Sala Segunda. Sentencia 379/2024
EXP. N.° 01851-2023-PA/TC
JUNÍN
EUSTAQUIA REYES SOTO
SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
En Lima, a los 18 días del mes de marzo de 2024, la Sala Segunda
del Tribunal Constitucional, integrada por los magistrados Gutiérrez Ticse,
Domínguez Haro y Ochoa Cardich, ha emitido la presente sentencia. El
magistrado Ochoa Cardich emitió fundamento de voto, el cual se agrega.
Los magistrados intervinientes firman digitalmente en señal de conformidad
con lo votado.
ASUNTO
Recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Eustaquia
Reyes Soto contra la resolución de fojas 150, de fecha 13 de marzo de 2023,
expedida por la Sala Civil Permanente de Huancayo de la Corte Superior de
Justicia de Junín, que declaró improcedente la demanda de amparo de autos.
ANTECEDENTES
La recurrente interpone demanda de amparo contra la Oficina de
Normalización Previsional (ONP) y solicita que se le otorgue pensión de
viudez derivada de la pensión de invalidez por enfermedad profesional a la
cual tenía derecho su cónyuge causante, con arreglo a la Ley 26790 y el
Decreto Supremo 003-98-SA, más el pago de las pensiones devengadas, los
intereses legales y los costos procesales.
La emplazada contesta la demanda manifestando que el certificado
médico presentado por la actora no constituye un medio probatorio idóneo
para demostrar la enfermedad que padeció su causante. Asimismo, sostiene
que no se ha demostrado la relación de causalidad entre las labores
desempeñadas y las enfermedades que alega padecer.
El Segundo Juzgado Especializado en lo Civil de Huancayo, con fecha
17 de noviembre de 20221, declaró improcedente la demanda, por
considerar que el certificado médico presentado por la recurrente ha perdido
validez, por cuanto no incluye los exámenes auxiliares exigidos para
acreditar las enfermedades que alega padeció su causante.
La Sala Superior competente confirmó la apelada por similar
argumento.
1 Fojas 122.
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FUNDAMENTOS
Delimitación del petitorio
1. La recurrente interpone demanda de amparo con el objeto de que se le
otorgue pensión de viudez derivada de la pensión de invalidez por
enfermedad profesional a la cual tenía derecho su cónyuge causante,
con arreglo a la Ley 26790 y el Decreto Supremo 003-98-SA, más el
pago de las pensiones devengadas, los intereses legales y los costos
procesales.
2. En reiterada jurisprudencia, este Tribunal ha señalado que forman parte
del contenido constitucionalmente protegido por el derecho
fundamental a la pensión las disposiciones legales que establecen los
requisitos para su obtención. Por ello, corresponde analizar si la
demandante cumple con los presupuestos legales que permitirán
determinar si tiene derecho a percibir la pensión que reclama, pues, de
ser esto así, se estaría verificando la arbitrariedad en el accionar de la
entidad demandada.
Análisis de la controversia
3. El régimen de protección de riesgos profesionales (accidentes de trabajo
y enfermedades profesionales) fue regulado inicialmente por el Decreto
Ley 18846-Seguro por Accidentes de Trabajo y Enfermedades
Profesionales del Personal Obrero (SATEP) y luego sustituido por el
Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR), creado por la
Ley 26790, de fecha 17 de mayo de 1997.
4. Posteriormente, mediante el Decreto Supremo 003-98-SA, vigente
desde el 14 de abril de 1998, se aprobaron las Normas Técnicas del
Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo, estableciéndose las
prestaciones asistenciales y pecuniarias que se otorgan al titular o a los
beneficiarios a consecuencia de un accidente de trabajo o una
enfermedad profesional.
5. Así, en los artículos 18.2.1 y 18.2.2 del Decreto Supremo 003-98-SA,
que aprueba las Normas Técnicas del Seguro Complementario de
Trabajo de Riesgo (SCTR), se señala que se pagará como mínimo una
pensión vitalicia mensual equivalente al 50% de la remuneración
mensual al asegurado que, como consecuencia de un accidente de
trabajo o una enfermedad profesional, quedara disminuido en su
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capacidad para el trabajo en forma permanente en una proporción igual
o superior al 50%, pero inferior a los dos tercios (66.66%); y una
pensión vitalicia mensual equivalente al 70% de su remuneración
mensual al asegurado que quedara disminuido en su capacidad para el
trabajo en forma permanente en una proporción igual o superior a los
dos tercios (66.66%).
6. Respecto de las pensiones de sobrevivencia, en el artículo 18.1.1. del
Decreto Supremo 003-98-SA se establece que la empresa aseguradora
pagará pensión de sobrevivencia en caso de fallecimiento del
asegurado: a) ocasionado directamente por un accidente de trabajo o
enfermedad profesional; o b) por cualquier otra causa posterior, después
de configurada la invalidez [...] (énfasis agregado).
7. En la sentencia emitida en el Expediente 02513-2007-PA/TC, publicada
el 5 de febrero de 2009, el Tribunal Constitucional ha precisado los
criterios respecto a las situaciones relacionadas con la aplicación del
Régimen de Protección de Riesgos Profesionales. En dicha sentencia ha
quedado establecido que, en los procesos de amparo referidos al
otorgamiento de una pensión vitalicia conforme al Decreto Ley 18846 o
de una pensión de invalidez conforme a la Ley 26790, la enfermedad
profesional únicamente podrá ser acreditada con un examen o dictamen
médico emitido por una Comisión Médica Evaluadora de Incapacidades
del Ministerio de Salud, de EsSalud o de una EPS, conforme lo señala
el artículo 26 del Decreto Ley 19990.
8. A fin de acreditar que, a su cónyuge causante le correspondía una
pensión de invalidez, la actora ha adjuntado el Dictamen de Evaluación
267-SATEP, de fecha 14 de enero de 19982, expedido por la Comisión
Médica de Evaluación de Incapacidades Permanentes del Hospital II de
Pasco del Instituto Peruano de Seguridad Social (IPSS), en el cual se
determina que adolecía de neumoconiosis con 50 % de incapacidad
permanente parcial. De igual manera, en autos obra la historia clínica
que sustenta el referido certificado médico3.
9. De otro lado, el certificado de trabajo4 y la declaración jurada del
empleador5 emitidos por la Compañía de Minas Buenaventura SAA
indican que el causante de la recurrente laboró desde el 11 de julio de
2 Fojas 20.
3 Fojas 111-119.
4 Fojas 12.
5 Fojas 13.
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1979 hasta el 15 de julio de 2014, desempeñando los cargos de
lampero, enmaderador, perforista y operador en el área de minas
metálicas subterráneas.
10. Es menester señalar que en el fundamento 26 de la sentencia emitida en
el Expediente 02513-2007-PA/TC se ha dejado sentado que “[e]n el
caso de la neumoconiosis (silicosis), la antracosis y la asbestosis, el
nexo o relación de causalidad en el caso de los trabajadores mineros
que laboran en minas subterráneas o de tajo abierto se presume siempre
y cuando el demandante haya desempeñado las actividades de trabajo
de riesgo señaladas en el anexo 5 del Decreto Supremo N.° 009-97-SA
ya que son enfermedades irreversibles y degenerativas causadas por la
exposición a polvos minerales esclerógenos”.
11. En el caso bajo análisis, se considera acreditada tal relación de
causalidad entre la enfermedad de neumoconiosis y las condiciones de
trabajo, conforme a los documentos detallados en el fundamento 9
supra, en los que se precisa que el causante de la recurrente laboró
durante 35 años en mina subterránea. Cabe indicar que, con respecto a
la enfermedad profesional de neumoconiosis, este Tribunal ha
manifestado que el nexo causal existente entre las condiciones de
trabajo y dicha enfermedad es implícito para quienes realizan
actividades mineras, como ocurre en el presente caso.
12. Advirtiéndose de autos que el causante de la demandante estuvo
protegido durante su actividad laboral primero por los beneficios del
Decreto Ley 18846 y luego por su régimen sustitutorio, la Ley 26790, y
atendiendo a que la Comisión Médica de Incapacidad del Hospital II de
Pasco determinó respecto de su invalidez que presenta incapacidad
permanente parcial con 50 % de menoscabo como consecuencia de la
enfermedad profesional que padece por la labor de riesgo desempeñada
(actividad minera), se concluye que don Germán Robles Cisneros tenía
derecho a percibir la pensión de invalidez parcial permanente por
enfermedad profesional regulada en el artículo 18.2.1 del Decreto
Supremo 003-98-SA en un monto equivalente al 50 % de su
remuneración mensual, resultante del promedio de las remuneraciones.
13. Con relación a las pensiones devengadas derivadas de la pensión de
invalidez a que tenía derecho el causante de la actora, resulta pertinente
precisar que estas deben ser abonadas a la sucesión procesal de don
Germán Robles Cisneros, conformada por la cónyuge supérstite y los
hijos del causante, tal como consta en el Registro de Sucesión Intestada,
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Partida 11290564, Asiento A00001, Zona Registral VIII-Sede
Huancayo, Oficina Registral de Huancayo6, a partir del 14 de enero de
1998, fecha del diagnóstico de la enfermedad, hasta la fecha del
fallecimiento del causante.
14. En lo concerniente a la pensión de viudez que reclama la actora, se
aprecia de autos que ha presentado la copia legalizada del acta de
matrimonio expedida por el Concejo Provincial de Oyón7, con la que
acredita que contrajo matrimonio con don Germán Robles Cisneros el
29 de agosto de 1988; además de la copia legalizada del acta de
defunción8, acreditando con ello que su cónyuge causante falleció el 12
de agosto de 2020.
15. Sobre el particular, del análisis de los actuados se advierte que, si bien
es cierto que el cónyuge causante de la actora falleció el 12 de agosto
de 2020, independientemente de la causa que haya producido su deceso
—coronavirus COVID-19, en el presente caso, como consta del
certificado de defunción general9—, su invalidez quedó configurada el
14 de enero de 1998, fecha en la que la Comisión Médica del Hospital
II de Pasco del IPSS expidió el certificado médico en el que dictaminó
que como consecuencia de la enfermedad profesional de neumoconiosis
que padecía había quedado con una incapacidad permanente parcial
para el trabajo, por presentar un menoscabo de 50 %. Por lo tanto,
conforme a lo estipulado en el artículo 18.1.1, inciso b, del Decreto
Supremo 003-98-SA, mencionado en el fundamento 6 supra, a la actora
le corresponde la pensión de sobrevivencia-viudez en los términos
establecidos en el artículo 18.1 del Decreto Supremo 003-98-SA.
16. Respecto a la fecha en que se genera el derecho de la demandante de
percibir la pensión de sobrevivencia-viudez, este Tribunal estima que
debe establecerse desde el 12 de agosto de 2020, fecha en que acaeció
el deceso del causante, dado que el beneficio deriva justamente de su
fallecimiento.
17. En lo atinente al pago de los intereses legales, estos deben ser pagados
de conformidad con lo dispuesto en el considerando 20 del auto emitido
en el Expediente 02214-2014-PA/TC, que constituye doctrina
jurisprudencial.
6 Fojas 26.
7 Fojas 22.
8 Fojas 23.
9 Fojas 24.
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18. Por lo que se refiere al pago de los costos procesales, estos deben ser
abonados conforme al artículo 28 del Nuevo Código Procesal
Constitucional.
Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que
le confiere la Constitución Política del Perú,
HA RESUELTO
1. Declarar FUNDADA la demanda.
2. ORDENA a la ONP que otorgue a la recurrente la pensión de
sobrevivencia-viudez derivada de la pensión de invalidez por
enfermedad profesional a la cual tenía derecho su causante, a partir del
12 de agosto de 2020, con arreglo a la Ley 26790 y sus normas
complementarias y conexas, conforme a los fundamentos de la presente
sentencia, con las pensiones devengadas, los intereses legales y los
costos procesales. Asimismo, la ONP debe abonar a la sucesión
procesal de don Germán Robles Cisneros las pensiones devengadas de
la pensión de invalidez que le correspondió, de acuerdo con lo
establecido en el fundamento 13 supra, a partir del 14 de enero de 1998
hasta la fecha de su fallecimiento.
Publíquese y notifíquese.
SS.
GUTIÉRREZ TICSE
DOMÍNGUEZ HARO
OCHOA CARDICH
PONENTE DOMÍNGUEZ HARO
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FUNDAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO
OCHOA CARDICH
Si bien coincido con lo resuelto en la sentencia y con la conclusión a la
que se arriba en el presente caso considero pertinente efectuar algunas
consideraciones adicionales concernientes a cuestiones de relevancia
constitucional, habida cuenta que desde mi punto de vista y en materia
pensionaria debería resultar de aplicación la tasa de interés efectiva que
implica el pago de intereses capitalizables.
1. Efectivamente, el demandante interpone demanda de amparo con el
objeto de que se le otorgue pensión de viudez derivada de la pensión de
invalidez por enfermedad profesional a la cual tenía derecho su
cónyuge causante, con arreglo a la Ley 26790 y el Decreto Supremo
003-98-SA, más el pago de las pensiones devengadas, los intereses
legales y los costos procesales.
2. Coincido con la ponencia en mayoría que considera acreditada la
relación de causalidad entre la enfermedad de neumoconiosis y las
condiciones de trabajo en el causante de la recurrente quien laboró
durante 35 años en mina subterránea, por lo que se ha cumplido con
acreditar el nexo de causalidad y corresponde el pago de devengados y
la pensión de viudez de la causante.
3. Sin embargo, estimo que la jurisprudencia desarrollada en el
Expediente 02214-2014-PA/TC no resulta concordante con la tutela del
derecho a la pensión reclamado en procesos constitucionales de la
libertad como el amparo. Efectivamente en los amparos, en los cuales
se discute sobre deudas previsionales se advierte dos características
particulares
a) El restablecimiento de las cosas al estado anterior, lo cual implica
que el juez constitucional además de disponer la nulidad del acto u
omisión lesiva, ordene a la parte emplazada la emisión del acto
administrativo reconociendo el derecho a la pensión a favor del
demandante; y
b) el mandato de pago de prestaciones no abonado oportunamente, lo
que supone reconocer también las consecuencias económicas
generadas por la demora de dicho pago a través de una orden
adicional de pago de intereses moratorios conforme al criterio
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establecido en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional desde la
emisión de la sentencia recaída en el Expediente 00065-2002-
PA/TC.
4. Esta segunda particularidad plantea una problemática producto del paso
del tiempo, esto es, la pérdida del valor adquisitivo de la acreencia
dependiendo de cuán lejana se encuentre la fecha de la regularización del
pago de la prestación pensionaria. Además, esta situación genera en el
acreedor pensionario una afectación por no recibir el ingreso económico
necesario para solventar sus necesidades básicas durante el tiempo que se
omita el pago y se demuestre judicialmente si tiene o no derecho al
acceso a la pensión.
5. Sobre este aspecto, mediante la Ley 28266, publicada el 2 de julio de
2004, se inició la regulación de los intereses previsionales aparejándolos
a la tasa de interés legal fijada por el Banco Central de Reserva del Perú
(BCR). Dicha norma estableció lo siguiente:
Establécese que el pago de devengados, en caso de que se generen para
los pensionistas del Decreto Ley Nº 19990 y regímenes diferentes al
Decreto Ley Nº 20530, no podrán fraccionarse por un plazo mayor a un
año. Si se efectuara el fraccionamiento por un plazo mayor a un año, a la
respectiva alícuota deberá aplicársele la tasa de interés legal fijada por el
Banco Central de Reserva del Perú.
El Ministerio de Economía y Finanzas efectúa las provisiones
presupuestales a que haya lugar. (sic)
6. De esta forma, el pago de las pensiones devengadas que superara en su
programación fraccionada un año desde su liquidación merece el pago
adicional de intereses conforme a la tasa fijada por el BCR. Al respecto,
es necesario precisar que el BCR regula dos tipos de tasas de interés a fin
de establecer la referencia porcentual que corresponde imputar a deudas
de naturaleza civil (tasa de interés efectiva) y laboral (tasa de interés
laboral o nominal), esto en virtud de lo dispuesto en el artículo 1244 del
Código Civil y el artículo 51 de su Ley Orgánica (Ley 26123).
7. Es claro entonces que las deudas previsionales por mandato del
legislador, vencido el año de fraccionamiento sin haberse podido liquidar
en su totalidad, generan un interés por el incumplimiento; importa ahora
determinar ¿Cuál es la naturaleza jurídica del interés que generan las
deudas pensionarias?
8. En nuestro ordenamiento jurídico, las reglas sobre el incumplimiento de
obligaciones se encuentran establecidas en el Código Civil. Si bien es
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cierto que los procesos constitucionales no pueden resolverse en
aplicación del derecho privado, ello no impide que el juez constitucional
analice dichas reglas con el fin de coadyuvar a la resolución de
controversias que involucre derechos fundamentales, no sin antes
verificar que esas reglas no contravengan los fines esenciales de los
procesos constitucionales y la vigencia efectiva de los derechos.
9. En ese sentido, el artículo 1219 del Código Civil establece los efectos
de las obligaciones contraídas entre el acreedor y el deudor de la
siguiente manera:
Es efecto de las obligaciones autorizar al acreedor para lo siguiente:
1.- Emplear las medidas legales a fin de que el deudor le procure aquello
a que está obligado.
2.- Procurarse la prestación o hacérsela procurar por otro, a costa del
deudor.
3.- Obtener del deudor la indemnización correspondiente.
4.- Ejercer los derechos del deudor, sea en vía de acción o para asumir su
defensa, con excepción de los que sean inherentes a la persona o cuando
lo prohíba la ley. El acreedor para el ejercicio de los derechos
mencionados en este inciso, no necesita recabar previamente autorización
judicial, pero deberá hacer citar a su deudor en el juicio que promueva.
10. Asimismo, el artículo 1242 del mismo código regula los tipos de
intereses aplicables a las deudas generadas en el territorio peruano y
señala que:
El interés es compensatorio cuando constituye la contraprestación por el
uso del dinero o de cualquier otro bien.
Es moratorio cuanto tiene por finalidad indemnizar la mora en el pago.
11. Se observa que nuestra legislación civil establece como una de las
consecuencias generales del incumplimiento de obligaciones el derecho
a reclamar una indemnización, y precisa que en el caso de deudas
pecuniarias no pagadas a tiempo se generan intereses moratorios, cuya
finalidad es resarcir al acreedor por la demora en la devolución del
crédito.
12. En este punto resulta esencial recordar que el derecho a la pensión es de
naturaleza alimentaria por lo que su lesión continuada, producto de la
falta de pago de la pensión, genera una afectación al aportante/cesante
sin jubilación, dada la ausencia de solvencia económica para la atención
de sus necesidades básicas tales como alimentación, vivienda y salud.
En tal sentido, se aprecia que los intereses que provienen de las deudas
previsionales y que son consecuencia directa del pago tardío, son de
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naturaleza indemnizatoria, pues tienen por finalidad compensar el
perjuicio ocasionado en el pensionista por el retardo del pago de la
pensión a la que tenía derecho. Ahora bien, teniendo en cuenta la
naturaleza indemnizatoria de los intereses previsionales, es necesario
determinar cuál es el tipo de tasa de interés aplicable para su
determinación.
13. El BCR, por mandato del artículo 84 de la Constitución, es el órgano
constitucional encargado de regular la moneda y el crédito financiero.
Asimismo, por mandato del artículo 1244 del Código Civil, de la Ley
28266 y del Decreto Ley 25920, es el órgano estatal facultado para
establecer las tasas de interés aplicables a las deudas de naturaleza civil,
previsional y laboral.
14. Cabe mencionar que la regulación del interés laboral constituye la
excepción a la regla general del interés legal, dado que por mandato del
Decreto Ley 25920, se ha preferido otorgar un tratamiento especial para
el pago de intereses generados por el incumplimiento de obligaciones
laborales. Sin embargo, esta situación particular, no encuentra
justificación similar en el caso de deudas previsionales, en la medida
que el resarcimiento del daño causado al derecho a la pensión no afecta
una inversión privada ni el Fondo Consolidado de Reservas
Previsionales.
15. Se aprecia que el interés moratorio de las deudas previsionales, en tanto
el pago de pensiones no provienen de acreencias producto de un
contrato suscrito a voluntad entre el Estado y el aportante (deudas
civiles) ni de una relación laboral, será aquel determinado por el BCR a
través de la tasa de interés efectiva, en atención a lo establecido en la
Ley 28266. Cabe indicar que los intereses previsionales tampoco se
encuentran sujetos a la limitación regulada por el artículo 1249 del
Código Civil, pues dicha disposición es exclusivamente aplicable a
deudas provenientes de pactos entre privados.
16. Por estas razones, la deuda pensionaria como manifestación material
del derecho a la pensión debe ser entendida como el goce de una
prestación con valor adquisitivo adecuado con la moneda vigente, pues
desconocer la naturaleza valorista de una deuda pensionaria implica una
forma de menoscabo o perjuicio al adulto mayor. Más aún, si se
considera que el derecho a la pensión comprende el derecho al goce
oportuno de la prestación pensionaria; situación que implica el pago de
una mensualidad acorde al valor monetario vigente a la fecha de su
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cancelación, no un pago que suponga la pérdida de su valor adquisitivo,
aun cuando el deudor sea el Estado.
17. Por ello, la deuda de naturaleza previsional, producida por la falta de
pago oportuno de la pensión, genera en el deudor la obligación de pagar
al acreedor (el pensionista) un interés moratorio, que es el interés legal
previsto en el artículo 1246 del Código Civil, aplicando para su cálculo
la tasa de “interés legal efectiva”, a partir de una interpretación desde
los valores, principios y derechos que consagra la Constitución, acorde
con una interpretación pro homine y a partir de lo cual frente a la duda
que podría presentarse de aplicar una “tasa de interés legal simple” (sin
capitalización de intereses) o una “una tasa de interés legal efectiva”
(con capitalización de intereses), se prefiere lo segundo.
18. Asimismo, la prohibición de capitalización de intereses contenida en el
artículo 1249 del Código Civil no alcanza a la deuda pensionaria o
previsional, desde que esta no nace de un pacto entre el deudor y el
acreedor en un sentido clásico civil (de un acuerdo de voluntades entre
privados), sino de un sistema previsional que debe garantizar una
pensión adecuada y oportuna para el titular del derecho pensionario.
19. A pesar de lo expuesto hasta aquí sobre la naturaleza de la deuda
previsional y no encontrarme conforme con lo señalado en la ponencia
respecto del no reconocimiento de intereses capitalizables he decido sin
embargo apoyar la resolución del presente caso, ya que insistir en mi
discrepancia en el extremo antes expuesto generaría perjuicio al
demandante en relación a su pretensión principal consistente en el
otorgamiento de su pensión de invalidez por enfermedad profesional
toda vez que al producirse una discordia esta tendría que ser tramitada y
resuelta por otro colega, integrante de la Sala Segunda del Tribunal
Constitucional. Al ser mi posición la minoritaria en este tipo de casos
una eventual insistencia por vía de voto singular, solo generará mayor
dilación para que al demandante se le otorgue lo centralmente
pretendido.
20. En las circunstancias descritas y salvando mi posición sobre el extremo
expuesto, suscribo la resolución del caso en su totalidad, en aplicación
de los principios procesales de economía y de socialización regulados
en el artículo III del Título Preliminar del Nuevo Código Procesal
Constitucional.
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Por las razones expuestas, mi voto es por declarar FUNDADA la
demanda, por lo que deberá ordenarse a la Oficina de Normalización
Previsional otorgar a la recurrente la pensión de sobrevivencia-viudez
derivada de la pensión de invalidez por enfermedad profesional a la cual
tenía derecho su causante, a partir del 12 de agosto de 2020, con arreglo a la
Ley 26790 y sus normas complementarias y conexas, conforme a los
fundamentos de la sentencia, con las pensiones devengadas, los intereses
legales y los costos procesales; asimismo, la ONP debe abonar a la sucesión
procesal de don Germán Robles Cisneros las pensiones devengadas de la
pensión de invalidez que le correspondió, a partir del 14 de enero de 1998
hasta la fecha de su fallecimiento.
S.
OCHOA CARDICH