Sala Segunda. Sentencia 491/2024
EXP. N.° 00071-2024-PA/TC
AREQUIPA
JOSÉ MANUEL YUCRA HUANCO
SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
En Lima, a los 12 días del mes de abril de 2024, la Sala Segunda del
Tribunal Constitucional, integrada por los magistrados Gutiérrez Ticse,
Domínguez Haro y Ochoa Cardich, ha emitido la presente sentencia. Los
magistrados intervinientes firman digitalmente en señal de conformidad con
lo votado.
ASUNTO
Recurso de agravio constitucional interpuesto por la sucesión procesal
de don José Manuel Yucra Huanco contra la resolución de fojas 826, de fecha
27 de setiembre de 2023, expedida por la Tercera Sala Civil de la Corte
Superior de Justicia de Arequipa, que declaró improcedente la demanda de
amparo de autos.
ANTECEDENTES
El recurrente interpone demanda de amparo1 contra Pacífico Vida
Compañía de Seguros y Reaseguros SA, a fin de que cumpla con otorgarle
pensión de invalidez por enfermedad profesional de conformidad con la Ley
26790, más el pago de las pensiones devengadas, los intereses legales y los
costos del proceso.
La emplazada contesta la demanda expresando que la historia clínica que
sustenta el certificado médico presentado por el actor carece de exámenes
auxiliares que garanticen la veracidad de las enfermedades profesionales
alegadas.
El Juzgado Especializado en lo Constitucional de Arequipa, con fecha 21
de junio de 20232, declaró improcedente la demanda, por considerar que el
demandante no cumplió con efectuarse una nueva evaluación médica, por lo
que, al producirse su fallecimiento sin que se haya acreditado que
efectivamente padecía las enfermedades alegadas, la demanda deviene
improcedente.
La Sala Superior competente confirmó la apelada por similar argumento.
1 Fojas 27.
2 Fojas 799.
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FUNDAMENTOS
Delimitación del petitorio
1. El recurrente interpone demanda de amparo con el objeto de que se le
otorgue pensión de invalidez por enfermedad profesional conforme a la
Ley 26790 y su reglamento, con el pago de los devengados, los intereses
legales y los costos del proceso.
2. En reiterada jurisprudencia, este Tribunal ha señalado que forman parte
del contenido constitucionalmente protegido por el derecho fundamental
a la pensión las disposiciones legales que establecen los requisitos para
su obtención. Por ello, corresponde analizar si el demandante cumple con
los presupuestos legales que permitirán determinar si tiene derecho a
percibir la pensión que reclama, pues, de ser esto así, se estaría
verificando la arbitrariedad en el accionar de la entidad demandada.
Análisis de la controversia
3. El régimen de protección de riesgos profesionales (accidentes de trabajo
y enfermedades profesionales) fue regulado inicialmente por el Decreto
Ley 18846-Seguro por Accidentes de Trabajo y Enfermedades
Profesionales del Personal Obrero (SATEP) y luego sustituido por el
Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR), creado por la Ley
26790, de fecha 17 de mayo de 1997.
4. Posteriormente, mediante el Decreto Supremo 003-98-SA, vigente desde
el 14 de abril de 1998, se aprobaron las Normas Técnicas del Seguro
Complementario de Trabajo de Riesgo, estableciéndose las prestaciones
asistenciales y pecuniarias que se otorgan al titular o a los beneficiarios
a consecuencia de un accidente de trabajo o una enfermedad profesional.
5. Así, en los artículos 18.2.1 y 18.2.2 del Decreto Supremo 003-98-SA se
señala que se pagará como mínimo una pensión vitalicia mensual
equivalente al 50% de la remuneración mensual al asegurado que, como
consecuencia de un accidente de trabajo o una enfermedad profesional,
quedara disminuido en su capacidad para el trabajo en forma permanente
en una proporción igual o superior al 50%, pero inferior a los dos tercios
(66.66%); y una pensión vitalicia mensual equivalente al 70% de su
remuneración mensual al asegurado que quedara disminuido en su
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capacidad para el trabajo en forma permanente en una proporción igual
o superior a los dos tercios (66.66%).
6. En la sentencia emitida en el Expediente 02513-2007-PA/TC, publicada
el 5 de febrero de 2009, el Tribunal Constitucional ha precisado los
criterios respecto a las situaciones relacionadas con la aplicación del
Régimen de Protección de Riesgos Profesionales. En dicha sentencia ha
quedado establecido que en los procesos de amparo referidos al
otorgamiento de una pensión vitalicia conforme al Decreto Ley 18846 o
de una pensión de invalidez conforme a la Ley 26790, la enfermedad
profesional únicamente podrá ser acreditada con un examen o dictamen
médico emitido por una Comisión Médica Evaluadora de Incapacidades
del Ministerio de Salud, de EsSalud o de una EPS, conforme lo señala el
artículo 26 del Decreto Ley 19990.
7. En el presente caso, el actor, con la finalidad de acceder a la pensión de
invalidez solicitada, presenta el Certificado Médico 493-2016, de fecha
29 de diciembre de 2016, emitido por la Comisión Médica de Evaluación
de Incapacidades del Hospital III Regional Honorio Delgado Espinoza,
Arequipa, del Ministerio de Salud3, en el cual se determina que el
accionante padece de la enfermedad de neumoconiosis I°, con 60 % de
menoscabo.
8. Cabe mencionar que de la Historia Clínica 12178134, correspondiente al
certificado médico aludido anteriormente, se advierte que en el examen
de espirometría5 se consigna como resultado espirometría normal;
asimismo, se observa que no obran el examen de caminata de los seis
minutos, ni tampoco los informes médicos de especialistas, a pesar de
que estos exámenes son esenciales para el diagnóstico de la enfermedad
de neumoconiosis.
9. En consecuencia, habida cuenta de que la parte demandante no ha
demostrado de forma fehaciente que el recurrente padeciera de la
enfermedad profesional de neumoconiosis, a fin de acceder a la pensión
de invalidez reclamada, y que don José Manuel Yucra Huanco falleció el
5 de octubre de 20216, motivo por el cual se apersonó su sucesión
3 Fojas 9.
4 Fojas 493-502.
5 Fojas 500 vuelta.
6 Fojas 760.
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procesal7, esta Sala del Tribunal considera que corresponde desestimar la
demanda de amparo de autos.
Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que
le confiere la Constitución Política del Perú,
HA RESUELTO
Declarar INFUNDADA la demanda.
Publíquese y notifíquese.
SS.
GUTIÉRREZ TICSE
DOMÍNGUEZ HARO
OCHOA CARDICH
PONENTE DOMÍNGUEZ HARO
7 Fojas 770.