Sala Segunda. Sentencia 949/2023
EXP. N.º 00338-2023-PA/TC
LIMA
GREGORIO ALMONACID ROSALES
SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
En Lima, a los 27 días del mes de octubre de 2023, la Sala Segunda
del Tribunal Constitucional, integrada por los magistrados Gutiérrez Ticse,
Morales Saravia y Domínguez Haro, pronuncia la siguiente sentencia. Los
magistrados intervinientes firman digitalmente en señal de conformidad con
lo votado.
ASUNTO
Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Gregorio
Almonacid Rosales contra la resolución de fojas 350, de fecha 8 de
noviembre de 2022, expedida por la Segunda Sala Constitucional de la
Corte Superior de Lima, que declaró infundada la demanda de amparo de
autos.
ANTECEDENTES
El recurrente interpone demanda de amparo contra la Oficina de
Normalización Previsional (ONP), solicitando que se le reajuste la pensión
de jubilación minera que percibe y se le otorgue pensión de jubilación
minera por enfermedad profesional de acuerdo con el artículo 73 del
Decreto Ley 19990, los artículos 1, 2 y 6 de la Ley 25009 y el Decreto
Supremo 029-89-TR, sin la aplicación de la Ley 26504. Además, solicita el
pago de los devengados, los intereses legales y los costos del proceso.
La emplazada contesta la demanda expresando que la pretensión no
está referida al contenido constitucionalmente protegido del derecho a la
pensión. Asimismo, alega que la pretensión no se ha sustentado con
documentación adicional idónea.
El Primer Juzgado Constitucional Transitorio- Sede Cúster, con fecha
30 de setiembre de 20211, declaró infundada la demanda, por considerar que
el actor no acredita fehacientemente el padecimiento de silicosis, toda vez
que el certificado médico adjuntado no se encuentra debidamente
respaldado por un historial clínico, ni por exámenes auxiliares e informes de
resultados emitidos por especialistas.
1 Fojas 274.
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La Sala superior revisora confirmó la apelada, por estimar que la
contingencia se produjo después de la entrada en vigor del Decreto Ley
25967, por lo que al demandante le corresponde el monto máximo de la
pensión establecida en el artículo 3 del referido decreto ley, en concordancia
con el artículo 4 del Decreto Supremo 099-2002-EF. La Sala hace notar que
el demandante viene percibiendo la pensión máxima que otorga el Sistema
Nacional de Pensiones (SNP), según el Decreto de Urgencia 105-2001, y
que por ello su pretensión no importaría el incremento de su pensión.
FUNDAMENTOS
Delimitación del petitorio
1. El demandante solicita que se reajuste la pensión de jubilación minera
que percibe y se le otorgue pensión de jubilación minera por
enfermedad profesional de acuerdo con los artículos 1, 2 y 6 de la Ley
25009 y el artículo 20 del Decreto Supremo 029-89-TR, sin aplicación
de la Ley 26504. con el pago de los devengados, los intereses legales y
los costos del proceso.
2. En el presente caso, se debe efectuar la verificación de los requisitos
que permitan su otorgamiento por las objetivas circunstancias del caso
(el actor adolece de neumoconiosis y es una persona de avanzada edad),
a fin de evitar consecuencias irreparables.
Análisis de la cuestión controvertida
3. Los artículos 1 y 2 de la Ley 25009 preceptúan que la edad de
jubilación de los trabajadores mineros será de 50 a 55 años cuando
laboren en centros de producción minera, siempre que hayan acreditado
30 años de aportaciones, de los cuales 10 años deberán corresponder a
trabajo efectivo prestado en dicha modalidad.
4. A fojas 55 de autos obra la cuestionada resolución, de la que consta que
el demandante percibe pensión completa de jubilación minera como
trabajador de centro de producción minera desde el 1 de abril de 2006,
de conformidad con los artículos 1 y 2 de la Ley 25009, en
concordancia con los Decretos Leyes 19990 y 25967.
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5. En la Resolución 59439-2006-ONP/DC/DL 19990, de fecha 14 de junio
de 20062, se encuentra consignado que la contingencia del presente caso
se produjo en la fecha del cese del actor, el 31 de marzo de 2006, por lo
que tanto el Decreto Ley 25967 como la Ley 26504 fueron
correctamente aplicados.
6. Ahora bien, debe precisarse que al demandante se le otorgó la pensión
máxima —según se observa de la resolución impugnada y de la hoja de
liquidación3— y que el goce de una “pensión completa” por labores en
centro de producción (artículos 1 y 2 de la Ley 25009) es equivalente al
goce de una “pensión completa” por enfermedad profesional (artículo 6
de la Ley 25009), pues ambas se otorgan al 100 % de la remuneración
de referencia del asegurado, razón por la cual la modificación de su
pensión no alteraría el monto prestacional que en la actualidad percibe.
7. En tal sentido, tanto la prestación regulada en el artículo 6 de la Ley
25009 como aquellas reguladas en los artículos 1 y 2 de la misma ley se
encuentran limitadas al monto máximo establecido por el Decreto Ley
19990, conforme a lo dispuesto por los artículos 5 de la Ley 25009 y 9
de su reglamento. Consecuentemente, la referencia a una “pensión de
jubilación completa” no significa de manera alguna que ella sea
ilimitada, sin topes y que se otorgue con prescindencia de las
condiciones mínimas y máximas comunes a todos los asegurados, por
lo que debe ser calculada teniendo en cuenta la remuneración máxima
asegurable, delimitada por los artículos 8, 9 y 10 del Decreto Ley
19990, y el monto máximo de la pensión regulado por el artículo 78 del
Decreto Ley 19990, modificado por el Decreto Ley 22847 y
actualmente por el artículo del Decreto Ley 25967.
8. En consecuencia, al no haberse acreditado que la emplazada, al
momento de calcular el monto de la pensión de jubilación minera
otorgada al demandante, haya lesionado derecho fundamental alguno, la
demanda debe ser desestimada.
Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le
confiere la Constitución Política del Perú,
2 Fojas 55.
3 Fojas 226.
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HA RESUELTO
Declarar INFUNDADA la demanda.
Publíquese y notifíquese.
SS.
GUTIÉRREZ TICSE
MORALES SARAVIA
DOMÍNGUEZ HARO
PONENTE GUTIÉRREZ TICSE