Sala Segunda. Sentencia 227/2023
EXP. N.° 02090-2022-PHC/TC
LIMA
CLAUDE ANDRÉ VEYSSIERE y
OTRA, representados por RANDHOL
MOYKAR GASTELLO ZÁRATE -
ABOGADO
SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
En Lima, a los 14 días del mes de abril de 2023, la Sala Segunda del
Tribunal Constitucional, integrada por los magistrados Gutiérrez Ticse,
Morales Saravia y Domínguez Haro, pronuncia la siguiente sentencia.
ASUNTO
Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Randhol
Moykar Gastello Zárate, abogado de don Claude André Veyssiere y otra,
contra la resolución de fojas 109, de fecha 23 de febrero de 2022, expedida
por la Tercera Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima,
que declaró improcedente la demanda de habeas corpus de autos.
ANTECEDENTES
Con fecha 28 de diciembre de 2021, don Randhol Moykar Gastello
Zárate, abogado de don Claude André Veyssiere y de doña Michelle M. J.
Pilon EP Veyssiere, interpone demanda de habeas corpus contra doña Ruth
Mariela Ponce Ormeño, jueza del Décimo Primer Juzgado Liquidador de la
Corte Superior de Justicia de Lima (f. 1). Alega la vulneración de los
derechos al debido proceso, a la tutela procesal efectiva, a la motivación de
las resoluciones, de defensa y a la presunción de inocencia.
El recurrente solicita que se tomen las medidas a fin de proteger los
derechos fundamentales de los favorecidos, en el proceso penal que se les
sigue por incurrir en los delitos contra la fe pública, falsedad ideológica, y
contra la administración de justicia, falsa declaración en procedimiento
administrativo (Expediente 03735-18).
El recurrente refiere que los beneficiarios son dos adultos mayores
originarios de Francia y que no dominan el idioma español; que,
aproximadamente en el año 2012 compraron un departamento en el distrito
de Miraflores; que por intermedio de algunos conocidos conocieron a la
arquitecta Cecilia Vásquez Durand, a la cual contrataron a efectos de
subsanar algunos aspectos registrales del departamento. Manifiesta que la
arquitecta mencionada les indicó que mediante un proceso administrativo
ante la Municipalidad Distrital de Miraflores les solucionaría el problema y
que también se comprometió a realizar una ampliación de dicho inmueble.
Agrega que la arquitecta Vásquez Durand les solicitó a los favorecidos
que le otorguen un poder por escritura pública para representarlos, única y
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exclusivamente, ante la Municipalidad Distrital de Miraflores; que, sin
embargo, los trámites administrativos se desestimaron y la municipalidad
comunicó que la regularización se realizaría mediante un procedimiento
registral ante la Sunarp; empero, la mencionada arquitecta se aprovechó de
la confianza que los favorecidos le otorgaron, pues desconocían el idioma
castellano, así como los trámites legales y registrales. Es así que,
aprovechando su parentesco con una persona que trabajaba de verificadora
en la Sunarp, inició un procedimiento registral en el que se insertó una fecha
falsa en la Ficha Registral del inmueble y presentó ese documento a la
Municipalidad Distrital de Miraflores. Ante ello, la Procuraduría pública de
la Sunarp inició la acción penal contra la arquitecta, su pariente y los
favorecidos, por la comisión del presunto delito contra la fe pública,
falsedad ideológica, falsa declaración en procedimiento administrativo.
El recurrente sostiene que el Quinto Juzgado Penal de Lima, mediante
sentencia de fecha 30 de diciembre de 2019, absolvió a los favorecidos; que
la Cuarta Sala Penal con Reos Libres Permanente de la Corte Superior de
Justicia de Lima, mediante Resolución 432, de fecha 21 de diciembre de
2020 (f. 34), declaró nula dicha sentencia e insubsistente el dictamen fiscal,
ordenó ampliar la instrucción por el término de treinta días, a fin de que se
realicen diversas diligencias, y la remisión de los actuados a la Mesa Única
de partes de los juzgados penales para su distribución a otro magistrado
distinto que conoció el proceso.
Finalmente, el recurrente indica que la jueza demandada, mediante
Resolución 45, de fecha 22 de noviembre de 2021 (f. 42), dispuso la
ampliación del plazo de instrucción y señaló fecha para que el 19 de enero
de 2022 los favorecidos brinden su declaración instructiva virtual, bajo
apercibimiento de ser declarados reos contumaces sin considerar que los
favorecidos ya habían sido absueltos y que él ha solicitado en forma
reiterada que, dentro del término de ley, se le permita leer el Expediente
03735-2018, sin haber obtenido respuesta.
El Décimo Juzgado Especializado en lo Constitucional de la Corte
Superior de Justicia de Lima, mediante Resolución 1, de fecha 29 de
diciembre de 2021 (f. 8), admite a trámite la demanda.
La jueza demandada remitió informe y copias de las piezas procesales
pertinentes del proceso penal contra los favorecidos (f. 18).
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OTRA, representados por RANDHOL
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El procurador público adjunto a cargo de los asuntos judiciales del
Poder Judicial se apersonó al proceso y al contestar la demanda alega que el
recurrente no adjuntó las resoluciones judiciales que —dice— lo afectan,
pese a que es su deber acreditar los actos lesivos invocados en la demanda;
que los presuntos actos lesivos no tienen contenido constitucionalmente
protegido por los derechos invocados y que, por tanto, la demanda es
improcedente de conformidad con el artículo 7, inciso 1, del Nuevo Código
Procesal Constitucional (f. 63).
El Décimo Juzgado Especializado en lo Constitucional de la Corte
Superior de Justicia de Lima, mediante sentencia contenida en la Resolución
5, de fecha 18 de enero de 2022 (f. 77), declaró improcedente la demanda,
por considerar que la ampliación de la instrucción por el plazo de treinta
días y la diligencia de declaración instructiva virtual de los favorecidos, bajo
el apremio respectivo, han sido dispuestas por la jueza demandada para dar
cumplimiento a lo ordenado por el superior jerárquico mediante resolución
de fecha 21 de diciembre de 2021. Argumenta que, en todo caso, la
pretensión de autos ha podido ser dilucidada en la vía ordinaria, a través de
los medios impugnatorios de los cuales todo procesado puede hacer uso
cuando no está de acuerdo con una decisión judicial y que el habeas corpus
no puede ni debe ser utilizado como vía indirecta para ventilar aspectos que
son propios de la jurisdicción ordinaria, toda vez que le corresponde a esta y
no a la jurisdicción constitucional dilucidar los alegatos señalados por el
recurrente.
La Tercera Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de
Lima confirmó la resolución apelada, por estimar que los cuestionamientos
de la demanda se remiten exclusivamente a discutir la Resolución 432, de
fecha 21 de diciembre de 2020, emitida por la Cuarta Sala Penal con Reos
Libres Permanente de Lima de la Corte Superior de Justicia de Lima, que
declaró nula la sentencia de fecha 30 de diciembre de 2019, en el extremo
que absuelve a los favorecidos. Indica que dicha resolución contiene las
razones por las que se dispone declarar nula la sentencia de primera
instancia, al concluir que, en el proceso penal no se habría realizado las
diligencias necesarias para el esclarecimiento de los hechos conforme lo
establece el artículo 72 de Código de Procedimientos Penales. Por ello, no
existen elementos suficientes para determinar que se hayan afectado los
derechos constitucionales invocados, sobre todo si la Resolución 432 no es
definitiva, menos aún declara la culpabilidad de los favorecidos. Por
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consiguiente, lo que en el fondo pretende es una nueva revisión o el
reexamen de lo considerado y decidido en el proceso penal ordinario, es
decir que la jurisdicción constitucional se convierta en una nueva o en otra
instancia de revisión.
FUNDAMENTOS
Delimitación del petitorio
1. El recurrente solicita que se tomen las medidas a fin de proteger los
derechos fundamentales de don Claude André Veyssiere y de doña
Michelle M. J. Pilon EP Veyssiere, en el proceso penal que se les
sigue por la comisión de los delitos contra la fe pública, falsedad
ideológica, y contra la administración de justicia, falsa declaración en
procedimiento administrativo (Expediente 03735-18). Se alega la
vulneración de los derechos al debido proceso, a la tutela procesal
efectiva, a la motivación de las resoluciones, de defensa y a la
presunción de inocencia.
Análisis de la controversia
2. La Constitución Política del Perú establece en su artículo 200, inciso
1, que mediante el habeas corpus se protege tanto la libertad
individual como los derechos conexos a ella; no obstante, no cualquier
reclamo que alegue afectación del derecho a la libertad personal o a
los derechos conexos puede reputarse efectivamente como tal y
merecer tutela, pues para ello es necesario analizar previamente si
tales actos denunciados vulneran el contenido constitucionalmente
protegido del derecho tutelado por el habeas corpus.
3. El Tribunal Constitucional ha señalado que el derecho al debido
proceso puede ser tutelado mediante el proceso de habeas corpus,
siempre que el presunto hecho vulneratorio tenga incidencia negativa,
directa, concreta y sin justificación razonable en el derecho a la
libertad personal, lo que no sucede en el caso de autos.
4. De lo actuado este Tribunal advierte la razón de fecha 5 de enero de
2022 (f. 19), mediante la cual el secretario del Décimo Primer Juzgado
Liquidador de Lima informa que los favorecidos en el Proceso penal
03735-18 tienen la condición de reos libres y que no existe algún
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mandato de captura u otro que restrinja su libertad personal, sin que se
haya acreditado en autos que, a la fecha, dicha situación haya sido
variada.
5. De otro lado, si bien la demanda no se encuentra dirigida contra los
magistrados integrantes de la Cuarta Sala Penal con Reos Libres
Permanente de la Corte Superior de Justicia de Lima, este Tribunal
también aprecia que se pretende la nulidad de la Resolución 432, de
fecha 21 de diciembre de 2020, en el extremo que declaró nula la
sentencia de fecha 30 de diciembre de 2019, por la que los favorecidos
fueron absueltos.
6. Al respecto, este Tribunal ha precisado que la declaración de nulidad
de una sentencia, sea esta absolutoria o condenatoria, en sí misma, no
determina la restricción del derecho a la libertad personal.
7. Por consiguiente, dado que la reclamación del recurrente no está
referida al contenido constitucionalmente protegido del derecho
tutelado por el habeas corpus, resulta de aplicación el artículo 7,
inciso 1), del Nuevo Código Procesal Constitucional.
Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le
confiere la Constitución Política del Perú,
HA RESUELTO
Declarar IMPROCEDENTE la demanda.
Publíquese y notifíquese.
SS.
GUTIÉRREZ TICSE
MORALES SARAVIA
DOMÍNGUEZ HARO
PONENTE GUTIÉRREZ TICSE