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01154-2022-PA/TC
Sumilla: FUNDADA. SE DETERMINA QUE EL MOTIVO DEL CESE DE LAS LABORES Y FALLECIMIENTO LA ENFERMEDAD PROFESIONAL DE SILICOSIS QUE PADECÍA EL CAUSANTE, CORRESPONDE OTORGAR A LA DEMANDANTE, EN SU CONDICIÓN DE CÓNYUGE SUPÉRSTITE LA PENSIÓN DE VIUDEZ DERIVADA DE LA PENSIÓN DE JUBILACIÓN MINERA.
Fecha de publicación (aaaammdd): 20230125
Fecha del documento: 2023
Índice fuente: TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Repositorio oficial: Datos abiertos – Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
SENTENCIA
Sala Segunda. Sentencia 468/2022
EXP. N.° 01154-2022-PA/TC
HUANCAVELICA
CLAUDIA TICLLACÓNDOR APARCO
SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
En Lima, a los 5 días del mes de diciembre de 2022, la Sala Segunda
del Tribunal Constitucional, integrada por los magistrados Gutiérrez Ticse,
Morales Saravia y Domínguez Haro, pronuncia la siguiente sentencia.
ASUNTO
Recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Claudia
Ticllacóndor Aparco contra la resolución de fojas 514, de fecha 2 de marzo
de 2022, expedida por la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de
Huancavelica, que declaró infundada la demanda de autos.
ANTECEDENTES
La demandante, con fecha 5 de diciembre de 2019, interpone demanda
de amparo contra la Oficina de Normalización Previsional (ONP)
solicitando que se declaren inaplicables la Resolución 109365-2014-
ONP/DPR.GD/DL 19990, de fecha 6 de noviembre de 2014, y la
Resolución 2770-2015-ONP/DPR/DL 19990 de fecha 20 de marzo de 2015;
que, como consecuencia de ello, se emita una nueva resolución restituyendo
su pensión de viudez; se deje sin efecto la deuda de S/29 240.48
(veintinueve mil doscientos cuarenta soles con cuarenta y ocho céntimos)
contenida en la notificación de fecha 6 de noviembre de 2014 y se le abone
las pensiones devengadas desde la fecha de suspensión de su pensión con
los respectivos intereses legales y los costos del proceso.
La Oficina de Normalización Previsional (ONP) contesta la demanda
solicitando que sea declarada infundada. Alega que mediante la Resolución
109365-2014-ONP/DPR.GD/DL 19990, de fecha 6 de noviembre de 2014,
se procedió a suspender, a partir del 7 de diciembre de 2007, el pago de la
pensión de viudez otorgada a doña Claudia Ticllacóndor Aparco mediante la
Resolución 174-DP-GDH-IPSS-93, de fecha 16 de septiembre de 1993, al
haberse detectado la incompatibilidad de la percepción de pensión de viudez
entre las prestaciones del Decreto Ley 18846 y del Decreto Ley 19990 en el
Sistema Nacional de Pensiones de acuerdo con los artículos 51 y 90 del
Decreto Ley 19990, en concordancia con el precedente vinculante contenido
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en el fundamento 109 de la sentencia emitida en el Expediente 010063-
2006-PA/TC y los lineamientos dispuestos en la sentencia vinculante
recaída en el Expediente 02513-2007-PA-TC. Precisa que, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 90 del Decreto Ley 19990, no están
comprendidos en el régimen del referido decreto ley los accidentes de
trabajo y las enfermedades profesionales cubiertas por el Decreto Ley
18846, y que, en el caso de autos, de la Partida de Defunción se verifica que
el causante don Jesús Huincho Ochoa falleció a consecuencia de la
enfermedad profesional de silicosis, adquirida durante la relación laboral
con su exempleador —Compañía Minera Caudalosa—, por lo que se
encuentra comprendido en los alcances del Decreto Ley 18846; en
consecuencia, la recurrente no está incursa en los alcances del Decreto Ley
19990, para el otorgamiento de la pensión de viudez bajo dicho régimen.
El Segundo Juzgado Civil de Huancavelica, con fecha 29 de octubre
de 2021 (f. 463), declaró infundada la demanda, por considerar que al
cónyuge fallecido de la recurrente, cuando laboraba para su empleadora, se
le había concedido la renta vitalicia por enfermedad profesional al amparo
del Decreto Ley 18846 y que, a consecuencia de su fallecimiento, se le
otorga a la recurrente pensión de viudez al amparo del Decreto Ley 19990.
Posteriormente, por expreso mandato judicial se le otorga a la recurrente
pensión de viudez bajo los alcances del Decreto Ley 18846. Sin embargo, se
advirtió que la recurrente venía percibiendo dos pensiones de viudez, una
con arreglo al Decreto Ley 18846 y la otra conforme al Decreto Ley 19990.
Debido a tales circunstancias, mediante la Resolución 109365-2014-
ONP/DPR.GD/DL 19990, de fecha 6 de noviembre de 2014, se resolvió
suspender la pensión de viudez que se encontraba percibiendo la accionante
al amparo del Decreto Ley 19990.
La Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Huancavelica, con
fecha 2 de marzo de 2022 (f. 514), confirmó la apelada, por considerar que
el causante Jesús Huincho Ochoa, antes de su fallecimiento, percibía renta
vitalicia al amparo del Decreto Ley 18846, por lo que su cónyuge tiene
derecho a percibir la pensión de viudez, la cual demandó en la Corte
Superior de Justicia de Lima y fue amparada judicialmente, por lo que viene
percibiendo dicha pensión; sin embargo, no le corresponde percibir la
pensión de viudez bajo los alcances del Decreto Ley 19990, por lo que, al
realizarse la fiscalización, la Oficina de Normalización Previsional (ONP)
dispone que se suspenda el pago de dicha pensión, así como la devolución
de lo percibido en forma indebida.
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Respecto al alegato de que al causante Jesús Huincho Ochoa le
correspondía el pago de la pensión de jubilación minera bajo lo normado en
el artículo 6 de la Ley 25009, indica que dicho fundamento de apelación no
es materia de controversia en el proceso de amparo, pues lo que cuestiona la
demandante Claudia Ticllacóndor Aparco es la decisión de la Oficina de
Normalización Previsional de suspender la pensión de viudez que venía
percibiendo desde el año 1993 bajo lo normado en el Decreto Ley 19990,
así como la devolución de S/29 240.48 (veintinueve mil doscientos cuarenta
soles con cuarenta y ocho céntimos) que percibió indebidamente por dicho
concepto.
FUNDAMENTOS
Delimitación del petitorio
1. El objeto de la demanda es que la Oficina de Normalización Previsional
deje sin efecto la Resolución 109365-2014-ONP/DPR.GD/DL19990, de
fecha 6 de noviembre de 2014, y la Resolución 2770-2015-
ONP/DPR/DL 19990, de fecha 20 de marzo de 2015; se emita una
nueva resolución restituyendo la pensión de viudez de la accionante; se
deje sin efecto la deuda de S/29 240.48 (veintinueve mil doscientos
cuarenta soles con cuarenta y ocho céntimos) contenida en la
notificación de fecha 6 de noviembre de 2014, y se disponga el abono de
las pensiones devengadas desde la fecha de suspensión de su pensión,
los respectivos intereses legales y los costos del proceso.
2. Conforme a reiterada jurisprudencia de este Tribunal Constitucional, el
derecho a no ser privado arbitrariamente de la pensión constituye un
elemento del contenido esencial del derecho a la pensión, el cual
encuentra protección a través del proceso de amparo.
3. Teniendo en cuenta que la pensión como derecho fundamental, por su
naturaleza requiere de regulación legal para establecer las condiciones
necesarias para su goce, se concluye que las limitaciones o restricciones
temporales o permanentes a su ejercicio han de estar debidamente
sustentadas, a efectos de evitar arbitrariedades en la intervención de este
derecho, por lo que debe efectuarse la evaluación en atención a lo antes
citado.
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Consideraciones del Tribunal
El derecho a la motivación en las decisiones de la entidad previsional
referidas a la suspensión del pago de pensión
4. En lo que se refiere a la suspensión del pago de la pensión cuando la
causa de esta estuviera referida a documentos que sustentan las
aportaciones al Sistema Nacional de Pensiones (SNP), como ocurre en el
presente caso, la Administración deberá respetar las normas que regulan
el Procedimiento Administrativo General, a fin de ejercer la facultad de
fiscalización posterior y, de ser el caso, cuestionar su validez.
5. Así, de conformidad con el Principio del Privilegio de Controles
Posteriores contemplado en el Artículo IV, numeral 1.16 del Texto
Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General –
Ley 27444, aprobado por el Decreto Supremo 004-2019-JUS, publicado
el 25 de enero de 2019, en la tramitación de los procedimientos
administrativos que se sustenta en la aplicación de la fiscalización
posterior la autoridad administrativa se reserva el derecho de comprobar
la veracidad de la información presentada, el cumplimiento de la
normativa sustantiva y la aplicación de las sanciones pertinentes en caso
de que la información presentada no sea veraz, en concordancia con los
principios de razonabilidad, presunción de veracidad y de veracidad
material establecidos en los artículos 1.4, 1.7 y 1.11 del citado artículo
IV, denominado “Principios del Procedimiento Administrativo”.
6. En materia previsional, la Ley 28532, “Ley que establece la
reestructuración integral de la Oficina de Normalización Previsional
(ONP)”, y su reglamento, aprobado por el Decreto Supremo 118-2006-
EF, establecen que son funciones de la Oficina de Normalización
Previsional (ONP) efectuar las acciones de fiscalización que sean
necesarias con relación a los derechos pensionarios en los sistemas a su
cargo para garantizar el otorgamiento con arreglo a ley, pudiendo
determinar e imponer las sanciones y medidas cautelares de acuerdo a
las normas legales y reglamentarias, así como ejercer cualquier facultad
que se derive de sus fines y las demás que expresamente le confiera la
ley.
7. De conformidad con la Segunda Disposición Complementaria Final del
Decreto Supremo 092-2012-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley
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29711, en todos los casos en que la Oficina de Normalización
Previsional (ONP) compruebe que existe falsedad, adulteración o
irregularidad en la documentación o información a través de la cual se
ha reconocido derechos pensionarios, esta queda facultada para
suspender los defectos de los actos administrativos que los sustentan, sin
perjuicio de las acciones que la Administración pudiera implementar en
observancia de lo establecido en el artículo 32 de la Ley 27444, Ley del
Procedimiento Administrativo General. Cabe precisar que el Decreto
Supremo 092-2012-EF se encuentra derogado por el numeral 5 de la
Única Disposición Complementaria Derogatoria del Decreto Supremo
354-2020-EF, publicado el 25 de noviembre de 2020, que “Aprueba el
Reglamento Unificado de las Normas Legales que Regulan el Sistema
Nacional de Pensiones”; y que el artículo 129 del citado decreto
supremo dispone que “Si la ONP comprueba que existe falsedad,
adulteración y/o irregularidad en la documentación y/o información a
través de la cual se ha reconocido derechos pensionarios, queda
facultada para suspender los efectos de los actos administrativos que los
sustentan, sin perjuicio de las acciones que la Administración pudiera
implementar en observancia de lo establecido en el artículo 34 del Texto
Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley de Procedimiento
Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-
JUS”.
8. En el presente caso, consta de la Resolución 47-DP-GDH-IPSS-91, de
fecha 28 de febrero de 1991 (f. 22), que se otorgó a don Jesús Huincho
Ochoa, cónyuge causante de la recurrente, renta vitalicia por enfermedad
profesional bajo los alcances del Decreto Ley 18846, por la suma de
I/. 418 110.00 (cuatrocientos dieciocho mil ciento diez intis), a partir del
23 de septiembre de 1989, por padecer de enfermedad profesional y
presentar 100 % de incapacidad total para todo esfuerzo físico al 22 de
septiembre de 1989, fecha de cese de sus actividades laborales.
9. Consta de la Resolución 174-DP-GDH-IPSS-93, de fecha 16 de
septiembre de 1993 (f. 21), que se le otorgó a doña Claudia Ticllacóndor
Aparco, en su condición de cónyuge supérstite de don Jesús Huincho
Ochoa, pensión de viudez derivada de la pensión de invalidez a la cual
habría tenido derecho su causante, conforme al Decreto Ley 19990,
desde el 27 de junio de 1993, fecha de fallecimiento del causante, por la
suma de I/. 44’464 426.00 (cuarenta y cuatro millones cuatrocientos
sesenta y cuatro mil cuatrocientos veintiséis intis).
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Posteriormente, la Oficina de Normalización Previsional (ONP),
mediante la Resolución 109365-2014-ONP/DPR.GD/DL 19990, de
fecha 6 de noviembre de 2014 (f. 7), resuelve, en sus artículos 1 y 2,
suspender el pago de la pensión de viudez de doña Claudia Ticllacóndor
Aparco, a partir del 7 de diciembre de 2007, y dejar sin efecto la
Resolución 174-DP-GDH-IPSS-93, de fecha 16 de septiembre de 1993.
Sustenta su decisión en lo siguiente:
Que, mediante Resolución N° 174-DP-GDH-IPSS-93, de fecha 16 de setiembre de
1993, se otorgó Pensión de Viudez bajo los alcances del Decreto Ley N° 19990, a
doña CLAUDIA TICLLACONDOR APARCO, por la suma de I/.44’464,426.00
Intis, a partir del 27 de junio de 1993;
Que, según la Partida de Defunción de folios 04, se constató que don JESUS
HUINCHO OCHOA falleció 27 de junio de 1993;
Que, mediante Resolución N° 04, de fecha 19 de mayo de 2009 expedida por la
Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima de folios 100 a 106 del
Expediente Administrativo N° 77700530499, se confirmó la Resolución N° 6, de
fecha 29 de agosto de 2008, emitida por el Cincuentavo Juzgado Especializado en
lo Civil de Lima de la Corte Superior de Justicia, misma que declaró Fundada la
demanda interpuesta por CLAUDIA TICLLACONDOR APARCO e Inaplicable a
la demandante la Resolución N° 0000001176-2005- ONP/DC/DL 18846, de fecha
01 de abril de 2005, ordenándose a la demandada expida nueva resolución
otorgando Pensión de Viudez bajo los alcances del Decreto Ley N° 18846;
asimismo, en la citada Resolución se señala que la causa directa del deceso de don
JESUS HUINCHO OCHOA fue la enfermedad profesional de silicosis;
Que, mediante Resolución N° 0000002951-2009-ONP/DPR.SC/DL 18846, de
fecha 06 de octubre de 2009, del Expediente Administrativo N° 77700530499 del
Decreto Ley N° 18846, se otorgó por mandato judicial Pensión de Viudez del
Régimen del Decreto Ley 18846 a doña CLAUDIA TICLLACONDOR
APARCO, por la suma de S/. 48.91 Nuevos Soles, a partir del 27 de junio de
1993, la misma que se actualizó en la suma de S/. 186.10 Nuevos Soles.
(…)
Que, de conformidad a lo dispuesto en los incisos a) y c) del artículo 51º del
Decreto Ley N° 19990, se otorgará pensión de sobrevivientes, al fallecimiento de
un asegurado con derecho a pensión de invalidez o jubilación; y/o al fallecimiento
de un asegurado a consecuencia de accidentes de trabajo o enfermedad profesional
si los riesgos no se encuentran cubiertos por el Decreto Ley N° 18846;
(…)
Que, de conformidad con el artículo 90º del Decreto Ley N° 19990, NO están
comprendidos en el régimen del precitado Decreto Ley, los accidentes de trabajo y
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enfermedades profesionales cubiertos por el Decreto Ley N° 18846;
Que, de conformidad con el precedente vinculante contenido en el fundamento N°
109) de la Sentencia recaída en el expediente N° 10063-2006-AA/TC, de fecha 06
de diciembre de 2007, ratificado en la Sentencia vinculante recaída en el
expediente N° 02513-2007-PA/TC, ningún asegurado que perciba pensión
vitalicia conforme al Decreto Ley N° 18846 puede percibir por el mismo accidente
de trabajo o enfermedad profesional o por el incremento de su incapacidad laboral
una pensión de invalidez conforme al Decreto Ley N° 19990 o a la Ley N° 26790.
(…);
(…)
Que, conforme se desprende de los considerandos precedentes, se ha verificado
que si bien la Resolución N° 174-DP-GDH-IPSS-93, de fecha 16 de setiembre de
1993, otorgó a doña CLAUDIA TICLLACONDOR APARCO, Pensión de Viudez
bajo los alcances del Decreto Ley N° 19990, considerando que el fallecimiento de
su causante se produjo a consecuencia de la enfermedad profesional de silicosis el
27 de junio de 1993, sin embargo, mediante Resolución N° 0000002951-2009-
ONP/DPR.SC/DL 18846, de fecha 06 de octubre de 2009, se le otorgó por
mandato judicial Pensión de Viudez por el Régimen del Decreto Ley N° 18846,
por la misma circunstancia, es decir, a raíz del fallecimiento del causante producto
de la enfermedad profesional de silicosis ocurrido el 27 de junio de 1993; situación
que constituye incompatibilidad en el Sistema Nacional de Pensiones de acuerdo
con los artículos 51° y 90° del Decreto Ley N° 19990 en concordancia con el
precedente vinculante contenido en el fundamento 109 de la Sentencia N° 10063-
2006-AA/TC, y los lineamientos dispuestos en la Sentencia vinculante recaída en
el expediente N° 02513-2007-PA/TC; motivo por el cual, al amparo de lo
dispuesto en las normas acotadas, corresponde en el presente caso Suspender la
Pensión de Viudez del Decreto Ley N° 19990, a partir del 07 de diciembre de
2007;
(…) (sic) (subrayado agregado).
10. Posteriormente, la Oficina de Normalización Previsional (ONP),
mediante la Resolución 2770-2015-ONP/DPR/DL 19990, de fecha 20 de
marzo de 2015 (f. 18), declara infundado el recurso de apelación
interpuesto contra la Resolución 109365-2014-ONP/DPR.GD/DL
19990, de fecha 6 de noviembre de 2014, por los siguientes
fundamentos:
(…)
Que, mediante Resolución N° 0000109365-2014-ONP/DPR.GD/DL 19990, de
fecha 06 de noviembre de 2014, se procedió a Suspender, a partir del 07 de
diciembre de 2007, el pago de la Pensión de Viudez otorgada a doña CLAUDIA
TICLLACONDOR APARCO mediante Resolución N° 174-DP-GDH-IPSS-93, de
fecha 16 de setiembre de 1993, al haberse detectado la incompatibilidad de la
percepción de pensión de viudez entre las prestaciones del D.L. N° 18846 y D.L.
N° 19990 en el Sistema Nacional de Pensiones de acuerdo con los artículo 51º y
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90º del Decreto Ley Nº 19990 en concordancia con el precedente vinculante
contenido en el fundamento 109 de la Sentencia N° 10063-2006-AA/TC, y los
lineamientos dispuestos en la Sentencia vinculante recaída en el expediente N°
02513-2007-PA/TC;
Que, con fecha 15 de diciembre de 2014, la recurrente interpuso Recurso de
Apelación, contra la Resolución impugnada, argumentando que su difunto esposo,
don JESUS HUINCHO OCHOA, a la fecha de su fallecimiento cumplía con los
requisitos legales para acceder a una Pensión de Jubilación al amparo de la Ley N°
25009 y el Decreto Ley N° 19990, por lo que solicita el otorgamiento de la
Pensión de Viudez derivada bajo los alcances de dichas normas, el mismo que no
señala incompatibilidad entre ambos regímenes legales;
Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90° del Decreto Ley N°
19990, no están comprendidos en el régimen del presente Decreto Ley, los
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales cubiertas por el Decreto Ley
N° 18846;
Que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 3° del Decreto Ley N° 18846,
quedan comprendidos en este régimen todos los accidentes ocurridos en el trabajo
o con ocasión directa del mismo. Este seguro cubre igualmente las enfermedades
profesionales determinadas por el Reglamento correspondiente;
Que de la Partida de Defunción de folios 04, se ha constatado que el causante don
JESUS HUINCHO OCHOA, falleció a consecuencia de la Enfermedad
Profesional de Silicosis, adquirido durante la relación laboral con su ex empleador
CIA. MINERA CAUDALOSA S.A., encontrándose comprendido dentro de los
alcances del Decreto Ley 18846, en consecuencia, la recurrente no está incursa en
los alcances del Decreto Ley N° 19990, para el otorgamiento de la Pensión de
Viudez bajo dicho régimen;
Que, de la Resolución N° 47-DP-GDH-IPSS-91, de fecha 28 de febrero de 1991,
de folios 10, se determina que el causante percibía Renta Vitalicia por Enfermedad
Profesional por el régimen del Decreto Ley N° 18846; a consecuencia de padecer
la enfermedad de silicosis, con Código de Pensionista N° D016398; motivo por el
cual, la solicitud de Pensión de Viudez de la recurrente no se encuentra amparada
dentro de los alcances del Decreto Ley N° 19990;
Que, según lo dispuesto por los artículos 1° y 2° de la Ley N° 25009, los
trabajadores, de las minas subterráneas tienen derecho a Pensión de Jubilación a
los cuarenta y cinco (45) años de edad, siempre que acrediten aportaciones al
Sistema Nacional de Pensiones por un periodo de diez (10) años completos
efectuados en dicha condición, pero menos de veinte (20) años para percibir
pensión proporcional en razón de tantas avas partes como años de aportación
acrediten en su modalidad;
Que, de los documentos e informes que obran en el expediente administrativo el
causante acredita un total de 08 años y 03 meses de aportaciones al Sistema
Nacional de Pensiones, las cuales se efectuaron en la condición de minero de
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minas de socavón, según Cuadro Resumen de Aportaciones, de fecha 19 de marzo
de 2015, que se adjunta a la presente y que forma parte integrante dé ésta;
Que, de lo expresado en los considerandos precedentes se concluye que el causante
a la fecha de su fallecimiento, no acreditaba un mínimo de diez (10) años
completos de aportaciones al Sistema Nacional de Pensiones como trabajador de
minas subterráneas, por lo que no le corresponde el otorgamiento de la Pensión de
Viudez solicitada por la recurrente;
(…) (subrayado agregado).
11. De la Resolución 2770-2015-ONP/DPR/DL 19990, de fecha 20 de
marzo de 2015 (f. 18), se advierte que la recurrente, con fecha 15 de
diciembre de 2014, interpone recurso de apelación (f. 14) contra la
Resolución 0000109365-2014-ONP/DPR.GD/DL 19990, de fecha 6 de
noviembre de 2014 (f. 7), que procedió a suspender, a partir del 7 de
diciembre de 2007, la pensión de viudez bajo los alcances del Decreto
Ley 19990 que se le otorgó mediante la Resolución 174-DP-GDH-
IPSS-93, de fecha 16 de septiembre de 1993 (f. 21), al haberse detectado
la incompatibilidad de la percepción de pensión de viudez entre las
prestaciones del Decreto Ley 18846 y el Decreto Ley 19990. Se alega
que don JESÚS HUINCHO OCHOA, a la fecha de su fallecimiento
cumplía los requisitos legales para acceder a una pensión de jubilación
al amparo de la Ley 25009, en concordancia con el Decreto Ley 19990,
por lo que corresponde otorgarle la pensión de viudez derivada de la
pensión de jubilación a la que tenía derecho su cónyuge causante bajo
los alcances de la Ley 25009, que no señala incompatibilidad entre
ambos regímenes legales.
12. Conforme a la interpretación del artículo 6 de la Ley 25009, efectuada
por este Tribunal Constitucional (sentencia emitida en el Expediente
02599-2005-PA/TC), los trabajadores que adolezcan del primer grado de
silicosis o su equivalente en la Tabla de Enfermedades Profesionales
tienen derecho a una pensión de jubilación sin necesidad de que se les
exija los requisitos previstos legalmente. Asimismo, el artículo 20 del
Decreto Supremo 029-89-TR, reglamento de la Ley 25009, declara que
los trabajadores de la actividad minera que padezcan del primer grado de
silicosis tendrán derecho a la pensión completa de jubilación.
13. Por consiguiente, atendiendo a que la Oficina de Normalización
Previsional (ONP), en la Resolución 2770-2015-ONP/DPR/DL 19990,
de fecha 20 de marzo de 2015 (f. 18), reconoce que don Jesús Huincho
Ochoa, cónyuge causante de la actora, acredita un total de 8 años y 3
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meses de aportaciones al Sistema Nacional de Pensiones, las cuales se
efectuaron en la condición de minero de minas de socavón, al 30 de
septiembre de 1989, fecha de cese de sus actividades laborales,
conforme al Cuadro de Resumen de Aportaciones de fecha 19 de marzo
de 2015 (f. 20), siendo el motivo de cese de sus labores y fallecimiento
la enfermedad profesional de silicosis que padecía, corresponde otorgar
a la demandante, en su condición de cónyuge supérstite de don Jesús
Huincho Ochoa, pensión de viudez derivada de la pensión de jubilación
minera de su causante bajo los alcances de la Ley 25009, a partir del 27
de junio de 1993 (fecha de fallecimiento de su causante).
14. En consecuencia, se debe declarar nulas la Resolución 109365-2014-
ONP/DPR.GD/DL 19990, de fecha 6 de noviembre de 2014, y la
Resolución 2770-2015-ONP/DPR/DL 19990, de fecha 20 de marzo de
2015; dejar sin efecto la deuda determinada en la suma de S/ 29 240.48
(veintinueve mil doscientos cuarenta soles con cuarenta y ocho
céntimos) contenida en la notificación de fecha 6 de noviembre de 2014
y, en mérito a lo dispuesto en el fundamento 13 supra, ordenar a la
Oficina de Normalización Previsional (ONP) que emita una resolución
administrativa otorgándole a la accionante pensión de viudez derivada
de la pensión de jubilación minera que, bajo los alcances de la Ley
25009, le correspondía a su cónyuge causante, por lo que el juez de
ejecución deberá determinar los montos o reintegros dejados de percibir
por la accionante, a partir del 27 de junio de 1993, por concepto de
pensión de viudez derivada de la pensión de jubilación minera de su
causante regulada por la Ley 25009, a cuyo efecto deberá tener en
cuenta que desde dicha fecha —27 de junio de 1993— se le reconoció
indebidamente a la demandante pensiones devengadas de la pensión de
viudez derivada de la pensión de invalidez de su causante regulada por
el Decreto Ley 19990.
15. Respecto a los intereses legales, este Tribunal ha sentado precedente en
la sentencia emitida en el Expediente 05430-2006-PA/TC puntualizando
que el pago de dicho concepto debe efectuarse conforme a la tasa
establecida en el artículo 1246 del Código Civil y a lo dispuesto en el
considerando 20 del auto recaído en el Expediente 02214-2014-PA/TC,
que constituye doctrina jurisprudencial vinculante.
16. Finalmente, en atención al artículo 28 del Nuevo Código Procesal
Constitucional, que establece que “En los procesos constitucionales el
Estado solo puede ser condenado al pago de costos”, corresponde
EXP. N.° 01154-2022-PA/TC
HUANCAVELICA
CLAUDIA TICLLACÓNDOR APARCO
condenar a la emplazada al pago de costos procesales.
Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le
confiere la Constitución Política del Perú, y con la participación del
magistrado Morales Saravia, en reemplazo del magistrado Ferrero Costa,
conforme al acuerdo de Pleno de fecha 11 de noviembre de 2022.
HA RESUELTO
1. Declarar FUNDADA la demanda; en consecuencia, nulas la Resolución
109365-2014-ONP/DPR.GD/DL 19990, de fecha 6 de noviembre de
2014, y la Resolución 2770-2015-ONP/DPR/DL 19990, de fecha 20 de
marzo de 2015, así como la deuda de S/ 29 240.48 (veintinueve mil
doscientos cuarenta soles con cuarenta y ocho céntimos) contenida en la
notificación de fecha 6 de noviembre de 2014.
2. ORDENAR a la Oficina de Normalización Previsional (ONP) que
reconozca a la demandante las pensiones devengadas de su pensión de
viudez derivada de la pensión de jubilación minera de su causante
conforme a la Ley 25009 desde el 27 de junio de 1993, con el abono de
los reintegros dejados de percibir, de ser el caso, teniendo en cuenta que
desde dicha fecha se le reconoció indebidamente a la demandante
pensiones devengadas de la pensión de viudez derivada de la pensión de
invalidez de su causante regulada por el Decreto Ley 19990, con los
intereses legales que pudieran corresponder, de conformidad con los
fundamentos 15 y 16 supra de la presente sentencia.
Publíquese y notifíquese.
SS.
GUTIÉRREZ TICSE
MORALES SARAVIA
DOMÍNGUEZ HARO
PONENTE MORALES SARAVIA
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** EN EL CASO DE LA JURISPRUDENCIA JUDICIAL, EL DOCUMENTO PDF DESCARGADO/MOSTRADO SERÁ EL CUADERNILLO QUE CONTIENE LA SENTENCIA.
