Pleno. Sentencia 241/2023
EXP. N. ° 02103-2020-PA/TC
LIMA
JUAN JOSÉ ADRIANZÉN
MENACHO Y OTRO
SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
En Lima, a los 30 días del mes de marzo de 2023, el Pleno del
Tribunal Constitucional, integrado por los magistrados Morales Saravia,
Pacheco Zerga, Domínguez Haro, Monteagudo Valdez y Ochoa Cardich,
pronuncia la siguiente sentencia; con el abocamiento del magistrado
Gutiérrez Ticse, conforme al artículo 30-A del Reglamento Normativo
del Tribunal Constitucional.
ASUNTO
Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Juan José
Adrianzén Menacho y don Rómulo Airaldi Prieto contra la resolución de
fojas 145, de fecha 14 de enero de 2020, expedida por la Segunda Sala
Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima, que declaró
improcedente la demanda de amparo de autos.
ANTECEDENTES
Con fecha 8 de noviembre de 2018 (f. 88), los recurrentes
interponen demanda de amparo contra los jueces de la Primera Sala
Comercial Permanente de la Corte Superior de Justicia de Lima y de la
Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República, a
fin de que se declare nulas las siguientes resoluciones judiciales: (a)
Resolución 4, de fecha 29 de noviembre de 2017 (f. 62), que confirmó la
Resolución 3, de fecha 19 de mayo de 2017, y ordenó llevar adelante la
ejecución hasta que los ejecutados (hoy demandantes) cumplan con
pagar al ejecutante, Ami Trading (USA) Inc., la suma de $1 500,000.00
más intereses, costas y costos del proceso; y (b) Casación 453-2018
Lima, de fecha 19 de julio de 2018 (f. 84), que declaró improcedente su
recurso de casación. Denuncian la vulneración de sus derechos a la tutela
procesal efectiva, al debido proceso, a la defensa y a la verdad.
Manifiestan que se enteraron de la existencia del proceso iniciado
por su supuesto acreedor para hacer cobro de un pagaré, luego de que se
embargaran sus cuentas bancarias. Indican que, tras apersonarse al
proceso, interpusieron recurso de apelación y solicitaron la nulidad de
todo lo actuado, debido a que no fueron notificados en sus domicilios
reales, los cuales fueron conocidos por la referida empresa antes de
interponer la demanda, conforme se demuestra con la carta notarial de
fecha 19 de abril de 2016 (f. 24), que fue enviada a sus domicilios reales
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a fin de requerirles dicho pago. Sin embargo, aseveran que las
cuestionadas resoluciones desestimaron su pedido por no haber
formulado contradicción en su momento y porque cualquier cambio de
domicilio, para que sea válido, debió ser comunicado mediante carta
notarial, conforme lo establece el artículo 66.1 de la Ley de Títulos
Valores. Al respecto, manifiestan que no cursaron ninguna carta notarial
de cambio de domicilio porque la deuda era inexistente, toda vez que
nunca se llegó a celebrar el contrato de línea de crédito que justificara la
emisión del pagaré, y que ello fue comunicado oportunamente al
apoderado de la empresa. Consideran que les resulta inaplicable el
artículo 66.1 de la Ley de Títulos Valores, dado que este se aplica para
dar garantía al acreedor de tener un domicilio en donde notificar;
empero, si el acreedor conocía desde antes cuál era su nuevo domicilio,
debió notificarle el mandato de ejecución en este nuevo domicilio, por lo
que, al no hacerlo, se ha generado la indefensión de los deudores, al no
permitírseles formular contradicción.
El Segundo Juzgado Constitucional Transitorio de la Corte
Superior de Justicia de Lima, mediante la Resolución 1, de fecha 26 de
noviembre de 2018 (f. 104), declaró la improcedencia liminar de la
demanda, tras considerar que se advierte la disconformidad de los
recurrentes con el criterio de los órganos jurisdiccionales demandados,
lo cual no puede evaluarse en el amparo, ya que este no constituye un
medio impugnatorio que continúe revisando una decisión que sea de
exclusiva competencia de la jurisdicción ordinaria.
La Segunda Sala Constitucional Permanente de la Corte Superior
de Justicia de Lima, mediante Resolución 7, de fecha 14 de enero de
2020 (f. 145), confirmó la apelada, con el argumento de que a través del
amparo no puede realizarse una nueva interpretación y aplicación de la
norma en la forma que les favorezca a los demandantes, pues ello
implicaría que los jueces constitucionales se conviertan en una instancia
superior de fallo, y se pronuncie sobre asuntos que son de competencia
de la judicatura ordinaria.
Mediante auto del Tribunal Constitucional de fecha 26 de
noviembre de 2021, se dispuso declarar inaplicable al caso de autos el
segundo párrafo del artículo 5 del Nuevo Código Procesal
Constitucional y admitir a trámite la demanda de amparo ante el
Tribunal Constitucional, corriendo traslado de ella, sus anexos, así como
del recurso de agravio constitucional, a los jueces integrantes de la
Primera Sala Comercial Permanente de la Corte Superior de Justicia de
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Lima y la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la
República, para que, en el plazo de diez días hábiles, hagan ejercicio de
su derecho de defensa; asimismo, se incorporó a la empresa Ami Trading
(USA) Inc., así como a todos los que pudieran tener interés en al
resolución del proceso, para que se ejerza su defensa en el mismo plazo.
Mediante escrito de fecha 10 de enero de 2022, doña Carmen Julia
Cabello Matamala, entonces jueza integrante de la Sala Civil Transitoria
de la Corte Suprema, contesta la demanda solicitando que sea declarada
improcedente o infundada. Aduce que los demandantes no han precisado
el contenido constitucionalmente protegido de los derechos
fundamentales que habrían sido lesionados por la resolución objeto de
cuestionamiento. Asimismo, refiere que: (i) el recurso de casación es
extraordinario, y no es aplicable la aplicación del principio iura novit
curia o suplencia de queja deficiente para subsanar defectos del recurso;
(ii) el recurso de casación no debe usarse para replantear cuestiones
fácticas de hechos controvertidos; (iii) el recurso de casación no expresó
qué mandatos normativos habrían sido inaplicados o aplicados
incorrectamente.
Mediante escrito de fecha 17 de enero de 2022, el procurador
público adjunto a cargo de los asuntos judiciales del Poder Judicial
contesta la demanda y solicita que sea declarada improcedente o
infundada. Sostiene que no se ha vulnerado el derecho de defensa de los
ahora demandantes porque la notificación de las actuaciones procesales
al domicilio señalado en el título valor (pagaré) es la regla procesal que
corresponde legalmente, en tanto no se ha demostrado la supuesta
adulteración de la fecha de vencimiento del título valor y porque no es
cierto que tenga que existir un contrato de línea de crédito para que un
pagaré tenga validez. Asimismo, enfatiza que las resoluciones judiciales
cuestionadas estuvieron debidamente fundamentadas.
FUNDAMENTOS
§1. Petitorio
1. El objeto de la presente demanda de amparo es que se declare la
nulidad de las siguientes resoluciones judiciales: (a) Resolución 4,
de fecha 29 de noviembre de 2017 (f. 2), expedida por la Primera
Sala Comercial Permanente de la Corte Superior de Justicia de
Lima, que confirmó la Resolución 3, de fecha 19 de mayo de 2017,
y ordenó llevar adelante la ejecución hasta que los ejecutados (hoy
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demandantes) cumplan con pagar al ejecutante, Ami Trading
(USA) Inc., la suma de $1’500,000.00 más intereses, costas y
costos del proceso; y (b) Casación 453-2018 Lima, de fecha 19 de
julio de 2018 (f. 84), emitida por la Sala Civil Transitoria de la
Corte Suprema de Justicia de la República, que declaró
improcedente el recurso de casación interpuesto por los ahora
amparistas.
2. Al respecto, se denuncia la vulneración de los derechos a la tutela
procesal efectiva, al debido proceso, a la defensa y a la verdad.
§2. Debido proceso y derecho a la motivación en el control
constitucional de resoluciones judiciales
3. A partir de los criterios generales expresados por la Constitución
en el artículo 139, inciso 5, respecto a la mención de la ley
aplicable y los fundamentos de hecho que sustentan la resolución,
y de los principios lógicos, es posible desarrollar el contenido
constitucional de las exigencias del derecho a la motivación de las
resoluciones judiciales. Dicho contenido está conformado por un
conjunto de criterios que delimitan el marco dentro del cual se
debe desarrollar toda motivación, así como la estructura y el
contenido material de los argumentos empleados para justificar el
sentido de toda motivación [sentencia emitida en el Expediente
01856-2014-PA/TC, fundamento 9 y ss.]:
10. Determinación de la premisa normativa relevante. Es el
punto de partida para el procedimiento de motivación. Si no se
ha delimitado correctamente la premisa normativa relevante
para el caso específico, no es posible que exista una debida
motivación. Ahora bien, la premisa normativa en función a la
cual se estructura la motivación no se limita únicamente a la
ley, sino también, lo constituyen las normas constitucionales,
los tratados internacionales conforme a lo dispuesto en el
artículo 55 de la Constitución y los criterios jurisprudenciales
vinculantes, entre otras disposiciones generales que resulten
relevantes para el caso concreto.
11. Motivación suficiente. La suficiencia es un concepto
valorativo que implica un grado de cumplimiento cualitativo
respecto de ciertos criterios o exigencias. En ese sentido, la
suficiencia es un concepto valorativo dependiente. Al ser
dependiente, la suficiencia no podrá ser empleada como único
estándar de valoración, sino que necesariamente tiene que
estar complementada con los criterios que deben ser
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cumplidos para su determinación. La suficiencia
argumentativa se refiere, por tanto, a que la motivación debe
agotar todos los medios interpretativos necesarios para
justificar su conclusión en el caso concreto. En ese sentido, la
suficiencia argumentativa, al exigir agotar todos los recursos
argumentativos e interpretativos aplicables al caso, está
haciendo referencia a la justificación o motivación interna y a
la justificación o motivación externa.
a) Justificación o motivación interna: Hace referencia
tanto a la denominada subsunción o silogismo
jurídico, el que se estructura en función a un
razonamiento lógico del tipo modus ponendo ponens
o modus tollendo tollens, como a la relación de
prioridad condicionada existente entre dos principios
en función a un caso concreto.
En lo referente a la justificación interna de la
subsunción, tanto el modus ponendo ponens como el
modus tollendo tollens son estructuras lógicas que
permiten deducir la corrección de una conclusión a
partir de dos premisas con las cuales se encuentra en
relación de dependencia. El modus ponendo ponens
(Si se afirma una premisa se afirma otra) consiste en
que a partir de una relación de implicación entre dos
premisas, si se afirma la corrección de la premisa
antecedente, necesariamente se sigue la afirmación de
la premisa consecuente. Por ejemplo, "si llueve, la
calle está mojada, y es el caso que llueve, entonces la
calle está mojada". Por su parte el modus tollendo
tollens (Si se niega una premisa se niega otra)
consiste en que a partir de una relación de
implicación entre dos premisas, si se niega el
consecuente, necesariamente se sigue la negación de
la premisa antecedente, así por ejemplo, "Si llueve, la
calle está mojada, y es el caso que la calle no está
mojada, entonces no llueve".
En cuanto a la justificación interna de la relación de
prioridad condicionada entre principios, dicha
relación se determina mediante un proceso de
ponderación entre la intensidad de la afectación entre
un principio y la importancia de satisfacción del
principio que se le contrapone y siempre en función a
las circunstancias de un caso concreto. Para tal fin se
puede recurrir a intensidades de afectación o
importancia de satisfacción de tipo leve, medio o
grave. Es necesario expresar razones por las que se
considera que algo tiene un grado leve, medio o
grave, no siendo suficiente la mera afirmación de que
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algo tiene alguna de tales intensidades.
b) Justificación o motivación externa. Representa los recursos
argumentativos con los que se justificará la corrección de las
premisas que conforman la justificación interna de una
decisión. Los tipos de argumentos a emplear pueden ser reglas
del derecho positivo (cánones de interpretación de la ley,
argumentación dogmática, argumentos jurisprudenciales
pertinentes, formas especiales de argumentación jurídica),
fáctico (razonamiento probatorio) o ni normativos ni fácticos
(discurso sobre cuestiones morales en sociedad y máximas de
la experiencia).
Como ejemplos se puede mencionar que para justificar la
corrección de la premisa menor (fáctica) empleada en una
subsunción, se requiere hacer un análisis de los elementos
probatorios que sustentan dicha afirmación, o, en el ámbito de
la ponderación, en el caso de que se considere que la
afectación a un derecho fundamental es grave, deben
examinarse las razones en virtud a las cuales se considera que
ello es así.
12. Motivación coherente. La coherencia no solo implica
ausencia de contradicciones entre los argumentos o razones
que conforman una motivación (coherencia como
consistencia), sino también es la relación de interdependencia
que existe entre dichos argumentos o razones (coherencia
como relación). En ese sentido la coherencia es expresión de
los principios lógicos de no contradicción (coherencia como
consistencia) y de tercero excluido (coherencia como
relación).
Como ejemplos pueden mencionarse aquel supuesto que exige
al juez que la afirmación realizada en un determinado
considerando de su resolución no se contradiga con lo
expuesto en otro considerando de tal resolución, o aquel
supuesto que exige al juez que cuando en su resolución
incorpore citas, referencias o argumentos, éstos guarden
relación con la problemática del caso concreto y constituyan
un aporte a su solución.
13. Motivación congruente. Es un concepto relacional que
expresa la idea de conformidad o correspondencia entre los
elementos que relaciona. La congruencia en el terreno de la
motivación es, por tanto, el producto de la coordinación y la
correspondencia existente entre los distintos argumentos o
razones que la conforman. En otras palabras, la congruencia es
la expresión del principio lógico de identidad.
Como ejemplos pueden mencionarse aquel supuesto que exige
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que la conclusión a la que arriba un juez se aquella que se
derive de los argumentos y razones expresados en lo parte
considerativa de la resolución, o aquel supuesto en el que se
exige al juez tomar en consideración todos los aspectos o
pretensiones presentadas por las partes.
§3. Análisis del caso concreto
4. A fojas 62 de autos obra la Resolución 4, de fecha 29 de
noviembre de 2017, emitida por la Primera Sala Comercial
Permanente de la Corte Superior de Justicia de Lima. A fojas 63,
la sentencia resume los alegatos del escrito de apelación (f. 22) del
ahora demandante en tres puntos: (i) el ejecutante conocía que los
domicilios puestos en el pagaré materia de ejecución habían
cambiado y aun así inició el proceso de forma maliciosa en aquel
lugar, en el que no se cumplieron las formalidades de notificación
de los artículos 160 y 161 del Código Procesal Civil; (ii) el
ejecutante debió adjuntar con el título valor incompleto la carta de
instrucciones y el título que da origen a la supuesta obligación;
esto es, el contrato de línea de crédito que nunca llegó a firmarse;
(iii) el pagaré ha sido adulterado en su fecha de vencimiento, por
cuanto vencía el 27 de diciembre de 2015, y se cambiado el
número 5 (del año 2015) por el número 6 (del año 2016), de modo
que la acción ejecutiva ha prescrito por haberse presentado
después de un año de su fecha de vencimiento.
5. A fojas 65, 66 y 67, la Primera Sala Comercial Permanente de la
Corte Superior de Justicia de Lima desestima los argumentos del
recurso de apelación de la siguiente forma:
(…) el pagaré es un título valor, que por tener mérito ejecutivo
conlleva inherentemente la ejecución, ya que si el obligado no
cumple con la obligación contenida en dicho título, el acreedor
puede interponer proceso único de ejecución para reclamar el
importe no pagado, los intereses y los gastos correspondientes.
Por lo tanto, para la calificación del mérito ejecutivo del título
cuya ejecución se pretende, no se requiere del análisis de otro
contrato ni de la carta de instrucciones para el llenado del
pagaré, como argumenta el apelante; y, consecuentemente, no
se necesita presentar el documento que acredite el origen o
incumplimiento de la obligación; toda vez que el propio texto
del título valor (pagaré) determina los alcances y modalidad de
los derechos y obligaciones contenidos en este, tal y conforme
lo establece imperativamente el numeral 4.1 del artículo 4 de
la Ley N° 27287 – Ley de Títulos Valores.
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(…)
4.6 Así también, cabe indicar que conforme lo establece el
artículo 66.1 de la Ley de Títulos Valores: ‘El título valor
debe ser presentado para su pago en el lugar designado al
efecto en el documento, aun cuando el obligado hubiere
cambiado de domicilio, salvo que éste haya comunicado
notarialmente al último tenedor su variación, antes del
vencimiento o fecha prevista para su pago y siempre dentro de
la misma ciudad o lugar de pago.’ (…)
4.7 Por otro lado, los recurrentes sustenta [sic] su pretensión
impugnatoria, señalando que el ejecutante conocía del cambio
de sus domicilios y que informaron oportunamente del
referido cambio al ejecutante; sin embargo, dicha afirmación
no ha sido debidamente acreditada pues no acompañan ningún
medio probatorio idóneo en el que comuniquen al ejecutante el
cambio del domicilio contractual, conforme lo establece el
artículo 40° del Código Civil. En ese sentido, no se aprecia
que se haya afectado el derecho de defensa de los ejecutados,
pues las notificaciones judiciales fueron dirigidas al domicilio
consignado en el pagaré materia de ejecución, y, en todo caso,
los recurrentes tuvieron la oportunidad de comunicar a su
acreedor cualquier variación o cambio en el domicilio
contractual; razones por las cuales la carta notarial de
requerimiento remitida a los ejecutados en sus domicilios
personales no enerva la eficacia del título valor puesto a cobro.
4.8. En cuanto al agravio de que el pagaré ha sido adulterado
en su fecha de vencimiento por cuanto vencía el 27 de
diciembre de 2015, no pone en evidencia la existencia de
alguna irregularidad en el procedimiento, ya que solo se
pretende cuestionar en la impugnación situaciones que
debieron ser propuestas al momento de ejercer su derecho de
defensa; máxime si lo alegado respecto de la adulteración de la
fecha del pagaré sub materia no ha sido acreditado con un
medio probatorio idóneo que produzca convicción en el
juzgador.
6. A fojas 70, obra el recurso de casación del ahora demandante, en el
cual se establecen las siguientes causales:
2.1 Infracción normativa referida a la violación de las normas
a la tutela jurisdiccional efectiva y al debido proceso,
consagradas en el artículo 139° inciso 3) de nuestra
Constitución Política: debida motivación y derecho a la
prueba.
[Al que la Casación se referirá como causales del punto a)]
2.2 Infracción normativa referida a la aplicación indebida el
artículo 66.1 de la Ley de Títulos Valores y el artículo 40° del
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Código Civil (C.C.).
[Al que la Casación se referirá como causales del punto b)]
2.3 Infracción normativa referida a la aplicación indebida del
numeral 4.1 del artículo 4°, numeral 1 del artículo 10° y
artículo 19° de la Ley Nro. 27827, respectivamente, por
vulnerar el numeral II del Título Preliminar del Código Civil y
artículo 103°, segundo párrafo de nuestra Constitución
Política, que señalan que la ‘Ley no ampara el abuso de
derecho’, así como, los principios de verdad material y
elasticidad en el presente caso.
[Al que la Casación se referirá como causales del punto c)].
7. A fojas 84, obra el auto de calificación de fecha 19 de julio de
2018, emitido por la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de
Justicia de la República, que desestimó el recurso de casación con
base en los siguientes argumentos:
SEXTO.- En cuanto al agravio descrito en el punto a)
corresponde indicar que el mismo no puede ampararse por
cuanto la parte recurrente incumple con los requisitos
previstos en el artículo 388° incisos 2) y 3) del Código
Procesal Civil. Si bien alega la afectación de normas de
carácter procesal, cierto es que los fundamentos sobre los
cuales sustenta su denuncia no se observa con claridad y
precisión la incidencia directa que esta tendría sobre la
decisión adoptada, limitándose solo a cuestionar aspectos de
orden fáctico, pretendiendo que a través de una revaloración
probatoria se ampare su recurso, lo cual, no es viable en sede
casatoria por contravenir los fines del mismo.
SÉPTIMO: En cuanto a los agravios descritos en el punto b)
los argumentos expuestos por la parte recurrente no precisan
con claridad y precisión en qué modo se habría verificado la
infracción que alega; por consiguiente, al no darse
cumplimiento, en rigor, con la exigencia contenida en el
artículo 388 inciso 2 del Código Procesal Civil; por lo que el
agravio en cuestión deviene en desestimable.
OCTAVO: Por último, respecto a los agravios en el punto c)
se debe señalar que este Colegiado Supremo considera
necesario indicar que el modo en que el recurso de casación ha
sido propuesta por la parte recurrente, evidencia con claridad
que lo pretendido a través de él no es obtener una correcta
aplicación del derecho objetivo al caso concreto, sino más bien
una nueva valoración de los hechos debatidos en el presente
proceso; asimismo, no basta con citar la infracción procesal y
material, sino desarrollar qué normas han sido infringidas, y
porqué los fundamentos de la sentencia de vista no serían
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válidos; ergo este agravio también debe ser desestimado; razón
por la cual el recurso de casación en examen deviene en
desestimable.
8. Así las cosas, desde el punto de vista del derecho fundamental a la
debida motivación de las resoluciones judiciales, es importante
mencionar que la discusión en el presente caso debe centrarse en si
en el proceso de ejecución la Sala comercial emplazada motivó de
modo suficiente, coherente y congruente si los recurrentes fueron
bien notificados en el domicilio señalado en el título valor o si se
generó una vulneración al derecho de defensa que habilite darles
una nueva oportunidad para presentar su recurso de contradicción.
9. Así pues, en el presente caso, no se podrá alegar válidamente que
ha habido una vulneración del derecho al debido proceso, o al
precepto jurídico según el cual la ley no ampara el abuso de
derecho, si es que no se verifica que existió una evidente
vulneración al derecho a la defensa de los ahora demandantes en la
aplicación de las normas referidas al domicilio del deudor.
10. Al respecto, es importante hacer referencia a las normas objeto de
controversia: el artículo 40 del Código Civil y el artículo 66,
numeral 66.1, de la Ley 27287, de Títulos Valores:
Artículo 40°.- Oposición al cambio de domicilio
El deudor deberá comunicar al acreedor el cambio de
domicilio señalado para el cumplimiento de la prestación
obligacional, dentro de los treinta (30) días de ocurrido el
hecho, bajo responsabilidad civil y/o penal a que hubiere
lugar.
El deudor y los terceros ajenos a la relación obligacional con
el acreedor, están facultados para oponer a éste el cambio de
su domicilio.
La oponibilidad al cambio de domicilio se efectuará mediante
comunicación indubitable.”
Artículo 66.- Lugar de pago
66.1 El título valor debe ser presentado para su pago en el
lugar designado al efecto en el documento, aun cuando el
obligado hubiere cambiado de domicilio, salvo que éste haya
comunicado notarialmente al último tenedor su variación,
antes del vencimiento o fecha prevista para su pago y siempre
dentro de la misma ciudad o lugar de pago.
11. Conforme se aprecia, el Código Civil establece el régimen general
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normativo respecto del domicilio en las relaciones de crédito,
mientras que la Ley 27287, de Títulos Valores, representa la ley
especial en lo que respecta a la ejecutabilidad de los títulos
valores. Así, en principio, el domicilio es el lugar designado en el
documento cambiario, “aún cuando el obligado hubiere cambiado
de domicilio” (artículo 66.1) y excepcionalmente puede cambiarse,
cuando se haya notificado notarialmente al último tenedor de su
variación, “antes del vencimiento o fecha prevista para su pago”
(artículo 66.1).
12. Por tanto, siendo indubitable el mandato normativo y los
argumentos de los órganos judiciales emplazados respecto de la
respuesta a los cuestionamientos planteados en la demanda de
amparo, el Tribunal Constitucional considera que en el caso de
autos no se observa ninguna vulneración al derecho fundamental a
la debida motivación de las resoluciones judiciales de los
recurrentes, ni del derecho defensa. Ello en tanto la norma especial
establece con claridad una regla especial que dispone que se debe
notificar al deudor en el domicilio del título y establece una
excepción con una formalidad: que se notifique notarialmente el
cambio de domicilio. Debido a que no existe, en el presente
proceso de amparo, evidencia documental de que se cumplió con
la excepción en el expediente, los organismos jurisdiccionales de
justicia ordinaria actuaron conforme a sus competencias y en
cumplimiento de la normativa aplicable.
13. En suma, la demanda de amparo de autos debe ser declarada
infundada, al no observarse que las resoluciones objeto de
cuestionamiento hayan vulnerado los derechos fundamentales de
los demandantes a la motivación de las resoluciones judiciales y de
defensa.
14. Lo antes expuesto no es impedimento para que el Tribunal
Constitucional se pronuncie respecto de lo ocurrido en la audiencia
pública realizada en el presente proceso de amparo. En esta, uno
de los puntos principales de debate sobre el que intervinieron las
partes en conflicto se circunscribió al argumento de los
demandantes en el sentido de que no requerían comunicar a la
Empresa Ami Trading (USA) Inc. el cambio de domicilio porque
ellos “no tienen ninguna deuda” con tal empresa, que “ellos nunca
recibieron los fondos de la empresa”. Incluso adjuntan en autos
(fojas 404) una declaración jurada en la que manifiestan que no
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han recibido dinero alguno por parte de la Empresa Ami Trading
(USA) Inc. Sobre el particular, el Tribunal Constitucional estima
que debe dejarse a salvo el derecho de los recurrentes de acudir a
los procesos ordinarios que se estimen pertinente para tal efecto.
Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la
autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú,
HA RESUELTO
Declarar INFUNDADA la demanda de amparo.
Publíquese y notifíquese.
SS.
MORALES SARAVIA
PACHECO ZERGA
GUTIÉRREZ TICSE
DOMÍNGUEZ HARO
MONTEAGUDO VALDEZ
OCHOA CARDICH
PONENTE MORALES SARAVIA