Pleno. Sentencia 412/2023
EXP. N.° 01345-2022-PHC/TC
LAMBAYEQUE
ÓSCAR ADOLFO RODRÍGUEZ
ARNAO
SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
En Lima, a los 4 días del mes de setiembre de 2023, en sesión de Pleno
Jurisdiccional, los magistrados Morales Saravia (presidente), quien votó
en fecha posterior, Pacheco Zerga (vicepresidenta), Gutiérrez Ticse, con
fundamento de voto que se agrega, Domínguez Haro, Monteagudo
Valdez y Ochoa Cardich han emitido la presente sentencia. Los
magistrados intervinientes firman digitalmente en señal de conformidad
con lo votado.
ASUNTO
Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Miguel Arturo
Galagarza Terán abogado de don Óscar Adolfo Rodríguez Arnao contra
la Resolución 8, de foja 123, de fecha 14 de marzo de 2022, expedida
por la Segunda Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de
Justicia de Lambayeque, que declaró infundada la demanda de habeas
corpus de autos.
ANTECEDENTES
Con fecha 11 de enero de 2022, don Miguel Arturo Galagarza Terán
abogado de don Óscar Adolfo Rodríguez Arnao interpone demanda de
habeas corpus y la dirige contra los integrantes del Juzgado Penal
Colegiado Permanente de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque,
magistrados Gálvez Rodríguez, Ruiz Vásquez y Vargas Ruiz y contra
los integrantes de la Segunda Sala Penal de Apelaciones de la Corte
Superior de Justicia de Lambayeque, magistrados Juan Riquelme
Guillermo Piscoya, Raúl Humberto Solano Chambergo y Erwin Guzmán
Quispe Díaz (f. 1). Alega la vulneración de los derechos a la libertad
individual y a la tutela procesal efectiva del favorecido.
El recurrente solicita que se declare la nulidad de (i) la sentencia
contenida en la Resolución 7, de fecha 13 de enero de 2016 (f. 20),
mediante la cual se condenó al beneficiario a veinte años de pena
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privativa de la libertad por la comisión del delito contra el patrimonio, en
la modalidad de robo agravado previsto en el primer párrafo del artículo
189, inciso 4 del Código Penal, e inciso 1 del segundo párrafo del
artículo 189 del mismo cuerpo legal, concordante con el artículo 188 del
Código Penal (tipo base); (ii) la Sentencia de Vista 63-2016, contenida
en la Resolución 14, de fecha 18 de mayo de 2016 (f. 47), mediante la
cual se confirma la sentencia condenatoria (Expediente 08471-2015-0-
1706-JR-PE-02); y (iii) se ordene realizar todas las acciones que
repongan los derechos constitucionales del favorecido al estado anterior
de su afectación.
Refiere que, en el proceso penal seguido en contra del favorecido por la
comisión del delito de robo agravado, ha sido condenado a veinte años
de pena privativa de la libertad, sin que se haya considerado que el
favorecido, al momento de acaecidos los hechos, tenía menos de veintiún
años de edad, por lo que eran aplicables los beneficios de la
responsabilidad restringida dispuesto en el artículo 22 del Código Penal.
Sostiene que los jueces superiores emplazados confirmaron la sentencia
condenatoria, bajo el argumento de que no corresponde aplicar la
reducción de la pena por responsabilidad restringida en forma
automática, dado que esta es una facultad otorgada al juzgador, lo que
implica analizar cada caso concreto, considerando que en el caso materia
de análisis se vislumbra madurez plena en la comisión delictiva. Señala
que tanto la sentencia de primera instancia como la de segundo grado no
han considerado que existe una marcada tendencia jurisprudencial
consolidada en el Acuerdo Plenario 4-2016/CIJ-116, respecto a la
inaplicación del segundo párrafo del artículo 22 del citado Código,
considerando que, al haberse inobservado esta postura de la Corte
Suprema de Justicia de la República, se ha transgredido la doctrina
jurisprudencial.
Por otro lado, expresa que el fiscal superior formula acusación fiscal (f.
13) contra el favorecido por el delito contra el patrimonio, en la
modalidad de robo agravado, previsto en el artículo 189, primer párrafo,
inciso 4 (concurso de dos o más personas) del Código Penal, concordante
con el artículo 188 del citado cuerpo de leyes y solicita doce años de
pena privativa de la libertad; sin embargo, en la sentencia de primera
instancia se anota que el representante del Ministerio Público recalifica
el tipo penal a la agravante establecida en el inciso 1 del segundo párrafo
del artículo 189 del Código Penal, por las lesiones que presenta el
agraviado, y solicita que se le imponga veinte años de pena privativa de
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la libertad, situación que afecta el derecho de defensa, debido a que no ha
podido ejercer este derecho respecto de dicha agravante.
El procurador público adjunto a cargo de los asuntos judiciales del Poder
Judicial contestó la demanda de habeas corpus (f. 75) y argumentó que
debe ser desestimada en atención a que se aprecia que los alegatos del
beneficiario están dirigidos a cuestionar la actividad probatoria, criterios
de valoración, lo que no es posible en un proceso constitucional.
Asimismo, se aprecia que los agravios expuestos en el recurso de
apelación fueron absueltos en la sentencia de vista, por lo que no se
aprecia que haya sido emitida con omisión de alguna de las garantías de
carácter procesal, por el contrario, se realizó con la debida motivación.
La pretensión del beneficiario resulta manifiestamente incompatible con
la naturaleza de este proceso constitucional, pues no forma parte del
contenido constitucionalmente protegido por la tutela procesal efectiva y
el debido proceso y su incidencia directa con el contenido esencial del
derecho a la libertad ambulatoria, puesto que busca mediante el presente
proceso que se revisen los criterios dogmáticos esgrimidos por el juez en
las resoluciones cuestionadas y la valoración de los medios probatorios,
lo cual no le corresponde a un juez constitucional.
El Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria de Chiclayo de la Corte
Superior de Justicia de Lambayeque, mediante Resolución 4 (f. 88), de
fecha 4 de febrero de 2021 (sic), emitió sentencia y declaró infundada la
demanda de habeas corpus, bajo el sustento de que lo alegado por el
demandante fue ampliamente sustentado en los considerandos del tercero
al quinto de la sentencia de segunda instancia, y además se advierte que
lo que realmente se pretende es cuestionar la decisión del fiscal, en el
ejercicio de sus atribuciones legales y la determinación del juez de
sentenciar en contra del beneficiario por el delito señalado, alegándose
una indebida calificación penal de los hechos, lo cual tampoco constituye
competencia de la justicia constitucional, esto es, determinar la
subsunción de la conducta del procesado en determinado tipo penal, toda
vez que aquel es un asunto de mera legalidad que corresponde dilucidar a
la justicia ordinaria.
La Segunda Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia
de Lambayeque confirmó la apelada, al considerar que está frente a un
criterio de naturaleza de aplicación de la ley penal, criterio que por cierto
no corresponde evaluar mediante la acción constitucional de habeas
corpus, pues esta no constituye una de revisión de la determinación de la
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pena, ni de reevaluación de los fundamentos que en su momento ni
siquiera fueron discutidos en primera instancia, razón también por la que
resulta inviable la presente petición del abogado defensor del apelante.
Asimismo, considera que de la resolución casatoria que declaró
inadmisible el recurso de casación, no se aprecia que la sentencia fuera
emitida con omisión de alguna de las garantías de carácter procesal; por
el contrario, se realizó con la debida motivación de las resoluciones que
contempla el inciso cinco del artículo ciento treinta y nueve de la
Constitución Política.
FUNDAMENTOS
Delimitación del petitorio
1. El objeto del presente proceso es que se declare la nulidad de la
sentencia contenida en la Resolución 7, de fecha 13 de enero de 2016,
mediante la cual se condena a don Óscar Adolfo Rodríguez Arnao, a
veinte años de pena privativa de la libertad por la comisión del delito
contra el patrimonio, en la modalidad de robo agravado; y su
confirmatoria, contenida en la Sentencia de Vista 63-2016,
Resolución 14, de fecha 18 de mayo de 2016 (Expediente 08471-
2015-0-1706-JR-PE-02), y se ordene realizar todas las acciones que
repongan los derechos constitucionales del favorecido al estado
anterior de su afectación. Se alega la vulneración de los derechos a la
libertad individual y a la tutela procesal efectiva.
Análisis del caso
2. La Constitución Política del Perú establece en el artículo 200, inciso
1, que mediante el habeas corpus se protege tanto la libertad
individual como los derechos conexos a ella; no obstante, no
cualquier reclamo que alegue afectación del derecho a la libertad
personal o derechos conexos puede reputarse efectivamente como tal
y merecer tutela, pues para ello es necesario analizar previamente si
tales actos denunciados vulneran el contenido constitucionalmente
protegido del derecho tutelado por el habeas corpus.
3. Este Tribunal, en reiterada jurisprudencia, ha precisado que los juicios
de reproche penal de culpabilidad o inculpabilidad, la adecuación de
una conducta en un determinado tipo penal, verificar los elementos
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constitutivos del delito, así como la valoración de las pruebas penales
y su suficiencia, no están referidos en forma directa al contenido
constitucionalmente protegido del derecho a la libertad personal y es
materia de análisis de la judicatura ordinaria.
4. Asimismo, ha considerado que la determinación de la pena impuesta
conforme a los límites mínimos y máximos establecidos en el Código
Penal constituye materia que incluye elementos que compete analizar
a la judicatura ordinaria, toda vez que, para llegar a tal decisión, se
requiere del análisis de las pruebas que sustentan la responsabilidad
del sentenciado. Cabe puntualizar que la graduación de la pena y la
aplicación facultativa de la responsabilidad restringida son asuntos de
competencia de la judicatura ordinaria.
5. El demandante cuestiona, por un lado, que los emplazados no han
considerado que el favorecido al momento de acaecidos los hechos
tenía menos de veintiún años de edad, por lo que era aplicable los
beneficios de la responsabilidad restringida dispuesto en el artículo 22
del Código Penal, además de cuestionar la valoración que los
emplazados han realizado sobre los medios probatorios que han sido
considerados para determinar su responsabilidad.
6. Este Tribunal Constitucional advierte que aun cuando se invoca la
tutela del derecho a la motivación de las resoluciones, lo que en
realidad se pretende es que se lleve a cabo un reexamen de la
sentencia condenatoria y de su confirmatoria, toda vez que se
cuestiona el criterio de los jueces y magistrados demandados para
considerar acreditada la responsabilidad penal de don Óscar Adolfo
Rodríguez Arnao, conforme se aprecia en el análisis que se realiza en
la sentencia de fecha 13 de enero de 2016 (f. 20), en los
considerandos 5.3, 5.4, 5.5 y 5.6 (ff. 41-42); y en los considerandos
quinto, sexto, sétimo y noveno de la sentencia de vista (ff. 54-55).
7. Cabe precisar que, para el análisis de la determinación de la pena, la
Sala Penal emplazada expresamente señaló que
(…) que la reducción de pena no corresponde aplicar
automáticamente con solo verificar la situación etaria del agente,
sino que importa verificar, necesariamente, acerca de su
capacidad de culpabilidad disminuida y con vista a los hechos de
la imputación, y esto porque el legislador ha considerado como
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facultad del juez la reducción de pena por responsabilidad
restringida al introducir el término "podrá", lo que importaría
analizar cada caso concreto, porque si finalmente se concluye, a
pesar de tratarse de una persona de dieciocho a veintiún años, o
mayor de sesenta y cinco, que ha actuado con plena capacidad,
vislumbrándose madurez plena en la comisión delictiva, no
correspondería reducir la pena por este tópico.
(…)
En ese orden, estamos ante dos personas con plena capacidad,
uno de ellos, Óscar Adolfo Rodríguez Arnao que a sus diecinueve
años de edad vino prestando servicio militar obligatorio,
habiendo estado a punto de licenciarse, y en función a la vida
militar es obvio que recibió cánones de conducta y el respeto por
la comunidad, que lamentablemente no calaron en su formación.”
8. Conforme a lo expresado, este extremo de la demanda debe ser
desestimado en aplicación del artículo 7.1 del Nuevo Código Procesal
Constitucional.
El principio de congruencia o correlación entre lo acusado y lo
condenado
9. El Tribunal Constitucional ha señalado que el principio de
congruencia o correlación entre lo acusado y lo condenado constituye
un límite a la potestad de resolver por parte del órgano jurisdiccional,
toda vez que garantiza que la calificación jurídica realizada en el
marco de un proceso penal (tomando en cuenta lo señalado por el
Ministerio Público, en virtud de su competencia postulatoria) sea
respetada al momento de emitirse sentencia. Asimismo, cabe precisar
que el juez se encuentra premunido de la facultad de apartarse de los
términos de la acusación fiscal, en tanto respete los hechos que son
objeto de acusación, sin que cambie el bien jurídico tutelado por el
delito acusado, así como que respete el derecho de defensa y el
principio contradictorio (expedientes 2179-2006-PHC/TC y 0402-
2006-PHC/TC).
10. En la sentencia recaída en el Expediente 2955-2010-PHC/TC, el
Tribunal Constitucional señaló que el juzgador penal puede dar al
hecho imputado una distinta definición jurídica sin que ello comporte
per se la tutela de diferente bien jurídico que no sea el protegido por
el ilícito imputado, pues la definición jurídica al hecho imputado por
un tipo penal que tutele otro bien jurídico, en principio, implicaría la
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variación de la estrategia de la defensa que en ciertos casos puede
comportar la indefensión del procesado.
11. El demandante cuestiona el hecho de que el fiscal haya formulado
acusación fiscal contra el favorecido por el delito contra el
patrimonio, en la modalidad de robo agravado, previsto en el artículo
189, primer párrafo, inciso 4 (concurso de dos o más personas) del
Código Penal, concordante con el artículo 188 del citado cuerpo de
leyes; sin embargo, en la sentencia de primera instancia se anota que
el representante del Ministerio Público recalifica el tipo penal a la
agravante establecida en el inciso 1 del segundo párrafo del artículo
189 del Código Penal, dejándosele en estado de indefensión durante
todo el proceso, dado que se defendió por la imputación de un tipo
penal distinto por el que el favorecido fue sentenciado.
12. En el presente caso, es necesario analizar el iter procesal y el
contenido de los actos procesales, a efectos de analizar la denuncia
realizada por el actor:
a) De fojas 13, se tiene el requerimiento de acusación formulado por
el fiscal provincial penal, en el que expresamente señala:
“V. Participación que se atribuye a los imputados:
Los acusados OSCAR ADOLFO RODRIGUEZ ARNAO y JUAN
JOSÉ CAMPOS MUÑOZ, tienen la calidad COAUTORES, del
delito contra el patrimonio en la modalidad de Robo Agravado,
pues el primero de los nombrados cogoteo al agraviado ANDY
ABEL SANTA CRUZ SERQUEN, lográndole quitar su teléfono
celular de marca HUAVA/EI, color negro, con IMEI
366440020361409 valorizado en la suma de S/. 1200.00 (UN
MIL DOSCIENTOS Y 00/100 NUEVOS SOLES), para después
darse a la fuga en el vehículo menor mototaxi de placa de rodaje
9753-AM, conducido por JUAN JO.SÉ CAMPOS MUÑOZ,
siendo que al subir éste a la mototaxi, la misma no encendió, por
lo que el agraviado se dirigió a esta con la intención de voltearla
y poder recuperar su equipo celular móvil, pero allí es cuando el
imputado OSCAR ADOLFO RODRIGUEZ ARNAO, dándose
cuenta de su presencia, lo comienza a palear por diferentes
partes de la cara y el cuerpo, propinándole finalmente un golpe
en la cara que lo botó al suelo cayendo sobre un auto que se
encontraba estacionado, y produciéndole a consecuencia de ello,
las lesiones traumáticas en el rostro y en el cuerpo, para después
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finalmente terminar por darse a la fuga, siendo detenidos ellos
más adelante por estar en una aptitud sospechosa conforme se ha
explicado. (fjs. 15-160)
(…)
VII. El artículo de la Ley Penal que tipifique que el hecho, así
como la cuantía de la pena que se solicite:
Que, los hechos antes descritos materia de acusación se
encuadran en el tipo penal previsto en el previsto en artículo
189° inciso 4, primer párrafo del Código Penal; que a la letra
dice:
"La pena será no menor de doce ni mayor de veinte años si el
robo es cometido: (...) 4) Con el concurso de dos o más
personas.”
Concordado con el artículo 188 del Código Penal el cual
establece: El que se apodera ilegítimamente de un bien mueble
total o parcialmente ajeno, para aprovecharse de él,
sustrayéndolo del lugar en que se encuentra, empleando
violencia contra la persona o amenazándola con un peligro
inminente paro su vida e integridad física (...)
Respecto al grado de consumado del delito, tenemos que al
haberse intervenido a los imputados después de la comisión del
hecho delictivo, se tiene que estos han tenido la posibilidad de
disponer del bien, encontrándonos en el presente caso ante un
delito CONSUMADO. (fj. 16)”
b) De fojas 20 de autos, se tiene la sentencia contenida en la
Resolución 7, de fecha 13 de enero de 2016, en la que se señala en
la Parte Expositiva, 1.2 Control del Acusación, el punto 1.2.1,
Sustentación de la acusación por parte del representante del
Ministerio Público, estableciéndose que:
“1.2.1 Sustentación de la Acusación por parte del
representante del Ministerio Público:
El Representante del Ministerio Público señala que el presente
requerimiento -en proceso inmediato - .se dirige contra Oscar
Adolfo Rodríguez Arnao y Juan José Campos Muñoz, como
coautores del delito contra el patrimonio en su figura por el
delito de robo agravado, en agravio de Andy Abel Santa Cruz
Serquén, tipo penal previsto y tipificado en el artículo 189 primer
párrafo inciso 4) del Código Penal, esto es, con el concurso de 2
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o más personas concordante además con el artículo 188 del
citado cuerpo legal (tipo base). Refiere que los hechos que han
motivado el requerimiento de acusación son los siguientes; Se
tiene que el día domingo 27 de diciembre del 2015, -siendo
aprox. 8:30 de la mañana, en circunstancias que el agraviado
Andy Abel Santa Cruz Serquén se encontraba caminando por la
Av. Los Mangos y Av. Libertad de la Urbanización Santa
Victoria de la ciudad de Chiclayo, fue interceptado por una
mototaxi color rojo, de placa de rodaje N° 9753-AM, de donde
desciende el imputado Oscar Adolfo Rodríguez. Arnao, quien
inmediatamente le pone el brazo en el cuello, cogoteándolo y
diciéndole no te muevas, para luego pretender quitarle el
canguro que llevaba cruzado en su cuerpo y su celular que
llevaba en la mano, logrando despojarlo de este último de marca
HUAWEI, color negro, con IMEI N" 866440020361409,
valorizado en la suma de .S/. 1,200 nuevos soles, y dándose a la
fuga en la mototaxi que era conducida por el coimputado Juan
José Campos Muñoz, siendo que al subir a la mototaxi, la misma
no encendió, por lo que el agraviado se dirigió a ésta unidad,
con la intención de voltearla y poder recuperar su equipo celular
móvil, pero allí es cuando el imputado Oscar Adolfo Rodríguez
Arnao, dándose cuenta de su presencia, lo comienza a palear por
diferentes partes de la cara y el cuerpo, propinándole finalmente
un golpe en la cara, que lo botó al suelo, cayendo sobre un auto
que .se encontraba estacionado en la calle, y produciéndole a
consecuencia de ello, las lesiones detalladas en el Certificado
Médico Legal N° 019383-V.CA de fecha 27 de diciembre del
2015, consistentes en lesiones traumáticas de origen contuso,
una de ellas introducida por arma blanca tipo cortante, lesión
tipo enllante en región facial, requiriendo 04 días de atención
medico facultativa por 12 días de incapacidad médico legal,
sugiriéndose además reevaluación en 90 días para determinar
huella indeleble o desfiguración de rostro. (fj. 21)
E1 Ministerio Público atendiendo a las observaciones
formuladas procede a recalificar el tipo penal a la agravante
establecida en el segundo párrafo inciso 1 del artículo 189° del
Código Penal: la pena no será menor de 20 ni mayor de treinta
años cuando se cause lesiones a la integridad física o mental de
la víctima, en ese sentido se varía además la pretensión punitiva,
solicitándo.se como pena mínima 20 años de pena privativa de
libertad para cada uno de los imputados.
(…)
Y, en la Parte Expositiva, 1.2.4.- Ministerio Público (f. 24),
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señala que:
Si bien se debe interpretar como una observación sustancial
hacia el requerimiento de acusación, también es cierto que
analizado los hechos se adecuan la recalificación que ha
efectuado de acuerdo al inciso 1 del segundo párrafo art. 189°
del CP, es decir, han hecho una observación sin expresar
debidamente sus fundamentos o motivos por la cual realizan la
observación sustancial, porque el sólo hecho de manifestar que
no están de acuerdo con la calificación del fiscal no es un
argumento suficiente para que se considere como tal, en ese
sentido el Ministerio Público no habiendo escuchado motivación
de parte de la defensa técnica de los imputados en sentido de la
observación que acaban de efectuar se reserva el derecho de
contradecir.
(…)
Asimismo en la etapa de Juicio Oral, referido en el punto
1.3, se establece en el punto 1.3.1 el Planteamiento de los
hechos objeto de la acusación:
En el presente juicio va a demostrar que los acusados Juan José
Campos Muñoz y Óscar Adolfo Rodríguez Arnao son coautores
del delito contra el patrimonio en su modalidad de Robo
Agravado, en agravio de Andy Abel Santa Cruz Serquén, toda vez
que el día 27 de diciembre del 2015 a las 8:30 aproximadamente
en circunstancias en que el agraviado se encontraba transitado
por la intersección de las calle Los Mangos y la Av. Libertad, fue
interceptado por el señor Óscar Adolfo Rodríguez Arnao, quien
lo cogoteó y le sustracción su celular marca HUAWEY, para
posteriormente darse a la fuga en la mototaxi de placa de rodaje
9753- .AM, que era conducido por su coacusado Juan José
Campos Muñoz. En este acto los acusados intentaron fugarse del
lugar, siendo que sufren un imperfecto en la mototaxi en la que
pretendían huir, por lo que el agraviado se dirigió hacia la
misma a efectos de poder recuperar su celular, y es ahí, que el
señor Oscar Adolfo Rodríguez Arnao percatándose que el
agraviado estaba sujetado de la mototaxi ha empezado a
patearlo por diferentes partes del cuerpo, para finalmente darle
un golpe en el rostro, cayendo a un vehículo que se encontraba
estacionado, produciéndole a consecuencia de ello las lesiones
entre ellas una de tipo cortante de arma blanca, .según el
certificado médico legal 19383-V CA de fecha 27 d diciembre del
2015, casi de inmediato a los hechos que acaba de indicar,
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personal policial del grupo terna de la PNP vio al vehículo
mototaxi transitando por las calles Libertad y Chinchaysuyo que
transitaban de forma sospechosa, y ha procedido hacerle las
señas de que se detengan; éstos han emprendido su camino con
dirección a la panamericana sur, siendo detenidos en Reque,
donde personal policial logra incautar al acusado Oscar Adolfo
Rodríguez Arnao el teléfono celular, que momentos previos había
sustraído al agraviado Andy Abel Santa Cruz Serquén, En ese
sentido el Ministerio Público considera que la conducta de los
imputados se subsume bajo el tipo penal establecido en el
artículo 189 segundo párrafo inciso primero del Código Penal,
cuando producto del accionar se producen lesiones en agravio de
Andy Abel Santa Cruz Serquén y además la agravante del
concurso de dos o más personas establecidas en el primer
párrafo inciso 4 del mismo dispositivo legal concordante con el
Art. 108 del Código Penal, por tal motivo el Ministerio Público
solicita para ambos imputados la pena de 20 años de pena
privativa de libertad y como reparación civil la suma de s/ 5,000
nuevos .soles, que conforme a las pruebas valoradas se va
demostrar la responsabilidad de los acusados en el presente
juicio.
(…)
En el punto 1.3.1.3 se tiene los alegatos preliminares del
Abogado Rodríguez Drogo, que señala:
“La defensa con la declaración del agraviado se va a desvirtuar
el tipo penal de robo agravado por los diferentes puntos de vista
y la declaración real en al que demostrará que nunca hubo
violencia. La teoría del caso que postula es que demostrara que
no hay responsabilidad penal de robo agravado. Indica que su
patrocinado si estuvo presente en el momento de los hechos. Por
parte de su patrocinado no hubo arrebato como lo ha
manifestado el Ministerio Público y conforma a la teoría del caso
que maneja si habido sustracción pero no en la figura de robo
agravado, sino se ha producido un Hurto simple (tipo base). (fj.
27)”
(…)
Alegatos Dr. Rodríguez Drogo
“Desde un momento de la declaración de su patrocinado indica
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que si el arrebato del celular pero niega que haya existido
cogoteo o algún tipo de violencia sobre el agraviado, indico que
cuando se le preguntó si hubo amenaza o violencia dijo que no,
por lo que queda desvirtuado lo establecido en el segundo
párrafo inciso primero del artículo 189 del código penal, el
siguiente paso que el agraviado corre y por recuperar su celular
se prende del lado derecho de la mototaxi y se resbala contra
una camioneta que estaba pegada a una Hilux, en ningún
momento hubo dolo por parte de su patrocinado, y si las lesiones
se dieron por otras circunstancias la agravante no se configura
en el tipo penal del 189, por ello queda desvirtuado el robo
agravado y quedarla en un hurto.” (fj. 37)
Finalmente se advierte que la parte resolutiva señala lo
siguiente:
“CONDENANDO a los acusados JUAN JOSÉ CAMPOS
MUÑOZ y OSCAR ADOLFO RODRÍGUEZ ARNAO como
coautores del delito CONTRA EL PATRIMONIO en la figura
ROBO AGRAVADO, previsto en el primer párrafo del artículo
189, inciso 4 del Código Penal e inciso 1 del segundo párrafo del
artículo 189 del mismo cuerpo legal, concordante con el artículo
188 del Código Penal (tipo base), en agravio de ANDY ABEL
SANTA CRUZ SERQUÉN y como tal se les impone VEINTE
AÑOS DE PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD CON
CARÁCTER DE EFECTIVA (…)”
c) De fojas 47, se tiene la sentencia de vista, contenida en la
Resolución 14, de fecha 18 de mayo de 2016, se advierte varios
aspectos relacionados a lo que es materia de cuestionamiento:
“La defensa del sentenciado Óscar Adolfo Rodríguez Arnao
solicita que se condene por el delito de robo simple previsto en el
artículo 188° del Código Penal, no así robo agravado, y
consecuentemente se le rebaje la pena ostensiblemente,
haciéndose control difuso del artículo 22° del texto punitivo,
sustancialmente por lo siguiente:
Estamos ante un delito instantáneo, y no existió algún acuerdo de
voluntades, en realidad se trató de un hecho circunstancial, y su
defendido ha sido sincero, señalando haber cometido el delito el
cual quedó en grado de tentativa, teniendo en cuenta que fueron
perseguidos e intervenidos por la policía.
Un segundo momento se da cuando el agraviado sube a la
mototaxi y luego se cae, produciéndose las lesiones recogidas en
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el peritaje médico legal, más ellos en ningún momento lo
lesionaron.
A su defendido le asiste responsabilidad restringida por lo que
debe hacerse control difuso del artículo 22° del Código Penal, y
asimismo se valore su confesión sincera sin que haya intervenida
otra persona en el robo, por eso postula que únicamente se t.mta
de un robo simple previsto en el artículo 188° del texto punitivo en
mérito del cual debe imponerse como sanción cuatro años de pena
privativa de libertad suspendida condicionalmente en su
ejecución.” (fj. 49)
Asimismo, la referida sentencia se verifica lo siguiente:
“En atención al factum postulado por el Ministerio Público, es
imperativo establecer un orden con la única finalidad de precisar
los momentos en el iter criminis relacionado con el delito contra
el patrimonio en su figura de robo agravado con agravantes
previsto en el artículo 189°, segundo párrafo, inciso 1) del texto
punitivo, así recalificada durante la fase de control de acusación
en el proceso inmediato:
i) En circunstancias que el agraviado caminaba por la
intersección de la calle Los Mangos y la avenida Libertad, fue
víctima de la sustracción de su celular que llevaba en su mano por
parte de Óscar Adolfo Rodríguez Arnao quien de manera
inmediata subió a la mototaxi conducida por Juan José Muñoz
Campos.
ii) Cuando pretendían fugar en la mototaxi, el agraviado
reacciona y se cuelga de la mototaxi, recibiendo en ese momento
golpes por parte de Rodríguez Arnao en circunstancias que el
vehículo avanzaba, produciéndose su caída, previo arrastre con el
vehículo, generándose las lesiones advertidas por el médico
legista.
iii) Cuando los sujetos se desplazaban por la intersección de las
avenidas Libertad y Chinchaysuyo, fueron avisados por la policía
para que .se detuvieran al advertir su actitud sospechosa por la
excesiva velocidad en (|ue iban, y al hacer caso omiso, avanzaron
por la panamericana sur llegando hasta Reque, donde finalmente
fueron intervenidos, luego de una tenaz persecución por cerca de
media hora.” (fj. 52)
13. Conforme el iter procesal referido, se puede advertir lo siguiente:
a) Que los hechos imputados al favorecido se han mantenido sin
modificación alguna durante todo el proceso penal;
EXP. N.° 01345-2022-PHC/TC
LAMBAYEQUE
ÓSCAR ADOLFO RODRÍGUEZ
ARNAO
b) Que se ha realizado una defensa activa respecto de los hechos
imputados al favorecido, referidos a la participación de más de
dos personas y sobre las lesiones ocasionadas al agraviado;
c) Que no se advierte de autos una modificación del tipo penal
imputado al favorecido, sino que se agregó –según los mismos
hechos– una agravante a la establecida, la que fue discutida en el
proceso, siendo objeto de contradicción por parte del abogado del
favorecido;
14. En tal sentido, del contenido de las decisiones judiciales cuestionadas,
se aprecia que los jueces emplazados han procedido a sustentar
debidamente la decisión asumida, manteniendo incólumes los hechos
imputados desde el inicio, además de proceder a validar la
recalificación del tipo penal realizado por el representante del
Ministerio Público, en atención a que no se alteraba lo acaecido y
denunciado, verificando además que los acusados tengan pleno
conocimiento del tipo penal que se les imputaba y por los cuales ha
sido condenado. En efecto, se verifica que no ha existido una
modificación del tipo penal imputado al favorecido, sino que –en base
a los mismos hechos– se agregó una agravante, siendo condenado por
el tipo penal previsto en el artículo 189, inciso 1 del segundo párrafo
del Código Penal e inciso 4 del referido artículo, tipo penal que ha
sido materia de debate dentro del proceso, con la presencia activa de
la defensa del favorecido.
15. Cabe agregar que ha sido de conocimiento de los acusados el tipo
penal por los que estaban siendo procesados, además de verificar que
su principal defensa ha sido centrada en señalar que no hubo
violencia, y que correspondía el tipo penal de hurto, situación que
suma a lo señalado líneas arriba, respecto a que ha existido una
defensa cabal del favorecido en el proceso penal.
16. Conforme a lo expuesto, corresponde desestimar la demanda de
habeas corpus, en la medida en que no se acredita la afectación de los
derechos invocados por el recurrente.
Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad
que le confiere la Constitución Política del Perú,
EXP. N.° 01345-2022-PHC/TC
LAMBAYEQUE
ÓSCAR ADOLFO RODRÍGUEZ
ARNAO
HA RESUELTO
1. Declarar IMPROCEDENTE respecto de lo señalado en los
fundamentos 5 a 8 supra.
2. Declarar INFUNDADA la demanda al no haberse acreditado la
vulneración del principio de congruencia entre la acusación y la
sentencia.
Publíquese y notifíquese.
SS.
MORALES SARAVIA
PACHECO ZERGA
GUTIÉRREZ TICSE
DOMÍNGUEZ HARO
MONTEAGUDO VALDEZ
OCHOA CARDICH
PONENTE DOMÍNGUEZ HARO
EXP. N.° 01345-2022-PHC/TC
LAMBAYEQUE
ÓSCAR ADOLFO RODRÍGUEZ
ARNAO
FUNDAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO
GUTIÉRREZ TICSE
Sin perjuicio de suscribir la ponencia, considero relevante hacer las
siguientes precisiones en cuanto a la posibilidad de ejercer un control
constitucional de la prueba.
1. Si bien coincidimos con el sentido del fallo, no estamos de acuerdo
con lo señalado en los fundamentos 4 y 6, en donde se afirma que
no le compete a la justicia constitucional conocer agravios que
guarden relación con la valoración probatoria.
2. Disentimos por cuanto una improcedencia sustentada
exclusivamente en el hecho de una supuesta indemnidad
probatoria se contrapone con lo dispuesto por el artículo 9 del
Nuevo Código Procesal Constitucional, que expresamente señala
como objeto de tutela el derecho “a probar”.
3. En virtud de lo expresado, los argumentos expuestos por cualquier
beneficiario que invoque tutela constitucional deben ser analizados
exhaustivamente para determinar si hay razones, o no, para
controlar el aludido derecho “a probar” y, solo en caso sea
evidente la irrelevancia del control constitucional de la prueba, se
debe optar por su improcedencia.
4. Además, si bien en el presente caso, a fin de sustentar el primer
punto resolutivo del fallo, que declara improcedente un extremo de
la demanda, la ponencia señala que se cuestiona el criterio de los
jueces y magistrados demandados para considerar acreditada la
responsabilidad penal (fundamento 6), en realidad la demanda de
hábeas corpus no cuestiona la actividad probatoria llevada a cabo
en el proceso penal.
S.
GUTIÉRREZ TICSE