 1 de diciembre
de 2015 o el 4 de diciembre de 2015. Por ese motivo, me aparto de lo concluido
por mis honorables colegas magistrados en relación a que en la mencionada Corte
Superior las labores se reiniciaron el 4 de diciembre de 2015. De modo que, si el
recurso de casación presentado por la parte demandante en el proceso subyacente
es extemporáneo o no lo es, ello es un asunto que no debería ser dirimido, prima
facie, por la judicatura constitucional.
10. En segundo lugar, estimo necesario precisar que si bien la resolución de fecha 18
de diciembre de 2015 [Casación Laboral n.° 691-2014 Lima] —que fue utilizada
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por la Segunda Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte
Suprema de Justicia de la República para justificar la resolución de fecha 3 de
enero de 2017 [Casación Laboral n.° 250-2016 Lambayeque]— fue declarada
nula por la Sentencia Pleno 925/2020, de fecha 10 de noviembre de 2020, dictada
en el Expediente 2709-2017-PA/TC, ello ocurrió luego de la expedición de la
resolución de fecha 3 de enero de 2017 [Casación Laboral n.° 250-2016
Lambayeque].
11. Consiguientemente, no considero correcto subordinar la validez constitucional de
la fundamentación de la resolución de fecha 3 de enero de 2017 [Casación Laboral
n.° 250-2016 Lambayeque], a que hubiera tenido en cuenta que la resolución de
fecha 18 de diciembre de 2015 [Casación Laboral n.° 691-2014 Lima] fue
declarada nula, pues esto último ocurrió algunos años después de su expedición.
Atendiendo a tales consideraciones, mi VOTO es también por:
1. Declarar FUNDADA la demanda de amparo por violación del derecho
fundamental al debido proceso, en su manifestación de la debida motivación de
las resoluciones judiciales.
2. Declarar NULA la resolución de fecha 3 de enero de 2017 expedida por la
Segunda Sala Transitoria de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema
de Justicia de la República en la Casación Laboral n.° 250-2016 Lambayeque.
3. ORDENAR a la Segunda Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de
la Corte Suprema de Justicia de la República que emita un nuevo pronunciamiento
conforme a lo expresado en los fundamentos de la presente sentencia.
S.
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