Sala Segunda. Sentencia 963/2023
EXP. N.° 05284-2022-PA/TC
LAMBAYEQUE
ÉLMER ERNESTO PLAZA
CASTILLO
SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
En Lima, a los 27 días del mes de octubre de 2023, la Sala Segunda
del Tribunal Constitucional, integrada por los magistrados Gutiérrez Ticse,
Morales Saravia y Domínguez Haro, ha emitido la presente sentencia. Los
magistrados intervinientes firman digitalmente en señal de conformidad con
lo votado.
ASUNTO
Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Élmer Ernesto
Plaza Castillo contra la resolución de fojas 96, de fecha 20 de setiembre de
2022, expedida por la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de
Lambayeque, que declaró infundada la demanda de autos.
ANTECEDENTES
Con fecha 7 de enero de 2022, el recurrente interpone demanda de
amparo contra la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. Solicita que se
declare inaplicable a su caso la exigencia de acreditar el grado académico de
maestro o doctor hasta el cumplimiento del plazo señalado en la Ley 31364
—30 de diciembre de 2023— y que se abstenga de afectar las
remuneraciones de docentes por la causal de adecuación a la Ley 31364.
Alega la violación de sus derechos al trabajo y al debido proceso.
Manifiesta que mediante Oficio 1874-2021- DGA-
UNPRG/VIRTUAL, de fecha 16 de diciembre de 2021, emitido por el
director general de Administración se devuelve la planilla de docentes, con
la finalidad de que en el término de la distancia se informe acerca de si se
encuentra adecuada de acuerdo a la Ley 31364, pese a que no existe algún
procedimiento de adecuación que deba afectar la planilla de pago de
remuneraciones, lo que vulnera el derecho al debido procedimiento, pues
llegado el momento del vencimiento del plazo de adecuación recién se
deberá establecer un procedimiento administrativo para la verificación de
los grados académicos o la aplicación de las consecuencias jurídicas de su
cumplimiento.
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Refiere que las actuaciones administrativas contenidas en la Carta
277-2021- UNPRG/DGA-URRHH, de fecha 7 de diciembre de 2021, y el
Oficio 1874-2021-DGAUNPRG/VIRTUAL, de fecha 16 de diciembre de
2021, emitidas por los funcionarios dependientes del rector demandado, han
traspasado los límites de la Ley 30220 y la Ley 31364 pretendiendo una
aplicación adelantada de ellas, por lo que afectarán la condición laboral de
los docentes universitarios y hasta los cesarán, con lo que «nos encontramos
ante la amenaza de nuestros derechos fundamentales» (f. 7).
El Juzgado Civil de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque,
mediante Resolución 1, de fecha 14 de marzo de 2022, admite a trámite la
demanda (f. 16).
El apoderado judicial de la universidad emplazada contesta la
demanda. Entre otros argumentos, precisa que no se le ha exigido presentar
el grado académico de maestro o doctor; que no existe tal amenaza, sino
que, conforme a la Única Disposición Complementaria Final de la Ley
31364, se le solicitó algún tipo de documento que pruebe sus estudios de
posgrado, por cuanto la ampliación que establece la Ley 31364 es de
aplicación exclusivamente para aquellos docentes universitarios que
estuviesen cursando un programa de maestría o de doctorado para obtener el
respectivo grado, y que los docentes que no cumplan los requisitos para el
ejercicio de la docencia universitaria son ubicados en la categoría que les
corresponda o concluye su vínculo contractual, según corresponda (f. 27).
El Juzgado Civil Permanente de la Corte Superior de Justicia de
Lambayeque mediante Resolución 5, de fecha 28 de junio de 2022, declaró
infundada la demanda, por considerar que la universidad emplazada ha
implementado la aplicación de la Ley 31364, la cual se encuentra vigente,
por lo que no contraviene ninguna norma de carácter constitucional, y que
no se ha cuestionado la constitucionalidad de la citada ley. Asimismo,
precisa que, mediante la Carta 277-2021-UNPRG/DGA-URRHH, de fecha
7 de diciembre de 2021, la demandada efectuó un acto de comunicación
sobre la vigencia de la Ley 31364 y requirió información acerca de la
situación académica del actor respecto del rubro del posgrado, teniendo en
cuenta que ya se encontraba vigente la citada ley, lo cual no es un acto
represivo contra el demandante o contrario a lo dispuesto en la citada ley
que atente contra el debido proceso o la remuneración. Finalmente concluye
que la amenaza inminente a los derechos constitucionales invocados por el
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demandante no se encuentra probada, por cuanto no se verifica que la
universidad demandada haya incurrido en un procedimiento contrario a lo
previsto por la Ley 31364 o que se haya desconocido el plazo establecido en
la referida ley, y que se esté afectando la remuneración percibida por el
accionante (f. 71).
La Sala Superior revisora confirmó la apelada, por estimar que es
cierto que el plazo previsto en la Ley 31364 vence el 30 de diciembre de
2023, lo que no impide que la universidad pueda requerir a sus docentes los
documentos necesarios que acrediten los estudios de posgrado, tanto de
maestría como de doctorado; que las consecuencias de la no acreditación
deberán ser aplicadas por la demandada conforme a las Leyes 30220 y
31364, lo que no supone una amenaza a los derechos constitucionales
invocados por el demandante, sino el ejercicio regular del derecho, y que,
por ende, el hecho de que la universidad demandada requiera mediante la
Carta 277-2021-UNPRG/DGA-URRHH, de fecha 7 de diciembre de 2021,
que el demandante acredite estudios es un tema administrativo, pues debe
notarse que no se le está exigiendo que presente el grado académico de
maestro o de doctor (f. 96).
En su recurso de agravio constitucional, el recurrente alega que la
decisión administrativa de una oficina de menor jerarquía está incidiendo
directamente en su vinculación laboral como docente universitario, toda vez
que, de cumplirse el apercibimiento señalado en la carta remitida por dicha
oficina, podría disponerse la rebaja de categoría con la consiguiente
afectación de su remuneración o la pérdida de su trabajo por desvincularlo
de la universidad. Por tanto, se encuentra en un estado de incertidumbre en
cuanto a su permanencia laboral que se ve amenazada por las consecuencias
de la aplicación anticipada de los efectos de la Ley 31364 (f. 109).
FUNDAMENTOS
Delimitación del petitorio
1. El actor alega que existe la amenaza cierte e inminente de vulneración
de sus derechos al trabajo y al debido proceso, por lo que solicita que se
declare inaplicable a su caso la exigencia por parte de la emplazada de
acreditar que obtuvo el grado académico de maestro o doctor antes del
cumplimiento del plazo previsto en la Ley 31364 (30 de diciembre de
2023); y que, en consecuencia, se ordene a la demandada abstenerse de
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afectar la planilla de remuneraciones y desvincular o rebajar la
categoría de los docentes antes de que venza el plazo previsto en la
referida ley.
La amenaza de violación de los derechos fundamentales
2. Si bien el proceso constitucional de amparo procede para el caso de
amenazas de vulneración de derechos constitucionales, tal como lo
menciona expresamente el artículo 200, inciso 2), de la Constitución, es
importante resaltar que la amenaza debe poseer dos rasgos esenciales:
certeza e inminencia, de modo que dicho riesgo pueda ser atendible a
través del proceso constitucional de amparo.
Al respecto, este Tribunal Constitucional, en reiterada jurisprudencia, se
ha pronunciado indicando que la procedencia del amparo para casos de
amenazas de vulneración de derechos constitucionales está supeditada a
que tal amenaza sea cierta e inminente. Así, en la sentencia emitida en
el Expediente 00091-2004-AA/TC, específicamente en el fundamento
8, se afirmó que, para ser objeto de protección frente a una amenaza a
través de los procesos constitucionales, esta debe ser cierta y de
inminente realización; es decir, que el perjuicio debe ser real, efectivo,
tangible, concreto e ineludible, excluyendo del amparo los perjuicios
imaginarios o aquellos que escapan a una captación objetiva.
En consecuencia, para que sea considerada cierta, la amenaza debe estar
fundada en hechos reales, y no imaginarios, y ser de inminente
realización, esto es, que el perjuicio ocurra en un futuro inmediato, y no
en uno remoto. A su vez, el perjuicio que se ocasione en el futuro debe
ser real, pues tiene que estar basado en hechos verdaderos; efectivo, lo
cual implica que inequívocamente menoscabará alguno de los derechos
tutelados; tangible, es decir, que debe percibirse de manera precisa; e
ineludible, entendiendo que implicará irremediablemente una
vulneración concreta.
Análisis de la controversia
3. El demandante alega que de manera anticipada se le está exigiendo el
cumplimiento de lo previsto en la Ley 31364, pese a que dicha ley ha
dispuesto que, hasta el 30 de diciembre de 2023, los docentes de las
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universidades públicas y privadas podrán acreditar la obtención de los
grados académicos que la Ley 30220 les exige. Refiere que el accionar
de la emplazada podría conllevar la aplicación de descuentos a las
remuneraciones de los docentes, desvincularlos de la universidad o
rebajar la categoría docente a la inmediata inferior.
4. En su demanda el actor afirma que mediante Resolución 1311-81-R, de
fecha 5 de octubre de 1981, fue nombrado docente principal de la
Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo (f. 8). Asimismo, obra el
Informe 3512003-OEED-OCP, de fecha 10 de mayo de 2005, emitido
por la Oficina de Escalafón y Evaluación Documentaría de la
Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, que acredita la vinculación
laboral con la demandada como profesor y los datos escalafonarios de
los cuales se advierte la fecha de nombramiento (f. 3).
5. Y, respecto al plazo de adecuación de docentes de las universidades
públicas y privadas a la Ley 30220, la Tercera Disposición
Complementaria Transitoria de dicha ley establece lo siguiente:
TERCERA. Plazo de adecuación de docentes de la universidad
pública y privada
Los docentes que no cumplan con los requisitos a la entrada en vigencia
de la presente Ley, tienen hasta cinco (5) años para adecuarse a esta; de lo
contrario, son considerados en la categoría que les corresponda o
concluye su vínculo contractual, según corresponda. (*)
6. Asimismo, cabe mencionar que, de conformidad con el artículo 4 del
Decreto Legislativo 1496, publicado el 10 mayo de 2020, se amplió el
plazo de adecuación de docentes de las universidades públicas y
privadas a los requisitos de la Ley 30220 hasta el 30 de noviembre de
2021, pues, de lo contrario, serían considerados en la categoría
respectiva o concluiría su vínculo contractual, según corresponda.
Posteriormente, mediante el Artículo Único de la Ley 31364, publicada
el 29 noviembre 2021, se dispuso la modificación del artículo 4 del
Decreto Legislativo 1496 en los siguientes términos:
Artículo 4.- Ampliación del plazo de adecuación para los docentes de
las universidades públicas y privadas con estudios de posgrado
4.1 Se amplía el plazo de adecuación a los requisitos de la Ley 30220, Ley
Universitaria, para los docentes de las universidades públicas y privadas
con estudios de maestría o doctorado sin grado académico, o con grado
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académico en proceso de registro ante la Superintendencia Nacional de
Educación Superior Universitaria (Sunedu), quienes cuentan hasta el 30 de
diciembre de 2023, para obtener sus grados académicos y cumplir con los
requisitos exigidos para el ejercicio de la docencia universitaria; de lo
contrario, son considerados en la categoría que les corresponda de acuerdo
a los grados académicos obtenidos o concluye su vínculo laboral o
contractual, según corresponda.
4.2 Esta norma es de carácter excepcional y su vigencia está establecida
exclusivamente para el año referido en el párrafo 4.1”.
Asimismo, en la Única Disposición Complementaria Final de la Ley
31364, sobre el ámbito de aplicación, se señala:
ÚNICA. Ámbito de aplicación
La modificación del artículo 4 del Decreto Legislativo 1496, que establece
disposiciones en materia de educación superior universitaria en el marco
del estado de emergencia sanitaria a nivel nacional, dispuesta por la
presente ley, alcanza a todos los docentes de las universidades, sean
públicas o privadas, que, al 30 de noviembre de 2021, estuviesen cursando
un programa de maestría con la finalidad de obtener el grado de magíster o
que estuviesen cursando un programa de doctorado para obtener el grado de
doctor.
7. Atendiendo a lo expresado, en cumplimiento de la precitada Ley 31364,
la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo remitió al demandante la
Carta 277-UNPRG/DGA-URRHH, de fecha 7 de diciembre de 2021 (f.
5), que precisa lo siguiente:
(…) de acuerdo a la Ley Universitaria 30220 se exige contar con grado
académico de maestro y/o doctorado, para mantenerse en la categoría de
docente o con vínculo laboral con la universidad; dicho plazo de
adecuación exigido, fue ampliado hasta el 30 de noviembre del 2021
mediante Decreto Ley N° 1496 y, mediante Ley 31364 (publicado el 29
de noviembre del presente año), se amplía hasta el 30 de diciembre de
2023, comprendiendo a los docentes de universidades públicas y privadas
que cuenten con estudios de posgrado hasta el 30 de noviembre del
presente año o con grado académico en proceso de registro ante la
Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria
(Sunedu).
A fin de dar cumplimiento a la presente Ley, le solicitamos algún tipo de
documento que pruebe sus estudios de posgrado, para actuar conforme a
las normas citadas, en un plazo hasta el día viernes 10 de diciembre hasta
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las 23:59 horas del presente año; manifestando que con la entrega o no de
la información solicitada, procederemos de acuerdo a ley.
.
8. Asimismo, a fojas 59 del Expediente 03961-2022-PA/TC, obra la
Resolución 013-2022-CU, de fecha 8 de enero de 2022, mediante la
cual se resuelve:
Aprobar que la Ley N° 31364 se aplique a fin de ciclo 2021-II,
mientras se elabora el reglamento, previa consulta a MINEDU y
SUNEDU y que se aplique por el Consejo Universitario.
9. De las citadas instrumentales emitidas por la universidad demandada
bajo la dación de la Ley 31364 se verifica que se solicitó al demandante
que, conforme a lo ordenado en la Única Disposición Complementaria
Final de la Ley 31364, citada en el fundamento 6 supra, proceda a
acreditar que se encuentra cursando un programa de maestría con la
finalidad de obtener el grado de magíster o que estuviese cursando un
programa de doctorado para obtener el grado de doctor, a efectos de la
adecuación dispuesta en la Ley Universitaria 30220. Dicho de otro
modo, contrariamente a lo alegado por la parte demandante, no se
advierte de autos que la emplazada le haya exigido que demuestre
contar con el grado de magíster o doctor antes de que venza el plazo
previsto en la Ley 31364 (30 de diciembre de 2023); por tanto, no se
acredita la amenaza alegada por el actor en su demanda.
10. Igualmente, debe precisarse que, si bien mediante el Oficio 1874-2021-
DGA-UNPRG/VIRTUAL, de fecha 16 de diciembre de 2021 (f. 6), la
Dirección General de Administración de la Universidad emplazada
solicita al jefe de la Unidad de Recursos Humanos de la demandada que
informe acerca de si las planillas en físico de docentes se encuentran
adecuadas a la Ley 31364, de este no se desprende una amenaza de que
se pueda afectar el vínculo laboral, ni el pago de las remuneraciones al
demandante.
11. Siendo ello así y conforme se ha citado en el segundo párrafo del
fundamento 6 supra, la Ley 31364, en su Única Disposición
Complementaria Final, prevé que la modificación del artículo 4 del
Decreto Legislativo 1496 alcanza a todos los docentes de las
universidades, sean públicas o privadas, que, al 30 de noviembre de
2021, estuviesen cursando un programa de maestría con la finalidad de
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obtener el grado de magíster o que estuviesen cursando un programa de
doctorado para obtener el grado de doctor. En otras palabras, la
ampliación del plazo hasta el 30 de diciembre de 2023 no alcanza a
todos los docentes universitarios, sino únicamente a quienes se
encuentren cursando un programa de maestría o doctorado, por lo que
resulta válido que la universidad emplazada requiera al actor la
información pertinente, mediante sus órganos administrativos
correspondientes, a fin de establecer si el demandante se encuentra
comprendido o no dentro de la ampliación del plazo en cuestión, pues
no se trata de una carta o documento que resuelva su vínculo con la
emplazada.
12. Sentado lo anterior, la presente demanda debe ser desestimada, toda vez
que no se ha acreditado la existencia de una amenaza cierta e inminente
de vulneración a los derechos invocados.
Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le
confiere la Constitución Política del Perú,
HA RESUELTO
Declarar INFUNDADA la demanda de amparo.
Publíquese y notifíquese.
SS.
GUTIÉRREZ TICSE
MORALES SARAVIA
DOMÍNGUEZ HARO
PONENTE MORALES SARAVIA