Sala Segunda. Sentencia 105/2023
EXP. N.° 01773-2022-PHC/TC
CUSCO
SANDRO NÉSTOR VILLANUEVA
GUTIÉRREZ
RAZÓN DE RELATORÍA
La sentencia emitida en el Expediente 01773-2022-PHC/TC es aquella que
resuelve:
1. Declarar IMPROCEDENTE la demanda de habeas corpus de autos
en el extremo que se cuestiona la valoración de medios probatorios
penales, entre otros, referidos en el fundamento 4 de la presente
ponencia.
2. Declarar INFUNDADA la demanda en el extremo que se cuestiona
el principio de legalidad penal, referido en el fundamento 6 de la
presente ponencia.
Dicha resolución está conformada por el voto conjunto de los magistrados
Morales Saravia y Domínguez Haro y el voto del magistrado Ochoa
Cardich, quien fue convocado para dirimir la discordia suscitada en autos.
Se deja constancia de que los magistrados concuerdan con el sentido del
fallo y que la resolución alcanza los tres votos conformes, tal como lo prevé
el artículo 11, primer párrafo, del Reglamento Normativo del Tribunal
Constitucional en concordancia con el artículo 5, cuarto párrafo, de su Ley
Orgánica. Asimismo, se acompaña el voto singular emitido por el
magistrado Gutiérrez Ticse.
La secretaria de la Sala Segunda hace constar fehacientemente que la
presente razón encabeza los votos antes referidos, y que los magistrados
intervinientes firman digitalmente al pie de ella en señal de conformidad.
Lima, 4 de abril de 2023.
SS.
MORALES SARAVIA
GUTIÉRREZ TICSE
DOMÍNGUEZ HARO
OCHOA CARDICH
Elda Milagros Suárez Egoavil
Secretaria de la Sala Segunda
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GUTIÉRREZ
VOTO DE LOS MAGISTRADOS MORALES SARAVIA Y
DOMÍNGUEZ HARO
ASUNTO
Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Percy Revilla
Llaza y otro, abogados de don Sandro Néstor Villanueva Gutiérrez, contra la
resolución de fojas 465, de fecha 22 de marzo de 2022, expedida por la
Segunda Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de
Cusco, que declaró improcedente la demanda de habeas corpus de autos.
ANTECEDENTES
Con fecha 9 de setiembre de 2021, don Sandro Néstor Villanueva
Gutiérrez interpone demanda de habeas corpus (f. 1) contra el juez del
Cuarto Juzgado Penal Unipersonal de Cusco con adición de funciones para
juzgamiento en delitos de corrupción de funcionarios, don Jimmy Alan
Manchego Enríquez, y los jueces de la Segunda Sala Penal de Apelaciones
de la Corte Superior de Justicia de Cusco, señores Álvarez Dueñas,
Velásquez Cuentas y Ttito Quispe. Invoca el principio de legalidad y los
derechos a probar, a la motivación de las resoluciones judiciales y al
proceso sin dilaciones indebidas.
Solicita que se declare la nulidad de la Resolución 71-2019 (f. 63),
sentencia de fecha 1 de febrero de 2019, y de la Resolución 82 (f. 141),
sentencia de vista de fecha 6 de diciembre de 2019, en el extremo por el que
los órganos judiciales demandados lo condenaron a cuatro años de pena
privativa de la libertad efectiva como autor del delito de negociación
incompatible, lo inhabilitaron para obtener y ejercer cargo público por el
plazo de tres años y fijaron un monto dinerario por concepto de reparación
civil; y que, consecuentemente, se disponga que otro juzgado penal realice
un nuevo juicio oral y se emita sentencia (Expediente 01158-2011-84-1001-
JR-PE-06).
Alega que se ha vulnerado el principio de legalidad por haber sido
condenado por el delito de negociación incompatible, pese a que no
concurre el elemento típico de interesarse en provecho de un tercero; que se
ha vulnerado el derecho a probar en relación con el deber de motivación de
la prueba de la determinación de si los seis predios adjudicados a terceros se
encontraban o no dentro de una zona protegida de bosques de producción
permanente; y que se ha vulnerado el derecho a un proceso sin dilaciones
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indebidas y su conexión con el deber de motivación de la determinación de
la pena al no haberse considerado el atenuante supralegal de la excesiva
duración del proceso penal que es aplicada de forma recurrente en la
jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la República para reducir
el quantum de la pena a imponer al condenado como compensación por la
demora en resolver su situación jurídica.
Afirma que el supuesto interés que ha mostrado en la suscripción del
convenio de cooperación institucional no puede configurar el delito de
negociación incompatible por la sencilla razón de que no se favorecía a
ninguna persona en concreto con la adjudicación de los predios. Señala que
el juzgado y la sala no han tomado en cuenta que el tipo penal de
negociación incompatible exige que cuando el funcionario muestre un
interés indebido aquel debe ser en interés propio o de un tercero, por lo que,
si los eventuales beneficiarios no eran mencionados o eran personas
indeterminadas, se estaría ante una conducta atípica por ausencia del
elemento interesarse en favorecer a un tercero, elemento que no se cumple
en el caso penal.
Señala que las sentencias cuestionadas no tomaron en cuenta que el
encausado al viabilizar la adjudicación de los seis predios se basó en la
información registral y catastral disponible que constaba en las fichas
registrales de los Registros Públicos por la cual se verificaba que los citados
terrenos no estaban ubicados dentro de una zona de bosques de producción
permanente. Asimismo, se basó en la información y documentación
proporcionada por los que elaboraron las fichas catastrales, tanto es así que
durante el proceso se determinó claramente que dichos terrenos no se
superponían a predios inscritos como bosques de producción permanente.
Agrega que el informe de la Contraloría no existía al momento de los
hechos y que fue rebatido por certificados de búsqueda catastral de partidas
registrales e informes técnicos de que fue omitida su evaluación.
En la presente demanda también se cuestiona el sistema de tercios
aplicado por los jueces emplazados al momento de determinar la pena
concreta impuesta. Refiere que ninguno de ellos cumplió con su deber de
motivar en las sentencias penales impugnadas la aplicación de la “atenuante
supralegal de dilaciones indebidas”, derivada de la vulneración del derecho
al plazo razonable, y que la ley que prevé el sistema de tercios fue expedida
con posterioridad al dictado de tales sentencias, afectando la prohibición de
retroactividad de la ley penal.
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El Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria de Cusco, con fecha 9
de setiembre de 2021 (f. 187), declaró la improcedencia liminar de la
demanda. Estima que mediante el proceso constitucional no se puede
controlar las decisiones de la instancia penal que fueron analizadas dentro
del proceso ordinario, por lo que mal haría el operador constitucional en
inmiscuirse en el ámbito que la ley ha reservado a los jueces de la judicatura
ordinaria, pues admitir lo contrario importaría que de pronto los procesos
constitucionales se conviertan en una instancia más de la justicia común a
efectos de revisar todas y cada una de las decisiones ordinarias, lo cual
resulta inadmisible.
La Segunda Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de
Justicia de Cusco, con fecha 5 de noviembre de 2021 (f. 249), declaró la
nulidad de la resolución que rechazó el habeas corpus de manera liminar y
ordenó que el juzgado de origen emita una nueva resolución previa
admisión a trámite de la demanda. Juzga que se ha vulnerado el debido
proceso y la prohibición del rechazo liminar de la demanda prevista en el
artículo 6 del Nuevo Código Procesal Constitucional.
El Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria de Cusco, mediante
Resolución 1, de fecha 17 de enero de 2022, admitió a trámite la demanda
(f. 260).
Realizada la investigación sumaria del habeas corpus, el procurador
público adjunto a cargo de los asuntos judiciales del Poder Judicial solicita
que la demanda sea declarada improcedente (f. 264). Señala que los
agravios planteados en la demanda no tienen trascendencia constitucional
para ser tutelados vía el habeas corpus, ya que no se evidencia una
manifiesta vulneración a los derechos invocados, en tanto que el agravio
materia de debate es de competencia exclusiva de la jurisdicción ordinaria.
Afirma que la restricción de la libertad personal del actor es legítima y
constitucional, razón por la cual la demanda debe ser declarada
improcedente de conformidad con lo dispuesto por el artículo 7, inciso 1,
del Nuevo Código Procesal Constitucional.
El Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria de Cusco, con fecha
11 de febrero de 2022 (f. 373), declaró improcedente la demanda. Considera
que en el caso no se aprecia la vulneración de los derechos alegados, sino la
pretensión del reexamen de la sentencia condenatoria confirmada por la
sentencia de vista con el alegato de una presunta transgresión de derechos
constitucionales, lo cual es una materia jurídica ajena a la judicatura
constitucional. Precisa que no es facultad del juez constitucional subrogar al
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juez ordinario en el reexamen de una sentencia condenatoria. Agrega que la
demora en la etapa intermedia y de juzgamiento se debió a la conducta
dilatoria de la defensa técnica del actor que frustró varias sesiones.
La Segunda Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de
Justicia de Cusco, con fecha 22 de marzo de 2022 (f. 465) confirmó la
resolución apelada. Anota que lo que pretende la demanda es la revaluación
de las pruebas actuadas en el proceso penal del actor, valoración de los
medios probatorios que exclusivamente compete a la judicatura ordinaria y
que no está referida al contenido constitucionalmente protegido por el
habeas corpus. Manifiesta que no es facultad del juzgador constitucional
atribuirse facultades reservadas al juez penal como si fuera una instancia
más a efectos de realizar el reexamen de las sentencias y de esa manera
subrogar las funciones de la jurisdicción ordinaria.
FUNDAMENTOS
Delimitación del petitorio
1. El objeto de la demanda es que se declare la nulidad de la Resolución
71-2019, sentencia de fecha 1 de febrero de 2019, y de la Resolución
82, sentencia de vista de fecha 6 de diciembre de 2019, en el extremo
referido a que el Cuarto Juzgado Penal Unipersonal de Cusco con
adición de funciones para juzgamiento en delitos de corrupción de
funcionarios y la Segunda Sala Penal de Apelaciones de la Corte
Superior de Justicia de Cusco condenaron a don Sandro Néstor
Villanueva Gutiérrez a cuatro años de pena privativa de la libertad
efectiva como autor del delito de negociación incompatible, lo
inhabilitaron para obtener y ejercer cargo público por determinado
plazo y fijaron un monto dinerario por concepto de reparación civil; y
que, consecuentemente, se disponga que otro juzgado penal realice un
nuevo juicio oral y emita una nueva sentencia (Expediente 01158-2011-
84-1001-JR-PE-06). Se invoca el principio de legalidad y los derechos a
probar, a la motivación de las resoluciones judiciales y al proceso sin
dilaciones indebidas.
Análisis del caso
2. La Constitución establece expresamente en su artículo 200, inciso 1,
que el habeas corpus procede cuando se vulnera o amenaza la libertad
individual o sus derechos constitucionales conexos. Ello implica que
para que proceda el habeas corpus el hecho denunciado de
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inconstitucional necesariamente debe redundar en una afectación
negativa, real, directa y concreta del derecho a la libertad personal o sus
derechos constitucionales conexos.
3. Sobre el particular, la controversia generada por los hechos
denunciados no deberá estar relacionada con asuntos propios de la
judicatura ordinaria, pues de ser así la demanda será declarada
improcedente en aplicación de la causal de improcedencia prevista en el
artículo 7, inciso 1, del Nuevo Código Procesal Constitucional. Dicha
causal señala que no proceden los procesos constitucionales cuando los
hechos y el petitorio de la demanda no están referidos en forma directa
al contenido constitucionalmente protegido del derecho invocado; y es
que, conforme a lo establecido por el artículo 1 del Nuevo Código
Procesal Constitucional, la finalidad del presente proceso constitucional
es reponer el derecho a la libertad personal del agraviado o sus derechos
constitucionales conexos.
4. En el caso de autos, se aprecia que lo que en realidad pretende la
demanda es que se lleve a cabo el reexamen de las resoluciones
cuestionadas con alegatos que sustancialmente se encuentran
relacionados con asuntos que corresponde determinar a la judicatura
ordinaria, como son los alegatos referidos a la tipicidad y la
configuración del delito, la apreciación de los hechos penales, la
valoración de las pruebas penales, los alegatos de irresponsabilidad
penal, la determinación del quantum de la pena (si se debía aplicar o no
la atenuante de dilaciones indebidas), así como la aplicación o
inaplicación al caso penal concreto de los criterios jurisprudenciales del
Poder Judicial.
5. Por consiguiente, respecto de tales extremos la presente demanda debe
ser declarada improcedente en aplicación de la causal de improcedencia
contenida en el artículo 7, inciso 1, del Nuevo Código Procesal
Constitucional, máxime si las sanciones de inhabilitación y de la
reparación civil no agravian el derecho a la libertad personal materia de
tutela del habeas corpus.
6. Respecto del extremo en el que se cuestiona el sistema de tercios
aplicado por las sentencias penales impugnadas para la determinación
de la pena concreta (4 años), cabe desestimarlo pues, más allá de que no
fue impugnado en el respectivo recurso de apelación penal, no se
evidencia la afectación de alguno de los contenidos del principio de
legalidad penal (prohibición de aplicación retroactiva). Para justificar
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esta conclusión nos remitimos a los argumentos expuestos por el
Tribunal Constitucional en anterior oportunidad, sosteniendo que “fijar
la determinación de la pena es una atribución del juez penal. Para
realizar ello, el juez penal debe analizar y valorar los hechos, las
conductas y las circunstancias que lo lleven a establecer el quantum de
la pena que considere debe corresponder a tales elementos. En ese
sentido, el juez penal puede recurrir a diferentes técnicas y herramientas
argumentativas para realizar tal análisis y valoración. Consideramos
que el uso del sistema de tercios y la valoración de agravantes y
atenuantes es, efectivamente, una herramienta argumentativa que el
juez usa para fijar la pena, y que, si bien ahora se encuentra
positivizada, podría haber sido usada de forma razonada y debidamente
motivada incluso en el supuesto de que los artículos 45-A y 46 no
hubieran existido, por lo que no resulta razonable proscribir su uso. Es
más, ello implicaría dificultar de forma irrazonable la labor de los
jueces penales para motivar sus sentencias” [Sentencia emitida en el
Expediente 00943-2019-PHC/TC fundamento 16]. En consecuencia,
este extremo de la demanda debe ser declarado infundado.
Por estos fundamentos, nuestro voto es por:
1. Declarar IMPROCEDENTE la demanda de habeas corpus de autos
en el extremo que se cuestiona la valoración de medios probatorios
penales, entre otros, referidos en el fundamento 4 de la presente
ponencia.
2. Declarar INFUNDADA la demanda en el extremo que se cuestiona
el principio de legalidad penal, referido en el fundamento 6 de la
presente ponencia.
SS.
MORALES SARAVIA
DOMÍNGUEZ HARO
PONENTE MORALES SARAVIA
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VOTO DEL MAGISTRADO OCHOA CARDICH
Emito el presente voto a favor de la ponencia, pues me encuentro de
acuerdo con el sentido resolutorio suscrito por la mayoría de los magistrados
de la Sala.
En este sentido, estoy de acuerdo con que se declare improcedente la
demanda de habeas corpus de autos en el extremo que se cuestiona la
valoración de medios probatorios penales, entre otros (fundamento 4), pues
en el fondo lo que se busca es que se reexamine lo resuelto en sede penal.
Asimismo, coincido con que se declare infundada la demanda en el
extremo que se cuestiona el principio de legalidad penal (fundamento 6),
con base en las razones allí esgrimidas.
S.
OCHOA CARDICH
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GUTIÉRREZ
VOTO SINGULAR DEL MAGISTRADO GUTIÉRREZ TICSE
Con el debido respeto por la opinión de mis colegas, emito el presente voto
singular, el cual sustento en los siguientes fundamentos:
1. En el presente caso, se solicita que se declare la nulidad de la
Resolución 71-2019 (f. 63), sentencia de fecha 1 de febrero de 2019, y
de la Resolución 82 (f. 141), sentencia de vista de fecha 6 de
diciembre de 2019, en el extremo por el que los órganos judiciales
demandados lo condenaron a cuatro años de pena privativa de la
libertad efectiva como autor del delito de negociación incompatible, lo
inhabilitaron para obtener y ejercer cargo público por el plazo de tres
años y fijaron un monto dinerario por concepto de reparación civil; y
que, consecuentemente, se disponga que otro juzgado penal realice un
nuevo juicio oral y se emita sentencia (Expediente 01158-2011-84-
1001-JR-PE-06).
2. La ponencia desestima la demanda. Por un lado, en cuanto al extremo
en que se cuestiona la individualización de la pena, se señala que el
sistema de tercios no evidencia la afectación de alguno de los
contenidos del principio de legalidad penal (prohibición de aplicación
retroactiva). Otro extremo de la demanda es desestimado en atención a
que se considera que se pretende se lleve a cabo el reexamen de las
resoluciones cuestionadas con alegatos que sustancialmente se
encuentran relacionados con asuntos que corresponde determinar a la
judicatura ordinaria, como son los alegatos referidos a la tipicidad y la
configuración del delito, la apreciación de los hechos penales, la
valoración de las pruebas penales.
3. Conforme lo ha señalado reiterada jurisprudencia de este Tribunal
Constitucional, la determinación de la responsabilidad penal es
competencia exclusiva de la judicatura ordinaria, aspecto que también
involucra la subsunción de la conducta y la graduación de la pena
dentro del marco legal. Asimismo, tampoco le compete a la justicia
constitucional evaluar la mejor interpretación de la ley penal sobre la
base de consideraciones estrictamente legales, así como el evaluar el
cumplimiento de los criterios jurisprudenciales que rigen en la justicia
ordinaria.
4. No obstante lo señalado, ello no implica que la actividad probatoria
llevada a cabo al interior de un proceso penal quede fuera de todo
control constitucional. En efecto, uno de los elementos del debido
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proceso es el derecho a probar, reconocido expresamente en el artículo
9 del Nuevo Código Procesal Constitucional como objeto de tutela del
amparo y hábeas corpus contra resolución judicial. Este Tribunal
Constitucional, ha señalado que constituye un elemento del derecho a
probar, que los medios probatorios sean valorados de manera
adecuada (sentencia emitida en el Expediente 06712-2005-PHC/TC,
fundamento 15). Asimismo, el deber del juez constitucional de
analizar de manera escrupulosa los argumentos expuestos por el
beneficiario, sobre todo tratándose de casos penales, donde está de por
medio la libertad personal.
5. En el presente caso, el recurrente fue condenado por delito de
negociación incompatible. Según se señala en la sentencia
condenatoria, el recurrente se habría interesado indebidamente en la
adjudicación de ocho terrenos forestales a favor de terceras personas,
a pesar de que no se reunían los requisitos establecidos por ley en
relación a la posesión y explotación agropecuaria.
6. Se señala como hechos probados en el caso penal el haber firmado el
"Convenio de Cooperación Interinstitucional entre la Dirección
Regional Agraria Cusco y COFOPRl” de fecha 03 de marzo del 2008,
para el cual no tenía facultades legales. El objeto de dicho convenio
habría sido establecer mecanismos de colaboración interinstitucional
entre las partes a fin de que las constancias de posesión sean emitidas
por los Agentes Agrarios de la Dirección Regional de Agricultura; que
en su condición de jefe de la oficina COFOPRI Cusco, tras recibir los
expedientes administrativos de 116 predios, los remitió a la agencia
agraria de Quispicanchi para su respectiva suscripción, entre los
cuales estaban los de 8 predios que fueron materia de
cuestionamiento; y que no solicitó opinión técnica del entonces
INRENA a fin de determinar si los ocho predios materia de
cuestionamiento se encontraban comprendidos o no dentro de las
áreas naturales protegidas.
7. Al respecto, cabe señalar que la motivación de la resolución que
impone una pena privativa de libertad por este delito no solo debe
sustentar los errores administrativos en los que habría incurrido el
recurrente, sino sustentarse en de qué manera en el caso se configura
el interés que se exige en el tipo penal, (ya sea de manera directa,
indirecta, o por acto simulado). No obstante, en la sentencia
condenatoria y su confirmatoria no abundan en relación al interés que
haya tenido el recurrente del presente habeas corpus para favorecer a
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terceras personas, lo que denota una vulneración al derecho a la
debida motivación de las resoluciones.
8. Lo expuesto, además, genera una grave problemática en la política
criminal, ya que la motivación básica que emplea el juez para la
imputación de un delito funcional pone en riesgo la conducción de la
administración nacional y subnacional. En muchos casos, las
autoridades deben adoptar una gestión de interés público que permita
ejecutar obras y servicios en favor de sus administrados. Ello
diferencia un interés lícito de uno ilícito. Solo en caso de la ilicitud del
interés de la autoridad estaremos en un acto reprochable
punitivamente.
9. En ese orden de ideas, la motivación reforzada para los delitos
funcionales y la probanza del interés ilícito es una exigencia que no
puede ser menoscabada por la justicia y justificar una condena, pues
se convertiría en vez de garantista en inquisitivo, lo cual no puede ser
tolerable por el derecho penal democrático.
Por las consideraciones expuestas, en el presente caso mi voto es por
declarar FUNDADA la demanda; en consecuencia, NULA la sentencia de
fecha 1 de febrero de 2019, expedida por el Cuarto Juzgado Unipersonal de
Cusco y de la sentencia de vista de fecha 6 de diciembre de 2019, expedida
por la Segunda Sala Penal de Apelaciones de Cusco. (Expediente 1158-
2011-84-1001-JR-PE -06).
S.
GUTIÉRREZ TICSE