Sala Segunda. Sentencia 715/2023
EXP. N.° 03759-2022-PHC/TC
LAMBAYEQUE
JORGE LUIS PÉREZ ZULUETA,
representado por CARLOS ALBERTO
TORRES SÁNCHEZ -ABOGADO
SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
En Lima, a los 19 días del mes de julio de 2023, la Sala Segunda del
Tribunal Constitucional, integrada por los magistrados Gutiérrez Ticse,
Morales Saravia y Domínguez Haro, ha emitido la presente sentencia. El
magistrado Gutiérrez Ticse emitió fundamento de voto, el cual se agrega.
Los magistrados intervinientes firman digitalmente en señal de conformidad
con lo votado.
ASUNTO
Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Carlos Alfredo
Torres Sánchez, abogado de don Jorge Luis Pérez Zulueta, contra la
Resolución 71, de fecha 30 de junio de 2022, expedida por la Sala
Descentralizada Mixta y de Apelaciones de Jaén de la Corte Superior de
Justicia de Lambayeque, que declaró infundada la demanda de habeas
corpus de autos.
ANTECEDENTES
Con fecha 13 de enero de 2022, don Jorge Luis Pérez Zulueta
interpone demanda de habeas corpus2 contra doña Esmeralda Guisella
Carlos Peralta, juez del Segundo Juzgado Penal Unipersonal de Jaén, y los
señores Pisfil Capuñay, Espinoza Polo y Bravo Hidalgo, magistrados de la
Sala Descentralizada Mixta y de Apelaciones de Jaén de la Corte Superior
de Justicia de Lambayeque. Denuncia la vulneración de los derechos al
debido proceso, a la prueba, de defensa, a la debida motivación de las
resoluciones judiciales, a la libertad personal y del principio de presunción
de inocencia.
Solicita que se declaren nulas (i) la sentencia contenida en la
Resolución 53, de fecha 7 de agosto de 2017, que lo condenó como autor del
delito de hurto agravado y le impuso cuatro años de pena privativa de la
libertad con carácter efectivo; y (ii) la sentencia de vista, Resolución 10,4 de
fecha 9 de mayo de 2018, que confirmó la precitada sentencia
1 F. 284 del expediente
2 F. 3 del expediente
3 F. 50 del expediente
4 F. 60 del expediente
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condenatoria5; y que, en consecuencia, se ordene la realización de un nuevo
juicio oral y se levanten las órdenes de ubicación y captura dictadas en su
contra.
El recurrente refiere que en el acta de intervención policial se
consigna que se intervino al que ingresó junto con él a hurtar el celular en
un mototaxi azul y no en una motocicleta, como declara el agraviado
(proceso penal) en su denuncia verbal. Sin embargo, el fiscal en el
requerimiento acusatorio cambia la acusación con el fin de inculparlo y de
que sea procesado pese a ser inocente.
Afirma que no tiene vinculación alguna con el hecho delictivo y que
fue intervenido cuando realizaba una carrera de mototaxi a don Dilmer Eli
Mundaca Ramos, sin tener conocimiento de que esta persona, horas antes,
había cometido el delito; que el hecho delictivo se produjo a las 20:12 horas
y que él fue intervenido a las 23 horas del 17 de diciembre de 2016, por lo
que cómo se puede probar que estuvo en el lugar de los hechos a la hora
indicada para ser considerado coautor o partícipe en el hecho delictivo.
Manifiesta que sus características físicas no coinciden con las
características señaladas en la denuncia, ni con las consignadas en el
requerimiento de acusación. Aduce que el órgano jurisdiccional emplazado
no tuvo en cuenta que el agraviado (proceso penal) solo reconoció a su
coacusado, don Dilmer Eli Mundaca Ramos, como la persona que le hurtó
el teléfono celular, pero que a él no lo reconoció. Además, el fiscal señala
que hay un acta de visualización del video, pero el video no se encuentra en
el expediente, ni en la fiscalía, ni lo tiene la policía; es decir, que ese video
no existe. Añade que no se actuaron correctamente los medios de prueba
necesarios para tener la certeza de que él hubiera participado del hecho
ilícito, ni mucho menos que sea responsable del delito de hurto agravado por
el que fue condenado y que, pese a ello, le impusieron cuatro años de pena
privativa de la libertad efectiva.
El Tercer Juzgado Penal Unipersonal de Puno, mediante Resolución
1-20216, de fecha 6 de agosto de 2021, declaró improcedente in limine la
demanda, por estimar que el proceso constitucional de habeas corpus no
debe ser utilizado como vía indirecta para revisar una decisión jurisdiccional
final, en la medida en que esta implica un juicio de reproche penal
5
Expediente 01615-2016-80-1703-JR-PE-02
6 F. 159 del expediente
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sustentado en actividades investigativas y de valoración de pruebas, pues
estos ámbitos son de exclusiva competencia de la jurisdicción penal
ordinaria.
La Sala Penal de Apelaciones en adición Sala Penal Liquidadora de la
Corte Superior de Justicia de Puno, mediante Resolución 47, de fecha 28 de
octubre de 2021, declaró nula la Resolución 1-2021 y dispuso que el
juzgado de origen tramite la presente demanda conforme a la norma
procesal constitucional vigente.
El Tercer Juzgado Penal Unipersonal de Puno por Resolución 5, de
fecha 2 de diciembre de 20218, dispuso la remisión de los actuados a la
Mesa de Partes para su ingreso al órgano jurisdiccional competente.
El Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Puno mediante
Resolución 6-20219, de fecha 23 de diciembre de 2021, resolvió derivar los
actuados al Juzgado de Investigación Preparatoria de Jaén de la Corte
Superior de Justicia de Lambayeque.
El Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Jaén, mediante
Resolución 110, de fecha 14 de enero de 2022, admitió a trámite la
demanda.
El Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Jaén mediante
sentencia contenida en la Resolución 311, de fecha 3 de marzo de 2022,
declaró infundada la demanda, por estimar que los jueces demandados, para
expedir la sentencia condenatoria y su confirmatoria, hicieron un examen
de razonabilidad; que dichas sentencias se emitieron acorde a derecho y que
en ellas se expresa de manera racional y razonada los motivos que justifican
las decisiones adoptadas, las cuales obedecen a un razonamiento objetivo y
que se corresponde con la prueba acumulada durante el juicio. Añade que,
durante las incidencias del juicio oral, el recurrente, que contaba con
defensa particular, aceptó los cargos formulados en su contra y se acogió a
la conclusión anticipada del juicio, lo que motivó que se le rebajara un
sétimo de la pena, pero que el hecho de contar con un antecedente penal
motivó que esta fuera de carácter efectivo. Finalmente, indica que el propio
7 F. 186 del expediente
8 F. 196 del expediente
9 F. 200 del expediente
10 F. 203 del expediente
11 F. 254 del expediente
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comportamiento del acusado —aceptar los cargos formulados y
debidamente corroborados— trajo como consecuencia el resquebrajamiento
del principio constitucional de presunción de inocencia y, por ende, la
imposición de una sentencia condenatoria.
La Sala Descentralizada Mixta y de Apelaciones de Jaén de la Corte
Superior de Justicia de Lambayeque confirmó la apelada por similares
fundamentos. Considera que el recurrente no ha quedado satisfecho con la
pena impuesta, por lo que mediante el presente proceso busca declarar la
nulidad de una sentencia que tiene calidad de cosa juzgada, con la seguridad
de que, en un eventual nuevo juicio oral, va a lograr una pena inferior a la
impuesta, sin reparar en que los cuestionamientos que realiza a la valoración
errónea de las pruebas penales, entre otros, exceden el objeto de los
procesos constitucionales de la libertad personal por constituir alegatos de
carácter legal cuyo análisis le concierne a la judicatura ordinaria.
FUNDAMENTOS
Delimitación del petitorio
1. La presente demanda tiene por objeto que se declaren nulas: (i) la
sentencia contenida en la Resolución 5, de fecha 7 de agosto de 2017,
que condenó a don Jorge Luis Pérez Zulueta como autor del delito de
hurto agravado y le impuso cuatro años de pena privativa de la libertad
con carácter efectivo; y (ii) la sentencia de vista, Resolución 10, de
fecha 9 de mayo de 2018, que confirmó la precitada sentencia
condenatoria12; y que, en consecuencia, se ordene la realización de un
nuevo juicio oral y se levanten las órdenes de ubicación y captura
dictadas en su contra.
2. Se alega la vulneración de los derechos al debido proceso, a la prueba,
de defensa, a la debida motivación de las resoluciones judiciales, a la
libertad personal y del principio de presunción de inocencia.
Análisis de la controversia
3. La Constitución Política del Perú establece en su artículo 200, inciso 1,
que mediante el habeas corpus se protege tanto la libertad individual
12
Expediente 01615-2016-80-1703-JR-PE-02.
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como los derechos conexos a ella; no obstante, no cualquier reclamo que
alegue afectación del derecho a la libertad personal o a los derechos
conexos puede reputarse efectivamente como tal y merecer tutela, pues
para ello es necesario analizar previamente si tales actos denunciados
vulneran el contenido constitucionalmente protegido del derecho
tutelado por el habeas corpus.
4. El Tribunal Constitucional ha señalado en reiterada jurisprudencia que la
competencia para dilucidar la responsabilidad penal, la valoración de
medios probatorios y su subsistencia, así como la determinación de la
pena es de la judicatura ordinaria, puesto que el proceso constitucional
de habeas corpus no debe ser utilizado como vía indirecta para revisar
una decisión jurisdiccional final que implica un juicio de reproche penal
sustentado en actividades investigadoras y de valoración de pruebas, las
cuales determinan la pena a imponer conforme a los límites mínimos y
máximos establecidos en el Código Penal.
5. De los cuestionamientos de la demanda este Tribunal aprecia que, aun
cuando se invoca la tutela de los derechos a la debida motivación de las
resoluciones judiciales y de defensa, así como del principio de
presunción de inocencia, lo que en realidad se pretende es que se lleve a
cabo un reexamen de la sentencia condenatoria y de su confirmatoria.
En efecto, se alega la inocencia de don Jorge Luis Pérez Zulueta; que los
medios de prueba no se han actuado correctamente; que sus
características físicas no coinciden con las señaladas por el agraviado en
la denuncia policial; que a quien reconoció fue a su coprocesado
Mundaca Ramos; que fue intervenido cuando realizaba una carrera de
mototaxi a su coprocesado sin tener conocimiento de que esta persona,
horas antes, había cometido el delito, y que no se puede probar que
estuvo a la hora y en el lugar de los hechos para ser considerado coautor
o partícipe en el hecho delictivo. Sin embargo, pese a que se requiere de
una evaluación de las pruebas, se pretende que se emita un
pronunciamiento sobre su falta de responsabilidad penal, la cual ha sido
determinada en la sentencia de fecha 7 de agosto de 2017 y en su
confirmatoria, sentencia de vista de 9 de mayo de 2018, cuyo reexamen
no corresponde a la judicatura constitucional.
6. Por consiguiente, dado que la reclamación del recurrente no está referida
al contenido constitucionalmente protegido del derecho tutelado por el
habeas corpus, resulta de aplicación el artículo 7, inciso 1), del Nuevo
Código Procesal Constitucional.
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Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le
confiere la Constitución Política del Perú,
HA RESUELTO
Declarar IMPROCEDENTE la demanda.
Publíquese y notifíquese.
SS.
GUTIÉRREZ TICSE
MORALES SARAVIA
DOMÍNGUEZ HARO
PONENTE DOMÍNGUEZ HARO
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FUNDAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO
GUTIÉRREZ TICSE
Sin perjuicio de suscribir la ponencia, considero relevante hacer las
siguientes precisiones en cuanto a la posibilidad de ejercer un control
constitucional de la prueba.
1. Si bien coincidimos con el sentido del fallo, no estamos de acuerdo
con lo señalado en el fundamento 4, en donde se afirma que no le
compete a la justicia constitucional conocer agravios que guarden
relación con la valoración probatoria.
2. Disentimos por cuanto una improcedencia sustentada exclusivamente
en el hecho de una supuesta indemnidad probatoria se contrapone con
lo dispuesto por el artículo 9 del Nuevo Código Procesal
Constitucional, que expresamente señala como objeto de tutela el
derecho “a probar”.
3. En virtud de lo expresado, los argumentos expuestos por cualquier
beneficiario que invoque tutela constitucional deben ser analizados
con el mayor detalle posible para determinar si hay razones, o no, para
controlar el aludido derecho “a probar” y, solo en caso sea evidente la
irrelevancia del control constitucional de la prueba, se debe optar por
su improcedencia.
4. En el presente caso, si bien se invocan los derechos a la debida
motivación de las resoluciones judiciales, de defensa, entre otros, la
argumentación a que se hace referencia en el fundamento 5, que
contiene un cuestionamiento a que los medios de prueba no se han
actuado correctamente, no supone una suficiente relevancia
constitucional que permita a este colegiado emitir una sentencia de
fondo con relación a dichas alegaciones; siendo esa la razón concreta
por la que se declara improcedente la presente causa.
S.
GUTIÉRREZ TICSE