Sala Segunda. Sentencia 384/2024
EXP. N.º 00290-2023-PA/TC
JUNÍN
ALEJANDRO MATAMOROS TUNQUE
RAZÓN DE RELATORÍA
La sentencia emitida en el Expediente 00290-2023-PA/TC es aquella que
resuelve:
Declarar INFUNDADA la demanda.
Dicha resolución está conformada por el voto del magistrado Morales
Saravia, y los votos de los magistrados Ochoa Cardich y Hernández Chávez,
quienes fueron convocado para dirimir la discordia suscitada en autos.
Se deja constancia de que los magistrados concuerdan con el sentido del
fallo y que la resolución alcanza los tres votos conformes, tal como lo prevé
el artículo 11, primer párrafo, del Reglamento Normativo del Tribunal
Constitucional en concordancia con el artículo 5, cuarto párrafo, de su Ley
Orgánica. Asimismo, se acompaña los votos singulares emitidos por los
magistrados Gutiérrez Ticse y Domínguez Haro.
La secretaria de la Sala Segunda hace constar fehacientemente que la
presente razón encabeza los votos antes referidos, y que los magistrados
intervinientes firman digitalmente al pie de ella en señal de conformidad.
Lima, 25 de marzo de 2024.
SS.
MORALES SARAVIA
GUTIÉRREZ TICSE
DOMÍNGUEZ HARO
OCHOA CARDICH
HERNÁNDEZ CHÁVEZ
Miriam Handa Vargas
Secretaria de la Sala Segunda
EXP. N.º 00290-2023-PA/TC
JUNÍN
ALEJANDRO MATAMOROS TUNQUE
VOTO DEL MAGISTRADO MORALES SARAVIA
ASUNTO
Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Alejandro
Matamoros Tunque contra la sentencia de fojas 206, de fecha 24 de octubre
de 2022, expedida por la Sala Civil Permanente de Huancayo de la Corte
Superior de Justicia de Junín, que declaró fundada en parte la demanda de
amparo de autos.
ANTECEDENTES
El demandante, con fecha 10 de marzo de 2022, interpone demanda
contra la Oficina de Normalización Previsional (ONP) mediante la cual
solicita que se emita una nueva resolución administrativa que disponga
proceder al recálculo de su pensión de renta vitalicia conforme al Decreto
Ley 18846, sobre la base de la remuneración vigente a la fecha de la
contingencia, esto es, la fecha de emisión del certificado médico (24 de
febrero de 1997), y no la remuneración que percibió al culminar su relación
laboral en la actividad minera, más el pago de los reintegros, los intereses
legales y los costos del proceso.
La entidad emplazada contesta la demanda. Alega que el proceso de
amparo no es la vía idónea para ventilar la pretensión, en la medida en que
no permite la actuación de los medios probatorios. Sostiene que el
demandante no ha presentado documentación idónea (boletas de pago); que
se requiere conocer el grado de invalidez que padece, con base en qué
sueldo se calculó su remuneración, cuál fue la forma de cálculo utilizada y
qué fundamento legal le fue aplicable, circunstancias que presuponen la
actuación de medios probatorios, y que en el expediente administrativo no
obra ninguna boleta de pago relacionada con el monto aludido para nuevo
cálculo. Menciona que se adjunta una hoja de liquidación de un centro
educativo, información que en todo caso servirá para obtener una pensión
del régimen del Decreto Ley 19990 y que no puede ser utilizada para el
cálculo de una renta vitalicia.
El Quinto Juzgado Especializado en lo Civil de Huancayo, con fecha 5
de mayo de 20221, declaró infundada la demanda, con el argumento de que
las remuneraciones que el demandante pretende que se apliquen al cálculo
1 F. 155
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de su pensión corresponden a las labores prestadas como profesor de aula en
una escuela estatal, sin tener en cuenta que dicha labor no es una actividad
de riesgo, por lo que dicha remuneración no puede ser utilizada para el
cálculo de la pensión vitalicia.
La Sala superior competente revocó la apelada y declaró fundada en
parte la demanda, por considerar que la ONP calculó la renta vitalicia sin
tener en consideración las Sentencias del Tribunal Constitucional emitidas
en los Expedientes 01186-2013-PA/TC y 203-2021-PA/TC. Asimismo, la
Sala estima que la fecha de contingencia es la fecha de emisión del dictamen
médico (24 de febrero de 1997). En ese sentido, manifiesta que se generó un
adeudo por parte del demandante, así como un pago en exceso debido a que
errores imputables a la demandada y que, por tanto, debe efectuarse la
compensación correspondiente de lo que ha cobrado en exceso conforme al
precedente constitucional contenido en el Expediente 02677-2016-PA/TC.
La Sala añade que no es posible utilizar la remuneración que percibía a la
fecha de la contingencia, dado que se trata de una remuneración que el
accionante percibió en calidad de docente de una institución educativa.
Agrega que la remuneración o jornal a considerar para el cálculo de su
pensión debe ser la que percibía a la fecha del cese en su condición de
minero, remuneración de la que se descontó los aportes correspondientes.
FUNDAMENTOS
Delimitación del petitorio
1. El objeto de la demanda de amparo es que se una emita nueva resolución
administrativa mediante la cual se proceda al recálculo de la pensión de
renta vitalicia otorgada al actor conforme al Decreto Ley 18846, sobre la
base de la remuneración vigente a la fecha de contingencia, esto es, el 24
de febrero de 1997 (fecha del certificado médico), y no de la fecha de
inicio de la enfermedad. Asimismo, se solicita que no se aplique la
última remuneración percibida por el actor a la fecha de su cese laboral
en la actividad minera, con el pago de los devengados, los intereses
legales derivados del nuevo monto pensionario y los costos procesales.
2. La jurisprudencia en materia previsional establece que, aun cuando una
pretensión esté dirigida a cuestionar la suma específica de la pensión que
percibe el demandante, resulta procedente efectuar su verificación por
las especiales circunstancias del caso, a fin de evitar consecuencias
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irreparables. Al respecto, en el caso de autos consta que el actor padece
de la enfermedad profesional de neumoconiosis-silicosis; por lo tanto, al
encuadrar su pretensión en el supuesto previsto en el citado fundamento,
corresponde entrar en el análisis de fondo de la controversia.
Cuestiones preliminares
3. En el presente caso, las instancias judiciales declararon fundada la
demanda en el extremo relativo a la fecha de contingencia y respecto al
cálculo de la pensión. En tal sentido, la Sala dispuso que en ejecución de
sentencia se aplique la regla establecida en las Sentencias del Tribunal
Constitucional 01186-2013-PA/TC y 203-2021-PA/TC, para determinar
la remuneración más favorable para el cálculo del monto de la pensión
del actor.
4. Por consiguiente, me pronunciaré respecto al extremo cuestionado
mediante el RAC, el cual ha sido desestimado por las instancias
judiciales, como es el referido a considerar la remuneración que percibió
el actor como docente, para el cálculo de la renta vitalicia.
Análisis de la controversia
5. El Decreto Ley 18846, publicado el 29 de abril de 1971 —sustituido
luego por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR),
creado por la Ley 26790, de fecha 17 de mayo de 1997, y regulado por
las normas técnicas aprobadas por el Decreto Supremo 003-98-SA,
vigente desde el 14 de abril de 1998—, dispuso que la Caja Nacional
del Seguro Social Obrero asumiera de manera exclusiva el Seguro por
accidente de trabajo y enfermedades profesionales del personal
obrero, con lo cual se dio término al aseguramiento voluntario para
establecer la obligatoriedad de los empleadores de asegurar al personal
obrero por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales a cargo
de la Caja Nacional del Seguro Social Obrero.
6. De la cuestionada Resolución 00008-2000-DC/ONP, de 24 de
noviembre de 1997, se colige que mediante el Dictamen de Evaluación
Médica de fecha 24 de febrero de 1997 se ha determinado que el
recurrente padece de neumoconiosis con 60 % de menoscabo.
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7. El artículo 60 del Decreto Supremo 002-72-TR, reglamento del Decreto
Ley 18846, norma vigente a la fecha de la contingencia, enumera las
enfermedades profesionales cubiertas por el Seguro por Accidentes de
Trabajo y Enfermedades Profesionales del Personal Obrero, así como las
actividades que entrañen o expongan a riesgo.
8. En autos obra la Planilla Única de Remuneraciones del mes de febrero
de 19972, en la que se consigna que el actor percibió como remuneración
la suma de S/. 578.84. Asimismo, de la Resolución de Nombramiento
00374 de fecha 9 de diciembre de 1992 3 , emitida por la USE
ACOBAMBA, y del Cuadro Resumen de Aportaciones4 se advierte que
el demandante laboró como profesor de aula del 9 de diciembre de 1992
al 25 de febrero de 2021 en la Escuela Estatal 36190 Vista Alegre,
Andabamba-Acobamba y que realizó aportes al Sistema Nacional de
Pensiones (Decreto Ley 19990). Sin embargo, la docencia no es
considerada una actividad de riesgo en los términos establecidos por el
artículo 60 del Decreto Supremo 002-72-TR, por lo que las
remuneraciones percibidas por dicha labor no pueden ser utilizadas para
el cálculo de la renta vitalicia del actor. Por consiguiente, este extremo
de la demanda debe ser desestimado.
9. A mayor abundamiento, este Tribunal, en reiterada jurisprudencia ha
señalado que las prestaciones señaladas en el Decreto Ley 18846 (y su
sustitutoria, la Ley 26790) y el Decreto Ley 19990 se encuentran
previstas para cubrir riesgos y contingencias diferentes que se financian
con fuentes distintas e independientes, por cuanto el “otorgamiento de
las pensiones del Decreto Ley 19990 se encuentra condicionado al
cumplimiento de los requisitos legales para su goce (aportes y/o edad) y
financiado por las aportaciones del trabajador y del empleador, mientras
que el otorgamiento de la pensión vitalicia del Decreto Ley 18846 se
encuentra condicionado al grado de incapacidad que produce un
accidente de trabajo o una enfermedad profesional y se sustenta en el
seguro obligatorio contratado por el empleador” (cfr.
Expediente 10063-2006-PA/TC, ff. 87 y 117).
Por estos fundamentos, mi voto es por:
2 F. 11
3 F. 8
4 F. 10
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JUNÍN
ALEJANDRO MATAMOROS TUNQUE
Declarar INFUNDADA la demanda en el extremo subido en grado
mediante recurso de agravio constitucional.
S.
MORALES SARAVIA
PONENTE MORALES SARAVIA
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JUNÍN
ALEJANDRO MATAMOROS TUNQUE
VOTO DEL MAGISTRADO OCHOA CARDICH
En tanto he sido llamado para resolver la discordia surgida entre los
magistrados de la Sala Segunda del Tribunal Constitucional, emito el
presente voto coincidente con la posición del magistrado Morales Saravia
declarando infundada la demanda.
El objeto de la demanda de amparo es que se una emita nueva
resolución administrativa mediante la cual se proceda al recálculo de la
pensión de renta vitalicia otorgada al actor conforme al Decreto Ley 18846,
sobre la base de la remuneración vigente a la fecha de contingencia, esto es,
el 24 de febrero de 1997 (fecha del certificado médico), y no de la fecha de
inicio de la enfermedad. Asimismo, se solicita que no se aplique la última
remuneración percibida por el actor a la fecha de su cese laboral en la
actividad minera, con el pago de los devengados, los intereses legales
derivados del nuevo monto pensionario y los costos procesales.
Cabe precisar que solo procederá pronunciarse respecto al extremo
cuestionado mediante el recurso de agravio constitucional (desestimado por
las instancias judiciales), como es el referido a considerar la remuneración
que percibió el actor como docente, para el cálculo de la renta vitalicia.
En el presente caso resulta aplicable el derogado Decreto Ley 18846,
publicado el 29 de abril de 1971, y su Reglamento - Decreto Supremo N°
002-72-TR; régimen que posteriormente fue sustituido luego por el Seguro
Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR), creado por la Ley 26790,
de fecha 17 de mayo de 1997, y regulado por las normas técnicas aprobadas
por el Decreto Supremo 003-98-SA.
En el artículo 44° del Decreto Supremo N°002-72-TR se estableció
que: "El incapacitado permanente parcial tendrá derecho a una pensión
proporcional a la que hubiere correspondido en caso de incapacidad
permanente total y de acuerdo al porcentaje de evaluación de
incapacidad"; asimismo, su artículo 46° disponía que "el incapacitado
permanente total tendrá derecho a una pensión mensual equivalente al 80
por ciento de su remuneración mensual". A fin de determinar la pensión de
renta vitalicia se debe considerar lo señalado en el artículo 30. a) del citado
del Decreto Supremo 002-72-TR: “[…] las prestaciones económicas se
otorgarán tomando como base: a) Tratándose de trabajadores
remunerados a suma fija por hora, día o mes, la remuneración diaria que
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les corresponde en el momento de producirse el accidente, debiendo
dividirse entre 25 si la remuneración fuera mensual".
En virtud de la cuestionada Resolución 00008-2000-DC/ONP, de 24
de noviembre de 1997, se colige que mediante el Dictamen de Evaluación
Médica de fecha 24 de febrero de 1997 se ha determinado que el recurrente
padece de neumoconiosis con 60 % de menoscabo. Cabe mencionar que
sobre este aspecto relacionado a su enfermedad y porcentaje de menoscabo
no existe controversia, el cuestionamiento radica en la remuneración que se
consideró por la ONP para determinar el cálculo de la renta de vitalicia por
enfermedad profesional adquirida cuando el recurrente laboraba en la
empresa minera Huampar S.A.
El artículo 60 del Decreto Supremo 002-72-TR, reglamento del
Decreto Ley 18846, norma vigente a la fecha de la contingencia, enumera
las enfermedades profesionales cubiertas por el Seguro por Accidentes de
Trabajo y Enfermedades Profesionales del Personal Obrero, así como las
actividades que entrañen o expongan a riesgo. Asimismo, cabe resaltar que,
del objetivo y fin del Decreto Ley 18846 y su Reglamento, se desprende que
los beneficios adquiridos a propósito de la activación del seguro que regula
(tales como pensión vitalicia y otras prestaciones) estaban directamente
vinculados a las actividades profesionales de riesgo realizadas por los
trabajadores (el artículo 1 de dicha ley señalaba que “Quedan comprendidos
en este régimen todos los accidentes ocurridos en el trabajo o con ocasión
directa del mismo […].”; con lo cual, es razonable que el ingreso o
remuneración a tenerse en cuenta para el cálculo de la pensión vitalicia en
aplicación del Decreto Ley 18846 es aquel obtenido mientras laboraba en
aquella entidad en la cual adquirió la enfermedad.
En este caso, según advierte la ponencia, en la Resolución de
Nombramiento 00374 de fecha 9 de diciembre de 19925, emitida por la USE
ACOBAMBA, y del Cuadro Resumen de Aportaciones se advierte que el
demandante laboró como profesor de aula del 9 de diciembre de 1992 al 25
de febrero de 2021 en la Escuela Estatal 36190 Vista Alegre, Andabamba-
Acobamba y que realizó aportes al Sistema Nacional de Pensiones (Decreto
Ley 19990). Asimismo, que, de acuerdo a la Planilla Única de
Remuneraciones del mes de febrero de 1997, el actor percibió como
remuneración la suma de S/. 578.84. No obstante, coincido en sostener que
la docencia no es considerada una actividad de riesgo en los términos
5 F. 8
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JUNÍN
ALEJANDRO MATAMOROS TUNQUE
establecidos por el artículo 60 del Decreto Supremo 002-72-TR, por lo que
las remuneraciones percibidas por dicha labor no pueden ser utilizadas para
el cálculo de la renta vitalicia del actor.
Tal como se recuerda en ponencia, existe reiterada jurisprudencia del
Tribunal Constitucional en la que se ha señalado que las prestaciones
indicadas en el Decreto Ley 18846 (y su sustitutoria, la Ley 26790) y el
Decreto Ley 19990 se encuentran previstas para cubrir riesgos y
contingencias diferentes que se financian con fuentes distintas e
independientes, por cuanto el “otorgamiento de las pensiones del Decreto
Ley 19990 se encuentra condicionado al cumplimiento de los requisitos
legales para su goce (aportes y/o edad) y financiado por las aportaciones
del trabajador y del empleador, mientras que el otorgamiento de la pensión
vitalicia del Decreto Ley 18846 se encuentra condicionado al grado de
incapacidad que produce un accidente de trabajo o una enfermedad
profesional y se sustenta en el seguro obligatorio contratado por el
empleador” (cfr. Expediente 10063-2006-PA/TC, ff. 87 y 117).
Por los fundamentos antes expuestos, considero que la demanda debe
ser declarada infundada.
S.
OCHOA CARDICH
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JUNÍN
ALEJANDRO MATAMOROS TUNQUE
VOTO DEL MAGISTRADO HERNÁNDEZ CHÁVEZ
Habiendo sido llamado a dirimir la presente discordia, me adhiero al
sentido de la ponencia en mayoría, siendo el sentido de mi voto por:
Declarar INFUNDADA la demanda en el extremo subido en grado
mediante recurso de agravio constitucional.
Aunado a ello, preciso que conforme a reiterada jurisprudencia, las
prestaciones señaladas en el Decreto Ley 18846 (y su sustitutoria, la Ley
26790) y el Decreto Ley 19990 se encuentran previstas para cubrir riesgos y
contingencias diferentes que se financian con fuentes distintas e
independientes, por cuanto el “otorgamiento de las pensiones del Decreto
Ley 19990 se encuentra condicionado al cumplimiento de los requisitos
legales para su goce (aportes y/o edad) y financiado por las aportaciones del
trabajador y del empleador, y el otorgamiento de la pensión vitalicia del
Decreto Ley 18846 se encuentra condicionado al grado de incapacidad que
produce un accidente de trabajo o una enfermedad profesional y se sustenta
en el seguro obligatorio contratado por el empleador” (cfr.
Expediente 10063-2006-PA/TC, ff. 87 y 117).
S.
HERNÁNDEZ CHÁVEZ
EXP. N.º 00290-2023-PA/TC
JUNÍN
ALEJANDRO MATAMOROS TUNQUE
VOTO SINGULAR DEL MAGISTRADO GUTIÉRREZ TICSE
Con el debido respeto por la opinión de mis colegas, emito el presente
voto singular, ya que considero que la presente causa debe ser declarada
FUNDADA. Las razones las sustento en los siguientes fundamentos:
1. El objeto de la demanda de amparo es que se una emita nueva
resolución administrativa mediante la cual se proceda al recálculo de
la pensión de renta vitalicia otorgada al actor conforme al Decreto Ley
18846, sobre la base de la remuneración vigente a la fecha de
contingencia, esto es, el 24 de febrero de 1997 (fecha del certificado
médico), y no la remuneración que percibió al culminar su relación
laboral en la actividad minera. Asimismo, se solicita que no se aplique
la última remuneración percibida por el actor a la fecha de su cese
laboral en la actividad minera, con el pago de los devengados, los
intereses legales derivados del nuevo monto pensionario y los costos
procesales.
2. En el presente caso, las instancias judiciales declararon fundada la
demanda en el extremo relativo a la fecha de contingencia y respecto
al cálculo de la pensión. Por consiguiente, solo me pronunciaré
respecto al extremo cuestionado mediante el recurso de agravio
constitucional (RAC), el cual ha sido desestimado por las instancias
judiciales, como es el referido a considerar la remuneración que
percibió el actor como docente, para el cálculo de la renta vitalicia.
3. Al respecto, para los casos en los que se hubiera otorgado pensión de
invalidez vitalicia con arreglo a la Ley 26790 y el Decreto Supremo
003-98-SA, cuando la enfermedad se haya diagnosticado con fecha
posterior al cese, el Tribunal ha establecido la regla del auto dictado
en el Expediente 00349-2011-PA/TC, que posteriormente fue
precisada a través de la sentencia del Expediente 01186-2013-PA/TC.
4. En dicha sentencia el Tribunal Constitucional estableció que el cálculo
de la pensión vitalicia regulada por la Ley 26790 y el Decreto
Supremo 003-98-SA se efectuará sobre el 100 % de la remuneración
mínima mensual vigente en los doce meses anteriores a la
contingencia, salvo que el 100 % del promedio que resulte de
considerar las doce últimas remuneraciones asegurables efectivamente
percibidas antes del término del vínculo laboral sea un monto
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superior, caso en el cual será aplicable este promedio por resultar más
favorable para el demandante.
5. Ahora bien, conforme a la sentencia dictada en el Expediente 00203-
2021-PA/TC, si bien el referido criterio de cálculo se encuentra
vinculado a las pensiones vitalicias reguladas por la Ley 26790, ello
no impide que pueda ser aplicado mutatis mutandis a la determinación
de las rentas vitalicias otorgadas al amparo del derogado Decreto Ley
18846, para aquellos casos en los que el diagnóstico de la enfermedad
profesional se produjo con posterioridad al cese laboral del trabajador.
Por ello, en este supuesto al efectuarse el cálculo de la renta vitalicia
se tomará en cuenta o bien la remuneración mínima mensual vigente
al momento de producirse la contingencia, o bien la última
remuneración efectivamente percibida por el asegurado, y se optará
por la que resulte más favorable a la parte demandante; sin que ello
importe la modificación de la fórmula de cálculo prevista en el
artículo 30 del Decreto Supremo 002-72-TR.
6. La ONP, mediante Resolución 1418-SGO-PCPE-IPSS-97, de fecha 24
de noviembre de 1997 (f. 7), le otorga al actor pensión de invalidez
vitalicia por enfermedad profesional por la suma de S/.80.00 a partir
del 15 de noviembre de 1995, con base en el Dictamen de Comisión
Evaluadora de Enfermedad Profesional, de fecha 24 de febrero de
1997, que le diagnostica silicosis con 60 % de menoscabo. Conforme
a la citada resolución administrativa, el recurrente cesó en la
Compañía Minera Huampar SA el 31 de mayo de 1992.
7. En consecuencia, comoquiera que, en el presente caso, la contingencia
(24 de febrero de 1997) que dio origen a la pensión del Decreto Ley
18846 se presenta con fecha posterior al momento del cese laboral en
la compañía minera (31 de mayo de 1992); corresponde aplicar la
regla establecida en el fundamento 5 supra.
8. Asimismo, considero que la aplicación del criterio “la última
remuneración efectivamente percibida por el asegurado”, expresado
en la regla expuesta en el fundamento 5 supra, debe ser interpretado
en un sentido más favorable para el actor, en razón al principio pro
persona y con el objeto de optimizar el derecho a la pensión. Siendo
así, se observa que la última remuneración a considerarse en el
presente caso, debe ser la más alta percibida, ya sea en la fecha del
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cese en la compañía minera (el 31 de mayo de 1992) o en la fecha del
cese en el centro educativo (26 de febrero de 2021).
9. Por ende, se debe declarar FUNDADA la demanda y nula la
Resolución 1418-SGO-PCPE-IPSS-97, de fecha 24 de noviembre
de 1997 (f. 7). Asimismo, ordenar a la ONP que expida una nueva
resolución de pensión vitalicia volviendo a calcular la pensión del
actor, sobre la base de la remuneración más favorable, conforme a los
fundamentos 5 al 8 supra, con el abono de los devengados e intereses
legales que correspondan.
S.
GUTIÉRREZ TICSE
EXP. N.º 00290-2023-PA/TC
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VOTO SINGULAR DEL MAGISTRADO DOMÍNGUEZ HARO
1. Tal como lo aprecio de autos, mediante Resolución 1418-SGO-PCPE-
IPSS-97, de fecha 24 de noviembre de 1997 (f. 7), la Oficina de
Normalización Previsional [ONP] otorgó al actor renta vitalicia por
enfermedad profesional por la suma de S/ 80.00 soles a partir del 15 de
noviembre de 1995, en virtud del Dictamen de Comisión Evaluadora de
Enfermedad Profesional, de fecha 24 de febrero de 1997, que le
diagnosticó silicosis con un 60 % de menoscabo.
2. Pues bien, aquella cifra es controvertida por la parte demandante, quien
considera que no se ha tenido en cuenta su última remuneración, la
misma que fue percibida en febrero de 2021, porque luego de ser
minero trabajó como docente en el Centro Educativo 36190 en Vista
Alegre, en Andabamba; en su lugar, se ha tomado en cuenta la última
remuneración percibida en Compañía Minera Huampar, en tanto cesó
de dicha empresa el 31 de mayo de 1992—, lo que objetivamente le ha
perjudicado. En otras palabras: el haber estudiado una carrera
profesional —y haberla ejercido— para dejar de trabajar como obrero
minero le ha terminado perjudicando económicamente.
3. Precisamente por esto último, considero que, en este caso en concreto,
la interpretación de criterio “la última remuneración efectivamente
percibida por el asegurado” debe tomar en cuenta la remuneración que
más favorezca al accionante —esto es, la percibida como docente—, en
virtud del principio pro homine. De modo que, ante diferentes
interpretaciones de una disposición, se debe optar por aquella que
conduzca a una mejor protección del derecho fundamental, en vez de
aquellas que lo limiten o lo restrinjan.
4. Por ello, estimo que la interpretación del referido enunciado lingüístico
no puede penalizar el muy legítimo deseo de superación de aquella
persona que se encuentra en la necesidad de realizar una labor tan
sacrificada como la minera, pero que decide estudiar una carrera
universitaria y, de este modo, ejercer una profesión para, de esta
manera, mejorar su calidad de vida —y la de su familia—. Esto último,
en mi opinión, es algo que el Estado Constitucional, por el contrario,
debe incentivar.
EXP. N.º 00290-2023-PA/TC
JUNÍN
ALEJANDRO MATAMOROS TUNQUE
5. Así las cosas, entiendo que el sacrificio de estudiar una carrera
universitaria para luego ejercer una profesión no puede conllevar que se
le perjudique con una pensión inferior a la que le correspondería en
caso no hubiera estudiado nada. Y es que, a mi modo de ver las cosas,
la fidelidad al texto legal o, mejor dicho, a la literalidad de la
disposición, no puede amparar que se desincentive que los obreros
mineros estudien carreras universitarias para progresar, en tanto esto
último califica como una posición iusfundamental amparada por el
contenido constitucionalmente protegido del derecho fundamental al
libre desarrollo de la personalidad. Muy por el contrario, la superación
personal debe ser incentivada por el propio Estado.
6. Por eso mismo, soy del parecer que la interpretación realizada por la
ONP no resulta constitucionalmente admisible, en tanto contraviene el
ámbito de protección del derecho fundamental al libre desarrollo de la
personalidad. En consecuencia, mi voto es porque la presente demanda
debe ser declarada fundada.
Por consiguiente, se debe declarar FUNDADA la demanda y nula la
Resolución 1418-SGO-PCPE-IPSS-97, de fecha 24 de noviembre de 1997
(f. 7); y, en ese sentido, calcular la pensión del actor calculándola tomando
como base de la remuneración más favorable y, así mismo, ordenar el pago
de los devengados e intereses legales que correspondan.
S.
DOMÍNGUEZ HARO