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01602-2023-PA/TC
Sumilla: INFUNDADA. EN EL PRESENTE CASO, NO SE ADVIERTE DE AUTOS QUE LA EMPLAZADA LE HAYA EXIGIDO AL RECURRENTE QUE DEMUESTRE CONTAR CON EL GRADO DE MAGÍSTER O DOCTOR ANTES DE QUE VENZA EL PLAZO PREVISTO EN LA LEY N° 31364 (30 DE DICIEMBRE DE 2023), POR TANTO, NO SE ACREDITA LA AMENAZA ALEGADA EN SU DEMANDA.
Fecha de publicación (aaaammdd): 20231109
Fecha del documento: 2024
Índice fuente: TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Repositorio oficial: Datos abiertos – Ministerio de Justicia y Derechos Humanos

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SENTENCIA

Sala Segunda. Sentencia 953/2023
EXP. N.° 01602-2023-PA/TC
LAMBAYEQUE
EDUARDO EXEQUIEL DEZA LEÓN
SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
En Lima, a los 27 días del mes de octubre de 2023, la Sala Segunda
del Tribunal Constitucional, integrada por los magistrados Gutiérrez Ticse,
Morales Saravia y Domínguez Haro, ha emitido la presente sentencia. Los
magistrados intervinientes firman digitalmente en señal de conformidad con
lo votado.
ASUNTO
Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Eduardo
Exequiel Deza León contra la resolución de fojas 123, de fecha 5 de octubre
de 2022, expedida por la Segunda Sala Especializada Civil de Chiclayo de la
Corte Superior de Justicia de Lambayeque, que declaró infundada la
demanda de autos.
ANTECEDENTES
Mediante escrito de fecha 16 de mayo de 2022 y escrito subsanatorio
de fecha 26 de mayo de 2022, el recurrente interpone demanda de amparo
contra la Universidad Nacional Pedro Ruíz Gallo, solicitando que se ordene
que cese la vulneración o amenaza de su derecho constitucional al trabajo, se
declare inaplicable al recurrente la exigencia de acreditar el grado académico
de maestro o doctor hasta el cumplimiento del plazo señalado en la Ley
31364, esto es, el 30 de diciembre de 2023, y que la demandada se abstenga
de afectar la planilla de remuneraciones por la causal de adecuación a la Ley
31364.
Refiere que fue nombrado docente en la Facultad de Agronomía de la
citada universidad a partir del año 1988 conforme a lo establecido en la
Resolución 1311-81-R, al amparo de la Ley 23733, ley universitaria vigente
en la fecha de su nombramiento, y que posteriormente, mediante la
Resolución 1008-90-R, de fecha 14 de diciembre de 1990, fue ascendido a la
categoría de profesor principal. Alega la violación de sus derechos al trabajo
y al debido proceso1.
El Cuarto Juzgado Civil de Chiclayo, con Resolución 2, de fecha 2 de
junio de 2022, admite a trámite la demanda de amparo2.
1 Fojas 20 y 36
2 Fojas 38
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El apoderado judicial de la Universidad Nacional Pedro Ruíz Gallo
contesta la demanda señalando que, si bien es cierto que la parte demandante
requiere la no aplicación de la exigencia de acreditar el grado académico de
maestro o doctor hasta el cumplimiento del plazo fijado en la Ley 31364,
esto es, el 30 de diciembre de 2023, y se ordene la abstención de afectar la
planilla de remuneraciones de docentes por la causal de adecuación a la Ley
31364, también lo es que en ninguno de los documentos de gestión que ha
emitido su representada existe amenaza de despido, toda vez que sólo se le
ha solicitado que acredite con algún documento sus estudios de posgrado.
Prueba de ello es que sigue laborando hasta la fecha y cobrando sus
remuneraciones. Finalmente, aduce que la institución educativa se encuentra
en la obligación de cumplir la ley a efectos de no ser merecedores de una
sanción pecuniaria por parte de la SUNEDU3.
El Cuarto Juzgado Civil de Chiclayo, mediante Resolución 4, de fecha
1 de julio de 2022, declaró infundada la demanda, por considerar que no se
ha logrado acreditar que la actuación desplegada por la universidad
demandada haya vulnerado los derechos alegados, toda vez que el actuar de
la emplazada se circunscribe estrictamente a lo dispuesto en la Ley 313644.
La Sala Superior revisora confirmó la apelada, tras estimar que la
comunicación que le ha remitido la emplazada al accionante está sustentada
en las normas legales y válidas vigentes, por lo que no existe amenaza o
vulneración a los derechos constitucionales invocados en la demanda5.
FUNDAMENTOS
Delimitación del petitorio
1. El recurrente interpone demanda de amparo contra la Universidad
Nacional Pedro Ruíz Gallo, solicitando que cese la vulneración o
amenaza de su derecho constitucional al trabajo, se declare inaplicable a
su persona la exigencia de acreditar el grado académico de maestro o
doctor hasta el cumplimiento del plazo señalado en la Ley 31364, esto
es, el 30 de diciembre de 2023, y que se ordene a la demandada
abstenerse de afectar la planilla de remuneraciones por la causal de
adecuación a la Ley 31364.
3 Fojas 79
4 Fojas 91
5 Fojas 123
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La amenaza de violación de los derechos fundamentales
2. Si bien el proceso constitucional de amparo procede para el caso de
amenazas de vulneración de derechos constitucionales, tal como lo
menciona expresamente el artículo 200, inciso 2), de la Constitución, es
importante resaltar que la amenaza debe poseer dos rasgos esenciales:
certeza e inminencia, de modo que dicho riesgo pueda ser atendible a
través del proceso constitucional de amparo.
Al respecto, este Tribunal Constitucional, en reiterada jurisprudencia, se
ha pronunciado indicando que la procedencia del amparo para casos de
amenazas de vulneración de derechos constitucionales está supeditada a
que tal amenaza sea cierta e inminente. Así, en la sentencia emitida en
el Expediente 00091-2004-AA/TC, específicamente en su fundamento
8, se afirmó que, para ser objeto de protección frente a una amenaza a
través de los procesos constitucionales, esta debe ser cierta y de
inminente realización; es decir, que el perjuicio debe ser real, efectivo,
tangible, concreto e ineludible, excluyendo del amparo los perjuicios
imaginarios o aquellos que escapan a una captación objetiva.
En consecuencia, para que sea considerada cierta, la amenaza debe estar
fundada en hechos reales, y no imaginarios, y ser de inminente
realización, esto es, que el perjuicio ocurra en un futuro inmediato, y no
en uno remoto. A su vez, el perjuicio que se ocasione en el futuro debe
ser real, pues tiene que estar basado en hechos verdaderos; efectivo, lo
cual implica que inequívocamente menoscabará alguno de los derechos
tutelados; tangible, esto es, que debe percibirse de manera precisa; e
ineludible, entendiendo que implicará irremediablemente una
vulneración concreta.
Análisis de la controversia
3. El demandante alega que de manera anticipada se le está exigiendo el
cumplimiento de lo previsto en la Ley 31364, pese a que dicha ley ha
dispuesto que, hasta el 30 de diciembre de 2023, los docentes de las
universidades públicas y privadas podrán acreditar la obtención de los
grados académicos que la Ley 30220 les exige. Refiere que el accionar
de la emplazada podría conllevar la aplicación de descuentos a las
remuneraciones de los docentes, desvincularlos de la universidad o
rebajar la categoría docente a la inmediata inferior.
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4. De autos se advierte que el actor fue nombrado docente en el año
1988 y que, posteriormente, fue promovido de la categoría de profesor
principal en la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional Pedro
Ruíz Gallo a partir del año 1990, al amparo de la Ley 237336.
5. Y, respecto al plazo de adecuación de docentes de las universidades
públicas y privadas a la Ley 30220, la Tercera Disposición
Complementaria Transitoria de dicha ley establece lo siguiente:
TERCERA. Plazo de adecuación de docentes de la universidad
pública y privada
Los docentes que no cumplan con los requisitos a la entrada en
vigencia de la presente Ley tienen hasta cinco (5) años para adecuarse
a esta; de lo contrario, son considerados en la categoría que les
corresponda o concluye su vínculo contractual, según corresponda (*).
6. Asimismo, cabe mencionar que, de conformidad con el artículo 4 del
Decreto Legislativo 1496, publicado el 10 mayo 2020, se amplió el
plazo de adecuación de docentes de las universidades públicas y privadas
a los requisitos de la Ley 30220 hasta el 30 de noviembre de 2021,
pues, de lo contrario, serían considerados en la categoría respectiva o
concluiría su vínculo contractual, según corresponda. Posteriormente,
mediante el Artículo Único de la Ley 31364, publicada el 29 noviembre
2021, se dispuso la modificación del artículo 4 del Decreto Legislativo
1496 en los siguientes términos:
Artículo 4.- Ampliación del plazo de adecuación para los docentes
de las universidades públicas y privadas con estudios de posgrado
4.1 Se amplía el plazo de adecuación a los requisitos de la Ley 30220,
Ley Universitaria, para los docentes de las universidades públicas y
privadas con estudios de maestría o doctorado sin grado académico, o
con grado académico en proceso de registro ante la Superintendencia
Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu), quienes
cuentan hasta el 30 de diciembre de 2023, para obtener sus grados
académicos y cumplir con los requisitos exigidos para el ejercicio
de la docencia universitaria; de lo contrario, son considerados en la
categoría que les corresponda de acuerdo a los grados académicos
obtenidos o concluye su vínculo laboral o contractual, según
corresponda.
4.2 Esta norma es de carácter excepcional y su vigencia está
establecida exclusivamente para el año referido en el párrafo 4.1.
6 Fojas 4
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Asimismo, en la Única Disposición Complementaria Final de la
Ley 31364, sobre el ámbito de aplicación se señala:
ÚNICA. Ámbito de aplicación
La modificación del artículo 4 del Decreto Legislativo 1496, que
establece disposiciones en materia de educación superior
universitaria en el marco del estado de emergencia sanitaria a nivel
nacional, dispuesta por la presente ley, alcanza a todos los docentes de
las universidades, sean públicas o privadas, que, al 30 de noviembre
de 2021, estuviesen cursando un programa de maestría con la
finalidad de obtener el grado de magíster o que estuviesen cursando
un programa de doctorado para obtener el grado de doctor.
7. Atendiendo a lo expresado, en cumplimiento de la precitada Ley 31364,
la Universidad Nacional Pedro Ruíz Gallo remitió al demandante la
Carta 399-2021-UNPRG/DGA-URRHH, de fecha 31 de diciembre de
20217, en la cual se precisa:
(…) como es de conocimiento, de acuerdo a la Ley Universitaria
30220 se exige contar con grado académico de maestro y/o doctorado,
para mantenerse en la categoría de docente o con vínculo laboral con
la universidad; dicho plazo de adecuación exigido, fue ampliado hasta
el 30 de noviembre del 2021 mediante Decreto Ley N° 1496 y,
mediante Ley 31364 (publicado el 29 de noviembre del año 2021),
se amplía hasta el 30 de diciembre de 2023, comprendiendo a los
docentes de universidades públicas y privadas que cuenten con
estudios de posgrado hasta el 30 de noviembre del presente año o
con grado académico en proceso de registro ante la Superintendencia
Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu).
A fin de dar cumplimiento a la presente Ley, le solicitamos por
última vez algún tipo de documento que pruebe sus estudios de
posgrado o con grado académico en proceso de registro ante la
Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria
(Sunedu), para actuar conforme a las normas citadas. En un plazo
hasta el día miércoles 05 de enero de 2022 hasta las 16:00;
manifestando que con la entrega o no de la información solicitada,
procederemos de acuerdo a ley.
8. De las citadas instrumentales emitidas por la universidad demandada
—expedidas bajo la dación de la Ley 31364— se verifica que se
solicitó al demandante que, conforme a lo ordenado en la Única
Disposición Complementaria Final de la Ley 31364, proceda a
acreditar que se encuentra cursando un programa de maestría con la
7 Fojas 8
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finalidad de obtener el grado de magíster o que estuviese cursando un
programa de doctorado para obtener el grado de doctor, a efectos de
la adecuación dispuesta en la Ley Universitaria 30220. En otras
palabras, contrariamente a lo alegado por la parte demandante, no se
advierte de autos que la emplazada le haya exigido que demuestre
contar con el grado de magíster o doctor antes de que venza el plazo
previsto en la Ley 31364 (30 de diciembre de 2023); por tanto, no se
acredita la amenaza alegada por el actor en su demanda.
9. Igualmente, debe precisarse que, si bien mediante el Oficio 1874-2021-
DGA-UNPRG/VIRTUAL, de fecha 16 de diciembre de 20218, la
Dirección General de Administración de la Universidad emplazada
solicita al jefe de la Unidad de Recursos Humanos de la demandada que
informe acerca de si las planillas en físico de docentes se encuentran
adecuadas a la Ley 31364, de este no se desprende una amenaza con
relación a que se pueda afectar el vínculo laboral, ni el pago de las
remuneraciones al demandante.
10. Siendo ello así y conforme se ha citado en el segundo párrafo del
fundamento 6 supra, la Ley 31364, en su Única Disposición
Complementaria Final, prevé que la modificación del artículo 4 del
Decreto Legislativo 1496 alcanza a todos los docentes de las
universidades, sean públicas o privadas, que, al 30 de noviembre de
2021, estuviesen cursando un programa de maestría con la finalidad de
obtener el grado de magíster o que estuviesen cursando un programa de
doctorado para obtener el grado de doctor.
11. En otras palabras, la ampliación del plazo hasta el 30 de diciembre de
2023 no alcanza a todos los docentes universitarios, sino únicamente a
quienes se encuentren cursando un programa de maestría o doctorado,
por lo que resulta válido que la universidad emplazada requiera a la
actora la información pertinente, mediante sus órganos administrativos
correspondientes, a fin de establecer si la parte demandante se
encuentra comprendida o no dentro de la ampliación del plazo en
cuestión, pues no se trata de una carta o documento que resuelva su
vínculo con la emplazada.
8 Fojas 10
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12. Por tanto, la presente demanda debe ser desestimada, toda vez que no se
ha acreditado la existencia de una amenaza cierta e inminente de
vulneración a los derechos alegados.
Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le
confiere la Constitución Política del Perú,
HA RESUELTO
Declarar INFUNDADA la demanda.
Publíquese y notifíquese.
SS.
GUTIÉRREZ TICSE
MORALES SARAVIA
DOMÍNGUEZ HARO
PONENTE GUTIÉRREZ TICSE

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