Pleno. Sentencia 406/2023
EXP. N.° 004450-2022-HC/TC
LIMA
YENIFER NOELIA PAREDES NAVARRO,
representada por MARCO HILLMER
RIVEROS RAMOS -ABOGADO
SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
En Lima, a los 23 días del mes de agosto de 2023, los magistrados
Morales Saravia, Pacheco Zerga, Domínguez Haro, Monteagudo Valdez y
Ochoa Cardich han emitido la presente sentencia. El magistrado Gutiérrez
Ticse, emitió un voto singular, que se agrega. Los magistrados intervinientes
firman digitalmente en señal de conformidad con lo votado.
ASUNTO
Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Marco Hillmer
Riveros Ramos, abogado de doña Yenifer Noelia Paredes Navarro, contra la
resolución de fojas 572, de fecha 23 de setiembre de 2022, expedida por la
Segunda Constitucional Permanente de la Corte Superior de Justicia de Lima,
que declaró improcedente la demanda de habeas corpus de autos.
ANTECEDENTES
Con fecha 29 de agosto de 2022, don Marco Hillmer Riveros Ramos
interpone demanda de habeas corpus a favor de doña Yenifer Noelia Paredes
Navarro (f. 1) contra la fiscal de la nación doña Liz Patricia Benavides
Vargas y los procuradores del Poder Judicial y del Ministerio Público. Se
alega la vulneración de los derechos al juez natural, a no ser discriminado por
razón política y de defensa.
Solicita que declaren nulos: (i) el proceso seguido contra la favorecida
por el delito de organización criminal en concurso real con los delitos de
colusión agravada por organización criminal y lavado de activos; y (ii) la
Resolución 12, de fecha 28 de agosto de 2022 (f. 437), mediante la cual se
declaró fundado en parte el requerimiento fiscal de prisión preventiva contra
la favorecida por el plazo de treinta meses emitido en el citado proceso; y
que, en consecuencia, se ordene su inmediata libertad (Expediente 319-2022-
11-5001-JR-PE-08); y que (iii) la fiscal demandada cumpla con tramitar la
causa seguida en su contra ante la Corte Suprema de Justicia de la República
por ser la competente para que conozca el proceso penal promovido en su
contra.
Sostiene que la favorecida es víctima de un vejamen y un trato desigual
o discriminatorio en la causa penal seguida en su contra por ser familiar de
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don José Pedro Castillo Terrones, presidente de la República del Perú, a
quien algunos poderes de facto buscan doblegarlo y “sacarlo” (sic) del
Gobierno, incluso bajo manifiestos, reprobables y constantes intentos de
vacancia, de acusación constitucional y de un intento forzado de suspensión
del cargo de presidente por parte del Poder Judicial.
Alega que la favorecida viene sufriendo el escarnio propio de un
escenario político donde existen poderes de facto que indirectamente vienen
cumpliendo su propósito desmedido de apartar del Gobierno a don José
Pedro Castillo Terrones; que si ella no fuera su familiar, no se habría iniciado
una célere y desproporcionada investigación en su contra, en la cual se le
impidió ejercer una defensa eficaz que le habría permitido cuestionar cada
uno de los escenarios inapropiados para su situación jurídica, pero la
inusitada forma de actuar desigual o discriminatoria en su contra ha generado
un vicio procesal insubsanable que afectará el proceso penal vigente; proceso
que devendría nulo, porque se ha producido una diferenciación de trato
acelerado e irracional por ser familiar del presidente de la República; además
de una persecución producto de una discriminación política o trato desigual
por razones políticas. Agrega que el Ministerio Público ha formado un equipo
especial para que la investiguen a ella y a quienes estarían siendo imputados
por un presunto delito de organización criminal en el que se incluyó a don
José Pedro Castillo Terrones; que el Poder Judicial recibe una presión
mediática constante que tiene sesgos políticos; que se advierte en todos los
conductores de televisión o periodistas un prejuzgamiento e irrespeto a la
Constitución Política, pese a que están obligados a tratar a un ciudadano de
inocente; y que el juez Johnny Gómez Balboa, quien dictó prisión preventiva
contra la favorecida, fue sujeto a críticas de orden mediático y reiterativo
hasta minutos antes de su decisión, por lo que ha omitido fijarse que su
actuación procesal era nula e írrita.
Arguye que en el caso de la favorecida el juez natural que conozca y
que deberá resolver la causa seguida en su contra y cualquier incidente que se
produzca en ella, según el artículo 44 del nuevo Código Procesal Penal, será
el juez supremo de investigación preparatoria, porque viene conociendo el
proceso penal seguido contra don José Pedro Castillo Terrones, a quien se le
imputa ser líder de una organización criminal que comete el delito de lavado
de activos, entre otros, y en el que estaría inmersa la favorecida; y que, en la
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audiencia pública, el fiscal señalaba que la favorecida pertenece a la
organización que lidera don José Pedro Castillo Terrones, por lo que frente a
un caso existen dos fiscalías y dos jueces que conocen de la misma y única
organización criminal, según la fiscalía.
Añade que en el sistema procesal peruano el juez natural es el juez
supremo que asumió competencia para resolver todos los incidentes en los
que se investiga a la presunta organización criminal que, según la fiscalía,
estaría liderada por don José Pedro Castillo Terrones; que el juez natural es el
señor Juan Carlos Checklay Soria, juez supremo del Juzgado Supremo de
Investigación Preparatoria a cargo del Expediente 00011-2022-01-5001-JS-
PE-01; y que su par en la línea jurisdiccional es la fiscal de la nación como
titular de la acción penal.
Puntualiza que el proceso penal seguido contra la favorecida deviene
nulo y que debe ser declarado así; pero que en la vía interna, por los ribetes
políticos y la presión mediática en la que destaca la discriminación abierta,
será difícil que esto pase, por lo que corresponde que la Corte Interamericana
de Derechos Humanos conozca este atropello en que se ha visto involucrada
la favorecida por ser familiar del presidente de la República, lo cual implica
la discriminación política que sufre; y que, como se comprobará en el seno de
las instancias internacionales, se arremete con investigaciones, la
intervención del Órgano de Control de la Magistratura (OCMA) y con la
aparición pública de la presidenta del Poder Judicial doña Elvia Barrios
Alvarado, quien niega participar en una persecución política, ignorando que
en política los gestos grafican mucho, tales como la aparición en los medios,
una falta de invitación a ceremonias protocolares a quienes mediáticamente
no son bien vistos, unas declaraciones de las que se puede inferir
cuestionamientos a las políticas de estado, entre otros.
Refiere que en el caso de la favorecida ya hubo un juez que previno
anteriormente con el conocimiento de la causa seguida en su contra y que es
el juez que dictó mandato de detención preliminar don Justiniano Romero
Raúl Wensislao a cargo del Expediente 319-2022-1-5001-JR-PE-08, por lo
que, según el artículo 261 del nuevo Código Procesal Penal, se convirtió en
el juez de investigación preparatoria y debió conocer el proceso penal desde
el inicio de las diligencias preliminares hasta la expedición de la resolución
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que da por sobreseída o dicte el auto de enjuiciamiento; que la favorecida
está siendo investigada por el delito de organización preliminar previsto y
sancionado por el artículo 317 del Código Penal, que es el mismo delito por
el cual el juez supremo del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria
en el Expediente 00011-2022-01-5001-JS-PE-01 viene procesando a don José
Pedro Castillo Terrones.
El Segundo Juzgado Especializado en lo Constitucional de Lima, con
fecha 29 de agosto de 2022 (f. 19), admitió a trámite la demanda contra la
fiscal de la nación doña Liz Patricia Benavides Vargas y contra don Johnny
Gómez Balboa, juez del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de la
Corte Superior Nacional de Justicia Especializada.
La fiscal de la nación demandada doña Liz Patricia Benavides Vargas,
a fojas 60 de autos, solicita que la demanda sea declarada infundada o
improcedente. Alega que no existe algún acto procesal o disposición que
haya emitido como fiscal de la nación que motive la presentación de la
demanda; que no se cuestiona alguna disposición emitida por su despacho
que vulnere el derecho a la libertad personal de la favorecida; y que la
pretendida nulidad de todo en el proceso penal seguido en su contra, que
incluiría la resolución que ordenó su prisión preventiva por parte del Tercer
Juzgado de investigación Preparatoria de la Corte Superior Nacional de
Justicia Penal Especializada (CSNJPE), y que, como consecuencia, se ordene
su inmediata libertad, debe ser invocada como parte del ejercicio del derecho
a la pluralidad de instancia ante la judicatura penal ordinaria, en la cual se
tendría que precisar algún acto procesal que sea objeto de cuestionamiento,
puesto que en la demanda no se precisa alguno y sólo se alega un supuesto
vicio con el que se pretende la nulidad de todo lo actuado.
Agrega que la parte demandante cuestiona la medida de prisión
preventiva ordenada por el juez ante el requerimiento de prisión preventiva
presentado por el fiscal provincial del Equipo Especial de Fiscales Contra la
Corrupción del Poder - Segundo Despacho; sin embargo, en la Carpeta Fiscal
02-2022 se aprecia que entre los investigados por el delito de crimen
organizado y otros se encuentran la favorecida y otras personas, pero no don
José Pedro Castillo Terrones, presidente de la República, quien sí se
encuentra investigado por la fiscal de la nación en otra carpeta fiscal ante el
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juez supremo de investigación preparatoria; es decir, que en la investigación
penal seguida contra la favorecida no ha intervenido ni interviene la fiscal de
la nación, por lo que la demanda de habeas corpus presentada en su contra
relacionada con la investigación y la medida de prisión preventiva dictada
contra la favorecida debe ser desestimada; y que el Juzgado de Investigación
Preparatoria de la Corte Suprema es competente para procesar a las personas
que tienen la investidura del artículo 99 de la Constitución Política, por lo
que los demás procesados que carezcan de esa prerrogativa como la
favorecida, quien no tiene la condición de funcionaria, deben ser procesados
por un juez de investigación preparatoria como lo ha determinado la Segunda
Sala Penal de Apelaciones Nacional (Expediente 00319-2022-1-5001-JR-PE-
08).
Añade que no le corresponde al Ministerio Público dictar las medidas
de prisión preventiva al interior de un proceso penal, porque ello es facultad
del juez de investigación preparatoria, quien luego de realizar el control de
legalidad del requerimiento fiscal, previa valoración de los presupuestos
normativos y jurisprudenciales, decide al respecto; que de no estar conforme
con la decisión de la judicatura existen medios impugnatorios establecidos en
el nuevo Código Procesal Penal; y que la citada medida que se cuestiona fue
dictada en una audiencia con las garantías judiciales, en la cual la defensa
técnica de la favorecida no cuestionó la competencia del juez del Tercer
Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior Nacional de
Justicia Especializada.
El procurador público del Tribunal Constitucional encargado de la
representación y defensa jurídica de los intereses del Estado Peruano en los
asuntos que son de competencia del procurador público del Ministerio
Público, a fojas 91 de autos, solicita que la demanda sea declarada infundada
o improcedente. Alega que se pretende dilatar o entorpecer el normal y
regular desarrollo de las investigaciones que vienen realizando tanto el
Ministerio Público como el Poder Judicial; que el procedimiento y las
diligencias preliminares en mérito a la acción procesal promovida por el
Ministerio Público tienen por finalidad encontrar la verdad sobre los hechos
denunciados; y que la presentación continua de demandas de habeas corpus
carentes de sustento tiene como propósito obstaculizar la investigación fiscal,
alegándose objeciones procesales sin mayor sustento y que debían haber sido
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presentadas en el procedimiento de investigación penal, por lo que
constituyen un ejercicio abusivo del derecho de acceso a la jurisdicción que
terminan no sólo distrayendo a la justicia constitucional, sino también
socavando los principios y valores en los que se sostiene un Estado
constitucional de derecho.
Agrega que no existe algún acto o disposición de parte de la fiscal de la
nación que motive la presentación de la demanda, más aún cuando ni siquiera
se menciona algún acto fiscal o procesal que pueda ser considerado
vulneratorio del derecho constitucional invocado; y que la pretendida nulidad
de todo el proceso penal seguido contra la favorecida, que incluiría la
resolución de prisión preventiva dictada en su contra, debió ser invocada
como objeción procesal ante la judicatura penal ordinaria en la cual se tendría
que precisar algún acto procesal, pues solo se alega un supuesto vicio.
Añade que no se han agotado los recursos previstos para impugnar la
citada medida para incoar la presente demanda; y que en la Carpeta Fiscal
02-2022 se aprecia que entre los investigados por crimen organizado se
encuentra la favorecida, pero no el señor José Pedro Castillo Terrones, quien
sí es investigado por la fiscal de la nación en otra carpeta fiscal ante el juez
supremo de investigación preparatoria; es decir, que en la investigación penal
seguida contra la favorecida no ha intervenido ni interviene la fiscal de la
nación, por lo que la demanda presentada en su contra relacionada con la
investigación y la medida de prisión preventiva dictada contra la favorecida
debe ser desestimada, porque se ha actuado con respeto a la autonomía e
independencia de los fiscales que integran el equipo especial de fiscales
contra la corrupción del Poder-Segundo Despacho; que los cuestionamientos
sobre la competencia de las fiscales y juzgados fueron zanjados por la
Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional; y que, respecto a la alegada
vulneración de su derecho a no ser discriminada, no se hizo alguna
comparación con personas que se encuentren en la misma situación que la
favorecida para que se establezca algún trato desigual.
El procurador público adjunto a cargo de los asuntos judiciales del
Poder Judicial, a fojas 304 y 321 de autos, solicita que la demanda sea
declarada improcedente. Alega que se cuestionan resoluciones como la
emitida con fecha 28 de agosto de 2022, que declaró fundado en parte el
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requerimiento de prisión preventiva formulado contra la favorecida por el
delito de lavado de activos y otros (Expediente 00319-2022-11-500l-JR-PE-
02), las cuales carecen de firmeza por no haberse agotado los recursos
previstos en la norma procesal penal; es decir, que la citada resolución fue
apelada y se encuentra pendiente de resolución, por lo que no es firme; que,
respecto a la alegada vulneración de su derecho al juez natural, el actor
desconoce la labor administrativa del Poder Judicial y que la competencia del
órgano jurisdiccional para que se tramite la causa contra la favorecida fue
dispuesta por la Resolución Administrativa 000387-2022.
El juez Johnny Gómez Balboa, a fojas 355 de autos, solicita que la
demanda sea declarada infundada. Alega que la favorecida está sujeta a un
requerimiento del Ministerio Público-Equipo Especial de Fiscales Contra la
Corrupción del Poder- Segundo Despacho- formulado contra ella y otro
investigados por el delito de organización criminal, en concurso real con el
delito de colusión agravada y lavado de activos en agravio del Estado, pedido
que fue ingresado en turno extraordinario de fecha 19 de agosto de 2022, por
lo que su despacho se avocó al conocimiento de la causa, teniéndose como
antecedente una detención preliminar de diez días dispuesta por el Octavo
Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, por lo que se ha señalado
audiencia dentro del plazo de cuarenta y ocho horas según lo previsto por el
artículo 271 del nuevo Código Procesal Penal, y que se cumplió con
programar audiencia de prisión preventiva para el 21 de agosto de 2022, la
cual fue reprogramada para el 23 de agosto de 2022, dentro de un plazo
razonable, en la cual se declaró fundado en parte el requerimiento fiscal de
prisión preventiva contra la favorecida.
Agrega que no existe detención arbitraria contra la favorecida, máxime
si hubo incidencias en el juzgado ante lo cual se emitieron las resoluciones
respectivas que están contenidas en las actas del expediente y que fueron
oralizadas en la audiencia pública, con el conocimiento y la anuencia de su
defensa técnica, por lo que no se ha vulnerado algún derecho constitucional
de la favorecida.
El Segundo Juzgado Especializado en lo Constitucional de Lima, con
fecha 6 de setiembre de 2022 (f. 453), declaró improcedente la demanda, al
considerar que en la Resolución Administrativa 000387-2022-P-CSNJP-PJ se
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detalló el rol de turnos de los Juzgados de Investigación Preparatoria
Nacionales de la Corte Superior Nacional de Justicia Especializada, por lo
que el Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional es el
competente para conocer el proceso penal seguido contra la favorecida; que
se encuentra garantizada su imparcialidad, idoneidad, autonomía e
independencia, por lo que no se ha vulnerado su derecho al juez natural; y
que, respecto a la fiscal de la nación, en la investigación fiscal que dio origen
al proceso penal seguido contra la favorecida a cargo del citado juzgado, se
advierte que entre los investigados se encuentran ella y otros, pero no don
José Pedro Castillo Terrones, por lo que no le corresponde participar en dicha
investigación a la fiscal de la nación; por ello, dicha investigación está a
cargo del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción.
Respecto a la pretendida nulidad de todo el proceso seguido contra la
favorecida, que incluye la resolución que ordenó su prisión preventiva, la
cual fue apelada, señala que esta no es firme, por lo que no se cumple el
requisito de firmeza para su control constitucional a través del habeas
corpus; y que, en relación con la alegada discriminación política de la
favorecida por ser familiar del presidente de la República, ello no incide
directamente sobre una afectación a su libertad personal, máxime si se
encuentra sujeta a un proceso judicial en el cual se garantiza su derecho a la
tutela jurisdiccional y en el que puede hacer uso de los mecanismos
procesales existentes dentro de un debido proceso, por lo que recuerda que el
proceso constitucional no debe ser utilizado como vía indirecta para ventilar
aspectos propios de la judicatura ordinaria.
La Segunda Constitucional Permanente de la Corte Superior de Justicia
de Lima confirmó la apelada por similares consideraciones.
FUNDAMENTOS
Delimitación del petitorio
1. El objeto de la demanda es que se declaren nulos (i) el proceso seguido
contra doña Yenifer Noelia Paredes Navarro por el delito de organización
criminal en concurso real con los delitos de colusión agravada por
organización criminal y lavado de activos y (ii) la Resolución 12, de
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fecha 28 de agosto de 2022 , mediante la cual se declaró fundado en parte
el requerimiento fiscal de prisión preventiva en su contra por el plazo de
treinta meses emitido en el citado proceso; y que, en consecuencia, se
ordene su inmediata libertad (Expediente 319-2022-11-5001-JR-PE-08);
y que (iii) la fiscal demandada cumpla con tramitar la causa seguida en su
contra ante la Corte Suprema de Justicia de la República por ser la
competente para que conozca el proceso penal promovido contra ella.
2. Se alega la vulneración de los derechos al juez natural, a no ser
discriminado por razón política y de defensa.
Análisis del caso
3. La Constitución Política del Perú establece en el artículo 200, inciso 1,
que mediante el habeas corpus se protege tanto la libertad individual
como los derechos conexos a ella; no obstante, no cualquier reclamo que
alegue afectación del derecho a la libertad personal o a los derechos
conexos puede reputarse efectivamente como tal y merecer tutela, pues
para ello es necesario analizar previamente si tales actos denunciados
vulneran el contenido constitucionalmente protegido del derecho tutelado
por el habeas corpus.
4. El artículo 159 de la Constitución establece que corresponde al Ministerio
Público ejercitar la acción penal pública, de oficio o a petición de parte,
así como emitir dictámenes antes de la expedición de las resoluciones
judiciales en los casos que la ley contempla. Desde esta perspectiva, se
entiende que el fiscal no decide, sino que más bien pide que el órgano
jurisdiccional juzgue o que, en su caso, determine la responsabilidad
penal del acusado; esto es, que realiza su función persiguiendo el delito
con denuncias o acusaciones, pero no juzga ni decide.
5. Asimismo, este Tribunal Constitucional en reiterada y constante
jurisprudencia ha precisado que, si bien es cierto que la actividad del
Ministerio Público, al formalizar la denuncia o al emitir la acusación
fiscal, se encuentra vinculada al principio de interdicción de la
arbitrariedad y al debido proceso, también lo es que dicho órgano
autónomo no tiene facultades coercitivas para restringir o limitar la
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libertad personal, toda vez que las actuaciones del Ministerio Público, en
principio, son postulatorias, y no decisorias sobre lo que la judicatura
resuelva; lo que es aplicable en cuanto a la fiscal demandada, pues sus
actuaciones no determinan restricción o limitación o amenaza alguna al
derecho a la libertad personal de la favorecida; asimismo, no le
corresponde a la judicatura constitucional ordenar a la fiscal demandada
que cumpla con tramitar la causa seguida en su contra ante la instancia
suprema por ser la competente.
6. Por consiguiente, dado que la reclamación del recurrente en este extremo
no está referida al contenido constitucionalmente protegido del derecho
tutelado por el habeas corpus, resulta de aplicación el artículo 7, inciso 1,
del Nuevo Código Procesal Constitucional.
7. De otro lado, el objeto de los procesos constitucionales de la libertad, de
conformidad con lo establecido en el artículo 1 del Nuevo Código
Procesal Constitucional, es la protección de los derechos constitucionales,
ya sean de naturaleza individual o colectiva, reponiendo las cosas al
estado anterior a la violación o amenaza de violación de un derecho
constitucional, o disponiendo el cumplimiento de un mandato legal o de
un acto administrativo; por lo que, si luego de presentada la demanda cesa
la agresión o amenaza o la violación del derecho invocado se torna
irreparable, carecerá de objeto emitir pronunciamiento de fondo al
haberse producido la sustracción de la materia.
8. En el presente caso, respecto a la solicitud de nulidad de la Resolución 12,
de fecha 28 de agosto de 2022 (f. 437), mediante la cual se declaró
fundado en parte el requerimiento fiscal de prisión preventiva contra la
favorecida por el plazo de treinta meses emitido en el citado proceso, este
Tribunal Constitucional advierte que la cuestionada resolución, a la fecha
de presentación de la demanda, no cumplía con la condición de firmeza.
Sin embargo, como es de público conocimiento, la Segunda Sala Penal de
Apelaciones Nacional, mediante el Auto que Resuelve Apelación de
Prisión Preventiva, Resolución 21, de fecha 24 de octubre de 2022,
revocó la Resolución 12 y le impuso la medida de comparecencia con
restricciones bajo el cumplimiento de reglas de conducta, por lo que
egresó del Penal de Mujeres de Chorrillos. Por tanto, la resolución cuya
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nulidad se solicita ya no tiene efectos jurídicos sobre la libertad personal
de la favorecida.
9. Por ello, en cuanto a la pretendida nulidad de la Resolución 12, de fecha
28 de agosto de 2022, no existe necesidad de emitir un pronunciamiento
de fondo, al haberse producido la sustracción de la materia por haber
cesado los hechos que en su momento sustentaron la interposición de la
demanda (29 de agosto de 2022), conforme a lo dispuesto por el artículo 1
del Nuevo Código Procesal Constitucional.
10. Este Tribunal aprecia que los cuestionamientos a la Resolución 12, de
fecha 28 de agosto de 2022, también aluden a la vulneración de los
derechos al juez natural y de defensa. Al respecto, si bien en los
fundamentos 8 y 9 supra, la citada resolución a la fecha de interposición
de la demanda no cumplía la condición de firmeza a efectos de su control
constitucional y que, a la fecha, ya no tiene efectos jurídicos sobre la
libertad personal de la favorecida, este Tribunal precisa lo siguiente:
a) En reiterada jurisprudencia se ha señalado que el contenido del
derecho al juez natural o juez predeterminado por ley presenta dos
exigencias; en primer lugar, que quien juzgue sea un juez o un
órgano que tenga potestad jurisdiccional, garantizándose así la
interdicción de ser enjuiciado por un juez excepcional o por una
comisión especial creada ex profeso para desarrollar funciones
jurisdiccionales, o que dicho juzgamiento pueda realizarse por
comisión o delegación, o que cualquiera de los poderes públicos
pueda avocarse al conocimiento de un asunto que debe ser
ventilado ante un órgano jurisdiccional. En segundo lugar, que la
jurisdicción y la competencia del juez sean predeterminadas por la
ley, por lo que la asignación de competencia judicial
necesariamente debe haberse establecido con anterioridad al inicio
del proceso, garantizándose así que nadie pueda ser juzgado por
un juez ex post facto o por un juez ad hoc (Expediente 00290-
2002-PHC/TC).
b) Así también el Tribunal Constitucional en la sentencia recaída en
el Expediente 0333-2005-AA/TC ha establecido que
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“la competencia (...) es una cuestión que, al involucrar
aspectos legales, deberá ser resuelta en la vía judicial
ordinaria (…)”.
c) Por ello, en el contexto descrito, el análisis constitucional en torno
a si el mencionado proceso penal seguido contra la favorecida por
el delito de organización criminal en la modalidad de organización
criminal en concurso real con los delitos de colusión agravada por
organización criminal y lavado de activos debe ser tramitado y
resuelto por el juez demandado resulta inviable, pues la referida
materia compete a la judicatura ordinaria.
d) En todo caso, la competencia del juzgado demandado para conocer
el proceso penal seguido contra la favorecida se determinó en la
Resolución Administrativa 000387-2022-P-CSNJP-PJ, de fecha 8
de agosto de 2022 (f. 112 del PDF), que estableció el turno judicial
especial de los Juzgados de Investigación Preparatoria Nacionales
de la Corte Superior Nacional de Justicia Especializada, por lo que
el Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional resultó
competente para conocer el proceso penal seguido contra la
favorecida.
e) El derecho a la defensa comporta en estricto el derecho a no
quedar en estado de indefensión en cualquier etapa del proceso
penal, el cual tiene una doble dimensión: una material, referida al
derecho del imputado o demandado de ejercer su propia defensa
desde el mismo instante en que toma conocimiento de que se le
atribuye la comisión de determinado hecho delictivo, y otra formal,
que supone el derecho a una defensa técnica, esto es, al
asesoramiento y patrocinio de un abogado defensor durante todo el
tiempo que dure el proceso.
f) Asimismo, se ha precisado que el derecho a no quedar en estado
de indefensión se conculca cuando los titulares de los derechos e
intereses legítimos se ven impedidos de ejercer los medios legales
suficientes para su defensa; no obstante, no cualquier
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imposibilidad de ejercer esos medios produce un estado de
indefensión que atenta contra el contenido constitucionalmente
protegido de dicho derecho, sino que es constitucionalmente
relevante cuando se genera una indebida y arbitraria actuación del
órgano que investiga o juzga al individuo (Expedientes 0582-
2006-PA/TC y 5175-2007-PHC/TC).
g) Al respecto, se aprecia que de forma personal y a través de su
abogado defensor de libre elección la favorecida ejerció su
derecho de defensa, como se advierte de las actuaciones a fojas
380 y 409 de autos.
11. Finalmente, este Tribunal no aprecia en los actuados y demás
instrumentales elementos que generen un mínimo de verosimilitud de que
se haya producido alguna actuación judicial que configure la vulneración
del derecho de la favorecida a la igualdad en la aplicación de la ley.
Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que
le confiere la Constitución Política del Perú,
HA RESUELTO
Declarar IMPROCEDENTE la demanda.
Publíquese y notifíquese.
SS.
MORALES SARAVIA
PACHECO ZERGA
DOMÍNGUEZ HARO
MONTEAGUDO VALDEZ
OCHOA CARDICH
PONENTE DOMÍNGUEZ HARO
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VOTO SINGULAR DEL MAGISTRADO GUTIÉRREZ TICSE
Con el debido respeto por la opinión de mis colegas, emito el presente voto
singular, ya que la presente causa, dada la relevancia constitucional en
cuestión DEBE SER VISTA PREVIAMENTE EN AUDIENCIA
PÚBLICA.
Las razones las sustento en los siguientes fundamentos:
1. En el presente caso, se solicita la nulidad de: (i) el proceso seguido
contra doña Yenifer Noelia Paredes Navarro por el delito de
organización criminal en concurso real con los delitos de colusión
agravada por organización criminal y lavado de activos y, (ii) la
Resolución 12, de fecha 28 de agosto de 2022 , mediante la cual se
declaró fundado en parte el requerimiento fiscal de prisión preventiva
en su contra por el plazo de treinta meses emitida en el citado
proceso; y, que en consecuencia, se ordene su inmediata libertad
(Expediente 319-2022-11-5001-JR-PE-08); y, que (iii) la fiscal
demandada cumpla con tramitar la causa seguida en su contra ante la
Corte Suprema de Justicia de la República por ser la competente para
que conozca el proceso penal seguido en su contra.
2. Al respecto, considero que los cuestionamientos formulados por la
beneficiaria de la demanda, relacionados con los delitos de colusión
agravada por organización criminal y lavado de activos, los vicios en
la motivación de la prisión preventiva impuesta, y el trato
discriminatorio del que es víctima en el proceso penal que se le sigue,
revisten relevancia constitucional.
3. Conforme a lo expuesto, el presente caso merece un pronunciamiento
de fondo, previa audiencia pública; de lo contrario, dejar sin
posibilidad de informar oralmente a la defensa de la beneficiaria solo
abona en el rechazo al sistema legal y no pacificamos el ordenamiento
jurídico. Es pertinente otorgar a los actores las condiciones que se
requieran sobre todo en casos de relevancia social, complejidad, nivel
de la pena, entre otros criterios que el colegiado debe tomar en
consideración.
EXP. N.° 004450-2022-HC/TC
LIMA
YENIFER NOELIA PAREDES NAVARRO,
representada por MARCO HILLMER
RIVEROS RAMOS -ABOGADO
4. Lo expuesto es compatible con la interpretación efectuada por este
Tribunal Constitucional en la STC N° 30-2021-PI/TC, en la cual se
señala que la convocatoria de la causa en audiencia pública y el
ejercicio de la defensa pueden hacerse de forma oral cuando
corresponda expedir un pronunciamiento sobre el fondo del asunto y
en aquellos casos en los que el Pleno lo considere indispensable.
Por las consideraciones expuestas, en el presente caso mi voto es porque EL
CASO TENGA AUDIENCIA PÚBLICA ANTE EL PLENO DEL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.
S.
GUTIÉRREZ TICSE