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03437-2016-PHC/TC
Sumilla: IMPROCEDENTE. EN EL PRESENTE CASO, SE PRETENDE QUE ESTE COLEGIADO CALIFIQUE EL TIPO PENAL, FUNCIÓN QUE CORRESPONDE A LA JUDICATURA ORDINARIA, POR LO QUE CORRESPONDE EL RECHAZO DE LA DEMANDA EN APLICACIÓN DE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 5, INCISO 1, DEL CÓDIGO PROCESAL CONSTITUCIONAL.
Fecha de publicación (aaaammdd): 20230722
Fecha del documento: 2024
Índice fuente: TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Repositorio oficial: Datos abiertos – Ministerio de Justicia y Derechos Humanos

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SENTENCIA

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
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EXP N ° 03437-2016-PHC/TC
LIMA
ORLANDO GALVIS RAMOS,
REPRESENTADO POR RICARDO
ERNESTO SÁNCHEZ CARRANZA,
ABOGADO
SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
En Lima, a los 21 días del mes de noviembre de 2017, el Pleno del Tribunal
Constitucional, integrado por los señores magistrados Miranda Canales, Ledesma
Narváez, Blume Fortini, Ramos Núñez, Sardón de Taboada y Espinosa-Saldaña Barrera
pronuncia la siguiente sentencia, con el abocamiento del magistrado Ferrero Costa,
aprobado en la sesión del Pleno del día 5 de setiembre de 2017. Asimismo, se agrega el
fundamento de voto del magistrado Blume Fortini.
ASUNTO
Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Ricardo Ernesto Sánchez
arranza, a favor de don Orlando Galvis Ramos, contra la resolución de fojas 462, de
echa 6 de junio de 2016, expedida por la Cuarta Sala Especializada en lo Penal para
Procesos con Reos en Cárcel de la Corte Superior de Justicia de Lima, que declaró
improcedente la demanda de habeas corpus de autos.
ANTECEDENTES
Con fecha 12 de marzo de 2015, don Ricardo Ernesto Sánchez Carranza interpone
demanda de habeas corpus a favor de don Orlando Galvis Ramos contra los
magistrados integrantes del Colegiado F de la Sala Penal Nacional, señores Valladolid
Zea, Placencia Rubiños y Aranda Giraldo; y los magistrados integrantes de la Sala
Pe Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República, San Martín Castro,
Saldarriaga, Rodríguez Tineo, Salas Arenas y Príncipe Trujillo. Alega la
ión del derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales.
El recurrente solicita la nulidad de las sentencias de fechas 23 de mayo de 2013 y
14 de mayo de 2014; en consecuencia, que se dicte una nueva sentencia debidamente
motivada. Refiere que mediante sentencia de fecha 23 de mayo de 2013, don Orlando
Galvis Ramos fue condenado a veinte años de pena privativa de la libertad por la
comisión del delito de tráfico ilícito de drogas en su modalidad agravada. También se
determinó que el favorecido sea expulsado del país una vez que hubiera cumplido la
pena (Expediente 0769-2008-0-5011-JR-PE-03). Posteriormente, mediante sentencia de
fecha 14 de mayo de 2014, se declaró no haber nulidad en la precitada condena (RN
3545-2013).
Don Ricardo Ernesto Sánchez Carranza sostiene que al favorecido se le imputaron
las modalidades agravadas previstas en el artículo 297, incisos 6 y 7, del Código Penal,
y que fue condenado atendiendo a la cantidad de droga incautada y a que, para la
ejecución de las actividades ilícitas, se requería la participación de varias personas.
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Al respecto, el accionante alega que como dos coprocesados del favorecido fueron
absueltos, no existió la pluralidad de agentes. Además de ello, no se configura el
supuesto de pluralidad de agentes, puesto que los participantes deben tener
conocimiento de la ilicitud de los actos, pero dicho conocimiento no se puede presumir
como sucedió en el caso del favorecido. Añade que la sentencia condenatoria no
establece la identificación de los supuestos participantes, ni que estos tuvieran
conocimiento de las actividades ilícitas.
El procurador público adjunto a cargo de los asuntos judiciales del Poder Judicial,
al contestar la demanda, señala que esta debe ser declarada improcedente o infundada
orque la sentencia expedida por la Sala Suprema demandada sí se encuentra
ebidamente motivada. Sostiene que la sentencia cuestionada se basa en datos objetivos
derivados de las pruebas actuadas en el proceso penal, la falta de explicaciones lógicas o
coherentes del favorecido y de su coprocesada. El procurador concluye que los alegatos
del demandante se encuentran relacionados con la valoración probatoria efectuada por
los jueces supremos respecto a la concurrencia de la agravante con el fin de conseguir
una disminución de la pena.
A fojas 75, 282, 283 y 286 de autos obran las declaraciones de los magistrados
su en las que se señala que la ejecutoria suprema es congruente y se encuentra
a, conforme se aprecia del propio tenor de la sentencia. Se agrega que se
e que el juez constitucional subrogue en sus funciones a la Sala Suprema
alorando medios probatorios. Los demandados refieren que, en todo caso, existen
mecanismos en el proceso ordinario para el pedido de adecuación.
En la diligencia de toma de dicho, el favorecido ratifica lo expuesto en la
demanda y alega que inicialmente se lo procesó por el artículo 297, inciso 6, del Código
Penal; pero después se incorporó a la acusación fiscal el inciso 7 del artículo 297 del
Código Penal. Agrega que cuando se realizó la incautación de la droga, ni él ni su
esposa estaban presentes; sin embargo, les hicieron firmar un acta de hallazgo, pero
cuando ya estaban detenidos, y fueron llevados a un lugar diferente del lugar donde la
droga fue incautada. El beneficiario sostiene que ha sido condenado solo por tener
nacionalidad colombiana (folio 299).
El Trigésimo Primer Juzgado Penal Permanente de Reos en Cárcel de Lima, con
fecha 8 de abril de 2016, declaró improcedente la demanda por estimar que el
favorecido sí ejerció su derecho a impugnar la sentencia condenatoria. Interpuesto el
recurso de nulidad, la Sala Suprema consideró que, pese a la absolución de los
coprocesados, la agravante de pluralidad de agentes aún era aplicable a su caso en
función de la modalidad operativa y el volumen de droga incautada. Finalmente, se
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consideró que lo que se pretende es un reexamen de las pruebas, facultad reservada al
juez ordinario.
La Cuarta Sala Especializada en lo Penal para Procesos con Reos en Cárcel de la
orte Superior de Justicia de Lima confirmó la apelada por estimar que se pretende un
reexamen de la valoración probatoria de la sentencia condenatoria y su confirmatoria.
UNDAMENTOS
elimitación del petitorio
El objeto de la demanda es que se declare la nulidad de la sentencia de fecha 23 de
mayo de 2013, mediante la cual don Orlando Galvis Ramos fue condenado a veinte
años de pena privativa de la libertad por incurrir en el delito de tráfico ilícito de
drogas en su modalidad agravada; y su expulsión del país una vez cumplida la pena
privativa de libertad (Expediente 0769-2008-0-5011-JR-PE-03). Asimismo, se
solicita la nulidad de la sentencia de fecha 14 de mayo de 2014, que declaró no
haber nulidad en la condena impuesta al favorecido (RN 3545-2013). En
consecuencia, solicita que se dicte una nueva sentencia debidamente motivada.
la vulneración del derecho a la debida motivación de las resoluciones
nálisis del caso
El sustento para solicitar la nulidad de la condena es, principalmente, que al haber
sido absueltos los coimputados del favorecido, carece de sustento que la agravante
de pluralidad de agentes prevista en el artículo 297, inciso 6, del Código Penal,
modificado por el Decreto Legislativo 982, haya sido considerada para la
determinación de la pena.
4. Este Tribunal, en reiterada jurisprudencia, ha establecido que no es función del juez
constitucional la calificación jurídica de los hechos imputados, la subsunción de la
conducta en un determinado tipo penal, la determinación de la inocencia o
responsabilidad penal del imputado, la realización de diligencias o actos de
investigación, el reexamen o revaloración de los medios probatorios, ni la resolución
de los medios técnicos de defensa (Expediente 1511-2011-PHC/TC).
5. Del análisis de los argumentos expuestos en la demanda de autos, este Tribunal
aprecia que se pretende cuestionar la adecuación del hecho ilícito respecto al tipo
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penal por el que don Orlando Galvis Ramos fue procesado y condenado; es decir, el
que haya sido condenado como autor del delito de tráfico ilícito de drogas en la
modalidad agravada de pluralidad de agentes, sin que se haya determinado la
, participación de una tercera persona en la comisión de los hechos. En otras palabras,
se pretende que este Colegiado califique el tipo penal, función que corresponde a la
judicatura ordinaria.
En consecuencia, corresponde el rechazo de la demanda en aplicación de la causal
de improcedencia contenida en el artículo 5, inciso 1, del Código Procesal
Constitucional, toda vez que los hechos y los fundamentos que la sustentan están
fuera del ámbito de control constitucional que se puede efectuar a través del habeas
corpus.
Sin perjuicio de lo afirmado supra, resulta oportuno señalar que en el cuarto
fundamento de la sentencia de fecha 14 de mayo de 2014, expedida por la Sala
Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República, que declaró no
haber nulidad en la sentencia condenatoria de fecha 23 de mayo de 2013 (RN 3545-
2013), se analizan los hechos y las pruebas que determinaron que don Orlando
Galvis Ramos fuese condenado por el tipo base previsto en el artículo 296 del
Código Penal, en concordancia con las agravantes previstas en los incisos 6 y 7 del
aní r 97 del Código Penal.
I cto, en el numeral 4.2 del cuarto fundamento de la sentencia de la Sala
ri ma,
pre se señala que la absolución de los coimputados del favorecido no afecta la
agravante de pluralidad de agentes por la modalidad operativa empleada y el
volumen de droga incautada. Allí se analiza que se requería una pluralidad de
/ agentes para mezclar el guano de la isla con la pasta básica de cocaína al igual que
para el desplazamiento de la droga por su volumen y peso (597.84 kg), que se
recibieron indicaciones de un sujeto español sobre la forma en que la carga debía
llegar a Europa, y que para la compra del guano de la isla el favorecido recibió giros
del exterior.
. Asimismo, en el quinto fundamento de la sentencia de fecha 14 de mayo de 2014, se
analiza la falta de explicación o descargo lógico por parte del favorecido respecto a
determinados hechos y circunstancias que llevaron a que los magistrados
demandados reafirmaran que sí se configuró la agravante de pluralidad de agentes
de conformidad con el Acuerdo Plenario 03-2005/CJ-116, de fecha 30 de setiembre
de 2005.
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Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere
la Constitución Política del Perú,
HA RESUELTO
Declarar IMPROCEDENTE la demanda.
Publíquese y notifíquese.
SS.
MIRANDA CANALES
LEDESMA NARVÁEZ
BLUME FORTINI
RAMOS NÚÑEZ
SARDÓN DE TABOADA
ESPINOSA-SALDAÑA BA
FERRERO COSTA
PONENTE
ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA
Lo que certifico:
Flavio Reátegui Apaza
Secretario Relator
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FUNDAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO BLUME FORTINI
En el presente caso, si bien concuerdo con el sentido de la resolución, discrepo y me
aparto de lo afirmado en los fundamentos 4 y 5 en cuanto consignan literalmente que:
– «Este Tribunal, en reiterada jurisprudencia, ha establecido que no es función del
juez constitucional la calificación jurídica de los hechos imputados, la subsunción de la
conducta en un determinado tipo penal, la determinación de la inocencia o
responsabilidad penal del imputado, la realización de diligencias o actos de
investigación, el reexamen o revaloración de los medios probatorios, ni la resolución de
los medios técnicos de defensa (Exp. 1511-2011-PHC/TC)».
«Del análisis de los argumentos expuestos en la demanda de autos, este Tribunal
aprecia que se pretende cuestionar la adecuación del hecho ilícito respecto al tipo penal
por el que don Orlando Galvis Ramos fue procesado y condenado; es decir, el que haya
sido condenado como autor del delito de tráfico ilícito de drogas en la modalidad
agravada de pluralidad de agentes, sin que se haya determinado la participación de una
tercera persona en la comisión de los hechos. En otras palabras, se pretende que este
Colegiado califique el tipo penal, función que corresponde a la judicatura ordinaria».
La razón de mi discrepancia se basa en las siguientes consideraciones:
1. No obstante que, en principio, la subsunción de la conducta en un determinado
tipo penal, la determinación de la inocencia o responsabilidad penal del imputado,
la realización de diligencias o actos de investigación, el reexamen o revaloración
de los medios probatorios, ni la resolución de los medios técnicos de defensa le
competen a la judicatura ordinaria, la revisión de lo resuelto por los órganos que
integran tal jurisdicción no es un asunto ajeno a la Justicia Constitucional como se
desprende en aquel fundamento. En tal sentido, no le compete en forma exclusiva
y excluyente a la justicia ordinaria.
2. En efecto, y a contramano de lo que se señala en el fundamento citado, hay casos
excepcionales en que la Justicia Constitucional puede ingresar, por ejemplo, a la
subsunción de la conducta en un determinado tipo penal, la dilucidación de la
responsabilidad penal, entre otros. Ello se da cuando se ha producido la violación
de algún derecho fundamental o se ha afectado la Constitución de alguna forma,
lo cual incluye a sus principios, valores e institutos, entre otros aspectos
inherentes a la misma.
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3. Asimismo, puede ingresar a revalorar los medios probatorios en todos aquellos
supuestos en los que se detecte un proceder manifiestamente irrazonable o
inconstitucional, lo que a criterio del suscrito se presenta, entre otros casos,
cuando se valoran irrazonablemente los hechos o, por ejemplo, se da una
actuación arbitraria de la prueba, sea al momento de seleccionar los medios
probatorios, prescindir antojadizamente de los mismos u otorgar una valoración
absolutamente incompatible con lo que de aquellos se desprende.
4. Nuestra jurisprudencia, por lo demás, ha abordado este tipo de supuestos en
diversas oportunidades (como por ejemplo, lo hizo en los expedientes N° 0613-
2003-AA/TC; N° 0917-2007-PA/TC, entre otros), por lo que mal haría nuestro
Colegiado en abandonar dicha orientación de suyo garantista y tutelar.
5. Más aún, esa habilitación es propia y consustancial al Tribunal Constitucional, si
se tiene en cuenta que a él le corresponde garantizar la vigencia efectiva de los
derechos fundamentales y la primacía normativa de la Constitución, como
instancia final en la jurisdicción nacional.
S.
BLUME FORTINI
Lo que certifico:
1
X1 ‘
Flavio Reátegui Apaza
Secretario Relator
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