Pleno. Sentencia 348/2023
EXP. N.° 00949-2022-PA/TC
CAÑETE
JUAN ENRIQUE MARTÍN
PENDAVIS PFLUCKER
SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
En Lima, a los 25 días del mes de julio de 2023, en sesión de
Pleno Jurisdiccional, los magistrados Morales Saravia, Pacheco Zerga y
Monteagudo Valdez han emitido la presente sentencia. Los magistrados
Gutiérrez Ticse, Domínguez Haro y Ochoa Cardich emitieron votos
singulares. Por lo que la causa se resolvió aplicando el voto decisorio del
presidente del Tribunal Constitucional, conforme a lo previsto en el
artículo 118 del Nuevo Código Procesal Constitucional. Los magistrados
intervinientes firman digitalmente en señal de conformidad con lo
votado.
ASUNTO
Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Juan
Enrique Martín Pendavis Pflucker contra la resolución de fojas 555, de
fecha 6 de enero de 2022, expedida por la Sala Civil de la Corte Superior
de Justicia de Cañete, que declaró improcedente la demanda de autos.
ANTECEDENTES
Demanda
Con fecha 8 de setiembre de 2020 [cfr. fojas 77], don Juan
Enrique Martín Pendavis Pflucker interpone demanda de amparo contra
la Junta de Propietarios de la Habilitación Vacacional Playa del Golf —
Primera Etapa—.
Plantea, como pretensión principal, que se le inaplique las
siguientes disposiciones de la Junta de Propietarios de la Habilitación
Vacacional Playa del Golf —Primera Etapa—, que regulan la tenencia
de mascotas en el referido condominio: [i] el artículo 7.3.6 del
Reglamento Interno de la Junta de Propietarios de la Habilitación
Vacacional Playa del Golf —Primera Etapa—, que dispone que está
prohibido introducir o mantener animales en el condominio; y [ii] el
artículo 18.8 del Reglamento de Normas Básicas de Convivencia del
Condominio Playa del Golf —Primera y Segunda Etapa, que tipifica
como infracción la introducción o el mantenimiento de animales en el
condominio, prohibiendo expresamente tener mascotas en el
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condominio—. Y, como pretensiones accesorias, que la Junta de
Propietarios de la Habilitación Vacacional Playa del Golf —Primera
Etapa— le permita ingresar con sus mascotas a su inmueble, así como
que la Junta de Propietarios de la Habilitación Vacacional Playa del Golf
—Primera Etapa— se abstenga de dictar cualquier medida que limite el
ingreso y/o permanencia a su inmueble con sus mascotas.
En síntesis, denuncia la vulneración concurrente de su derecho
fundamental al libre desarrollo de la personalidad y de su derecho
fundamental al libre tránsito, por cuanto se le está impidiendo, de modo
arbitrario, tener sus mascotas en su residencia, así como entrar y salir de
su inmueble. Es más, alega que la Junta de Propietarios de la
Habilitación Vacacional Playa del Golf —Primera Etapa— se ha negado
a observar la posición de este Tribunal Constitucional en la Sentencia
01413-2017-PA/TC, con el pretexto de que dicho pronunciamiento
solamente vincula a las partes que litigaron en ese proceso, por lo que
rechazó aplicar el criterio sentado en esa resolución, pese a que la parte
resolutiva de la misma indica expresamente que el criterio plasmado en
esa sentencia tiene la calidad de doctrina jurisprudencial.
Aduce que, atendiendo a la inmovilización domiciliaria decretada
en marzo de 2020 (para paliar los efectos de la pandemia de la Covid-
19), se permitió, en los hechos, mantener sus mascotas en el
condominio, ante la imposibilidad material de estar movilizándose entre
la ciudad y la casa de playa para alimentarlas. Empero, dicha tregua
culminó en julio de 2020, en la que se le envió una misiva en la que se le
recordaron las disposiciones cuya inaplicación se ha requerido, la misma
que el recurrente contestó solicitando que se adecue el Reglamento
Interno de la Junta de Propietarios y el Reglamento Interno de la Junta
de Propietarios de la Habilitación Vacacional Playa del Golf —Primera
Etapa— a lo expresado en la sentencia dictada en el Expediente 01413-
2017-PA/TC. No obstante, refiere que su requerimiento no sido
contestado.
A mayor abundamiento, manifiesta que la prohibición absoluta
de tenencia de mascotas constituye una intervención inconstitucional en
el contenido constitucionalmente protegido de los citados derechos
fundamentales, pues el temor a un eventual ataque de una mascota a un
menor o a un adulto mayor no puede justificar aquella proscripción.
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Auto de admisión a trámite de la demanda
Mediante Resolución 2 [cfr. fojas 99], de fecha 30 de octubre de
2020, el Segundo Juzgado Civil de la Corte Superior de Justicia de
Cañete admitió a trámite la demanda y corrió traslado de la misma a los
demandados.
Contestación de la demanda
Con fecha 7 de enero de 2021 [cfr. fojas 324], la Junta de
Propietarios de la Habilitación Vacacional Playa del Golf —Primera
Etapa— [i] se apersona; [ii] y contesta la demanda solicitando que sea
declarada improcedente o infundada.
En cuanto a lo primero, refiere que, por un lado, el actor no
agotó la vía previa, en la medida en que, según la Ley 27157 —Ley de
Regularización de Edificaciones, del Procedimiento para la Declaratoria
de Fábrica y del Régimen de Unidades Inmobiliarias de Propiedad
Exclusiva y de Propiedad Común— y el reglamento de la misma —
aprobado por el Decreto Supremo 008-2000-MTC—, la procedencia de
cualquier reclamo judicial se encuentra subordinada a la previa
conciliación extrajudicial, que no ha ocurrido; y, por otro lado, que la
presente demanda ha sido formulada de modo extemporáneo, toda vez
que, en su momento, se le comunicó al demandante—mediante carta de
fecha 31 de diciembre de 2019— que las normas internas del
condominio no permiten ni el ingreso ni la tenencia de mascotas, por lo
que el plazo para la interposición de la demanda debió computarse desde
la recepción de esa misiva.
En lo concerniente a lo segundo, aduce la demandante solicita
que la demanda sea declarada infundada, porque, a su criterio, la
posición del Tribunal Constitucional emitida en la sentencia dictada en
el Expediente 01413-2017-PA/TC no resulta de aplicación al problema
jurídico subyacente, en vista de que ese condominio es un inmueble
vacacional, que solamente es utilizado durante el verano, no de forma
permanente. En ese sentido, afirma que aquella limitación ha sido
pactada contractualmente, por lo que es intangible y tiene por objeto
garantizar la seguridad, salubridad y tranquilidad del resto de residentes,
quienes vienen quejándose de la presencia de mascotas en el
condominio, pese a haber consentido que las mismas no se encuentran
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permitidas, al priorizarse el interés colectivo por sobre el interés
particular, lo cual, en su opinión, es una práctica usual en otros
condominios ubicados en los balnearios del sur de Lima.
Sentencia de primera instancia o grado
Mediante Resolución 8 [cfr. fojas 376], de fecha 24 de junio de
2021, el Segundo Juzgado Civil Permanente de San Vicente de Cañete
de la Corte Superior de Justicia de Cañete declara fundada la demanda
en todos los extremos, tras considerar, por un lado, que la procedencia
del proceso de amparo no se encuentra subordinada a la previa
conciliación extracontractual y que la afectación denunciada como lesiva
es continua; y, por otro lado, que, conforme a lo indicado en la sentencia
emitida en el Expediente 01413-2017-PA/TC, no resulta
constitucionalmente válido prohibir la tenencia de mascotas en
condominios y edificios.
Resolución de segunda instancia o grado
Mediante Resolución 8 [cfr. fojas 555], de fecha 6 de enero de
2022, la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Cañete declara
improcedente la demanda, tras entender que no se ha agotado la vía
previa, toda vez que no se ha sometido a consideración de la propia
Junta de Propietarios de la Habilitación Vacacional Playa del Golf —
Primera Etapa— la modificación de las disposiciones particulares cuya
inaplicación se ha solicitado, a fin de que sean sus propios integrantes
quienes decidan la viabilidad o no de tal prohibición, por lo cual
exhortaron a dicha Junta de Propietarios a discutir aquella modificación.
FUNDAMENTOS
Delimitación del asunto litigioso
1. En la presente causa se ha planteado, como pretensión principal,
que se inaplique al recurrente las siguientes disposiciones de la
Junta de Propietarios de la Habilitación Vacacional Playa del Golf
—Primera Etapa—, que regulan la tenencia de mascotas en el
referido condominio: [i] el artículo 7.3.6 del Reglamento Interno
de la Junta de Propietarios de la Habilitación Vacacional Playa del
Golf —Primera Etapa—, que dispone que está prohibido introducir
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o mantener animales en el condominio; y [ii] el artículo 18.8 del
Reglamento de Normas Básicas de Convivencia del Condominio
Playa del Golf —Primera y Segunda Etapa, que tipifica como
infracción la introducción o el mantenimiento de animales en el
condominio, prohibiendo expresamente tener mascotas en el
condominio—. Y, como pretensiones accesorias, que la Junta de
Propietarios de la Habilitación Vacacional Playa del Golf —
Primera Etapa— le permita ingresar con sus mascotas a su
inmueble, así como que la Junta de Propietarios de la Habilitación
Vacacional Playa del Golf —Primera Etapa— se abstenga de
dictar cualquier medida que limite el ingreso y/o permanencia a su
inmueble con sus mascotas.
2. En ese sentido, y antes de examinar el fondo de la controversia,
corresponde examinar si, en el presente caso, concurre o no una
causal de improcedencia.
Procedencia de la demanda
Sobre la inexistencia de vías igualmente satisfactorias al proceso de
amparo
3. Para este Tribunal Constitucional, y desde un análisis objetivo,
ningún proceso ordinario se encuentra en la aptitud de dar solución
al problema jurídico materia de discusión. Por lo tanto, no
corresponde aplicar la causal de improcedencia tipificada en el
numeral 2 del artículo 7 del Nuevo Código Procesal
Constitucional, que regula en su integridad lo previsto en el
numeral 2 del artículo 5 del ahora derogado Código Procesal
Constitucional.
Sobre la inexistencia de un plazo para la interposición de la presente
demanda
4. De otro lado y en opinión de este Tribunal Constitucional, la
presunta afectación ostenta naturaleza continuada, pues, mientras
no se modifique el artículo 7.3.6 del Reglamento Interno de la
Junta de Propietarios de la Habilitación Vacacional Playa del Golf
—Primera Etapa—, ni el artículo 18.8 del Reglamento de Normas
Básicas de Convivencia del Condominio Playa del Golf, se
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mantiene subsistente o prosigue la intervención en los derechos
fundamentales invocados en la demanda. En todo caso, el análisis
de si esas restricciones son o no compatibles con la Constitución,
es un asunto que deberá ser analizado en el fondo de la
controversia.
5. Por ese motivo, este Tribunal Constitucional considera que la
presente demanda no se encuentra sujeta a un plazo de
prescripción, conforme a lo indicado en el numeral 3 del artículo
44 del ahora derogado Código Procesal Constitucional, en vigor al
momento de la presentación de esta. En consecuencia, no resulta
de aplicación la causal de improcedencia contemplada en el
numeral 7 del artículo 7 del Nuevo Código Procesal
Constitucional, que regula en su integridad lo normado en el
numeral 10 del artículo 5 del ahora derogado Código Procesal
Constitucional.
Sobre la inexistencia de una vía previa
6. Aunque la parte emplazada sostiene que el actor debió convocarla
a conciliar extrajudicialmente, este Tribunal Constitucional
entiende que dicha aseveración carece de fundamento, porque ni el
Nuevo Código Procesal Constitucional, ni el anterior Código
Procesal Constitucional, subordinan la procedencia de la demanda
a que, previo a su interposición, se invite a la parte emplazada o
agresora a conciliar. Por lo demás, la conciliación no es, como
parece entenderlo la emplazada, una vía previa. Esta última
implica un procedimiento preliminar que en el caso de autos -y
para situaciones como la presente, en la que se solicita la
inaplicación de acuerdo privados de convivencia en condominios
sujetos al régimen de propiedad horizontal- no ha sido normado.
Consiguientemente, tampoco resulta de aplicación la causal de
improcedencia regulada en el numeral 4 del artículo 7 del Nuevo
Código Procesal Constitucional, que contempla enteramente lo
previsto en el numeral 4 del artículo 5 del ahora derogado Código
Procesal Constitucional.
7. En consecuencia, superados los alegatos vinculados con la
improcedencia de la demanda, corresponde examinar el fondo del
presente caso.
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Análisis del caso en concreto
Tenencia de mascotas y derechos constitucionales en espacios de
cohabitación
8. En primer lugar, es importante referirse a las pautas desarrolladas
por este Tribunal en la Sentencia 01413-2017-PA/TC. En aquella
oportunidad, el intérprete final de la Constitución sostuvo, en
calidad de doctrina jurisprudencial, que
[…] la aplicación de las medidas bajo examen al demandante, que
adquirió el inmueble y tenía una mascota antes de la prohibición,
no supera el juicio de necesidad y, por consiguiente, no logra
superar el test de proporcionalidad, a consecuencia de lo cual las
normas contenidas en los artículos 35.8.1 y 35.8.3, relativos a la
prohibición de tenencia de mascotas en el edificio, de adquisición
de nuevas mascotas y de uso del ascensor en compañía de ellas,
resultan desproporcionadas y configuran una transgresión a los
derechos al libre desarrollo de la personalidad y al libre tránsito en
los términos expuestos en la presente sentencia, por lo que
corresponde declarar su inaplicación al demandante.
[…] Por último, en cuanto a la prohibición del ingreso o
permanencia de visitas con animales al edificio, contenida en el
artículo 35.8.2. del Reglamento, se debe recordar que existen
animales como los perros guía que constituyen asistencia animal
que permite a las personas con discapacidad gozar de plena
accesibilidad (Cfr STC 02437-2013-PA/TC f.j. 24). Por ello,
prohibir el ingreso o permanencia visitas en compañía de animales
no puede significar de ninguna manera restringir la entrada de
perros guía al edificio en cual habita el demandante, incluso a sus
áreas privadas.
9. La observancia de la doctrina jurisprudencial del Tribunal
requiere, evidentemente, que de forma previa se advierta la
existencia de un importante nivel de similitud entre los hechos
expuestos en el criterio general, y los que se analizan a propósito
de un nuevo caso en particular. De este modo, tanto el Poder
Judicial como el propio Tribunal Constitucional, al examinar una
controversia en la que posiblemente sea de aplicación la doctrina
constitucional o el precedente vinculante, tienen que verificar si
existen similitudes de relevancia entre el criterio general y el
asunto específico bajo análisis. Del mismo modo, corresponde
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explorar la ratio decidenci que originó el caso previo y,
finalmente, analizar si esa ratio resulta aplicable al caso bajo
examen, o no.
10. Al respecto, este supremo intérprete de la Ley Fundamental
considera que existen importantes diferencias entre los hechos que
se examinaron en la Sentencia 01413-2017-PA/TC y los que se
advierten en la presente controversia, cuestión que,
indudablemente, incide en la aplicación de la ratio decidendi: i) en
el presente caso, el demandante conocía, al momento de adquirir
su propiedad en el Condominio Playa del Golf, que existía una
prohibición expresa de introducir o mantener animales, contenida
en el artículo 7.3.6 del Reglamento Interno de la Junta de
Propietarios de la Habilitación Vacacional Playa del Golf, así
como de la existencia de la tipificación de esta conducta como
infracción (artículo 18.8 del mismo reglamento); ii) en la
Sentencia 01413-2017-PA/TC, la parte demandante era propietaria
de un departamento en el que residía frecuentemente; mientras
que, en el presente caso, la persona se encuentra en un área de
habilitación vacacional; iii) no se discute, en esta controversia,
alguna circunstancia particular que se derive de alguna
discapacidad del recurrente.
i) Consideraciones acerca de la prohibición de introducción o
mantenimiento de animales en el complejo vacacional
11. La parte demandante alega, en su escrito de demanda, que la
prohibición de introducción o mantenimiento de animales en el
complejo vacacional, contenida en el artículo 7.3.6 del Reglamento
Interno de la Junta de Propietarios de la Habilitación Vacacional
Playa del Golf, resulta inconstitucional, en la medida en que
vulnera su derecho al libre desarrollo de la personalidad y su
derecho fundamental al libre tránsito, por cuanto se le está
impidiendo, de modo arbitrario, tener sus mascotas en su
residencia, así como entrar y salir de su inmueble.
12. Al respecto, el Tribunal Constitucional recuerda que el contenido
constitucionalmente protegido del derecho fundamental al libre
desarrollo de la personalidad y del derecho fundamental al libre
tránsito de titularidad del demandante, no es absoluto; por lo tanto,
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eventualmente pueden admitirse intervenciones en los ámbitos de
protección de los mismos. Sin embargo, la validez constitucional
de tales intervenciones se encuentra subordinada a que dicha
restricción resulte justificada y que sea razonable -esto es, que no
contravenga el sentido común- y proporcional -es decir, que no sea
excesiva-.
13. En efecto, una de las razones que pueden justificar la introducción
de restricciones al libre desarrollo de la personalidad o al libre
tránsito es, sin duda, la observancia del contenido
constitucionalmente protegido de derechos de terceros. En este
caso en particular, el Tribunal nota que, a propósito de la
prohibición relativa a la tenencia o mantenimiento de animales en
un complejo vacacional, se pueden encontrar involucrados
derechos como el respeto a la autonomía de la voluntad de los
propietarios, manifestado en el interés común en un complejo
habitacional, el derecho al descanso y el ocio, o, en algunos casos,
la seguridad personal.
14. En relación con el respeto a la autonomía de la voluntad, esta
libertad implica, como lo ha recordado este Tribunal, la “capacidad
que permite a las personas regular sus intereses y relaciones
coexistenciales de conformidad con su propia voluntad” (Sentencia
00047-2004-AI/TC, fundamento 44). Ciertamente, esta capacidad
de gestionar los propios intereses no comprende la posibilidad de
habilitar vulneraciones manifiestas a los derechos fundamentales
de las partes. Sin embargo, sí otorga un importante margen de
acción al titular de la respectiva libertad de decidir lo que más
convenga a sus intereses particulares, ya que es él mismo el que
debe decidir sobre las cuestiones que afecten o incidan en el
desarrollo de su vida.
15. Ahora bien, en esta clase de casos, en los que se encuentran
involucradas las opiniones y convicciones de un grupo de
propietarios al interior de un complejo vivencial, considera este
Tribunal que el derecho a la autonomía de la voluntad se
manifiesta en el deber de proteger los intereses del colectivo de
personas que, en un inicio, decidieron pertenecer a la Habilitación
Vacacional Playa del Golf bajo el cumplimiento de ciertas
condiciones y mandatos, entre los que se encuentra,
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evidentemente, la prohibición de introducir o mantener animales.
De hecho, como ha recordado este Tribunal, en el marco del
derecho constitucional a la libre asociación también se reconoce
“la facultad de que la asociación creada se dote de su propia
organización, la cual se materializa a través del estatuto. Tal
estatuto representa el pactum associationis de la institución creada
por el acto asociativo y, como tal, vincula a todos los socios que
pertenezcan a la institución social” (Sentencia 03312-2004-
AA/TC, fundamento 11). Ello implica que el contenido del
estatuto o reglamento que se apruebe vincula a todos los
integrantes de la entidad respectiva, los cuales han decidido
voluntariamente incorporarse a ella.
16. Así, la autonomía, que se deriva de una suerte de principio general
de libertad, faculta el surgimiento de una suerte de derecho
autónomo, que se deriva de la voluntad de los particulares que se
someten a un acuerdo, e implica la posibilidad de disponer de los
intereses con un efecto vinculante; lo cual, a su vez, debe originar
el surgimiento de un plexo de derechos y obligaciones a cada uno
de los intervinientes en el acuerdo. En lo que respecta a esta
controversia, decidir pertenecer a un complejo habitacional,
conociendo que, en dicho lugar, no habitarán mascotas, es una
decisión que puede no ser compartida por otro grupo de personas,
pero se trata de una manifestación de voluntad válida que ha sido
exteriorizada con la pretensión de ser cumplida por el resto de
propietarios. Se trata, en consecuencia, de una decisión que se
encuentra dentro del marco de lo constitucionalmente permitido;
esto es, de una situación que no se encuentra ni ordenada ni
prohibida por la Ley Fundamental, por lo que las juntas de
propietarios, al establecer las reglas y condiciones para la
adquisición de los bienes, se encuentran facultadas a prohibir la
tenencia o introducción de animales.
17. Ciertamente, no se trata de una situación que no pueda ser
enmendada. El Tribunal advierte que, de conformidad con lo
dispuesto en el Reglamento Interno de la Junta de Propietarios de
la Habilitación Vacacional Playa del Golf, el recurrente y las
personas que compartan la necesidad de contar con mascotas en el
referido complejo tienen habilitada la posibilidad de acudir a los
mecanismos existentes para solicitar la modificación del referido
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reglamento. En ese sentido, la tenencia o cuidado de una mascota
al interior de la residencia solo podrá ser reconocido con un previo
acuerdo con la Junta de Propietarios, el cual es el órgano facultado
para la adopción de esta clase de decisiones.
18. Ahora bien, no puede dejar de mencionarse que el derecho a la
autonomía de la voluntad no es uno de naturaleza absoluta. Esto
implica que las cláusulas o condiciones que se establezcan
mediante su uso no deben ser contrarias al ordenamiento jurídico,
y particularmente a derechos de terceros. En este caso, es
importante destacar que, además del respeto a la voluntad de los
propietarios que originariamente formaron parte de la Habilitación
Vacacional Playa El Golf, la introducción de esta clase de
cláusulas en los reglamentos suele relacionarse con el propósito de
los propietarios de garantizar su tranquilidad y descanso, así como
de preservar la seguridad de las personas que habitan en el referido
complejo. Por lo tanto, existen razones que justifican la
preservación de la voluntad de la mayoría de propietarios de no
tener mascotas al interior de la Habilitación Vacacional Playa El
Golf.
19. Sin perjuicio de lo expuesto, este Tribunal recuerda que la tenencia
de animales domésticos puede ser permitida, siempre y cuando
ello se encuentre habilitado previo acuerdo con la junta de
propietarios respectiva. En el supuesto que se reconozca esta
posibilidad, debe, también, regularse un apartado sobre las
medidas indispensables para prevenir y reparar la vulneración de
los derechos de terceros que puedan verse perjudicados respecto de
posibles agresiones.
20. Precisado lo anterior, este Tribunal también se referirá a las
razones adicionales que justifican que no se aplique la doctrina
jurisprudencial fijada en la Sentencia 01413-2017-PA/TC.
ii) Consideraciones acerca del uso del inmueble
21. En segundo lugar, este Tribunal nota que, a diferencia de los
hechos vinculados con la resolución del Expediente 01413-2017-
PA/TC, en el presente caso el recurrente se refiere a la posibilidad
de tener mascotas al interior de una habilitación vacacional.
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22. Así, de conformidad con el artículo 1.1 del Reglamento Interno de
la Junta de Propietarios de la Habilitación Vacacional Playa del
Golf, se puede advertir que se regula el “régimen de
independización y copropiedad vigente en la Habilitación Urbana
para Uso de Vivienda Vacacional Temporal Playa el Golf […]”.
De este modo, a tenor del referido cuerpo normativo, se trata de
bienes de uso vacacional, en los que, de hecho, se han
implementado diversas áreas e instalaciones comunes. En cambio,
en el Expediente 01413-2017-PA/TC se discutía a propósito de un
departamento de uso residencial, por lo que los supuestos fácticos
que, en su momento, justificaron la expedición de la doctrina
jurisprudencial, no concurren en el presente caso.
23. Por otro lado, el artículo 7.7 del reglamento dispone que los
propietarios, arrendatarios y usuarios tienen derecho de servirse de
los bienes de manera que “no perjudiquen el interés comunitario,
ni impidan o limiten el uso legítimo de los demás propietarios
respecto de tales bienes o servicios". Evidentemente, dentro del
diseño original del documento, esto también se relaciona con la
prohibición de introducir o mantener mascotas o animales al
interior del referido complejo habitacional.
iii) Consideraciones acerca de alguna eventual situación de
discapacidad
24. En tercer lugar, en esta controversia no se discute la concurrencia
de alguna eventual situación de discapacidad que pueda justificar
la existencia de un tratamiento diferenciado.
25. En efecto, en la Sentencia 01413-2017-PA/TC se hizo hincapié en
que, aparte de los vínculos afectivos y emocionales que pueden
desarrollarse con las mascotas, para ciertas personas ellas son un
apoyo determinante en el despliegue de actividades diarias, como
puede ocurrir, por ejemplo, con los perros-guía para personas con
discapacidad.
26. En el presente caso, el Tribunal advierte que, a la luz de los
fundamentos expuestos en la demanda y en el recurso de agravio
constitucional, no se ha expuesto la concurrencia de alguna
discapacidad que justifique la tenencia, de forma excepcional, de
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una mascota. Sin perjuicio de ello, este Tribunal recuerda que, en
esa clase de casos, los reglamentos que se expidan deben
garantizar que las personas con discapacidad cuenten con todos los
apoyos y ajustes que sean necesarios para desarrollarse sin
necesidad de intervención de terceros.
27. Por ello, no se advierte que la entidad demandada haya vulnerado
los derechos alegados por el recurrente.
Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la
autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú,
HA RESUELTO
Declarar INFUNDADA la demanda.
Publíquese y notifíquese.
SS.
MORALES SARAVIA
PACHECO ZERGA
MONTEAGUDO VALDEZ
PONENTE MONTEAGUDO VALDEZ
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VOTO SINGULAR DEL MAGISTRADO
GUTIÉRREZ TICSE
Con el debido respeto por la opinión emitida por mis colegas, en el
presente caso, estimo que la demanda debe declararse FUNDADA. Mis
razones son las siguientes:
Línea jurisprudencial de protección del bienestar animal
1. La protección que ofrece nuestro modelo constitucional hacía los
animales y mascotas no constituye un tema nuevo en la
jurisprudencia de este Tribunal. Al respecto, cabe aclarar que si
bien el enfoque antropocentrista es el que prima en nuestra
Constitución —muestra de ello sería el artículo 1 donde se
consagra que "la defensa de la persona humana y el respeto de su
dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado”—; tal
concepción personalista no ha sido impedimento para que se dicten
diversas normas o se desarrollen múltiples figuras que coadyuven
a la defensa del medio ambiente y del bienestar animal.
2. Así las cosas, desde la sentencia 00042-2004-AI se ha señalado
que
“(…) el ser humano debe actuar en armonía y en
convivencia pacífica con los demás seres vivos que lo
rodean, en la medida que debe asumir una actuación
responsable frente a ellos; especialmente frente a los
animales”.
“no existe ningún argumento racional que justifique el
que el ser humano someta a torturas, tratos crueles y dé
muerte, innecesariamente, a los animales; (…) Tal actitud
es contraria con la ética y contra la dignidad y la
naturaleza racional y emotiva del propio ser humano, pues
el respeto a los animales por parte de toda persona halla
su fundamento también en el respeto mutuo que se deben
los hombres entre sí” (fundamento jurídico 25 y 28
respectivamente).
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3. Posteriormente, en la STC 07392-2013-PA/TC se profundizó en el
fundamento axiológico de esta protección del bienestar animal,
señalando expresamente en los fundamentos 22 y 23 lo siguiente:
“Si el sufrimiento físico que puede sentir un ser humano
es una razón de peso para que exista un deber jurídico de
no causarle sufrimiento físico ¿por qué habría que
restringir esta consideración a otros seres distintos de los
humanos con las mismas capacidades de sentir?”
“(…) Los animales no humanos, por ejemplo, los
animales vertebrados domésticos o silvestres mantenidos
en cautiverio, sí poseen el interés más elemental de todos
los seres vivos: el que no se les haga sufrir
injustificadamente. Es verdad que el sufrimiento físico de
los humanos puede ser, ciertamente, mucho más intenso
que el de los otros animales, dada su compresión de las
circunstancias a las que son sometidos y de las
consecuencias que ello pudiera acarrear en el futuro; pero
debemos tener presente que, aunque esta característica no
esté presente en los demás animales, dicha ausencia no
anula la relevancia moral de su sufrimiento en el
despliegue de deberes para con ellos”.
4. En razón a ello, es posible afirmar que existe un deber jurídico
constitucional de protección a los animales, y de manera más
específica aun, a los animales domésticos. Sin embargo, resaltar
este deber hacía ellos no es equivalente a afirmar que estos deban
superar su condición de objetos de derecho, lo cual claramente
permitiría que su tenencia sea objeto de regulaciones.
5. De manera más reciente, este colegiado se ha pronunciado sobre la
tenencia de mascotas como una manifestación del derecho de libre
desarrollo a la personalidad (STC N° 01413-2017-PA/TC),
destacando que corresponde a cada persona decidir si tiene o no
una mascota, en relación a su plan de vida. Ahora bien, para que
las medidas cuestionadas en el caso puedan restringir el derecho
fundamental a tener una mascota, debían someterse al famoso test
de proporcionalidad. Finalmente, se concluyó que dos de las
medidas analizadas en el caso (prohibición de tener mascotas en
EXP. N.° 00949-2022-PA/TC
CAÑETE
JUAN ENRIQUE MARTÍN
PENDAVIS PFLUCKER
un edificio multifamiliar y de hacer uso del ascensor con estas) no
superaban el juicio de necesidad ya que existía una amplia gama
de medidas menos gravosas por las cuales optar en lugar de las
prohibiciones cuestionadas. Cabe resaltar que lo analizado en la
STC N° 01413-2017-PA/TC constituye doctrina jurisprudencial
vinculante.
Sobre la doctrina jurisprudencial vinculante
6. La sentencia en mayoría postula una tesis consistente en la no
aplicación de la doctrina jurisprudencial vinculante establecida en
el Exp. N° 01413-2017-PA/TC a razón de una supuesta diferencia
entre el caso allí estudiado y el caso materia de este proceso. Antes
de debatir dicha tesis, es necesario realizar algunas precisiones
conceptuales.
7. Primero, la figura de la doctrina jurisprudencial vinculante se
encuentra actualmente regulada tanto en la Primera Disposición
Final de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional como en el
artículo VII del Título Preliminar del Nuevo Código Procesal
Constitucional del 2021.
8. Asimismo, el Tribunal ha señalo en su momento que
"Por doctrina constitucional debe entenderse en este
punto: a) las interpretaciones de la Constitución realizadas
por este Colegiado, en el marco de su actuación a través
de los procesos, sea de control normativo o de tutela de
los derechos fundamentales; b) las interpretaciones
constitucionales de la ley, realizadas en el marco de su
labor de control de constitucionalidad. En este caso,
conforme lo establece el artículo VI del Título preliminar
del Código Procesal Constitucional, una ley cuya
constitucionalidad ha sido confirmada por el Tribunal, no
puede ser inaplicada por los jueces en ejercicio del control
difuso, a menos, claro está, que el Tribunal sólo se haya
pronunciado por su constitucionalidad formal; c) las
proscripciones interpretativas, esto es las "anulaciones" de
determinado sentido interpretativo de la ley realizadas en
EXP. N.° 00949-2022-PA/TC
CAÑETE
JUAN ENRIQUE MARTÍN
PENDAVIS PFLUCKER
aplicación del principio de interpretación conforme a la
Constitución (…)” (STC 4853-2004-PA/TC).
9. En otras palabras, la doctrina jurisprudencial vinculante busca
desarrollar una interpretación o criterio específico sobre algún
precepto o principio constitucional; siendo precisamente ésta su
diferencia con el precedente vinculante, el cual sí provee reglas
sustanciales y/o procesales a aplicarse en supuestos de hecho
iguales.
10. Ahora, si bien la doctrina jurisprudencial vinculante no exige una
identidad total en los casos donde se aplica, es necesario resaltar
que el caso materia de autos es sustancialmente idéntico al caso
que originó la STC 01413-2017-PA/TC.
11. Las diferencias alegadas en la sentencia en mayoría no resultan
relevantes ya que tanto la fecha de origen de la prohibición como
el uso vacacional de un domicilio no constituyen elementos
suficientes para justificar que no se analice la supuesta
desproporcionalidad de una medida. Igualmente, también es falsa
la supuesta diferencia relacionada con una situación de
discapacidad ya que en el caso analizado en la STC 01413-2017-
PA el demandante no padecía ninguna discapacidad y ninguno de
sus alegatos se relacionó a este tema.
Sobre el caso materia de análisis constitucional
12. El demandante solicita que se inaplique las disposiciones de la
emplazada Junta de Propietarios de la Habilitación Vacacional
Playa del Golf (Primera Etapa), que regulan la tenencia de
mascotas en el condominio donde reside, esto es, el artículo 7.3.6
del reglamento interno, que dispone que está prohibido introducir
o mantener animales en el condominio y el artículo 18.8 del
Reglamento de Normas Básicas de Convivencia del Condominio
Playa del Golf, que tipifica como infracción la introducción o el
mantenimiento de animales en el condominio, prohibiendo
expresamente tener mascotas. Asimismo, pide que se permita
ingresar con mascotas a su inmueble, así como que la emplazada
se abstenga de dictar cualquier medida que limite el ingreso y/o
permanencia a su inmueble con sus mascotas.
EXP. N.° 00949-2022-PA/TC
CAÑETE
JUAN ENRIQUE MARTÍN
PENDAVIS PFLUCKER
13. En primer término, este Tribunal Constitucional recuerda que en la
STC 01413-2017-PA/TC fijó, como doctrina jurisprudencial de
obligatorio cumplimiento, que la prohibición absoluta de tener
mascotas menoscaba tanto el derecho fundamental al libre
desarrollo de la personalidad como el derecho fundamental al libre
tránsito; no obstante ello, la emplazada se ha negado a seguir tal
criterio, llegando incluso a negar la vinculatoriedad de una
doctrina jurisprudencial, lo que denota un inaceptable
desconocimiento del rol del Tribunal Constitucional en cuanto
supremo intérprete de la Constitución y garante, en última
instancia, de su contenido material y axiológico así como del
respeto de los derechos fundamentales.
14. En segundo término, conviene recordar que los derechos
fundamentales al libre desarrollo de la personalidad y al libre
tránsito, como cualquier otro derecho fundamental, no son
absolutos y pueden ser restringidos en la medida en que dichas
restricciones sean razonables y proporcionales así como dictadas
en estricta observancia del debido proceso. A pesar de esto, la
sentencia en mayoría no realizó ningún análisis para determinar la
razonabilidad de las prohibiciones cuestionadas, sino que se limitó
a invocar la autonomía privada de las partes.
15. Atendiendo a lo anterior, considero que la proscripción absoluta de
tenencia de mascotas para propietarios de un inmueble resulta a
todas luces inconstitucional, en concordancia con lo establecido en
la STC 01413-2017-PA/TC. No obstante, el hecho de que resulte
inconstitucional la proscripción absoluta de tenencia de mascotas
no significa que la tenencia de animales de compañía en el
condominio no pueda ser objeto de limitaciones —razonables y
proporcionales—, tanto en las áreas privadas como en las áreas
comunes del condominio, a fin de que la convivencia discurra
dentro de los márgenes del mutuo respeto y la tolerancia.
Sobre la parte del fallo
Por ello, mi voto es por:
1. Declarar FUNDADA la demanda, al haberse vulnerado los
derechos al libre desarrollo de la personalidad y al libre tránsito.
EXP. N.° 00949-2022-PA/TC
CAÑETE
JUAN ENRIQUE MARTÍN
PENDAVIS PFLUCKER
En tal sentido, corresponde INAPLICAR el artículo 7.3.6 del
Reglamento Interno de la Junta de Propietarios de la Habilitación
Vacacional Playa del Golf (Primera Etapa) y el artículo 18.8 del
Reglamento de Normas Básicas de Convivencia del Condominio
Playa del Golf (Primera y Segunda Etapa).
2. ORDENAR a la emplazada convocar, en un plazo no mayor a 10
días hábiles, a los propietarios a fin de regular la tenencia de
mascotas observando lo señalado en el presente voto.
3. CONDENAR a la Junta de Propietarios de la Habilitación
Vacacional Playa del Golf al pago de los costos del proceso.
S.
GUTIÉRREZ TICSE
EXP. N.° 00949-2022-PA/TC
CAÑETE
JUAN ENRIQUE MARTÍN
PENDAVIS PFLUCKER
VOTO SINGULAR DEL MAGISTRADO
DOMÍNGUEZ HARO
Con el debido respeto por la opinión discrepante, en el presente caso,
estimo que la demanda debe declararse FUNDADA. Mis razones son las
siguientes:
Protección constitucional de los animales y de las mascotas
1. La protección constitucional que debe otorgarse a los animales, las
mascotas, los límites a dicha protección, la discusión de si deben
ser considerados sujetos de derecho y el establecimiento de
deberes jurídicos respecto a ellos, son tópicos de actualidad
jurídica en el escenario constitucional, y ha merecido diversos
pronunciamientos por parte no solo del Tribunal Constitucional
peruano, también de otras altas cortes de cierre. Además -es bueno
precisarlo dado sus alcances e implicancias - algunos de estos
aspectos y otros conectados con el tema propuesto están ya
regulados en determinados textos constitucionales.
2. A nivel de derecho comparado, en México, por ejemplo, la
Constitución Política de la Ciudad de México prescribe la
protección a los animales en términos de reconocimiento como
“seres sintientes” y merecedores de un “trato digno”. Así,
preceptúa literalmente lo siguiente: “toda persona tiene un deber
ético y obligación jurídica de respetar la vida y la integridad de
los animales; éstos, por su naturaleza son sujetos de
consideración moral. Su tutela es de responsabilidad común”
(numeral 13.b.1.). A su turno, en otras Constituciones si bien no
hay una referencia directa a los animales, si se establece una
protección a través de la defensa del derecho al medio ambiente.
Este es el caso de Bolivia y de Brasil. De un lado, en la
Constitución Política de Bolivia se afirma en los términos
siguientes: “las personas tienen derecho a un medio ambiente
saludable, protegido y equilibrado. El ejercicio de este derecho
debe permitir a los individuos y colectividades de las presentes y
futuras generaciones, además de otros seres vivos, desarrollarse
de manera normal y permanente” (artículo 33). Además, esta
Constitución dispone los deberes de bolivianas y bolivianos de
“proteger y defender un medio ambiente adecuado para el
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JUAN ENRIQUE MARTÍN
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desarrollo de los seres vivos” (artículo 108, numeral 16), y ordena
como competencia exclusiva de los gobiernos municipales
autónomos “preservar, conservar y contribuir a la protección del
medio ambiente y recursos naturales, fauna silvestre y animales
domésticos” (artículo 302, numeral 5). En el caso de la
Constitución de Brasil, en el capítulo referido al medio ambiente
se señala que corresponde al poder público “proteger la fauna y la
flora, prohibiéndose, de conformidad con la ley, prácticas que
comprometan su función ecológica, provoquen la extinción de
especies o sometan a los animales a crueldad” (artículo 225,
apartado VII). En similar sentido, otras constituciones de la región
regulan la protección constitucional a la “diversidad biológica”,
como son los casos de Argentina (artículo 41), Venezuela (artículo
127) y Perú (artículo 68).
3. En adición a lo anterior, la protección a los animales se ha
materializado en el plano legislativo. Tal es el caso de Colombia,
con la Ley 84, sobre protección de los animales (1989); Chile, con
la Ley 20.380 sobre Protección de Animales (2009); Paraguay con
la Ley 4.840/13, de Protección y Bienestar Animal (2017);
México, con la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de
México (2002), entre otras. En este grupo de países se encuentra
también Perú, con la Ley de Protección y Bienestar Animal
(2016), cuya finalidad es la de “(…) garantizar el bienestar y la
protección de todas las especies de animales vertebrados
domésticos o silvestres mantenidos en cautiverio, en el marco de
las medidas de protección de la vida, la salud de los animales y la
salud pública” (artículo 2).
4. Por su parte, en la órbita jurisprudencial, el Tribunal
Constitucional peruano se ha pronunciado también a través de su
jurisprudencia sobre diversos aspectos relacionados con los
animales y el derecho al libre desarrollo de la personalidad, la
protección de la diversidad biológica, la prohibición de la crueldad
y el maltrato animal, la tenencia de animales y mascotas, los
límites y alcances a tal tenencia, los derechos humanos
involucrados en relación con los animales, los perros guía como
ajuste razonable para las personas con discapacidad visual, la
experimentación con animales, las ferias taurinas, entre otras
aristas temáticas. Dado la naturaleza del Derecho y de la
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jurisprudencia en constante evolución -adaptándose a los nuevos
retos sociales y culturales-, muchos de esos asuntos no son
aspectos cerrados y, por ende, aún quedan temas por definir.
5. En esa línea, la protección a las mascotas, en el entendido que la
tenencia de una mascota es una manifestación del derecho al libre
desarrollo de la personalidad, puede tener un significado
importante en el plan de vida de la persona, desarrollando
determinados vínculos afectivos y emocionales. En efecto,
permítasenos señalar que la interacción ser humano-mascota,
persona-perro, esto es, vivir al lado de un “compañero leal” puede
originar mejoras en la calidad de vida de la persona, incluso
ayudar con sus habilidades emocionales y sociales. La frase “una
casa no es un hogar sin una mascota” cobra hoy mayor sentido en
un planeta cargado de estrés y tragedias.
Sobre el caso materia de examen constitucional
6. El demandante solicita que se inaplique las disposiciones de la
emplazada Junta de Propietarios de la Habilitación Vacacional
Playa del Golf (Primera Etapa), que regulan la tenencia de
mascotas en el condominio donde reside, esto es, el artículo 7.3.6
del reglamento interno, que dispone que está prohibido introducir
o mantener animales en el condominio y el artículo 18.8 del
Reglamento de Normas Básicas de Convivencia del Condominio
Playa del Golf, que tipifica como infracción la introducción o el
mantenimiento de animales en el condominio, prohibiendo
expresamente tener mascotas. Asimismo, pide que se permita
ingresar con mascotas a su inmueble, así como que la emplazada
se abstenga de dictar cualquier medida que limite el ingreso y/o
permanencia a su inmueble con sus mascotas.
7. Sobre el particular, debemos recordar que en la sentencia del
Expediente 07392-2013-HC (caso Horse Brown SAC),
fundamento 38, el Tribunal dejó dicho que, “en la medida que el
derecho al libre desarrollo de la personalidad protege la libertad de
actuación de toda persona orientada a alcanzar su propia
realización personal, la opción por la asistencia animal en el caso
de personas con discapacidad, la tenencia de una mascota a
título personal o en el seno familiar, así como la decisión de
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contribuir, a nivel individual o colectivo, con la protección y
resguardo de aquellos animales domésticos desamparados o
animales nativos o exóticos en peligro, constituyen parcelas de
libertad o facultades consustanciales con la estructuración y
realización de la vida privada y social de una persona, las mismas
que, en cuanto tales, se encuentran sustraídas a cualquier
intervención estatal o particular que no sea razonable ni
proporcional para la salvaguarda y efectividad del sistema de
valores que la misma Constitución consagra”.
8. Asimismo, y especialmente, debe señalarse que el Tribunal
Constitucional en la sentencia dictada en el Expediente 01413-
2017-PA/TC (caso Juan Ruelas Noa), donde se examinó el
reglamento interno de un edificio residencial, fijó, como doctrina
jurisprudencial de cumplimiento obligatorio, que la prohibición
absoluta de tener mascotas menoscaba tanto el derecho
fundamental al libre desarrollo de la personalidad como el derecho
al libre tránsito, derechos consagrados en los incisos 1 y 11 del
artículo 2 de la Constitución.
9. En ese sentido, negar, de plano, la posibilidad de que el propietario
de un inmueble sujeto a reglas de propiedad horizontal tenga
mascotas resulta a todas luces desproporcionado, más aún si se ha
desarrollado determinados vínculos afectivos y emocionales, y, por
ende, reñido con la Constitución; por lo que debe ser inaplicada;
sin embargo, el hecho de que resulte inconstitucional la
proscripción absoluta de tenencia de mascotas no significa que la
tenencia de animales de compañía en el condominio no pueda ser
objeto de limitaciones razonables y proporcionales, tanto en las
áreas privadas como en las áreas comunes del condominio, a fin de
que la convivencia discurra dentro de los márgenes del respeto
mutuo. Y es que, así como la prohibición absoluta de tenencia de
mascotas es irrazonable; también resulta inconstitucional la
ausencia de limitaciones o reglas razonables a la permanencia de
mascotas.
10. En consecuencia, considero que corresponde inaplicar el artículo
7.3.6 del Reglamento Interno de la Junta de Propietarios de la
Habilitación Vacacional Playa del Golf (Primera Etapa), así como
el artículo 18.8 del Reglamento de Normas Básicas de
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JUAN ENRIQUE MARTÍN
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Convivencia del Condominio Playa del Golf (Primera y Segunda
Etapa), en la medida que no permiten la compañía de mascotas en
la residencia del recurrente.
11. Asimismo, se debe ordenar a la junta de propietarios emplazada
convocar a sus integrantes a fin de regular la tenencia de mascotas,
observando tanto la doctrina jurisprudencial vinculante del
Expediente 01413-2017-PA/TC como la razonabilidad y la
proporcionalidad de las medidas que puedan adoptarse, a fin de
armonizar el interés individual del residente que tiene mascotas
con los intereses del resto de vecinos, invitados y trabajadores del
condominio.
Sobre la parte del fallo
Por ello, mi voto es por:
1. Declarar FUNDADA la demanda, al haberse conculcado los
derechos al libre desarrollo de la personalidad y al libre tránsito.
En tal sentido, corresponde INAPLICAR el artículo 7.3.6 del
Reglamento Interno de la Junta de Propietarios de la Habilitación
Vacacional Playa del Golf (Primera Etapa) y el artículo 18.8 del
Reglamento de Normas Básicas de Convivencia del Condominio
Playa del Golf (Primera y Segunda Etapa).
2. ORDENAR a la emplazada convocar, en un plazo no mayor a 10
días hábiles, a los propietarios a fin de regular la tenencia de
mascotas observando lo señalado en el presente voto.
3. CONDENAR a la Junta de Propietarios de la Habilitación
Vacacional Playa del Golf al pago de los costos del proceso.
S.
DOMÍNGUEZ HARO
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JUAN ENRIQUE MARTÍN
PENDAVIS PFLUCKER
VOTO SINGULAR DEL MAGISTRADO
OCHOA CARDICH
Con el debido respeto por la posición asumida por mis distinguidos
colegas magistrados, discrepo de la sentencia emitida en mayoría en
cuanto desestima por infundada la demanda interpuesta. Desde mi punto
de vista la postura por la que se ha optado contiene manifiestas falencias
de concepto técnico-jurídico y que en esencia, representa una lamentable
regresión en la tutela de los derechos fundamentales asumida en la
jurisprudencia garantista de este Colegiado. Las razones que sustentan
mi posición, se resumen en lo siguiente:
• Un enfoque anómalo en torno de la aplicación de la doctrina
jurisprudencial vinculante Exp. 1413-2017-PA/TC
1). La sentencia en mayoría, pretende validar una tesis consistente en la
no aplicación de la doctrina jurisprudencial vinculante establecida
en el Exp. N° 1413-2017-PA/TC, so pretexto que la controversia
que ahora se discute sería supuestamente distinta a la de aquel caso
anterior. Pues bien, independientemente de que dicha consideración
resulte totalmente errónea como más adelante lo veremos, la sola
afirmación de que no se aplica la doctrina porque el presente caso
no es igual o similar al anteriormente referido proceso, configura un
manifiesto error conceptual en torno de lo que constituye o como se
utiliza la doctrina jurisprudencial vinculante.
2). En efecto, la sentencia en mayoría propugna una discutible analogía
entre lo que representan el precedente constitucional y la doctrina
jurisprudencial, según la cual dichas técnicas se aplicarían solo y
exclusivamente a los supuestos de hecho iguales o similares a los
del caso que les dieron origen (cfr. al respecto, lo señalado en los
fundamentos 9, y 10 principalmente, y por extensión, lo expuesto de
los fundamentos 21 a 26 de la sentencia). De ser cierta esta posición
no existiría prácticamente ninguna diferencia entre una y otra
técnica y todo intento por distinguirlas sería virtualmente ocioso lo
que no se condice ni con el régimen jurídico diferenciado que
siempre han tenido (el precedente se instituye en el artículo VII del
Título Preliminar del Código Procesal del 2004 y se ratifica en
artículo VI del Título Preliminar del Nuevo Código Procesal
Constitucional del 2021, mientras que la doctrina empieza
regulándose en la Primera Disposición Final de la antigua Ley
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JUAN ENRIQUE MARTÍN
PENDAVIS PFLUCKER
Orgánica del Tribunal Constitucional N° 26435, posteriormente en
el artículo VI del Título Preliminar del Código Procesal
Constitucional del 2004 y actualmente tanto en la Primera
Disposición Final de la vigente Ley Orgánica del Tribunal
Constitucional N° 28301 como en el artículo VII del Título
Preliminar del Nuevo Código Procesal Constitucional del 2021) ni
con el tratamiento dispensado a nivel de nuestra jurisprudencia.
3). A diferencia del precedente vinculante que responde tanto en su
fundamento como en su proceso aplicativo a un supuesto de hecho o
controversia que pretende solucionarse a partir de la respuesta
dispensada por determinadas reglas de imperativo cumplimiento y
por esa misma razón el precedente solo puede ser aplicado a casos
iguales de aquel en que fue generado, la doctrina jurisprudencial
es totalmente distinta en justificación y alcances. Esta última no
nace para ser invocada en un solo tipo de casos, sino para
desarrollar criterios o interpretaciones de los preceptos, principios y
derechos constitucionales. De allí que cuando aquella se aplica,
poco o nada tiene que ver la similitud o identidad del caso que le dio
origen, sino la pertinencia del criterio establecido frente a una
determinada problemática o incertidumbre jurisprudencial. En otras
palabras, la comparación que pretende propugnarse entre lo resuelto
en el Exp. N° 1413-2017-PA/TC y el presente caso, para enseguida
afirmar que no hay identidad entre la una y la otra, es absolutamente
cuestionable por no decir totalmente impertinente.
4). Conviene recordar al respecto lo que nuestro Colegiado dijo en su
momento y de modo enfático en torno de lo que representa la
técnica sobre la que aquí precisamente se comenta:
Por doctrina constitucional debe entenderse en este punto: a) las
interpretaciones de la Constitución realizadas por este
Colegiado, en el marco de su actuación a través de los procesos,
sea de control normativo o de tutela de los derechos
fundamentales; b) las interpretaciones constitucionales de la ley
realizadas en el marco de su labor de control de
constitucionalidad. En este caso, conforme lo establece el
artículo VI del Título preliminar del Código Procesal
Constitucional, una ley cuya constitucionalidad ha sido
confirmada por el Tribunal, no puede ser inaplicada por los
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JUAN ENRIQUE MARTÍN
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jueces en ejercicio del control difuso, a menos, claro está, que el
Tribunal sólo se haya pronunciado por su constitucionalidad
formal; c) las proscripciones interpretativas, esto es, las
"anulaciones" de determinado sentido interpretativo de la ley
realizadas en aplicación del principio de interpretación
conforme a la Constitución… (fundamento 15 de la ejecutoria
recaída en el Exp. 4853-2004-PA/TC).
5). Como puede apreciarse, nuestro Colegiado no ha sostenido que la
doctrina jurisprudencial imponga una presunta relación de
causalidad entre el caso que origina la doctrina y lo que constituye
esta última. Y no podría ser de otra manera, dado que, a diferencia
del precedente, donde la existencia de una regla o conjunto de
reglas, obliga a que su aplicación se circunscriba a determinados
supuestos de hecho, la doctrina se hizo para establecer criterios
interpretativos sobre los contenidos constitucionales, no para ser
usada como una fórmula de limitación o condicionamiento solo para
determinado tipo de casos. O la doctrina es fundamento explicativo
sobre lo que la Constitución o las leyes interpretadas de
conformidad con la Constitución en el fondo establecen o
simplemente deja de ser doctrina. Así de simple.
6). Cabe señalar que ejemplos ilustrativos de sentencias emitidas por
nuestro Colegiado y que establecieron doctrina jurisprudencial hay
por decenas y vienen de todas las composiciones con las que hasta
la fecha se ha contado. Solo a modo de referencia y por ser
pertinentes a lo que aquí se discute citaremos algunas de las muchas
en las que se corrobora plenamente lo afirmado.
a). En el año 1996 y a poco de haber entrado en funciones nuestro
Colegiado, se estableció, mediante sentencia emitida en el Exp.
N° 0646-1996-PA/TC y a título de doctrina jurisprudencial,
criterios de observancia obligatoria en materia de la entonces
llamada caducidad, vías previas e impuesto mínimo a la renta,
los que luego serían seguidos por la ejecutoria 0485-1996-PA y
diversos casos posteriores, sin que estos últimos, hayan sido
sean matemáticamente idénticos.
b). En el año 1997 y mediante ejecutoria N° 020-1995-AA/TC,
nuestro Colegiado sentó doctrina en torno del concepto
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PENDAVIS PFLUCKER
procedimiento regular a los efectos de determinar la
procedencia del amparo contra resoluciones judiciales, criterio
que sería recogido por diversos casos posteriores como el
resuelto mediante Exp. 0611-1997-AA, sin que las
controversias ulteriores hayan sido tampoco iguales.
c). Doctrina constitucional indicativa se produce en el año 1999 con
motivo de la ejecutoria expedida en el Exp. N° 0612-1998-
PA/TC y en la que se establecen pautas sobre la procedencia del
régimen procesal conocido como amparo contra amparo que
posteriormente serían ratificadas e incluso ampliadas mediante
diversos procesos posteriores como los resueltos en los Exps.
N° 0200-2002-PA/TC, N° 127-2002-AA, N° 564-2002-AA/TC
sin que la materia en debate respondiera a supuestos
exactamente iguales.
d). Situación similar se presentó en el año 2000 al establecerse
mediante la sentencia recaída en el Exp. 1211-1999-PA/TC
discernimientos doctrinarios sobre las fuentes normativas que
pueden ser utilizadas para limitar un derecho fundamental y que
luego serían reiterados, entre otras, por la ejecutoria emitida en
el Exp. N° 057-1998-PA que de hecho, era un proceso con una
controversia totalmente distinta a su predecesora.
e). En el año 2003 y mediante ejecutoria recaída en el Exp. N°
0008-2003-AI/TC nuestro Colegiado sentaría importante
doctrina en relación a los contenidos de la Constitución
Económica, los mismos que a posteriori se reiterarían en una
multiplicidad de casos evidentemente dotados cada uno de sus
propias peculiaridades, como por ejemplo ocurrió en el Exp.
3315-2004-PA/TC referido a temas como la libre competencia
y la protección del consumidor.
f). En el año 2004 y mediante la sentencia emitida en el Exp. N°
2366-2003-PA/TC se establecerían criterios doctrinarios sobre
el llamado amparo electoral. Esta postura sería luego ratificada
en casos ulteriores como los resueltos en los Exps. N° 5854-
2005-PA/TC o N° 2730-2006-PA/TC. Las controversias
planteadas en estos últimos tampoco fueron iguales a las de la
ejecutoria inicial.
EXP. N.° 00949-2022-PA/TC
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g). En el año 2005 y a través de la sentencia recaída en el Exp N°
4107-2004-PHC/TC el Tribunal Constitucional establecería
importante doctrina sobre las excepciones a la regla de firmeza
en los procesos de habeas corpus contra resoluciones judiciales
la misma que sería posteriormente ratificada vía diversos
pronunciamientos, como el recaído en el Exp. N° 3300-2012-
PHC/TC sin que la controversia de fondo en dicha causa
posterior haya sido la misma.
h). En el año 2007 el Tribunal Constitucional dejara sentada su
doctrina sobre el reconocimiento del derecho fundamental agua
potable como atributo de carácter innominado vía su sentencia
emitida en el Exp. N° 6546-2006-PA/TC, interpretación que
sería posteriormente reiterada en casos tan disimiles como los
resueltos en los Exps. N° 6534-2006-PA/TC y N° 3668-2009-
PA/TC.
i). Ejecutoría que establecería importante doctrina jurisprudencial
sobre la discriminación de la que eran objeto las alumnas
embarazadas sería la emitida en el año 2009 vía el Exp. N°
5527-2008-PHC/TC. Esta postura será ratificada en el caso
resuelto mediante Exp. N° 1423-2013-PA, sin que los supuestos
de hecho hayan sido exactamente iguales.
j). Mucho más cercana será la doctrina establecida en el año 2020
mediante la sentencia emitida en el Exp. N° 0367-2016-
PHC/TC y que estableció importantísimas pautas en torno al
uso del propio idioma durante el curso de los procesos, las
mismos que han sido ratificadas mediante posteriores
pronunciamientos como por ejemplo, el recaído en el Exp. N°
3703-2019-PHC/TC, para mayor significación, emitido por la
actual composición de nuestro Colegiado.
7). Este breve recuento, que por cierto es solo una síntesis indicativa, no
hace otra cosa que evidenciar que la aplicación de la doctrina
jurisprudencial, no tiene nada que ver con la supuesta identidad
entre los casos o controversias a la manera como lo entiende la
sentencia en mayoría, que en este punto y en clara distorsión de los
conceptos insiste en confundir la técnica comentada con la del
precedente constitucional.
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• Una errónea percepción de lo que el Tribunal Constitucional
sostuvo en la sentencia recaída en el Exp. N° 1413-2017-
PA/TC para evitar análisis de razonabilidad
8). Pero lo que en realidad observamos en la ejecutoria que origina
nuestra discrepancia no es el hecho de que el presente caso sea en el
fondo uno realmente distinto o totalmente diferenciado del resuelto
en el Exp. N° 1413-2017-PA/TC, el problema es que el caso sí es
sustancialmente semejante, con lo cual el error en que se incurre
termina siendo doble, pues ya no solo se confunde categorías como
las de la doctrina y el precedente según lo que ya se ha expuesto,
sino que peor aún, se malinterpreta lo que el Tribunal Constitucional
dijo expresamente en la antes citada ejecutoria constitutiva de
doctrina.
9). Efectivamente, de acuerdo con lo dispuesto en el extremo resolutivo
4 del fallo generado en la antes referida sentencia, constituye
doctrina jurisprudencial lo señalado en sus fundamentos 19 y 20.
Estos últimos (y vale la pena glosarlos) dicen textualmente lo
siguiente:
A juicio de este Colegiado, la aplicación de las medidas bajo
examen al demandante, que adquirió el inmueble y tenía una
mascota antes de la prohibición, no supera el juicio de
necesidad y, por consiguiente, no logra superar el test de
proporcionalidad, a consecuencia de lo cual las normas
contenidas en los artículos 35.8.1 y 35.8.3, relativos a la
prohibición de tenencia de mascotas en el edificio, de
adquisición de nuevas mascotas y de uso del ascensor en
compañía de ellas, resultan desproporcionadas y configuran una
transgresión a los derechos al libre desarrollo de la personalidad
y al libre tránsito en los términos expuestos en la presente
sentencia, por lo que corresponde declarar su inaplicación al
demandante (fundamento 19).
Por último, en cuanto a la prohibición del ingreso o
permanencia de visitas con animales al edificio, contenida en el
artículo 35.8.2. del Reglamento, se debe recordar que existen
animales como los perros guía que constituyen asistencia
animal que permite a las personas con discapacidad gozar de
plena accesibilidad (Cfr STC 02437-2013-PA/TC f.j. 24). Por
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ello, prohibir el ingreso o permanencia visitas en compañía de
animales no puede significar de ninguna manera restringir la
entrada de perros guía al edificio en cual habita el demandante,
incluso a sus áreas privadas (fundamento 20).
10). Cualquiera que haya leído con una mínima dosis de prolijidad la
sentencia recaída en el Exp. N° 1413-2017-PA/TC, puede apreciar
que la controversia que allí se ventiló no tuvo que ver con una
situación de discapacidad por parte de quien interpuso la demanda y
que impusiera la necesidad de ser apoyado por una mascota o perro
guía para poder llegar a su domicilio, sino con un reclamo
sustentado en la razonabilidad o no de una medida restrictiva
adoptada por particulares (la junta de Propietarios del edificio donde
residía el demandante) consistente en prohibirle la tenencia de
mascotas al interior de su domicilio o de poder acompañarse de las
mismas utilizando ciertos servicios como ascensores. Que al
momento de establecerse la doctrina jurisprudencial, se haya
colocado en su fundamento 20 una consideración adicional
específicamente referida a las situaciones especiales de discapacidad
de personas y el apoyo de mascotas en tales contextos, no significa
que ese aspecto sea la cuestión controvertida que se haya discutido
en sede constitucional. Lo esencial era definir si las restricciones
para la tenencia de animales domésticos al interior de un domicilio,
tenían o no justificación razonable y para eso precisamente, fue
creado el fundamento 19, si se quiere, el verdaderamente central o
pertinente, como ratio decidendi, para la solución de dicha causa.
11). En el caso del que ahora conoce el presente Colegiado, nuevamente
plantea como asunto central de debate determinar si las medidas de
restricción aplicadas sobre el recurrente, consistentes en prohibirle
que pueda tener animales de compañía en su domicilio o prohibirle
incluso el acceso de las mismas hacía su interior, resultan o no
razonables, imputándose como responsables de dicha transgresión,
otra vez, a un grupo de particulares (la junta de propietarios de la
habilitación vacacional Playa del Golf). En otras palabras, la
discusión de ahora, si no es idéntica, es notoriamente similar o
parecida a la del pasado.
12). Ahora bien, curiosamente mis colegas de la mayoría, en su afán
de establecer diferencias entre el caso actual y el caso anterior
señalan textualmente que
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i) en el presente caso, el demandante conocía, al momento de
adquirir su propiedad en el Condominio Playa del Golf, que
existía una prohibición expresa de introducir o mantener
animales, contenida en el artículo 7.3.6 del Reglamento
Interno de la Junta de Propietarios de la Habilitación
Vacacional Playa del Golf, así como de la existencia de la
tipificación de esta conducta como infracción (artículo 18.8
del mismo reglamento); ii) en la STC 01413-2017-PA, la
parte demandante era propietaria de un departamento en el
que residía frecuentemente; mientras que, en el presente
caso, la persona se encuentra en un área de habilitación
vacacional; iii) no se discute, en esta controversia, alguna
circunstancia particular que se derive de alguna discapacidad
del recurrente (fundamento 10 de la sentencia).
13). Con relación a la primera supuesta diferencia que se invoca, no
encontramos ninguna situación que pueda reputarse como
determinante o decisiva. Que la prohibición a la tenencia de
mascotas en los departamentos haya sido posterior (como ocurría
en el caso del Exp. N° 1413-2017-PA/TC) o anterior (como
ocurre en el presente caso) no es relevante, pues lo que se evalúa
no es la fecha desde cuando aquellas rigen, sino el carácter
irrazonable y por ende inconstitucional de las mismas. Pretender
que porque en un caso las reglas aparecen en el camino y en el
otro ya existían, para a partir de eso desestimar la posibilidad de
analizar la razonabilidad su contenido, equivale a sostener que la
arbitrariedad se legitima o valida si prima facie se le consiente.
14). La segunda supuesta diferencia, resulta manifiestamente
insustentable. En efecto, no nos explicamos que tiene que ver el
hecho de que un domicilio sea cotidiano o transitorio para
efectuar distingos que permitan justificar la arbitrariedad. Que se
sepa -en cualquier caso- al domicilio se le atribuyen las mismas
características con independencia del momento en que se le
utilice. Incluso nuestra propia jurisprudencia ha sido totalmente
enfática en asumir un concepto amplio del domicilio o morada
como lo evidencian con toda precisión y sin que quede ningún
margen de duda ejecutorias como las recaídas en los Expedientes
N° 4085-2008-PHC/TC (fundamentos 3, 4 y 5), N° 6558-2015-
PHC/TC (fundamento 4); N° 2466-2019-PA/TC (fundamento
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11). Pretender refugiarse en lo dispuesto en un reglamento de
carácter privado (fundamentos 22 y 23 de la sentencia en
mayoría) para extraer conclusiones de lo que representa un
derecho fundamental, representa un restrictivo enfoque para
concebir estos derechos. Sobre esta peculiar manera de razonar,
que desconoce la eficacia de los derechos fundamentales en las
relaciones entre los privados, volveremos más adelante.
15). La tercera supuesta diferencia es absolutamente impertinente. Tal
como se ha dicho anteriormente, es suficiente con efectuar una
lectura elementalmente seria, en la causa resuelta en el Exp. N°
1413-2017-PA/TC, para verificar que no se reclamó, en ningún
momento, respecto de un presunto estado de discapacidad por
parte del demandante. En otras palabras, en dicho proceso al
igual que en el actual, ambos demandantes fueron personas que
no tenían (o padecían) discapacidad alguna. Si esto es así, como
en efecto lo es, no sabemos entonces hacia donde apunta
exactamente este extraño y francamente distópico argumento.
16). Todo parecería indicar que nos encontramos ante un enfoque que no
asume la eficacia erga omnes de los derechos fundamentales, y en
consecuencia su extensión a las relaciones entre particulares.
• La doctrina de la eficacia horizontal de los derechos
(Drittwirkung) y el giro regresivo en la tutela derechos
fundamentales en las relaciones entre privados sostenida
la sentencia en mayoría
17). Desde los inicios del funcionamiento de nuestro Colegiado y desde
luego, mucho más con el paso de los años, nuestra jurisprudencia ha
dejado perfectamente en claro que el discurso cuando de los
derechos fundamentales se trata, no es como sucedía en el
constitucionalismo decimonónico, uno que solo convierte en su
destinatario final al Estado y quienes actúan a nombre del mismo,
sino que sus efectos se irradian absolutamente para todos, incluso
para los sujetos privados, siguiendo la doctrina alemana conocida
como Drittwirkung.
18). Así, como los derechos fundamentales son susceptibles de ser
vulnerados por sujetos privados, corresponde al ordenamiento
jurídico su defensa no solo frente actos del poder público sino
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también frente a los actos lesivos de los particulares. En tanto la
Constitución como Norma Suprema vincula a todos por igual y los
derechos representan parte esencial de la misma, no es pues
aceptable argumentar la existencia de ámbitos exentos de control so
pretexto de la autonomía organizativa o la propia autodeterminación
privada. Socavaría profundamente la esencia misma del Estado de
Derecho el consentir un modelo en el que los atributos, facultades y
libertades resulten desconocidos en función de los ámbitos o
espacios en los que aquellos puedan ponerse en práctica.
19). Como lo sostuvo en su día este Supremo Tribunal, con relación a la
eficacia horizontal de los derechos fundamentales:
La respuesta de un Tribunal comprometido con la defensa de los
derechos fundamentales no puede ser otra que afirmar que los
derechos también vinculan a los privados, de modo que, en las
relaciones que entre ellos se puedan establecer, éstos están en el
deber de no desconocerlos. Por cierto, no se trata de una
afirmación voluntarista de este Tribunal, sino de una exigencia
que se deriva de la propia Norma Suprema, en cuyo artículo
103° enfáticamente ha señalado que constitucionalmente es
inadmisible el abuso del derecho (Cfr. STC. 0858-2003-PA/TC,
fundamento 22).
20). Que la jurisprudencia de nuestro Tribunal Constitucional ha tenido
muy presente el irrestricto respecto a los derechos por parte de los
privados ha sido pues una constante a lo largo de toda su historia
jurisprudencial y así lo evidencian, además de la ejecutoria
anteriormente glosada, una infinidad de sentencias emitidas en todo
tipo de casos en los que comportamientos generados por privados
han sido cuestionados por lesivos a derechos. Sin ánimo de ser
exhaustivo y sólo como referencia indicativa de lo señalado, puede
aquí recordarse lo resuelto en los Exps. N° 067-1993-AA/TC; N°
0304-1993-PHC/TC; N° 0331-1996-AA/TC; N° 1112-1998-
AA/TC; N° 0481-2000-AA/TC; N° 0713-2000-AA/TC; N° 1170-
2000-HC/TC; N° 0260-2001-AA/TC; N° 0976-2001-AA/TC; N°
1124-2001-AA/TC; N° 0311-2002-HC/TC; N° 0362-2002-HC/TC;
N° 0410-2002-AA/TC; N° 0835-2002-AA/TC; N° 1634-2002-
AA/TC; N° 2124-2002-HC/TC; N° 1414-2003-AA/TC; N° 2076-
2003-HC/TC; N° 2260-2003-AA/TC; N° 2279-2003-AA/TC; N°
1612-2003-AA/TC; N° 0199-2004-AA/TC; N° 1090-2004-AA/TC;
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N° 3312-2004-AA/TC; N° 3541-2004-AA/TC; N° 3879-2004-
AA/TC; N° 4453-2004-HC/TC; N° 3482-2005-PHC/TC; N° 7704-
2005-AA/TC; N° 1052-2006-PHD/TC; N° 6730-2006-AA/TC; N°
537-2007-PA/TC; N° 3574-2007-PA/TC; N° 3978-2007-PA/TC; N°
4063-2007-PA/TC; N° 4611-2007-AA/TC; N° 5215-2007-AA/TC;
N° 5311-2007-PA/TC; N° 0535-2009-PA/TC; N° 0607-2009-
AA/TC; N° 3668-2009-PA/TC; N° 2851-2010-PA/TC; N° 0328-
2011-PA/TC; N° 2362-2012-PA/TC; N° 2820-2012-PA/TC; N°
4378-2012-PA/TC; N° 4577-2012-PA/TC; N° 2310-2013-PA/TC;
N° 2437-2013-PA/TC; N° 0194-2014-PHC/TC; N° 1643-2014-
PA/TC; N° 2765-2014-PA/TC; N° 5332-2015-PHC/TC; N° 3882-
2016-PHC/TC; N° 0474-2016-PA/TC; N° 1413-2017-PA/TC, N°
2208-2017-PA/TC.
21). Desde luego, no es esta una fácil o retórica exhibición de
jurisprudencia, sino la ratificación absoluta de lo que por largo
tiempo y de modo constante y uniforme ha sido una línea de
razonamiento que no puede pasar por desapercibida y que se traduce
en último término en la premisa de que la Constitución se ha hecho
para ser respetada por todos y no sólo por algunos.
22). Que se sepa, la capacidad auto normativa que ostentan los privados
no es patente de corso para emanciparse del discurso constitucional
y de su escala de razonamientos, como si actuar en nombre de la
autonomía significara derogar los derechos y principios
fundamentales que se supone nos vinculan a todos, para sustituirlos
por aquellos otros derechos y principios que a algunos privados se
les antoja. Como señala Blancas invocando la doctrina de la eficacia
de los derechos fundamentales en las relaciones entre particulares:
La extensión de la eficacia de los derechos fundamentales a las
relaciones entre particulares se vislumbra, de este modo, como
un límite efectivo frente a la “arbitrariedad privada”, al sujetar
las relaciones entre sujetos privados a reglas y límites jurídicos,
de forma similar a los límites que el orden jurídico impone al
poder del Estado a fin de impedir el abuso de poder.
Por consiguiente, si bien la eficacia horizontal no pretende
suprimir el principio de autonomía de la voluntad, le impone
límites y marcos dentro de los cuales este debe desenvolverse,
esto es, respetando los derechos fundamentales de las partes,
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toda vez que la libertad de contratación –que es un derecho
fundamental- no puede erigirse en un derecho superior a los
demás derechos fundamentales ni, por tanto, ejercerse en
desmedro de estos1.
23). Sorprende por ello que se cite una sentencia como la recaída en el
Exp. N° 3314-2004-PA/TC para avalar dicha postura cuando en
dicha ejecutoria y contrario a lo que la sentencia en mayoría
pretende ahora deducir, el Tribunal Constitucional precisamente
declaró fundada la respectiva demanda, ni más ni menos que por
haber actuado la entidad privada entonces emplazada en clara
inobservancia de principios constitucionales.
24). La mejor demostración de que lo que ahora se postula es una
variante de autarquía donde a partir de la autonomía privada unos
derechos se maximalizan al extremo y otros en cambio, se
minimizan por completo, lo constituyen los fundamentos 12 y 13 de
la decisión en mayoría en donde sin ningún sustento que la sola y
simple afirmación, se erige al derecho de asociación como el
derecho superior imponiendo todas las relativizaciones posibles del
derecho al libre desarrollo de la personalidad e incluso del derecho
al libre tránsito, en salvaguarda de la autonomía de la voluntad de
los demás propietarios, de su derecho al descanso y al ocio y de la
seguridad personal, y todo ello en observancia de “las opiniones y
convicciones de un grupo de propietarios” o “del colectivo de
personas” (fundamento 15), es otras palabras, se llega a postular que
los derechos lo son o existen sólo de acuerdo a lo que la mayoría
asociativa manda, sin detenerse a examinar si lo que esa mayoría,
colectivo o grupo determina tiene o no base razonable.
25). En este contexto, llama poderosamente la atención que la decisión en
mayoría con la que ahora discrepamos pretenda refugiarse en una
distorsionada interpretación de lo que constituye la facultad
asociativa que tienen las personas para afirmar sorpresivamente que
“la autonomía, que se deriva de una suerte de principio general de
libertad, faculta el surgimiento de una suerte de derecho autónomo
que se deriva de la voluntad de los particulares que se someten a un
acuerdo, e implica la posibilidad de disponer de los intereses con
1 Blancas Bustamante, Carlos. La Cláusula de Estado Social en la Constitución. Análisis
de los derechos fundamentales laborales. Fondo Editorial PUCP, Lima, p. 286.
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un efecto vinculante, lo cual, a su vez, debe originar el surgimiento
de un plexo de derechos y obligaciones a cada uno de los
intervinientes en el acuerdo” (fundamento 16).
26). De este modo, la sentencia en mayoría, en un giro manifiestamente
regresivo, nos retrotrae a la tradicional separación entre derecho
público y privado, dejando a este último encerrado en las
normas del Código Civil como si el derecho privado constituyese
una materia al margen de la Constitución. La sentencia en
mayoría consagra una línea divisoria entre la sociedad y el Estado,
asignando la Constitución al Estado y el Código Civil para la
sociedad.
27). Se trata de una concepción rezagada que es recusada por Blancas en
los siguientes términos:
Quienes rechazan la eficacia horizontal con estos argumentos,
no reconocen, obviamente, las profundas transformaciones que
han sufrido tanto la sociedad como el Estado en más de dos
siglos desde las revoluciones liberales, especialmente la
aparición de los poderes privados o ‘fácticos’, la concepción de
la Constitución como base de todo el ordenamiento jurídico, la
noción de los derechos fundamentales como derecho objetivo y
finalmente, el desarrollo del Estado social del Derecho, cambios
que demuestran ampliamente la necesidad de superar la
concepción tradicional de los derechos fundamentales como
derechos oponibles únicamente frente al Estado y, por tanto,
carentes de eficacia en las relaciones entre particulares2.
28). Desde luego la misma sentencia nos advierte que la posibilidad de
relativizar derechos por parte de los particulares “se encuentra
subordinada a que dicha restricción resulte justificada y que sea
razonable -esto es, que no contravenga el sentido común- y
proporcional –es decir, que no sea excesiva” (fundamento 12) ya
que “esta capacidad de gestionar los propios intereses no
comprende la posibilidad de habilitar vulneraciones manifiestas a
los derechos fundamentales” (fundamento 14), sin embargo, en
ningún momento se toma la molestia o si quiera se intenta evaluar
como así en el presente caso, nos encontraríamos ante un escenario
2 Blancas Bustamante, C. Obra citada, p. 295.
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de respeto irrestricto a los derechos involucrados.
29). Para llegarse a demostrar que unos derechos fundamentales pueden
relativizarse en armonización de otros derechos esenciales se hace
indispensable como ha sucedido en otras ocasiones un juicio de
proporcionalidad y específicamente un examen de ponderación,
lo que ciertamente no aparece por ningún lado en la sentencia en
mayoría, la que simplemente reemplaza todo análisis por la vía del
balancing por un acrítico proceso de selección de unos derechos por
encima de otros, como si determinar su contenido fuese un tema de
simples gustos o mecánicas selecciones. En este contexto y como a
la mayoría no le gustan los animales domésticos en un complejo
vacacional de viviendas, hay que garantizar los derechos de esa
mayoría sin que nada quepa discutir o analizar, incluso, así se
encuentren dichos animales al interior de una vivienda particular.
30). Lo curioso del caso, porque de otra manera no puede ser calificado,
es que la misma decisión con la que ahora discrepamos, tras
reconocer implícitamente que no ha solucionado para nada el
problema de la prohibición absoluta de mascotas al interior de una
morada, nos presenta luego –casi como premio consuelo- la
posibilidad de que el impasse entre los residentes pueda ser
superado sosteniendo que “no se trata de una situación que no
pueda ser enmendada. El Tribunal advierte que, de conformidad
con lo dispuesto en el Reglamento Interno de la Junta de
Propietarios de la Habilitación Vacacional Playa del Golf, el
recurrente y las personas que compartan la necesidad de contar con
mascotas en el referido complejo tienen habilitada la posibilidad de
acudir a los mecanismos existentes para solicitar la modificación
del referido reglamento. En ese sentido, la tenencia o cuidado de
una mascota al interior de la residencia solo podrá ser reconocido
con un previo acuerdo con la Junta de Propietarios, el cual es el
órgano facultado para la adopción de esta clase de decisiones”
(fundamento 17).
31). Dos reflexiones se nos antojan con relación a esta sorprendente
aseveración. La primera; la de considerar que en la nueva fisonomía
interpretativa que se postula, todo parece indicar que la Constitución
y sus derechos, ya no son lo que hasta ahora han significado, sino
que su contenido -en adelante- hay que buscar desentrañarlo en el
recóndito parecer de lo que determine un reglamento de vecinos. En
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otras palabras, la voluntad del Poder Constituyente cuando de
privados se trata, es la voluntad reglamentaria de los vecinos. Y ni
siquiera de todos, sino de quienes sean una ocasional mayoría.
32). Lo segundo; la teórica o poco efectiva declaración de buenas
intenciones contenida en la sentencia. Si como ya se ha visto, todo
el discurso se ha esforzado en proclamar que es la mayoría la que
manda en las relaciones entre privados y los derechos sólo valen en
la medida en que dicha mayoría lo acepte, sin importar como ya se
ha visto, la base razonable de sus decisiones, no sabemos
exactamente, cual es el sentido de decirle a quien invoque un
derecho que intente persuadir a quienes colectivamente piensan en
contrario.
33). El problema es pues en el fondo y como decíamos en otro momento,
el modo de concebir los derechos fundamentales que proclama la
decisión. Según el mismo, aquellos valen o se vuelven importantes
sólo cuando a una mayoría de asociados le agradan. Con lo cual,
cada comportamiento o variante autodeterminativa ya no termina
siendo lo que su titular necesita o le es indispensable, sino lo que el
entorno por mayoría acepta.
• La línea jurisprudencial de protección del bienestar animal
como seres sensibles
34). La relación de la persona con el mundo animal ha sido visionada
desde diversas corrientes de pensamiento, siendo las del especismo
y el antiespecismo las más resaltantes no solo por las premisas de
las que parten sino por las consecuencias que proponen.
35). Para aquellas concepciones agrupadas dentro de la filosofía
calificada como especista, la vida animal no se encuentra en
definitiva al mismo nivel que la vida humana. Esta última, merece
una valoración distinta y mucho más calificada, desde que se asume
o se da por hecho que los seres humanos ostentan una capacidad que
no la tienen los animales expresada principalmente o ante todo, en
su aptitud para el raciocinio. La visión especista, por lo demás,
cuestiona toda posibilidad de reconocimiento de unos derechos en
favor del animal, asumiendo que son más bien los seres humanos
quienes deben decidir a la par que disponer sobre la existencia y
destino de los animales.
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36). Quienes en cambio se adhieren a una perspectiva antiespecista,
entienden que toda vida debe ser valorada en igual medida, pues
todos en principio formamos parte del mundo natural. En cualquier
caso y aun aceptando las particulares diferencias entre el estilo de
vida humano y el animal, ninguna vida debe ser infravalorada pues
los animales son seres sintientes y aunque su coeficiente no sea el
mismo que el de un ser humano, ello no justifica en lo absoluto
diferencias en cuanto al tratamiento. Así las cosas y en tanto es toda
vida la que debe resaltarse, se hace indispensable revisar nuestros
conceptos jurídicos, abogando incluso por un abierto
reconocimiento en favor de unos derechos sobre los animales.
37). Naturalmente es un hecho, que el decantamiento por una u otra
posición, más allá de las percepciones que se tengan, depende en
buena medida de la respuesta dispensada por cada ordenamiento
jurídico y en especial por cada ordenamiento constitucional. Existen
modelos constitucionales donde la visión antropocentrista se
encuentra en franca retirada (Ecuador, por ejemplo) mientras que
otros aún mantienen una visión que podríamos considerar
tradicional, donde todo el sistema gira alrededor de la persona en
evidente infravaloración de cualquier forma de vida que no sea la
estrictamente humana.
38). Para efectos de la problemática que nos plantea el presente caso, se
hace indispensable indagar sobre el modelo jurídico en el que nos
adscribimos determinando si este otorga o no algún tipo de enfoque
en relación con el vínculo existente específicamente entre la persona
y los animales.
39). Lo primero que al respecto corresponde enfatizar es que aunque
nuestra Constitución Política, opta por una visión pro persona en la
que se resalta la adhesión del sistema en dirección a su defensa y
protección como sujeto preferente, ello no significa ni tampoco debe
entenderse como una relativización absoluta del contexto que le
rodea. Prueba indiscutible de lo dicho son en buena cuenta las
normas que hacen referencia al medio ambiente y al entorno natural
que lo integra, tales como las contenidas en los artículos 2, inciso
22, 67 y 68 de la misma norma fundamental.
40). Sin embargo y al margen de estas alusiones sobre el medio ambiente
y la naturaleza que tienen un sentido más bien genérico, cabe
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preguntarse si la inexistencia de una cláusula constitucional
específicamente referida al estatus de los animales, supone a pesar
de todo que estos últimos se encuentren exentos de algún tipo de
protección desde el punto de vista jurídico. Para responder a esta
interrogante, conviene recordar lo que nuestro propio Colegiado nos
ha venido señalando mediante diversas de sus ejecutorias.
41). Al respecto y sin temor a equivocarnos, estamos persuadidos, que si
pasamos revista a lo que el Tribunal Constitucional ha venido
señalando desde hace ya varias conformaciones, aparece cada vez
más visible lo que bien podría denominarse como un línea
jurisprudencial en pro del reconocimiento y defensa animal. En
este último y con independencia, de la percepción que se tiene sobre
la posición exacta de los animales, se asume que estos últimos,
merecen especial relevancia no solo por lo que significan en cuanto
tales sino por las relaciones que mantienen con la persona.
42). En efecto, ya desde la sentencia recaída en el Exp. N° 0042-2004-
PI/TC, el Tribunal Constitucional dejará perfectamente en claro la
existencia de una preocupación“…no sólo… desde la perspectiva
jurídica sino también desde el punto de vista de la ética, por… el
medio ambiente y la convivencia armónica y pacífica del ser
humano con su entorno y, dentro de él, con todos los seres vivos con
los cuales coexista”, puntualizando incluso que “…el ser humano…
debe actuar en armonía y convivencia pacífica con los demás seres
vivos que le rodean, en la medida que debe asumir una actuación
responsable frente a ellos; especialmente frente a los animales”.
Esta misma perspectiva por lo demás, lo llevará a enfatizar que
“…el Estado tiene el deber de asegurar que las personas no actúen
con violencia frente a otras personas, ni con crueldad contra los
animales, lo cual tiene un fundamento jurídico y ético” de lo cual se
desprenderá que “…no existe ningún argumento racional que
justifique el que el ser humano someta a torturas, tratos crueles y de
muerte, innecesariamente, a los animales” siendo “Tal actitud…
contraria con la ética y… la dignidad y la naturaleza racional y
emotiva del propio ser humano, pues el respeto a los animales por
parte de toda persona halla su fundamento también en el respeto
mutuo que se deben los hombres entre sí”.
43). Pero no solo encontramos esta visión abiertamente tuitiva en pro del
mundo animal en sentencias como la glosada, sino que otros tantos
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criterios sobre el tema también serán desarrollados dentro de lo que
podría catalogarse como una protección de implicancias más bien
indirectas, estructurada a partir de los beneficios que representan los
animales para con los seres humanos. Esta perspectiva será recogida
con todo énfasis tanto en el Exp. N° 2437-2013-PA/TC sobre acceso
a los mercados por parte de las personas discapacitadas en compañía
de sus perros guía, como en el ya citado Exp. N° 1413-2017-PA/TC
sobre tenencia de mascotas al interior de los edificios o
condominios, ejecutorias –ambas- en las que se resaltara la
importancia de los animales (particularmente de los domésticos)
para los propósitos de materialización de varios de los derechos
personales.
44). Otra de las ejecutorias emblemáticas en las que se encontrará un
enfoque mucho más elaborado se verá perfilado en el Exp. 7392-
2013-PA/TC. Allí nuestro Colegiado dejó establecido que el deber
de protección animal desarrollado por conducto de la Ley de
Protección y Bienestar Animal N° 30407 no representa una simple
declaración de buenas intenciones sino que tiene una serie de
fundamentos. Desde el punto de vista de lo que representa el animal,
su inevitable condición de ser sintiente. Desde el punto de vista
jurídico, la relación entre el mundo animal y los intereses del ser
humano, relación visibilizada en una serie de derechos
fundamentales entre los que se destacarán principalmente (aunque
no exclusivamente) tanto el medio ambiente equilibrado y adecuado
como el libre desarrollo de la personalidad.
45). Así, conviene pues que nos preguntemos, volviendo al caso descrito,
si discutir acerca de la prohibición de mascotas al interior de una
propiedad representa una fórmula que se compadece con lo que el
Tribunal Constitucional en forma progresiva a la par que sostenida
ha venido proclamando y la respuesta no parece ser otra que la de
considerar que el tema no puede ser abordado de la manera tan
regresiva como lo ha sido, lamentablemente, por la sentencia en
mayoría.
46). Tener una mascota hoy en día no es un pues un asunto que pueda ser
valorado bajo la premisa tradicional y cada vez más superada de
considerar al animal como un objeto. Se trata, aunque no les agrade
a mis colegas de la mayoría, de algo mucho más especial que
trasciende la simple facultad autodeterminativa de decidir si se
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JUAN ENRIQUE MARTÍN
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cuenta o no con un animal de compañía. Los vínculos que se
generan entre las personas y los animales repercuten en diversos
grados en el estilo de vida, el entorno emocional, el bienestar y la
salud mental de quienes cuentan con animales de compañía tal
grado que ya existen ordenamientos jurídicos como el español en la
Ley 7/2023, de 28 de marzo, de protección de los derechos y el
bienestar de los animales, que definen a los animales de compañía
como parte integrante del núcleo familiar, desde luego una parte
muy especial que requiere no solo cuidados sino también la
asunción de deberes especiales por parte de sus integrantes. Esta
definición que comparto supone una protección reforzada del
bienestar de los animales de compañía siendo la familia un instituto
natural y fundamental de la sociedad, conforme con el artículo 4 de
la Norma Suprema.
47). Entonces ya no se trata simplemente de un deber de protección
animal contra el maltrato o sufrimiento sino de una obligación de
procurar su bienestar. Lo dicho, por cierto, no es un simple
desiderátum sino que va muy de la mano con lo que nuestra propia
Ley de Protección y Bienestar Animal N° 30407 (que además es una
norma integrante de nuestro bloque de constitucionalidad), proclama
expresa e incontrastablemente y que nuestra propia jurisprudencia se
ha preocupado de manera particular en enfatizar.
48). Es justamente este escenario el que no ha sido evaluado por la
decisión en mayoría. Para la misma, todo el debate se reduce a un
tema de disputa corporativa, donde los particulares actúan con
sujeción a sus reglas y a la imperatividad acrítica de las mismas y
donde la valoración de los vínculos entre una persona y su mascota
equivale a la de un simple objeto sobre el que se puede decidir. Así
las cosas, poco es lo que se puede consensuar allí donde el análisis
es tan vertical y donde el discurso renuncia a elementales premisas
de protección.
49). Considerando que en la decisión con la que aquí se discrepa no se ha
practicado un test de proporcionalidad que valore en forma debida
las implicancias de la restricción cuestionada sobre el libre
desarrollo de la personalidad, sobre el libre tránsito, sobre el
derecho al bienestar e incluso sobre el derecho de propiedad y
convencido que por contrario nos encontramos ante una clara
vulneración de dichos atributos fundamentales, mi voto es porque se
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declare fundada la demanda interpuesta en expresa observancia de
los criterios establecidos por nuestra jurisprudencia y en
consecuencia, inaplicable por inconstitucional el artículo 7.3.6 del
Reglamento Interno de la Junta de Propietarios de la Habilitación
Vacacional Playa del Golf -Primera Etapa-, que dispone que está
prohibido introducir o mantener animales en el condominio; así
como el artículo 18.8 del Reglamento de Normas Básicas de
Convivencia del Condominio Playa del Golf -Primera y Segunda
Etapa-, que tipifica como infracción la introducción o el
mantenimiento de animales en el condominio, prohibiendo
expresamente tener mascotas en el condominio, debiendo a su vez
ordenarse que la Junta de Propietarios de la Habilitación Vacacional
Playa del Golf -Primera Etapa- permita al recurrente ingresar con
sus mascotas a su inmueble, así como que la Junta de Propietarios
de la Habilitación Vacacional Playa del Golf -Primera Etapa- se
abstenga de dictar cualquier medida que limite el ingreso y/o
permanencia a su inmueble con sus mascotas.
S.
OCHOA CARDICH