Pleno. Sentencia 161/2024
EXP. N.° 00064-2023-PHC/TC
CAÑETE
JORGE LUIS CCOYLLO ARIAS
representado por MARÍA
FERNANDA GABRIELA AQUIJE
CAMACHO
SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
En Lima, a los 16 días del mes de abril de 2024, en sesión de Pleno
Jurisdiccional, los magistrados Pacheco Zerga (vicepresidenta), con
fundamento de voto que se agrega, Gutiérrez Ticse, Domínguez Haro,
con fundamento de voto que se agrega y Ochoa Cardich, con
fundamento de voto que se agrega, han emitido la presente sentencia.
Los magistrados Morales Saravia (presidente) y Hernández Chávez, con
fecha posterior, votaron a favor de la sentencia con fundamentos de voto
que se agregan. El magistrado Monteagudo Valdez, emitió voto singular
que también se agrega. Los magistrados intervinientes firman
digitalmente en señal de conformidad con lo votado.
ASUNTO
Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Javier Barrón
García, abogado de doña María Fernanda Gabriela Aquije Camacho,
contra la resolución 9, de fecha 29 de noviembre de 20221, expedida por
la Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Cañete,
que declaró infundada la demanda de habeas corpus de autos.
ANTECEDENTES
Con fecha 8 de agosto de 2022, doña María Fernanda Gabriela Aquije
Camacho interpone demanda de habeas corpus a favor de don Jorge
Luis Ccoyllo Arias, y la dirige contra el procurador público a cargo de
los Asuntos Judiciales del Poder Judicial2. Denuncia la vulneración de
los derechos al debido proceso y a la debida motivación de las
resoluciones judiciales.
Doña María Fernanda Gabriela Aquije Camacho solicita que se declare
la nulidad de (i) la Sentencia condenatoria 008-2020-2ºJPCSC-CSJCÑ,
Resolución 19, de fecha 26 de enero de 20203, mediante la que se
1 F. 261 del expediente.
2 F. 131 del expediente.
3 F. 3 del expediente.
EXP. N.° 00064-2023-PHC/TC
CAÑETE
JORGE LUIS CCOYLLO ARIAS
representado por MARÍA
FERNANDA GABRIELA AQUIJE
CAMACHO
condenó a don Jorge Luis Ccoyllo Arias a treinta años de pena privativa
de la libertad por la comisión del delito de violación sexual de menor de
edad4; (ii) la sentencia de vista, Resolución 25, de fecha 24 de agosto de
20205, que confirma la sentencia condenatoria; (iii) el auto de
calificación de fecha 29 de octubre de 20216, mediante el que se declara
nulo el concesorio e inadmisible el recurso de casación7 presentado
contra la sentencia de vista.
La recurrente refiere que las decisiones judiciales por las que el
favorecido fue condenado no se encuentran motivadas debidamente,
además de existir una falta de imputación necesaria. Al respecto,
sostiene que la sentencia condenatoria de primera instancia, su
confirmatoria y la resolución suprema que declaró nulo el concesorio, se
han basado únicamente en indicios, pues no ha existido una imputación
directa de parte de la agraviada, que responsabilice al beneficiario del
delito que le atribuyó el Ministerio Público.
Doña María Fernanda Gabriela Aquije Camacho manifiesta que en el
proceso penal contra el favorecido tuvo la condición de agraviada, y que,
durante todo el proceso, ha manifestado que el favorecido, ahora su
conviviente, no tuvo relaciones sexuales con ella. En tal sentido, refiere
que, cuando era menor de edad, en su declaración en Cámara Gesell se
le preguntó si había mantenido relaciones sexuales con el imputado, y
que respondió que no. Sin embargo, advierte que no se le realizó otras
preguntas que hubieran podido esclarecer la verdad de los hechos, razón
por la que considera que las decisiones judiciales se encuentran
indebidamente motivadas.
Sostiene que en el Certificado Médico Legal 000977-DLS fue tomado
como indicio probatorio de que el favorecido llegó a tener acceso carnal
con ella, porque concluía que existían signos de lesiones corporales
traumáticas genitales recientes. Empero, no se advirtió que, a dicha
fecha, no hubo penetración.
4 Expediente 00213-2015-16-0801-JR-PE-03.
5 F. 45 del expediente.
6 F. 55 del expediente.
7 Casación 902-2020.
EXP. N.° 00064-2023-PHC/TC
CAÑETE
JORGE LUIS CCOYLLO ARIAS
representado por MARÍA
FERNANDA GABRIELA AQUIJE
CAMACHO
Arguye que ha procreado una hija con el favorecido, producto de la
relación convivencial que ha mantenido con este, hecho que era de
conocimiento del juzgado de primera instancia, pero que no fue tomado
en cuenta al momento de la determinación judicial de la pena.
Finalmente, asevera que se ha lesionado el principio de proporcionalidad
en la imposición de la sanción, en la medida en que no solo se ha
vulnerado el derecho a la libertad del favorecido, sino que se afecta el
principio de interés superior del niño; es decir, de la hija de ambos. Y
esto porque, acota, a lo largo del proceso, el favorecido se hizo cargo de
las necesidades de su familia, la misma que en la actualidad se encuentra
en total desamparo.
El Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Cañete, mediante
Resolución 1, de fecha 9 de agosto de 20228, admite a trámite la
demanda de habeas corpus.
El procurador público adjunto a cargo de los Asuntos Judiciales del
Poder Judicial contesta la demanda9, y solicita que sea declarada
improcedente. Al respecto, sostiene que en reiterada jurisprudencia el
Tribunal Constitucional ha sostenido que la jurisdicción constitucional
no es instancia en la que puede determinarse la responsabilidad penal del
inculpado, ni tampoco puede hacerse la calificación del tipo penal, pues
tales cometidos son exclusivos de la jurisdicción penal ordinaria. En tal
sentido, considera que la recurrente, en puridad, pretende que el juez
constitucional asuma competencias del juez ordinario, respecto a la
valoración de los medios probatorios; máxime si se cuestiona
resoluciones judiciales sin brindar argumentos de peso de relevancia
constitucional para poder destruir la construcción argumentativa de los
jueces emplazados.
El Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Cañete, mediante
sentencia, Resolución 3, de fecha 1 de setiembre de 202210, declara
8 F. 157 del expediente.
9 F. 167 del expediente.
10 F. 242 del expediente.
EXP. N.° 00064-2023-PHC/TC
CAÑETE
JORGE LUIS CCOYLLO ARIAS
representado por MARÍA
FERNANDA GABRIELA AQUIJE
CAMACHO
infundada la demanda de habeas corpus, al estimar que la recurrente no
ha precisado adecuadamente cuál es el vicio de motivación en el que
habrían incurrido los emplazados; y que, por el contrario, se aprecia que
las decisiones judiciales se encuentran debidamente motivadas. Aduce
que las sentencias cuestionadas han sido emitidas en el marco de un
proceso regular, en la medida en que se ha garantizado la participación
de la defensa del favorecido, así como también se verifica que los
emplazados han realizado una valoración individual de los medios
probatorios y luego una valoración conjunta, producto de lo cual se ha
determinado la responsabilidad del beneficiario. En conclusión,
considera que no cualquier reclamo que alegue afectación al derecho a la
libertad individual puede reputarse como tal y merecer tutela, por lo que,
al no evidenciarse en el presente caso vulneración alguna de los
derechos invocados, corresponde desestimar la demanda.
La Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Cañete
confirma la sentencia apelada. Arguye que la pena impuesta al
favorecido ha sido debidamente motivada; y esto porque fue sancionado
de acuerdo con el margen legal normativo y con respeto de los principios
de objetividad, legalidad, lesividad, culpabilidad y proporcionalidad de
las sanciones; y con observancia de la norma penal (artículos 45 y 45-A
del Código Penal). Además, sostiene que al favorecido no le apremiaba
la responsabilidad penal relativa por la edad, pues a la fecha de la
comisión de los hechos tenía veintidós años, y la recurrente tenía trece
años de edad. De otro lado, considera que las circunstancias atenuantes
privilegiadas, para establecer la pena por debajo del mínimo legal, no
tienen nada que ver con las circunstancias atenuadas ni con las
agravadas, sino con las circunstancias atenuadas privilegiadas previstas
en el artículo 45-A del Código Penal y desarrolladas en la Casación 626-
2013 Moquegua. Arguye que la vía constitucional no es una instancia
para evaluar los criterios jurídicos de los jueces emplazados, pues tales
cuestionamientos solo se hacen en la vía ordinaria o vía judicial.
FUNDAMENTOS
Delimitación del petitorio
1. El objeto de la presente demanda es que se declare la nulidad de la
EXP. N.° 00064-2023-PHC/TC
CAÑETE
JORGE LUIS CCOYLLO ARIAS
representado por MARÍA
FERNANDA GABRIELA AQUIJE
CAMACHO
Sentencia condenatoria 008-2020-2ºJPCSC-CSJCÑ, Resolución 19,
de fecha 26 de enero de 2020, mediante la que se condenó a don
Jorge Luis Ccoyllo Arias a treinta años de pena privativa de la
libertad por la comisión del delito de violación sexual de menor de
edad11; de su confirmatoria, la sentencia de vista, Resolución 25, de
fecha 24 de agosto de 2020; y del auto de calificación de fecha 29
de octubre de 202112, mediante el que se declara nulo el concesorio
e inadmisible el recurso de casación presentado contra la sentencia
de vista.
2. Se denuncia la vulneración de los derechos al debido proceso, a la
debida motivación de las resoluciones judiciales y a la libertad
personal, así como de los principios de proporcionalidad en la
imposición de la pena y de interés superior del niño.
Análisis del caso
Sobre afectación al derecho a la debida motivación de las
resoluciones judiciales
3. La necesidad de que las resoluciones judiciales sean motivadas es
un principio que informa el ejercicio de la función jurisdiccional y
al mismo tiempo, un derecho constitucional de los justiciables.
Mediante la motivación, por un lado, se garantiza que la
administración de justicia se lleve a cabo de conformidad con la
Constitución y las leyes (artículos 45 y 138 de la Constitución
Política del Perú) y, por otro, que los justiciables puedan ejercer de
manera efectiva su derecho de defensa. Justamente, con relación al
derecho a la debida motivación de las resoluciones, este Tribunal ha
precisado que “la Constitución no garantiza una determinada
extensión de la motivación, por lo que su contenido esencial se
respeta siempre que exista fundamentación jurídica congruente entre
lo pedido y lo resuelto, y que, por sí misma, exprese una suficiente
justificación de la decisión adoptada, aun si ésta es breve o concisa
11 Expediente 213-2015-16-0801-JR-PE-03.
12 Casación 902-2020.
EXP. N.° 00064-2023-PHC/TC
CAÑETE
JORGE LUIS CCOYLLO ARIAS
representado por MARÍA
FERNANDA GABRIELA AQUIJE
CAMACHO
o se presenta el supuesto de motivación por remisión [...]”13.
4. Conforme a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, como la
emitida en el Expediente 00728-2008-PHC/TC (Caso Giuliana
Llamoja), se ha precisado que el control de constitucionalidad debe
iniciar a partir de la resolución firme, en los siguientes términos:
Considerando los criterios de razonabilidad y de coherencia, el
control de constitucionalidad debe iniciar a partir de la
ejecutoria suprema de fecha 22 de enero de 2007, en la medida
que es ésta la que goza de la condición de resolución judicial
firme, y porque de superar el examen, esto es, si resulta
constitucional, carecería de objeto proceder al examen de la
resolución inferior impugnada. Por ello, a efectos de constatar
si se ha vulnerado no el derecho a la debida motivación de las
resoluciones judiciales, este Tribunal Constitucional reitera que
el examen partirá fundamentalmente de los propios
fundamentos expuestos en aquella; de modo tal que las demás
piezas procesales o los medios probatorios del proceso solo
sirvan para contrastar o verificar las razones expuestas, mas no
para ser objeto de una nueva evaluación. Ello debe ser así, ya
que como dijimos supra, en este tipo de procesos al juez
constitucional no le incumbe el mérito de la causa, sino el
análisis externo de la resolución judicial. Y es en atención a
esta línea de evaluación que resulta pertinente explicar -qué
duda cabe- los fundamentos de la resolución judicial
impugnada a fin de comprobar si son o no el resultado de un
juicio racional y objetivo desde la Constitución, en las que el
juez ha puesto en evidencia su independencia e imparcialidad,
o por el contrario, ha caído en arbitrariedades, subjetividades o
inconsistencias (14).
5. En el caso de autos, la recurrente denuncia que las decisiones
judiciales no se encuentran debidamente motivadas, porque los
medios probatorios que se utilizaron para la condena, en realidad no
fundamentaron la responsabilidad del favorecido. Concretamente,
alega que se trataría de una motivación insuficiente, toda vez que
solo se ha valorado el hecho de que entró espermatozoide en sus
partes íntimas.
13Sentencia recaída en el Expediente 01291-2000-AA/TC.
14 Sentencia emitida en el Expediente 00728-2008-PHC/TC, fundamento 11.
EXP. N.° 00064-2023-PHC/TC
CAÑETE
JORGE LUIS CCOYLLO ARIAS
representado por MARÍA
FERNANDA GABRIELA AQUIJE
CAMACHO
6. Al respecto, se advierte que han sido valoradas una pluralidad de
medios probatorios, tales como la partida de nacimiento de la menor
agraviada, a fin de verificar su edad; el DVD que contiene la
grabación de la entrevista realizada a la agraviada; la pericia
psicológica; hisopados practicados al acusado, entre otros. Así, la
sentencia condenatoria de fecha 26 de enero de 2020 (a fojas 3),
expone lo siguiente:
ANÁLISIS DEL CASO CONCRETO
(…)
28. Corresponde ahora en cuanto a la presunta comisión del
delito antes señalado, realizar el examen en conjunto de todos
los medios probatorios actuados en juicio oral, debiendo
señalar que la confrontación entre los resultados probatorios, se
encuentra sometido al principio de completitud de la valoración
de la prueba, siendo este un principio de orden racional, incluso
antes que jurídico, que exige que la acreditación de los hechos
ventilados en el proceso se consignen sobre la base de todas las
pruebas que hayan sido incorporadas a la causa, y que se hayan
revelado esenciales y útiles para establecer los hechos de la
misma, así pues bien, corresponde en primer término valorar el
ACTA DE NACIMIENTO PERTENECIENTE A LA
MENOR AGRAVIADA de iniciales M.F.A.C., la cual deja
establecido que la agraviada nació el día vientres de julio del
año 2001, y por ende al mes de febrero del año dos mil quince -
fecha en que ocurrieron los hechos denunciados - tenía trece
años de edad, cumpliéndose así este primer elemento objetivo
del tipo penal.-
(…)
30. (…) la visualización del DVD que contiene la entrevista
única realizada a la menor de iniciales M.F.A.C., en la cual la
agraviada señaló que el día de los hechos hizo entrar a su
enamorado y le dijo que se esconda debajo de la cama pero
fue ampayado por su abuelo y llamaron a la policía siendo
detenido indicando que su enamorado se llama Jorge Luis y
tiene veinte años, y que no ha tenido relaciones sexuales con
Jorge Luis ni con otras personas, precisando que ella dejó que
su enamorado en su cuarto mientras iba al baño; teniendo que
dicha diligencia se llevó a cabo con todas las garantías de Ley
conforme se advierte de la actuación del ACTA DE
EXP. N.° 00064-2023-PHC/TC
CAÑETE
JORGE LUIS CCOYLLO ARIAS
representado por MARÍA
FERNANDA GABRIELA AQUIJE
CAMACHO
ENTREVISTA ÚNICA EN CÁMARA GESELL de fecha
veintisiete de febrero de 2015, con lo cual tenemos entonces
que no existe imputación con las garantías de certeza por parte
de la menor agraviada en contra del citado acusado; sin
embargo, en este punto es imprescindible resaltar que el
artículo 158º del Código Procesal Penal establece que: “1. En
la valoración de la prueba el juez deberá observar las
reglas de la lógica, la ciencia y las máximas de la
experiencia, y expondrá los resultados obtenidos y los
criterios adoptados, 2. En los supuestos de testigos de
referencia, declaración de arrepentidos o colaboradores y
situaciones análogas, solo con otras pruebas que
corroboren sus testimonios se podrá imponer al imputado
un medida coercitiva o dictar en su contra sentencia
condenatoria, 3. La prueba por indicios requiere: a) Que el
indicio esté probado, B) Que la inferencia esté basada en las
reglas de la lógica, la ciencia o la experiencia, c) Que
cuando se trata de indicios contingentes, éstos sean
plurales, concordantes y convergentes, así como que no es
presenten contraindicios consistentes”.
31. Así pues bien, en secuencia lógica de lo expuesto en el
considerando precedente, tenemos que la menor agraviada ha
señalado que no ha mantenido relaciones sexuales con el
acusado (…) teniendo que al respecto debemos indicar que ha
sido evaluada en juicio la perito médico KARINA MIRANDA
QUICHIZ la misma que fue evaluada respecto del
CERTIFICADO MÉDICO LEGAL Nº 000977-DLS, de
fecha veintisiete de febrero del año 2015 (mismo día de los
hechos), practicada a la menor agraviada de iniciales M.F.A.C.,
quién concluyó que luego de evaluada a la menor presenta
signos de desfloración antigua con lesiones genitales
recientes, además de signos de lesiones corporales
traumáticas genitales recientes, acotando que tales lesiones
las presenta en el himen de 9 a 1 horas según referencia
horaria, y que se ha producido las lesiones por agente contuso,
precisando en ese sentido que el miembro viril puede ser un
agente contuso, señalando además que tomó muestra de
hisopados vaginales y se remitió a biología forense (…) de la
evaluación de la perito psicológica BRIGGITTE CELINDA
PELÁEZ GARCÍA, la misma que fue evaluada respecto al
protocolo del PROTOCOLO DE PERICIA
PSICOLÓGICA Nº 000986-2015-PSC de fecha veintisiete de
febrero de 2015 (…) presenta alteración del desarrollo
psicosexual asociado a experiencia de tipo sexual no
esperadas para su edad (…)
EXP. N.° 00064-2023-PHC/TC
CAÑETE
JORGE LUIS CCOYLLO ARIAS
representado por MARÍA
FERNANDA GABRIELA AQUIJE
CAMACHO
32. (…) respecto del INFORME PERICIAL Nº 2015049 (…)
practicada en cuanto a la muestra de dos hisopados peneanos-
surco balano prepucial obtenida del acusado Jorge Luis
Ccoyllo Arias, (…) se halló en el hisopado de contenido
vaginal perteneciente a la menor peritada de iniciales M.F.A.C.
espermatozoides completos e incompletos, los que se
mantienen en dicho estado de obtención (…) se ha evaluado en
juicio a la perito bióloga Susan Ibet Polo Santillán, respecto de
la PRUEBA DE ADN- CASO ADN 2015-148 (…) en la cual
concluyó que basado en los resultados del perfil genético STR
autosómico obtenido de la muestra registrada con código de
laboratorio ADNI 2015-148-S1 que pertenece al acusado Jorge
Luis Ccoyllo Arias NO PUEDE SER EXCLUIDO DE LA
PRESUNTA RELACIÓN DE VEROSIMILITUD con
respecto del perfil genético STR AUTOSÓMICO MEZCLA
obtenido de la muestra registrada con código de laboratorio
ADNI 2015-148 (…) por lo que en consecuencia no existen
dudas de que efectivamente este ha mantenido relaciones
sexuales con la menor agraviada, lo cual se encuentra también
corroborado con las conclusiones señaladas por la perito
Karina Miranda Quichiz quien ha indicado -entre otros puntos-
que la menor presenta signos de lesiones corporales
traumáticas genitales recientes acordes a la producidas por
agente contuso, el cual puede ser el miembro viril de un
hombre; descartándose en ese sentido la hipótesis planteada por
el propio acusado consistente en que le habría dado el semen a
la menor a fin de que esta pueda determinar si mantiene
relaciones sexuales con otras personas (…); sin embargo ello
obviamente es otro intento de la agraviada de evitar sea
responsabilizado el acusado por el hecho acontecido, habiendo
realizado una incorrecta interpretación de las conclusiones
científicas obtenidas en juicio (…) por lo que corresponde
imponer una sentencia condenatoria al acusado Ccoyllo Arias
(…).
7. Este Tribunal aprecia, de la revisión de los autos, que lo alegado por
la parte demandante en este extremo ha quedado desvirtuado, debido
a que existen diversos medios de prueba cuya valoración compete al
colegiado penal. En este sentido, se advierte que en las sentencias
cuestionadas se han analizado una serie de documentos y actuados,
para, finalmente, llegar a una conclusión, no solo con base en
pruebas testimoniales, sino en documentales y periciales, entre otras.
Se concluye, pues, que la responsabilidad penal por el delito
EXP. N.° 00064-2023-PHC/TC
CAÑETE
JORGE LUIS CCOYLLO ARIAS
representado por MARÍA
FERNANDA GABRIELA AQUIJE
CAMACHO
imputado es constitucionalmente válida.
Sobre la determinación de la pena al caso concreto
8. Si bien en cuanto a la culpabilidad del autor se ha constatado la
debida motivación, es importante precisar que, de acuerdo con la
línea jurisprudencial de este Tribunal, la debida motivación de las
resoluciones judiciales, en materia penal, no solo se refiere a la
explicación del proceso mental que los jueces de instancia hicieron
para llegar a una determinada conclusión sobre la responsabilidad
penal de un procesado, sino también comprende la determinación
judicial de la pena o medida de seguridad, así como el monto de la
reparación civil. Esto apareja la indicación expresa de las razones
por las que se llega a determinadas conclusiones de tipo cualitativo
(responsabilidad penal del autor o partícipe y tipo de pena a
imponer) o cuantitativo (la determinación del quantum de pena a
imponer), en una suerte de actividad intelectual que, “de algún
tiempo a esta parte”, se ha convertido, para decirlo con palabras de
Zugaldia Espinar, en una verdadera “misión imposible”, lo que
genera una alta actividad impugnatoria de los justiciables 15.
9. En el presente caso, los jueces emplazados, para determinar la pena,
se limitaron a mencionar que el delito de violación sexual de
menores se encuentra previsto y penado en el artículo 173, primer
párrafo, numeral 2, del Código Penal, modificado por el artículo 2
de la Ley 30076, de fecha 13 de agosto del 2013 (vigente a la fecha
de los hechos), que contemplaba una pena privativa de la libertad no
menor de 30 ni mayor de 35 años; y que debía considerarse la
“magnitud del daño causado”, que se “ha lesionado la integridad
física de la víctima”; y que se le ha causado un “daño psicológico y
emocional (a la agraviada) de por vida”.
10. No obstante, aquí se plantean consideraciones adicionales, pero no
menos importantes, que el juzgador debe motivar. Por un lado, la
15 Cfr. Zugaldia Espinar, José Miguel. “La individualización judicial de la pena (una
misión con nombre de película: misión imposible)”, en Homenaje al Profesor José
Luis Diez Ripollés. Valencia 2023, págs. 1149 y siguientes. En este mismo sentido,
cfr. Acuerdo Plenario 01-2023/CIJ-112, de fecha 28 de noviembre del 2023, pág. 5.
EXP. N.° 00064-2023-PHC/TC
CAÑETE
JORGE LUIS CCOYLLO ARIAS
representado por MARÍA
FERNANDA GABRIELA AQUIJE
CAMACHO
insistencia de la recurrente, quien en todo momento -inclusive en
sede del Tribunal Constitucional- ha afirmado que el favorecido es
su pareja, y que han procreado una hija menor de edad, e incluso
han formado una familia debidamente consolidada; y que desde que
su pareja se encuentra en la cárcel, afrontan un estado de abandono
material.
11. En el presente caso, sin cuestionar la validez de la decisión judicial
sobre la culpabilidad del autor (la cual se funda en una debida
motivación), este Tribunal considera que no ocurre lo mismo con la
determinación de la pena, toda vez que se impone valorar si en el
presente caso se debe ejercer un control difuso sobre la norma penal
y la pena a imponer, o no.
La necesidad de valorar el interés superior del niño y la protección
de la familia para determinar en el quantum de la pena a través del
control difuso
12. La accionante manifiesta que el beneficiario era el único sostén del
hogar familiar. Además, refiere que conformaban una unión de
hecho voluntaria, que incluso con el paso del tiempo se ha
consolidado con la procreación de una hija, ahora en situación de
desamparo moral y material por parte de su padre. Esto se demuestra
con la sola deducción del momento de los hechos. Mientras que el
acto agresor ocurrió cuando la menor agraviada tenía 13 años, 7
meses y 4 días, la procreación de la hija en común fue cuando ella
tenía 17 años, 7 meses y 2 días de edad; es decir, 3 años, 11 meses y
28 días después.
13. Este mismo análisis sobre el interés superior del niño y la protección
de la familia para confirmar el quantum de la pena resultaba
aplicable al razonamiento judicial de los jueces de segunda instancia,
quienes, amparándose únicamente en la primera parte del artículo
409, inciso 1, del Código Procesal Penal, expusieron lo siguiente16:
La impugnación confiere al Tribunal competencia solamente
16 F. 220 del expediente.
EXP. N.° 00064-2023-PHC/TC
CAÑETE
JORGE LUIS CCOYLLO ARIAS
representado por MARÍA
FERNANDA GABRIELA AQUIJE
CAMACHO
para resolver la materia impugnada, así como para declarar la
nulidad en caso de nulidades absolutas o sustanciales no
advertidas por el impugnante.
14. Como se puede apreciar, el colegiado del Poder Judicial no se refiere
a la segunda parte de este artículo, que impone al juez penal dejar de
ser inquisitivo, y convertirse en un juez de garantías de los derechos
constitucionales. Resulta incompatible en el Estado democrático
constitucional considerar que un procesado que alega argumentos
impugnatorios de inocencia esté conforme con la pena que se le haya
impuesto.
15. Por otro lado, se puede advertir que los magistrados emplazados, al
momento de determinar la pena, omitieron la doctrina legal de la
Corte Suprema de Justicia de la República, consagrada en la
Sentencia Plenaria Casatoria 01-2018/CIJ-433, de fecha 18 de
diciembre del 2018, que, en su fundamento 24, establece lo
siguiente:
Cabe señalar que este Supremo Tribunal, desde el Derecho
Internacional convencional, tiene reconocido dos causales de
disminución de punibilidad supra legales – sin que pueda
negarse el análisis y aplicación, en lo pertinente, de la
Convención 169 de la OIT, Convenio sobre pueblos indígenas
y tribales, de fecha 27 de junio de 1999, en especial, los
artículos 8 a 10…1.- El interés superior del niño, conforme al
art. 3, apartado 1, de la Convención sobre los Derechos del
Niño. Si el imputado y la agraviada forman ya una unidad
familiar estable y tienen hijos menores de edad, y el primero
cumple efectivamente con sus obligaciones de padre, se tiene
que la culpabilidad por el hecho disminuye sensiblemente y
debe operar, siempre, disminuyéndose la pena por debajo del
mínimo legal. Así lo declaro la Ejecutoria Suprema 761-2018-
Apurimac, de fecha 24 de mayo último.
16. Como enfatiza Roxin, en la exposición de motivos del Proyecto
Alternativo de Código Penal Alemán de 1966, “imponer pena”, “no
es un proceso metafísico, sino una amarga necesidad en una
comunidad de seres imperfectos como son los hombres” 17. Para ser
17 En este sentido, Roxin, Claus. Iniciación al Derecho Penal de hoy. Traducción,
EXP. N.° 00064-2023-PHC/TC
CAÑETE
JORGE LUIS CCOYLLO ARIAS
representado por MARÍA
FERNANDA GABRIELA AQUIJE
CAMACHO
justa, la pena tiene que regirse por la teoría de fines de prevención
general o especial de la pena privativa de la libertad, dentro del
marco de las circunstancias atenuantes y agravantes taxativamente
reguladas por el Código Penal y también por la jurisprudencia. Y
además debe considerarse, en todo momento, que, en una sociedad
democrática, el ejercicio del ius puniendi estatal no es absoluto, sino
que debe ser limitado, de acuerdo con los fines del principio
constitucional de “la defensa de la persona y el respeto de su
dignidad, como fin supremo de la sociedad y del Estado” (artículo 1,
de la Constitución) 18, así como por los principios de culpabilidad
(derivado del principio constitucional de la dignidad de la persona
humana), legalidad (artículo 2, inciso 24, apartado d, de la
Constitución); y, sobre todo, por el llamado principio de
proporcionalidad, cuya observancia comporta que las penas a
imponer guarden proporción con la gravedad de los hechos
delictivos, conforme lo ha establecido el legislador nacional en el
artículo VIII del Título Preliminar del Código Penal: “la pena no
puede sobrepasar la responsabilidad (penal del autor) por el hecho”.
Más aún si se considera que, en relación con este tipo de casos, de
acuerdo con el artículo 4, de la Constitución: “La comunidad y el
Estado protegen especialmente al niño, al adolescente, a la madre
y al anciano en situación de abandono. También protegen a la
familia y promueven el matrimonio. Reconocen a estos últimos
como instituciones naturales y fundamentales de la sociedad”
(énfasis agregado).
17. Precisamente, a través del “principio de culpabilidad”, entendido no
como fundamento, sino como límite de la pena, el legislador
nacional tomó de las ideas de Roxin19; y del “principio de
introducción y notas de Francisco Muñoz Conde y Diego Manuel Luzón Peña.
Sevilla 1981, p. 148.
18 Cfr. Bacigalupo, Enrique. Manual de Derecho penal, parte general. Bogotá 1984,
p. 17.
19 Cfr. Roxin, Claus. “Culpabilidad y responsabilidad como categorías sistemáticas
jurídico penales”, en Problemas básicos del Derecho Penal, traducción de Diego
Manuel Luzón Peña, Madrid 1976, pág. 200 y siguientes. Es importante precisar,
sin embargo, que cuando Roxin se refiere a la culpabilidad, no lo hace en el sentido
de una categoría que cumple la función de servir de fundamento de la pena, como lo
EXP. N.° 00064-2023-PHC/TC
CAÑETE
JORGE LUIS CCOYLLO ARIAS
representado por MARÍA
FERNANDA GABRIELA AQUIJE
CAMACHO
proporcionalidad”, es posible conectar los fines (preventivos) del
derecho penal con el hecho cometido por el delincuente, con lo que
se impide el establecimiento de conminaciones penales
desproporcionadas. Y se previene también contra la imposición de
penas de forma abstracta, sin ningún tipo de relación valorativa con
el hecho enjuiciado, en la medida en que la gravedad de la pena ha
de ser siempre proporcional a la gravedad del hecho antijurídico
(gravedad del injusto). Debe tenerse en cuenta, sobre todo, la
gravedad intrínseca del hecho, por el grado de desvalor del resultado
y de la acción –importancia y número de bienes jurídicos afectados,
entidad del daño causado, peligrosidad de la acción y desvalor de la
intención–; así como, en menor medida, la gravedad extrínseca del
hecho, esto es, el peligro de frecuencia de su comisión y la
consiguiente alarma social, que también cabe incluir en el desvalor
objetivo de la acción, en donde actualmente el “principio de
proporcionalidad” integra toda una serie de criterios, hasta ahora
dispersos, como la última ratio, el “no más daño que utilidad”, la
“construcción de una jerarquía de bienes jurídicos”, etc. A su vez, la
proporcionalidad se descompone en tres subprincipios: idoneidad,
necesidad y proporcionalidad, de la pena20. En otras palabras,
supone que las consecuencias jurídicas derivadas del delito sean
proporcionales a la gravedad del mismo.
18. Es cierto también, como anota Mayer, que “a la pregunta por la
naturaleza de la pena puedan existir nuevas respuestas”21, en la
medida en que por esta expresión se entienda, en sentido amplio, un
conjunto de principios o axiomas que legitimen el ejercicio del ius
puniendi estatal 22. Es por eso que no se trata de expresar diversos
fundamentos de carácter doctrinario y jurisprudencial de carácter
abstracto, sin mencionar concretamente las razones por las que los
jueces arriban a la determinación punitiva de 30 años de privación de
entendían los autores clásicos, sino que la entiende como “responsabilidad” que
limita a la pena. Las ideas de Roxin fueron introducidas en el articulado de nuestro
Código Penal de 1991, por el iuspenalista Raúl Peña Cabrera.
20 La frase es de Silva Sánchez, Jesús María; citado por M° Angeles Cuadrado Ruiz.
21 Cfr. Mayer, Hellmuth; Strafrecht, Allgemeiner Teil. Stuttgart 1967, pág. 24.
22 En este sentido Bacigalupo Zapater, Enrique. Manual de Derecho penal, parte
general. Bogotá 1984, pág. 12.
EXP. N.° 00064-2023-PHC/TC
CAÑETE
JORGE LUIS CCOYLLO ARIAS
representado por MARÍA
FERNANDA GABRIELA AQUIJE
CAMACHO
la libertad impuesta al favorecido, amparándose (aparentemente) en
el milenario aforismo de Justiniano: dura lex sed lex; sino de
motivar, en el caso en concreto, si la pena privativa de la libertad a
imponer al procesado resulta “idónea”, “necesaria” y “proporcional”,
de acuerdo con los fines ideológicos y humanistas que inspiran la
Constitución Política.
19. Porque, si se trata de un hecho punitivo que lesiona intereses
constitucionales de los propios actores involucrados, corresponde
motivar si debe aplicarse un control difuso sobre el quantum de la
pena, o no.
La necesidad de emitir nueva resolución de vista
20. Por las consideraciones expuestas, en el presente caso corresponde al
juzgador ordinario evaluar si es admisible emplear el control
constitucional difuso para determinar el quantum de la pena privativa
de la libertad impuesta al favorecido. Más aún cuando la recurrente
alega que el vínculo con el favorecido ha trascendido en el tiempo,
que han llegado a constituir una unidad familiar estable, con una hija
menor de edad, y que el beneficiario era el único sostén del hogar
familiar, pues cumplía con sus obligaciones de padre.
21. De ahí que -en caso de persistir en la tesis de la culpabilidad del
procesado- para imponer una pena grave, resultaría necesario
considerar las diferentes razones que trasuntan esta sentencia, a
efectos de absolver de forma explícita cada uno de los argumentos
planteados por la recurrente, y que se valoren y motiven conforme a
la filosofía humanista que inspira la Constitución. Los jueces, en el
caso, deberán guiarse por principios de carácter convencional y
constitucional, como son el “interés superior del niño” y la
“protección de la unidad familiar”, conforme lo ha hecho ya la Corte
Suprema de la Justicia de la República en numerosas ejecutorias
supremas, a saber: 1) el Recurso de Nulidad 761-2018-Apurímac, de
fecha 28 de mayo del 2018; 2) el Recurso de Nulidad 679-2020-
Apurímac, de fecha 5 de mayo del 2021; y, 3) el Recurso de Nulidad
2004-2019-Lima, de fecha 6 de octubre del 2020, entre otras.
EXP. N.° 00064-2023-PHC/TC
CAÑETE
JORGE LUIS CCOYLLO ARIAS
representado por MARÍA
FERNANDA GABRIELA AQUIJE
CAMACHO
Efectos de la sentencia
22. Al haberse acreditado la vulneración del derecho a la debida
motivación de las resoluciones judiciales en la determinación de la
pena (no se consideró el interés superior del niño, ni la unidad
familiar que ha alegado la agraviada), corresponde declarar la
nulidad de la sentencia de vista contenida en la Resolución 25, de
fecha 24 de agosto de 202023, en la medida en que es esta la que
goza de la condición de resolución judicial firme; a fin de que se
expida nueva resolución, tomando en cuenta las consideraciones
vertidas en la presente sentencia.
23. En consecuencia, al declararse nula la Resolución 25, de fecha 24 de
agosto de 2020, por defecto de motivación, esto conlleva la nulidad
de todas las resoluciones emitidas con posterioridad a esta última
durante el trámite del proceso penal en cuestión24; por tanto,
corresponde declarar la nulidad del auto de calificación de fecha 29
de octubre de 202125, mediante el cual se declara nulo el concesorio
e inadmisible el recurso de casación presentado contra la sentencia
de vista.
24. Pertinente es precisar que aquí no se ha discutido si se produjo el
delito imputado, sino si se ha producido la vulneración de la debida
motivación en la determinación de la pena. Por consiguiente, no
corresponde la excarcelación del beneficiario, al estar vigente la
Sentencia condenatoria 008-2020-2ºJPCSC-CSJCÑ, contenida en la
Resolución 19, de fecha 26 de enero de 2020.
Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad
que le confiere la Constitución Política del Perú,
23 F. 45 del expediente.
24 Sentencias emitidas en los expedientes 01443-2019-PHC/TC, fundamento 12;
03060-2021-PHC/TC, fundamento 13; y 00339-2021-PHC/TC, fundamento 13.
25 Casación 902-2020.
EXP. N.° 00064-2023-PHC/TC
CAÑETE
JORGE LUIS CCOYLLO ARIAS
representado por MARÍA
FERNANDA GABRIELA AQUIJE
CAMACHO
HA RESUELTO
1. Declarar FUNDADA, en parte, la demanda de habeas corpus.
2. Declarar NULA la sentencia de vista expedida por la Sala Penal de
Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Cañete, contenida en
la Resolución 25, de fecha 24 de agosto de 2020, que confirma la
sentencia condenatoria de primera instancia (Expediente 002013-
2015-16-0801-JR-PE-03); así como NULAS todas las resoluciones
emitidas con posterioridad a esta última durante el trámite del
proceso penal, como el auto de calificación de fecha 29 de octubre
de 2021, mediante el cual se declara nulo el concesorio e inadmisible
el recurso de casación presentado contra la sentencia de vista, en el
proceso penal seguido contra don Jorge Luis Ccoyllo Arias por el
delito de violación sexual de menor de edad. En consecuencia, se
ORDENA al superior colegiado que emita nueva resolución,
conforme a los fundamentos expuestos en la presente sentencia en
cuanto a la motivación en la determinación de la pena.
3. Declarar IMPROCEDENTE la demanda en el extremo que la
recurrente solicita la nulidad de la sentencia de primera instancia; en
consecuencia, no corresponde la excarcelación del favorecido,
conforme a lo expresado en los fundamentos 22 a 24, supra.
Publíquese y notifíquese.
SS.
MORALES SARAVIA
PACHECO ZERGA
GUTIÉRREZ TICSE
DOMÍNGUEZ HARO
OCHOA CARDICH
HERNÁNDEZ CHÁVEZ
PONENTE GUTIÉRREZ TICSE
EXP. N.° 00064-2023-PHC/TC
CAÑETE
JORGE LUIS CCOYLLO ARIAS
representado por MARÍA
FERNANDA GABRIELA AQUIJE
CAMACHO
FUNDAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO
MORALES SARAVIA
Con el debido respeto por la posición de mis colegas magistrados, si
bien estoy de acuerdo con lo resuelto en la sentencia, debo apartarme de
lo señalado en los fundamentos 16 al 18 pues considero que no son
relevantes para la resolución de la presente controversia.
S.
MORALES SARAVIA
EXP. N.° 00064-2023-PHC/TC
CAÑETE
JORGE LUIS CCOYLLO ARIAS
representado por MARÍA
FERNANDA GABRIELA AQUIJE
CAMACHO
FUNDAMENTO DE VOTO DE LA MAGISTRADA
PACHECO ZERGA
Con el mayor respeto por la posición de mis colegas magistrados, emito
el presente fundamento de voto por las siguientes consideraciones:
1. El objeto de la presente demanda es que se declare la nulidad de la
Sentencia condenatoria 008-2020-2ºJPCSC-CSJCÑ, Resolución 19,
de fecha 26 de enero de 2020, mediante la que se condenó a don
Jorge Luis Ccoyllo Arias a treinta años de pena privativa de la
libertad por la comisión del delito de violación sexual de menor de
edad26; su confirmatoria, la Sentencia de vista, Resolución 25, de
fecha 24 de agosto de 2020; y el Auto de Calificación de fecha 29
de octubre de 202127, que declara nulo el concesorio e inadmisible
el recurso de casación presentado contra la sentencia de vista.
2. Se alega la vulneración de los derechos al debido proceso, a la
debida motivación de las resoluciones judiciales, el principio de
proporcionalidad en la imposición de la pena, el principio de interés
superior del niño, y la libertad personal.
3. El hecho de tratarse de una relación sexual entre un mayor de edad y
una menor, si bien es cierto constituye un delito, también lo es que
los hechos ocurrieron en el año 2015 y que quien ha presentado el
recurso de habeas corpus es, precisamente, la entonces menor que
ahora es una mujer de 22 años, la cual insiste en que, tanto su hija
como ella, requieren el apoyo del beneficiario para poder salir
adelante como familia.
4. El deber especial de protección a la madre, establecida en el artículo
4° de la Constitución exige, en este caso particular, que la sentencia
impuesta al favorecido no tenga el efecto perverso de perjudicar
especialmente a dos mujeres: la madre y la menor engendrada como
fruto de una relación sentimental que se ha mantenido hasta la
fecha. No se trata de restar importancia a un hecho de especial
26
Expediente 213-2015-16-0801-JR-PE-03.
27
Casación 902-2020.
EXP. N.° 00064-2023-PHC/TC
CAÑETE
JORGE LUIS CCOYLLO ARIAS
representado por MARÍA
FERNANDA GABRIELA AQUIJE
CAMACHO
gravedad, ya que la relación sexual exige pleno consentimiento y
conocimiento de las consecuencias que ese acto implica en la vida
personal, lo cual no existe en un menor de edad.
5. Por esta razón coincido plenamente con lo decidido en la ponencia,
en el sentido de que la demanda debe ser estimada en parte porque
es necesario preservar la unidad familiar y el principio del interés
superior del niño, no obstante existir un contexto complejo en este
caso. A la vez, debo manifestar que hubiera preferido que la
decisión hubiese anulado también la sentencia de primera instancia,
ya que en ambas encuentro la misma falta de motivación que, repito,
impacta negativamente sobre dos mujeres, que tienen derecho a una
protección especial de parte del Estado, ya que los jueces deben
administrar justicia atendiendo a las circunstancias de cada caso
particular.
6. Como se ha señalado en la sentencia principal, el análisis en la
justicia constitucional no pretende cuestionar la culpabilidad del
beneficiario por la comisión del delito de violación sexual en
agravio de persona menor de edad. Y es que, en el proceso penal
subyacente, se han actuado diversos medios probatorios que, más
allá de toda duda razonable, permiten acreditar la comisión del
delito y la identificación del responsable. En otros términos, resulta
innegable que en el presente caso se ha cometido un delito
sancionado por ley.
7. Sin embargo, lo que es objeto de cuestionamiento, y ha sido objeto
de nuestro pronunciamiento es lo referido a la determinación de la
pena a imponer por el delito cometido. En ese sentido, la recurrente
refiere que, al momento de emitirse la condena contra Ccoyllo
Arias, no se tomó en cuenta que habían procreado una hija, producto
de la relación amorosa sostenida. Por lo que, al dictar una condena
de treinta años de pena privativa de la libertad en contra del
beneficiario, se afectó no solo el derecho a la debida motivación de
las resoluciones judiciales, sino también el principio del interés
superior de la menor en cuestión, ya que ha quedado en total
desamparo ante la imposibilidad de que el beneficiario se haga
cargo| de sus necesidades, cumpliendo con su deber alimentario y
EXP. N.° 00064-2023-PHC/TC
CAÑETE
JORGE LUIS CCOYLLO ARIAS
representado por MARÍA
FERNANDA GABRIELA AQUIJE
CAMACHO
todas las que corresponden al grupo familiar creado.
8. Es este hecho el que ha sido observado por el Tribunal
Constitucional. Así, al haberse comprobado que, en la Sentencia de
Vista, Resolución 25 del 24 de agosto de 202028, no se consideró la
existencia de una relación familiar entre el condenado y la agraviada
y mucho menos la existencia de una hija menor de edad fruto de
dicha unión, al momento de confirmar la pena impuesta en primera
instancia. Razón por la que se declara su nulidad.
9. Ahora bien, advierto que la ponencia solo declara nula la sentencia
de vista. Pero mantiene la sentencia de primera instancia 008-2020-
2ºJPCSC-CSJCÑ, Resolución 19, de fecha 26 de enero de 202029
que impone al favorecido 30 años. Al respecto, de autos se advierte
que en la sentencia de primera instancia ya se menciona que el
favorecido y la agraviada habrían procreado a una bebé de once
meses de nacida, como se advierte de la declaración del imputado,
recogida en la citada sentencia:
22. DECLARACIÓN DEL ACUSADO JORGE LUIS
CCOYLLO ARIAS: (…) que, actualmente son pareja y tiene
un bebé de once meses que se llama Fabiana (…)30
31. (…) queda claro que la menor ha mentido, seguramente
impulsada por un ánimo de proteger a la persona con quien
tiene una relación sentimental (y actualmente una hija) y a
quien no desea causar daño31.
10. Asimismo, si bien la ponencia declara la nulidad del Auto de
Calificación de fecha 29 de octubre de 202132, que declara nulo el
concesorio e inadmisible el recurso de Casación33, no precisa
28
Fojas 45
29
Emitido por el Segundo Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial Conformado de la
Corte Superior de Justicia de Cañete.
30
Foja 25 del pdf, foja 24 del expediente.
31
Foja 31 del pdf, foja 30 del expediente.
32
Emitida por la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema a foja 55 del expediente.
33
Casación 902-2020.
EXP. N.° 00064-2023-PHC/TC
CAÑETE
JORGE LUIS CCOYLLO ARIAS
representado por MARÍA
FERNANDA GABRIELA AQUIJE
CAMACHO
claramente, a mi entender, las razones que sustentan esta nulidad.
11. Al respecto, advierto que en esta resolución suprema se indica lo
siguiente:
Primero. El procesado Jorge Lnis Ccoyllo Arias, en su recurso
de casación del siete de enero de dos mil veinte (foja 278). Si
bien invoco las causales 1, 2, 3 y 4 establecidas en el artículo
429 del Código Procesal Penal, denunció las siguientes
infracciones:
(…) En este punto, afirma que si bien no pone en
cuestionamiento el mandato jurídico de la conducta delictiva, y
en el supuesto negado se haya mantenido relaciones sexuales,
debe tenerse en cuenta que contaba con 22 años al momento de
los hechos y es pasible de responsabilidad debido a que la
relación sentimental con la agraviada se mantenga hasta la
actualidad como pareja, criando una hija (formando una
familia), el interés superior del niño (…)34 [énfasis
agregado].
12. En ese sentido, se acredita entonces que el favorecido mediante
recurso de casación cuestionó, entre otros aspectos, que la sentencia
de vista no haya considerado al momento de confirmar su condena,
el hecho que tiene una hija con la agraviada. Lo que,
lamentablemente, no ha sido objeto de pronunciamiento expreso por
parte de la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema.
13. Esta sería, a mi entender, la razón principal para declarar la nulidad
de la resolución suprema que deniega el recurso de casación
presentado por el beneficiario en el presente caso. Es decir, un claro
vicio en la motivación de la resolución suprema, vinculada también
con el principio del interés superior del niño.
S.
PACHECO ZERGA
34
Fojas 57 y 58 del pdf
EXP. N.° 00064-2023-PHC/TC
CAÑETE
JORGE LUIS CCOYLLO ARIAS
representado por MARÍA
FERNANDA GABRIELA AQUIJE
CAMACHO
FUNDAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO
DOMÍNGUEZ HARO
Si bien concuerdo con el sentido del fallo de la presente sentencia,
considero necesario señalar algunos aspectos a tener en cuenta,
relacionados con los principios de protección a la familia y del interés
superior del niño, que a continuación se exponen:
1. La protección a la familia, que era relacionada principalmente con el
matrimonio, ha cambiado en su concepción. Así el artículo 4 de la
Constitución peruana señala que “La comunidad y el Estado
protegen especialmente al niño, al adolescente, a la madre y al
anciano en situación de abandono”. En relación a lo señalado, es
imperativo traer a colación el interés superior del niño que es uno de
los principios fundamentales de la Convención sobre los Derechos
del Niño (CDN) y que ha sido comprendido en dispositivos internos
de los Estados parte, con la finalidad de ampliar la protección,
garantía y reconocimiento de los derechos de los niños. Como lo
resalta el profesor Miguel Cillero Bruñol, los niños son sujetos de
derechos y según la Convención establece un nuevo paradigma
sobre los derechos de los niños y adolescentes y la relación con la
justicia; lo más destacado en esta nueva concepción es que los niños
pasan de ser objetos de protección a ser sujetos de derechos, es
decir, que gozan de todos los derechos de las personas; pero,
además, de un conjunto de derechos adicionales o específicos35. El
artículo 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño prescribe
que el interés superior del niño debe ser una consideración
primordial para las medidas que se tomen, concernientes a la
infancia en asuntos de su interés.
2. En el caso de autos, tanto de la sentencia de primera instancia
(considerando 31) como de la sentencia de vista se advierte el
conocimiento que se tenía de que el procesado Jorge Luis Ccoyllo
35 Cillero Bruñol, Miguel: “El Interés Superior del Niño en el Marco de la Convención
Internacional sobre los Derechos del Niño”, artículo publicado en el Congreso
Internacional sobre Protección de los derechos del niño organizado por UNICEF y la
Universidad Diego Portales de Chile, 2009.
EXP. N.° 00064-2023-PHC/TC
CAÑETE
JORGE LUIS CCOYLLO ARIAS
representado por MARÍA
FERNANDA GABRIELA AQUIJE
CAMACHO
Arias había procreado con la agraviada (hoy demandante del
presente proceso de hábeas corpus) a su menor hija de iniciales B.
B. F. C. A., nacida el 25 de febrero de 2019, y pese a ello, no se
tomó en cuenta los aspectos familiares, la protección de la familia y
el interés superior del niño, reconocidos en la Constitución y en la
Convención sobre los Derechos del Niño. Asimismo, no se tomó en
cuenta la doctrina jurisprudencial de la Corte Suprema de Justicia de
la República que estableció la prevalencia de los principios citados,
los cuales constituyen exigencias que el derecho penal no puede
obviar, debiendo ser aplicada precisamente en la medición de la
pena.
3. Así, la Corte Suprema emitió la Sentencia Plena Casatoria 01-
2018/CIJ-433, de fecha 18 de diciembre de 2018, cuyo fundamento
24 estableció que, en aplicación de los principios de protección a la
familia y del interés superior del niño, se podría disminuir la pena,
por debajo del mínimo legal, en los delitos de violación de la
libertad sexual, es decir, que la culpabilidad por el hecho disminuye
en este supuesto, teniendo su proyección en la pena concreta, acorde
con las pautas del Código Penal, para una disminución siempre
discrecional y razonable de penalidad conminada para el delito36.
4. En esa misma línea, la referida sentencia plena casatoria, respecto a
los delitos contra la libertad sexual de menor de edad, estableció que
una de las causales para la disminución de las penas por debajo del
mínimo legal, para los casos en los que el imputado y la agraviada
forman ya una unidad familiar estable y tienen hijos menores de
edad con los cuales cumple el procesado, debe ser la aplicación de
la norma convencional contenida en el primer apartado del artículo
3 de la Convención sobre los Derechos del Niño.
5. A partir de lo señalado, si bien es cierto, el interés superior del niño
incide en cualquier decisión jurisdiccional; sin embargo, no es
posible aseverar en abstracto que toda sentencia condenatoria, en la
que se aplica positivamente el interés superior del niño, será siempre
beneficioso para el ejercicio de sus derechos, por lo que, debe
36 Sentencia Plena Casatoria 01-2018/CIJ-433.
EXP. N.° 00064-2023-PHC/TC
CAÑETE
JORGE LUIS CCOYLLO ARIAS
representado por MARÍA
FERNANDA GABRIELA AQUIJE
CAMACHO
tenerse en cuenta las circunstancias que rodearon al hecho delictivo
y sus consecuencias, a fin de que ello no interfiera en la estabilidad
emocional de la madre e hijos y, en general, en la armonía familiar,
es decir, no es suficiente tener la sola condición de progenitor para
beneficiarse con su aplicación.
6. En el presente caso, teniendo en cuenta que ha sido la agraviada del
delito de violación sexual de menor de edad (María Fernanda
Gabriel Aquije Camacho) quien ha interpuesto la presente demanda
de habeas corpus, acreditando que tiene una hija menor de edad,
producto de la relación convivencial con el favorecido (autor del
delito de violación sexual de menor de edad), quien constituye un
soporte importante de la familia, con quien mantuvo una relación
sentimental desde muy jóvenes, y, si bien, en el proceso penal
subyacente, quedó establecida la culpabilidad de Jorge Luis Coyllo
Arias, no se tuvieron en cuenta los principios de protección a la
familia y del interés superior del niño.
Dicho esto, suscribo la sentencia
S.
DOMÍNGUEZ HARO
EXP. N.° 00064-2023-PHC/TC
CAÑETE
JORGE LUIS CCOYLLO ARIAS
representado por MARÍA
FERNANDA GABRIELA AQUIJE
CAMACHO
FUNDAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO
OCHOA CARDICH
Si bien coincido con lo dispuesto en parte resolutiva de la sentencia
en el extremo que declara fundada en parte la demanda, considero
pertinente efectuar algunas consideraciones adicionales, concernientes al
asunto de fondo que fue objeto de análisis.
En primer lugar, debe reconocerse, sin ambigüedades, que trasgredir
la indemnidad sexual de una niña, como fue establecido en el proceso
subyacente, debe ser criminalizado con sanciones severas, por tratarse de
una conducta especialmente grave y reprochable. En este sentido, el bien
jurídico que se protegió en el proceso penal subyacente fue el de
“indemnidad sexual” y no el de “libertad sexual”, pues la víctima era
una niña, que entonces tenía trece años de edad, y por ende a efectos de
evaluar la responsabilidad penal del condenado no cabe hacer referencia
a ningún supuesto “consentimiento” (argumento que, indebidamente, por
momentos se asoma en la presente controversia).
Precisado lo anterior, el caso se torna algo complejo debido a lo que
ocurrió posteriormente, una vez que la víctima ingresó en la
adolescencia y, según sus propias declaraciones, ya en ejercicio de su
autonomía, decidió mantener una relación sentimental con el condenado,
con quien incluso llegó a procrear un hijo y formar una familia. A este
respecto, valga precisar que el hecho de que por diversas razones la
víctima, posteriormente, haya terminado manifestándose en favor del
condenado, no cambia que el recurrente en su momento haya cometido,
y por ende deba ser condenado, por el delito de violación sexual a menor
de edad.
Ahora bien, y sin perjuicio de lo anterior, también es cierto que al
momento de calcular el quantum de la pena, si bien el juzgador ordinario
se ciñó a los límites legalmente previstos, no tuvo en cuenta las
alegaciones que se formularon en torno a la situación en que se
encontraban ya no solo la víctima y el victimario, sino también el hijo de
ambos. El no tomar en cuenta ello puede ser considerado como algunos
supuestos de motivación defectuosa: por una parte, podría tratarse de un
defecto de incongruencia, pues el juzgador penal no respondió
EXP. N.° 00064-2023-PHC/TC
CAÑETE
JORGE LUIS CCOYLLO ARIAS
representado por MARÍA
FERNANDA GABRIELA AQUIJE
CAMACHO
debidamente aquellas cuestiones que fueron planteadas por las partes y
que eran relevantes para resolver; por otra parte, podría tratarse de un
déficit constitucional (más propiamente, de un déficit de exclusión de
bienes constitucionales), pues la judicatura penal no se pronunció sobre
la alegada intervención en bienes tales como el interés superior del niño
o la unidad familiar, lo que, a decir de la parte recurrente, implicaba la
necesidad de que el juzgador ejerciera el control difuso respecto del
mínimo de la pena previsto por el legislador.
Ciertamente, no le corresponde a la judicatura constitucional señalar
en qué sentido debería motivar sus decisiones la justicia penal, ni cómo
esta debería valorar los hechos y bienes en juego en el marco de sus
competencias, ni tampoco ordenarle que ejerza control difuso cuando
recién tomará a cuenta, conforme a lo aquí resuelto, los diversos bienes
penales y constitucionales concomitantes en el proceso penal.
Así visto, el defecto de motivación que ha sido detectado por este
Tribunal en el caso de autos tan solo implica que la judicatura deberá
analizar y responder debidamente a las alegaciones de la parte
recurrente, emitiendo un nuevo pronunciamiento en el que no exista la
omisión antes referida. Siendo así, debe quedar muy claro que lo
resuelto no significa que, tal como lo pretende la parte recurrente, deba
realizarse necesariamente una reducción de la pena, ni que el órgano
judicial necesariamente deba ejercer el control difuso con tal propósito.
En este orden de ideas, el órgano judicial emplazado mantiene sus
competencias para valorar los hechos del caso y los bienes
comprometidos, solo que, con base en esta sentencia, tiene asimismo el
deber de emitir un nuevo pronunciamiento subsanando los vicios de
motivación que fueron encontrados.
S.
OCHOA CARDICH
EXP. N.° 00064-2023-PHC/TC
CAÑETE
JORGE LUIS CCOYLLO ARIAS
representado por MARÍA
FERNANDA GABRIELA AQUIJE
CAMACHO
FUNDAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO
HERNÁNDEZ CHÁVEZ
Si bien concuerdo con el sentido de fallo propuesto en la ponencia, el
cual suscribo, considero pertinente realizar las siguientes precisiones:
1. Una de las principales alegaciones de la demanda consiste en que la
sentencia condenatoria no habría tenido en cuenta el interés superior
del niño.
2. Respecto del interés superior del niño, este Tribunal Constitucional
ha reconocido que la niñez constituye un grupo de interés y de
protección especial y prioritario del Estado. Así lo ha previsto la
Constitución en su artículo 4 al establecer que “la comunidad y el
Estado deben proteger especialmente al niño y al adolescente”. Esto
presupone, como ya lo ha señalado este Tribunal Constitucional, el
colocar a los niños en un lugar de singular relevancia en el diseño e
implementación de las políticas públicas, dada su particular
vulnerabilidad, al ser sujetos que empiezan la vida y que se
encuentran en situación de indefensión. Por ello, requieren especial
atención por parte de la familia, la sociedad y el Estado, a fin de que
puedan alcanzar el pleno desarrollo de su personalidad.
3. A su vez, el artículo 3, inciso 1, de la Convención Internacional
sobre los Derechos del Niño, prevé que:
“En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las
instituciones públicas o privadas de bienestar social, los
tribunales, las autoridades administrativas o los órganos
legislativos, una consideración primordial a que se atenderá
será el interés superior del niño”.
4. Así también el artículo IX del Título Preliminar del Código de los
Niños y Adolescentes establece lo siguiente:
“En toda medida concerniente al niño y al adolescente que
adopte el Estado a través de los Poderes Ejecutivo, Legislativo
y Judicial, del Ministerio Público, los Gobiernos Regionales,
Gobiernos Locales y sus demás instituciones, así como en la
EXP. N.° 00064-2023-PHC/TC
CAÑETE
JORGE LUIS CCOYLLO ARIAS
representado por MARÍA
FERNANDA GABRIELA AQUIJE
CAMACHO
acción de la sociedad, se considerará el Principio del Interés
Superior del Niño y del Adolescente y el respeto a sus
derechos”.
5. Además, este Tribunal Constitucional, en la sentencia recaída en el
expediente 03744-2007-PHC/TC, dejó precisado que:
“[…] el principio constitucional de protección del interés
superior del niño, niña y adolescente presupone que los
derechos fundamentales del niño, niña y adolescente, y en
última instancia su dignidad, tienen fuerza normativa superior
no sólo en el momento de la producción de normas, sino
también en el momento de la interpretación de ellas,
constituyéndose por tanto en un principio de ineludible
materialización para el Estado, la sociedad en su conjunto y la
propia familia, incluidos claro está el padre, la madre o quien
sea el responsable de velar por sus derechos fundamentales”.
6. En cuanto al interés superior del niño, cabe señalar que,
recientemente este Tribunal Constitucional ha emitido la STC
00956-2022-HC/TC en la que determinó como un defecto de
motivación de una resolución que disponía la revocación de la pena
suspendida, no haber dado respuesta a las alegaciones referidas a
que se trataba de una madre soltera. Sobre la base de este tipo de
consideraciones, este Tribunal Constitucional determinó que
resultaba violatorio del derecho a la debida motivación de las
resoluciones judiciales el declarar la revocación de la suspensión de
la pena sin tomar en cuenta la condición de madre soltera de la
imputada.
7. A su vez, la propia Corte Suprema, sobre la base del interés superior
del niño ha reconocido, para el caso de procesos penales por
violación sexual, que si el imputado y la agraviada forman ya una
unidad familiar estable y tienen hijos menores de edad, y el primero
cumple efectivamente con sus obligaciones de padre, se tiene que la
culpabilidad por el hecho disminuye sensiblemente y debe operar,
siempre, disminuyéndose la pena por debajo del mínimo legal.
(Sentencia Plenaria Casatoria 01-2018/CIJ-433).
8. En el presente caso, se advierte, entonces que, la sentencia
EXP. N.° 00064-2023-PHC/TC
CAÑETE
JORGE LUIS CCOYLLO ARIAS
representado por MARÍA
FERNANDA GABRIELA AQUIJE
CAMACHO
condenatoria debió haberse pronunciado por las consecuencias de la
sentencia en la menor hija del imputado, máxime si, junto con la
agraviada formaban una unidad familiar. Se advierte en este sentido
que la sentencia se aparta inmotivadamente del criterio
jurisprudencial asumido por la Corte Suprema de la República a
través de la Sentencia Plenaria Casatoria 01-2018/CIJ-433.
9. La referida Resolución de la Corte Suprema de Justicia de la
República es citada en el fundamento 15 de la ponencia. Al
respecto, el argumento esgrimido consiste en que el órgano
jurisdiccional emplazado habría desconocido una doctrina legal de
aquella. Con el debido respeto por mi colega ponente, me aparto de
dicho argumento, por cuanto no es competencia de la justica
constitucional determinar si los jueces respetaron acuerdos plenarios
de la Corte Suprema. No obstante, si bien no compete a la justicia
constitucional el determinar si debió o no aplicarse dicho criterio
jurisprudencial, sí es posible determinar que este apartamiento del
precedente fue inmotivado. Como he señalado en el fundamento 8
del presente fundamento de voto supra, la sentencia condenatoria se
aparta inmotivadamente del criterio jurisprudencial asumido por la
Corte Suprema de Justicia de la República a través de la Sentencia
Plenaria Casatoria 01-2018/CIJ-433.
10. En cuanto a los efectos de la sentencia, se propone anular
únicamente la sentencia de vista. La justificación que se da para ello
en el proyecto consiste en que es la resolución que adquiere firmeza.
No estoy conforme con dicha explicación puesto que, siendo la
firmeza un requisito previsto en el artículo 9 del Nuevo Código
Procesal Constitucional para el hábeas corpus contra resolución
judicial, no solo es posible analizar la constitucionalidad de la
resolución de segunda instancia, sino también la de primera
instancia.
11. En la resolución de fecha 29 de octubre de 2021 (fojas 55),
mediante la cual la Corte Suprema declara nulo el concesorio e
inadmisible el recurso de Casación, identifica como uno de los
cuestionamientos a la sentencia de vista, que contaba con 22 años al
momento de los hechos y es pasible de responsabilidad debido a que
EXP. N.° 00064-2023-PHC/TC
CAÑETE
JORGE LUIS CCOYLLO ARIAS
representado por MARÍA
FERNANDA GABRIELA AQUIJE
CAMACHO
la relación sentimental con la agraviada se mantenga hasta la
actualidad como pareja, criando una hija (formando una familia), y
el interés superior del niño. En este sentido que se justifica que la
ponencia haya interpretado que el cuestionamiento constitucional se
dirige conta la sentencia de vista.
S.
HERNÁNDEZ CHÁVEZ
EXP. N.° 00064-2023-PHC/TC
CAÑETE
JORGE LUIS CCOYLLO ARIAS
representado por MARÍA
FERNANDA GABRIELA AQUIJE
CAMACHO
VOTO SINGULAR DEL MAGISTRADO
MONTEAGUDO VALDEZ
Emito el presente voto, con el debido respeto por la opinión de mis
colegas, porque considero que la presente demanda de habeas corpus
debe ser declarada como INFUNDADA.
En este caso, Doña María Fernanda Gabriela Aquije Camacho solicita
que se declare la nulidad de la sentencia condenatoria 008-2020-
2ºJPCSC-CSJCÑ, Resolución 19, de fecha 26 de enero de 2020,
mediante la que se condenó a don Jorge Luis Ccoyllo Arias a treinta
años de pena privativa de la libertad por la comisión del delito de
violación sexual de menor de edad; de la sentencia de vista, Resolución
25, de fecha 24 de agosto de 2020, que confirma la sentencia
condenatoria; y el Auto de Calificación de fecha 29 de octubre de 2021,
mediante la que declara nulo el concesorio e inadmisible el recurso de
casación presentado contra la sentencia de vista.
En ese orden de ideas, la recurrente denuncia que las decisiones
judiciales no se encuentran debidamente motivadas, dado que los medios
probatorios que se han tenido en cuenta para su condena, en realidad no
fundamentan la responsabilidad del favorecido. En este sentido de los
actuados se tiene lo siguiente:
a) De fojas 3 se tiene la sentencia condenatoria de fecha 26 de enero de
2020, señala lo siguiente:
ANÁLISIS DEL CASO CONCRETO
(…)
28. Corresponde ahora en cuanto a la presunta comisión del
delito antes señalado, realizar el examen en conjunto de todos
los medios probatorios actuados en juicio oral, debiendo
señalar que la confrontación entre los resultados probatorios, se
encuentra sometido al principio de completitud de la valoración
de la prueba, siendo este un principio de orden racional, incluso
antes que jurídico, que exige que la acreditación de los hechos
ventilados en el proceso se consignen sobre la base de todas las
pruebas que hayan sido incorporadas a la causa, y que se hayan
revelado esenciales y útiles para establecer los hechos de la
misma, así pues bien, corresponde en primer término valorar el
EXP. N.° 00064-2023-PHC/TC
CAÑETE
JORGE LUIS CCOYLLO ARIAS
representado por MARÍA
FERNANDA GABRIELA AQUIJE
CAMACHO
ACTA DE NACIMIENTO PERTENECIENTE A LA
MENOR AGRAVIADA de iniciales M.F.A.C., la cual deja
establecido que la agraviada nació el día vientres de julio del
año 2001, y por ende al mes de febrero del año dos mil quince -
feche en que ocurrieron los hechos denunciados - tenía trece
años de edad, cumpliéndose así este primer elemento objetivo
del tipo penal.-
(…)
30. (…) la visualización del DVD que contiene la entrevista
única realizada a la menor de iniciales M.F.A.C., en la cual la
agraviada señaló que el día de los hechos hizo entrar a su
enamorado y le dijo que se esconda debajo de la cama pero
fue ampayado por su abuelo y llamaron a la policía siendo
detenido indicando que su enamorado se llama Jorge Luis y
tiene veinte años, y que no ha tenido relaciones sexuales con
Jorge Luis ni con otras personas, precisando que ella dejó que
su enamorado en su cuarto mientras iba al baño; teniendo que
dicha diligencia se llevó a cabo con todas las garantías de Ley
conforme se advierte de la actuación del ACTA DE
ENTREVISTA ÚNICA EN CÁMARA GESELL de fecha
veintisiete de febrero de 2015, con lo cual tenemos entonces
que no existe imputación con las garantías de certeza por parte
de la menor agraviada en contra del citado acusado; sin
embargo, en este punto es imprescindible resaltar que el
artículo 158º del Código Procesal Penal establece que: “1. En
la valoración de la prueba el juez deberá observar las
reglas de la lógica, la ciencia y las máximas de la
experiencia, y expondrá los resultados obtenidos y los
criterios adoptados, 2. En los supuestos de testigos de
referencia, declaración de arrepentidos o colaboradores y
situaciones análogas, solo con otras pruebas que
corroboren sus testimonios se podrá imponer al imputado
un medida coercitiva o dictar en su contra sentencia
condenatoria, 3. La prueba por indicios requiere: a) Que el
indicio esté probado, B) Que la inferencia esté basada en las
reglas de la lógica, la ciencia o la experiencia, c) Que
cuando se trata de indicios contingentes, éstos sean
plurales, concordantes y convergentes, así como que no es
presenten contraindicios consistentes”.
31. Así pues bien, en secuencia lógica de lo expuesto en el
considerando precedente, tenemos que la menor agraviada ha
señalado que no ha mantenido relaciones sexuales con el
acusado (…) teniendo que al respecto debemos indicar que ha
EXP. N.° 00064-2023-PHC/TC
CAÑETE
JORGE LUIS CCOYLLO ARIAS
representado por MARÍA
FERNANDA GABRIELA AQUIJE
CAMACHO
sido evaluada en juicio la perito médico KARINA MIRANDA
QUICHIZ la misma que fue evaluada respecto del
CERTIFICADO MÉDICO LEGAL Nº 000977-DLS, de
fecha veintisiete de febrero del año 2015 (mismo día de los
hechos), practicada a la menor agraviada de iniciales M.F.A.C.,
quién concluyó que luego de evaluada a la menor presenta
signos de desfloración antigua con lesiones genitales
recientes, además de signos de lesiones corporales
traumáticas genitales recientes, acotando que tales lesiones
las presenta en el himen de 9 a 1 horas según referencia
horaria, y que se ha producido las lesiones por agente contuso,
precisando en ese sentido que el miembro viril puede ser un
agente contuso, señalando además que tomó muestra de
hisopados vaginales y se remitió a biología forense (…) de la
evaluación de la perito psicológica BRIGGITTE CELINDA
PELÁEZ GARCÍA, la misma que fue evaluada respecto al
protocolo del PROTOCOLO DE PERICIA
PSICOLÓGICA Nº 000986-2015-PSC de fecha veintisiete de
febrero de 2015 (…) presenta alteración del desarrollo
psicosexual asociado a experiencia de tipo sexual no
esperadas para su edad (…)
32. (…) respecto del INFORME PERICIAL Nº 2015049 (…)
practicada en cuanto a la muestra de dos hisopados peneanos-
surco bananoprepucial obtenida del acusado Jorge Luis
Ccoyllo Arias, (…) se halló en el hisopado de contenido
vaginal perteneciente a la menor peritada de iniciales M.F.A.C.
espermatozoides completos e incompletos, los que se
mantienen en dicho estado de obtención (…) se ha evaluado en
juicio a la perito bióloga Susan Ibet Polo Santillán, respecto de
la PRUEBA DE ADN- CASO ADN 2015-148 (…) en la cual
concluyó que basado en los resultados del perfil genético STR
autosómico obtenido de la muestra registrada con código de
laboratorio ADNI 2015-148-S1 que pertenece al acusado Jorge
Luis Ccoyllo Arias NO PUEDE SER EXCLUIDO DE LA
PRESUNTA RELACIÓN DE VEROSIMILITUD con
respecto del perfil genético STR AUTOSÓMICO MEZCLA
obtenido de la muestra registrada con código de laboratorio
ADNI 2015-148 (…) por lo que en consecuencia no existen
dudas de que efectivamente este ha mantenido relaciones
sexuales con la menor agraviada, lo cual se encuentra también
corroborado con las conclusiones señaladas por la perito
Karina Miranda Quichiz quien ha indicado -entre otros puntos-
que la menor presenta signos de lesiones corporales
traumáticas genitales recientes acordes a la producidas por
agente contuso, el cual puede ser el miembro viril de un
EXP. N.° 00064-2023-PHC/TC
CAÑETE
JORGE LUIS CCOYLLO ARIAS
representado por MARÍA
FERNANDA GABRIELA AQUIJE
CAMACHO
hombre; descartándose en ese sentido la hipótesis planteada por
el propio acusado consistente en que le habría dado el semen a
la menor a fin de que esta pueda determinar si mantiene
relaciones sexuales con otras personas (…); sin embargo ello
obviamente es otro intento de la agraviada de evitar sea
responsabilizado el acusado por el hecho acontecido, habiendo
realizado una incorrecta interpretación de las conclusiones
científicas obtenidas en juicio (…) por lo que corresponde
imponer una sentencia condenatoria al acusado Ccoyllo Arias
(…)”
b) De la sentencia de vista de fecha 24 de agosto de 2020, se observa
lo siguiente:
ANÁLISIS DEL CASO EN CONCRETO Y
CONTESTACIÓN DE AGRAVIOS
(…)
13. (…) Asimismo, esta Sala Penal de Apelaciones encuentra
en la recurrida una debida justificación externa en la
motivación, ya que se ha utilizado los fundamentos del
Acuerdo Plenario Nº 2-2005/CJ-116 (…) aunque si bien es
verdad no está con un título expreso en la recurrida -
sindicación o declaración de la víctima del delito-; sin
embargo, sí se encuentra descrita y debidamente analizada en
la valoración conjunta de los medios probatorios que ha
realizado el Colegiado A quo (…)
14. Que otro agravio propuesto por el recurrente Ccoyllo Arias,
Jorge Luis es que la recurrida adolece de motivación
congruente (interna) en cuanto a la valoración de la declaración
de la agraviada M.F.A.C.; (…) al respecto, el Colegiado Penal
A quo ha valorado de manera individual y luego de manera
conjunta los demás elementos de prueba incorporados en el
presente proceso penal; (…) por ello, el razonamiento
probatorio expresado por el Juez Penal A quo resulta ser
adecuado y el correcto en la recurrida, pues ha valorado de
modo individual éste órgano de prueba, y luego ha
realizado la valoración conjunta acorde con las reglas del
artículo 393º.2 del Código Procesal Penal; es decir, reglas
de la sana crítica y las máximas de la experiencia, por lo
que en este extremo el presente recurso debe desestimarse.
(…)
EXP. N.° 00064-2023-PHC/TC
CAÑETE
JORGE LUIS CCOYLLO ARIAS
representado por MARÍA
FERNANDA GABRIELA AQUIJE
CAMACHO
16. En suma, existe corroboración con prueba periférica de la
declaración de la menor referido a la existencia del lugar físico
donde se produjo el acto sexual; por ello resulta importante el
análisis que hace el colegiado de primera instancia (…) por
ello se infiere que el Colegiado A quo ha realizado su rol de
valorar de manera conjunta las pruebas aportadas en
juicio, asimismo el citado Colegiado a quo ha realizado el
juicio de utilidad-aunque se menciona de modo explícito en
la recurrida; en la cual éste órgano superior no evidencia
transgresión a las leyes y sentido común, por lo que la
versión dada por la menor se ha realizado bajo las regla de
valoración o garantías de certeza establecidas en los
Acuerdos Plenarios Nº 2-2005/CJ-116 y 1-2011/CJ-116, en
consecuencia, no se vulnera el derecho de motivación de la
sentencia judicial (…)”
Revisados los autos, advierto que las decisiones judiciales se encuentran
debidamente justificadas, en la medida que ha relatado debidamente los
hechos y los ha encuadrado en el tipo penal que corresponde, además
han analizado los medios probatorios debidamente a fin de vincular al
favorecido con los hechos imputados, a efectos de determinar su
responsabilidad y la pena a imponer. En efecto, se advierte que la
sentencia condenatoria ha analizado debidamente los actuados, para,
finalmente, determinar la responsabilidad del acusado, no solo en base a
pruebas testimoniales sino, documentales y periciales, entre otras, que
redundan en la responsabilidad del beneficiario. Asimismo, la sentencia
de vista ha dado respuesta razonada y justificada a cada uno de los
agravios planteados por el favorecido, realizando un análisis razonado de
cada punto cuestionado, para finalmente confirmar la sentencia
condenatoria.
Ahora bien, la mayoría de mis colegas ha considerado que existe una
vulneración del principio del interés superior del niño, y ello en la
medida en que no se habría considerado, para la determinación judicial
de la pena, el vínculo sentimental que el ahora favorecido tenía con la
agraviada, ni al hecho de haber procreado juntos a un niño.
Sobre ello, deseo agregar lo siguiente: i) se trata de un argumento que no
fue expuesto, en el recurso de apelación, por parte del ahora recurrente;
EXP. N.° 00064-2023-PHC/TC
CAÑETE
JORGE LUIS CCOYLLO ARIAS
representado por MARÍA
FERNANDA GABRIELA AQUIJE
CAMACHO
ii) si bien se planteó este hecho ante la Corte Suprema, este órgano
desestimó el referido pedido en el recurso de casación, por lo que mal
haría la justicia constitucional en reemplazar a la justicia ordinaria en
aspectos propios del ámbito penal.
Sobre lo primero, es posible advertir, de la revisión del recurso de
apelación interpuesto respecto de la sentencia condenatoria de primera
instancia, que el ahora recurrente no argumentó que existiera alguna
clase de desproporción en la pena impuesta. De hecho, la mayoría de sus
argumentos se relacionan con su supuesta falta de responsabilidad por
los hechos que se le atribuyeron. En ese sentido, su argumentación se
fundamentó, principalmente, en una eventual violación del principio de
presunción de inocencia. De este modo, al resolverse el referido recurso
la justicia penal cumplió con pronunciarse respecto de los extremos
planteados por el ahora favorecido.
Por otro lado, es cierto que, en su recurso de casación, la parte recurrente
sí se refirió expresamente a la determinación judicial de la pena y una
posible vulneración del principio de interés superior del niño. Sin
embargo, ese argumento fue analizado, en su momento, por parte de la
Corte Suprema de Justicia. En efecto, en su pronunciamiento, este
órgano jurisdiccional precisó que
Respecto a lo último, si bien pretende el recurrente que en esta
instancia se efectúe una nueva determinación penal, debe
advertirse lo siguiente, el articulo 428 numeral 1 inciso d) del
Código Procesal Penal, establece sobre la desestimación que;
"(...) d)el recurrente hubiera consentido previamente la
resolución adversa de primera instancia si ésta fuere
confirmada por la resolución objeto del recurso; o, si invoca
violaciones de la ley que no hayan sido deducidas en los
fundamentas de su recurso de apelación." (cursiva y subrayado
es nuestro), en consecuencia, conforme es de verse de autos,
mediante recurso de apelación el recurrente ha denunciado la
garantía del debido proceso y la falta de motivación de las
resoluciones con el objeto de que se declare nula la sentencia
condenatoria afirmando su inocencia, empero, no se hace
cuestionamiento alguno sobre el quantum de la pena impuesta,
por lo tanto, dejó consentir dicho extremo, en ese sentido,
conforme a la norma acotada debe desestimarse la pretensión
hecha en esta instancia, asimismo, debe tenerse en cuenta que
EXP. N.° 00064-2023-PHC/TC
CAÑETE
JORGE LUIS CCOYLLO ARIAS
representado por MARÍA
FERNANDA GABRIELA AQUIJE
CAMACHO
por principio de preclusión las etapas del proceso se
desarrollan en forma sucesiva, con clausura definitiva de cada
una de ellas, impidiéndose su regreso a momentos procesales
ya extinguidos, por lo tanto, no es amparable la pretensión de
la modificación de la pena en esta etapa del proceso (fojas 62
del Expediente).
Se advierte, de ello, que la Corte Suprema no amparó el pedido del
recurrente debido a que no lo impugnó de forma oportuna.
Ahora bien, y sin perjuicio de lo expuesto, advierto que las autoridades
judiciales emplazadas han justificado adecuadamente la determinación
judicial de la pena. En efecto, en la sentencia condenatoria de 26 de
enero de 2020, a través de la cual se condenó al ahora favorecido por la
comisión del delito de violación sexual de menor, se precisó, en el
apartado sobre la determinación judicial de la pena, lo siguiente:
35. (…) teniendo en cuenta básicamente para este efecto lo
estipulado en el artículo 45° modificado por la Ley N° 30076
(…) que en aplicación del Artículo 45-A incorporado por la
Ley 30076 respecto al sistema de tercios corresponde
determinar la pena a imponerse, por lo que atendiendo a lo
expuesto y a que el referido acusado no cuenta con
antecedentes penales, pues ello no ha sido acreditado en juicio
por parte del Ministerio Público, constituyéndose por ende en
una circunstancia atenuante, es que se le debe imponer treinta
años de pena privativa de libertad, pena que se encuentra en el
Tercio inferior de la pena establecida por ley (…)
estableciéndose que el acusado ha lesionado la integridad física
de la agraviada y le ha causado - además - perjuicio
psicológico y emocional que la marcará para toda su vida
revistiendo trascendencia e importancia el bien jurídico
lesionado; (…)
De este modo, y de forma contraria a lo expuesto por la mayoría de mis
colegas, sí se ha efectuado un análisis sobre los factores que deben
sopesarse al momento de determinar la pena a imponer al ahora
favorecido. En este caso, se consideró, como factor atenuante, el hecho
de que no cuente con antecedentes penales; sin embargo, tampoco pasó
desapercibido el que la conducta desplegada ha generado, de
conformidad con las pericias psicológicas actuadas en el proceso penal,
EXP. N.° 00064-2023-PHC/TC
CAÑETE
JORGE LUIS CCOYLLO ARIAS
representado por MARÍA
FERNANDA GABRIELA AQUIJE
CAMACHO
un notable perjuicio emocional a la víctima, por lo que, considerando
ambos factores, se le impuso la sanción de treinta años de pena privativa
de la libertad. Así, el que la mayoría de mis colegas estime que debió
otorgarse, en dicha valoración, un peso importante al hecho de que, fruto
de esa relación, el condenado y la agraviada hayan procreado un hijo,
sería, en realidad, una intervención en el análisis de la pena que ya fue
efectuado por parte de la justicia penal, aspecto que no corresponde ser
valorado en el ámbito del proceso de habeas corpus.
Por todo lo expuesto, la demanda debe ser declarada como
INFUNDADA.
S.
MONTEAGUDO VALDEZ