Sala Primera. Sentencia 858/2023
EXP. N.° 04572-2022-PHC/TC
PIURA
UVALDO PIZARRO PAICO
REPRESENTADO POR JORGE
MIGUEL MELÉNDEZ SÁENZ
(ABOGADO)
SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
En Lima, a los 19 días del mes de diciembre de 2023, la Sala Primera del
Tribunal Constitucional, integrada por los magistrados Pacheco Zerga,
Domínguez Haro, convocado para dirimir la discordia suscitada por el voto
singular del magistrado Monteagudo Valdez, y Ochoa Cardich, pronuncia la
siguiente sentencia.
ASUNTO
Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Jorge Miguel
Meléndez Sáenz abogado de don Uvaldo Pizarro Paico contra la Resolución
11, de foja 177, de fecha 5 de agosto de 2022, expedida por la Primera Sala
Penal Sala de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Piura, que
declaró infundada la demanda de habeas corpus de autos.
ANTECEDENTES
Con fecha 3 de junio de 2022, don Jorge Miguel Meléndez Sáenz
interpuso demanda de habeas corpus a favor de don Uvaldo Pizarro Paico y en
contra del juez del Séptimo Juzgado Penal Unipersonal Especializado en
Delitos de Corrupción de Funcionarios de la Corte Superior de Justicia de
Piura, magistrado Ronald Soto Cortez; y contra los integrantes de la Primera
Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Piura,
magistrados Juan Carlos Checkley Soria, Cruz Elvira Rentería Agurto y
Manuel Hortencio Arrieta Ramírez (f. 1). Alega la vulneración a los derechos a
la libertad personal, debido proceso, defensa, motivación de las resoluciones
judiciales y los principios acusatorio y de congruencia entre la acusación y
sentencia.
Solicita el recurrente que se declare la nulidad de lo siguiente: i) la
sentencia condenatoria contenida en la Resolución 19, de fecha 4 de diciembre
de 2019 (f. 43), mediante la cual se condenó a don Uvaldo Pizarro Paico a tres
años de pena privativa de la libertad efectiva como autor del delito contra la
administración pública, en la modalidad de colusión simple (Expediente 5134-
2016-6-2001-JR-PE-01); y de ii) la sentencia de vista contenida en la
Resolución 27, de fecha 22 de julio de 2020 (f. 67), mediante la cual se
confirmó la sentencia condenatoria; como consecuencia, se ordene la inmediata
libertad del favorecido y se disponga la emisión de una nueva sentencia penal
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con estricto respeto de las garantías constitucionales.
Refiere que en el proceso penal seguido en contra del favorecido por el
delito contra la administración pública en la modalidad de colusión simple, en
primera instancia se dictó sentencia condenatoria mediante la cual se condenó
al favorecido a tres años de pena privativa de la libertad efectiva; decisión que
fue apelada, siendo confirmada por el superior jerárquico respecto a la
imposición de la sanción penal, decisión contra la que interpuso el recurso de
casación, el que fue declarado inadmisible por la Sala Penal Transitoria de la
Corte Suprema de Justicia de la República (Casación 623-2020/Piura).
Señala que el órgano sentenciador se ha pronunciado más allá de los
términos de la acusación penal, dado que la acusación fiscal sostuvo
afirmaciones tales como: i) que el comité especial realizó un direccionamiento
de las bases para favorecer a una de las empresas postoras; ii) se determinó el
valor referencial para el proceso de licitación sin haberse considerado el precio
más bajo; iii) el comité modificó el criterio de evaluación sobre
“Disponibilidad de servicios y repuestos” favoreciendo al postor ganador de la
Buena Pro, Sigma Equipment del Perú SAC; iv) el comité consideró en Bases
Administrativas como criterios de evaluación para la presentación de los
Certificados de Calidad, un ISO que solo podía ser cumplido por quien fue el
ganador de la Buena Pro, que era la única empresa que contaba con la
certificación que establecían las bases, exigencia que no podía ser cumplida por
los otros postores; v) con relación al factor de evaluación de “Garantía Pos-
Carrozado”, el comité especial definió este factor sin guardar congruencia con
el objeto de la convocatoria, lo que implicaba la garantía solo de la carrocería
de los vehículos (compactadoras y volquetes), mas no la garantía de los
vehículos en su conjunto, ensamblados con fabricación terminada; y vi) el
comité no consideró las prestaciones accesorias necesarias en el proceso de
licitación para la adjudicación de vehículos beneficiando al consorcio ganador
de la Buena Pro, al no resultarle obligatoria la presentación de dicha garantía
para la suscripción del contrato.
Sostiene que el juzgado de primera instancia, si bien analiza los hechos
materia de la acusación fiscal, en vías de razonamiento probatorio, agrega un
hecho totalmente ajeno a las proposiciones fácticas postuladas por el
Ministerio Público en su requerimiento acusatorio, siendo este último el
referido a la pericia contable oficial elaborada por el perito Juan Carlos Coro
Jaramillo por la que se determinó que la licitación pública realizada por la
Municipalidad Distrital Veintiséis de Octubre no produjo perjuicio económico
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alguno para dicha entidad. Dicha pericia concluyó que en el proceso de
licitación hubo una diferencia de S/ 92 770.04 a favor de este municipio
distrital, producto de la determinación del valor referencial de los bienes
adquiridos. Al respecto, expresa que fue esa pericia la que determinó que el
Ministerio Público formulara acusación contra el favorecido por el delito de
colusión simple y no agravada. Sin embargo, el juez sentenciador relativiza el
valor probatorio del resultado de la pericia contable oficial, pues considera que
la cuestión que se plantea en el caso no es la forma cómo se determinó el valor
referencial en la fase de programación y actos preparatorios, sino la posibilidad
de que el valor referencial pudo ser modificado como consecuencia de las
observaciones presentadas por los participantes en la etapa de selección.
Afirma que las decisiones judiciales cuestionadas afectan el derecho a la
debida motivación de las resoluciones judiciales dado que el juez realizó una
simple enumeración o listado de la prueba bajo el título de “actividad
probatoria” que no satisface la exigencia de motivación en lo relativo a la
valoración, dado que la conclusión judicial no está precedida ni acompañada de
una valoración conjunta. En efecto, el juez emplazado de primera instancia no
ha realizado un examen individual de la prueba, aspecto esencial en la fase de
valoración de esta.
El Segundo Juzgado Penal de Investigación Preparatoria de la Corte
Superior de Justicia de Piura, mediante Resolución 1, de fecha 6 de junio de
2022 (f. 23), admitió a trámite la demanda de habeas corpus.
El procurador público adjunto a cargo de los asuntos judiciales del Poder
Judicial contestó la demanda de habeas corpus (f. 34) y solicitó que se declare
improcedente por considerar que la precitada demanda no reviste de una
connotación constitucional que deba ser amparada; ya que los argumentos
corresponden a cuestionamientos de fondo del proceso; valoración o
desvaloración otorgada por el colegiado de primera instancia a la prueba
ofrecida, admitida y actuada en el proceso. El demandante, bajo el argumento
de una motivación deficiente o insuficiente o de una vulneración al principio de
congruencia entre la acusación y la sentencia y utilizando de sustento algunos
argumentos vertidos por el magistrado de primera instancia, busca demostrar
que no existiría congruencia entre lo acusado y lo resuelto, sin considerar que
en el presente proceso ha habido una pluralidad de pruebas que fueron materia
de análisis y sustento del fallo condenatorio, todos argumentos de fondo que
fueron ventilados en la instancia penal ordinaria correspondiente y por el
superior jerárquico llamado por ley. Asimismo, sostiene que, al emitir las
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resoluciones cuestionadas, los jueces demandados han cumplido con el deber
de motivación de las resoluciones judiciales, en el entendido que este derecho
implica la exigencia de que el órgano jurisdiccional sustente de manera lógica
y adecuada los fallos que emite en el marco de un proceso.
El Segundo Juzgado Penal de Investigación Preparatoria de la Corte
Superior de Justicia de Piura, mediante Resolución 2, de fecha 4 de julio de
2022 (f. 108), declaró fundada la demanda de habeas corpus y, en
consecuencia, nula la sentencia, Resolución 9, de fecha 4 de diciembre de
2019, así como su confirmatoria, fundamentalmente por considerar que de la
revisión de la carpeta judicial y, en particular, de la disposición de
Formalización de Investigación Preparatoria, requerimiento escrito de
acusación fiscal, no se advierte la proposición que contiene el razonamiento del
órgano de juzgamiento que es materia de cuestionamiento, lo que permite
concluir que el juez de primera instancia se ha extralimitado en vías de
razonamiento probatorio, dado que ha introducido un hecho que no ha sido
invocado directamente por el representante del Ministerio Público en el
requerimiento de acusación fiscal, y sin que ello implique un reexamen de la
actuación procesal en el juicio, si en vías de motivación de la prueba se
advierte una situación de anomalía que vulnera el principio acusatorio y en
consecuencia el derecho de defensa; por lo tanto, resulta trascendente que dicha
situación tenga tratamiento constitucional. El hecho de que una resolución haya
causado ejecutoria en la vía ordinaria y transitado por instancias de grado,
inclusive instancia de casación, no necesariamente implica que se haya
respetado escrupulosamente el contenido esencial del derecho al debido
proceso, pues se debe tener en cuenta que el análisis de la jurisdicción
constitucional se encuentra premunida de prerrogativas y poderes de rango
constitucional diferentes al de la jurisdicción ordinaria. Por otro lado, señala
que, con relación a la posibilidad de que el órgano de juzgamiento haya
incurrido en falta de motivación de la valoración de la prueba en cuanto a
treinta y tres medios de prueba sin motivar debidamente la vocación probatoria
respecto de los hechos materia de imputación, implicaría un reexamen de la
actuación probatoria en virtud de referencias genéricas e imprecisas, lo cual no
corresponde analizar a la jurisdicción constitucional.
El Segundo Juzgado Penal de Investigación Preparatoria de la Corte
Superior de Justicia de Piura, mediante Resolución 8, de fecha 22 de julio de
2022 (f. 157), dispuso la corrección de la resolución de Sentencia 2, de fecha 4
de julio de 2022; considerando que lo correcto debió ser la Resolución 5, de
fecha 4 de julio de 2022; asimismo, dispuso la ejecución inmediata de la
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sentencia expedida mediante Resolución 5, de fecha 4 de julio de 2022; en
consecuencia, ordenó levantar y dejar sin efecto las órdenes de captura dictadas
contra el beneficiario.
La Primera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de
Piura revocó la sentencia apelada y reformándola declaró infundada la
demanda de habeas corpus, dado que no se ha acreditado la afectación del
principio acusatorio, que constituye un elemento del debido proceso. Sostuvo
que sí ha existido acusación fiscal conforme a los términos expuestos por el
Ministerio Público en e1 proceso penal seguido en contra de Uvaldo Pizarro
Paico; no habiéndose incorporado otros hechos por el juez penal. Añadió que el
juez constitucional de primera instancia amparó la demanda en forma errónea,
pues ha existido condena a través de una sentencia por hechos que han sido
objeto de acusación; sin que los órganos jurisdiccionales se hayan
extralimitado en sus funciones. De otro lado, el cuestionamiento sobre la
valoración de los medios probatorios en forma individual y conjunta, que no
habrían sido debidamente motivados, es un aspecto propio de la jurisdicción
ordinaria que no le compete revisar a la judicatura constitucional.
FUNDAMENTOS
Delimitación del petitorio
1. Conforme aparece del petitorio de la demanda, el objeto del presente
proceso constitucional se dirige a que se declare la nulidad de la
sentencia condenatoria contenida en la Resolución 19, de fecha 4 de
diciembre de 2019, mediante la cual se condena a don Uvaldo Pizarro
Paico a tres años de pena privativa de la libertad efectiva, como autor del
delito contra la administración pública, en la modalidad de colusión
simple; así como de su confirmatoria la sentencia de vista contenida en la
Resolución 27, de fecha 22 de julio de 2020 (Expediente 5134-2016-6-
2001-JR-PE-01); debiéndose disponer la inmediata libertad del
favorecido y la emisión de una nueva sentencia penal con estricto respeto
de las garantías constitucionales.
2. Alega la vulneración a los derechos a la libertad personal, debido
proceso, defensa, la motivación de las resoluciones judiciales y a los
principios acusatorio y de congruencia entre la acusación y la sentencia.
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Análisis del caso
Sobre el principio de congruencia o correlación entre lo acusado y lo
condenado
3. El Tribunal Constitucional ha señalado que el principio de congruencia o
correlación entre los términos de la acusación y la condena que se
establece constituye un límite a la potestad de resolver por parte del
órgano jurisdiccional, toda vez que garantiza que la calificación jurídica
realizada en el marco de un proceso penal (tomando en cuenta lo
señalado por el Ministerio Público, en virtud de su competencia
postulatoria) sea respetada al momento de emitirse sentencia. Asimismo,
cabe precisar que el juez se encuentra premunido de la facultad de
apartarse de los términos de la acusación fiscal, en tanto respete los
hechos que son objeto de acusación, sin que cambie el bien jurídico
tutelado por el delito acusado, así como que respete el derecho de defensa
y el principio contradictorio (expedientes 2179-2006-PHC/TC y 0402-
2006-PHC/TC).
4. En el caso de autos, se alega que el juez demandado habría incorporado
un hecho en relación con la pericia contable oficial elaborada por el
perito Juan Carlos Coro Jaramillo por la que se determinó que la
licitación pública realizada por la Municipalidad Distrital Veintiséis de
Octubre no produjo perjuicio económico alguno para dicha entidad, pues
señaló que la cuestión que se plantea en el caso (por la pericia) no es la
forma cómo se determinó el valor referencial en la fase de programación
y actos preparatorios, sino la posibilidad de que el valor referencial pudo
ser modificado como consecuencia de las observaciones presentadas por
los participantes en la etapa de selección.
5. Este Tribunal aprecia de la sentencia, Resolución 19, de fecha 4 de
diciembre de 2019, que la acusación fue planteada en los siguientes
términos:
II. FUNDAMENTOS:
1. Delimitación de la pretensión criminal
Luego de instalada la audiencia del juicio oral el representante del Ministerio
Público procedió a exponer su alegato inicial formulando la imputación en los
siguientes términos: Que la Municipalidad Distrital Veintiséis de Octubre (en
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adelante MDVO) representada por su alcalde Práxedes Llacsahuanga Huamán,
inicio oficialmente sus operaciones el 02 de enero de 2015, siendo que en su
presupuesto inicial de apertura del año 2015 (PIA - 2015), aprobado mediante
Acuerdo de Concejo N.º 018-2014 de 29 de diciembre de 2014, considero para
la sub partida denominada Adquisición de vehículos, maquinarias y otros el
importe de S/ 500,000.00 sin embargo, con Oficio N.º 001-2015 de fecha 20
de enero de 2015 el gerente de planeamiento y presupuesto remite al gerente
municipal la propuesta de modificación presupuestal sin que mediara un
sustento técnico aparente, la que se aprueba mediante Resolución de Alcaldía
N.º 014-2015 MDVO de 21 de enero de 2015 incrementándose a S/.
4'098,816.00 importe que -como se verá luego- se condice con el valor
referencial (VR) del proceso de selección que posteriormente se llevo para la
adquisición de 09 vehículos.
Luego con Resolución de Alcaldía N.º 063-2015 de 24 de febrero del 2015 se
determino una licitación a un plazo de 90 días mediante el sistema de
contratación a suma alzada para la adquisición de 07 compactadoras y 02
volquetes, destinados al servicio de limpieza pública; sin embargo con
Informe N.° 057-2015, de 26 de febrero de 2015 el gerente de desarrollo
social y el sub gerente de limpieza pública recomiendan al Concejo Municipal
que no se lleve a cabo dicho proceso de licitación conforme corresponde, sino
que se proponga un proceso de exoneración, toda vez que existía una situación
de inminente desabastecimiento, en mérito a ello se emitieron informes y
documentos con la finalidad de aprobar dicha exoneración, es así que a través
del Acuerdo Municipal No 010-2015 de 06 de marzo de 2015 el Concejo
Municipal aprueba la mencionada exoneración, mediante Resolución de
Alcaldía N.° 102-2015 de 11 de marzo del 2015 el titular de la Entidad aprobó
el expediente de contratación para la "Adquisición de Vehículos para la
Limpieza Púbica de la Municipalidad Distrital de Veintiséis de Octubre, con
un VR de S/. 4'098,816.00 y con Resolución de Alcaldía No 103-2015 de 12
de marzo de 2015 se probaron las Bases Administrativas del Proceso de
Exoneración N.° 001-2015-MDVO-SGL (por desabastecimiento), es así que
con carta No 002-2015-MDVO-SGL-lYH de 11 de marzo de 2015 se invitó a
participar a la empresa SIGMA Equipment del Perú SAC señalándole los
documentos que debía presentar en el que se precisan las características de los
bienes a contratar, así, mediante Acta de Adjudicación de fecha 12 de marzo
de 2015, el sub gerente de logística, Iván Yahuana Huamán, le entregó la
buena pro indicando que su propuesta cumplía con lo requerido en las bases,
sin embargo, dicho proceso fue declarado no viable por el Organismo
Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE, según Oficio N.° E-006-
2015/DUS-PAA de 19 de marzo de 2015, y con Resolución de Alcaldía
N.°134-2015-lvl DVO-A de 24 de marzo de 2015 se resolvió dejar sin efecto
el otorgamiento de la buena pro, asimismo, a través de Acuerdo de Concejo
Municipal N.° 21-2015-MDVO-A de 31 de marzo de 2015 se dejó sin efecto
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el Acuerdo de Concejo Municipal N.° 001-2015-MDVO-A de 09 de marzo de
2015, retornándose al proceso de Licitación Pública previsto inicialmente.
Mediante Resolución de Alcaldía N.° 153-2015-MDVO-A de 30 de marzo de
2015 se resolvió aprobar el Expediente de Contratación para la "Adquisición
de vehículos para limpieza pública de la MDVO" por un VR de S/
4'098,816.00 a través de convocatoria a un Proceso de Selección por
Licitación Pública, por el sistema de contratación a suma alzada, modalidad de
selección: Proceso Clásico y a través de la Resolución de Alcaldía N.° 154-
2015-MDVO-A, de 30 de marzo de 2015 el alcalde designa el Comité
Especial (CE) que condujo el proceso de Licitación Pública N.° 001-2015
MDVO-CE, teniendo como miembros titulares al abogado Uvaldo Pizarro
Paico (Presidente) Licenciado Iván Yahuana Huamán e Ingeniero Luis
Alfredo López Temoche (Miembros), designación que no estuvo acorde con la
propuesta formulada por la gerencia municipal de nominar a Uvaldo Pizarro
Paico, como presidente, al Lic. Nelson Herrera Rea, gerente de desarrollo
(área usuaria), e Iván Yahuna Huamán, sub gerente de logística, como
miembros titulares. Esto es, se excluyó al representante del área usuaria, cuya
participación regula la ley de la materia.
Las Bases Administrativas se aprueban con Resolución de Alcaldía N.° 159-
2015 de 31 de marzo de 2015, procediéndose a la procediéndose a la
convocatoria del proceso, inscribiéndose 06 postores, cinco de los cuales a
excepción de la empresa SIGMA Equipment del Perú SAC, presentan 28
observaciones a las Bases, orientadas a cuestionar principalmente tres aspectos
i) el resumen ejecutivo de estudio de posibilidades que ofrece el mercado
referido al VR, ii) los requerimientos técnicos mínimos (en adelante RTM)
considerados en las Bases y iii) los criterios de evaluación técnica requeridos.
En mérito a los cuales se advertía un direccionamiento para favorecer a una de
las empresas postoras, ello por cuanto el participante Ebert Pablo Bocanegra
Quipuzcoa, cuestionó el método empleado para determinar el VR de la
convocatoria dado que no se habría considerado el valor más bajo sino que el
comité considero como valor el promedio de los precios ofertados por las
empresas, solicitando se proceda conforme lo regulado por el artículo 13 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones, sin embargo dicha observación no
fue acogida por el comité, no tomaron en cuenta lo que establece el
mencionado artículo, puesto que no dieron cuenta al área que determino el VR
ni al órgano encargado de las contrataciones.
En cuanto al factor de evaluación "disponibilidad de servicios y repuestos",
punto sobre el cual varios postores presentaron observaciones, cuestionando el
mecanismo de acreditación establecido para el item 1, referido a la exigencia
de la carta del representante de la marca del chasis a ofertar, la observación
fue acogida parcialmente, modificándose en las Bases Integradas, puesto que
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ya no solicitaron la carta sino la presentación de una declaración jurada por
parte del postor, y que a la firma del contrato se presente la carta que se
requería inicialmente. Sin embargo, el participante Bocanegra Quipuscoa
también observa esta calificación, indicando que se está desnaturalizando el
proceso con la única finalidad de favorecer al postor distribuidor de la marca
Mercedes Benz, ya que no existía ninguna razón técnica objetiva para asignar
el máximo de puntaje al postor mencionado que ofrecía un taller en la ciudad
de Piura, ello en relación a aquellos postores que ofrecían un taller fuera de la
ciudad, lo cual era discriminatorio, debido a que ello no garantiza la atención
oportuna y eficiente de los servicios y suministros de repuestos que es lo que
debería evaluarse, independientemente del lugar donde se encuentre ubicado
el taller, respecto del cual el CE indica que se remitía a lo absuelto en su
oportunidad a la empresa Vemaequip S.A; sin embargo no se trataba de la
misma observación y por lo tanto el CE no dio respuesta a lo observado;
contraviniendo los principios de libre concurrencia y competencia,
imparcialidad transparencia y trato justo e igualitario. que establece la Ley de
Contrataciones del Estado.
Respecto del factor de evaluación "certificado de calidad", en las Bases para el
item 1 e item 2 se estableció que la empresa fabricante de carrocería a ofertar
cuente con certificación ISO 9001.2008 en diseño, desarrollo y fabricación de
estructuras autoportantes para transportes de carga; factor que fue observado
por los participantes Diveimport S.A.. Vemaequip S.A.C, Mitsui Atomotriz
S.A. y Tracto Camiones USA E.l.R.L., dado que no se había sustentado el
requerimiento de dicho certificado, exigencia que no podía ser cumplida por
todos, porque la empresa Mitsui Automotriz había informado que solo una
empresa en el Perú cumplía con esa certificación, siendo dicha empresa la que
finalmente ganó la convocatoria (SIGMA Equipment del Perú SAC); siendo
ello corroborado al cruzarse la información con la empresa certificadora,
quienes confirmaron que el certificado presentado por dicha empresa había
sido emitido por la única empresa que tenia la certificación a nivel nacional,
con lo cual era la única que cumplía dicho requisito. El CE no se pronunció
respecto a dicha observación y continuó con el proceso. Con este requisito se
habría limitado la participación de otros postores, pues era una exigencia que
no podía ser cumplida por los otros.
En relación al factor de evaluación "Garantía Post Carrozado", las bases
requerían adjuntar carta del representante de la marca del chasis en el Perú,
dirigida al comité en la cual se señale la vigencia de la garantía post-
carrozado, factor que fue observado por Vemaequip S.A.C en razón a que
condicionaba la participación de los postores, ante lo cual el CE al absolver
indico que la Entidad buscaba que las unidades a adquirir mantengan vigente
la garantía después de las modificaciones y el montaje lo que se aseguraba con
la emisión de la carta por parte del representante de la marca, es así que a
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pesar de la observación realizada, este factor no se modificó, se mantuvo, sin
sustentar el porqué los postores tenían que presentar las cartas de los
representantes de las empresas, por lo que dicha exigencia debió ser
modificada por el comité toda vez que bastaba con la presentación de una
declaración Jurada en la que el postor asuma la obligación de garantizar la
carrocería de los vehículos posterior a su montaje, ya que el exigir una
garantía a una empresa que no estaba participando no era relevante, tenía que
exigirse que la garantía debía darla la empresa que iba a tratar con la Entidad,
sin embargo ello no ocurrió.
Tampoco se considero para la firma del contrato que la Entidad no incurra en
posteriores gastos, como así ocurrió, ya que no se estipulo garantías al
suscribir el contrato, la empresa no estaba obligada a dar esa garantía y la
municipalidad fue quien asumió costos de mantenimiento que no se
encontraban dentro de la garantía principal; es así que de la revisión de las
Bases Integradas, se advirtió que en el numeral 3.1 se consideró para la
suscripción del contrato la presentación de la garantía de fiel cumplimiento
por prestaciones accesorias; sin embargo dicho requisito fue omitido en el
numeral 2.7 de "Requisitos para la suscripción del contrato situación que
conllevo a que el consorcio ganador de la buena pro no preste la mencionada
garantía durante el acto de suscripción de los contratos derivados del proceso
de licitación pública. En ese sentido, los acusados miembros del CE
trasgredieron de manera dolosa los numerales c. d, f, h y k del artículo 4 y el
artículo 26 de la Ley de Contrataciones, referido a los principios que rigen las
contrataciones y condiciones mínimas de las bases, así mismo los articulo 35,
39, 43 y 56 del Reglamento, referido a la aprobación, contenido mínimo,
método de evaluación de propuestas, formulación y absolución de
observaciones a las bases, encontrándose incursos en los alcances del artículo
25 de la Ley de Contrataciones y 34 de su Reglamento, en los que se señala
que los miembros del comité son solidariamente responsables de que el
proceso de selección se encuentre conforme a ley, responden administrativa
y/o judicialmente respecto de cualquier irregularidad cometida por dolo,
negligencia y/o culpa inexcusable: Por su parte, Práxedes Llacsahuanga
Huamán en calidad de alcalde y titular del pliego, a través de las diferentes
resoluciones de alcaldía que ha expedido incluso cambiando la propuesta de la
gerencia de desarrollo social. ha vulnerado su deber especifico de cuidar los
intereses del Estado, previsto en el artículo 20 de la Ley de Municipalidades
que establece como función del alcalde defender y cautelar los derechos e
intereses de la municipalidad, los que además constituirían indicios suficientes
de que se habrían concertado con el citado consorcio para favorecerlo con el
otorgamiento de la buena pro.
Hechos con los cuales los acusados habrían adecuado su conducta a la
previsión contenida en el artículo 384, primer párralo del Código Penal, delito
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de colusión simple. Pretensión que acreditaría con las declaraciones
testimoniales, periciales y documentales admitidas. Solicitando se les imponga
cinco años de pena privativa de libertad e inhabilitación por el mismo periodo,
de conformidad con el articulo 36 numerales 1 y .2 del Código Penal.
6. Sin embargo, en la sentencia condenatoria, parte final del punto
denominado Del Valor Referencial (VR), a foja 58 de autos, el juez
sostiene que:
Por último, si bien el perito Coro Jaramillo concluye que el VR fue
determinado conforme a la normatividad aplicable, que no hubo
sobrevaloración en su monto y que VR establecido para el Proceso de
Exoneración se encontraba vigente a la época en que se convocó el proceso de
licitación; la cuestión que se plantea en este caso no es la forma cómo se
determinó el VR en la Fase de Programación y de Actos Preparatorios,
sino a la posibilidad de que el VR sea modificado como consecuencia de
las observaciones presentadas por los participantes, en la Etapa de
Selección, aspecto sobre el cual Coro Jaramillo no se pronunció.
7. Sobre el particular, este Tribunal considera que la apreciación del juez
demandado en cuanto a la pericia contable sí plantea una modificación en
los hechos imputados, pues conforme a lo señalado en el fundamento 6
supra, el fiscal no alegó la modificación del valor referencial como
consecuencia de las observaciones presentadas por los participantes en el
proceso de licitación.
Sobre el derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales
8. La necesidad de que las resoluciones judiciales sean motivadas es un
principio que informa el ejercicio de la función jurisdiccional y, al mismo
tiempo, un derecho constitucional de los justiciables. Mediante dicho
atributo, por un lado, se garantiza que la administración de justicia se
lleve a cabo de conformidad con la Constitución y las leyes (artículos 45
y 138 de la Constitución Política del Perú) y, por otro, que los
justiciables puedan ejercer de manera efectiva su derecho de defensa.
Justamente, con relación al derecho a la debida motivación de las
resoluciones, este Tribunal ha precisado que “la Constitución no
garantiza una determinada extensión de la motivación, por lo que su
contenido esencial se respeta siempre que exista fundamentación jurídica
congruente entre lo pedido y lo resuelto, y que, por sí misma, exprese una
suficiente justificación de la decisión adoptada, aun si ésta es breve o
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concisa o se presenta el supuesto de motivación por remisión [...]”
(Expediente 1291-2000-AA/TC).
9. En el caso de autos, la demandante denuncia la vulneración del derecho a
la debida motivación de las resoluciones judiciales, al considerar que los
emplazados han motivado indebidamente dado que solo se han limitado a
mencionar los medios probatorios, sin determinar ni fundamentar qué se
ha acreditado con cada uno de ellos.
10. En efecto, de la sentencia condenatoria se advierte lo siguiente (f. 45):
II. FUNDAMENTOS:
(…)
4. Actividad probatoria
Declaración testimonial de José Casimiro Zapata Litano; de 76 años de edad,
con DNI 02622482. contador, católico. A las preguntas de la fiscalía, señala
que fue regidor de la MDVO en el periodo 2015-2018, sus funciones según el
artículo 4 de la Ley Orgánica de la Municipalidades N° 27972 eran fiscalizar y
legislar las ordenanzas, en su condición de regidor tuvo conocimiento del
Proceso de Exoneración N' 01-2015, estando presente en la sesión de Concejo
en la cual se aprobó, en sesión ordinaria se programó para que se apruebe la
adquisición en forma directa, su persona y otros dos regidores observaron
dicha situación, manifestando que estaban en contra porque no calificaba
como tal no reunía los requisitos que establece la Ley de Contrataciones y su
Reglamento, lo que consta en acta, indico que debería hacerse una licitación
pública tal como constaba en una resolución expedida por el alcalde sin
embargo, otros funcionaros indicaban que podían hacer una adquisición en
forma directa, las personas que estaban a favor argumentaban que ante la
necesidad de la municipalidad, era necesario contar con ese tipo de
maquinaria, por el problema de los residuos sólidos de la basura. (…)
Declaración testimonial de Manuel Quinde Ludeña; de 59 años de edad, con
DNI 02646262, con instrucción superior, católico. A las preguntas de la
fiscalía, señala que fue regidor de la MDVO en el periodo 2015-2018,
teniendo como funciones fiscalizar presentar ordenanzas, asistir a las sesiones
de concejo y representar en alguna función política. si tuvo conocimiento del
proceso de compra de vehículos para limpieza pública de la municipalidad;
participo en la sesión de concejo en donde se aprobó el proceso de
exoneración para la compra de vehículos, no estando de acuerdo con dicho
proceso porque en principio no había una situación de desabastecimiento eran
una municipalidad reciente y Piura era quien debió haber previsto las
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situaciones de limpieza siempre solicito se dé un proceso de licitación pública
no de desabastecimiento, para su persona primaba lo que era una licitación
pública y lo dio a conocer públicamente en la sesión, se informo a través de
consultas a asesores externos que no se podía dar un proceso de exoneración
de licitación, que se tenga que dar un proceso de licitación pública debido al
monto por el que se estaba convocando, ello lo hizo público. y en su momento
lo dio a conocer a los regidores y al señor Práxedes quien le habló de la
opinión que ya había dado el asesor legal y los informes que constan en el
expediente respecto a que la situación era para hacerlo como un
desabastecimiento, por esto último entendía que es la carencia de un bien que
puede afectar la continuidad o puesta en marcha de servicios elementales de
una comunidad, en este caso se trataba de los servicios de recojo de basura y
limpieza pública, situación que se venía atendiendo de alguna manera en el
distrito por encargo de la Municipalidad de Piura, había un convenio con ésta
para brindar los servicios de recojo de basura, su voto en la sesión de concejo
fue en contra. Posteriormente en sesión a petición del alcalde se declaró la
nulidad del acuerdo que aprobó la exoneración, para que proceda la licitación
pública se hizo la licitación pero la mayor parte decía que estaba direccionada
era el comentario que hacían los regidores; quedaron sorprendidos cuando los
participantes y el posible ganador era el mismo que fue ratificado en la
licitación pública no recuerda el nombre.
(…)
Declaración testimonial de Ricardo Rodríguez Guerra García, de 57 años de
edad, con DNI 17839774. con instrucción secundaria, católico A las preguntas
de la fiscalía, señala que hace dieciséis años labora en Interamericana Norte,
en atención y venta de vehículos pesados y procesos de licitaciones, no ha
tenido ninguna contratación con la MDVO, en alguna oportunidad dicha
municipalidad le solicitó cotizaciones, por medio de documentos del área de
logística, ahora se les requiere de forma electrónica, pero antes le enviaban de
forma física los documentos, de la licitación pública para adquisición de
vehículos para limpieza pública de la MDVO si tomó conocimiento y les
envió su cotización de compactadoras y camiones volquete. no recuerda de
cuantas unidades era el requerimiento y no participó en el proceso, tampoco
puede precisar el monto que envió por el tiempo transcurrido. Reconoce que el
documento denominado Proforma de fecha 03 de marzo del 2015, dirigido a la
MDVO, es la que emitió y firmó, los precios suben eventualmente cada 6
meses, no participo en la licitación pública porque no calzaban sus
especificaciones, el producto que tenia no calzaba en las especificaciones,
presentó los documentos fuera del plazo que se le dio.
(…)
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Examen del Perito Juan Carlos Coro Jaramillo, de 45 años de edad, con DNI
02845342, con instrucción superior, perito contable, católico. A las preguntas
de la fiscalía, señala que fue convocado para realizar la pericia oficial del
Ministerio Público, siendo su objeto l ) verificar y determinar si hubo
sobrevaloración en el estudio de mercado, 2) determinar si la empresa a quien
se adjudicó la Buena Pro reunía los requisitos exigidos para su contratación, y
3) determinar el perjuicio económico ocasionado a la MDVO si la hubiera, de
la licitación pública N 01-2015 "Adquisición de vehículos para limpieza
pública".
(…)
Examen de las peritos auditoras de la Contraloría General de la República
Cecibel del Rosario Farfán Venegas con DNI 41901058, María Maritza Lujan
Castillo con DNI 03668555 y Luz Cristina Flores López con DNI 02866156 A
las preguntas de la fiscalía, Farfán Venegas indica que labora en la contraloría
desde hace 8 años 8 meses, ocupando los cargos de Jefa de comisión y
supervisora de servicios de control, como jefa de comisión ha realizado 9
informes de auditoría, y como supervisora aproximadamente 6 informes. La
jefa de comisión es la responsable de liderar el equipo de comisión, coordinar
con la entidad sobre los requerimientos de información elaborar el informe y
coordinar con los integrantes de la comisión.
(…)
En cuanto al certificado de calidad, según las Bases se evaluaría en función a
la presentación de los certificados de calidad, la empresa fabricante de la
carrocería a ofertar cuenta con una certificación ISO 9001: 2018 del diseño
desarrollo y fabricación de estructuras autoportantes por transporte de carga,
se presentaron una consulta y una observación al respecto,4 de los
participantes señalaron que este factor limitaba y que solamente existe un solo
proveedor en el Perú que cuenta con ese certificado de calidad ISO 900l: 2018
(…)
Debate entre el perito Juan Coro Jaramillo y las peritos de la Contraloría: Liz
Flores López, Cecibel Farfán Venegas y María Luján Castillo.
¿Cuál era la normativa que regulaba el establecimiento del valor referencial,
cuál fue el procedimiento empleado en este caso y en cuanto se fijó?
Perito Coro Jaramillo: En lo referente al VR la Resolución N' 270-2013 OSCE
aprobaba la Directiva N" 004-2013 OSCE/D que daba disposiciones sobre el
contenido del Resumen Ejecutivo de las Posibilidades que Ofrece el Mercado
en el Punto 7 .1.4. inc. A, establecía que el estudio de mercado tiene una fecha
de inicio y otra de culminación, en este caso su elaboración empezó el 06 de
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enero y terminó el 21 de enero, por lo que estaba dentro de los tres meses que
dice la ley de contrataciones para que se dé en cuanto a los precios; la
directiva también señala las fuentes, en este caso se utilizaron dos fuentes: las
cotizaciones y los precios en el SEACE. El jefe encargado de las
adquisiciones, Iván Yahuna lo hizo así. Por su parte empleo otra técnica de
verificación y comprobación, técnica contable que al comparar los dos precios
determinó que el precio del SEACE era mayor al de las cotizaciones, entonces
determinó que el estudio que ofrece el mercado fue bien elaborado y que el
VR que se incluyó en las Bases que rigieron el proceso de selección fue hecho
de acuerdo a ley.
Auditora de Contraloría: El 17 de febrero la entidad efectuó un estudio técnico
en el que determinó el VR sin embargo, ese VR se mantuvo en el proceso de
exoneración y también en el proceso de licitación; que hubo dos momentos, el
subgerente de logística el 27 de febrero con Informe N 024 alcanzó el estudio
de posibilidades de mercado para el proceso de exoneración y luego el 30 de
marzo alcanzo el Informe N 064 con el mismo VR para el proceso de
licitación. La comisión de auditoría no está determinando una
sobrevalorización respecto al VR toda vez que no han contado con un
especialista mecánico eléctrico que les permita identificar y analizar las
especificaciones técnicas con el precio establecido, lo que la comisión
cuestiona en su informe es que la Entidad hizo un proceso para la adquisición
de vehículos contraviniendo los principios que deben seguirse en todo proceso
de contratación y de esa manera favoreció al contratista. Respecto al VR solo
evidenciaron que hubo una cotización alcanzada por Interamericana el 04 de
marzo, que el comité de selección pudo haber considerado sin embargo no lo
hizo. La comisión deja en claro que no se tomó en cuenta la cotización de
Interamericana, ocurriendo que uno de los participantes observó el VR. El
artículo 13 de la Ley de Contrataciones, establecía que al ser materia de
observación el VR el comité estaba obligado.
(…)
Examen del acusado Iván Yahuana Huamán. A las preguntas de la fiscalía,
señala que en la MDVO trabajó del 05 de enero al 25 de mayo de 2015, como
jefe de logística, siendo sus funciones abastecer a la Entidad de bienes y
servicios así como atender el requerimiento de las áreas usuarias. Para la
adquisición de las compactadoras y volquetes su persona estuvo a cargo de la
elaboración del estudio de mercado, para ello la ley manda que debe tener dos
fuentes: 1) los precios históricos y, 2) las cotizaciones.
(…)
Oralización de documentos
Denuncia interpuesta por la Procuraduría Pública Anticorrupción, de 02 de
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Junio de 2015. Edición del diario Correo del 14 de mayo de 2015, en cuyo
titular se señala "FAENON SOBRE RUEDAS', relacionado con la
"Adquisición de Vehículos para Limpieza Pública de la Municipalidad
Distrital de Veintiséis de Octubre".
Acta de sesión ordinaria de Concejo Municipal No 05-201s-MDVO/SG, de 02
de marzo de 2015. Informe N' 011-201s-MDVO-GAJ de 27 de febrero de
2015, del gerente de asesoría jurídica de la MDVO, dirigido al alcalde,
Práxedes Llacsahuanga Huamán, opinando que la solicitud de exoneración del
proceso de selección para la Adquisición de vehículos para la limpieza pública
de la MDVO, se encuentra amparado por ley.
Informe No 024-2015-MDVO-SGL-IYH de 27 de febrero de 2015, mediante
el cual el sub gerente de Logística Lic. lván Yahuana Huamán emite Informe
Técnico de Exoneración por Desabastecimiento "Adquisición de maquinaria:
camiones compactadoras y volquetes": concluyendo que resulta necesario
solicitar la exoneración del proceso de selección y se otorgue la autorización
para contratar la adquisición de los bienes para el servicios de limpieza
pública, por el VR de S/. 4'098,816.00, y, por la causal de desabastecimiento.
Carta de fecha 03 de marzo de 2015, remitida por Interamericana Norte
S.A.C., a la MDVO - Piura, donde adjunta proformas para la adquisición de
camiones VOLKSWAGEN, detallando las características técnicas del
vehículo camión compactador 15m3 marca Volkswagen. I
Informe No 057-201s-MDVO-GDS Y SP de 26 de febrero de 2015, del
gerente de desarrollo social y servicios públicos - sub gerencia de limpieza
pública y ornato, al alcalde referido al Informe Técnico de Exoneración por
Desabastecimiento para adquisición de maquinaria de limpieza pública
(compactadoras y volquetes), recomendando que en Concejo Municipal se
acuerde la adquisición mediante exoneración de proceso de selección.
Resolución de Alcaldía N' 063-201s-MDVO-A de 24 de febrero del 2015,
mediante la cual se Aprueba el Expediente Técnico para la "Adquisición de
vehículos para limpieza pública de la Municipalidad Distrital Veintiséis de
Octubre", con un VR de S/. 4 098,816.00 modalidad de ejecución: licitación
pública con un plazo de 90 días calendarios, a suma alzada
Resolución de Alcaldía N' 134-201-MDVO-A de 24 de marzo de 2015, a
través de la cual se deja sin efecto el otorgamiento de la buena pro de la
Exoneración N" 001-2015-MDVO-SGL. (…)
(…)
10. Determinación de la pena
Es la actividad mediante la cual se fija la sanción -o quantum- que se
impondrá a una persona declarada penalmente responsable de un ilícito,
dentro de los límites impuestos por la ley (máximo y mínimo), tomando en
consideración el disvalor de acción, disvalor del resultado, la
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proporcionalidad, la culpabilidad del autor, así como los criterios de necesidad
y razonabilidad de la pena. Es el procedimiento técnico y valorativo que se
relaciona con aquella tercera decisión que debe adoptar un Juez Penal. Dicha
actividad, se realiza en dos momentos la identificación del marco legal
aplicable y la individualización de la sanción. En el primer momento, también
denominada determinación en sentido amplio, se realiza con la participación
del Legislador y el Juzgador, y pretende establecer los límites mínimo y
máximo, entre los que oscilará el quantum. Mientras que el Legislador indica
en cada delito una pena relativamente indeterminada (parte especial), también
identifica ciertos casos donde dichos limites mutarán -sea aumentando, sea
disminuyendo- y son en éstos casos, donde es necesaria la concreción del
Juzgador.
Tratándose del delito de colusión, el artículo 384 del Código Penal, vigente a
la época de los hechos atribuidos, sanciona dicho evento con pena privativa de
libertad no menor de tres ni mayor de seis años, y con ciento ochenta a
trescientos sesenta y cinco días-multa.
En el segundo momento, también denominada determinación en sentido
estricto, es de exclusiva función del Juzgador, quien atendiendo a las
circunstancias objetivas de la conducta y las subjetivas del imputado, fija el
quantum que merece la persona declarada penalmente responsable por el
ilícito cometido.
Así, con relación a la extensión del daño y del peligro efectivo provocado, se
estima que la conducta de los acusados afectó de manera grave y considerable
los principios que rigen la contratación pública poniendo en riesgo el
patrimonio del Estado; en cuanto a la calidad de los motivos que impulsaron a
los autores y el extraneus, no se han establecido en forma concreta pero de
menara general fue la de favorecer a éste. Respecto a la mayor o menor
comprensión del carácter ilícito del hecho como personas adultas, con el pleno
goce de sus facultades mentales. ya que no se ha demostrado lo contrario, es
evidente el conocimiento que los acusados tenían del carácter ilícito de su
actividad, las circunstancias personales de los agentes, se trata de agentes
primarios al no registrar condena anterior, lo cual supone que anteriormente ha
enmarcado su conducta a las normas que rigen la convivencia social.
En dicho contexto, no hay ningún motivo particular que apreciar que pudiese
influir en la agravación de la pena, dado que los mencionados ya están
desvalorizados en el tipo penal a nivel de injusto por lo que no son parámetros
que sirvan para modificar la dosimetria de la pena, y dado que la pena debe ser
un instrumento real de resocialización, corresponde que sea impuesta en el
tercio mínimo, y de conformidad al último párrafo del artículo 57 del Código
Penal.
En cuanto a la pena de días multa, se tiene presente lo manifestado por los
acusados respecto a sus ingresos mensuales. En cuanto a la inhabilitación, este
juzgador estima que debe aplicarse a los acusados quienes en función de sus
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intereses inmediatos prescindieron de modo personal y directo de las
exigencias esenciales del procedimiento de contratación, comprendiendo no
solo el ejercicio del cargo especifico en el que se cometieron los hechos sino
extenderse a otros cargos públicos que puedan obtenerse incluso por elección
ciudadana, teniéndose presente al respecto lo señalado en el Acuerdo Plenario
No 2-2008/CJ-1 16 de 18 de Julio de 2008, emitido por la Corte Suprema de
Justicia de la República en el sentido "(...) la pena de inhabilitación consiste
en la privación suspensión o incapacitación de uno o más derechos políticos,
económicos, profesionales y civiles del penado. A través de esta pena se
sanciona a quien ha infraccionado un deber especial pronta de su cargo
función profesión, comercio industria o relación familiar: o a quién se ha
prevalida de su posición de poder o de dominio para delinquir (...).
Sin perjuicio de lo manifestado y atendiendo a la conducta procesal de los
acusados quienes tienen arraigo domiciliario y laboral, además de haber
comparecido en las oportunidades en que han sido convocados por el
Ministerio Público como por el Órgano Jurisdiccional, evidenciando así su
disposición al cumplimiento de las obligaciones procesales impuestas y que el
delito materia de juzgamiento no es de especial gravedad por los cuales no se
vislumbra un peligro de fuga este juzgador estima pertinente que en aplicación
de lo previsto en el articulo 402 numeral 2 del Código Procesal Penal,
precisado por la jurisprudencia en el sentido que la ejecución provisional de la
sanción penal también puede ser resuelta por el órgano jurisdiccional de
primera instancia (…) estableciendo que en este caso también dependerá de la
naturaleza o gravedad y el peligro de fuga; se suspenda la ejecución de la
sentencia mientras se resuelva el recurso de apelación de interponerse la
misma.
En relación al acusado Carlos Jesús Potesta Valencia se estima que su
participación se ve atenuada en relación a sus co-acusados, pues no ostenta la
calidad de funcionario público, pero al ser su participación indispensable para
la configuración del tipo penal, tiene la misma responsabilidad de los acusados
frente el daño ocasionado.
11. Asimismo, a foja 67 aparece la Resolución 27, de fecha 22 de julio de
2020, mediante la cual la Primera Sala Penal de Apelaciones de la Corte
Superior de Justicia de Piura confirmó la sentencia condenatoria apelada,
advirtiéndose de su contenido los siguientes fundamentos:
2.2.- Calificación Jurídica de los hechos.-
Los hechos antes descritos fueron calificados como delito colusión simple
previsto en el artículo 384°, primer párrafo, del Código Penal.
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La Fiscalía solicitó se les imponga cinco años de pena privativa de libertad e
inhabilitación por el mismo periodo, de conformidad con el artículo 36
numerales 1 y 2 del Código Penal.
(…)
TERCERO.- DE LA AUDIENCIA DE APELACIÓN
3.1.- Alegatos del Abogado de los procesados Llacsahuanga Huamán y
Pizarro Paico.-
Solicita absolver a sus patrocinados. Después de narrar los hechos materia de
imputación señala que la fiscalía nombra un perito oficial contable, quien
informa que no hubo sobrevaloración, más bien hubo una diferencia a favor
del Estado de 92,770 04 soles por lo que no hubo perjuicio económico; que el
postor ganador si cumplió con los requisitos normativos. La fiscalía tenía un
informe técnico de la contraloría general de la República, que es un informe
extra penal y tenía un informe pericial oficial contable intra penal, sin
embargo y pese a tener un informe claro a favor de los imputados no lo hace y
toma solo en cuenta uno de ellos el de la Contraloría y no el de su propio
perito contable; no se ha explicado por qué no se valora el dictamen pericial
oficial elaborado por el perito Coro Jaramillo nombrado por la fiscalía, que
dicho perito en juicio explicó que el valor referencial fue hecho de acuerdo a
ley en base a estudios de mercado realizados por señor Yahuana Huamán
como Jefe de logística; que el .juez también cuestiona la designación de los
integrantes del comité especial; sin embargo el perito oficial ha indicado que
se incluyó en dicho comité especial al Ing. Temoche por tener especialización
en la materia. Que la conducta de sus patrocinados ha estado dentro de las
normas de contratación aplicables.”
(…)
3.4.- Defensa material del imputado Pizarro Paico.-
Ubaldo Pizarro Paico, señala que se le condena por colusión simple, sin que
haya agraviado al Estado, que su actuación fue al momento de presentar las
bases y llevar el proceso, las situaciones accesorias no puestas en el contrato
de las que habla la fiscal no le corresponden, lo único que se le atribuye como
presidente del comité es haber exigido la existencia en Piura el certificado del
taller.
(…)
QUINTO.- ANÁLISIS DEL CASO Y JUSTIFICACIÓN DE LA
RESOLUCIÓN DE LA SALA DE APELACIONES.
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(…)
5.4.- El artículo 425" inciso 2 del Código Procesal Penal, establece que la Sala
Penal Superior no puede otorgar diferente valor probatorio a la prueba
personal que fue objeto de inmediación por el Juez de Primera instancia, salvo
que su valor probatorio sea cuestionado por una prueba actuada en Segunda
instancia. En el presente caso, no se ha actuado en segunda instancia prueba
que habilite a este Órgano revisor a reexaminar y otorgar diferente valor
probatorio a la prueba personal consistente en la declaración del perito Coro
Jaramillo.
5.5.- Otro de los argumentos que sustentan la apelación de los imputados esa
referido a que en la adquisición de los vehículos mediante el proceso de
licitación, no hubo sobrevaloración, y por ende no hubo perjuicio para la
agraviada. Ante este argumento debe tenerse en cuenta que el delito imputado
es de colusión simple el cual requiere como elemento consumativo la sola
concertación de interese para defraudar al Estado. Conforme a lo señalado por
la Corte Suprema el término defraudar semánticamente no es equivalente a
"perjuicio", "daño" o "menoscabo".
(…)
5.8.- La prueba indiciaria,- señalada por el A quo- en los casos de delitos de
colusión es fundamental, al tratarse de acuerdos y/o acciones de carácter
subrepticios, efectuados entre el funcionario -intraneus- con un sujeto extraño
a la administración pública -el interesado o extraneus-, por ello en este delito
no puedan solicitarse pruebas directas para acreditar hechos cometidos en la
clandestinidad, Por esta razón, se debe acudir a la valoración de la prueba
indiciaria, cumpliendo los requisitos establecidos en el artículo 158.3 del
Código Procesal penal: a) que el indicio esté probado, b) que la inferencia esté
basada en las reglas de la lógica, la ciencia o la experiencia; c) que cuando se
trate de indicios contingentes, estos sean plurales, concordantes y
convergentes, así como que no se presenten contra indicios consistentes.
5.9- En el presente caso, en juicio oral se han actuado diversas pruebas cuyo
análisis han llevado al juzgador a tener por acreditados los hechos materia de
imputación así como la responsabilidad penal de los imputados, así se han
valorado entre otros hechos objeto del proceso i) la designación del Comité
Especial que el titular de la Entidad resolvió conformar el CE alterando la
propuesta efectuada por la gerencia municipal al incluir al Ing. López
Temoche, en lugar del representante del área usuaria, Néstor Reynaldo
Herrera Rea-, sin que exista documento alguno que lo respalde o se exponga
fundamento para ello, la exclusión del representante del área usuaria
respondió a una decisión unilateral e injustificada; no habiéndose demostrado
que tuviera la calidad de experto independiente; transgrediéndose así las
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garantías establecidas en la Ley de Contrataciones y su Reglamento; ii) del
proceso de selección- la elaboración de las bases- se ha indicado, que si bien
la determinación de los requisitos para contratar con el Estado es una actividad
discrecional de la administración, en este caso representada por el CE, sin
embargo no puede afectar derechos de los particulares, no puede ser arbitraria,
sino que debe estar correctamente justificada, conforme al principio de
razonabilidad.
(…)
5.19.- Respecto a la pretensión impugnatoria del representante del Ministerio
Público referida a que se incremente la pena la cual debe ser situada en el
tercio medio conforme al artículo 45-A del Código Penal que debido a que
existe como circunstancia agravante la pluralidad de agentes. El artículo 46
del Código Penal contiene conjunto de circunstancias de atenuación o
agravación de la pena. En su inciso 2, señala textualmente constituyen
circunstancias agravantes siempre que no esté previstas específicamente para
sancionar el delito y no sean elementos constitutivos del hecho punible". En el
presente caso, la circunstancia considerada como agravantes por la Fiscalía es
constitutiva del hecho punible de colusión ya que por la naturaleza del delito
en su comisión siempre participan dos o más personas por tanto no pueden ser
sustento para ubicar la dosimetría penal dentro del tercio medio que establece
el artículo 45-A, sino dentro del tercio inferior como se ha hecho en la
sentencia apelada en observancia también del articulo 57' ultima parte del
Código Penal.
12. Revisados los autos, se aprecia entonces que, en el proceso penal seguido
en contra del favorecido, los jueces emplazados han emitido la sentencia
condenatoria, condenándolo a tres años de pena privativa de la libertad
efectiva, sustentando su decisión en determinados medios probatorios de
naturaleza indiciaria, lo que si bien no se encuentra prohibido, exige sin
embargo un sustento de mayor desarrollo a efectos de que se exponga
con la debida precisión qué cosa es lo que acredita cada medio probatorio
o la deducción con base en la cual se llega a establecer la responsabilidad
del favorecido.
13. En efecto, este Colegiado es plenamente consciente de que la adopción
de un modelo que legitima el uso de la prueba indiciaria relativiza de
alguna forma el derecho a la presunción de inocencia. En tales
circunstancias, la única forma de asegurar que no represente una opción
meramente mecánica y, por consiguiente, no sea objetada en sede
constitucional, supone en consecuencia la exigencia de un grado mayor
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de motivación o, si se quiere, de motivación cualificada a efectos de que
se desarrolle cómo es que los medios probatorios indiciarios generaron el
pleno convencimiento en el operador jurídico sobre la responsabilidad
del beneficiario, con lo que se legitimaría la decisión judicial
condenatoria. En este contexto, si bien en el caso de autos existe mención
a los medios probatorios que presuntamente acreditarían la
responsabilidad del favorecido, sin embargo, no se aprecia un desarrollo
debido o adecuadamente sustentado sobre las inferencias realizadas, en la
medida en que no existe motivación de cómo cada medio probatorio
responsabilizaría al beneficiario de los hechos que se le imputan,
advirtiéndose al contrario afirmaciones notoriamente genéricas y, en
rigor, poco convincentes.
14. Se evidencia de autos que los emplazados, para condenar al favorecido,
parten de la premisa de que porque este ha sido integrante del Comité
Especial que elaboró las Bases Administrativas de la Licitación Pública
001-2015-MDVO-CE, tal hecho sería relevante y por sí solo acreditaría
la plena responsabilidad del favorecido, habida cuenta que el Comité
Especial realizó observaciones a todos los postores con excepción de la
empresa que resultó ganadora, siendo este el punto más notorio para
acreditar la responsabilidad del favorecido.
15. En tal sentido, este Colegiado advierte que –respecto del favorecido– no
existe una fundamentación debida a efectos de señalar cómo cada medio
probatorio vincularía al beneficiario como responsable directo del hecho
imputado, deficiencia que se ha mantenido ante el órgano jerárquico
superior, que ha considerado que la sola concertación configura la
colusión simple. Empero, en ningún momento ha establecido qué medios
probatorios determinarían la señalada concertación; observándose con
ello que el superior jerárquico ha mantenido la deficiencia en la
motivación advertida en primera instancia.
Efectos de la sentencia
16. En las circunstancias descritas, corresponde estimar la demanda al
haberse acreditado la vulneración del principio de congruencia o
correlación entre lo acusado y lo condenado y del derecho a la debida
motivación de las resoluciones judiciales, y corresponde declarar la
nulidad de las decisiones judiciales cuestionadas, a efecto de que se emita
una nueva decisión conforme a la acusación fiscal y debidamente
Sala Primera. Sentencia 858/2023
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PIURA
UVALDO PIZARRO PAICO
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MIGUEL MELÉNDEZ SÁENZ
(ABOGADO)
motivada respecto de cómo los medios probatorios acreditarían la
responsabilidad del favorecido.
17. En consecuencia, corresponde declarar la nulidad de la sentencia
condenatoria contenida en la Resolución 19, de fecha 4 de diciembre de
2019, mediante la cual se condena a don Uvaldo Pizarro Paico a tres años
de pena privativa de la libertad efectiva, como autor del delito contra la
administración pública, en la modalidad de colusión simple y su
confirmatoria mediante la sentencia de vista contenida en la Resolución
27, de fecha 22 de julio de 2020 (Expediente 5134-2016-6-2001-JR-PE-
01); y que, como consecuencia, se emita nueva decisión judicial teniendo
en cuenta lo señalado en los fundamentos de la presente sentencia.
18. Asimismo, que en el día de notificada la presente sentencia, el órgano
judicial competente determine la situación jurídica de don Uvaldo Pizarro
Paico.
Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que
le confiere la Constitución Política del Perú,
HA RESUELTO
1. Declarar FUNDADA la demanda al haberse acreditado la vulneración del
principio de congruencia o correlación entre lo acusado y lo condenado y
del derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales.
2. Declarar NULA la sentencia Resolución 19, de fecha 4 de diciembre de
2019, mediante la cual se condenó a don Uvaldo Pizarro Paico a tres años
de pena privativa de la libertad efectiva, como autor del delito contra la
administración pública, en la modalidad de colusión simple (Expediente
5134-2016-6-2001-JR-PE-01); y NULA la sentencia de vista contenida en
la Resolución 27, de fecha 22 de julio de 2020, que confirmó la condena; y
que, como consecuencia, se emita nueva sentencia conforme a lo señalado
en los fundamentos de la presente sentencia.
3. DISPONER que, en el día de notificada la presente sentencia, el órgano
judicial competente determine la situación jurídica de don Uvaldo Pizarro
Paico.
Sala Primera. Sentencia 858/2023
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UVALDO PIZARRO PAICO
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MIGUEL MELÉNDEZ SÁENZ
(ABOGADO)
Publíquese y notifíquese.
SS.
PACHECO ZERGA
DOMÍNGUEZ HARO
OCHOA CARDICH
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MIGUEL MELÉNDEZ SÁENZ
(ABOGADO)
VOTO SINGULAR DEL MAGISTRADO MONTEAGUDO VALDEZ
Emito el presente voto porque considero que, en este caso, corresponde declarar
que la demanda es INFUNDADA, ya que, en el ámbito del proceso penal, se ha
cumplido con el deber de motivación de las resoluciones judiciales cuestionadas
en el presente proceso constitucional. Del mismo modo, estimo, por los
argumentos que se desarrollarán, que tampoco se advierte una vulneración del
principio acusatorio.
A) Hechos del caso
Con fecha 3 de junio de 2022, don Jorge Miguel Meléndez Sáenz interpuso
demanda de habeas corpus a favor de don Uvaldo Pizarro Paico. Solicita el
recurrente que se declare la nulidad de: i) la sentencia condenatoria contenida en
la Resolución 19, de fecha 4 de diciembre de 2019 (f. 43), mediante la cual se
condenó a don Uvaldo Pizarro Paico a tres años de pena privativa de la libertad
efectiva como autor del delito contra la administración pública, en la modalidad
de colusión simple (Expediente 5134-2016-6-2001-JR-PE-01); y de ii) la
sentencia de vista contenida en la Resolución 27, de fecha 22 de julio de 2020
(f. 67), mediante la cual se confirmó la sentencia condenatoria; como
consecuencia, se ordene la inmediata libertad del favorecido y se disponga la
emisión de una nueva sentencia penal con estricto respeto de las garantías
constitucionales.
Señala que el órgano sentenciador se ha pronunciado más allá de los términos de
la acusación penal, dado que la acusación fiscal sostuvo afirmaciones tales como
i) que el Comité Especial realizó un direccionamiento de las bases para favorecer
a una de las empresas postoras; ii) se determinó el valor referencial para el
proceso de licitación sin haberse considerado el precio más bajo; iii) el Comité
modificó el criterio de evaluación sobre “Disponibilidad de servicios y
repuestos” favoreciendo al postor ganador de la Buena Pro, Sigma Equipment
del Perú SAC; iv) el Comité consideró en Bases Administrativas como criterios
de evaluación para la presentación de los Certificados de Calidad, un ISO que
solo podía ser cumplido por quien fue el ganador de la Buena Pro, que era la
única empresa que contaba con la certificación que establecían las bases,
exigencia que no podía ser cumplida por los otros postores; v) con relación al
factor de evaluación de “Garantía Pos-Carrozado”, el Comité Especial definió
este factor sin guardar congruencia con el objeto de la convocatoria, lo que
implicaba la garantía solo de la carrocería de los vehículos (compactadoras y
volquetes), mas no la garantía de los vehículos en su conjunto, ensamblados con
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fabricación terminada; y vi) el Comité no consideró las prestaciones accesorias
necesarias en el proceso de licitación para la adjudicación de vehículos,
beneficiando al consorcio ganador de la Buena Pro, al no resultarle obligatoria
la presentación de dicha garantía para la suscripción del contrato.
Sostiene que el juzgado de primera instancia, si bien analiza los hechos materia
de la acusación fiscal, en vías de razonamiento probatorio, agrega un hecho
totalmente ajeno a las proposiciones fácticas postuladas por el Ministerio
Público en su requerimiento acusatorio, siendo este último el referido a la pericia
contable oficial elaborada por el perito Juan Carlos Coro Jaramillo por la que se
determinó que la licitación pública realizada por la Municipalidad Distrital
Veintiséis de Octubre, no produjo perjuicio económico alguno para dicha
entidad. Dicha pericia concluyó que en el proceso de licitación hubo una
diferencia de S/ 92 770.04 a favor de este municipio distrital, producto de la
determinación del valor referencial de los bienes adquiridos. Al respecto,
expresa que fue esa pericia la que determinó que el Ministerio Público formulara
acusación contra el favorecido por el delito de colusión simple y no agravada.
Sin embargo, el juez sentenciador relativiza el valor probatorio del resultado de
la pericia contable oficial, pues considera que la cuestión que se plantea en el
caso no es la forma cómo se determinó el valor referencial en la fase de
programación y actos preparatorios, sino la posibilidad de que el valor
referencial pudo ser modificado como consecuencia de las observaciones
presentadas por los participantes en la etapa de selección.
Afirma que las decisiones judiciales cuestionadas afectan el derecho a la debida
motivación de las resoluciones judiciales dado que el juez realizó una simple
enumeración o listado de la prueba bajo el título de “actividad probatoria”, que
no satisface la exigencia de motivación en lo relativo a la valoración, dado que
la conclusión judicial no está precedida ni acompañada de una valoración
conjunta. En efecto, el juez emplazado de primera instancia no ha realizado un
examen individual de la prueba, aspecto esencial en la fase de valoración de esta.
B) Argumentos de la ponencia
El voto suscrito por la mayoría considera que se ha vulnerado el derecho a la
debida motivación de las resoluciones judiciales, así como el principio
acusatorio.
Así, la ponencia considera que la apreciación del juez demandado en cuanto a la
pericia contable sí plantea una modificación en los hechos imputados, ya que el
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(ABOGADO)
fiscal no alegó la modificación del valor referencial como consecuencia de las
observaciones presentadas por los participantes en el proceso de licitación.
En cuanto al derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales, la
mayoría de mis colegas sostienen que, en el proceso penal seguido en contra del
favorecido, los jueces emplazados han emitido la sentencia condenatoria
sustentando su decisión en determinados medios probatorios de naturaleza
indiciaria. Refieren que, si bien ello no se encuentra prohibido, exige sin
embargo un sustento de mayor desarrollo a efectos de que se exponga con la
debida precisión qué cosa es lo que acredita cada medio probatorio o la
deducción con base en la cual se llega a establecer la responsabilidad del
favorecido.
De hecho, añaden que “un modelo que legitima el uso de la prueba indiciaria
relativiza de alguna forma el derecho a la presunción de inocencia”. Es por ello
que, según consideran, la única forma de asegurar que no represente una opción
meramente mecánica y por consiguiente no sea objetada en sede constitucional,
supone en consecuencia la exigencia de un grado mayor de motivación o, si se
quiere, de motivación cualificada a efectos de que se desarrolle cómo es que los
medios probatorios indiciarios generaron el pleno convencimiento en el
operador jurídico sobre la responsabilidad del beneficiario, con lo que se
legitimaría la decisión judicial condenatoria. En este contexto, añaden que, si
bien en el caso de autos existe mención a los medios probatorios que
presuntamente acreditarían la responsabilidad del favorecido, sin embargo, no
se apreciaría un desarrollo debido o adecuadamente sustentado sobre las
inferencias realizadas, en la medida en que no existe motivación de cómo cada
medio probatorio responsabilizaría al beneficiario de los hechos que se le
imputan, advirtiéndose al contrario afirmaciones notoriamente genéricas y, en
rigor, poco convincentes.
Sostienen que los emplazados, para condenar al favorecido, parten de la premisa
de que porque este ha sido integrante del Comité Especial que elaboró las Bases
Administrativas de la Licitación Pública 001-2015-MDVO-CE, tal hecho sería
relevante y por sí solo acreditaría la plena responsabilidad del favorecido, habida
cuenta que el Comité Especial realizó observaciones a todos los postores con
excepción de la empresa que resultó ganadora, siendo este el punto más notorio
para acreditar la responsabilidad del favorecido.
Por ello, advierten que no existe una fundamentación debida a efectos de señalar
cómo cada medio probatorio vincularía al beneficiario como responsable directo
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del hecho imputado, deficiencia que se ha mantenido ante el órgano jerárquico
superior, quien ha considerado que la sola concertación configura la colusión
simple. Empero, según sostienen, en ningún momento ha establecido qué medios
probatorios determinarían la señalada concertación; observándose con ello que
el superior jerárquico ha mantenido la deficiencia en la motivación advertida en
primera instancia.
C) Consideraciones sobre el caso
c.1) Sobre la prueba indiciaria
Deseo resaltar, en primer lugar, que, de forma contraria a lo señalado en la
ponencia, no considero que la prueba indiciaria sea, per se, una herramienta del
proceso penal que relativice la presunción de inocencia.
Considero que una afirmación genérica que proceda a calificar en estos términos
a la prueba indiciaria puede hacer peligrar su uso en el ámbito de la justicia penal.
En todo caso, el empleo de esta figura procesal es un asunto que, en principio,
corresponde examinar al Poder Judicial. Ahora bien, esta clase de prueba no es
que relativice, por sí sola, el derecho a la presunción de inocencia. Lo que, en
todo caso, puede originar un reclamo de naturaleza constitucional es un eventual
vicio de motivación que pueda presentarse en la decisión judicial, pero ello no
supone legitimar un cuestionamiento general respecto de su uso. Esto obedece a
que la prueba indiciaria es, ciertamente, peculiar en los procesos penales. Sin
embargo, esta particularidad no conduce a cuestionar su uso, sino a reflexionar
sobre sus alcances. Se ha señalado, sobre ello, que los indicios “son una prueba
indirecta, de carácter crítico y lógico. No es una prueba histórica ni
representativa del hecho indicado (desconocido), pues carece de las
características que son propias a aquéllas. Pero el hecho concreto pensado, como
unida del pensamiento, nos permite reproducir la realidad argumentativamente
[…]. Todo esto confirma que el indicio es un medio probatorio”1.
En efecto, la prueba indiciaria obedece a una estructura y uso diferente al de
otras pruebas al interior del proceso penal, ya que requiere una argumentación
que justifique su uso. Ello no supone una relativización de la presunción de
inocencia, sino que exige que la justicia penal justifique de qué manera los
hechos valorados pueden conectarse con la responsabilidad penal del imputado.
Se ha señalado, sobre ello, que es precisamente su corrección lógica la condición
1 Rivera, Rodrigo (2011). La prueba: un análisis racional y práctico. Madrid: Marcial Pons, pp.
219 y 220.
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fundamental para que se le considere como un elemento probatorio por un
tribunal de justicia2. De este modo, se trata de una prueba que bien puede
desvirtuar la presunción de inocencia, pero que, indudablemente, su uso debe
encontrarse plenamente justificado. En todo caso, esta última afirmación no es
exclusiva de la prueba indiciaria, sino que bien puede extenderse a la valoración
de cualquier medio de prueba que termine por condenar al imputado. Por lo
demás, se trata de
Por ello, no considero que deba relativizarse o cuestionarse, en términos
generales, el uso de este tipo de prueba, más aun si la posibilidad de su uso de
encuentra reconocida en el Código Procesal Penal de 2004 (art. 158.3), y cuenta,
por lo demás, con una importante aceptación en el ámbito del derecho
comparado y el derecho internacional.
c.2) Sobre la determinación de la responsabilidad penal del favorecido en el
presente habeas corpus
Por otro lado, en la ponencia se señala que la condena del favorecido ha partido
de la premisa de considerar que, como este último ha sido integrante del Comité
Especial que elaboró las Bases Administrativas de la Licitación Pública 001-
2015-MDVO-CE, tal hecho sería relevante y por sí solo acreditaría su plena
responsabilidad del favorecido, habida cuenta que el Comité Especial realizó
observaciones a todos los postores con excepción de la empresa que resultó
ganadora, siendo este el punto más notorio para acreditar la responsabilidad del
favorecido. Por ello, cuestionan el hecho que ese solo factor haya justificado su
condena.
Al respecto, y una vez analizado el contenido de las referidas resoluciones
judiciales, puedo advertir que la justicia ordinaria ha motivado el nivel de
participación del ahora favorecido del presente habeas corpus no solamente
considerando su condición de integrante del Comité Especial que elaboró las
Bases Administrativas de la Licitación Pública 001-2015-MDVO-CE, sino que
también ha evaluado otros elementos adicionales.
En efecto, la responsabilidad del favorecido no se redujo únicamente a su
condición de integrante del referido Comité. De la revisión de la Resolución del
4 de diciembre de 2019, expedida por el Séptimo Juzgado Penal Unipersonal de
la Corte Superior de Justicia de Piura, se advierte que se le atribuye “la
introducción de factores de evaluación que desincentivaron la concurrencia de
2 Aliste, Tomás (2018). La motivación de las resoluciones judiciales. Marcial Pons, p. 346.
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postores y evitaron cualquier competencia” (fojas 91). También se considera que
no se cumplió con los preceptos de la Ley de Contrataciones, ya que, según la
información que obra en el expediente, el requerimiento del área usuaria de fecha
19 de enero de 2015 fue posterior a la evaluación de las posibilidades del
mercado.
Por otro lado, la Resolución de 22 de julio de 2020, expedida por la Primera Sala
Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Piura, concluyó que el
ahora favorecido participó en los factores de determinación señaladas en el
proceso de selección. Menciona que no cumplieron con responder las consultas
y las observaciones que, frente a las irregularidades advertidas, señalaron los
demás postores (f. 69).
Sin perjuicio de ello, por la especial configuración del tipo penal debe también
considerarse, como lo hicieron las resoluciones cuestionadas, los hechos previos
al proceso de selección que permitieron favorecer a la entidad que terminó
ganando el proceso respectivo. Entre ellos, se señaló el cambio de los miembros
del comité, al hecho que no existía desabastecimiento, o a la introducción de un
requisito de certificación que, en realidad, solo cumplía una de las empresas, que
era la que finalmente ganó el concurso, o al hecho que esta entidad se abasteció
con los bienes que se requerían antes de la convocatoria al mismo.
Del mismo modo, es importante resaltar que dichos factores fueron señalados en
la acusación fiscal, ello en los términos mencionados en las resoluciones
judiciales impugnadas.
Finalmente, en cuanto al argumento de la parte recurrente vinculado a que los
jueces penales habrían relativizado el valor probatorio del resultado de la pericia
contable oficial, estimo que se trata de un argumento que solo pretende el
reexamen de las actuaciones en sede ordinaria. En efecto, no corresponde en
principio a la justicia constitucional el cuestionar si un determinado medio de
prueba generó un mayor o menor nivel de convencimiento del juez penal.
Por lo expuesto, considero que la demanda debe ser declarada como
INFUNDADA.
S.
MONTEAGUDO VALDEZ