Pleno. Sentencia 324/2023
EXP. N.° 01275-2022-PHC/TC
JUNÍN
ANITA DELICIA ANDRADE BOTTERI
representada por ALBERTO ANDRADE
BOTTERI
SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
En Lima, a los 25 días del mes de julio de 2023, en sesión de
Pleno Jurisdiccional, los magistrados Morales Saravia, Pacheco Zerga,
Gutiérrez Ticse, Domínguez Haro, quién votó en fecha posterior, y
Ochoa Cardich han emitido la presente sentencia. El magistrado
Monteagudo Valdez emitió un voto singular, que se agrega. Los
magistrados intervinientes firman digitalmente en señal de conformidad
con lo votado.
ASUNTO
Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Jesús Chavarri,
abogado de doña Anita Delicia Andrade Botteri, contra la resolución de
fecha 6 de diciembre de 20211, expedida por la Primera Sala Penal de
Apelaciones Permanente de Huancayo de la Corte Superior de Justicia
de Junín, que declaró infundada la demanda de habeas corpus de autos.
ANTECEDENTES
Con fecha 23 de julio de 2021, don Alberto Andrade Botteri interpone
demanda de habeas corpus a favor de doña Anita Delicia Andrade
Botteri2, y la dirige contra el juez, señor Oswaldo Cuya García, del
Cuarto Juzgado Penal Unipersonal para Delitos de Flagrancia, Omisión a
la Asistencia Familiar y Conducción de Vehículos en Estado de
Ebriedad de San Vicente de Cañete; y contra los jueces superiores
señores Edmundo Guillén Gutiérrez, Elmer Velásquez Carbajal y
Armando Huertas Mogollón, integrantes de la Sala Penal de Apelaciones
de la Corte Superior de Justicia de Cañete. Denuncia la vulneración de
los derechos a la debida motivación de las resoluciones judiciales, al
debido proceso y a la prueba.
Solicita que se declare nulas: (i) la Sentencia 37-2018-4°JPU-CSJCÑ/P,
Resolución 8, de fecha 26 de marzo de 20183, que condenó a la
favorecida a cinco años de pena privativa de la libertad efectiva por los
1 Foja 433.
2 Foja 1.
3 Foja 58.
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delitos de homicidio culposo y lesiones graves; y (ii) la sentencia de
vista, Resolución 16, de fecha 30 de julio de 20184, que confirmó la
precitada sentencia5.
Sostiene que el Ministerio Público, para justificar su teoría del caso,
ofreció pruebas testimoniales y periciales, pero ninguna de naturaleza
documental. En tal sentido, ofreció las declaraciones de los señores
Óscar Edgard Gallardo Bardales y Edwin Vargas Cortez, quienes
explicaron sobre las diligencias efectuadas en el lugar de los hechos y las
conclusiones arribadas en su Informe Técnico 190-2012-DIVPIAT-
UA1-G1, conforme se advierte del auto de enjuiciamiento, Resolución
14, de fecha 17 de diciembre de 2015. Adicionalmente, refiere que se
admitieron las pruebas ofrecidas por la fiscalía, consistentes en las
declaraciones testimoniales de los señores Otilia Silva de Valderrama,
Norma Flores de Parra, María Huamancha Alejos, Jesús Huapaya
Cayonos y Edgard Álvarez Montesinos; y de los peritos Alfonso More
Cañave, Elbart Quezada Trujillo, Graciela Arosquipa Aguilar,
Melquiadez Tumba Chamba, Angélica Domínguez Romero, Sonia
Fernández Tavares y Rosario Medina Aparcana.
Asevera que, en la audiencia de Juicio Oral de fecha 12 de enero de
2018, se recibió la declaración de don Edgard Gallardo Bardales, quien
sostuvo que el factor determinante del accidente de tránsito fue la
conducta de las agraviadas (proceso penal), al cruzar la calzada en un
momento no adecuado ni oportuno. También se recibió la declaración de
don Edwin Vargas Cortez, quien ratificó la versión de su compañero, y
precisó que el Informe Técnico 190-2012-DIVPIAT-UA1-G1 era una
pericia y, como tal, él debió asistir como perito, y no como testigo.
Afirma que, al haber declarado como testigos, los señores Óscar
Gallardo y Edwin Vargas no debieron ratificarse ni explicar
conclusiones del citado informe pericial, ya que no fueron ofrecidos
como peritos.
Aduce que en la sentencia de primera instancia, en el acápite “Examen
Individual de las Pruebas”, con respecto a don Óscar Edgard Gallardo
Bardales y don Edwin Vargas Cortez, se resaltó el juicio de fiabilidad,
4 Foja 87.
5 Expediente 00027-2017-99-0806-JR-PE-01.
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utilidad y verosimilitud, en su calidad de testigos. Sin embargo, refiere
que se consideró acreditada la infracción al Reglamento Nacional del
Tránsito (artículo 90, literal b y 160), esencialmente con la valoración
del Informe Técnico N° 190-2012-DIVPIAT-UA1-G1, a pesar de que no
fue admitido como medio de prueba ni oralizado en juicio.
Puntualiza que la sentencia de vista cuestionada confirmó la condena
impuesta, e indicó que los testigos Bardales y Vargas fueron ofrecidos y
admitidos para que expliquen las diligencias y las conclusiones arribadas
en el informe técnico 190- 2012. Pero no se pronunció sobre el error de
haberse valorado una prueba documental no admitida a juicio.
Manifiesta que la fiscalía no ofreció el Informe Técnico 190-2012-
D1VPAT-1UAT-1 como prueba documental, por lo que solo se
valoraron las declaraciones de los testigos. Indica también que se
pretende extraer de manera indirecta información del citado informe
técnico, lo que vulnera sus derechos fundamentales. Agrega finalmente
que la Casación 709-2016-Lambayeque y la Casación 618-2015.Cusco
ratifican su posición.
El Cuarto Juzgado Penal Unipersonal de Huancayo, con fecha 26 de
julio de 20216, admite a trámite la demanda.
El procurador público adjunto a cargo de los Asuntos Judiciales del
Poder Judicial solicita que la demanda sea declarada improcedente7.
Alega que: i) la sentencia de vista se emitió dentro de un proceso regular
y con observancia de las garantías judiciales; ii) los agravios planteados
en el recurso de apelación fueron respondidos; iii) se valoraron las
declaraciones de los mencionados testigos Gallardo Bardales y Vargas
Cortez, quienes como efectivos policiales acudieron al lugar del
accidente y emitieron el informe técnico en mención, que detalla las
circunstancias sobre cómo ocurrieron los hechos; iv) se determinó que la
favorecida infringió los artículos 90, literal b), y 160 del Reglamento de
Tránsito, por lo que la citada sentencia fue debidamente motivada; v) la
condena también se sustentó en otros medios probatorios, como es el
Dictamen Pericial Físico Químico 1283/12, efectuado sobre las piezas
6 Foja 101.
7 Foja 118.
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del vehículo con placa CAM-271, y el Peritaje Técnico de Constatación
de Daños 136, que determinó que el vehículo conducido por la
favorecida causó el accidente de tránsito; y vi) el cuestionamiento de la
responsabilidad penal y la valoración probatoria no corresponden
dilucidarse en la vía constitucional, porque es de competencia exclusiva
del juez penal dentro del proceso penal.
El Cuarto Juzgado Penal Unipersonal de Huancayo, con fecha 10 de
noviembre de 20218, declara infundada la demanda. Sostiene que en el
sistema de consulta de expedientes del Poder Judicial aparece registrada
la Queja NCPP 00812-2018, interpuesta por la favorecida e ingresada el
26 de setiembre de 20189, que se encuentra en la Sala Suprema Penal
Transitoria (Ex. 1 ° SPT). De acuerdo con la información del citado
sistema, se declaró fundado el recurso de queja y se ordenó a la sala
superior penal demandada que conceda el recurso de casación que
interpuso la beneficiaria contra la sentencia de vista que confirmó su
condena. En tal sentido, aduce que se encuentra pendiente de resolver un
recurso de casación en el presente caso, por lo que las resoluciones
judiciales cuestionadas no cumplirían con el requisito de firmeza exigido
por el artículo 9 del Nuevo Código Procesal Constitucional.
La Primera Sala Penal de Apelaciones Permanente de Huancayo de la
Corte Superior de Justicia de Junín, con fecha 6 de diciembre de 202110,
confirma la apelada por similares fundamentos, y por considerar que la
actuación de los jueces demandados no vulneró los derechos invocados
en la demanda.
FUNDAMENTOS
Delimitación del petitorio
1. El objeto de la demanda es que se declare la nulidad de: (i) la
sentencia 37-2018-4°JPU-CSJCÑ/P, Resolución 8, de fecha 26 de
marzo de 2018, que condenó a doña Anita Delicia Andrade Botteri a
cinco años de pena privativa de la libertad efectiva por los delitos de
8 Foja 408.
9 Expediente 05253-2018-0-5001-SU-PE-01.
10 Foja 433.
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homicidio culposo y lesiones graves; y (ii) la sentencia de vista,
Resolución 16, de fecha 30 de julio de 2018, que confirmó la
condena impuesta11. Se denuncia la vulneración de los derechos a la
debida motivación de las resoluciones judiciales, al debido proceso
y a la prueba.
Cuestión previa
2. En el expediente de autos obra una copia de la resolución suprema
de fecha 25 de setiembre de 202012, que declara improcedente el
recurso de casación interpuesto por la favorecida contra la sentencia
de vista que confirmó la condena impuesta en su contra13.
3. Se advierte que la resolución suprema citada es de fecha anterior a
la interposición de la demanda en el presente habeas corpus14. Por
tanto, en contra de lo expuesto por los órganos jurisdiccionales que
conocieron en primera y segunda instancia el presente habeas
corpus, las resoluciones judiciales cuestionadas en el presente caso
sí son firmes, de conformidad con lo prescrito por el artículo 9 del
Nuevo Código Procesal Constitucional.
Sobre aspectos de valoración y suficiencia probatorias
4. La Constitución Política del Perú establece en el artículo 200, inciso
1, que mediante el habeas corpus se protege tanto la libertad
individual como los derechos conexos a ella. No obstante, no
cualquier reclamo que alegue afectación del derecho a la libertad
personal o derechos conexos puede reputarse efectivamente como
tal y merecer tutela, pues para ello es necesario analizar previamente
si tales actos denunciados vulneran el contenido
constitucionalmente protegido del derecho tutelado por el habeas
corpus.
11 Expediente 00027-2017-99-0806-JR-PE-01.
12 Foja 417.
13 Casación 1565-2019 Cañete.
14 23 de julio de 2021.
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5. Este Tribunal, en reiterada jurisprudencia, ha precisado que los
juicios de reproche penal de culpabilidad o inculpabilidad, la
adecuación de una conducta en un determinado tipo penal, la
valoración de las pruebas penales y su suficiencia, así como la
aplicación de casaciones al caso concreto, no están referidos en
forma directa al contenido constitucionalmente protegido del
derecho a la libertad personal y es materia de análisis de la
judicatura ordinaria.
6. En un extremo de la demanda, se alega que en la audiencia de Juicio
Oral de fecha 12 de enero de 2018, se recibió la declaración de don
Edgard Gallardo Bardales, y que también se recibió la declaración
de don Edwin Vargas Cortez, quien ratificó la versión de su
compañero. Se indica que el primero precisó que el Informe Técnico
190-2012-DIVPIAT-UA1-G1 era una pericia y, como tal, debió
asistir como perito, y no como testigo. Se aduce que, al haber ambos
declarado como testigos, no debieron ratificarse ni explicar
conclusiones del citado informe pericial, ya que no fueron ofrecidos
como peritos. Se esgrime que, en la sentencia de primera instancia,
en el acápite “Examen Individual de las Pruebas”, con respecto a
don Oscar Edgard Gallardo Bardales y Edwin Vargas Cortez, se
resaltó el juicio de fiabilidad, utilidad y verosimilitud, pero
participaron como testigos.
7. Se expone en la demanda también que, en la Casación 03-2007-
HUAURA, se estableció que se requiere de una argumentación que
fundamente la declaración de la voluntad del juzgador y que se
atienda al sistema de fuentes normativas establecido. Se alega que el
Informe Policial 190-2012-DIVPIAT-UA1-G1 tampoco podría
considerarse como una pericia, en tanto no cumple lo dispuesto en el
artículo 178 del nuevo Código Procesal Penal. Se refiere también
que lo que debió hacer fiscalía es ofrecer este informe como prueba
documental, a fin de que se dé lectura con arreglo a lo dispuesto por
el artículo 383 del Nuevo Código Procesal Penal. Se sostiene que la
declaración de los mencionados testigos en juicio siguió el
tratamiento previsto en el citado artículo, y no era aplicable lo
dispuesto en su numeral 5 de la sentencia. Se precisa que solo se
valoraron las declaraciones de tales testigos y extraer, si fuera el
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caso, información indirecta del mencionado informe pericial, pero
éste no debió actuarse como prueba actuada en juicio, tal como lo
realizó el órgano de juzgamiento. Se aduce también que la Casación
709-2016-Lambayeque y la Casación 618-2015.Cusco, ratifican la
posición de la parte demandante.
8. Al respecto, este Tribunal aprecia que se cuestionan asuntos que no
corresponde resolver en la vía constitucional, tales como los
alegatos de inocencia, la revaloración de pruebas y su suficiencia,
así como temas de mera legalidad y la aplicación de casaciones al
caso concreto. En tal sentido, en este extremo resulta de aplicación
el artículo 7, inciso 1 del Nuevo Código Procesal Constitucional.
Sobre el derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales
9. El derecho de defensa y el derecho a la motivación de las
resoluciones judiciales forman parte de los principios y derechos que
comprenden el debido proceso y la tutela jurisdiccional efectiva.
Asimismo, dichos derechos están estrechamente vinculados, por
cuanto una adecuada motivación de las resoluciones judiciales no
solo garantiza el ejercicio de la función jurisdiccional, de
conformidad con la Constitución y las leyes15, sino también el
ejercicio efectivo del derecho de defensa.
10. En primer lugar, uno de los contenidos del derecho al debido
proceso es el derecho de obtener de los órganos judiciales una
respuesta razonada, motivada y congruente con las pretensiones
oportunamente deducidas por las partes en cualquier clase de
procesos. “La exigencia ‒dice este Tribunal‒ de que las decisiones
judiciales sean motivadas en proporción a los términos del inciso 5)
del artículo 139 de la Norma Fundamental, garantiza que los jueces,
cualquiera sea la instancia a la que pertenezcan, expresen la
argumentación jurídica que los ha llevado a decidir una controversia,
asegurando que el ejercicio de la potestad de administrar justicia se
haga con sujeción a la Constitución y a la ley; pero también con la
finalidad de facilitar un adecuado ejercicio del derecho de defensa
de los justiciables. En suma, garantiza que el razonamiento
15 Artículos 45 y 138 de la Constitución.
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empleado guarde relación y sea suficiente y proporcionado con los
hechos que al juez penal corresponde resolver”16.
11. En la sentencia recaída en el Expediente 00728-2008-PHC/TC, el
Tribunal Constitucional ha desarrollado el contenido
constitucionalmente protegido del derecho a la debida motivación de
las resoluciones judiciales, precisando que éste se ve vulnerado,
entre otros supuestos, por la inexistencia de motivación o
motivación aparente, que ocurre cuando el juez "no da cuenta de las
razones mínimas que sustentan la decisión o [...] no responde a las
alegaciones de las partes del proceso, o porque solo intenta dar un
cumplimiento formal al mandato, amparándose en frases sin ningún
sustento fáctico o jurídico"17.
12. También se vulnera tal derecho por falta de motivación interna del
razonamiento, que puede suceder "cuando existe incoherencia
narrativa, que a la postre se presenta como un discurso
absolutamente confuso incapaz de transmitir, de modo coherente, las
razones en las que se apoya la decisión".
13. Lo mismo sucede cuando las resoluciones presentan motivación
insuficiente, esto es cuando "la ausencia de argumentos o la
´insuficiencia´ de fundamentos resulta manifiesta a la luz de lo que
en sustancia se está decidiendo".
14. De otro lado, la motivación sustancialmente incongruente se da
cuando la resolución incurre en "desviaciones que supongan
modificación o alteración del debate procesal (incongruencia activa)
[...]. [E]l dejar incontestadas las pretensiones, o el desviar la decisión
del marco del debate judicial generando indefensión, constituye
vulneración del derecho a la tutela judicial y también del derecho a
la motivación de la sentencia (incongruencia omisiva). Y es que,
partiendo de una concepción democratizadora del proceso como la
que se expresa en nuestro texto fundamental (artículo 139, incisos 3
y 5), resulta un imperativo constitucional que los justiciables
obtengan de los órganos judiciales una respuesta razonada, motivada
16 Sentencia emitida en el Expediente 08125-2005-PHC/TC, fundamento 11.
17 Fundamento 7.
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y congruente de las pretensiones efectuadas; pues precisamente el
principio de congruencia procesal exige que el juez, al momento de
pronunciarse sobre una causa determinada, no omita, altere o se
exceda en las peticiones ante él formuladas".
Sobre el derecho de defensa
15. Por otro lado, la Constitución reconoce el derecho de defensa en el
inciso 14 del artículo 139, en virtud del cual se garantiza que los
justiciables, en la protección de sus derechos y obligaciones,
cualquiera que sea su naturaleza, esto es, civil, mercantil, penal,
laboral, etc., no queden en estado de indefensión. De manera que su
contenido constitucionalmente protegido del derecho de defensa
queda afectado cuando, en el seno de un proceso judicial, cualquiera
de las partes resulta impedida por concretos actos de los órganos
judiciales de ejercer los medios necesarios, suficientes y eficaces
para defender sus derechos e intereses legítimos18.
16. El ejercicio del derecho de defensa es de especial relevancia en el
proceso penal. Mediante este derecho se garantiza al imputado, por
un lado, la potestad de ejercer su propia defensa desde el mismo
instante en que toma conocimiento de que se le atribuye la comisión
de un determinado hecho delictivo. Y de otro, el derecho a contar
con defensa técnica, esto es, a elegir un abogado defensor que lo
asesore y patrocine durante todo el tiempo que dure el proceso. En
ambos casos, dichas posiciones iusfundamentales están orientadas a
impedir que toda persona sometida a un proceso penal quede
postrada en estado de indefensión y, por ello, este Tribunal ha
afirmado que forman parte de su contenido constitucionalmente
protegido19.
Sobre el derecho a la prueba
17. Finalmente, sobre el derecho a la prueba, este Tribunal ha tenido la
oportunidad de precisar que “(…) se trata de un derecho complejo
18 Cfr. sentencia emitida en el Expediente 01231-2002-HC/TC, fundamento 2.
19 Cfr. sentencias recaídas en los Expedientes 02028-2004-HC/TC y 02738-2014-
PHC/TC.
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que está compuesto por el derecho a ofrecer medios probatorios que
se consideren necesarios, [el derecho] a que estos sean admitidos,
adecuadamente actuados, [a] que se asegure la producción o
conservación de la prueba a partir de la actuación anticipada de los
medios probatorios y [a] que estos sean valorados de manera
adecuada y con la motivación debida, con el fin de darle el mérito
probatorio que tenga en la sentencia. La valoración de la prueba
debe estar debidamente motivada por escrito, con la finalidad de que
el justiciable pueda comprobar si dicho mérito ha sido efectiva y
adecuadamente realizado”20.
Análisis del caso concreto
18. En el presente caso, se cuestiona la valoración del Informe policial
190-2012-DIVPIAT-UA1-G1, a pesar de que no fue admitido como
medio de prueba ni oralizado en juicio. Al respecto, del análisis del
expediente de autos se advierte lo siguiente:
 Mediante requerimiento acusatorio de fecha 3 de junio de
201521, el Segundo Despacho de Investigación de la Fiscalía
Provincial Penal Corporativa de Mala solicitó la
incorporación como medios probatorios para el inicio del
juicio oral seguido contra la favorecida, entre otros, de: i) las
declaraciones testimoniales de los efectivos policiales Oscar
Edgard Gallardo Bardales y Edwin Vargas Cortés, quienes
elaboraron el Informe técnico 190-2012-DIVPIAT-UIAT-G-
1; y ii) el croquis leyenda-anexo del Informe Técnico 190-
2012-DIVPIAT-UIAT-G-1, en calidad de prueba
documental. Sin embargo, este Tribunal advierte que en
ningún momento se invocó la incorporación formal del
citado Informe Técnico 190-2012-DIVPIAT-UIAT-G-1 de
manera íntegra.
 Se advierte del acta del Índice de Registro de Continuación
de la Audiencia de Control de Acusación de fecha 17 de
20 Cfr. sentencia emitida en el Expediente 06712-2005-HC/TC.
21 Foja 33.
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diciembre de 2015 22 , que el Juzgado de Investigación
Preparatoria de Chilca de la Corte Superior de Justicia de
Cañete emitió la Resolución 13, de fecha 17 de diciembre de
201523. A través de la citada resolución se admitieron los
medios probatorios ofrecidos por el Ministerio Público, entre
los que se encuentran las declaraciones de los efectivos
policiales Oscar Edgard Gallardo Bardales y Edwin Vargas
Cortés. Sin embargo, no se admitió el Informe Técnico 190-
2012-DIVPIAT-UIAT-G-1.
 En el Acta de Auto de Enjuiciamiento, Resolución 14, de
fecha 17 de diciembre de 201524, este Tribunal aprecia que se
admitieron diversos medios probatorios ofrecidos por el
Ministerio Público, entre estos las declaraciones
testimoniales de los efectivos policiales señores Oscar
Edgard Gallardo Bardales y Edwin Vargas Cortez, para que
expliquen las diligencias efectuadas en el lugar de los
hechos, así como las conclusiones del mencionado Informe
técnico 190-2012-DIVPIAT-UIAT-G-1. Sin embargo, se
advierte también que no se admitió el Informe Técnico 190-
2012-DIVPIAT-UIAT-G-1, ni tampoco sus anexos.
 Por su parte, en el citado auto de enjuiciamiento se advierte
también que se admitieron diversos medios probatorios
propuestos por la defensa técnica de la favorecida, entre los
que destaca el examen pericial del perito particular Diómedes
Díaz Pasapera. Su presencia tenía por objeto que “(…)
sustente su pericia y además debata con los instructores (…)
del Informe técnico (ITP) 190-2012-DIVPIAT-UIAT-G-1
para que en forma conjunta puedan argumentar el sustento de
sus pericias e ilustrar a su Despacho de la responsabilidad
materia de instrucción”. Es decir, el abogado de la favorecida
buscaba que se discuta, en el ejercicio de su derecho de
defensa, las diligencias y los resultados del Informe Técnico
22 Foja 45.
23 Foja 48.
24 Foja 50.
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190-2012-DIVPIAT-UIAT-G-1, que determinaba su
responsabilidad en los hechos materia de investigación.
 En la sentencia 37-2018-4°JPU-CSJCÑ/P, de fecha 26 de
marzo de 201825, en el numeral 7 del punto denominado
“ACTUACIÓN PROBATORIA DESARROLLADA EN EL
JUICIO ORAL” se consideró que se actuaron en el juicio
oral las declaraciones testimoniales de los efectivos policiales
Oscar Edgard Gallardo Bardales y Edwin Vargas Cortez, los
exámenes periciales y de un efectivo Policía Nacional del
Perú (PNP), del perito químico, de los peritos ingenieros y de
los médicos legistas y un examen pericial, entre otros. Sin
embargo, no se actuó el Informe Técnico 190-2012-
DIVPIAT-UA1-G1.
 Por su parte, en el numeral 12 de la referida sentencia se
señala, dentro de los hechos probados26, lo siguiente:
(…) se llega a la consideración que existió falta de
dominio en la conductora en el presente caso, porque
después del impacto tiene un despiste sin control de
168.95 metros aproximadamente hasta impactar con
una pared, conforme se corrobora con el informe
técnico 190-2012-DICPIAT-UIATA (sic) [énfasis
agregado].
 Ante la condena emitida en primera instancia, la defensa
técnica de la favorecida formuló su recurso de apelación.
Como se advierte de la sentencia de vista, Resolución 16, de
fecha 30 de julio de 2018, emitida por la Sala Penal de
Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Cañete27, la
favorecida planteó diversos agravios en su recurso de
apelación, entre los que destaca el siguiente28:
a) Vulneración al debido proceso e inadecuada
valoración probatoria, argumenta que en el rubro
25 Foja 58.
26 Foja 75.
27 Foja 87.
28 Numeral 16 de la sentencia, a foja 95.
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valoración conjunta de la prueba el A quo corrobora con
el informe técnico 190-2012-DICPIART-UIATA (sic),
sin embargo en el contradictorio no se actuó ninguna
prueba documental, tampoco ningún perito, por lo que
estamos ante una inadecuada valoración probatoria (…)
el cuestionamiento de la parte apelante radica en la
valoración que se le da a un informe, el cual no ha sido
incorporado ni analizado de manera individual tanto en
el juicio como en la sentencia recurrida.
 Al respecto, la Sala superior demandada desestimó el agravio
cuestionado en los siguientes términos:
(…) En el caso en concreto, tenemos que bajo el título
“Medios de prueba actuados en el juicio-Examen individual de
las Pruebas-Juicio de fiabilidad probatoria”, el juzgador de
instancia ha pasado a explicar cada uno de los medios de
prueba, entre ellas la declaración de Oscar Edgard Gallardo
Bardales y Edwin Vargas Cortez, los cuales ha (sic) sido
analizados bajo los juicios de fiabilidad, utilidad y
verosimilitud, incluso resalta el juicio de valor de utilidad para
la defensa, es en el análisis de estos medios probatorios
testimoniales que se señala ambos testigos en su condición de
efectivos policiales acudieron al lugar del accidente de tránsito
suscitado, y procedieron a redactar el Informe Técnico N° 190,
el cual contiene el desarrollo de todas las diligencias
realizadas, tal así como se ha señalado en el juicio por parte de
estos dos órganos de prueba, atendiendo a que en el auto de
enjuiciamiento se ha admitido a estos medios probatorios
justamente con la finalidad de que expliquen las diligencias
efectuadas en el lugar de los hechos y las conclusiones
arribadas en su informe técnico 190-2012-DIVPAT-UIAT-G-
1, es por ello que el Juzgado ha realizado la valoración
individual de cada uno de ellos, al haber sido introducidos al
debate bajo las garantías procesales legales y luego utilizados
para concluir en la valoración conjunta de los medios de
prueba, aunado a que también se ha considerado las
testimoniales de los efectivos Jesús Artemio Huapaya Caycho
y Edwin Vargas Cortez; es decir que el A quo lo que ha
realizado es una valoración en conjunto de las declaraciones y
las conclusiones a las que arribaron los efectivos policiales,
plasmadas en el informe técnico 190 antes mencionado, lo
cual no reviste de inadecuada valoración probatoria, siendo
errónea la conclusión arribada por la defensa de la
sentenciada.
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19. Luego de la revisión del iter procesal, este Tribunal Constitucional
concluye que la demanda debe ser estimada por las siguientes
consideraciones:
Respecto de la sentencia condenatoria de primera instancia
20. En lo que concierne a la condena impuesta contra la favorecida, la
Sentencia 37-2018-4°JPU-CSJCÑ/P adolece de una falta de
motivación interna de razonamiento. Así, se determina la condena
contra la favorecida sobre la base, entre otros medios probatorios,
del Informe técnico 190-2012-DIVPIAT-UA1-G1. Sin embargo, se
acredita que no fue incorporado al proceso y tampoco fue actuado en
la etapa del juicio oral.
En otros términos, se establece como conclusión del razonamiento
jurídico la condena de la favorecida. Sin embargo, se parte de una
premisa inexistente para la sustentación de la misma, como es el
texto del Informe Técnico 190-2012-DIVPIAT-UA1-G1.
21. Asimismo, la valoración del Informe Técnico 190-2012-DIVPIAT-
UA1-G1 en contra de la beneficiaria, sin que haya sido ofrecido ni
admitido formalmente por el órgano jurisdiccional, vulnera también
el derecho fundamental a la prueba.
22. Adicionalmente, la falta de incorporación del Informe técnico 190-
2012-DIVPIAT-UA1-G1 también vulneró el derecho de defensa de
la favorecida, por cuanto no tuvo la oportunidad de contradecir el
contenido del citado informe, al no haber sido incorporado
formalmente en el proceso penal.
Dicha situación se corrobora con el hecho que la favorecida ofreció
y se le admitió la participación de un perito para poder cuestionar las
diligencias y conclusiones establecidas en el citado Informe técnico
190-2012-DIVPIAT-UA1-G1. Sin embargo, dicho perito nunca tuvo
la oportunidad de poder plantear sus observaciones y
cuestionamientos, en tanto el referido informe nunca fue ofrecido ni
admitido formalmente en el proceso penal, lo que generó una
palmaria indefensión de la beneficiaria. En otras palabras, un medio
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de prueba que no fue ofrecido por las partes, ni admitido por el juez
en la forma que establece la ley procesal penal, no puede ni debe ser
valorado judicialmente, por no haber sido producido, como enfatiza
Bacigalupo, comentando la jurisprudencia constitucional española,
en el juicio oral; y, por lo tanto, obtenido con vulneración de los
principios de oralidad, inmediación, publicidad y contradicción 29,
además de los principios constitucionales de “interdicción de la
arbitrariedad”, “in dubio pro reo” 30 y “derecho de defensa”. Ni
siquiera puede ser admitido a través del proceso mental de la
valoración conjunta de la prueba, debido a que, conforme lo ha
establecido el legislador nacional en el artículo 393.1 del CPP: “El
Juez Penal no podrá utilizar para la deliberación pruebas diferentes a
aquellas legítimamente incorporadas en el juicio”.
Respecto de la sentencia de vista
23. Respecto de la sentencia de vista, Resolución 16, de fecha 30 de
julio de 2018, este Tribunal Constitucional advierte que se configura
un supuesto de motivación insuficiente. Y es que, frente al
cuestionamiento formulado por la favorecida, respecto a la falta de
incorporación del Informe técnico 190-2012-DIVPIAT-UA1-G1, la
Sala superior demandada indicó que: i) el órgano jurisdiccional de
primera instancia realizó una valoración global de todos los medios
probatorios actuados en el proceso penal, incluyendo los testimonios
de los efectivos PNP Oscar Edgard Gallardo Bardales y Edwin
Vargas Cortez; ii) dentro de los testimonios señalados se recogieron
de manera indirecta las conclusiones del Informe técnico 190-2012-
DIVPIAT-UA1-G1.
24. Dicho pronunciamiento, como se advierte, no absuelve de manera
directa la objeción formulada por la favorecida sobre la valoración
del citado informe, a pesar de no haber sido incorporado ni actuado
29 Cfr. Bacigalupo Zapater, Enrique. La impugnación de los hechos probados en la
casación penal, Buenos Aires 1994, p.71. Esta misma regla rige para las llamadas
prueba anticipada y prueba preconstituida. El valor de estas pruebas depende de que
“se haya posibilitado el ejercicio de contradicción” (idem, p. 62). En nuestro medio,
esto sería a través de la etapa procesal llamada lectura de piezas.
30 Idem, p.71.
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dentro del proceso. De otro lado, este Tribunal advierte que, dentro
de los hechos probados, no se sustenta la responsabilidad penal de la
beneficiaria con los testimonios de los efectivos Gallardo Bardales y
Vargas Cortez, sino que se menciona expresamente el texto del
Informe Técnico 190-2012-DIVPIAT-UA1-G131.
25. De lo expuesto se concluye que este extremo de la demanda debe ser
declarado fundado.
Sobre la motivación de la reparación civil impuesta
26. Por otra parte, este Tribunal Constitucional advierte también que las
sentencias condenatorias impuestas a la favorecida adolecen de una
debida motivación también en el extremo referido a la reparación
civil impuesta.
27. De acuerdo con el artículo 159, inciso 1, de nuestra Constitución
Política, concordante con el artículo 1 de la Ley Orgánica del
Ministerio Público, Decreto Legislativo 052, de fecha 18 de marzo
de 1981; y en consonancia con el artículo IV del Título Preliminar
del Código Procesal Penal (CPP), el Ministerio Público es el titular
del ejercicio de la acción penal, encargado, entre otras cosas, de la
función pública de perseguir el delito y la “búsqueda de la
reparación civil”, la misma que es asumida desde el inicio de la
investigación preliminar, y la dirige de manera objetiva, aportando la
prueba de cargo y de descargo, así como formulando en su
momento, de ser el caso, “acusaciones motivadas” (artículo 349,
inciso g) del CPP).
28. El delito, entendido en términos estrictamente jurídico-penales,
como un “injusto culpable” 32, importa o genera siempre un “daño
social”, conforme lo ha reconocido expresamente el legislador
nacional en el art. IV del Título Preliminar del Código Penal, en
donde, siguiendo a la doctrina penal italiana del principio di
offensivita nel diritto penale, se afirma que, de acuerdo con nuestro
31 Ver fundamento 18 de la sentencia.
32 Por todos, Welzel, Hans. Derecho penal alemán, parte general. Traducción de Juan
Bustos Ramírez y Sergio Yáñez Pérez. Santiago de Chile 1993.
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sistema legal, la pena precisa, necesariamente, de la “lesión o puesta
en peligro” de determinados bienes jurídicos penalmente tutelados
(lesividad). No basta con la mera infracción normativa o el simple
incumplimiento de una expectativa ético-social. Tiene que haber
siempre, como ya lo mencionó, una “lesión o puesta en peligro” de
un determinado bien jurídico, en tanto que “esta representa el único
criterio que justifica la intervención del derecho penal, como ultima
ratio”33; más aún si se tiene en cuenta que, según el artículo 92, del
Código Penal, modificado por el artículo 1 de la Ley 30838, de
fecha 4 de agosto del 2018, la reparación civil se determina
conjuntamente con la pena, debido a que se trata de un derecho de
la víctima que, bajo ningún punto de vista, puede ser ignorado por
el juez penal, pues, conforme al artículo 399, inciso 4, del CPP, “la
sentencia condenatoria decidirá también sobre la reparación civil” 34.
Sobre el particular, es importante recordar que, conforme lo dispone
el artículo 69 del Código Penal vigente, la rehabilitación de una
condena se produce no solo con el cumplimiento de la pena o
medida de seguridad impuesta, sino también con la cancelación del
íntegro de la reparación civil. De allí la necesidad de que las
reparaciones civiles impuestas a consecuencia de la comisión de un
delito se encuentren suficientemente motivadas e impongan montos
razonables y directamente proporcionales con el daño cometido,
como parte del debido proceso.
Sentencia de primera instancia
29. De autos se advierte que la parte civil solicitó formalmente que la
beneficiaria otorgue a las víctimas por el daño producido, lo
siguiente: a) a los herederos de doña Elsa Claudia Flores Bernal la
suma de doscientos mil soles y b) a la agraviada doña Otilia Bartola
García Silva de Balderrama la suma de cien mil soles35.
30. Al respecto, el Cuarto Juzgado Penal Unipersonal de Cañete, luego
de evaluar la situación concreta y de determinar la responsabilidad
33 Cfr. Trapani, Mario y Massaro, Antonella; en Temi Penale. Torino 2013.
34 Obsérvese que el Código Procesal Penal no se refiere al caso de la sentencia
absolutoria.
35 Foja 61.
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penal de la favorecida, con respecto a la reparación civil argumentó,
entre otras cosas, lo siguiente36:
(…) 20. En el caso de autos, si bien existe la certeza en
función a la actividad probatoria desplegada el accionar
obedece a un actuar culposo, infringiendo el deber de cuidado
exigido por los propias (sic) normas técnicas inobservadas,
deviene en cierto también que uno de los factores que
contribuyó al resultado fatal imputado a la acusada
corresponde a que la occisa como la lesionada no observaron
el cuidado respectivo, tal y conforme se desprende de lo
vertido por el perito especializado de tránsito al ser examinado
en el juicio oral, debe ser valorado a efecto de fijar el monto
de la Reparación Civil a favor de la parte constituida en Actor
Civil, por cuanto deviene en racional y encuentra coherencia
con el daño irrogado por la comisión del hecho imputado, fijar
el monto antes mencionado en la suma de S/. 10, 000 soles a
favor de los herederos legales de doña Elsa Claudia Flores
Bernal, y de mil soles a favor de la agraviada Otilia Bartola
García Silva (sic).
Sentencia de segunda instancia
31. Por su parte, luego de apelada la sentencia condenatoria, en la
audiencia de apelación la parte civil mostró su conformidad con lo
señalado por el Ministerio Público, solicitando finalmente tener una
“reparación justa”37. Sin embargo, la Sala Penal de Apelaciones de
la Corte Superior de Justicia de Cañete solo procedió a confirmar la
reparación civil impuesta, sin mayor fundamentación sobre el
particular.
Consideraciones del Tribunal Constitucional
32. A criterio de este Colegiado, la sentencia condenatoria y la
resolución de vista que la confirma carece de suficiencia en la
motivación en el extremo referido a la imposición de la reparación
civil. En efecto, las resoluciones bajo análisis presentan los
siguientes vicios:
36 Foja 80.
37 Foja 91.
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a) No ofrecen las razones mínimas indispensables que sustenten la
imposición de la reparación civil otorgada finalmente a los
herederos de la occisa Flores Bernal, así como de la agraviada
García Silva (diez mil y mil soles, respectivamente). Máxime si
estas se constituyeron como parte civil y solicitaron una suma
mucho mayor por el daño ocasionado (doscientos mil y cien mil
soles, respectivamente). En otros términos, no se explica por qué
finalmente se arriba a los montos dinerarios concedidos.
b) Ciertamente, por disposición del artículo 93 del Código Penal, el
contenido de una reparación civil comprende: i) la restitución del
bien o, si no es posible, el pago de su valor; y ii) la
indemnización de los daños y perjuicios. Sin embargo, en el
presente caso no se precisa si los montos finalmente concedidos
son por concepto de restitución del bien y/o por indemnización
por daños y perjuicios.
c) La sentencia de primera instancia se limita a indicar que el daño
sufrido por las víctimas no solo es consecuencia del actuar
culposo de la favorecida, sino también de la conducta negligente
mostrada por aquellas. Mas no se determina en qué grado dicha
negligencia determinó la reducción de lo solicitado inicialmente
por la parte civil.
d) La sentencia de primera instancia se limita a manifestar, de
manera enunciativa, que el monto por concepto de reparación
civil determinado “deviene en racional y encuentra coherencia
con el daño irrogado por la comisión del hecho imputado”. Sin
llevar a cabo un mayor ejercicio lógico que exponga las razones
por las que la imposición del pago de esa suma de dinero resulta,
en efecto, razonable y proporcional, a la luz de lo decidido en el
ámbito penal, en donde como, se ha mencionado, de acuerdo con
la última modificación legal realizada, la reparación es entendida
como un “derecho de la víctima”, que precisa de una nueva
interpretación.
33. Cabe recordar que existen diversos criterios para determinar la
reparación civil, como son el Código Penal (artículo 93 y
siguientes), el Código Civil (de aplicación suplementaria conforme
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lo dispone el artículo 101 del CP.) y diversos acuerdos plenarios,
como el 6-2006/CJ-116 y el 04-2019/CIJ-116, entre otros. Por tanto,
los órganos jurisdiccionales cuentan con parámetros normativos
suficientes que permiten justificar el monto por reparación civil que
corresponda a cada caso concreto.
34. Adicionalmente, este Tribunal considera que resultaba imperativa
una adecuada y suficiente motivación sobre dicho extremo de la
resolución. No solo porque tiene directa implicancia con la
resocialización de la persona que fue finalmente condenada -en tanto
su rehabilitación sólo es posible si cumple con la condena y el pago
íntegro de la reparación civil-, sino también con la satisfacción de
los derechos de las víctimas del delito. En consecuencia, por los
vicios aquí advertidos, también se debe declarar fundada la demanda
en este extremo y nulas las resoluciones judiciales cuestionadas.
35. No obstante, conviene reconocer que, conforme a la última
modificación legal mencionada, la reparación civil es un “derecho
de la víctima” que, por eso mismo, precisa de una interpretación más
acorde con los nuevos lineamientos de la doctrina especializada y de
los principios y valores que inspiran nuestra Constitución, pues
como afirma Albin Eser, “a diferencia del imputado, que en cierto
modo constituye la figura central del procedimiento penal (ya que
todo gira en torno a su culpabilidad o inculpabilidad), el ofendido es,
en el fondo, solamente una figura marginal. En contraste con el
procedimiento civil, en donde el ofendido juega un papel decisivo
como "demandante", en el procedimiento penal él ha sido en gran
parte desplazado por el Ministerio Público. El ofendido, actúa, por
regla general, sólo como testigo del hecho o sus consecuencias”38.
Efectos de la sentencia
36. Al haberse determinado que el Cuarto Juzgado Penal Unipersonal
para delitos de Flagrancia, Omisión a la Asistencia Familiar y
Conducción de Vehículos en Estado de Ebriedad de San Vicente de
38 Eser, Albin. “Acerca del renacimiento de la víctima en el procedimiento penal”.
Traducción de Fabricio Guarilga y Fernando Córdoba, en De los delitos y de las
víctimas. Buenos Aires 2008.
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Cañete y la Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de
Justicia de Cañete han vulnerado de manera general los derechos a la
prueba, a la debida motivación de las resoluciones judiciales y a la
defensa, corresponde que se declare nulas: (i) la Sentencia 37-2018-
4°JPU-CSJCÑ/P, Resolución 8, de fecha 26 de marzo de 2018, que
condenó a la favorecida a cinco años de pena privativa de la libertad
efectiva por los delitos de homicidio culposo y lesiones graves; y (ii)
la Sentencia de Vista, Resolución 16, de fecha 30 de julio de 2018,
que confirmó la precitada sentencia.
37. Asimismo, se deben emitir nuevos pronunciamientos que se
pronuncien por la falta de admisión del Informe Técnico 190-2012-
DIVPIAT-UA1-G1 en el proceso penal subyacente. Además, deberá
motivarse adecuadamente todos los extremos del fallo, incluyendo,
evidentemente, el pago de la reparación civil.
Exhortación sobre la aplicación excepcional de la prisión preventiva
y de la pena privativa de libertad
38. Finalmente, cabe recordar que en la sentencia emitida por el
Tribunal Constitucional en el Expediente 05436-2014-PHC/TC, se
declaró fundada la demanda por haberse vulnerado el derecho a no
ser objeto de un tratamiento carente de razonabilidad y
proporcionalidad respecto de la forma y condiciones en que cumplía
la pena don C.C.B.
39. Asimismo, en dicha sentencia se declaró un estado de cosas
inconstitucional respecto del permanente y crítico hacinamiento de
los establecimientos penitenciarios a nivel nacional y las severas
deficiencias en la capacidad de albergue, calidad de su
infraestructura e instalaciones sanitarias, de salud, de seguridad,
entre otros servicios básicos.
40. Al respecto, el Instituto Nacional Penitenciario viene realizando un
intenso trabajo a fin de reducir los altos índices de hacinamiento que
se presentan en diversos establecimientos penitenciarios a nivel
nacional. Como ha informado recientemente a este Tribunal
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Constitucional39, dentro de las medidas adoptadas se ha determinado
declarar en emergencia a los establecimientos penitenciario Miguel
Castro Castro en Lima y de Chiclayo, a fin de no aumentar el
número de población penitenciaria que actualmente acogen.
41. Por esta razón, el Tribunal Constitucional exhorta a los órganos
jurisdiccionales a aplicar la medida de prisión preventiva y la pena
privativa de libertad de manera excepcional. Estas medidas son
necesarias cuando el daño es intenso, no solo para las víctimas del
delito, sino también para la sociedad en su conjunto, y ello
justificará su aplicación, al no existir otro medio para preservar la
paz social.
42. Por tanto, en situaciones en las que no se advierta esta gravedad, los
órganos jurisdiccionales deben aplicar medidas alternativas a la
prisión preventiva y a la pena privativa de la libertad, previstas en el
ordenamiento jurídico. De esta manera se podrá lograr, con la
cooperación de todos los poderes del Estado, el objetivo de
deshacinamiento carcelario, en concordancia con el principio
constitucional de resocialización del penado a la sociedad.
43. Así también lo ha puesto de relieve la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos en su Informe sobre “Los Derechos Humanos de
las Personas Privadas de Libertad en Las Américas” (2011):
462. La atención efectiva del hacinamiento requiere además que
los Estados adopten políticas y estrategias que incluyan, por
ejemplo: (a) las reformas legislativas e institucionales necesarias
para asegurar un uso más racional de la prisión preventiva, y que
realmente se recurra a esta medida de forma excepcional; (b) la
observancia de los plazos máximos establecidos legalmente para
la permanencia de personas en detención preventiva; (c) la
promoción del uso de medidas alternativas o sustitutivas de la
detención preventiva y de la privación de libertad como pena;
(d) el uso de otras figuras propias del proceso de la ejecución de la
sentencia, como las libertades condicionales, asistidas y las
redenciones de pena por trabajo o estudio; (e) la modernización
39 Oficio N° D000430-2023-INPE-PRE, remitido por el presidente del Instituto
Nacional Penitenciario, Federico Llaque Moya, y que fue recepcionado con fecha 11 de
julio de 2023.
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de los sistemas de administración de justicia de forma tal que se
agilicen los procesos penales; y (f) la prevención de las
detenciones ilegales o arbitrarias por parte de las fuerzas
policiales [énfasis agregado].
44. En esa medida, este Tribunal Constitucional exhorta a que los jueces
y juezas a nivel nacional apliquen la prisión preventiva y la pena
privativa de libertad en situaciones excepcionales, de grave daño
social. Mientras que, en casos de menor entidad, se adopten medidas
alternativas, previstas en la legislación, como pueden, por ejemplo,
en los delitos cometidos por imprudencia y no por dolo. En esta
línea, los acuerdos plenarios podrán ser útiles para garantizar la
uniformidad de criterios y la seguridad jurídica de los ciudadanos.
“El deber de indemnización o resarcimiento es ineludible”, lo cual,
obviamente, se hace más evidente en el ámbito de los delitos
culposos de comisión (como sucede, por ejemplo, en ciertos casos
de lesiones culposas), en donde, muchas veces, una eventual
sentencia condenatoria no desemboca, necesariamente, en la
aplicación de una pena privativa de la libertad de carácter efectivo,
pues es evidente que mucho más urgente que ello es que se activen
los mecanismos reparatorios, conforme se observa en otras
realidades jurídicas, como por ejemplo, en el ámbito del derecho
penal austriaco, en donde el previo pago de la reparación civil
constituye una condicionante del dictado de una pena suspendida o
acceso a beneficio penitenciario, pues la preservación de la vida y la
libertad humana son los valores más importantes de nuestra
sociedad 40.
Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad
que le confiere la Constitución Política del Perú,
HA RESUELTO
1. Declarar FUNDADA la demanda en lo que se refiere a la afectación
de los derechos a la debida motivación de resoluciones judiciales, a
40 En este sentido, Eser, Albin, “Acerca del renacimiento de la víctima en el
procedimiento penal”. Traducción de Fabricio Guarilga y Fernando Córdoba, en De los
delitos y de las víctimas. Buenos Aires 2008.
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la defensa y a la prueba. Por ende, NULAS: (i) la Sentencia 37-
2018-4°JPU-CSJCÑ/P, Resolución 8, de fecha 26 de marzo de 2018
(f. 58), que condenó a la favorecida a cinco años de pena privativa
de la libertad efectiva por los delitos de homicidio culposo y lesiones
graves; y (ii) la sentencia de vista, Resolución 16, de fecha 30 de
julio de 2018 (f. 87), que confirmó la precitada sentencia
(Expediente 00027-2017-99-0806-JR-PE-01).
2. ORDENAR al Cuarto Juzgado Penal Unipersonal para Delitos de
Flagrancia, Omisión a la Asistencia Familiar y Conducción de
Vehículos en Estado de Ebriedad de San Vicente de Cañete, que
emita nuevo pronunciamiento, conforme a lo expresado en la
presente sentencia.
3. DECLARAR doctrina jurisprudencial vinculante los fundamentos
32 a 35 de la presente sentencia.
4. Declarar IMPROCEDENTE la demanda respecto a expuesto en los
fundamentos 4 a 8, supra.
Publíquese y notifíquese.
SS.
MORALES SARAVIA
PACHECO ZERGA
GUTIÉRREZ TICSE
DOMÍNGUEZ HARO
OCHOA CARDICH
PONENTE PACHECO ZERGA
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VOTO SINGULAR DEL MAGISTRADO
MONTEAGUDO VALDEZ
Con el debido respeto por la decisión adoptada en mayoría, emito el presente voto
singular en base a las razones que a continuación expongo:
1. El objeto de la demanda es que se declare la nulidad de (i) la sentencia 37-2018-
4°JPU-CSJCÑ/P, Resolución 8, de fecha 26 de marzo de 2018, que condenó a doña
Anita Delicia Andrade Botteri a cinco años de pena privativa de la libertad efectiva
por los delitos de homicidio culposo y lesiones graves; y (ii) la sentencia de vista,
Resolución 16, de fecha 30 de julio de 2018, que confirmó la condena impuesta. Se
alega la vulneración del derecho a la debida motivación de las resoluciones
judiciales, al debido proceso y a la prueba.
2. La razón medular por la que de acuerdo a la sentencia en mayoría en el caso se ha
producido una violación a los derechos fundamentales a la debida motivación, a la
prueba y a la defensa de la beneficiaria, es porque a pesar de que el Informe
Técnico 190-2012-DIVPIAT-UIAT-G-1, elaborado por los efectivos PNP Óscar
Edgardo Gallardo Bardales y Edwin Vargas Cortés, no fue admitido como prueba
documental para efectos de su actuación en el juicio oral, su contenido, junto con
otros factores, fue considerado como un elemento corroborador del delito en la
sentencia condenatoria de primera instancia.
3. Ahora bien, lo que a mi juicio pierde de vista la sentencia en mayoría es que las que
sí fueron admitidas, entre otros medios probatorios, para ser actuadas en el juicio
oral fueron las declaraciones de los referidos efectivos policiales, a efectos de que
“expli[quen] las diligencias efectuadas en el lugar de los hechos y las conclusiones
arribadas en su Informe técnico 190-2012-DIVPIAT-UIAT-G-1” (fojas 48 – 49).
4. Es así que en el juicio oral se produce la declaración del efectivo PNP Óscar
Edgardo Gallardo Bardales, quien fue considerado por el juzgador un testigo fiable,
útil y verosímil. En dicha declaración
“…dijo que es Oficial de la Policía Nacional del Perú, [que] labora en la Unidad de
Investigación de Accidentes de Tránsito, [y] que el dos de mayo del dos mil doce se
constituyó al distrito de Chilca, conjuntamente con el Equipo Móvil de Investigación
(EMI), (…) constituido por el Jefe de EMI que es el investigador, el Jefe de Grupo, el
Fotógrafo y el Planimetrista, (…) por haber ocurrido un accidente de tránsito con
consecuencia fatal en la Corretera Panamericana Sur, específicamente en la vía con
dirección de Sur a Norte, y con el fin de determinar las causas del accidente, se estableció
que es una vía rectiplana de la Panamericana Sur donde hay un paradero denominado
Salinas, que tiene colindante una zona de tierra, seguido de un muro de concreto, respecto a
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los riesgos más importante señaló que era una vía rápida, con iluminación nula, las
mediciones en el lugar fueron realizadas por el planimetrista, el mismo que se encarga de
realizar el croquis o plano a escala; como producto de esas diligencias se emitió el Informe
Técnico N° 190, que constituye un apoyo para la elaboración del Atestado Policial, en
aquel informe se concluyó (…) como factor predominante (causa principal del accidente)
(…) la acción de la UT2 y UT3 (peatones), al no percibir el acercamiento de la UTl
(vehículo), para cruzar la vía, infringiendo el artículo 73" del Reglamento Nacional de
Tránsito, porque las agraviadas debieron cruzar por donde hay un acceso subterráneo o un
puente, y el factor contributivo (coadyuva la materialización del accidente) era la velocidad
sobre la que se conducía el vehículo, la conductora infringió el artículo 90° literal b) del
Reglamento Nacional de Tránsito, tomándose en consideración el riesgo de la vía como la
iluminación nula, e infringió también el artículo 160° del mismo reglamento, ya que toda
persona tiene el deber de conducir un vehículo de tal manera que pueda tener dominio del
mismo, para controlar y prevenir accidentes, se llega a la consideración que existió falta de
dominio en la conductora en el presente caso, porque después del impacto tiene un despiste
sin control de 168.95 metros aproximadamente hasta impactar con una pared” (fojas 327).
5. Asimismo, se produce la declaración del efectivo PNP Edwin Vargas Cortés, quien
también fue considerado por el juzgador un testigo fiable, útil y verosímil. En dicha
declaración afirmó
“…que de acuerdo a la posición final del vehículo quedó en el lindero de propiedad, es
decir, existió una fuerza de resistencia con lo UT4, con lo cual se evidencia que la
velocidad era superior a lo informado por la conductora, ya que dijo en resumen que es
efectivo de la Policía Nocional del Perú, labora en la Unidad de Investigación de
Accidentes de Tránsito, el dos de moyo del dos mil doce era Jefe de un Equipo que
investiga accidentes de tránsito [y] a solicitud del Ministerio Público en coordinación con la
Comisaría de Chilca, se constituyó al distrito de Chilca con el fin de realizar un proceso de
investigación y elaborar el Informe Técnico respectivo, se realizó una Inspección Técnico
Policial con relación a todas las evidencias que se mantenían en el lugar, se hizo un estudio
de la vía, se hizo un estudio del vehículo que estaba en la Comisaría, se hizo la medición de
la vía, localizándose el punto de impacto, el desplazamiento y el punto final o posición
final: el impacto se produjo o la altura del paradero Las Salinas, que estaba constituido por
un armazón (estructura y bases de concreto) que aparentaba un paradero, se ubicó unas
huellas de surco de unos 17 o 18 metros, el vehículo asumía una trayectoria en diagonal
derecha hasta el lindero de propiedad (pared), que se denominó UT4, que tenía fragmentos
de ladrillos a inmediaciones, la vía era recta y plana, presentaba dos calzados de asfalto,
con capacidad para dos carriles, divididas por un separador central de tipo cuneta,
presentaba secciones de berma, al lado derecho estaba el paradero seguido de una amplia
zona de tierra, luego el lindero de propiedad, no había demarcación sobre otro dispositivo
de control de tránsito, la distancia entre el punto de impacto y el punto final era de
aproximadamente 168 metros, se emitió un Informe Técnico, se adjuntó un plano
ilustrativo a escala que contiene la secuencia del evento y todas las medidas de la vía,
dentro del informe se llegó a establecer como factor predominante (causa principal del
accidente) que las peatones UT2 y UT3, que por la avanzada edad, la premura, tuvieron un
mal cálculo de velocidad y aproximación del vehículo e ingresaron a la vía exponiéndose al
impacto, infringiendo el artículo 73° del Reglamento Nacional de Tránsito: asimismo la
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UTl (vehículo), generó un factor contributivo (causo secundaria del accidente), al infringir
el artículo 90° literal b) del citado reglamento, que es manejar con cuidado y precaución, y
el artículo 160° donde se señala que el conductor no debe conducir a una velocidad mayor a
la razonable y prudente, bajo las consideraciones de transitabilidad existentes en la vía,
debiendo considerar riesgos presentes o posibles, en el presente caso se presentaban dos
condiciones específicas de riesgo, la falta de iluminación artificial en la vía y la presencia
de un paradero, ya que por uso y costumbre los persones hacen uso de la vía de un
momento a otro, un paradero se convierte en un foco atractor peatonal tanto de pasajeros o
peatones que cruzan de un extremo a otro de lo vío, en el caso no se determinó la velocidad
numéricamente, sólo se trabajó la velocidad en base a esas condiciones de riesgo, había una
velocidad advertida de 100 kilómetros por hora, que es la que expuso la conductora en su
manifestación, pero habían unos cálculos en función a la distancia que no se ajustaban, el
tiempo de reacción en el frenado es de ¾ de segundo, la posición final del vehículo quedó
en el lindero de propiedad, pero debe entenderse que esa pared es el obstáculo que encontró
el vehículo y evitó que avance más, es decir existió una fuerza de resistencia con la UT4,
con lo cual se evidencia que la velocidad era superior a lo informado por la conductora”
(fojas 328 – 329).
6. Así pues, resulta evidente que, más allá de que el Informe Técnico 190-2012-
DIVPIAT-UIAT-G-1 no haya sido admitido y oralizado como prueba documental
en el juicio oral, su contenido sí fue incorporado en la deliberación del proceso, en
este caso, a través de la declaración de sus autores, a saber, los efectivos PNP Óscar
Edgardo Gallardo Bardales y Edwin Vargas Cortés.
7. De manera tal que, en contraposición a lo señalado en la sentencia en mayoría, el
hecho de que en el numeral 12 de la sentencia condenatoria se señale dentro de los
hechos probados “que existió falta de dominio en la conductora en el presente caso,
porque después del impacto tiene un despiste sin control de 168.95 metros
aproximadamente hasta impactar con una pared, conforme se corrobora con el
informe técnico 190-2012-DICPIAT-UIATA” (fojas 75), en modo alguno puede ser
considerado como una violación de los derechos a la debida motivación, a probar o
de defensa. Y es que resulta evidente que dicha mención al Informe es
consecuencia de la constitucionalmente válida incorporación de su contenido en el
juicio oral a través de la declaración de sus autores.
8. En ese sentido, el razonamiento contenido en la sentencia de segunda instancia al
desestimar el planteamiento formulado en el recurso de apelación sobre este
menester, resulta plenamente justificado. En efecto, en ella se argumentó lo
siguiente:
“En el caso en concreto, tenemos que bajo el título ‘Medios de prueba actuados en el
juicio-Examen individual de las Pruebas-Juicio de fiabilidad probatoria’, el juzgador de
instancia ha pasado a explicar cada uno de los medios de prueba, entre ellas la
declaración de Oscar Edgardo Gallardo Bardales y Edwin Vargas Cortez, los cuales ha
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JUNÍN
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(sic) sido analizados bajo los juicios de fiabilidad, utilidad y verosimilitud, incluso
resalta el juicio de valor de utilidad para la defensa, es en el análisis de estos medios
probatorios testimoniales que se señala ambos testigos en su condición de efectivos
policiales acudieron al lugar del accidente de tránsito suscitado, y procedieron a redactar
el Informe Técnico N° 190, el cual contiene el desarrollo de todas las diligencias
realizadas, tal así como se ha señalado en el juicio por parte de estos dos órganos de
prueba, atendiendo a que en el auto de enjuiciamiento se ha admitido a estos medios
probatorios justamente con la finalidad de que expliquen las diligencias efectuadas en el
lugar de los hechos y las conclusiones arribadas en su informe técnico 190-2012-
DIVPAT-UIAT-G-1, es por ello que el Juzgado ha realizado la valoración individual de
cada uno de ellos, al haber sido introducidos al debate bajo las garantías procesales
legales y luego utilizados para concluir en la valoración conjunta de los medios de
prueba, aunado a que también se ha considerado las testimoniales de los efectivos Jesús
Artemio Huapaya Caycho y Edwin Vargas Cortez; es decir que el A quo lo que ha
realizado es una valoración en conjunto de las declaraciones y las conclusiones a las que
arribaron los efectivos policiales, plasmadas en el informe técnico 190 antes
mencionado, lo cual no reviste de inadecuada valoración probatoria, siendo errónea la
conclusión arribada por la defensa de la sentenciada” (fojas 395).
9. Así, a diferencia de lo que se sostiene en la sentencia en mayoría, esta
fundamentación no constituye una “motivación insuficiente”. A la luz del contenido
protegido del derecho fundamental a la prueba y del derecho fundamental a la
defensa, resulta constitucionalmente irrelevante la forma cómo el contenido de un
medio probatorio es incorporado al juicio, lo importante es incorporarlo si resulta
pertinente sea para la exculpación, sea para la condena, y, desde luego, dar la
oportunidad de ser rebatido por la parte contraria.
10. En ese sentido, llama poderosamente la atención que en el fundamento 22 de la
sentencia en mayoría se afirme expresamente que el perito de parte “nunca tuvo la
oportunidad de poder plantear sus observaciones y cuestionamientos, en tanto el
referido informe nunca fue ofrecido ni admitido formalmente en el proceso penal,
generando una palmaria indefensión de la beneficiaria”. Y es que en la sentencia
condenatoria se señala que el perito de parte Diómedes Díaz Pasapera afirmó
expresamente que daba a conocer sus conclusiones técnicas “luego de analizar el
Informe Policial N° 052 formulado por la Comisaría Distrital de Chilca y el
Informe Técnico N° 190 formulado por la Unidad de Investigación de Accidentes
de Tránsito de Lima” (fojas 332). Asunto distinto es que la información pericial que
ofreció fue desestimada por la jurisdicción penal al no sobrepasar el juicio de
fiabilidad, “por ser una declaración rodeada de algunos argumentos subjetivos que
vislumbran una sospechosa justificación de los actos ejecutados por la acusada
durante el evento y obviamente no generan ningún tipo de confianza sobre la
imparcialidad del pronunciamiento emitido, por lo que debe ser desestimada la
información pericial ofrecida” (fojas 333).
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11. En definitiva, la valoración del contenido del Informe Técnico 190-2012-
DIVPIAT-UIAT-G-1, por vía de la declaración de sus autores, no constituye
violación constitucional alguna, máxime si se tiene en cuenta que no fue el único
elemento de juicio que se tuvo en consideración para la condena, pues, entre otros,
también fueron considerados el examen del perito respecto al Peritaje Técnico de
Constatación de Daños 136, el Dictamen Pericial Físico Químico 1283/12, el
Informe Pericial de Necropsia Médico Legal 001609-2012 y el Certificado Médico
Legal 001059-PF-AR.
12. Finalmente, no suscribo los fundamentos contenidos en la sentencia en mayoría
relacionados con los supuestos vicios en los que incurrirían las sentencias penales
cuestionadas en lo relativo a la fijación de la reparación civil, pues no es un asunto
que haya sido planteado en la demanda o en su contestación, ni tampoco que haya
sido objeto de debate en el presente proceso. En ese sentido, constituye un
pronunciamiento extrapetita.
Por estas consideraciones, mi voto es por declarar INFUNDADA la demanda.
S.
MONTEAGUDO VALDEZ